Osvaldo Villalba, uno de los principales líderes de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), murió este domingo en combates con integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Amambay (noreste), en un hecho en el que también perdieron la vida otros dos presuntos integrantes de esa organización.

Así lo confirmó en una conferencia de prensa el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien indicó que este hecho se registró después de un trabajo de inteligencia de más de un año.

“Esta mañana han sido abatidos tres integrantes del grupo terrorista denominado Ejército del Pueblo Paraguayo”, afirmó el mandatario.

Abdo Benítez se trasladó hasta la sede del Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI-FTC, ubicada en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, junto a su ministro del Interior, Federico González.

Según el jefe de Estado, uno de los fallecidos “es una de las cabezas” del EPP, Osvaldo Villaba, de 39 años, cuya identidad aseguró han confirmado.

También murió un sujeto identificado como Luciano Argüello y un tercero que presumen hace parte de ese grupo y cuya identidad “todavía está por confirmarse”.

El jefe de Estado lamentó que dos integrantes de los pueblos originarios fueran “asesinados por este grupo” y otro más quedó herido.

“Esta no es la forma de luchar por lo que uno piensa, por los ideales que defienden, nosotros volvemos a hacer un llamado para que haya una paz en el Paraguay, para que no tengamos estos hechos de violencia entre paraguayos”, agregó.

En ese contexto, el gobernante ofreció a quienes depongan las armas “todas las garantías” de que serán sometidos al debido proceso.

“El Paraguay requiere el reencuentro de su gente, de su pueblo”, agregó Abdo Benítez, quien en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hizo un llamado a la paz y a que “estos hechos de violencia queden atrás”.

El fiscal Lorenzo Lezcano indicó en la misma rueda de prensa que el tercer abatido sería un indígena, cuya identidad están “procesando”, y al que se refirió como alias “Simón”.

Lescano denunció que dos indígenas fueron “ejecutados” por miembros del EPP y que uno más, que sufrió heridas, permanece “bajo pronóstico reservado” y es atendido en Asunción, la capital del país.

OPERACIÓN IMPORTANTE

Por su parte, el jefe de Antisecuestros de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, indicó que en la denominada “operación Zeus” fue abatido el “comandante y líder principal” de la EPP, de quien dijo ingresó a esa estructura “siendo menor de edad”.

“Para nosotros, es la operación más importante que se llevó hasta hoy día contra una estructura terrorista en nuestro país”, agregó el jefe policial, quien detalló que Villalba “llevaba toda la dirección operacional” del EPP.

Cardozo señaló a Osvaldo Villalba de haber participado, entre otros, del secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999).

Osvaldo Villalba, también conocido como comandante Alexander o Javier, es hermano de Carmen Villalba, detenida en 2003 y quien permanece en prisión desde 2004.

Carmen Villalba es considerada fundadora en 2008 del EPP junto a Alcides Oviedo, su ahora exesposo y quien purga una pena de 40 años de cárcel.

De igual forma, Cardozo indicó que Argüello, de 31 años, era parte de la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP), una escisión de la guerrilla EPP, y que se sumó a esta última organización después de que el primer grupo desapareciera tras ser abatidos sus líderes.

El EPP mantiene en cautiverio desde septiembre de 2020 al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis y desde 2014 al policía Edelio Morínigo.

Con información de EFE.

IG

Las organizaciones campesinas e indígenas de Paraguay advirtieron que tras la aprobación de la Ley 6830/2021 se suceden sin parar los desalojos y los ataques a las comunidades . La norma, más conocida como “Ley Zavala-Riera”, por los apellidos de los senadores derechistas que la impulsaron, incrementó hasta diez años de cárcel la pena para las personas que participen en una ocupación de tierras.

“Al menos tres mil personas quedaron en la calle, sin techo y sin tierra. Siete comunidades campesinas y cuatro territorios indígenas fueron desalojados en apenas dos meses” según datos relevados por el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de la ONG Base Investigaciones Sociales (Base IS).

La lucha por la tierra es problema central del Paraguay, el país con la peor distribución de tierras del mundo, donde un 2,5% de la población tiene casi el 85% de las tierras.

La lucha por la tierra es problema central del Paraguay, el país con la peor distribución de tierras del mundo, donde un 2,5% de la población tiene casi el 85% de las tierras. Hay 900 conflictos en curso en asentamientos campesinos e indígenas.

De acuerdo a lo expuesto, la ley parece funcionar como un aval indiscriminado para la expansión del agronegocio que ya se extiende en un territorio de 3,5 millones de hectáreas y ahora busca llegar a los 4 millones, talando bosques y desalojando campesinos e indígenas ante la indiferencia del aparato estatal/judicial. Por consiguiente, se repite la secuencia de los desalojos. Una situación que ya concitó denuncias en jurisdicciones internacionales, como la que hiciera la comunidad indígena de Hugua Poty, ante la delegación paraguaya de las Naciones Unidas.

Durante el largo gobierno del general Alfredo Stroessner (1954-1989), este presidente colorado repartió a amigos y amanuenses más de 7 millones de hectáreas de tierra. Así lo estableció la Comisión de Verdad y Justicia (CVyJ) que estudió los crímenes de lesa humanidad del período. Lo concreto es que caído este militar por un golpe de Estado en febrero de 1989 y remplazado en la presidencia por su consuegro el general colorado Andrés Rodríguez, organizaciones campesinas e indígenas ocuparon parte de estas tierras. Muchas de ellas eran latifundios improductivos. De este modo, pudieron hacerse de un espacio para la agricultura de subsistencia, en principio y de renta cuando la escala lo permite.

Es así que por lo común indígenas y campesinos tienen disputas por la titularidad de los campos contra agroempresarios que literalmente se “compran” títulos falsos que luego hacen valer ante un Poder Judicial que ha sido considerado como el más corrupto de América del Sur.

Por ello, actualmente hay 900 conflictos y procesos judiciales en curso en asentamientos campesinos e indígenas donde viven entre 40 y 250 familias y que tienen entre 2 y 40 años de lucha y resistencia.

Como tibia reacción a los últimos desalojos, los senadores del Frente Guasu, el movimiento que lidera el ex presidente Fernando Lugo, presentaron un proyecto para derogar la Ley Riera-Zavala, más como una cuestión testimonial ya que no tienen los votos como para lograr hacerlo.

