Durante años, Paraguay fue presentado como la excepción de la región: estabilidad macroeconómica, inflación baja, deuda moderada y un paraíso fiscal para la inversión. La intervención de Ueno Bank, el mayor banco digital del país, cambió el tono de la conversación. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) abrió el procedimiento de resolución de la entidad, que tiene unos 3 millones de clientes y administra cerca de US$850 millones en fondos públicos. El presidente Santiago Peña fue socio del grupo dueño del banco hasta marzo de 2025, y la oposición anunció que impulsará su juicio político.

“La mirada del milagro económico paraguayo, así como se da a nivel internacional y como se habla aquí también, es solamente macroeconómica”, dice la economista Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). Alhelí Cáceres, economista y presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY), va más lejos: “Yo no hablaría de un milagro económico, sino más bien de un modelo de acumulación de capital”. Y Salomón Ramírez Santa Cruz, empresario paraguayo radicado en la Argentina, donde fabrica calzado, lo resume a su manera: “El modelo paraguayo ya explotó”.

Crecimiento

Para Cáceres, el producto puede crecer por tres vías: por la presión de los precios internacionales, por una ampliación real de las capacidades productivas o por aumentos de productividad y competitividad. “En el caso paraguayo no estamos hablando de ninguno de esos”, sostiene. “No hay una transformación de la matriz productiva ni mayores niveles de productividad. Es un crecimiento que se sostuvo en el peso que siempre tuvo el sector primario exportador, con precios internacionales bastante volátiles”. Entre 2001 y 2025 creció al 3,5% anual promedio, incluso un 6,6% el último año.

Según la investigadora, Paraguay creció más que otras economías de la región, pero “fundamentalmente anclado a la variación de los precios de las materias primas” que exporta. Al desagregar el PIB aparece otra cara: los servicios y la intermediación son el sector que más empleo genera y el de mayor participación en el producto. El agro, además, sirvió históricamente para apalancar otras actividades, como la logística y la intermediación financiera.

Serafini recuerda que los economistas no ortodoxos advierten sobre el modelo desde hace años, incluso durante el auge de las materias primas. “Señalamos que no tenía un efecto multiplicador importante”, dice. Por eso, explica, Paraguay figura en los indicadores de desarrollo entre los niveles más bajos de América Latina: “Más cerca de Centroamérica que del promedio latinoamericano, y muy lejos del Cono Sur”. El índice de desarrollo humano (IDH) de la ONU ubica a Paraguay en el puesto 13 de los 19 países latinoamericanos, por detrás de Argelia y Cuba, apenas encima de Egipto y Líbano, en la posición 99 de los 193 de todo el mundo.

“Si hablamos de desarrollo, de un milagro, no solamente tenemos que ver las condiciones para las grandes inversiones o para la inversión extranjera directa, sino a la población en general”, plantea Serafini. La economista ubica un punto de quiebre. Los indicadores sociales mejoraron entre 2003 y 2013, pero empezaron a deteriorarse desde 2014. “No hemos hecho reformas en los sistemas de salud ni en los educativos”, afirma. Ramírez Santa Cruz pone el contraste en cifras propias: Paraguay “produce alimento para más de 100 millones de personas”, pero una parte de su población todavía pasa hambre. Cáceres agrega un factor que, dice, “no puede perderse de vista cuando uno analiza la economía paraguaya en su conjunto”: el costo socioambiental del modelo de acumulación basado en el agronegocio.

Inflación, déficit y deuda

La baja inflación, uno de los pilares del relato, “es bastante discutible”, según Cáceres. El primer problema es institucional: en Paraguay no hay un organismo independiente del Banco Central que mida los precios. “En la Argentina tenés el Indec. En Paraguay, el Instituto Nacional de Estadística no mide la inflación; solo lo hace el BCP, que es el mismo rector de la política monetaria”, explica. “La misma institución que debe regular la variación de precios establece los mecanismos para medirla.”

El segundo problema es la canasta. La investigadora señala que los alimentos subieron con fuerza mientras la inflación mensual oficial rondaba el 0%. Los datos del propio BCP lo muestran: en 2025 los alimentos aumentaron 7,1%, más del doble que la inflación general (3,1%), y desde agosto de 2023 acumulan una suba de 23%. En agosto de este año, en cambio, la inflación mensual fue de 0%. “Es relativo este tema de la inflación”, resume.

Serafini advierte que, si se miran los indicadores de manera desagregada, “aun a nivel macro ya muestran deterioro, incluso el nivel de deuda”. Coincide en que la estabilidad se fue deteriorando por dos vías: el déficit público y la inflación de alimentos. También advierte sobre la deuda del Estado. El ratio del pasivo sobre PIB (34%) puede parecer bajo frente a otros países, dice, pero con una presión tributaria de 11% del PBI (en Argentina es 27%) “lo que tenemos de ingresos tributarios no es suficiente para pagar la deuda”. Su recaudación es de las más bajas de Latinoamérica. “Por eso necesitamos endeudarnos para pagar deudas anteriores”. Cáceres agrega que el país arrastra “un déficit fiscal estructural desde hace décadas”, que se expresa en “un deterioro persistente de las condiciones de vida de la población”.

Impuestos e inversiones

El bajo nivel de impuestos está en el centro del problema. “Prácticamente no existen impuestos al capital. La mayor parte del peso recae sobre impuestos indirectos que gravan el consumo, como el IVA”, explica Cáceres.

Para la investigadora, el sistema es regresivo: carga el sostenimiento del Estado sobre los trabajadores, que son quienes más aportan a la recaudación vía IVA. “Los capitales más concentrados prácticamente no pagan impuestos. El sector financiero no paga impuestos sobre las ganancias, el sector agroexportador no paga impuestos por las exportaciones de soja o de carne”, afirma. Ramírez Santa Cruz lo dice con menos vueltas: hay “poco impuesto para los ricos”.

Serafini conecta la baja tributación con la calidad de la inversión. “Con eso es imposible financiar un país, una política productiva, una política industrial, una política energética”, dice. Eso, agrega, impide recibir inversión extranjera de calidad: llegan las inversiones que es posible desarrollar “con este bajo capital humano, con baja calidad de la infraestructura y de los servicios públicos”. “Aspiramos a inversiones de mayor calidad, pero para eso necesitamos invertir más. Y para invertir más necesitamos más recursos tributarios y mayor fortaleza institucional, y que no pase lo que está pasando hoy”, dice en referencia a Ueno.

Cáceres identifica tres imanes para el capital. El primero es regulatorio. El régimen de la ley 60/90, que promovía la inversión, fue reemplazado el año pasado por la ley 7548/2025, que amplió sus beneficios. A partir de inversiones de US$13 millones el Estado garantiza la repatriación total de las utilidades, sin exigir infraestructura u otra contrapartida que quede en el país. Esos proyectos quedan exentos del impuesto a los dividendos y utilidades durante diez años, y también del impuesto sobre los intereses de los préstamos que se remiten al exterior. Los incentivos tienen un tope de 20 años, que en grandes iniciativas puede extenderse.

El segundo imán es la mano de obra barata: “El grado de precarización de los trabajadores y de sus salarios es uno de los principales motivos de atracción”, según Cáceres. El tercero es la baja carga impositiva. “Mientras más baja sea la presión tributaria, más límites va a tener el Estado para maniobrar en política fiscal, social y de gasto público”, advierte. “Se construye una narrativa de estabilidad macroeconómica, baja inflación, casi un paraíso para las inversiones. Pero eso tiene un costo, y ese costo lo pagamos los trabajadores con condiciones precarias de vida.”

Pobreza, empleo y jubilaciones

Serafini admite que la pobreza bajó, pero aclara que “la población sigue viviendo en condiciones de mucha vulnerabilidad”. Según el INE, la pobreza monetaria bajó de 19,6% en 2024 a 16,0% en 2025, y la extrema, de 3,7% a 2,4%. El propio instituto estima que, sin las transferencias del Estado, la pobreza total habría sido de 19,9%. No se puede hablar de un milagro cuando el 70% de la población gana menos del salario mínimo y no cuenta con condiciones laborales mínimas, como la seguridad social“, dice. Para ella, los déficits más graves están en la protección social y la calidad del empleo.

Cáceres pone el foco en cómo se construyen las cifras. “Los datos se construyen para legitimar determinados relatos”, afirma. Según la investigadora, el INE cambió aspectos metodológicos que terminan reduciendo en las estadísticas la informalidad laboral, la desocupación y la pobreza. Por ejemplo, empezó a contabilizar en la medición de la pobreza el impacto en las familias del programa Hambre Cero. Ramírez Santa Cruz lo explica así: “Es una fantasía grande, en la que unos pocos se reparten y administran toda la riqueza del Paraguay, y hay gente que no participa en eso”.

Según Cáceres, la economía es “estructuralmente incapaz de incorporar todo el excedente de fuerza de trabajo que va generando la expansión del agronegocio”. La informalidad se ubicó en 60,1% en 2025, según el INE. “Eso significa que la gran mayoría nunca se va a jubilar, percibe salarios por debajo del mínimo legal y no tiene acceso a la seguridad social”, describe. “Esa es la economía paraguaya y así vive la población”. Paraguay también tiene uno de los niveles de sindicalización más bajos de la región, agrega.

Cáceres calcula que menos del 20% de los trabajadores aporta al sistema previsional. Serafini aporta los datos del otro extremo: solo el 10% de la población mayor tiene una jubilación contributiva, que en promedio ronda un salario mínimo. El 90% restante depende de la pensión no contributiva. Ha habido una ampliación de esas pensiones, un avance, reconoce Serafini, pero el monto equivale al 25% del salario mínimo. “Es totalmente insuficiente para una persona mayor, que necesita cuidados, medicamentos, alimentación especial, adaptar su vivienda para moverse con libertad”, enumera. “Una persona mayor necesita más que un salario mínimo, y la pensión es del 25%”. A eso se suma que “no tenemos políticas de cuidado en un país que está envejeciendo”.

Salud y educación

“No tenemos un sistema de salud”, afirma Serafini. Casi la mitad del gasto en salud sale del bolsillo de las familias. “Eso significa que si no tienen ingresos no pueden acceder al sistema, o acceden parcialmente, sin medicamentos ni los tratamientos que requieren”.

Cáceres describe un Estado “incapaz de garantizar en términos estructurales el acceso a servicios públicos elementales”. Recuerda que hace unos meses hubo una crisis sanitaria: los hospitales públicos no tenían medicamentos ni insumos, y la infraestructura era muy deficiente. Eso derivó en una huelga de médicos que duró dos semanas. “Paraguay no tiene salud, no tiene educación”, dice Ramírez Santa Cruz.

Serafini señala que el país invierte en educación entre 3% y 3,5% del PIB, “la mitad de lo que recomienda como mínimo” la Unesco, que es 6% o más. “En términos de capital humano y capacidades educativas estamos muy mal respecto del promedio de la región”, dice. Eso ubica a Paraguay entre los peores resultados latinoamericanos de las pruebas PISA, sólo mejor que Guatemala y en lectura por encima de República Dominicana. Cáceres enumera los déficits: faltan docentes, infraestructura y formación docente.

