El presidente Alberto Fernández, junto a sus pares de Brasil y Paraguay, Lula Da Silva y Mario Abdo Benítez, firmaron hoy un comunicado conjunto en el marco de la LXII cumbre del Mercosur, sin el apoyo del mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou.

El documento firmado tras el encuentro en la ciudad misionera de Puerto Iguazú ratifica que “los presidentes renovaron el compromiso del Mercosur con el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y resaltaron la importancia de la agenda económica, comercial, social y cultural del bloque para el beneficio de ciudadanas y ciudadanos”. Además, se acordó la necesidad de fortalecer la cohesión interna del bloque y los vínculos entre los países miembros.

“Los presidentes convinieron en trabajar para fortalecer la cohesión interna del bloque, donde aún se observan distintos tipos de dificultades para el comercio y la integración, profundizar su inserción comercial internacional y articular mecanismos que favorezcan la formación de cadenas de valor regional e inter regional sustentables, justas y resilientes, para convertir al Mercosur en una plataforma productiva, potente y generados de empleo digno e inclusivo”, destacaron.

Es este punto de actuar uniformemente como bloque en el que difiere Lacalle Pou, quien aboga porque los países del Mercosur puedan negociar de manera individual sus propios acuerdos internacionales. “Uruguay tiene una mirada que viene sosteniendo desde hace algún tiempo el Presidente Lacalle, que insiste y persiste en la idea de que los socios del Mercosur pueden negociar autónomamente al Mercosur, y de algún modo expresa esa diferencia no firmando la decisión. Esa decisión que conocemos”, aseguró Alberto Fernández.

En este marco, el país vecino emitió su propio comunicado unilateral en el que resaltó aquellos puntos en común con los demás participantes de la cumbre y desarrolló su propuesta. Reiteró, así, “la necesidad de modernizar el bloque, incluyendo la conformación de la zona de libre comercio y la revisión de los instrumentos de inserción internacional con un enfoque pragmático y flexible, para encarar los desafíos de un escenario mundial de transformación”.

Lacalle Pou también resaltó las externalidades negativas resultantes de las restricciones no arancelarias del bloque, por lo que defendió su eliminación a fin de consolidar y perfeccionar una zona de libre comercio.

Con información de agencias

Paraguay el 30 de abril celebrará elecciones  generales, las octavas desde el golpe de Estado de 1989 que depuso al general Alfredo Stroessner quien gobernó el país desde 1954  y por  35 años. Y será la primera después de la pandemia global del Covid 19 en un marco de nuevos gobiernos progresistas en la región

Más de 5 millones de paraguayas y paraguayos  votarán quiénes ocuparán los cargos los próximos cinco años a partir del 15 de agosto de la presidencia y la vicepresidencia. También por las bancas de 45 senadores (más 30 suplentes), 17 gobernadores y sus 17 juntas departamentales.  La mayoría de las candidaturas son masculinas y muy poco diversas. Del total de los postulantes, 9. 095 son varones, solo 2.997 son mujeres.  Menos del 1% de las candidaturas provienen de los 19 pueblos originarios  que viven en Paraguay.

De las candidaturas presentadas a la presidencia, según los sondeos preliminares de opinión, los candidatos  que tienen mayores posibilidades de éxito cuentan con el apoyo de los partidos tradicionales que superan en aparato y afiliados al resto de las fuerzas políticas. Santiago Peña, por la nacionalista, republicana y conservadora Asociación Nacional Republicana, conocido como Partido Colorado (ANR-PC ) y Efraín Alegre por progresista Concertación para un Nuevo  Paraguay, que cuenta con el apoyo del hoy centrista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).  

El economista Peña graduado en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción y master en administración pública por la Universidad de Columbia, perteneció al PLRA hasta que se afilió al PC cuando se integró a la gestión del ex presidente  Horacio Cartes (2013-2018) como Ministro de Hacienda (2015-2017) Finalizado el mandato de Cartes, Peña integra el directorio del Banco Basa (ex banco Amambay) propiedad del ex presidente Cartes.

Alegre, ex ministro de Obras Pública en el mandato del expresidente  Fernando Lugo (2008-2012), ejerce la presidencia del PLRA donde se afilió  siguiendo a Domingo Laino, opositor de del general Stroessner. Es su  tercera  postulación a la presidencia. La primera en 2013 obtuvo 36,2% de los votos frente al 45,8% del vencedor, el  colorado Cartes. La segunda, fue derrotado por el actual presidente el colorado Aldo Benítez solo por 3,7 puntos de diferencia.

También disputan la silla presidencial, entre catorce duplas,  el derechista Paraguayo Cubas, por el Partido Cruzada Nacional (PCN); el disidente colorado Euclides Acevedo, del Movimiento Nueva República; y José Luis Chilavert del Partido de la Juventud, recordado por ser el arquero  de la selección paraguaya de fútbol y destacado deportista de América Latina en las últimas décadas.

Sistema partidista, uno de los más antiguos de Sudamérica (y del mundo)

La pugna por el poder en estas elecciones renovará el enfrentamiento histórico que han sostenido el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (con el color azul-celeste como distintivo) desde la  fundación de ambos en 1887,  en un Paraguay devastado por la pérdida de gran parte de su población, territorio   e independencia económica consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra Guasu (1864-1870). Dos fuerzas antagónicas y decisivas en la vida política de la nación que dirigieron golpes, revoluciones, guerra civil, dictaduras y juicio express. 

El Partido Colorado gobernó desde su creación  hasta la Revolución de 1904, el inicio de una era liberal finalizada 36 años después. Los colorados volvieron al poder en 1946 y ejercieron el gobierno unicolor más largo de la historia, hasta el 2008.  

Los colorados volvieron al poder en Paraguay en 1946 y ejercieron el gobierno unicolor más largo de la historia, no sólo nacional, hasta 2008, cuando el obispo católico Fernando Lugo derrotó a la candidata presidencial colorada Blanca Ovelar.

En ese extenso arco temporal sucedieron la dictadura del general Higinio Morinigo (1940-1948) y la Guerra Civil de 1947, un ciclo de presidencias inestables (de 1948 a 1954), y la asunción al poder del general Alfredo Stroessner en 1954.

Durante el stronato el antiguo bipartidismo cedió ante un Partido Colorado hegemónico, aliado del Estado y las FFAA: un triángulo dictatorial que debilitó al opositor Partido Liberal y a cualquier fuerza contraía al régimen. Sin embargo la  caída del gobierno  militar y colorado más largo de Sudamérica no impidió que el partido triunfara en las cuatro sucesivas elecciones generales celebradas entre de 1989  y 2003.  La derrota en los comicios de 2008, no fue por un liberal sino por el ex obispo Fernando Lugo, integrante del tradicional Partido Liberal.  Lugo no alcanzó a terminar su mandato; en 2012 fue destituido en un juicio político, con los votos del propio PLRA que lo había llevado a la presidencia. El PLRA volvió al poder en el 2012  hasta agosto del 2013 con Federico Franco, que había sido electo como vicepresidente en el 2008. Aun así, la ruptura de la alianza entre los liberales y la izquierda allanó el camino para el retorno al poder del PC, apenas 5 años después, en 2013, el empresario multimillanario Cartes se impuso ante  Alegre por casi 9% de los votos que mostró una vez más  la puesta en marcha en el aparato político la mayor parte basada el aparato de estado y el clientelismo electoral.