Se insiste allí que la norma viola derechos constitucionales de los pueblos indígenas reconocidos como anteriores a la conformación del Estado. Por ello, previo a la sanción de la Ley Riera-Zavala la jurisprudencia indicaba que era imposible desalojar a una comunidad indígena sin seguir un protocolo para verificar la posesión tradicional o ancestral de sus tierras.

“Movilización permanente”, declararon, entre otras, la Federación Nacional Campesina (FNC); el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP); la Organización de Lucha por la Tierra (OLT); el Movimiento Agrario y Popular (MAP); la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI); la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia; y la Coordinadora Estudiantil de la UNA (CEUNA).

 “Nos nucleamos este día para la concreción de la articulación de un espacio de lucha en contra de la política llevada a cabo por el gobierno de Mario Abdo Benítez y la cúpula de los partidos de poder enraizados en el Congreso y la Corte Suprema de Justicia avalando el despojo, desalojos y saqueos masivos y criminales efectuados por las fuerzas represoras (Policía Nacional y Fiscalía general del estado)”, dice el manifiesto de convocatoria a la marcha.

Hicieron también un llamamiento a campesinos, indígenas y sectores populares “a resistir organizadamente contra los desalojos, la criminalización de la lucha social y a todos los sectores patrióticos, democráticos y sociales, a generar un gran debate nacional, fomentar un espacio de unidad amplia y avanzar en la construcción de una patria nueva”, según expone el documento.

Aparición con vida

La marcha se dará en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. también pedirá “la aparición con vida de (la niña) Lichita”, nombre con el que se conoce a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 15 años, quien permanece desaparecida desde diciembre de 2020.

Lichita es hija de Carmen Villalba, presa del Estado paraguayo desde hace más de 17 años y prima de las niñas de nacionalidad argentina Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, asesinadas en un operativo militar contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en septiembre de 2020.

Si bien se reclama la aparición con vida de Lichita, se estima que habría corrido la misma suerte que sus primas. 

AGB

Con el anhelo de conocer a los familiares que integran la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cinco primas de entre 11 y 18 años, acompañadas por Laura, madre y tía de las menores, viajaron en noviembre de 2019 a Yby Yaú, Departamento de Concepción, en el norte del país vecino. La intención era regresar a Misiones después del verano, pero la pandemia las obligó a quedarse.

La Policía y el Ejército de Paraguay, que integran la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) atacaron el campamento del EPP el 2 de septiembre de 2020, y mataron a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas argentinas y de 11 años. Tania (18), en diálogo con este medio, aseguró haber visto y oído cuando se llevaban con vida a sus primas al grito de “regalo, regalo”. Sus nombres aparecieron luego dentro del listado de muertos en el operativo.

El caso tensó las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Dos días después del ataque al campamento, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, consideró “un éxito” el operativo las fuerzas de seguridad. Y el General Héctor Grau, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), acusó a la Argentina de convertirse en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”. El canciller argentino, Felipe Solá, rechazó las “expresiones injustificadas” y demandó un esclarecimiento del hecho.

Los hechos, sin embargo, no habían culminado. Las tres niñas restantes, pudieron escapar junto a Laura (enfermera de 36 años). Las acompañaban 3 militantes del EPP que fueron abatidos en una nueva embestida, el 20 de noviembre. Las primas y la mujer, nuevamente lograron escabullirse solas, aunque “Lichita” (Carmen Elizabeth, 14 años) estaba herida en una pierna desde el primer ataque y una bala había rozado su cara en el segundo.

Se escondieron en un monte por 10 días, sin alimentos. Tania y Ana (14), las menos débiles, decidieron, entonces, ir en busca de provisiones, pero se desorientaron en el cerro y no lograron regresar. Sobrevivieron alimentándose de cocos, sapos, víboras y bebiendo hasta su propio orín.

El 15 de diciembre, siguiendo el cauce de un río llegaron a una casa, donde las alimentaron y ayudaron a salir de la zona. Una semana más tarde, en Argentina, se enteraron que Laura fue detenida y que “Lichita” continuaba desaparecida. 

Tania pudo declarar ante Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Alto, dando testimonio de que las fuerzas de seguridad se llevaron vivas a las niñas, de lo cual se desprende que las menores fueron fusiladas por los uniformados.

Por su parte, Laura Villalba quedó detenida, acusada de terrorista, en un cuartel militar de Paraguay. Única mujer, aislada y con solo tres comunicaciones por semana, en videollamadas rodeadas por militares que escuchaban las conversaciones. “Desde el 23 de diciembre hasta la semana pasada estuvo ahí, en esas condiciones”, lamentó Laura Taffetani, referente de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina.

La letrada destacó que, por intervención de Naciones Unidas, la semana pasada fue trasladada a una cárcel ordinaria, en Encarnación, cerca de su familia de Misiones, lo que permitirá que los hijos puedan verla. Afirmó que se trata de una “detención ilegal” con una “causa armada”.

En Paraguay “no hay ningún avance en la investigación por el asesinato de las niñas”, cuestionó Taffetani. Informó, que el vicecanciller Pablo Tettamanti recibió este miércoles a la familia para acompañarla en el aniversario, además de repasar las gestiones diplomáticas infructuosas, ya que no sólo no se esclarecieron los asesinatos, sino que el gobierno no deja ingresar al Equipo de Antropología Forense argentino para realizar las autopsias. La negativa no es novedad: a fin de julio el gobierno paraguayo expulsó una misión humanitaria impulsada por organizaciones para buscar a menor desaparecida.

De este lado de la frontera, Argentina otorgó a 6 mujeres de la familia Villalba el estatus de refugiadas políticas, permitiendo que regularicen su situación migratoria y que no queden expuestas a una eventual extradición. Se trata de las madres, tías y otros parientes de las niñas, que cuentan con el respaldo de los principales organismos de derechos humanos para sostener el reclamo de aparición con vida de “Lichita” y de justicia por María y Lilian. 