El caso Ueno: instituciones y poder

Para Serafini, el problema más grave que deja ueno es la debilidad de la gobernanza. Faltan normas que prohíban y penalicen la puerta giratoria de funcionarios que van y vienen del sector privado, el uso de información privilegiada y los conflictos de intereses. “Si hubieran existido esas normas se podría haber prevenido un poco más, aunque igual se pueden violar”, dice. La otra pata es la impunidad: “Cuando hay una sensación de impunidad porque el sistema judicial no funciona bien, se generan incentivos para violar las normas”.

El daño, advierte, va más allá de los ahorristas. Alcanza a la cadena de pagos, a la intermediación financiera y, a largo plazo, a los sistemas jubilatorios. Y golpea “la credibilidad y la confianza que tardamos décadas en construir después de la crisis bancaria de 1995”. Lo coyuntural, dice, se resolverá con la devolución de los recursos, al menos a los pequeños ahorristas, a los trabajadores y a las micro y pequeñas empresas, que son el 90% de los afectados. Reclama que se castigue a los culpables “para que no vuelva a pasar”.

Cáceres aclara que no se trata de un recambio de los grupos empresariales que dirigen la economía y la política del país. Lo nuevo, dice, es que el sector financiero especulativo “no tenía un peso tan relevante como el que está empezando a tener hoy”. Lee el caso como un síntoma político. A su juicio, Ueno expresa “una reconfiguración de las relaciones de fuerza y de poder, tanto político como económico”, en la que emerge “una nueva oligarquía financiera especulativa”. La describe como “una disputa intraoligárquica”. De un lado, la oligarquía tradicional, agroexportadora, comerciante, importadora y también vinculada al negocio financiero. Del otro, una oligarquía financiera liderada por Peña, que a través de Ueno y de “negociados con el Estado y con la plata pública” construyó “una espalda financiera para disputarle el poder político al expresidente paraguayo Horacio Cartes, líder del Partido Colorado”.

La investigadora recuerda la trayectoria de Peña. Viene del modelo inaugurado por Cartes en 2013. Trabajó en el BCP y en el Fondo Monetario Internacional, integró el directorio del Banco Central desde 2012 y fue ministro de Hacienda de Cartes entre 2015 y 2017. Desde 2018 fue director del Banco Basa, del grupo Cartes. Con esa experiencia en el sector privado llegó a la presidencia de la mano de Cartes y del Partido Colorado, y “empezó a jugar en su beneficio”. Por eso Cáceres no cree que una eventual destitución por juicio político cambie el rumbo económico. “Es la continuidad de un proyecto político económico de saqueo que no se inicia con Peña, pero que se consolida, se profundiza y se expande con su gobierno”, afirma.

Cáceres suma otro déficit del modelo: el debilitamiento de las capacidades técnicas del Estado. Describe una estructura productiva “anclada históricamente en aprovechar negociados con el Estado”, que no se diversifica ni desarrolla un tejido industrial.

Ramírez Santa Cruz habla de “una gran estafa”. Dice que el presidente está involucrado, fue accionista y facilitó fondos públicos para el banco. Según él, también están involucrados los funcionarios que responden a ese interés, y “más de la mitad de la población” resultó estafada. Efectivamente, son 3 millones de paraguayos, el 60% de la población adulta. El empresario atribuye el poder en Paraguay a grupos que califica de mafiosos y que “manejan la política”.

Peña fue socio del grupo dueño del banco hasta marzo de 2025. Desde que asumió, los depósitos del Estado en Ueno se dispararon hasta unos US$ 869 millones. La Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la entidad, y quien renunció fue el presidente del BCP, Carlos Carvallo.

Migración y remesas

Ramírez Santa Cruz es uno de los más de un millón de paraguayos que, según dice, viven fuera del país “buscando oportunidades”. Zapatero oriundo de Avaí, en Caazapá, llegó a la Argentina a principios de los años 70, con 17 años. Es vicepresidente del club Deportivo Paraguayo y en 2023 fue candidato a concejal suplente de La Matanza por Unión por la Patria. Como fabricante de calzado, cuenta que fabricantes, trabajadores y proveedores del calzado “se están fundiendo” por la crisis del sector, y que se están organizando para enfrentarla. Para él, las remesas son las que sostienen el país: sumaron unos US$ 1.300 millones, el 2,5% del PIB, según sus cálculos. Aunque entre enero y mayo de este año cayeron 6%. “Es lo que mantiene a la familia humilde de Paraguay”, cuenta.

También tiene una advertencia para la Argentina, donde, dice, “siempre hay voces gritando que hay que imitar al Paraguay”. Cuando le preguntan si allá está todo perfecto, responde que no: “Nada es perfecto”. Y agrega: “El que recomendó que imitemos a Paraguay está haciendo lo mismo que en Paraguay se hace desde la dictadura en adelante”.

AR

El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña, al término de un juicio político por mal desempeño de sus funciones vinculado con la crisis del banco Ueno y las denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos. La decisión puso fin a su mandato y abrió el camino para que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la conducción del país.

La Cámara Alta, constituida en tribunal, resolvió apartar al mandatario después de una extensa jornada de deliberaciones, durante la cual se escucharon los argumentos de los diputados acusadores y de los abogados defensores.

La destitución llegó después de dos días de una crisis política que se aceleró el jueves, cuando Peña anunció su renuncia en medio del escándalo financiero. Sin embargo, el Congreso no consiguió reunir el cuórum necesario para tratar formalmente su dimisión, por lo que el presidente continuó en funciones mientras avanzaba el juicio político.

La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad la acusación contra Peña, con el respaldo de los 78 legisladores presentes. El expediente pasó entonces al Senado, encargado de determinar su responsabilidad política.

Durante la sesión de este viernes, la defensa del mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su descargo, pero el pedido fue rechazado por 39 senadores, mientras que tres votaron a favor y otros dos no acompañaron ninguna de las opciones.

Peña no compareció personalmente ante la Cámara Alta. En su representación intervinieron los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes cuestionaron el procedimiento y sostuvieron que debía aceptarse la renuncia presidencial antes de continuar con el juicio político.

Los letrados también denunciaron que el tiempo concedido para preparar la defensa resultaba insuficiente y advirtieron sobre posibles vulneraciones de las garantías del debido proceso.

Pese a esos cuestionamientos, el Senado decidió continuar con las actuaciones. En una de las instancias previas a la sentencia, los 41 legisladores que participaron de la votación aprobaron por unanimidad la incorporación de las pruebas presentadas por los diputados acusadores.

La crisis de Ueno Bank que precipitó la destitución

El juicio político contra Peña se desencadenó a partir de la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera digital que atravesó una grave crisis de solvencia y dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos.

El Banco Central del Paraguay dispuso el proceso de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes realizados en sus estados financieros.

Peña, que había sido accionista del banco, quedó bajo sospecha por sus vínculos con la institución y por presuntas irregularidades relacionadas con la administración de recursos públicos.

Entre los cuestionamientos formulados por los acusadores figuran posibles conflictos de intereses, deficiencias en los mecanismos de supervisión financiera y operaciones relacionadas con fondos previsionales.

El mandatario negó haber cometido irregularidades, mientras las autoridades judiciales avanzaron con investigaciones sobre eventuales responsabilidades penales.

La crisis también provocó protestas de ahorristas, movilizaciones en Asunción y un deterioro de los apoyos políticos del presidente, incluso dentro del Partido Colorado.

Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia

Con la destitución de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la conducción del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el mecanismo de sucesión establecido en la Constitución paraguaya.

La sentencia del Senado también tiene consecuencias para la situación jurídica del mandatario destituido, ya que le impide acceder a la condición de senador vitalicio, reservada a los expresidentes elegidos democráticamente que no hayan sido removidos mediante juicio político.

Para concretar la destitución era necesario reunir al menos 30 votos de los 45 integrantes de la Cámara Alta, una mayoría de dos tercios.

El antecedente más cercano de un presidente paraguayo apartado mediante juicio político es el de Fernando Lugo, destituido en junio de 2012.

La salida de Peña constituye así un nuevo episodio de la historia política paraguaya y deja al país frente a una transición presidencial en medio de una crisis financiera que continúa afectando a miles de ahorristas y que abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos de control y la administración de recursos estatales.

CRM

El Senado de Paraguay convocó este viernes al presidente Santiago Peña a acudir este mismo viernes al Legislativo para enfrentar su juicio político, tras rechazar un pedido de prórroga solicitado por el mandatario para comparecer en medio de la crisis desatada por la intervención del Ueno bank, entidad con la que fue vinculado.

Con una votación de 3 votos a favor y 42 en contra, el Senado, que controla el oficialismo, negó la prórroga de 72 horas solicitada por Peña y le instó a presentar su defensa ante el pleno en los próximos 30 minutos, mientras la sesión entró en receso a la espera de la llegada del jefe de Estado.

El mandatario dijo anteriormente que no puede defenderse en las 12 horas otorgadas por el Congreso y advirtió de que “eso no es debido proceso”.

“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos (…). Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, aseguró en X, donde difundió una carta que envió con su solicitud al presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez.

Paraguay atraviesa por una crisis política después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una institución que durante la gestión del presidente Santiago Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

Peña permanece formalmente en la Presidencia, después de que el Congreso no aceptara la renuncia que presentó la víspera en medio del debate de los diputados para formalizar el comienzo del juicio político.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, “salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”.

Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin el aval del Senado.

EFE

El presidente renunciante de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político en su contra.

Sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta “insuficiente” para garantizar que el proceso cumpla con los estándares de un Estado de derecho, según difundieron medios internacionales.

Mediante una nota dirigida al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez,  Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político impulsado en su contra.

El texto del documento

En el documento, Peña hace referencia a la notificación Nº 4217, fechada el 5 de noviembre, mediante la cual se le comunicó que debía formular su defensa y ofrecer pruebas dentro del proceso.

”La misma se recibió a las 22:15, acompañada de un libelo acusatorio de 15 páginas y los anexos con unas 300 fojas”, comienza la nota.

El mandatario renunciante cuestionó el escaso tiempo que tuvo entre la recepción de la notificación y la convocatoria para ejercer su defensa.

Sostuvo que el plazo establecido no le permite preparar adecuadamente su respuesta a las acusaciones.

En su argumentación, Peña señaló que, al tratarse de un procedimiento del que podría derivar una sanción, deben garantizarse las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la defensa.

“Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, ente ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, argumenta.

Sobre esa base, solicitó formalmente al titular del Congreso que se le otorgue una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa y presentar las pruebas correspondientes.

El pedido se produce luego de que el Senado convocara al presidente renunciante para comparecer este viernes a las 10:00, en el marco del procedimiento de juicio político iniciado en su contra.

¿Dónde está Santiago Peña?

Una guardia periodística permanecía en la puerta (custodiada) del presidente paraguayo renunciante.