Excepciones que pusieron a prueba la regla

El único sector que rompió la hegemonía de colorados y liberales desde la creación de estos partidos políticos fue el movimiento febrerista sobre la base de ex combatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935) liderado por Rafael Franco, quien con el apoyo de militares, estudiantes, campesinos y obreros accedió al   poder entre febrero de 1936 y agosto de 1937, formando parte del gobierno de coalición en 1946. Se convirtió en el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) en 1951.

En 1960 se formó el Movimiento Social Cristiano, que luego fue en 1965 el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Otros dos partidos, el Comunista Paraguayo (PCP) y el de los Trabajadores (PT), tuvieron alta participación en la lucha contra el autoritarismo  de Stroessner pero con poco peso político representativo en el Congreso.

Internas coloradas

Los referentes del PC, el actual presidente Benítez y ex presidente Cartes se hallan enfrentados por obtener el control interno de este partido institucionalizado a la manera del PRI mexicano. Ambos han esgrimido como excusa mutuas y explícitas acusaciones de corrupción. El primero,  imputa de contrabandista a su rival, el segundo no vacila en denunciar que el actual presidente promueve la campaña en su contra cuyo resultado son las sanciones impuestas por EEUU. 

Benítez, líder  de la corriente Fuerza Republicana, promovió sin éxito la candidatura de Arnoldo Wiens, su ex ministro de Obras Públicas, luego de fracasar en la de su ex vicepresidente Hugo Velásquez  que debió bajarse por la calificación de “significativamente corrupto” sostenida por EE UU.  Cartes a la cabeza de Honor Colorado  impulsó a Peña, su ex ministro de Hacienda y obtuvo un aplastante triunfo que le valió también ser proclamado como nuevo presidente del partido.

Peña - acusado por Wiens de “empleado del patrón” que necesita volver al poder para conseguir impunidad-  que parecía  más moderado en las internas acusó a sus adversarios de pillos y peajeros cuando se conoció un supuesto negociado con petróleo de Venezuela (PSVSA), triunfó en las primarias el 18 de diciembre de 2022. En esa ocasión proclamó: “Este sueño es el sueño de Paraguay con más oportunidades para todos. Hoy ganamos todos”.  Poco tiempo después, se produjo el clásico abrazo republicano entre los dos candidatos colorados a la presidencia: el vencedor y el vencido.

Las campañas presidenciales de los colorados y azules

El PC o ANR  padece una restricción económica dado que los bancos no le otorgaron los créditos solicitados de 37.000 millones de guaraníes (más de 5 millones de dólares) para el financiamiento de 768 candidaturas partidarias. La razón se debe a que Cartes a raíz de las sanciones por corrupción impuestas por EEUU tiene bloqueado el uso de sistema financiero de ese país y delegó la gestión de los créditos en manos de la Junta de gobierno del partido que hasta ahora no ha obtenido éxito en la gestión faltando semanas de las elecciones general. En consecuencia, aumentó el clima de incertidumbre entre los colorados  y ha amenguado el vigor de la campaña electoral a tal punto que parte de la dirigencia pidió la renuncia de Cartes.

Peña centró su campaña proselitista presidencial en control de la inflación y la promesa de crear 500.00o nuevos empleos en un quinquenio. Paraguay auguró debe ser plaza privilegiada para inversiones extranjeras. “Más linces y menos motochorros” fue uno de sus lemas, aludiendo al Grupo Lince grupo motorizado de la Policía Nacional abocado principalmente a la seguridad de las calles. En su afán de seducir los votos de la derecha conservadora, el 28 de febrero pasado elogió al General Stroessner como el autor “responsable de más de 50 años de seguridad en Paraguay”.

Cartes  representa a su grupo económico de más de 70 empresas que abarcan la ganadería, finanzas, industria tabacalera, cementera, bebidas, la alimentación, en el ramo de la hotelería, el sector inmobiliario, grandes medios de comunicación, entre otros. Alegre  el principal adversario político de Cartes, representa a grupos empresariales de diferentes sectores, locales y del exterior, afectados por la fuerte irrupción del “cartismo” en el mercado.

Alegre ganador de las internas de Concertación de un Nuevo Paraguay integra la fórmula presidencial con Soledad Nuñez, ex secretaria de Vivienda y Habitat durante el mandato de Cartes. El santo y seña de su campaña se ha asentado en la corrupción “¿Qué Paraguay queremos para nuestras familias?” “¿El Paraguay de Cartes, la mafia y la corrupción o un Paraguay de esperanzas y oportunidades para nuestras familias?”. No dudó en sostener el proceso de mexicanización que asola al país por la presencia del crimen organizado y las mafias. A la vez  en oposición a la declarada inclinación privatista de Peña, ha prometido la recuperación del sistema de salud, “público gratuito y de calidad” con medicamentos gratuitos y reducción del 50% del pasaje de transporte público para los estudiantes  universitarios

La Concertación para un Nuevo Paraguay

La Concertación aglutina la oferta opositora en una única fórmula a las elecciones presidenciales y ya acordó 12 ejes programáticos comunes en áreas como salud, educación, desarrollo social, la gestión de Itaipú y Yacyretá y la seguridad alimentaria. Entre los espacios que componen la concertación se destacan el histórico PLRA, el Frente Guasu-Ñemongeta (FG) agrupación progresista que tiene como referente al expresidente Lugo, el centroizquierdista Partido Encuentro Nacional (PEN)de la popular diputada Kattya González, el conservador Patria Querida y el Movimiento Despertar que agrupa a candidatos independientes que se suman a la Concertación. La Concertación no se extiende a las elecciones a las gobernaciones departamentales y al Congreso, instituciones a las que las distintas fuerzas políticas presentarán sus propias candidaturas independientes.

El apoyo del FG es central. No por casualidad Alegre declaró que ex presidente Lugo quien se encontraba internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, recuperándose de un ACV “es la figura más importante de la Concertación y tendrá un rol protagónico en este proceso y en el gobierno”. La candidata presidencial de esa fuerza, Esperanza Martínez declinó su postulación el 15 de agosto 2022 para apoyar e integrar el gran frente anticolorado.

Los programas de gobierno de los dos principales candidatos, Peña y Alegre -referenciados en los dos partidos tradicionales -ofrecen el mismo modelo económico trazado por el FMI, sin promesas de reformas radicalizadas.  La situación puede complejizarse en cuanto provoque diferencias en la Concertación Nacional entre el bloque principal y un sector de la centroizquierda que la integra. La coincidencia que los aglutina -basada  la posibilidad de una alternancia en el poder del Estado ante la hegemonía del PC- podría quebrarse. 

Paulatino quiebre de la hegemonía del bipartidismo

La cantidad de nuevos movimientos y grupos políticos regionales y nacionales de todas las tendencias que participarán de los comicios de abril  señalan que hay un alejamiento paulatino de los dos partidos tradicionales  que sin embargo siguen obteniendo la mayor cantidad de votos en las elecciones.  Un número no menor de “participantes ausentes”, miles jóvenes entre 18 y 25 años de la ciudad y del campo que soportan el desempleo, la exclusión de la educación, no están involucrados con organizaciones políticas y no acuden a votar, que esconden un profundo rechazo a la situación actual que vive el país, sus instituciones y sus políticos corruptos que son elegidos por la manipulación del sistema electoral, los aparatos partidarios y el dinero abundante.