Hoy, a las 14, familiares, amigos y organizaciones iban a realizar una concentración en la Embajada de Paraguay, al cumplirse el primer aniversario de los asesinatos, pero se suspendió por la lluvia. La marcha será el lunes 6 de septiembre a las 13.30. Cuando medio centenar de niños y niñas de entre 10 y 12 años encabezarán la movilización y pegarán sus dibujos en el edificio diplomático. Entre ellos estarán Tania y Ana, las sobrevivientes.

SR

La misión humanitaria que intentó llegar a la zona norte de Paraguay donde, en noviembre del año pasado, fue vista por última vez Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita” (de 15 años), fue expulsada del país sin que el Gobierno de Mario Abdo Benítez diera explicaciones oficiales de la decisión.

Los integrantes de diversos organismos de derechos humanos y organizaciones políticas que participaron de la comitiva fueron trasladados el sábado en una avioneta militar paraguaya desde la ciudad de Concepción hasta Encarnación, y desde allí debieron cruzar a la localidad argentina de Posadas, donde se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio por Covid.

Desde allí, dijeron a ElDiarioAr que “el Gobierno narcoterrorista e infanticida de Paraguay nos tuvo en calidad de detenidos y nos expulsó por una supuesta violación a la soberanía del país”, pero aclararon que habían tramitado los permisos para circular por la zona en conflicto entre el Estado y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Lichita”, al momento de desaparecer, estaba huyendo junto a su tía Laura Villalba, Tania Villalba (de 19 años) y Tamara Anahí Villalba (de 15) del campamento del EPP en Yby Yaú -Departamento de Concepción-, que había sido atacado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC, que integran la Policía y el Ejército) el 2 de septiembre de 2020, donde fueron asesinadas las niñas Lilian Mariana y Maria Carmen Villalba. El 30 de noviembre, su tía Laura fue detenida -permanece presa desde entonces-, mientras que “Lichita” nunca más fue vista.

El relato sobre lo que sucedió en aquellas jornadas fue publicado por este medio en una entrevista a Tania Villalba, quien logró escapar del asedio de los uniformados y regresar a la Argentina.

Desde fines de noviembre nada se sabe de “Lichita”, y por ese motivo, organismos de derechos humanos en la Argentina iniciaron una campaña de búsqueda y de difusión internacional.

Búsqueda y expulsión

Pablo Pimentel, referente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, participó de la misión humanitaria que intentó “buscar indicios y testimonios entre campesinos e integrantes de comunidades originarias” para poder dar con el paradero de la adolescente de 15 años.

“Se organizó la misión hace tiempo. El tercer viaje lo hicimos en marzo, fuimos once organizaciones sociales, de derechos humanos y periodistas. Hicimos la tarea política de plantear la necesidad de ir al territorio, libre de militares y policías, para instaurar confianza con las comunidades originarias”, explicó. El cuarto viaje suponía un regreso a ese territorio, con el objetivo de recabar información.

Pimentel aseguró que habían obtenido un aval para la misión de parte del Comisario General Pablo René Ríos, Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, quien, tras una dura discusión, habría autorizado a la comitiva integrada por nueve personas.

Pero un retén militar impidió el paso de la comitiva, según contó Pimentel. Cuando el grupo dejó la ruta principal por la que transitaba, para internarse por caminos vecinales, fue detenida por un grupo de uniformados que “fuertemente armados nos paran, nos piden documentos, y nos dicen que se van a acercar de la FTC para charlar sobre la misión”.

El grupo de siete argentinos, un colombiano y un paraguayo quedó detenido “bajo la órbita de la FTC y de Migraciones”, señaló Pimentel.

Ningún documento oficial paraguayo a los que tuvo acceso elDiarioAR detalla el motivo de la detención ni de la expulsión. Informalmente se les comunicó que habían “violado la soberanía” del país.

Desde Buenos Aires, el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, mantuvo una comunicación permanente con la misión, y en ese contexto les pidió que realicen una conferencia de prensa en vivo, para mostrar que se encontraban bien de salud y que se genere un compromiso de garantía de seguridad sobre sus personas.

Pero el gobierno de Paraguay aceleró los tiempos de la expulsión. Una avioneta trasladó al grupo desde Concepción hasta Encarnación. “Nos esperaban siete vehículos de la policía. Pasaron el mando de la operación de la Fuerza de Tarea Conjunta a la Policía, y no sabíamos adónde íbamos, adónde nos llevaban. Necesitábamos certeza para transmitir a nuestras familias, organizaciones y Cancillería”, detalló Pimentel.

Funcionarios del consulado argentino en Encarnación siguió la situación de cerca y se puso a disposición de los integrantes de la misión, según explicaron desde la Cancillería.

“Se les brindó asistencia consular y se los asistió mientras los trasladaban de regreso a la Argentina”, indicaron a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Felipe Solá.

Esa cartera, por lo menos hasta el momento, no emitió comunicado alguno sobre la expulsión de la misión humanitaria. “No está previsto”, dijeron las mismas fuentes con acceso directo al ministro.

Desde Paraguay, en tanto, el canciller Euclides Acevedo, había anticipado que el grupo “no podrá ingresar sin acompañamiento de fiscales y efectivos de seguridad”, ya que supondría “una intromisión a nuestra soberanía nacional”.

Acevedo, en declaraciones públicas a medios del Paraguay previas al viaje de la misión, aclaró que “no tienen problemas en apoyar a la misión humanitaria”, pero resaltó que “hay un protocolo que debe cumplirse. Existen ordenamientos jurídicos que se deben respetar”.

En una misma línea el vocero de la FTC, Luis Apesteguia, dijo a Radio 1000 de Asunción que “hemos demorado la entrada (del grupo argentino) en una calle vecinal que conduce al Cerro Guasú, en zona de Azotey, una zona de alta peligrosidad. Nosotros tenemos controlado todos los accesos y ellos tenían que haber coordinado con nosotros si querían ingresar”, pero “no hicieron esa coordinación. Incumplieron, fueron detenidos y puestos a disposición de Migraciones”, explicó el militar.

A través de un comunicado, los integrantes de la misión señalaron: “Regresamos indignados y llenos de rabia. Repudiamos el accionar del gobierno de Mario Abdo Benítez (…) por expulsar a nuestra delegación, que no incumplía con ninguna ley nacional o internacional, ni con los acuerdos pautados con el propio gobierno de Paraguay”.