Si bien se desconocía su paradero, periodistas del diario ABC sostienen que se encontraba en el domicilio.

Durante la mañana de este viernes, una enviada especial del canal argentino C5N incluso tocó el timbre de la vivienda pero nadie respondió.

El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales en contra del renunciante presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

De igual forma, ordenó la conformación de un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, para investigar los hechos denunciados en relación con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos públicos en dicha entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado.

Según un comunicado oficial emitido por la institución, la decisión fue adoptada a partir de las presentaciones realizadas ante el Ministerio Público por senadores y diputados de la nación, así como de una denuncia formulada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.

Antecedentes

Entre los antecedentes se encuentra una ampliación de la denuncia presentada el 22 de octubre de 2025, que incorpora cuestionamientos relacionados con la supervisión y resolución de la entidad bancaria intervenida, la colocación de recursos públicos y la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de las instituciones públicas depositantes.

Asimismo, agrega el texto, se contempla otra denuncia presentada por senadores contra autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades y exautoridades del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Para llevar adelante las investigaciones, el fiscal general del Estado designó a tres agentes fiscales de las unidades especializadas de Delitos Económicos, un equipo que trabajará bajo la dirección de la agente fiscal Silvia Margarita González Vóster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

Con esta disposición, el Ministerio Público de Paraguay dio apertura a las investigaciones penales para esclarecer los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder, señala finalmente.

Santiago Peña, economista de formación y respaldado por el poderoso Partido Colorado, llegó a la Presidencia de Paraguay como una figura de renovación, pero renuncia al cargo arrastrado por la crisis tras el cierre del Ueno bank, que compromete millones de dólares del sistema de pensiones del país.

Peña, de 47 años, presentó su renuncia este jueves, después de perder el respaldo de su propia formación política y ante la amenaza de un juicio político en el Congreso, impulsado tras la intervención de Ueno bank por problemas de solvencia.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, declaró en un video difundido en la red social X.

Su salida pone fin anticipado a un mandato que debía concluir en 2028 y supone un revés para el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde 1947, con la única interrupción de 2008 a 2013.

El ascenso político de Santiago Peña

Después de su paso durante su juventud por las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Peña se incorporó en 2016 al oficialismo, respaldado por el entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018), considerado su mentor político y quien este jueves retiró públicamente su apoyo al ahora exmandatario y respaldó el proceso de juicio político.

Entonces ministro de Hacienda de Cartes, Peña tuvo su primer fogueo electoral cuando inscribió, en 2017, su precandidatura presidencial para las internas de ese año.

Se postuló por el movimiento Honor Colorado, la facción que Cartes encabeza dentro del oficialismo, pero perdió frente a Mario Abdo Benítez.

En diciembre de 2022, con apenas seis años de militancia colorada, consiguió la candidatura presidencial del partido gobernante y el 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con el 42,74 % de los votos, en fórmula con Pedro Alliana, quien asumió la Vicepresidencia.

La juventud como marca

La juventud fue una de las características con las que Peña construyó su imagen política. Nacido el 16 de noviembre de 1978 en Asunción, fue padre a los 17 años y se casó a los 19 con Leticia Ocampos, con quien tiene dos hijos.

Estudió Economía en la Universidad Católica de Asunción y comenzó su carrera profesional en el Banco Central de Paraguay (BCP), donde ingresó en el año 2000. Posteriormente cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia (EE.UU.) y en 2009 se incorporó al departamento de África del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde trabajó durante tres años.

A su regreso a Paraguay se reincorporó al BCP, institución de la que salió después de que Cartes lo designara ministro de Hacienda en enero de 2015, cuando tenía 36 años.

Los vínculos empresariales de Peña con el entorno financiero paraguayo adquirieron especial relevancia durante la crisis de Ueno bank.

El mandatario fue accionista de Ueno Holding, un conglomerado propiedad del Grupo Vázquez, que abarca a empresas como Ueno bank. Esta participación, que vendió en marzo de 2025, se convirtió en uno de los principales argumentos de los legisladores que promovieron un acusación para un juicio político que no prosperó ante la dimisión de Peña.

El Banco Central de Paraguay ordenó el martes la resolución de Ueno bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido. La entidad, con cerca de tres millones de clientes, administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos previsionales y sanitarios y depósitos de empresas estatales.

El perfil internacional del líder paraguayo

En política exterior, Peña estrechó sus vínculos con el presidente estadounidense, Donald Trump, y alineó a Paraguay con algunas de las principales iniciativas de su Gobierno para la región.

En marzo de 2026 participó en la cumbre del Escudo de las Américas, convocada por Trump en Miami, y suscribió la creación de la Coalición Anticárteles de las Américas, con lo que Paraguay se incorporó a esta alianza regional de seguridad.

Peña también recibió críticas por la frecuencia de sus viajes oficiales, que la prensa paraguaya bautizó como “Santi Tour». Durante su mandato realizó más de 70 desplazamientos al exterior, con los que defendía su objetivo de convertir al país en el más desarrollado de Latinoamérica.

El futuro del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó este jueves en manos del Congreso, un antiguo poder aliado, que deberá resolver el juicio político en su contra, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

Acorralado por el escándalo, el mandatario presentó este jueves su renuncia para evitar el juicio político, que podría dejarle sin fueros si se determina su responsabilidad en la caída del banco.

Peña terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que desató los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.

La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

El inicio del juicio político contra Santiago Peña

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, “salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”.

Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin el aval del Senado.

Pero la sesión conjunta convocada para determinar si se aceptaba su dimisión quedó sin cuórum por el abandono de varios legisladores oficialistas y el Congreso inició esta noche el juicio político contra el mandatario, quien anunció que se defenderá de las acusaciones.

Con este panorama, Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, aunque su continuidad sigue dependiendo de la votación en el Senado.

La acusación en el Senado contra Peña advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias (paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa), al aludir, entre otros, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.

La causa penal contra Peña

También esta jornada, la Fiscalía paraguaya anunció que incluirá al todavía presidente en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre Ueno bank, y que involucran también a otros exfuncionarios de su gestión.

En un comunicado, el Ministerio Público (Fiscalía) informó que un grupo de congresistas amplió una denuncia que había presentado en octubre de 2025 contra Peña para incorporar “hechos relativos” a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos en torno a la actuación de autoridades del Banco Central de Paraguay.

Al tiempo, cientos de ciudadanos se concentraron a las afuera del Congreso, en la capital Asunción, para exigir una salida a la crisis y la destitución de Peña.

“Nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio”, dijo a EFE la activista María Stela Invernizzi.

El inicio del pago a los ahorristas de Ueno bank

También hoy, el BCP comenzó a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno bank. En un comunicado, el emisor informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses a la tasa de cambio de hoy, están destinados a un “primer grupo” de clientes que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.

“Si el total de tus depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, recibirás la totalidad”, dijo el ente en la nota.

A raíz del procedimiento de intervención, los fondos de miles de clientes -en su mayoría personas del común y entes del sector público— quedaron congelados en el extinto banco, pero también el patrocinio para equipos de fútbol local, la selección paraguaya y hasta de eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Peña es el segundo gobernante sometido a un juicio político en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente terminó desalojado del poder.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de la profunda crisis política y financiera que atraviesa el país por la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

La decisión se conoció después de dos jornadas consecutivas de protestas en Asunción, donde miles de personas salieron a las calles para reclamar la devolución de su dinero y exigir la salida del mandatario. Las manifestaciones incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de represión.

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus servicios. La entidad concentra los depósitos de alrededor de tres millones de personas, casi la mitad de la población del país.

El escándalo también provocó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

En paralelo, diputados opositores presentaron un pedido de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La acusación apunta al presunto mal desempeño de sus funciones y a posibles conflictos de intereses por los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo con el grupo empresarial que controlaba el banco.

La oposición cuestionó además las decisiones regulatorias del Gobierno y el destino de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad.

Peña emitió un comunicado desde su cuenta de X: “Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con el corazón puesto en el Paraguay, y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia. La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir”.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a nuestra constitución nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay. También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, agregó.

Peña había asumido la presidencia en agosto de 2023 y tenía mandato hasta 2028. Su eventual salida abre un nuevo escenario institucional en Paraguay, que deberá resolver la sucesión presidencial de acuerdo con lo establecido en su Constitución.

Un juicio político truncado

La presión sobre el mandatario creció cuando diputados opositores y disidentes del Partido Colorado impulsaron su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de funciones. La moción estaba en pleno desarrollo en el Congreso.

El expresidente Horacio Cartes y actual presidente de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como el Partido Colorado, respaldó esa iniciativa, mientras que el titular del Senado, Basilio Núñez, pidió la dimisión de Peña. “Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”, aseveró Núñez en su cuenta de X.

Los cuestionamientos incluyen una investigación periodística publicada el 17 de octubre, según la cual Ueno Holding Saeca, vinculada al banco, pagó unos 30.000 millones de guaraníes –aproximadamente 5.026 millones de dólares– a una empresa en la que Peña figuraba como accionista. 

También se señala la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de la Financiera Ueno, al frente del Banco Central en septiembre de 2023.

La crisis involucra además al Instituto de Previsión Social, que mantenía cerca de 345 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, subraya el sitio Actualidad RT. 

La entidad bancaria también gestionaba el pago de jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios, aunque esos desembolsos se financiaban con aportes de trabajadores y empleadores, no con dichas inversiones.

Presidente del Senado había reclamado su renuncia

El presidente del Senado de Paraguay, Basilio Núñez, había reclamado este jueves la renuncia del mandatario, en medio del escándalo que se desató en el país por la crisis bancaria que provocó la insolvencia de Ueno Bank.

“Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas”, escribió.

En su cuenta de la red social X, Núñez añadió que “el Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”, observó la Agencia Noticias Argentinas.

Horas atrás, un grupo de legisladores opositores había presentado una moción para destituir a Peña, tras la intervención de uno de los bancos más importantes del país, cuyos ahorristas ahora esperan con incertidumbre la devolución de sus depósitos.

NB/CRM

El gobernante Partido Colorado de Paraguay respaldó este jueves, poco antes de la instalación de una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, un juicio político contra el presidente del país, Santiago Peña, a raíz de la intervención del privado Ueno bank.

Así lo anunció, en un comunicado difundido en X, el presidente de esa formación política y mentor de Peña, el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018).

“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, publicó Cartes.

El exmandatario argumentó que como titular del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana no estarán “del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”.

“Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, puntualizó en el breve escrito.

Por su parte, el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, pidió en la red X la renuncia de Peña o, en su defecto, dijo que acompañarán el juicio político contra el mandatario para “reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas”, al tiempo que aseguró que no estarán del lado del “despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”.

Crisis millonaria

Peña quedó envuelto en una tormenta política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó este martes la intervención y disolución de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

La medida derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones, mientras miles de ahorradores intentaban movilizar sus cuentas.

Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally. 