El proceso que se abrirá después de abril no tiene una definición clara de su sentido. En el último año no hubo grandes explosiones de protesta como aconteció en la mayoría de los países de la región lo que no significa que no suceda en la próxima  Presidencia que recibirá un país con una alta deuda, pobreza, corrupción, condiciones de desigualdad muy grandes, la destrucción sistemática e incontrolada del medio ambiente y los desalojos de comunidades campesinas y pueblos originarios enteros con violencia e impunidad, inseguridad, el impacto de los grupos ligados al narcotráfico y una economía que a pesar de estos factores negativos  crece a buen ritmo.

AGB

La Contraloría General de Paraguay presentó al poder ejecutivo un sistema de control preventivo que incluye la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de reducir los márgenes de corrupción. El presidente de la Contraloría General de la República del Paraguay,  Camilo Benítez  detalló en una rueda de prensa que el proyecto presentado al Ejecutivo el miércoles 13 de abril busca la modernización digital en la institución con la creación de plataformas digitales o sowtfare que detecten las anomalías en el control fiscal.

Los medios insuficientes de la Contraloría para llevar a cabo una labor eficaz en el gasto público, muchas veces vinculado al enriquecimiento ilegal del patrimonio de los funcionarios públicos, acicatean esta propuesta. 

¿Cómo ayuda el ‘minado de datos’ en el combate a la corrupción? 

La propuesta trata la implementación de una herramienta basada en IA que ofrece la oportunidad para obtener insights, además de estructurar la información para darle sentido. De esta manera, las autoridades y los ciudadanos en general pueden identificar inconsistencias, gracias a algoritmos que difícilmente pueden sobornarse. 

De manera sintética, la IA aporta mayor objetividad y tecnicismo a los procesos de control y trasmite mayor transparencia en el manejo de la cosa pública. 

Reunión en el Palacio López

El contralor Benítez sostuvo un encuentro con el presidente paraguayo, el conservador Mario Abdo Benítez del Partido Colorado, y el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Fernando Saguier, en el Palacio de López, sede del Gobierno en la ciudad capital de Asunción. Finalizada la reunión, el contralor general valoró ante la prensa el resultado como “el día de hoy es histórico para nuestra institución”. Las razones se deberían “al cambio del modelo de Control Fiscal que se realiza en Paraguay”. 

El proyecto ya había sido presentado el año pasado, cuando “con una comitiva de contralores de Latinoamérica vinimos a hablarle al presidente de la República acerca del cambio de modalidad que tiene el control fiscal en Latinoamérica. Paraguay preside la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores para los próximos 3 años y uno de los planes objetivos es que se complemente el control posterior con un control preventivo, con la ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial, informó el contralor Benítez.  

“Tenemos la sensación de que vamos a tener todo el apoyo de la Presidencia para que emitan las normativas o decretos que instan a instituciones públicas a migrar su información patrimonial a herramientas tecnológicas y mejorar el gasto público y reducir los índices de corrupción”, detalló Benítez quien mencionó la experiencia “fenomenal” de las Contralorías de Colombia, Perú y Chile en cuanto al control preventivo utilizando tecnologías con IA que ha reducido enormemente la malversación del erario público.

A pesar de la entusiasta confianza del Contralor, el cambio de sistema requiere modificaciones legislativas que pondrán a prueba si existe la suficiente voluntad política para que se ponga en marcha el proyecto presentado. “La inteligencia artificial podrá ayudar a que el gasto mejore y no solo llegar para castigar a quien ejecutó mal el gasto público. Los programas detectan cuando empresas se unen para subir el precio. En caso de los subsidios detecta si la persona está fallecida, si no reúne condiciones para ser beneficiaria, etc”, fundamenta Benítez. . 

Alcance de la corrupción en Paraguay 

Según datos del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, la nación paraguaya ocupa el puesto 128 de 180 países, y el segundo lugar en la región después de Venezuela. El IPC selecciona la clasificación de los países con base en sus “niveles percibidos de corrupción en el sector público”. Los resultados siguen una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).La puntuación más reciente de Paraguay fue de 30 sobre 100. 

El contralor Benítez representó al Paraguay en la celebración del Día Nacional contra la Corrupción, el 9 de diciembre pasado, en el marco de las efemérides de los veinte años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y repudió en su discurso de apertura la “trampa de la corrupción”. Sin embargo, los principales referentes del oficialismo, el actual presidente Benítez y el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) se encuentran enfrentados por mutuas y explícitas denuncias de corrupción. Benítez sostiene que la actividad política de Cartes se sostiene por su riqueza personal “proveniente del contrabando” principalmente de cigarrillos y Cartes, que el actual mandatario lleva en su haber una serie sanciones impuestas por EEUU que también alcanzaron al actual vicepresidente Hugo Velázquez.

A pesar de las entusiastas intenciones proclamadas por la Contraloría hay algo que queda claro en cuanto  la aplicación de la IA para combatir la corrupción: la tecnología no lo es todo. En Paraguay como en cualquier otro país para obtener los resultados esperados deberá fortalecer los procesos institucionales - la rendición de cuentas y la protección de testigos- y los sistemas de justicia para garantizar su fiabilidad a la hora de aplicar la ley. 

AGB

Osvaldo Villalba, uno de los principales líderes de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), murió este domingo en combates con integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Amambay (noreste), en un hecho en el que también perdieron la vida otros dos presuntos integrantes de esa organización.

Así lo confirmó en una conferencia de prensa el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien indicó que este hecho se registró después de un trabajo de inteligencia de más de un año.

“Esta mañana han sido abatidos tres integrantes del grupo terrorista denominado Ejército del Pueblo Paraguayo”, afirmó el mandatario.

Abdo Benítez se trasladó hasta la sede del Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI-FTC, ubicada en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, junto a su ministro del Interior, Federico González.

Según el jefe de Estado, uno de los fallecidos “es una de las cabezas” del EPP, Osvaldo Villaba, de 39 años, cuya identidad aseguró han confirmado.

También murió un sujeto identificado como Luciano Argüello y un tercero que presumen hace parte de ese grupo y cuya identidad “todavía está por confirmarse”.

El jefe de Estado lamentó que dos integrantes de los pueblos originarios fueran “asesinados por este grupo” y otro más quedó herido.

“Esta no es la forma de luchar por lo que uno piensa, por los ideales que defienden, nosotros volvemos a hacer un llamado para que haya una paz en el Paraguay, para que no tengamos estos hechos de violencia entre paraguayos”, agregó.

En ese contexto, el gobernante ofreció a quienes depongan las armas “todas las garantías” de que serán sometidos al debido proceso.

“El Paraguay requiere el reencuentro de su gente, de su pueblo”, agregó Abdo Benítez, quien en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hizo un llamado a la paz y a que “estos hechos de violencia queden atrás”.

El fiscal Lorenzo Lezcano indicó en la misma rueda de prensa que el tercer abatido sería un indígena, cuya identidad están “procesando”, y al que se refirió como alias “Simón”.

Lescano denunció que dos indígenas fueron “ejecutados” por miembros del EPP y que uno más, que sufrió heridas, permanece “bajo pronóstico reservado” y es atendido en Asunción, la capital del país.

OPERACIÓN IMPORTANTE

Por su parte, el jefe de Antisecuestros de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, indicó que en la denominada “operación Zeus” fue abatido el “comandante y líder principal” de la EPP, de quien dijo ingresó a esa estructura “siendo menor de edad”.

“Para nosotros, es la operación más importante que se llevó hasta hoy día contra una estructura terrorista en nuestro país”, agregó el jefe policial, quien detalló que Villalba “llevaba toda la dirección operacional” del EPP.

Cardozo señaló a Osvaldo Villalba de haber participado, entre otros, del secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999).