Calificaron la expulsión como “totalmente irregular, ilegal y arbitraria. Fuimos sacados a la fuerza del hotel donde nos alojábamos. Custodiados todo el tiempo por personal de las Fuerzas Armadas que estaba fuertemente armado, con trato esquivo, cuyos argumentos iban cambiando constantemente y siempre grabados por algún militar, mismo material multimedia que oportunamente alimentó a varios medios privados y hegemónicos de comunicación paraguayos”.

“¿Por qué molesta tanto al gobierno una misión humanitaria y pacífica, que busca a ‘Lichita’? Estas arbitrariedades son otro motivo que se suma a la larga lista del porqué estamos convencidos que el Estado fue y es responsable de la desaparición forzada” de la adolescente, señalaron finalmente los integrantes de la campaña “¿Dónde está Lichita?”.

SR

En noviembre de 2019, Tania Tamara Villalba viajó desde la provincia de Misiones -donde vive-, a Yby Yaú, Departamento de Concepción, en el norte de Paraguay. Fue, junto a cuatro primas y una tía, a conocer a sus familiares que integran la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Pasaron allí el verano -“Estuvimos tiempo con nuestros familiares y nos dedicamos a leer, estudiar, compartir con ellos, cosíamos mucho”, dijo a este diario-, y cuando quisieron emprender el regreso la pandemia de coronavirus las obligó a quedarse.

El 2 de septiembre de 2020, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que integran la Policía y el Ejército de Paraguay atacó el campamento del EPP y mató a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos de las primas de Tania, niñas argentinas de 11 años.

Tania pudo escapar junto a su tía Laura y sus primas Ana y Carmen Elizabeth, Lichita. Mientras Laura fue detenida y Lichita permanece desaparecida, Tania y Ana pasaron más de tres meses escondidas en la selva, huyendo de nuevos ataques de las fuerzas de seguridad. Sobrevivieron comiendo cocos, víboras y sapos.

A fines de diciembre pasado, Tania logró reingresar a la Argentina, y ya declaró ante Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Su testimonio es clave en el caso que tensa la relación diplomática entre ambos países. Los reclamos del ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Felipe Solá, no encontraron eco ni respuesta en las autoridades paraguayas. Dos días después de que trascendieran los asesinatos de las niñas y que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, calificar como “un éxito” el operativo, el canciller Solá “demandó” al Gobierno paraguayo el “esclarecimiento y la identificación de responsables” de las muertes.

El comunicado de la Cancillería argentina del pasado 4 de septiembre cuestionó también los dichos del General Héctor Grau, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quien había acusado a la Argentina de convertirse en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”.

La Cancillería rechazó esas “expresiones injustificadas” y recordó que “el Gobierno argentino ya ha protestado formalmente ante las autoridades paraguayas por esta absurda acusación”.

Desde su casa en Misiones, junto a su familia, e intentado “rehacer su vida”, Tania habló con elDiarioAR. 

¿En noviembre de 2019 viajaste al norte de Paraguay a ver a tus familiares del EPP?

Sí. Los padres de Lilian y María son mis tíos, son militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo.

¿Cómo fue la estancia?

Nosotros pasamos tiempo con nuestros familiares y nos dedicamos a leer, estudiar, compartir con ellos, cosíamos mucho. Ese tiempo pasó muy rápido. Fue un momento muy emocionante para nosotros, muy feliz.

¿Por qué emocionante?

Nosotros siempre anhelábamos conocer a nuestros familiares, somos una familia que siempre nos acostumbramos a ayudarnos los unos a los otros.

Tania tenía 7 años cuando parte de su familia se fue de Paraguay, escapando de lo que denunciaron era una “persecución política” contra familiares del EPP. Los Villalba, en su mayoría mujeres, se instalaron en la ciudad de Puerto Rico, Misiones. Allí Tania cursó escuela la primaria y la secundaria. Ahora tiene 19 años y está retomando los estudios. “Acá estamos muy bien; alejadas de todo eso”, dice en relación a la lucha armada que desarrolla parte de su familia en el norte de Paraguay.

Entonces, se quedaron en el campamento del EPP...

Sí, hasta el 2 de septiembre. Ese día, a la mañana, recuerdo que terminamos de desayunar todos, y empezamos a realizar las actividades. Yo me estaba yendo con mi prima Ana. Estábamos todos dispersos, en su mayoría mujeres y empiezan los dispararon. En ningún momento hubo un alteamiento (voz de “alto”), nada, los disparos vienen de lejos. Cuando intento escapar alcanzo a ver cómo llevan a Lilita (Lilian Mariana) y escuchábamos que decían “regalo, regalo” y “barrera”.

¿Regalo?

Sí. Lilita se encontraba sola y alejada de nosotras. A ella la llevaron, vimos cómo se la llevaban y de María escuchamos los gritos de socorro -Tania, llora al recordar el momento -, no nos queremos imaginar todo lo que les pudieron llegar a hacer. Es evidente que las torturaron muy mal.

¿Ustedes escaparon entre los disparos?

Ese día nosotros caminamos y los helicópteros pasaban arriba nuestro.

¿Con quién escapaste?

Lichita se encontraba con mi tía Laura. Yo me fui con Anita y algunos militantes del EPP. De ahí pudimos salir. Unos días adelante nos volvimos a encontrar con mi tía Laura y vimos que Lichita estaba herida en la pierna izquierda, en la parte de la pantorrilla, tenía una herida muy grande, estaba totalmente pálida, muy amarillenta y tenía los ojos negrazos. Perdió mucha sangre. Nosotras nos enfocamos en el cuidado de Lichita, tratamos de buscar la manera de volver a casa, en todo momento. Lichita es muy fuerte, a pesar de la poca alimentación, la falta de agua, de medicamentos, ella se recompuso muy rápido con la ayuda de mi tía Laura. En todo momento estuvo cuidándola a ella.

¿Dónde dormían, cómo se alimentaban, les dieron refugio?

 Nosotros nos dormíamos en el suelo, porque en el campamento se quedaron nuestras hamacas. Esa es una zona donde trabajan marihuaneros y tienen sus ranchos, y de esos ranchos reciclábamos materiales para realizar algunas cosas para poder usar, como una carpita, una hamaca. La idea era salir del lugar.