Sesiones extraordinarias en el Congreso

La víspera, un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, asuntos que serán tratados este jueves en dos sesiones extraordinarias separadas que tendrán como punto único la discusión de cada documento.

Según el artículo 225 de la Constitución paraguaya, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez.

En la Cámara Alta se necesita una mayoría cualificada de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación del cargo.

El Banco Central de Paraguay (BCP) anunció este martes una intervención por problemas de solvencia de Ueno Bank, una de las entidades financieras más populares del país, con 2,9 millones de clientes.

Siete directivos del banco fueron detenidos en medio de una crisis que obligó al presidente Santiago Peña a cancelar su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. ¿Qué se sabe del caso?

La intervención a Ueno bank

El BCP decidió “por unanimidad” iniciar “el procedimiento de resolución de Ueno bank”, tras constatarse “una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido”, según un comunicado difundido por la entidad.

La medida supuso, en la práctica, que “ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, dijo en una conferencia de prensa Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP. También anunció el cierre de las sucursales bancarias.

El proceso prevé la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) “por persona física o jurídica”, afirmó el emisor.

Posteriormente, el BCP informó a los ahorristas que recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1,675 dólares) “en la brevedad”.

Fondos públicos

El estatal Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por 355 millones de dólares en Ueno, que además gestiona el pago de las pensiones de unos 32.000 jubilados.

Las colocaciones del IPS en Ueno Bank, mediante certificados de depósito de ahorro (CDA) y bonos financieros, representan alrededor del 9% de su cartera total, explicó el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, quien detalló que la institución tiene inversiones en 14 entidades.

En la entidad financiera también permanecen recursos de instituciones oficiales como la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la represa binacional de Itaipú.

Reacciones

A raíz del caso, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de asumir el cargo en 2023 había encabezado la Financiera Ueno, posteriormente convertida en Ueno bank, renunció.

Por su parte, un grupo de senadores anunció que impulsará un juicio político contra el mandatario Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana. Peña aclaró en X que lo ocurrido es “un caso particular”.

El vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), José Brítez, defendió la “solidez” y “liquidez” del sistema financiero del país, que -afirmó- “continúa operando con normalidad”, al tiempo que descartó un riesgo de contagio a otros bancos.

Entretanto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) pidió a las autoridades esclarecer los hechos y exigió la “renovación” de las autoridades del BCP y la investigación de “posibles negligencias”.

Peticiones

En octubre pasado, senadores del oficialismo y la oposición instaron a Peña a pedir la renuncia de la directiva del BCP para ofrecer “tranquilidad al sistema financiero”, luego de que el emisor remitió a la Cámara Alta un informe sobre la situación de Ueno bank y otras entidades, que no satisfizo a los legisladores.

Peña respaldó al directorio del BCP, llamó a la calma ante los rumores sobre Ueno bank y defendió que “abrir un sumario no significa que un banco vaya a cerrar”.

Ya en octubre de 2024, el gobernante había calificado de “campaña mediática” y “mentirosa” las publicaciones de la prensa local sobre un posible “conflicto de intereses”, luego de que el IPS adquiriera bonos de Ueno por 250.000 millones de guaraníes (unos 32 millones de dólares de entonces) a un plazo de 7 años.

El titular de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, aclaró entonces que Peña no tenía nexo alguno con ese banco, pero sí era accionista de Ueno Holding. Según el diario ABC Color, Peña vendió esas inversiones en abril de 2025.

Detenciones

El mayor accionista y uno de los fundadores de Ueno bank, Miguel Vásquez, así como seis de sus principales directivos se entregaron a la Justicia, luego de que la Fiscalía ordenó la apertura de una causa penal y conformó un equipo de trabajo para investigar la denuncia presentada esta jornada por el Directorio del Banco Central.

La denuncia, según medios locales, está contenida en más de 200 páginas e incluye unas 2.000 hojas de anexos probatorios y elementos técnicos.

Qué hizo Peña

El presidente Peña anunció en las últimas hora la promulgación de la Ley Nº 7745 “que permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde. Confío en que el Banco Central del Paraguay implementará de forma inmediata esta Ley y agradezco al Congreso Nacional por el tratamiento responsable y comprometido”, escribió el mandatario paraguayo en su cuenta de X.

EFE

Senadores de oposición en Paraguay anunciaron este martes que promoverán un juicio político contra el presidente del país, Santiago Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, y denunciarán a la directiva del emisor ante la “grave crisis” que consideran “afecta a los ahorristas” de Ueno bank, entidad intervenida mediante un procedimiento de resolución debido a una “insuficiencia en su índice de solvencia”.

El juicio político, previsto en el artículo 225 de la Constitución, se pone en marcha en la Cámara de Diputados mediante la aprobación, con una mayoría de dos tercios, de una acusación que solo abarca hechos como “mal desempeño de funciones, delitos en el ejercicio del cargo o delitos comunes”.

El Senado, previo respaldo de una mayoría absoluta de dos tercios, actuará como juez y, en caso de hallar responsable al acusado, procederá a destituir al funcionario o pasar “los antecedentes a la justicia ordinaria”, establece la carta magna.

Por otra parte, los legisladores anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), encabezado por su titular, Carlos Carvallo, con miras a que se investiguen “las posibles responsabilidades penales” de sus “acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones de regulación, fiscalización y supervisión del sistema financiero nacional”.

En comunicado leído en una conferencia de prensa, los legisladores de la denominada Bancada del Bloque Democrático expresaron su “profunda preocupación” ante la situación de Ueno bank, al advertir que “pone en riesgo recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo monto supera los 328 millones de dólares”. Esa entidad administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores de Paraguay.

Denuncias a Ueno bank

Este martes, el BCP dio a conocer que inició un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos -según la gerente financiera del IPS, Gladys Vera- unos 355 millones de dólares de esa entidad estatal y permanecen los depósitos de unos 32.000 jubilados.

“Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, explicó -en una conferencia de prensa- Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP.

Carvallo admitió -en la misma comparecencia- que presentó su renuncia, pero señaló que “los hechos que se desencadenaron” exigieron su permanencia en el emisor, sin precisar cuándo se hará efectiva su salida.

En su pronunciamiento de hoy, los senadores responsabilizan al Gobierno de Peña “por la preservación de la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales ante las eventuales movilizaciones y manifestaciones que pudieran producirse como consecuencia de esta crisis”.

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, dijo a EFE que promoverá junto a algunos colegas una denuncia penal contra los directivos de Ueno bank y “la aplicación de medidas cautelares”, en particular de prisión preventiva, al considerar que existe “peligro de fuga” y “una alta expectativa de pena”.

EFE

El ex senador nacional Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Justicia paraguaya, a través del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que dictó el fallo luego de haberlo encontrado culpable por el delito de tentativa de contrabando de dinero.

Su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel, también recibió una pena, pero menor: fue condenada a un año y 10 meses de arresto bajo la misma modalidad por ser coautora del delito de contrabando en grado de tentativa.

Previo al veredicto, ambos imputados cumplieron 18 meses de prisión domiciliaria, en la ciudad de Asunción, tiempo que absorbió la mayor parte del proceso judicial y que sería restado a cada una de las condenas.

Este proceso judicial comenzó con la detención de ambos, el 4 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay), donde autoridades aduaneras encontraron 211.000 dólares, 3.9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes, en el auto donde viajaban, todos no declarados.

El tribunal tipificó el hecho como contrabando de divisas en grado de tentativa, por considerar que el dinero en efectivo constituye una mercancía que debe ser declarada ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Por otra parte, Kueider enfrenta otro proceso en Paraguay por la presunta compra ilegal de seis departamentos de lujo en Asunción, hecho que complejizó la situación de ambos acusados, ya que el Ministerio Público paraguayo presentó otra imputación en su contra por presunto lavado de dinero, debido a que los fondos podrían ser de origen ilícito.

Meses atrás, Paraguay aprobó la extradición de Kueider y Guinsel solicitada por la justicia argentina. Una vez que regesen al país, se espera su detención inmediata por estar señalados por presunto de enriquecimiento ilícito.

Con información de la agencia NA

La clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una fuerte polémica extradeportiva. El delantero Kylian Mbappé respondió con dureza a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien publicó una serie de mensajes con expresiones racistas tras la derrota de la Albirroja por 1-0 en los octavos de final.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, escribió el capitán del seleccionado francés en un mensaje difundido a través de su cuenta de X.

Mbappé también marcó una diferencia entre la dirigente política y el pueblo paraguayo. “Usted no representa al Paraguay, ese país que demostró pasión y honor durante toda la competición”, sostuvo, antes de lamentar que las declaraciones de la legisladora terminaran opacando la histórica campaña del seleccionado sudamericano.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó el futbolista.

Los mensajes de la senadora

La controversia comenzó tras el triunfo francés en Filadelfia. El encuentro terminó con un clima de tensión y tuvo un cruce entre Mbappé y el arquero paraguayo Orlando Gill, luego de que el delantero no respondiera el saludo del guardameta al finalizar el partido.

A partir de ese episodio, Amarilla publicó varios mensajes en sus redes sociales cargados de insultos y expresiones racistas. Entre otras descalificaciones, definió a Mbappé como un “camerunés colonizado que finge ser francés”, lo calificó de “resentido, rico nuevo, prepotente y feo” y escribió que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

La senadora también cuestionó la actitud del delantero durante el partido y llegó a afirmar que muchos paraguayos lamentaban que los jugadores de la Albirroja no le hubieran dado “una bofetada de mano abierta” al finalizar el encuentro. Las publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron un fuerte repudio tanto en Paraguay como en el exterior.

Francia llevará el caso a la Justicia

La reacción no se limitó a Mbappé. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía por considerar que las expresiones de Amarilla constituyen un delito. “Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidas a Kylian Mbappé son totalmente abyectas e inaceptables. ¿Cómo se puede pronunciar un discurso así? Estas declaraciones son delictivas y deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar”, señaló la entidad en un comunicado.

La federación expresó además su respaldo al capitán del seleccionado y a todas las víctimas de discursos de odio. “Los jugadores de la selección francesa representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado”, sostuvo el organismo, que reiteró su compromiso de combatir el racismo y toda forma de discriminación.

Fue la primera gran sorpresa del Mundial 2026. La selección de Paraguay, contra todo pronóstico y después de una dura fase de clasificación en la que arrancó con una derrota por 4 a 1 frente a la anfitriona Estados Unidos, logró eliminar a la todopoderosa Alemania, campeona del mundo en hasta cuatro ocasiones.

Una victoria que, para su seleccionador, no es solo un resultado deportivo o una tanda de penales en la que la moneda salió cara, sino un reflejo de la identidad del fútbol paraguayo. Gustavo Alfaro, en la rueda de prensa posterior al tercer partido de dieciseisavos de final frente al combinado teutón que terminó 1-1, con goles de Enciso y Haavertz, que igualó el resultado en la segunda mitad, y que se decidió desde los once metros, explicó así lo que le dijo a sus futbolistas tras la hazaña:

“Yo les decía, los que tenemos enfente, con todo respeto lo digo, están formados en academias de primer nivel en Europa. Nosotros venimos de la Tierra Colorada. La camiseta que tenemos son las franjas de la Tierra Colorada, jugando descalzos en esa tierra con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar”, arrancaba en un emotivo discurso.