Osvaldo Villalba, también conocido como comandante Alexander o Javier, es hermano de Carmen Villalba, detenida en 2003 y quien permanece en prisión desde 2004.

Carmen Villalba es considerada fundadora en 2008 del EPP junto a Alcides Oviedo, su ahora exesposo y quien purga una pena de 40 años de cárcel.

De igual forma, Cardozo indicó que Argüello, de 31 años, era parte de la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP), una escisión de la guerrilla EPP, y que se sumó a esta última organización después de que el primer grupo desapareciera tras ser abatidos sus líderes.

El EPP mantiene en cautiverio desde septiembre de 2020 al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis y desde 2014 al policía Edelio Morínigo.

Con información de EFE.

IG

El vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez explicó en un comunicado que aún no dimitirá, luego de que el pasado viernes se dijera dispuesto a abandonar el cargo tras ser incluido por Washington en su lista de corruptos. “He decidido no renunciar a la Vicepresidencia de la República debido a que, como a cualquier ciudadano paraguayo, me ampara el derecho constitucional al debido proceso y fundamentalmente la presunción de inocencia”, alegó.

El funcionario dijo haber informado al presidente del país, Mario Abdo Benítez, de su posición de retrasar su salida “hasta recibir información oficial” sobre las que tachó de “acusaciones infundadas”.

En ese sentido, anticipó que pedirá a los organismos correspondientes los detalles de la acusación:“un supuesto intento de soborno a un alto funcionario público local, a través de otra persona”, algo que negó “categóricamente” y aseguró “jamás ocurrió”.

En su comunicación, dijo haber recibido anoche confirmación de que el Ministerio Público no tiene una causa abierta en su contra y que solicitará un informe “con datos concretos” a la embajada de EEUU en Asunción.

El pasado 12 de agosto, la fiscal general, Sandra Quiñónez, ordenó realizar un “análisis técnico jurídico” de la declaración estadounidense para determinar si existen “hechos con relevancia penal” y si procede la apertura de una investigación.

“Recurriré incluso a las instancias judiciales estadounidenses para limpiar mi nombre y el de mi familia”, señaló Velázquez, quien argumentó que habló de renunciar porque supuso que “existía alguna investigación en curso”, lo que “no es así”.

Horas antes, había anticipado esta decisión a medios locales. “Lo que voy a hacer es atajar mi renuncia, yo no estoy diciendo no voy a renunciar”, declaró Velázquez a la Radio Monumental.

El funcionario aseguró que senadores del oficialismo y la oposición le pidieron frenar su dimisión hasta tanto tengan información sobre los hechos que le imputan. En ese contexto confirmó que para ello el Congreso convocó para el próximo lunes al canciller paraguayo, Julio César Arriola. Además, declaró a la emisora ABC Cardinal que “de manera oficiosa” conoció que tampoco existe una investigación contra él en EEUU.

La senadora colorada Lilian Samaniego aconsejó al vicepresidente paraguayo que desistiera de su renuncia. Para la legisladora, el embajador de EEUU "no puede en una conferencia de prensa decidir la vida política y también institucional del país"

Por otro lado, ratificó como “inamovible” su renuncia a la precandidatura presidencial por el oficialista Partido Colorado, que asumió el ahora exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens en alianza con el extitular de Educación Juan Manuel Brunetti.

Sobre las declaraciones de Velázquez, el presidente del Senado, el oficialista Óscar Salomón, declaró a periodistas que se trata de una decisión “absolutamente personal” del funcionario, aunque admitió que aguardaban ayer, miércoles, por la presentación de la renuncia del vicepresidente para convocar a una sesión para su análisis. En todo caso, consideró que el vicepresidente “tiene derecho a pedir información”.

La también senadora oficialista Lilian Samaniego confesó haber aconsejado a Velázquez de que desistiera por ahora de su salida. “Su renuncia está en suspenso”, defendió. Para la legisladora, el embajador de EEUU “no puede en una conferencia de prensa decidir la vida política y también institucional del país”, y señaló que debe tener “los elementos, las pruebas reales” sobre lo que anunció.

A su vez, su legislador opositor Hugo Richer apoyó que el vicepresidente pida información sobre la acusación, pero señaló que, “mientras tanto, él tiene que renunciar”.

AGB con información de agencias y diarios

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), dio a conocer los resultados obtenidos en la encuesta realizada entre el 16 de mayo y el 9 de junio de 2022 en Paraguay.

El universo consultado telefónicamente fue de varones y mujeres paraguayos residentes en su país a partir de los 18 años, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento de áreas urbanas y rurales, desde la ciudad capital de Asunción capital y 14 de los 17 departamentos del  Paraguay excluyendo la población residente en la región del Chaco Paraguayo (3% de la población total).

En total fueron consultadas 2006 personas, que respondieron sobre 14 temas según preguntas orientadoras:

1. En primer lugar, un dilema anticuado, pero imprescindible: Estabilidad o Cambio para el Paraguay.

Cambios profundos, pide el 70,3 %

Estabilidad, anhela el 19,4%

Cambios moderados, regatea el 9,5%

2. La segunda cuestión fue personal: Imagen de Mario Abdo Benítez.

Positiva: 12,2% (en agosto 2021, 17,9%)

Negativa: 81,4% (en agosto 2021, 78,7%)

3. La tercera pregunta fue general: Evaluación de la gestión de Mario Abdo Benítez.

Buena o muy buena: 16,7%

Mala o muy mala: 82,6%

4. La cuarta pregunta fue específica: Evaluación por áreas de la gestión de Mario Abdo Benítez.

El 34,4% la juzga mala o muy mala, y el  9,7% la juzga muy buena.

El 21,4% la considera buena, y casi en paralelo el 22,4% la cree mala o muy mala.

El 29,9% entiende que ha sido un combate bien planteado, y nuevamente casi en paralelo el 30,1% lo ve muy o muy mal desarrollado.

5. En la quinta pregunta se pasó del ámbito público a la esfera privada: Problemáticas del hogar.

El 63,5% sí las tuvo, el 36,3% dice que no.

El 60,0% responde que sí se ha endeudado, el 39,8% que no.

El 43, 3% responde que sí, el 56,0% que no.

6. El sexto asunto sigue en casa y en familia: Ayuda económica por hijos.

El 55,0% dice que sí, pero un 42,3% teme que resultaría un gasto demasiado grande para el país

7. En séptimo lugar, plato único: Área prioritaria a subsidiar.

El 39,5%, la canasta básica de alimentos; el 28,0%, la cobertura de salud pública; la mayoría, un 42,0%, ambiciona un subsidio para las tarifas de los servicios de agua y electricidad.

8. La octava pregunta indaga: el Imaginario sobre el Partido Colorado.

Un 50% acordó con Paraguay nunca progresará mientras gobierne el Partido Colorado.

Un 22,9%, casi la mitad, acordó con que El Partido Colorado es el único que sabe gobernar Paraguay:

9. En noveno lugar, el enigma de cómo asegurar que no haya inseguridad: Solución para acabar con la delincuencia.

El 29,3% cree que es mejor mejorar la economía y la educación

El 42,0% prefiere más policía y mano dura.

10. La décima cuestión fue sobre si el Estado sería benéfico o maléfico al intervenir: Calidad del trasporte.

El 72,7% dice una intervención del Estado sí mejoraría la calidad del transporte.