Tania mezcla verbos en pasado y presente para contar lo que vivió. Hace largos silencios, espera previsibles avales silenciosos de la familia, y se quiebra cuando recuerda a sus primas.

¿Qué pasó el 20 de noviembre?

Ahí nuevamente fuimos atacados. Los tres militantes del EPP que nos estaban acompañando que murieron ese día. Anita, Lichita, mi tía Laura y yo, nos escondimos. Los disparos venían todos de arriba. Estábamos saliendo del monte, y ahí los disparos venían de los cerros, y nosotras estábamos en el campo pelado, sin posibilidad de nada. Con mis primas y mi tía nosotras rodamos y rodamos, y llegamos a un montecito finito, donde permanecimos ahí durante 15 días esperando a que algo pase, no sabíamos qué hacer, nada, esperamos simplemente, sin comida, y por dos días estuvimos sin hablar ni siquiera entre nosotras sin comunicarnos, sentadas en el agua. Era tremendo porque uno se imaginaba que detrás tuyo están los militares, se estaban acercando, escuchando qué movimientos hacíamos para ubicarnos, o inclusive olíamos el olor a cigarrillo, los gritos eran constantes, los disparos que hacían eran infernales. Los que más temíamos era volver a encontrarnos con ellos porque sabíamos que no íbamos a salir de esa. Que íbamos a correr la misma suerte de Lilian y María.

Salimos de ese montecito y entramos nuevamente al cerro Guazú y ahí es donde esa tarde con Anita decidimos que tenemos que ir a buscar agua y comida nosotras dos, porque Lichita ya estaba muy debilitada. Te cuento que nosotras nos parábamos y de repente se nos nublaba la vista, se nos volvía todo negro y nos caíamos, ya estábamos en una condiciones muy malas. Y Lichita, el esfuerzo que ella hacía era más que sobrehumano porque gateaba para avanzar más rápido, perdió sus muletas el 20 de noviembre para desplazarse más rápido, y ese día recibió un refilón (de un disparo) al lado de la cara.

Nosotras escuchamos ladridos de perros, cantos de gallinas y vamos detrás de los sonidos, y nos vamos alejando y alejando, hasta que ya perdimos la noción de dónde estábamos y dónde estaban ellas, y ya nunca más pudimos volver con ellas, a medida que tratábamos de acercarnos más nos alejábamos.

Todo eso sucedió después del ataque del 20 de noviembre...

Fue a principios de diciembre, no me acuerdo bien la fecha. Ahí con Anita padecimos muchas cosas, no teníamos cómo cubrirnos de la lluvia, pasábamos mucho frío, muchísima hambre, y también el problema del agua que en ese lugar no había. El único lugar que conocíamos que había agua era ese montecito finito, cerca de donde ocurrió el hecho y por eso nos daba miedo volver. Durante la noche se escuchaban los disparos constantes y los gritos de los militares; y si salíamos cerca de un alambrado que encontramos, había unas lucecitas blancas que cuando nos acercábamos se volvían rojas y empezaban los disparos. Con Anita comíamos coco, a veces tomamos nuestro orín, comimos víboras, sapos, cactus. Estuvimos 30 días así, comiendo eso.

Seguimos buscando a Lichita y a mi tía Laura, hasta que el 15 de diciembre a la tarde, ya desesperadas sin saber qué hacer, reconocemos una cuantas bolsitas y hojas tiradas, y una bolsita de agua también, y quedamos felices porque pensamos que ya las encontramos, que ellas estaban cerca y que iban a volver. Pero Anita empieza a leer las hojas y era el diario de Lichita y ahí nos percatamos que Lichita estuvo en ese lugar por tres días sola, y hacía doce días que se había retirado del lugar, que fue a buscar algo para comer. En todo momento se preocupaba mucho por su hermanita (Anita) y por mí, también estaba preocupada por mi tía Laura que fue a buscarnos a nosotras. En todo momento decía que si conseguía agua y resistía algún día la íbamos a encontrar.

No nos encontrábamos bien de salud y decidimos buscar la forma de seguir y volver a casa, porque ya no teníamos la menor idea dónde buscar a Lichita. Fue algo increíble que podamos volver, porque nunca pensamos que íbamos a poder salir de ahí. Volvimos a salir por el campo, nos mudamos a otro montecito que tenía un río al costado, y seguimos caminando junto a la corriente, porque decíamos que cerca del agua seguro iba a haber alguna persona, pescando, un puente, algo; en ese lugar tuvimos más suerte porque había frutitos para comer. Y después de andar cinco días por ese lugar llegamos a un casa, y nos dieron comida y nos pusieron ropa y nos ayudaron a salir del lugar, y llegamos a Argentina el 23 de diciembre.

¿Pudieron pasar por la frontera, tenían los documentos para pasar?

Eso no me gustaría responder. Cruzamos y llegamos a nuestra casa con la esperanza de que íbamos a encontrar acá a Lichita y a mi tía Laura, pero no estaban, y nos enteramos que mi prima estaba desaparecida y mi tía había sido detenida. Lo más triste para mí fue venir y ver el rostro de María y Lilita en flyer, en murales, en toda la campaña. Teníamos la idea de por lo menos poder ir a visitar el cementerio, por lo menos eso, saber que estaban descansando en paz.

El pasado 2 de marzo Ana cumplió 15 años. También los cumplió Lichita, su melliza, pero la familia no sabe dónde o si pudo recordarlo. “Es el primer cumpleaños que Anita pasa sin su hermana”, dice Tania acongojada.

¿El Estado paraguayo está buscando a Lichita?

Lo único que Paraguay hace es culpar a mi tía Laura, o a la mamá de María Carmen como traficante de niños, como que ella fue la que secuestró a María Carmen y Lilita. Como que ella fue la culpable de lo que hizo el Ejército militar paraguayo, que las torturaron a Lilita y María -vuelve a hacer silencio y llora- y después que las ejecutaron.

¿Cómo estás ahora, después de lo que viviste?

Estoy tratando de sobrellevarlo y estoy empezando con los estudios. Tengo una familia muy amorosa, y eso es muy reconfortante. Y también el apoyo inmenso que nos está dando la militancia, nos hace sentir bien.