Alfaro destacó ese esfuerzo de los padres “muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”, con el objetivo de que “los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños”. “¿Quién no quisiera como padre que su hijo pueda cumplir un sueño?”, se preguntaba el seleccionador, que recordó los “sacrificios”, “postergaciones” y “privaciones” de tantos padres que tratan de lograr que sus hijos puedan alcanzar el sueño de ser futbolista profesional en Paraguay “en silencio, mascullando”.

“Nosotros venimos a estos lugares y es el escenario ideal”, declaraba Gustavo Alfaro, quien matizaba que esto no quiere decir que “ganamos porque venimos de la Tierra Colorada y ellos perdieron porque no...” Y añadía: “Ojalá nosotros pudiéramos tener lo que tienen ellos, los avances de primer nivel y todo lo que tienen. ¡Por algo tienen cuatro estrellas!”, para concluir después que no reniega de sus orígenes: “No reniego para nada de mis orígenes, porque en definitiva es lo que nos define como tal, es lo que nos define como selección”.

Paraguay lograba pasar de fase este 29 de junio 40 años después de lograr por primera vez avanzar de fase de grupos en un Mundial, cuando perdió por 3 goles a 0 frente a la Inglaterra que caería derrotada en el famoso partido de la 'mano de Dios' de Diego Armando Maradona. Repetiría después otras dos clasificaciones para octavos de final en 1998 y en 2002 y alcanzaría finalmente su mejor clasificación histórica en un Mundial en Sudáfrica, cuando cayó en cuartos de final en un disputadísimo encuentro frente a la selección española de Vicente del Bosque que acabaría siendo campeona.

Ahora, de vuelta en unos octavos de final por quinta vez en su historia futbolística, tratará de nuevo de alcanzar su más alto nivel. Aunque para ello tendrá que eliminar a la vencedora del Francia-Suecia. Paraguay nunca había vencido a una selección europea en fases finales de un Mundial... hasta ayer.

Asunción, la capital de Paraguay, es una fiesta. Las calles estallaron este lunes después de que la Albirroja dinamitó la Copa del Mundo al eliminar en los dieciseisavos de final a la cuatro veces campeona Alemania, tras una electrizante tanda de penales y con marcador 3-4. El presidente del país, Santiago Peña, decretó feriado para este martes en todo el país.

Luego de una resistencia que derivó en una dramática definición desde los doce pasos, la Albirroja dejó en el camino a una de las máximas potencias del fútbol mundial y escribió una de las páginas más importantes de su historia.

“El resultado fue espectacular, me encantó. Quiero festejar y quiero celebrar, eso es lo que nos queda ahora”, dijo a la agencia de noticias EFE en el microcentro de Asunción la joven Kiara Cristaldo. Acompañada de amigos, Cristaldo fue una de las miles de personas que llenas de fe abarrotaron esta jornada el microcentro capitalino para seguir la hazaña de Paraguay, que echó del Mundial un equipo teutón que encaró el partido con el rótulo de claro favorito.

La mujer de 22 años agregó que, pese a la declarada superioridad de la plantilla alemana, jamás dudó de las posibilidades de que la selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro diera la campanada.

“Para ser honesta, yo no perdí ni un momento la esperanza, yo soñé, quería soñar y tenía mi corazón ahí y presentía (el triunfo), de verdad presentía. Estoy demasiado feliz por el resultado”, señaló.

Alemania y Paraguay igualaron a un gol en los 90 minutos del tiempo reglamentario y la prórroga y definieron al ganador en la tanda de penales, donde Orlando Gill se agigantó con dos atajadas.

Un hombre de 55 años también recordó que previo al partido un analista deportivo alemán calificó a la Albirroja como una selección “de tercera categoría” a la que la Mannschaft debía ganar sin mayores problemas. “Somos un equipo de tercera, sí, es cierto, pero le ganamos a Alemania”, ironizó Martínez.

La victoria permite a Paraguay, en su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, instalarse en los octavos de final, donde ya espera al rival que saldrá de la llave entre Francia y Suecia.

“Que venga quien venga, los paraguayos no nos rendimos, no bajamos la cabeza y en el momento clave siempre damos el golpe justo”, dijo Martínez.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que este martes será feriado nacional tras la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final. “¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X poco después del triunfo, en una publicación que superó los dos millones de visualizaciones en pocos minutos y recibió miles de mensajes de celebración.

El vicepresidente Pedro Alliana también se sumó a los festejos y replicó el mensaje presidencial con otra publicación en la misma red social. “Si me autorizas Presidente firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!”, expresó, en referencia a la decisión anunciada por Peña tras la clasificación.

El histórico triunfo de Paraguay ante Alemania

Paraguay logró la hazaña este lunes al eliminar por penales a la tetracampeona Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro, con el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, como figura, dieron el batacazo ante los teutones y lograron acceder a los octavos. Ahora esperarán por el ganador de Francia vs Suecia.

La Albirroja se puso arriba en el marcador gracias al gol de Julio Enciso a los 42 minutos, quien anotó de cabeza tras un centro del mediocampista Matías Galarza Fonda. Los alemanes tomaron la iniciativa en la segunda parte y llegaron al empate por vía de su goleador, Kai Havertz, a los 54 minutos.

Durante el suplementario no se sacaron diferencias y la definición del partido llegó desde los doce pasos, donde el arquero paraguayo se convirtió en héroe al atajar dos penales a Kai Havertz y al delantero Nick Woltemade. Pero no todo fue color de rosas: los guaraníes tuvieron doble match point, pero también erraron en dos oportunidades y debieron esperar al mata-mata, donde Tah disparó desviado y José Canale convirtió el definitivo que hizo estallar a la hinchada paraguaya.

Con este resultado, los dirigidos por Alfaro, que comenzaron el Mundial con una dura derrota por 4 a 1 ante EEUU, siguieron con un triunfo 1 a 0 ante Turquía y empataron en la fase de grupos ante Australia, accedieron a los octavos de final del Mundial.

Para conocer a su rival tendrá que esperar el duelo entre Francia y Suecia, que tendrá lugar este martes 30 de junio a las 18 horas.

NB

“Hace más de 30 años fui bienvenido en la Argentina, donde fui a estudiar medicina. Me formé y me recibí de médico neurocirujano...”. Con ese recuerdo el presidente del Congreso de Paraguay buscó congraciarse con Javier Milei durante su visita al vecino país, pero el ejemplo no cayó en la mejor ocasión para el libertario: la Casa Rosada enfrenta este miércoles una fuerte marcha contra el veto presidencial al financiamiento universitario y una posible derrota ante la oposición en la Cámara de Diputados.

El anfitrión de Milei en el Congreso paraguayo fue Basilio “Bachi” Núñez, quien habló antes del mandatario en su última exposición de su gira de dos días en Paraguay. Núñez estudió en la Universidad Nacional del Nordeste, situada en la provincia de Chaco, hacia fines de los 80 y principios de los 90.

El pergamino de Núñez generó un escándalo en Paraguay años atrás porque se puso en duda la veracidad de sus estudios. Según la Dirección de Registros y Control de Profesionales del Ministerio de Salud y Bienestar Social paraguayo, el parlamentario se encuentra registrado con el título de médico cirujano, con registro profesional número 5.566 otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste e inscripto el 2 de diciembre de 1996, según publicó el diario ABC.

El año pasado, Núñez tuvo que volver a defenderse de las críticas y ante medios locales buscó aclarar: “No soy un chamán. Soy médico neurocirujano. Estudié 7 años en la universidad y después en Argentina. Hice 5 años neurocirugía. Fui jefe de residentes, de sala. Operé en Emergencias Médicas, en Itauguá, en Clínicas, en IPS y conozco la vida médica”.

Milei cierra su gira paraguaya

En su disertación en una sesión especial organizada por el Congreso, Milei destacó la posibilidad de dar lugar a la “apertura comercial” en un mensaje al Mercosur.

“No tengo dudas de que será de provecho para ambos pueblos y será de inspiración a todos los países de la región que encuentren en la apertura comercial y la cooperación voluntaria el camino hacia un futuro mejor para todo el continente”, expresó desde el Palacio Legislativo en un mensaje al bloque regional que se muestra reacio a los acuerdos comerciales por fuera de la estructura de la región, aunque en el último tiempo ha aplicado flexibilizaciones.

Ante los diputados y senadores y los miembros de la Corte Suprema paraguaya, el mandatario elogió las políticas económicas y sociales del vecino país al sostener que la Argentina tiene mucho que “aprender”.

La participación de la sesión en el Congreso completó la visita de dos días: ayer Milei participó de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y se reunió con Santiago Peña

MC

Javier Milei volvió a proyectarse como figura de la nueva derecha global durante su intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Asunción, Paraguay. “Hola a todos. Y si no, no soy yo”, abrió el Presidente, fiel a su estilo, para enseguida dedicar un homenaje al dirigente conservador estadounidense recientemente fallecido, Charlie Kirk. Lo definió como “uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad” y pidió no dejarse paralizar por su muerte: “Tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar en la batalla por las ideas”.

El mandatario celebró el desembarco regional del encuentro: “Me alegro mucho de que CPAC, la cumbre derechista más importante del planeta, haya llegado a Paraguay. Y espero que pronto esté presente en toda Sudamérica, dando la batalla cultural a lo largo y a lo ancho del continente”. Recordó que la Argentina fue sede de una edición anterior y agradeció a la CEO regional de CPAC, Soledad Cedro, por la invitación. “Es siempre un privilegio para mí aprovechar cada ocasión para llevar las ideas de la libertad a todos los rincones del planeta”, expresó.

Cuando fue la CPAC Argentina Milei se fotografió con Laura Belén Arrieta, quien ingresó al país en un vuelo privado llevando valijas que, según la Justicia, no pasaron por los controles aduaneros. El avión era propiedad de Leonardo Scatturice, empresario ligado a Santiago Caputo y a la SIDE, y organizador del evento.

Ahora el eje central de su discurso en CPAC estuvo en la contraposición entre los caminos elegidos por Paraguay y la Argentina en las últimas décadas. “Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica, tanto para mi país como para el resto de Sudamérica”, sostuvo, y destacó que ese país “hace décadas eligió abrazar las ideas de la libertad”, lo que permitió “que la inflación sea cosa del pasado” y un crecimiento sostenido durante los últimos veinte años. Milei elogió en particular el régimen que “permitió explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”, y lo presentó como prueba de que “cuando las regulaciones se acompañan y no estorban, cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comercializar crece, creando más bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio”.