El 22,5% cree que una intervención del Estado no mejoraría la calidad del transporte:

11. Otra vez, el Estado: Intervención estatal en las tarifas eléctricas, sí o no.

El Estado sí debería intervenir para que los paraguayos paguen tarifas eléctricas más baratas: 71,9%

El Estado debe destinar recursos a cosas más importantes que el precio delas tarifas eléctricas: 25,7%

12. La duodécima cuestión, sobre la enajenación del Paraguay: Tierras: apropiación extranjera

Debería limitarse la posesión de tierras por extranjeros: 84,7%

Da igual si los dueños son paraguayos o extranjeros: 14,7%

13. Y por fuera del Estado, en el décimo tercer lugar: Imagen de actores sociales

Movimientos Campesinos e Indígenas

Positiva: 42,7%

Negativa: 42,5%

Funcionarios Públicos

Positiva: 42,1%

Negativa: 49,0%

El Partido Colorado

Positiva: 33,2%

Negativa: 57,0%

El cartismo (la corriente del empresario millonario y ex presidente colorado Horacio Cartes)

Positiva: 28,3%

Negativa: 59,6%

El Congreso Nacional

Positiva: 16,4%;

Negativa: 76,4%

14. La décimo cuarta pregunta: Quién fue el mejor presidente paraguayo (de los últimos tres cuartos de siglo)

Fernado Lugo, 37,4%

Horacio Cartes: 20,3%

Alfredo Stroessner: 14,4%

Nicanor Duarte Frutos, 8,0%

En menos de un año, el 30 de abril, Paraguay celebrará elecciones presidenciales. Es una sociedad joven. En una población total de de 7.353.976 habitantes, según la estimación para 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE) paraguayo, el promedio de edad son 27 años.

De cada 100 personas encuestadas por CELAG, 37 (y media) opinan que el mejor presidente que recuerdan es Fernando Lugo. Un obispo católico, de San Pedro, la diócesis más pobre del país, único en quebrar la hegemonía colorada del poder político, que no completó su mandato, y fue que depuesto en 2012 por un impeachment express o golpe parlamentario soft.

Pero en junio de 2022, según el mismo informe demoscópico, lo hayan conocido o no, de cada 100 personas encuestadas, 14 y media piensan que el mejor presidente fue Alfredo Stroessner, colega paraguayo del argentino Jorge Rafael Videla y el chileno Augusto Pinochet en el Plan Condor. Candidato perpetuo del Partido Colorado, desde 1954 el general Stroessner fue elegido presidente en cada elección celebrada, hasta ser depuesto en febrero de 1889 por otro militar, su consuegro el general Andrés Rodríguez. .

AGB

El presidente Alberto Fernández supervisó este lunes en la ciudad de Ayolas junto a su par de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, los avances del proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá, que posibilitará ampliar la capacidad de generación de energía de la Central Hidroeléctrica Yacyretá entre un 9 y un 20 por ciento.

“Argentina y Paraguay tienen un destino común que queremos profundizar, y parte de ese destino común lo estamos construyendo aquí”, afirmó Fernández durante la recorrida, acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; el canciller Santiago Cafiero y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Destacó que “estas obras son importantes porque suman más energía para los dos países en un mundo en el que está siendo muy demandada”, y señaló a su vez la importancia de “trabajar mucho más juntos en el Mercosur y de ese modo unirnos para poder llegar al mundo”.

En el mismo sentido, Abdo Benítez resaltó que esta obra “representa un ejemplo del compromiso que tenemos en los procesos de integración regional y de la coordinación entre Paraguay y Argentina”.

“Todos sufrimos la necesidad de generar trabajo en un momento en el que, a consecuencia de las medidas sanitarias, el empleo era un problema en toda la región, pero esta obra casi no paró y eso permitió generar un impacto social importante”, valoró el mandatario paraguayo. 

También participaron de la actividad la primera dama de Paraguay, Silvana Abdo; el ministro de Relaciones Exteriores, Julio César Arriola; el embajador argentino en el país vecino, Domingo Peppo; y los directores de la Entidad Binacional Yacyretá Nicanor Duarte Frutos (por Paraguay) y Fernando De Vido (por la Argentina).

Las obras de ampliación de la central hidroeléctrica se iniciaron en junio de 2020 y suponen una inversión total de más de 310 millones de dólares (de los cuales 63 millones de dólares ya fueron desembolsados), y su ejecución posibilita la generación de 800 puestos de trabajo directos y 2.400 indirectos.

El proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá permitirá ampliar la capacidad de generación de energía de la central aproximadamente entre un 9 y un 20 por ciento, según fluctúe el nivel de agua del río Paraná, realizando un aprovechamiento de los caudales que deben ser erogados por razones ambientales.

Se trata de una iniciativa de bajo impacto ambiental, ya que no genera nueva superficie inundada ni relocalizaciones, que contempla las obras de la embocadura y el canal aductor a la central, la casa de máquina y el canal de fuga. También requerirá una instalación para la transferencia de peces y una playa de maniobras e interconexión, con las correspondientes líneas de transmisión.

Luego de la recorrida, Fernández y Abdo Benítez encabezan en el Centro Cultural “Mil Viviendas” de Ayolas la entrega del título de propiedad de 1.134 casas a pobladores locales.

Al término de este acto, los jefes de Estado mantendrán una reunión de trabajo en el Centro Administrativo de la Entidad Binacional para analizar la marcha de las relaciones bilaterales, la situación internacional y la política de ambas naciones hacia el Mercosur, y a continuación brindarán una declaración conjunta a la prensa.

En la última actividad oficial en Paraguay, Abdo Benítez y la primera dama ofrecerán un almuerzo en honor a Fernández y la comitiva argentina en la residencia presidencial ubicada en la Isla Yacyretá.

Participarán de este encuentro el vicepresidente del Paraguay, Hugo Veláquez; los ministros del Interior, Federico González; y de Obras Públicas, Weins Durksen; el gobernador del Departamento paraguayo de Misiones, Carlos Arrechea; y el intendente de Ayolas, Carlos Duarte.

También forman parte de la delegación argentina los diputados nacionales Fabián Antonio Borda y Jorge Antonio Romero, y la diputada Nancy Sand.

Con información oficial.

IG

El presidente de Paraguay, el colorado Mario Abdo Benítez, destituyó el último martes de febrero a su ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, después de que se conoció su contacto con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, el narcotraficante detenido el pasado 17 de febrero en Foz de Iguazú, en el marco del operativo internacional Turf con apoyo de la Agencia Antidrogas de los EEUU (DEA) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Una semana después, se sumó la destitución de Joaquín Roa de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) seguida por las denuncias de la diputada liberal Celeste Amarilla que involucran al propio presidente de la República.

En su oportunidad, el jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Huttemann transmitió al periodismo  la decisión del primer mandataria de reemplazar al ex ministro Giuzzo sustentada en “la profunda convicción y necesidad de salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior”.  

El hecho no es aislado, sino que constata la permanencia de la narcopolítica, una aritmética entre el poder y las drogas, en la República del Paraguay. Se remonta a los años ‘60 y ‘70, cuando políticos y militares del Partido Colorado durante  el gobierno del General Alfredo Stroessner  (1954-1989) junto a sus socios empresarios, manejaron las redes del tráfico de heroína, cocaína y marihuana, además del contrabando de armas, cigarrillos, whiskys, perfumes y electrónicos.   