 ¿Qué pensás de que parte de tu familia integre el Ejército del Pueblo Paraguayo?

Ellos luchan por los pobres. Nosotros venimos de una familia pobre y sabemos lo que es la injusticia social.

El Gobierno de Paraguay asegura que el EPP adoctrina menores y los incorpora a la lucha armada…

Ellos dicen que mi tía Laura es terrorista, dicen que Lichita es terrorista…- hace silencio.

¿Y ustedes qué dicen?

Ay, por favor. Lo que yo sé es que a Lilita y María las torturaron vivas. Que Lichita tiene 14 años y se encuentra desaparecida. Laura tiene cuatro hijos acá en Argentina, estudió enfermería y estaba ejerciendo su profesión acá en Misiones... ¿cómo van a ser terroristas?

El Estado argentino otorgó el estatus de “refugiadas políticas” a seis mujeres familiares de miembros del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que opera en el norte de ese país. Se trata de las madres, tías y otros parientes de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, las dos niñas de 11 años asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay el 2 de septiembre de 2020; y de la joven de 14 años Carmen Elizabeth Villalba, desaparecida desde el 30 de noviembre pasado.

El refugio político alcanza a Myrian Villalba, Alexandra Villalba, Mariana de Jesús Ayala López, María Rosa Villalba, Daniela Esperanza Meza Villalba y Magna Esmeralda Meza Villalba, quienes pasaron hace varios años desde Paraguay hacia la provincia de Misiones “escapando de una muerte segura”, según planteó la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, entidad que las representa legalmente.

La Comisión Nacional para los Refugiados firmó la resolución el pasado 18 de febrero, que establece “la condición de refugiada en los términos de la Ley N.º 26.165”. De esta forma, las mujeres podrán regularizar su situación migratoria, y ya no podrán, en caso de existir una causa judicial en su contra, ser extraditadas al Paraguay.

El complejo proceso para llegar a ese reconocimiento fue realizado por la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina que, además, defiende a los presos acusados de pertenecer al EPP.

“Hace muchos años que la Gremial dio una mano para sacar de la zona de conflicto armado a muchos niños, hijos de militantes del EPP con sus madres. Algunas compañeras vinieron embarazadas, escapando en algunos casos de una muerte segura”, se resaltó desde la entidad de abogados y abogadas.

Las mujeres se establecieron en Puerto Rico, Misiones, “y ahí los niños fueron creciendo, estudiando e integrándose. Sus madres estudiaron, como Laura (actualmente detenida en Paraguay) que es enfermera y Myriam que es abogada”.

La Gremial explicó que “a partir de las tragedias y matanzas” producidas en la persecución del EPP “la inteligencia militar paraguaya (asesorada por yankis, israelíes y colombianos) puso sus miras reales y judiciales en esos niños y sus madres. Fueron denunciados y reclamados en extradición. Hubo que sacarlos de Misiones donde estaban a metros del Paraguay, y traerlos para Buenos Aires, con los drones de la inteligencia militar sobrevolando siempre su casa”. En ese contexto la organización inició los trámites para lograr el estatus de “refugiadas políticas”, finalmente otorgado a mediados de este mes.

“Saber que todos estas niñas y las compañeras, las hermanas y la mamá de Carmen Villalba (detenida en Paraguay) no serán alcanzados por el genocida e infanticida Gobierno y Estado Paraguayo, nos llena de tranquilidad”, concluyó la Gremial.

Informe sobre derechos humanos

Paralelamente, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) realizó una “Misión de Observación en la zona Norte del país” y concluyó en la enumeración de diversas violaciones a los derechos humanos.

La organización -que este viernes presentó en conferencia de prensa su informe preliminar- cuestionó el accionar del Estado por la “militarización” de las tareas de seguridad, pero al mismo tiempo caracterizó al Ejército del Pueblo Paraguayo como “organización criminal” y equiparó sus acciones con las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

Entre el 22 y 26 de febrero de 2021, la CODEHUPY llevó a cabo una misión de observación en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en la zona norte de la región Oriental del Paraguay, que, según se explicó, “tuvo el objetivo general de relevar información sobre la situación de los Derechos Humanos en las comunidades que conviven desde el año 2013 con un proceso de militarización y presencia de grupos criminales en la zona norte del Paraguay”.

Durante la conferencia de prensa brindada por Myrian González y Oscar Ayala, ambos secretarios Ejecutivos de la entidad, se calificó como “organización criminal” al EPP y se enumeraron como “hechos graves y sistemáticos” los “secuestros y asesinatos” reivindicados por el grupo guerrillero.

Incluso llegó a cuestionar a las familias de las niñas por no protegerlas, en el contexto de violencia en el norte del país, y habló de “enfrentamiento” entre el EPP y las FTC el día del asesinato de las menores.

Ayala pidió que el Estado aborde la situación generada por la presencia del EPP con un “tratamiento policial y como un tema de seguridad”, y que descarte, en ese sentido, una salida negociada políticamente como sucede en otros países en los que se reconoce a estas organizaciones como “beligerantes”.

La CODEHUPY criticó la persecución contra campesinos y dirigentes sociales, a quienes el Gobierno caracteriza como colaboradores del EPP y los condena en juicios sin contar con los elementos probatorios mínimos necesarios.

Durante su intervención, Ayala cuestionó que esa tarea haya quedado en manos del Ejército y otras fuerzas de seguridad no policiales; pidió “más acción gubernamental para prevenir estos hechos” y un “cambio de estrategia en las políticas de seguridad del Estado”, y se solidarizó con los familiares de las personas que el EPP mantiene secuestradas.

Los referentes de la organización de derechos humanos no hicieron mención a la situación del asesinato de las dos niñas argentinas de 11 años y a la desaparición de la joven de 14, sino hasta que fueron consultados por la prensa. Tras la pregunta Ayala dijo que la Fuerza de Tarea Conjunta debiera realizar un “esfuerzo mayor” en la búsqueda de Carmen Elizabeth y “pegar carteles con su rostro” en las localidades del Departamento de Concepción.

Críticas

El informe de la CODEHUPY fue criticado por referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones de Argentina.

Durante la conferencia de prensa en Paraguay, la co-Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Nadde, intervino de manera virtual en los comentarios de la transmisión para aclarar que “los delitos de la sociedad civil o de particulares no justifican el terrorismo de Estado”.