En contraste, describió el desempeño argentino de las últimas dos décadas: “Hemos hecho todo de manera diametralmente opuesta”. Enumeró un “Estado elefantiásico con un gasto público enorme”, endeudamiento y default, emisión descontrolada, expropiaciones “sin sentido” y corrupción. “Crecer como país se volvió algo literalmente imposible”, remarcó. Y apeló a una cita de Milton Friedman: “Primero los datos. Entre el año 2012 y el 2024, Paraguay creció a una tasa anual compuesta del 3,1%, mientras que Argentina decreció al ritmo del 0,1% anual. En términos per cápita, estamos casi un 15% abajo. Un retroceso verdaderamente aterrador”.

Milei volvió a presentar su llegada al poder como el punto de inflexión de esa decadencia. “Gracias a Dios, hace dos años los argentinos eligieron cambiar. Decidieron decirle basta a la miseria y en diciembre de 2023 eligieron como presidente a un liberal libertario”, dijo. Y detalló su plan económico: “Pusimos en marcha un plan de orden fiscal, monetario y cambiario que empezó a rendir importantes frutos. Pusimos en orden las cuentas del Tesoro Nacional en el primer mes de gestión, a mitad de año pusimos en orden las cuentas del Banco Central, frenamos la emisión monetaria e hicimos cerca de 9.000 reformas estructurales”.

El Presidente aseguró que la inflación “viajaba al 1,5% diario” cuando asumió y que ahora “es 1,5% en términos mensuales”. Según su relato, eso permitió que “dejara de ser un flagelo” y sostuvo que “el impuesto inflacionario es uno de los impuestos más regresivos que existen”. También presentó indicadores sociales: “La pobreza pasó del 57% al 30%. Es decir, 12 millones de argentinos salieron de la pobreza. Y en materia de indigencia, 6 millones de argentinos que antes no comían hoy sí comen porque salieron de la indigencia”.

Finalmente, Milei destacó haber alcanzado el equilibrio fiscal: “Somos el primer gobierno en los últimos 123 años de historia que tiene déficit cero después del pago de intereses”. Y concluyó con una definición de principios: “Entendimos que la raíz de todos los males de la economía argentina era el déficit fiscal. Ningún proyecto puede construirse sobre la base de gastar más de lo que se recauda. Las veces que se ha intentado, ha terminado indefectiblemente en catástrofe”.

El discurso en CPAC fue el punto de partida de una agenda cargada en Paraguay. Milei partió el lunes por la noche en un vuelo especial desde Buenos Aires y arribó a Asunción en la madrugada del martes. A las 10 de la mañana encabezó la apertura de la cumbre conservadora y al mediodía mantuvo un encuentro privado y un almuerzo con el presidente paraguayo, Santiago Peña. Por la tarde, a las 18.30, tiene previsto disertar sobre “Tecnología y crecimiento” ante 1.500 jóvenes del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).

El miércoles, en el cierre de su visita, hablará a las 10.15 en la Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo, frente a legisladores y miembros de la Corte Suprema, antes de emprender el regreso a la Argentina, previsto para las 13.30. En el Gobierno destacan el tono político y diplomático del viaje, con el objetivo de reforzar la alianza con Peña y, al mismo tiempo, mostrarse como referente de la derecha en Sudamérica.

PL/MC

En una audiencia ante el Senado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, puso a Paraguay en el centro de una estrategia energética global. Dijo que, ante la creciente demanda de electricidad que impondrán los centros de datos para mantener operando a la inteligencia artificial, será clave asociarse con países que tengan excedentes. Según Rubio, nuestro país dispone de una porción significativa de energía hidroeléctrica que ya no exporta tras el vencimiento de un acuerdo con Brasil —en referencia al Anexo C del Tratado de Itaipú, que está pendiente de revisión—.

«Por lo tanto, alguien inteligente irá a Paraguay y abrirá una instalación de inteligencia artificial», afirmó el secretario de Estado.

Aunque la expresión inteligencia artificial parece evocar un universo abstracto, su funcionamiento depende de una infraestructura profundamente material: tierra, agua y mucha energía. Es esta misma dependencia la que conecta la visión de Rubio con Paraguay. Un estudio de la Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que los centros de datos duplicarán su demanda eléctrica global hacia 2030, alcanzando 945 teravatios hora (TWh), un poco más que el consumo eléctrico de Japón. El crecimiento, dice, estará impulsado por la expansión de la IA.

La experiencia de Paraguay con la criptominería refleja ese mismo contraste entre lo intangible y lo material. Lo que llaman minar implica que miles de computadoras funcionen sin pausa para resolver operaciones matemáticas y obtener criptomonedas. La búsqueda de “oro digital” exige un consumo constante y desmesurado de electricidad; y de eso el país todavía dispone, gracias a sus excedentes hidroeléctricos.

Esos remanentes no son menores. Paraguay cede la energía que no utiliza a Argentina y Brasil, sus socios en las hidroeléctricas binacionales Yacyretá e Itaipú, respectivamente. Les vende esa electricidad a precios preferenciales, por debajo del valor de mercado, lo que ha generado históricos cuestionamientos. Aun así, el aporte de esa venta es importante: después de la soja y la carne, la energía es la tercera exportación paraguaya.

Entre las binacionales, la central de Itaipú sobre el río Paraná destaca como una de las mayores productoras de energía renovable del mundo, cubriendo 9 % del consumo eléctrico brasileño y 86 % del paraguayo. Su magnitud también la convierte en un recurso estratégico para los criptomineros. Solo este año, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) proyecta que el sector demandará unos 950 megavatios, lo que redituará a la empresa estatal entre 200 y 250 millones de dólares. Para hacernos una idea, esa cantidad de energía sería suficiente para abastecer a unos dos millones de habitantes: un tercio de la población paraguaya.

Al consumo eléctrico intensivo y la baja generación de empleo, se suman conflictos en las comunidades. Encontramos que el ruido incesante de una criptominera estadounidense aturde a un barrio de Ayolas, mientras las autoridades locales miran hacia otro lado; tal como ocurrió con vecinos de Villarrica, cuya historia publicamos en nuestra edición de junio. Este reportaje forma parte de la investigación La mano invisible de las big tech, liderada por Agência Pública de Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reunió a diecisiete medios de quince países, con el apoyo de la organización Reporteros sin Fronteras.

En medio del interés creciente por una energía que escasea a nivel global, la criptominería parece anticipar el escenario que nos depara con el boom de los centros de datos de gran escala en la región.

La disputa por los excedentes

Las criptomineras plantean que el Gobierno les venda el remanente hidroeléctrico de Itaipú. «Le estamos vendiendo a Brasil a un precio residual de unos doce dólares más IVA, y acá nosotros pagamos en promedio cincuenta dólares por megavatio hora. No tiene ningún sentido que eso siga», le dice a El Surti Bruno Vacotti, directivo de la Cámara Paraguaya de Fintech, el gremio que aglutina a la mayoría de las empresas de criptominería.

El Gobierno de Santiago Peña coincide en que hay que vender los excedentes a las criptomineras y crear condiciones favorables para que lleguen centros de datos, con la promesa de que esto servirá para desarrollar industrias que generen puestos de trabajo. El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, ha expresado a medios que la criptominería es una «manera inteligente de monetizar en el corto plazo» el remanente hidroeléctrico; al igual que el presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien ha afirmado este año que «tal vez no es la actividad que queríamos en Paraguay, pero sí es una buena oportunidad para nosotros».

Sin embargo, este plan no convence a todos.

«Necesitamos que la energía sea utilizada para el desarrollo y eso se logra a través de la generación de empleo», nos dice Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Históricamente, la cesión a los países socios en las hidroeléctricas ha obedecido, sobre todo, a la escasa industrialización local.

Brasil, principal socio comercial de Paraguay, no ha quedado fuera del tablero. El «acuerdo vencido» del que habló Rubio, que es el Anexo C del Tratado de Itaipú, todavía debe ser revisado. Este documento, que feneció en 2023, define las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la binacional. Las negociaciones están suspendidas desde el 1 de abril, tras conocerse que el Gobierno de Jair Bolsonaro había espiado a Paraguay, algo que continuó durante la administración de Lula da Silva.

La exviceministra de Minas y Energía del Gobierno de Fernando Lugo, Mercedes Canese, aclara que la revisión del Anexo C no implica que se dejará de ceder energía a Brasil. Y ve con preocupación el interés estadounidense.

«Nosotros ya sufrimos el extractivismo de nuestra energía eléctrica cediendo a precios miserables a Brasil y Argentina. Ahora también tenemos la criptominería y otros servicios digitales, que no generan empleo. El interés de Estados Unidos es un capítulo más en esa lógica extractiva que conocemos. No va a cambiar la realidad de Paraguay», dice.

Aunque el funcionario de Trump desinformó sobre el superávit eléctrico, el Gobierno aprovechó para atribuir la mención al intenso lobby de Peña, que busca atraer inversiones de alguna big tech. Hablan de convertir a Paraguay en el hub tecnológico de América Latina, una “Silicon Valley” regional —misma construcción que usa Nayib Bukele en El Salvador—, a fuerza de energía barata, población joven, bajos impuestos y macroeconomía estable.

«La declaración que hizo el secretario de Estado posiciona al país como un punto estratégico para implementar este tipo de inversiones», dijo a El Surti el ministro de Tecnologías, Gustavo Villate.

Pero la experiencia con las criptomineras levanta dudas sobre qué beneficios traerían los grandes centros de datos al país. 

Las promesas de una bonanza de millones de dólares

El balance energético del Viceministerio de Minas y Energías del año pasado es lapidario: dice que la criptominería «no tiene un aporte directo en la creación del PIB» de Paraguay. Señala que, solo en los últimos siete meses de 2023, esta actividad consumió 479,1 GWh —un cálculo que no incluye a las criptomineras ilegales—.

En 2022, la ANDE creó un grupo de consumo intensivo especial para las criptomineras y centros de datos con una tarifa en dólares. Estos usuarios pagan entre USD 44,34 y 59,76 el megavatio hora más IVA tras el reajuste del año pasado, un aumento que fue cuestionado por los empresarios. Hasta marzo, un total de 33 clientes tenían contratos con la estatal para 46 establecimientos de este tipo, según respondió la entidad a un pedido de información de El Surti.

El uso de los excedentes de energía para centros de datos permitiría financiar parte de las obras eléctricas necesarias y generar empleo calificado, concluye un estudio del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En un escenario optimista, los investigadores estimaron que la venta a estas instalaciones generaría 1 087 156 000 dólares para la ANDE, de 2024 a 2027, además del IVA para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Como es optimista, prevé que el MEF siga percibiendo los ingresos por cesión de energía.

El doctor en Energía Victorio Oxilia Dávalos, profesor en la Facultad Politécnica de la UNA, considera viable esta propuesta, siempre que el beneficio para el país sea recíproco, algo que hoy no ocurre con la criptominería. «Necesitamos una política sobre la instalación de data centers, que apoye la generación de empleos calificados en el país y el abastecimiento de energía eléctrica a futuro. En este momento no tenemos la abundancia de energía que teníamos hace unos cinco años», dice.