Anteriomente, el contrabando estuvo concentrado al sector de materias primas llevado por grandes familias zonales. El cambio se produjo con la llegada de Luciene Darguelles, un ex colaboracionista de la Gestapo en Francia, quien con el nuevo nombre de Auguste Ricord  introdujo la heroína en Paraguay  y abrió  la ruta a EEUU.  El resultado fue muy favorable para un negocio que con la complicidad de los jerarcas militares –en ese momento la clase alta- produjo ingentes sumas de dinero.  La caída de Stroessner la noche del 2 y la aurora del 3 de febrero de 1989 por el levantamiento militar conocido como el Golpe de la Candelaria, dirigido por su consuegro el general Andrés Rodríguez, implicado en el narcotráfico significó el inicio a  una transición democrática donde la droga continuó su ascenso. “Con la democracia, la droga se democratizó”  ilustra el cineasta y periodista asunceno Juan Salinas, en su documental Paraguay. Droga y banana (2016) estrenado la ciudad capital de Asunción.   

Después del derrocamiento de Stroessner, se instauró un “nuevo orden” todos pudieron hablar y protestar y solo algunos pudieron prosperar. Al grupo de “empresarios exitosos” o “empresarios fraudulentos” que acumuló fortunas increíbles con el robo en la construcción de las empresas hidroeléctricas de Itaipú (Paraguay-Brasil) y Yacyretá (Paraguay-Argentina), se sumaron los narcotraficantes, contrabandistas y falsificadores de toda laya  que lavaron dinero a través de los bancos de Paraguay.  

Los dos sonados casos de remoción de ministros acaso muevan la opinión pública a favor de Mario Abdo Benítez, quien casi un año atrás fue interpelado duramente en la movilización ciudadana “Estoy para Marzo 2021”, o Tercer marzo paraguayo.

La demanda regional de cannabis, la creación de nuevas rutas terrestres desde la ciudad capital de Asunción hacia el Brasil y la inmigración brasileña a los departamentos nororientales propiciaron una geopolítica de las drogas de acuerdo a los conflictos surgidos por el control de territorios, sus recursos y las comunidades implicadas en su producción, acopio y distribución.  

En los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, Caagazú, Caazapá, Itapúa  y Concepción, todos fronterizos con Brasil, y el de San Pedro los narcotraficantes con absoluta impunidad integraron a su cadena de influencias autoridades locales (alcaldes, intendentes, diputados, policías, militares, funcionarios públicos) y empresas de transporte, de logística, financieras y aparatos de seguridad, además de una poderosa y oculta red de lavado de dinero. Aunque el país tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina, en esos departamentos la realidad es muy otra.

En el 2021,  los 137 homicidios registrados en el departamento de Amambay, cuya capital es la ciudad Pedro Juan Caballero, conocida como la Sinaloa de Paraguay, representaron el 28 por ciento de los asesinatos del país, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Convivencia Ciudadana , adscrito al Ministerio del Interior- resultado de las rivalidades y enfrentamientos entre organizaciones brasileñas y locales y entre bandas brasileñas: una “guerra de narcos” latente que estalla de manera intermitente. El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), además de los Amigos dos Amigos (ADA) se reparten el territorio paraguayo con grupos locales en permanente disputa. No son los únicos que siembran amenaza y terrores:  el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una organización autodenominada marxista-leninista -que montó videos en YouTube uniformados haciendo proclamas- reivindica atentados, secuestros y amenazas, sin que ninguno de los grupos políticos o sociales de la izquierda paraguaya apoye sus acciones, entre ellas   la acusación por los asesinatos de dos niñas argentinas de 11 años.  

Según estimaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) el tráfico de cocaína  mueve unos 650.000 millones de dólares anuales,  sin gran mercado en el país por su costo elevado en un principio   pero que a partir de 2009 los intermediarios comenzaron a volcarla en el mercado interno por  tener mayor disponibilidad.  El “chespi”12 como es llamado el usuario de cocaínas fumables y de pasta base, indistintamente, tiene por territorio la calle asuncena y las periferias de las ciudades. Las exportaciones de cannabis aportan 709.5 millones de dólares; el 80 % de la marihuana se consume en las grandes ciudades brasileras y también abastece a Chile, Argentina y Uruguay. La suma de estas cifras se acerca al principal rubro lícito; los 1.594,2 millones de dólares en semillas de soja -ganancia para unos pocos y exclusión social del campesinado y de los pueblos originarios- que Paraguay vende al mundo.    

Paraguay, el mayor productor del cultivo de marihuana en la región, por su emplazamiento geográfico es centro cardinal para la distribución de la cocaína procedente de Bolivia, Colombia y Perú para los mercados de Brasil y Europa, y también a través de Uruguay.

La logística de este tráfico transnacional que exige trabajos de   producción, almacenamiento, procesamiento –a través de laboratorios clandestinos– y transporte nacional e internacional, de gran variedad y dimensión impone, sin excepción, el ejercicio de poder y la colaboración del Estado y de la sociedad, al menos parte de ella.

La existencia de áreas “privatizadas” por representantes estatales, que gracias a éstos son gestionadas y controladas por redes criminales de acuerdo con sus propias normas y criterios abonan una corrupción sistémica - “el virus político” como lo llamó el autor de El Dolor Paraguayo (1911), Rafael Barret- que no se encuentra limitado al narco; desde hace décadas, también el tráfico de armas ha integrado un comercio cuya existencia ya es familiar para la sociedad paraguaya: el viernes, media tonelada de armas de uso civil fueron confiscadas en el aeropuerto de Asunción.

Los idus de marzo

El presidente  Mario Abdo Benítez, “Marito”  para diferenciarse de su padre de igual nombre y alto funcionario del stronatto, cuando fue interrogado respecto a la continuidad de Giuzzo,  duramente cuestionado en las redes sociales por la ciudadanía, a raíz del tiroteo ocurrido el 31 de enero durante la celebración del multitudinario festival Ja`umina en la ciudad de San Bernadino, el principal centro veraniego del país,  que dejó como saldo dos muertos y ocho heridos, solo respondió que el pedido o las críticas son cuestiones políticas.

Giuzzo el 4 de febrero enfrentó una amenaza de juicio político a raíz de ese atentado que se consideró  un ajuste de cuentas entre narcos, con el objetivo de matar Rojas Mora, con orden de captura internacional y 34 procesos en Brasil y que en Paraguay actuaba como empresario ganadero.

A menos de un mes del luctuoso episodio, después de que se conocieran  los contactos de Giuzzio con el narcotraficante brasileño Marco Vinicius Spíndola Marqués de Padua  , el presidente  lo relevó del cargo. El ex Ministro explicó en Twitter cuando en 2021 recibió la visita de Marcos Vinicius  Spíndola Marqués de Padua en una unidad de la Agrupación Especializada de Policía Nacional de Paraguay , como “representante de la empresa Black Eagle” de equipos tácticos, no albergó sospecha alguna de acciones delictivas. Aclaró que en un viaje familiar a Brasil a causa de un desperfecto mecánico de su auto decidió volver a Ciudad del Este y alquilar otro de la empresa Ombu, propiedad de Vinicius.  El diario Última Hora reveló que le prestaron el auto por amistad.

El caso de Giuzzio y su contacto con el narco Vinicus , detenido en el operativo Turf  involucró el nombre del expresidente Horacio Cartes  (2013-2018) líder de la fracción Honor Colorado ,debido a que Lindomar Reges Furtado, otro de los buscados, huyó en una camioneta de la Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad de Cartes y el patrullero policial del operativo está registrado a nombre de la tabacalera del expresidente, a quien el 26 de enero Giuzzo acusó de lavado de dinero y vinculaciones con el tráfico de cigarrillos y droga.