En un mismo sentido, preguntó: “¿De las niñas argentinas asesinadas no van a comentar nada?, ¿y de la adolescente desaparecida? Desde APDH Argentina estamos muy preocupados”, dijo.

En tanto, para Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas, la conferencia de prensa de la CODEHUPY fue “lamentable” porque “pone en el mismo nivel la situación de las familias a la obligación del Estado. El rol de un organismo de derechos humanos es solamente controlar las violaciones que existen de derechos humanos de un Estado, y no tiene la potestad para evaluar otras situaciones de los particulares, ni siquiera la de las organizaciones sociales, políticas, e incluso armadas”.

“Lamento mucho este tipo de informes, en la Argentina ya lo hemos vivido con la Teoría de los dos demonios”, cuestionó.

Agregó que “ante hechos tan graves como ha sido la ejecución de niñas, (la CODEHUPY) habla de enfrentamiento sin aportar cuáles son los elementos que han tenido ellos en su investigación -que no sea la posición de la Fuerza de Tarea Conjunta- para decir que lo hubo”.

“Realmente uno espera que en oportunidad de hacer una misión tan importante se dé una actitud que pudiera ayudar al esclarecimiento de la situación de las niñas y también el rol del estado en la búsqueda de Carmen Elizabeth. Poco ayuda una organización de derechos humanos que toma la postura del Estado”.

Un duro pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay realizó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La ex Presidenta de Chile reclamó al gobierno de Mario Abdo Benítez que intensifique la búsqueda de la adolescente de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba desaparecida a principios de diciembre de 2020, en el contexto de la persecución a integrantes de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Además, Bachellet reclamó a ese Estado una investigación “rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean” a los asesinatos de Lilian Villalba y María Carmen Villalba, ocurridos durante un operativo de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) contra el EPP en la zona de Yby Yaú, en el norte paraguayo.

El posicionamiento de Bachelet -que era esperado desde hace varios meses por un conjunto de dirigentes de fuerzas progresistas de todo el continente- también se convierte en un elemento de presión sobre la Cancillería argentina, que en las últimas semanas mantuvo cautela. elDiarioAR publicó las tensiones diplomáticas entre ambos países. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Felipe Solá, admitieron que el pronunciamiento de la Alta Comisionada de Derechos Humanos “pone un paraguas” a los reclamos argentinos.

Paralelamente, está pendiente la respuesta del Gobierno nacional a la nota que los organismos de derechos humanos presentaron al Presidente Alberto Fernández el pasado 13 d enero, en la que reclamaron que Argentina “no comercie” con el país vecino, hasta tanto cesen las violaciones a los derechos humanos.

“Hasta el momento no hubo respuesta”, contó a elDiarioAR Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas. Precisamente Taffetani había calificado al Estado paraguayo como “terrorista”, en el contexto de la conferencia de prensa de los organismos de la que participaron Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, APDH La Matanza, el CELS, entre otros.

Para esas organizaciones, la nota de Bachelet implica también un espaldarazo a sus reclamos.

La Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU dijo estar “profundamente preocupada por las recientes informaciones sobre la desaparición de la niña de 14 años, y la ausencia de progresos en la investigación del asesinato de dos niñas de 11 años de edad en Paraguay”.

“De acuerdo con la información disponible -repasó-, Carmen Elizabeth, ciudadana paraguaya, fue testigo de una operación llevada a cabo hace cinco meses, el 2 de septiembre de 2020, por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra miembros del grupo EPP, en el área de Yby Yaú, aproximadamente 370 kilómetros al norte de Asunción. Las dos niñas de once años que fueron asesinadas en la misma operación, eran ciudadanas argentinas”.

En tanto recordó que “Carmen Elizabeth estaría desaparecida desde inicios de diciembre de 2020, pero su desaparición solo fue conocida recientemente cuando su tía, Laura Villalba Ayala, la denunció. Esta fue detenida el 23 de diciembre de 2020 e imputada por varios delitos. Actualmente se encuentra detenida en una instalación militar”.

Bachelet planteó que “se han conocido nuevos testimonios fiables, de acuerdo con los cuales Carmen Elizabeth fue herida en la operación del 2 de septiembre, pero huyó, mientras Lilian y María Carmen fueron capturadas con vida. Esta evidencia contradice la versión oficial del gobierno paraguayo que indica que las niñas de 11 años fueron asesinadas en un choque con la Fuerza de Tarea Conjunta”; y cuestionó que, tal como publicó este medio, “evidencias importantes del caso se han perdido. Los cuerpos de Lilian y María Carmen fueron enterrados inmediatamente y las ropas que habrían vestido al ser asesinadas fueron destruidas. Cuando los cuerpos fueron posteriormente exhumados, las autoridades paraguayas confirmaron que ambas niñas fueron asesinadas por varios disparos de arma de fuego. Sin embargo, los cuerpos fueron rápida y nuevamente enterrados, y los llamados para la realización de un examen forense independiente no han sido atendidos”.

Hasta el momento la respuesta del gobierno de Abdo Benítez fue impulsar denuncias contra los familiares de las niñas asesinadas, bajo la figuro de “asociación terrorista”, aunque no esté demostrada la participación de las madres de las menores en acciones del EPP, más allá del vínculo familiar que mantienen con algunos de los miembros de esa organización.

La Alta Comisionada “urgió a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de la niña desaparecida, Carmen Elizabeth. A la luz de las nuevas versiones de testigos sobre la captura y asesinato de las otras dos niñas, también llama a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial. Tal investigación debería examinar también por qué evidencia importante fue destruida. Un examen forense independiente debería aún ser llevado a cabo”, dijo la expresidenta chilena.

Bachelet sumó además un enfoque feminista al análisis de la situación: “Tomó nota sobre la dimensión de género en un caso que involucra a mujeres y niñas familiares de integrantes del EPP”, se indicó desde el área de Naciones Unidas.

“Ha habido preocupaciones previas sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta”, dijo.