Los centros de datos —bien sean los llamados de hiperescala, que se usan para procesar IA, o bien sea para cualquier otro uso que no sea criptominería— todavía tienen el beneficio de la duda en cuanto a lo que podrían aportar al país; pero aquí la disputa, además de energética, es de terminología.

En general, son instalaciones físicas que almacenan, gestionan y procesan grandes volúmenes de datos, además de alojar los servidores e infraestructuras de la red. El doctor Luis Benítez, secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, explica que tanto los centros de criptominería como de IA necesitan electricidad, conectividad y refrigeración. La principal diferencia está en los computadores que usan. Por ejemplo, los ASIC solo sirven para minar bitcoin, mientras que las máquinas de IA están diseñadas específicamente para esta función.

En su estudio sobre centros de datos, los mismos investigadores del GISE usaron una tarifa referencial de USD 44 por megavatio hora, que está basada en lo que pagan las criptomineras. Pero no todos están de acuerdo en equiparar a estas con los centros de datos.

«Esa historia de confundir las cosas, no. Una cosa son los data centers y otra la criptominería», responde el presidente del gremio industrial (UIP) cuando le consultamos sobre el uso de excedentes para «centros de datos o criptominería». Insiste en que esta última no genera empleo ni valor agregado.

Los criptomineros retrucan. Vacotti reconoce que no generan empleo, pero dice que sus proveedores de transformadores, cables y otros insumos provienen de empresas paraguayas que sí crean puestos de trabajo. Dice, además, que la criptominería proporciona ingresos para que crezca la infraestructura eléctrica del país. Según la ANDE, el sector pagó el año pasado unos 150 millones de dólares y este año calculan que llegarían a 250 millones.

«Si bien la industria electrointensiva no es intensiva en mano de obra, ¿cuánta mano de obra genera venderle la energía a Brasil? Es cero», dice Vacotti, quien también es jefe de Relaciones Públicas de Penguin Group y uno de los fundadores de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad).

Para grupos críticos a la criptominería, como Itaipú Causa Nacional, esta no compensa su alto consumo eléctrico con fuentes de trabajo. El año pasado, la organización presentó al Senado un informe que revela que solo veintidós criptomineras, de las casi cincuenta que en ese momento tenían contratos con la ANDE, registraron a 383 trabajadores en el Instituto de Previsión Social (IPS).

En ese aspecto, la industria de los centros de datos no es tan diferente. Esta alianza periodística encontró que, a pesar de las promesas de miles de empleos directos e indirectos, una vez que se construyen las instalaciones, se crean solo decenas de puestos de trabajo porque se requiere muy poco personal para operarlas. Por ejemplo, un estudio para el gobierno alemán mostró que un centro de datos genera, en promedio, tres empleos por megavatio utilizado; mientras que una empresa química grande en ese país usa 200 megavatios y crea 50 000 empleos directos.

El contraste entre el altísimo consumo de energía y los escasos beneficios laborales es otra arista a considerar para el establecimiento de estas compañías.

En Paraguay, por ahora los contratos de las criptomineras con la ANDE vencen el 31 de diciembre de 2027. Pero para Vacotti esto sería un despropósito. Sugiere que, aquellas que quieran extender sus contratos, puedan hacerlo con la condición de construir, por ejemplo, plantas fotovoltaicas (centrales que generan electricidad a partir de la luz solar) para la empresa estatal. Y que esta les descuente un monto de su factura de luz hasta cubrir parte de la inversión.

La extensión de los contratos tiene eco favorable en el Gobierno. Durante el Paraguay Blockchain Summit 2025 realizado en agosto, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, dijo que la propuesta se evaluará. «No queremos que se vaya esta industria de Paraguay», aseguró en el evento de los criptomineros. Ahí también estuvo el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, quien habló, entre otras cosas, de establecer un régimen tributario especial para criptoactivos.

Hoy las criptomineras aprovechan la inversión pública instalando sus granjas cerca de las subestaciones e incluso, en algunos casos, comienzan a construirlas antes de que estas empiecen a operar.

Por ejemplo, cuando en mayo se inauguró la subestación de 500 kV en la ciudad de Valenzuela, departamento de Cordillera, ya se estaban construyendo a pocos metros dos criptogranjas grandes. Una es de la empresa W3X S. A., y la otra de Cademot S. A., cuyo representante legal es Xinrou Zhu. Zhu también es representante de Muiden S. A., ubicada cerca de la estación del parque industrial de Hernandarias, Alto Paraná. Esta criptominera tiene garantizados 132 000 kilovatios de potencia, la mayor contratación de la ANDE. Junto a esta granja está la planta de Penguin Group, una compañía de origen suizo que tiene como copresidente a Alexander Heldt, exfuncionario de Google.

El investigador Guillermo Achucarro, doctorando en Ciencias y Tecnologías Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que las electrointensivas, como las criptomineras, se instalan cerca de las subestaciones para minimizar la pérdida de energía al acortar la línea de transmisión. En segundo lugar, esto evita las caídas de tensión que se producen a medida que aumentan las distancias. Por último, reduce costos de infraestructura.

Los límites del paraíso de la energía barata

En Paraguay, los cortes de luz son frecuentes, especialmente en verano, y la situación podría agravarse cuando la demanda supere la capacidad de producción eléctrica. Solo el año pasado, el consumo aumentó 18 %, triplicando la previsión de crecimiento anual que se hacía una década atrás. Al respecto, un estudio de la Unión Industrial Paraguaya advierte que el país podría enfrentar una «crisis energética» entre 2030 y 2035, que incluso podría desencadenarse desde 2029, si no se diversifica la matriz energética —la electricidad hoy depende de las hidroeléctricas—. Esto, dice el gremio, derivaría en un estancamiento económico.

«Lo que está acelerando el fin de nuestros excedentes hidroeléctricos es la criptominería, tanto legal como ilegal. En el 2029 ya no vamos a tener excedentes», dice la exviceministra Canese. Existe un subregistro del consumo real de esta actividad, teniendo en cuenta que hay criptomineras ilegales, que son las que no pagan la tarifa en dólares a la ANDE.

El año pasado, las criptogranjas clandestinas causaron pérdidas para la empresa estatal de 2,34 millones de dólares al mes, debido a que no abonaban la tarifa especial definida para la actividad. En julio de 2024, la ANDE consiguió que los congresistas elevaran la pena por el robo de energía de tres a diez años de prisión. Al respecto, el asesor jurídico de la entidad, Nelson Medina, dijo a esta alianza periodística que, desde la vigencia de la Ley 7300, la sustracción perpetrada por criptomineras ilegales «se redujo drásticamente». Datos de la estatal muestran que, durante los cinco primeros meses de 2024 (antes de la ley), hubo dieciocho casos; mientras que en el mismo periodo de 2025 se registraron solo siete. Hasta junio de este año, había cinco imputados y un condenado.

La crisis climática puede agravar las cosas. Paraguay depende de la electricidad de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, ambas en el río Paraná, que redujeron su producción a causa de la sequía en 2024; además de Acaray, una central más pequeña. De acuerdo con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la sequía y las olas de calor son los eventos que más afectan al sector de energía: por un lado, en la generación, y, por el otro, en el aumento del consumo que sobrecarga la red eléctrica.

Si bien el Gobierno asegura que el país está listo para recibir a grandes centros de datos de IA, además de más criptomineras, hay quienes tienen sus reservas. El experto en Energía, Oxilia Dávalos, recuerda que los planes de generación, distribución y transmisión de energía están atrasados; acciones que son urgentes ante el riesgo de crisis energética.

Canese coincide. Las obras de generación son las que llevan más tiempo y hasta ahora no hay nada. Teme que la ANDE opte por centrales termoeléctricas a gas —como sugiere la UIP en un estudio—, que son las que se pueden construir en el corto plazo. Añade que, además del impacto ambiental, le va a costar más caro al consumidor, lo que se conoce como «sobrecosto térmico».

En su plan de generación 2024–2043, la ANDE prevé estas centrales térmicas que usan combustibles fósiles (gasoil, gas) «a pesar de que producen emisiones de gases de efecto invernadero». La empresa estatal dice que utilizarán esto «en el contexto de la transición energética» como un complemento de otras fuentes de energía, entre ellas la solar. El plan contempla la instalación de paneles fotovoltaicos, además de pequeñas hidroeléctricas.

Por otro lado, la empresa estatal no descarta comprar electricidad del sector privado (así como hoy compra de Yacyretá e Itaipú) para cubrir la demanda, lo que podría amortiguar el déficit. Sobre el punto, Oxilia Dávalos también advierte que eso implicará electricidad más cara.

«Puede que el sector privado consiga financiamiento más rápido para centrales de generación. Pero esa electricidad se la va a vender a la ANDE a precios que le permitan recuperar el capital invertido. Son empresas, no tienen un fin social ni de caridad», dice.

Mientras, el Gobierno, fogoneado por las declaraciones de Rubio, insiste en que Paraguay tiene la capacidad para recibir a los centros de datos de hiperescala. Pero, por ahora, lo único concreto con una big tech es una capacitación para emprendedores que lidera Meta con apoyo oficial.

El ministro Villate pide mirar cómo se está moviendo la geopolítica respecto a la IA. «Haciendo un paralelismo con las mesas del petróleo para el establecimiento de precios, que Paraguay pueda estar sentado en una mesa estratégica a nivel global, va a marcar un hito», insiste.

El ministerio que encabeza planea construir un “Distrito digital”, que reunirá gobierno, sector privado y academia, como parte de la estrategia del hub tecnológico. Ahí también se alojará la sede de la universidad de Taiwán, principal productor de semiconductores, un insumo clave en el desarrollo de la IA. Paraguay es el único país sudamericano que reconoce a Taiwán, aunque hoy China es el origen número uno (36 %) de sus importaciones.

No se trata solo de energía abundante y barata. Luis Benítez, de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, dice que hay otros factores que limitan la instalación de infraestructura para IA en el país, como la conectividad, el personal especializado y el clima extremadamente caluroso, lo que obliga a soluciones de enfriamiento avanzadas que, a su vez, pueden implicar un consumo aún mayor de electricidad.

El vocero de los criptomineros, Bruno Vacotti, coincide en parte. Dice que al menos se tendría que triplicar el ancho de banda para que un centro de datos pueda procesar IA en el país. También hace falta un marco jurídico para este desarrollo. Además, explica que hoy la ANDE puede interrumpir el suministro a las criptomineras si necesita cubrir la demanda del sistema eléctrico.

«La energía en un data center de inteligencia artificial no puede ser interrumpida. La IA es mucho más hambrienta con respecto al uso energético», dice.

La presión de los grandes centros de datos también se da sobre otros recursos vitales, como el agua. En Chile, un tribunal ordenó a Google parar la construcción de un data center el año pasado, tras protestas de los pobladores. Denunciaron que la tecnológica usaría agua para enfriar sus servidores, lo que agravaría la sequía que atravesaban. La compañía tenía previsto usar 7,6 millones de litros de agua potable al día para su instalación. El mismo patrón se repite en otros países de la región. Esta alianza periodística halló que otras grandes tecnológicas, como Microsoft y TikTok, compiten por este recurso con comunidades de México y Brasil en zonas que padecen estrés hídrico y donde, incluso, se raciona el agua.