Como réplica a esa imputación, los medios de comunicación del poderoso Grupo Cartes difundieron profusamente el vínculo entre el ex ministro y el narcotraficante Vinicius . En la estrategia de la denuncia de Cartes, la narcopolítica no refiere a vínculos entre el narco y el poder de estado sino que se circunscribe a los establecidos entre los actores políticos como un medio eficaz para desplazar a los adversarios y contrincantes que interfieran en fortalecimiento de cartismo dentro del Partido Colorado con el propósito de ganar la candidatura presidencial de su sector para las próximas elecciones de 2023.

En lo inmediato, la destitución del ex Ministro podría significar para Cartes , eventualmente, una pausa e incluso anulación del  proceso judicial por el origen de su acaudalado patrimonio. A la vez, debilita el poder del presidente Abbo, quien -una semana después de que Giuzzo cesara en su ejercicio ministerial - dio “por terminada” la gestión de Joaquín Roa hasta ese momento a cargo de la  Secretaría de Emergencia Nacional  después de que confirmó que adquirió el yate Antares en el 2018, incautado durante el operativo A Ultranza PY, a través de Alberto Koube, vinculado a la empresa Tapyracuai, uno de los detenidos en el marco de los operativos contra el crimen organizado. Roa es el segundo integrante del gabinete cesado del cargo.

En el marco de la operación antinarcotráfico A Ultranza Py , que lleva 7 personas detenidas  y 100 millones de dólares incautados, casi simultáneamente la diputada liberal Celeste Amarilla, denunció al presidente quien “recibió plata del narcotráfico para su campaña” y aseguró que actualmente en el país se registra “una guerra de mafiosos” , validos de supuestos audios filtrados por un funcionario de la Senad, Cristina Amarilla,  que los vende al mejor postor, entre ellos, el ex presidente Cartes.

El primero, la fatal jornada de protesta de los días 23 y 28 de marzo de 1999, después del magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, que costó la vida de  ocho manifestantes, más de 700 heridos y la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas (1998-1999) contra quien Argaña impulsó el juicio político por violar la Constitución . El segundo, la manifestación del 31 de marzo de 2017, en oposición a reforma constitucional  impulsada  por el expresidente Cartes con el fin de habilitar la reelección presidencial, que terminó con la quema del edificio del Congreso y el asesinato de un joven militante en la sede del Partido Liberal Auténtico (PLA).

La manifestación del 5 marzo 2021 que reunió entre 5.000 y 10.000 personas (en una ciudad de poco más de medio millón de habitantes) inició su protesta de manera pacífica y finalizó en una fuerte represión policial con el saldo de decenas de heridos . La ciudadanía  afectada por la mala gestión del gobierno, agotada por los embates del covid-19 y golpeada económicamente por los efectos de la pandemia manifestó indignación, cansancio y descontento fuertemente : “Que renuncie Marito!”, “¡Ladrones a la cárcel!”, “¡Elecciones ya”.

Los hechos corroboraron que Marito no renunció. Y en tanto reiteradamente declara que “Estamos dando la batalla más dura en la historia del Paraguay contra el crimen organizado. Claro que tengo muchos contrarios, pero estoy orgulloso de que mis contrarios sean aquellos que están destruyendo nuestro país, especialmente, del crimen organizado”, destacó en su discurso pronunciado en la Expo Dubai los progresos alcanzados por su gestión gracias a “ ‘los sólidos cimientos’ de la economía paraguaya y de su crecimiento sostenido en los últimos años, a pesar del impacto de la pandemia”. Sin referencia alguna al Tercer Marzo Paraguayo ,  Abdo aseguró que el país “sufrió el menor impacto de todas las economías de Latinoamérica”, con un descenso de tan solo un 0,6 % del PIB. Al año siguiente, en 2021, “se convirtió en un crecimiento del 4,5%, y en los que va de 2022 ya va por el 3,7%”, agregó el primer mandatario de la República.

AGB

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destituyó este martes a su ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, después de que se conocieran denuncias de sus contactos con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, un presunto narcotraficante detenido en Brasil.

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Huttemann, anunció a periodistas la decisión del mandatario, que aseguró se sustenta en “la profunda convicción y necesidad de salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior”.

Además, confirmó que Giuzzio será reemplazado por el hasta ahora asesor de la Presidencia en Asuntos Estratégicos, Federico González, quien asumirá el cargo mañana, miércoles.

AGB con información de agencias

En un acto encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez, juró en su cargo el nuevo comandante interino de la Policía Nacional de Paraguay, Gilberto Fleitas. En la víspera, el propio presidente había descabezado la cúpula policial y removido al hasta ahora jefe de la Policía Nacional, Luis Arias.

“Lamento profundamente los momentos de angustia y dolor por los que pasaron numerosos compatriotas que participaron del evento y sus respectivos seres queridos”, afirmó el nuevo jefe policial. Se refirió así a una balacera ocurrida el domingo pasado durante un espectáculo musical que se celebraba en la localidad de San Bernardino. 'Sánber', como se lo llama en Paraguay, es un antiguo balneario sobre el lago Ypacaraí (mundialmente conocido gracias a la guarania “Recuerdos de Ypacaraí” de Zulema de Mirkin y Demetrio Ortiz), favorito de las clases medias acomodadas, en especial de las afines al gobernante Partido Colorado. Además de la influencer Cristina 'Vita' Aranda perdió la vida un sujeto a quien se presume vinculado con el narcotráfico. Al menos seis personas más sufrieron heridas.

En el tiroteo durante un festival en San Bernardino, la Mar del Plata paraguaya, sobre el lago Ypacaraí, fueron asesinadas la influencer Cristina 'Vita' Aranda y un sujeto a quien se presume bien vinculado con el narcotráfico

Las primeras investigaciones señalan que el tiroteo puede estar vinculado con el cobro de una deuda relacionada con actividades de narcotráfico, según declaraciones ofrecidas por funcionarios a medios locales. En palabras de Fleitas, ese hecho “constituye una afrenta para quienes anhelan un Paraguay firme y fuerte en la lucha contra el crimen”. En ese contexto, comprometió “todos los recursos disponibles” y los “mejores hombres” de su institución para continuar con las investigaciones “hasta lograr el esclarecimiento del hecho y la individualización de sus actores”.

El tiroteo en San Bernardino abrió una nueva crisis en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Además además de un nuevo jefe de la Policía, el presidente designó el jueves mediante decreto a Juan José Arnold García como nuevo viceministerio de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, en reemplazo de Daniel Centurión.

Justo este viernes, la Cámara Baja del Congreso paraguayo, sesionando en Asunción, continuaba su ofensiva contra el titular de la cartera del Interior. Celebraba una sesión extraordinaria para analizar la propuesta de un grupo de diputados de someter a un juicio político al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por “mal desempeño” de sus funciones.

AGB con elDiario.es y fuentes

Las organizaciones campesinas e indígenas de Paraguay advirtieron que tras la aprobación de la Ley 6830/2021 se suceden sin parar los desalojos y los ataques a las comunidades . La norma, más conocida como “Ley Zavala-Riera”, por los apellidos de los senadores derechistas que la impulsaron, incrementó hasta diez años de cárcel la pena para las personas que participen en una ocupación de tierras.

“Al menos tres mil personas quedaron en la calle, sin techo y sin tierra. Siete comunidades campesinas y cuatro territorios indígenas fueron desalojados en apenas dos meses” según datos relevados por el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de la ONG Base Investigaciones Sociales (Base IS).