Finalmente, reconoció que “el EPP representa una real preocupación de seguridad y ha cometido delitos graves, como secuestros -el más reciente del exvicepresidente Oscar Denis, en septiembre de 2020-”, hecho que “condenó”. Sin embargo, reiteró que “al abordar los problemas de seguridad y actividades criminales, las autoridades deben respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

SR

Los principales organismos de derechos humanos de la Argentina profundizaron su crítica al Gobierno de Paraguay por el asesinato de dos niñas y la desaparición de una adolescente y reclamaron al presidente Alberto Fernández que “no comercie” con ese país. “Paraguay es un Estado terrorista”, sintetizó Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y representante de la familia Villalba, cuyas niñas fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay, durante un operativo contra un campamento de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el 2 de septiembre pasado.

Tal como explicó ElDiarioAR la desaparición el 30 de noviembre pasado de Carmen Elizabeth Villalba potenció la tensión entre los cuerpos diplomáticos de ambos países, ya en crisis por los homicidios de Lilian Mariana y María Carmen. Desde ese momento, la Cancillería que conduce Felipe Solá remitió por lo menos dos notas solicitando la intervención del gobierno de Mario Abdo Benítez para garantizar una investigación judicial independiente de los asesinatos. La respuesta, evalúan en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, no fueron satisfactorias, también tal como publicó este medio.

Ahora, los organismos de derechos humanos más importantes del país dieron un paso más y entregaron una nota a Alberto Fernández para que limite los vínculos comerciales con el “Estado infanticida” de Paraguay.

Representantes de esos organismos brindaron este miércoles una conferencia de prensa virtual, de la que participaron, entre otros, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel del SERPAJ; Pablo Pimentel de la APDH La Matanza; Diego Morales del CELS, además de Taffetani de la Gremial de Abogados y Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.

En ese marco, informaron que dos adolescentes que estaban perdidas en el monte junto a la todavía desaparecida Carmen Elizabeth y Laura Villalba -actualmente detenida- lograron reingresar a la Argentina y dieron su testimonio ante organismos internacionales de defensa de los derechos de niños y niñas.

Tania Tamara de 19 años y Tamara Anahí, de 14, declararon ante la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que sus primas de 11 años “fueron llevadas con vida” por los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, de lo cual se desprende que las menores fueron fusiladas por los uniformados.

Esos testimonios no pudieron ser incorporados al expediente judicial de Paraguay. De hecho, durante la conferencia de prensa de los organismos de derechos humanos, Myrian Villalba, madre de una de las niñas asesinadas y tía de la menor desaparecida, denunció que “la causa judicial está totalmente paralizada”.

Pérez Esquivel planteó que lo sucedido en ese país es “un retroceso muy fuerte para todo el continente” en materia de derechos humanos, y se quejó porque “Paraguay no está buscando verdad y justicia”. Pidió, en ese sentido que “una misión internacional ingrese lo antes posible” para llevar adelante la búsqueda de la adolescente desaparecida. “El Gobierno (de Abdo Benítez) y el Ejército son responsables de esa desaparición”, dijo, y confió que compartió su preocupación con el canciller Solá.

Pérez Esquivel planteó que lo sucedido en ese país es “un retroceso muy fuerte para todo el continente” en materia de derechos humanos, y se quejó porque “Paraguay no está buscando verdad y justicia”

Marisa Graham, titular de la Defensoría de niños, niñas y adolescentes de la Nación, cuestionó al Estado paraguayo por la falta de respuestas a los pedidos de investigación. “Al principio fue muy confusa su comunicación” sobre lo sucedido el 2 de septiembre, señaló, y explicó que la situación “genera tensión entre ambos países”.

“Como Defensoría salimos a reclamar tanto a Cancillería como al Comité de Derechos del Niño (de la ONU), que se realice una investigación independiente y urgente, que creemos que el Estado paraguayo no está cumpliendo y no está dando garantías para que esa investigación se realice”, agregó.

Insistió en el pedido para que el Equipo Argentino de Antropología Forense pueda ingresar al Paraguay para realizar una autopsia sobre los cuerpos de las menores y un estudio en el territorio donde fueron asesinadas.

“Sin inmiscuirnos en cuestiones internas de Estados hermanos, decimos que se están incumpliendo con derechos humanos de niños niñas y adolescentes. No es un problema de tratados bilaterales de cooperación; estamos hablando de incumplimientos flagrantes de derechos humanos”, sintetizó.

Myrian Villalba criticó que el Gobierno de Abdo Benítez “se jacta de estar en democracia” y “no se puede permitir que capture vivas y ejecute” a las niñas. “Tenía la esperanza que hayan muerto en fuego cruzado, pero al escuchar los testimonio de mis sobrinas, es muy doloroso saber que las llevaron con vida y las ejecutaron”, concluyó.

Finalmente, Taffetani narró el periplo de las cuatro mujeres que escaparon al operativo del 2 de septiembre de las FTC contra la guerrilla que opera en el norte del país. “El grupo que logra salir con vida estaba integrado por Laura -de 36 años-, Carmen Elizabeth -desaparecida-, Tania Tamara y Tamara Anahí”.

“Carmen Elizabeth fue herida el 2 de septiembre en la pantorrilla izquierda, y tenía dificultades para huir. Ahí comienza una verdadera odisea porque tras ella iba el Ejercito permanentemente hostigando, efectuando disparos todas las noches”, agregó.

El 20 de noviembre los tres hombres baqueanos que acompañaban al grupo para ayudarlas a regresar a la Argentina “fueron asesinados con tiros a distancia, sin voz de alto, fueron otras tres ejecuciones”, señaló Taffetani. 

Las cuatro mujeres huyeron, pero diez días después, el grupo se separó para buscar comida y Carmen Elizabeth desapareció. Algunos testimonios no judicializados aseguran que vieron que intervino personal militar y de civil. “Es difícil pensar que no se la hayan llevado”, dijo la abogada.

En tanto, el 23 de diciembre fue detenida Laura Villalba “mientras buscaba a su sobrina, en un retén, se identificó y sin oponer resistencia” fue apresada. “Le plantaron una mochila con armas y uniformes. Ahora Laura está detenida en un cuartel militar, sola, es la única mujer en el lugar y con medidas de aislamiento, acusándola de ser parte de organización y logística de reclutamiento de niños y niñas. Su único delito es ser familiar” de los miembros de la familia Villalba que forman parte del EPP, argumentó Taffetani.