En Paraguay, por ahora, el problema es otro.

El ruido de un negocio intangible

Desde hace tres años, el comerciante Gastón Saint convive con el ruido de una criptominera en el barrio Cristo Rey de Ayolas, una ciudad a orillas del río Paraná, en la que se asienta parte de la hidroeléctrica que el país comparte con Argentina: Yacyretá.

La granja de bitcoin es de Delta Mining Paraguay S. A., subsidiaria de la estadounidense Delta Mining LLC que también opera en Brasil. Se define como una empresa de minería de bitcoin y colocaciones de centros de datos, que «utiliza exclusivamente energía verde». En 2024, pagó a la ANDE cerca de 2 300 000 dólares y su contrato es por 5500 kilovatios.

Saint, que trabaja en la venta de artículos de pesca, vive con su familia a unos seiscientos metros de la criptominera. Aunque en junio hace frío por el otoño, en su casa ponen el aire acondicionado en modo ventilador para amortiguar el zumbido. Solo así consiguen dormir.

«Es un sonido que se escucha adentro, no se puede ni hablar en la casa. Es como la turbina de un avión las veinticuatro horas del día».

El ruido, dice Saint, proviene de los ventiladores que usan en la criptogranja para que las máquinas no se sobrecalienten. Lo mismo ocurrió en Villarrica, donde el zumbido de una criptominera afectó a los pobladores, que durante casi seis meses tuvieron dificultades para dormir; una situación facilitada por la complicidad de autoridades locales, según una investigación de El Surti.

El 29 de agosto de 2024, Saint denunció el hecho en una nota dirigida al intendente Carlos Duarte. Pero más allá de un ida y vuelta de notificaciones, nada pasó. A través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, esta alianza periodística buscó hablar con Duarte, pero este no respondió y sus funcionarios tampoco.

El representante de Delta Mining en Paraguay es Anderson Castorino Montanaro. El empresario nos dijo que resolvieron el problema del ruido «inmediatamente» después de la denuncia.

«Lo que hace ruido es el ventilador de acuerdo con la posición. Entonces, se hizo una plataforma que cubrió el viento y la expansión del ruido. Hubo una queja de un vecino nomás e igual hicimos todo eso. Porque ahí estamos en zona industrial, está todo bajo los decibeles permitidos», dice. A pesar de lo que asegura que hizo la empresa, el ruido seguía hasta agosto de este año, si bien Saint refiere que la intensidad varía y que se escucha más cuando hace calor.

Ante la negativa de las autoridades municipales de responder sobre el caso, no es posible corroborar el dato de la zona industrial. Y Saint se cansó de reclamarles. Lo que más siente es que ya ni siquiera puede salir a tomar mate antes de ir a trabajar. La omnipresencia del ruido obliga al encierro y a dejar de compartir. Resignado, nos dice:

«Y sí, ya nos acostumbramos».

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Tras la reciente suspensión del viaje a Madrid, previsto para este jueves, el presidente Javier Milei tiene en agenda ir a Paraguay el próximo martes 16 de septiembre. La idea del libertario es concretar una nueva bilateral con su par Santiago Peña, uno de los pocos con los que mantiene sintonía ideológica de la región y aprovechar su paso por Asunción para participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la conferencia de la ultraderecha global que impulsa Donald Trump.

La CPAC se celebrará en la capital paraguaya el próximo 15 y 16 de septiembre en el Hotel Sheraton. El evento tiene entradas que van desde los US$100 a los US$5.000.

Milei protagonizó meses atrás la versión argentina de la cumbre conservadora que luego le generó fuertes críticas: se fotografió allí con Laura Belén Arrieta, quien ingresó al país en un vuelo privado llevando valijas que, según la Justicia, no pasaron por los controles aduaneros. El avión era propiedad de Leonardo Scatturice, empresario ligado a Santiago Caputo y a la SIDE, y organizador de a CPAC Argentina.

La agenda de Milei en Paraguay

Tras la suspensión de su cuarto viaje a España a raíz de la abultada derrota en las elecciones bonaerense, donde participaría de un evento de VOX, Milei optó por la cercanía y volverá a desembarcar en Paraguay.

Se trata de la segunda visita a Asunción luego del viaje de abril de este año, oportunidad en la que Milei aprovechó para concretar una reunión con Peña, en la que destacó la afinidad ideológica y la gestión de su par paraguayo.

En aquella oportunidad, almorzó en el Salón Libertad del Palacio de Gobierno, desde donde sostuvo que Paraguay logró aplicar “diligentemente las ideas de la libertad económica” lo que atraía inversores y residentes. “Evidentemente algo están haciendo bien”, afirmó.

Esta vez la visita de Milei sería exprés, pero trascendió que -además de reunirse con Peña y hablar en la CPAC- visitará el Congreso Nacional en el marco de una sesión de honor con ambas cámaras y podría participar de un evento organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

MC

Una cuenta en Dubai a nombre de Alejandro Domínguez habría recibido más de US$23 millones sin contraprestaciones verificables y de empresas sancionadas por irregularidades en Qatar. Esos son los elementos clave de una nueva denuncia anónima presentada contra el presidente de CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA ante el Comité de Ética del organismo internacional. elDiarioAR accedió en exclusiva al contenido completo del texto, cuya existencia no había sido divulgada públicamente hasta ahora.

La presentación —anónima, pero con respaldo documental— sostiene que Domínguez figura como “único autorizado y responsable” de una cuenta bancaria en Emiratos Árabes registrada a nombre de Capital Heritage Limited, una compañía neozelandesa radicada en Dubai. “Dicha entidad responde a un esquema típicamente utilizado en estructuras de evasión fiscal y posible lavado de activos”, afirma la presentación dirigida al órgano independiente dentro de la FIFA encargado de investigar y juzgar posibles violaciones al Código de Ética del organismo.

No es la primera vez que trasciende un documento de estas características. En mayo, este medio publicó en exclusiva el contenido de una denuncia anónima previa que ya apuntaba contra Domínguez por presuntas irregularidades financieras, estructuras fiduciarias y vínculos con entidades en Dubai y Singapur. Aquella presentación —que mencionaba específicamente a Standard Chartered Bank, Noo Bank (con sede en Dubai) y United Overseas Bank (Singapur) como entidades que habrían canalizado depósitos y transferencias supuestamente vinculadas al dirigente paraguayo— sirvió como antesala del expediente actual. Ahora, al igual que el mes pasado, elDiarioAR intentó comunicarse con el entorno del titular de CONMEBOL, pero no obtuvo respuesta.

Una cuenta, múltiples alertas

La cuenta a la que hace referencia la denuncia habría sido abierta en septiembre de 2022, apenas tres meses antes del inicio del Mundial de Qatar, “lo cual genera serias sospechas sobre su propósito, considerando el contexto de negociaciones y relaciones institucionales entre CONMEBOL y entes organizadores”, se señala en el texto.

Radicada en el banco Standard Chartered de Dubai, bajo la firma Capital Heritage Limited (N° 9429032372106), la cuenta figuraría declarada como “cuenta de inversión”. Según el escrito presentado ante la Comisión de Ética de la FIFA, los fondos ingresados suman exactamente US$23.481.551, con un saldo en efectivo de US$81.718,61 al momento del último corte.

Entre las transferencias más relevantes figuran:

● US$4.000.000 desde AIX Investment Group – 6/3/2025

● US$4.500.000 desde Investment Research Group Limited – 16/1/2025

● US$1.700.000 desde AIX Investment Group – 21/11/2024

● US$850.000 desde Al Sama Advertising Company LLC – 10/11/2024

● US$2.600.000 desde Al Sama Advertising Company LLC – 17/10/2023

“No se registran egresos, pagos ni movimientos de salida de fondos, lo que contradice el propósito habitual de una cuenta de inversión activa”, denuncia el escrito. Y agrega: “Esta inactividad en gastos sugiere que la cuenta podría estar siendo utilizada como vehículo de ocultamiento o resguardo de fondos no declarados”.

Ninguna de las firmas remitentes aparece como contratista, patrocinadora ni socia de la CONMEBOL. Algunas, como AIX Investment Group, fueron sancionadas por la agencia de regulación financiera de Qatar. “Su vinculación directa con una cuenta manejada por un alto dirigente del fútbol sudamericano y mundial es motivo de extrema preocupación”.

La denuncia reconstruye un patrón ya anticipado en mayo. Lo nuevo ahora es la precisión del detalle: montos, fechas, remitentes, números de cuenta, saldos y movimientos. También lo es el contexto institucional: la nueva denuncia fue presentada justo cuando Domínguez era reelecto por unanimidad hasta 2031 al frente de la CONMEBOL, durante un congreso celebrado en Asunción.

“Abrir una cuenta en una jurisdicción de bajo control fiscal y recibir depósitos millonarios sin egresos ni contratos visibles, mientras se ocupa una posición de poder en el fútbol global, configura una situación que no puede ni debe ser ignorada”, señala el escrito.

Hasta ahora, Domínguez no fue citado ni investigado formalmente. Las autoridades de la FIFA no se han pronunciado sobre la denuncia, que solicita su “apartamiento preventivo” y “una investigación independiente, exhaustiva y sin interferencias”. “Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones rectoras del fútbol mundial, y la confianza del público global en que los máximos dirigentes actúan con transparencia, ética y responsabilidad”, concluye la presentación.

Un historial que suma señales

Más allá del caso puntual de Dubai, Domínguez ha sido objeto de diversas acusaciones en Paraguay que, sin derivar hasta ahora en procesos judiciales concluyentes, dibujan un patrón de alertas. En 2020, el exarquero José Luis Chilavert lo acusó públicamente de haber recibido una coima de 1,5 millones de dólares, en el contexto del escándalo FIFA Gate. A esto se suman reportes de operaciones sospechosas por parte de la Seprelad vinculadas a inversiones inmobiliarias por montos millonarios y sin respaldo patrimonial evidente. En abril de 2025, la senadora Celeste Amarilla lo denunció por extorsión ante el Congreso paraguayo y diferentes investigaciones periodísticas han documentado contrataciones de allegados en la estructura de la CONMEBOL que dirigen la atención hacia posibles situaciones de nepotismo.

Aunque ninguna de estas denuncias prosperó en los tribunales, todas apuntan hacia una matriz común: movimientos financieros opacos, vínculos familiares, estructuras societarias offshore y falta de controles eficaces. Ahora, la nueva denuncia contra el presidente de la CONMEBOL interpela directamente al Comité de Ética de la FIFA.

“Consideramos indispensable que se exija la renuncia inmediata del Sr. Domínguez”, señala el texto al que accedió elDiarioAR en su último párrafo, para después rematar: “La FIFA aún tiene la responsabilidad y la capacidad de actuar con independencia, firmeza y justicia en defensa de la integridad del deporte”.

PL