La lucha por la tierra es problema central del Paraguay, el país con la peor distribución de tierras del mundo, donde un 2,5% de la población tiene casi el 85% de las tierras.

La lucha por la tierra es problema central del Paraguay, el país con la peor distribución de tierras del mundo, donde un 2,5% de la población tiene casi el 85% de las tierras. Hay 900 conflictos en curso en asentamientos campesinos e indígenas.

De acuerdo a lo expuesto, la ley parece funcionar como un aval indiscriminado para la expansión del agronegocio que ya se extiende en un territorio de 3,5 millones de hectáreas y ahora busca llegar a los 4 millones, talando bosques y desalojando campesinos e indígenas ante la indiferencia del aparato estatal/judicial. Por consiguiente, se repite la secuencia de los desalojos. Una situación que ya concitó denuncias en jurisdicciones internacionales, como la que hiciera la comunidad indígena de Hugua Poty, ante la delegación paraguaya de las Naciones Unidas.

Durante el largo gobierno del general Alfredo Stroessner (1954-1989), este presidente colorado repartió a amigos y amanuenses más de 7 millones de hectáreas de tierra. Así lo estableció la Comisión de Verdad y Justicia (CVyJ) que estudió los crímenes de lesa humanidad del período. Lo concreto es que caído este militar por un golpe de Estado en febrero de 1989 y remplazado en la presidencia por su consuegro el general colorado Andrés Rodríguez, organizaciones campesinas e indígenas ocuparon parte de estas tierras. Muchas de ellas eran latifundios improductivos. De este modo, pudieron hacerse de un espacio para la agricultura de subsistencia, en principio y de renta cuando la escala lo permite.

Es así que por lo común indígenas y campesinos tienen disputas por la titularidad de los campos contra agroempresarios que literalmente se “compran” títulos falsos que luego hacen valer ante un Poder Judicial que ha sido considerado como el más corrupto de América del Sur.

Por ello, actualmente hay 900 conflictos y procesos judiciales en curso en asentamientos campesinos e indígenas donde viven entre 40 y 250 familias y que tienen entre 2 y 40 años de lucha y resistencia.

Como tibia reacción a los últimos desalojos, los senadores del Frente Guasu, el movimiento que lidera el ex presidente Fernando Lugo, presentaron un proyecto para derogar la Ley Riera-Zavala, más como una cuestión testimonial ya que no tienen los votos como para lograr hacerlo.

Se insiste allí que la norma viola derechos constitucionales de los pueblos indígenas reconocidos como anteriores a la conformación del Estado. Por ello, previo a la sanción de la Ley Riera-Zavala la jurisprudencia indicaba que era imposible desalojar a una comunidad indígena sin seguir un protocolo para verificar la posesión tradicional o ancestral de sus tierras.

“Movilización permanente”, declararon, entre otras, la Federación Nacional Campesina (FNC); el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP); la Organización de Lucha por la Tierra (OLT); el Movimiento Agrario y Popular (MAP); la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI); la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia; y la Coordinadora Estudiantil de la UNA (CEUNA).

 “Nos nucleamos este día para la concreción de la articulación de un espacio de lucha en contra de la política llevada a cabo por el gobierno de Mario Abdo Benítez y la cúpula de los partidos de poder enraizados en el Congreso y la Corte Suprema de Justicia avalando el despojo, desalojos y saqueos masivos y criminales efectuados por las fuerzas represoras (Policía Nacional y Fiscalía general del estado)”, dice el manifiesto de convocatoria a la marcha.

Hicieron también un llamamiento a campesinos, indígenas y sectores populares “a resistir organizadamente contra los desalojos, la criminalización de la lucha social y a todos los sectores patrióticos, democráticos y sociales, a generar un gran debate nacional, fomentar un espacio de unidad amplia y avanzar en la construcción de una patria nueva”, según expone el documento.

Aparición con vida

La marcha se dará en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. también pedirá “la aparición con vida de (la niña) Lichita”, nombre con el que se conoce a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 15 años, quien permanece desaparecida desde diciembre de 2020.

Lichita es hija de Carmen Villalba, presa del Estado paraguayo desde hace más de 17 años y prima de las niñas de nacionalidad argentina Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, asesinadas en un operativo militar contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en septiembre de 2020.

Si bien se reclama la aparición con vida de Lichita, se estima que habría corrido la misma suerte que sus primas. 

AGB

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desafió hoy en la Ciudad de México a su homólogo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, a organizar un debate regional sobre democracia, luego de que éste se negara a reconocer al Gobierno de Caracas en el marco de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos, y yo le digo al presidente de Paraguay: ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Estamos listos para darlo, ponga usted el lugar”, afirmó el mandatario venezolano durante su intervención en la cumbre latinoamericana que se desarrolla en México.

Minutos antes, Abdo Benítez había señalado en su alocución que la participación de Paraguay en el encuentro no implicaba necesariamente un reconocimiento al actual Ejecutivo venezolano: “Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa el reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, declaró.

También el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, criticó durante su discurso indirectamente a Caracas, al manifestar su “preocupación” por la situación política en el país sudamericano.

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dijo Lacalle Pou, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Maduro extendió también su invitación a convocar un debate regional sobre “democracia, libertades, resistencia, revolución o de lo que haya que debatir, de neoliberalismo” al mandatario uruguayo y al presidente de México, Andrés López Obrador, quien encabeza este encuentro de la Celac.

“De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, en privado, como ustedes quieran”, puntualizó y agregó: “Con respeto, sin exclusiones”.

Durante sus declaraciones, el mandatario venezolano también llamó a la unidad de le región, como parte de cumplir con el sueño de los próceres latinoamericanos que hace más de 200 años lucharon por la independencia y la integración.

En ese sentido, condenó que la decisión del Gobierno de Brasil de retirarse de la Celac. “Muy lamentable que el presidente (de Brasil) Jair Bolsonaro, en una visión negacionista y divisionista, haya retirado a Brasil de esta comunidad que tanto necesita a Brasil”, lamentó.

La Celac es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, y su membresía incluye a 33 países de América Latina y el Caribe.

CB con información de Télam

Con el anhelo de conocer a los familiares que integran la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cinco primas de entre 11 y 18 años, acompañadas por Laura, madre y tía de las menores, viajaron en noviembre de 2019 a Yby Yaú, Departamento de Concepción, en el norte del país vecino. La intención era regresar a Misiones después del verano, pero la pandemia las obligó a quedarse.

La Policía y el Ejército de Paraguay, que integran la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) atacaron el campamento del EPP el 2 de septiembre de 2020, y mataron a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas argentinas y de 11 años. Tania (18), en diálogo con este medio, aseguró haber visto y oído cuando se llevaban con vida a sus primas al grito de “regalo, regalo”. Sus nombres aparecieron luego dentro del listado de muertos en el operativo.

El caso tensó las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Dos días después del ataque al campamento, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, consideró “un éxito” el operativo las fuerzas de seguridad. Y el General Héctor Grau, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), acusó a la Argentina de convertirse en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”. El canciller argentino, Felipe Solá, rechazó las “expresiones injustificadas” y demandó un esclarecimiento del hecho.

Los hechos, sin embargo, no habían culminado. Las tres niñas restantes, pudieron escapar junto a Laura (enfermera de 36 años). Las acompañaban 3 militantes del EPP que fueron abatidos en una nueva embestida, el 20 de noviembre. Las primas y la mujer, nuevamente lograron escabullirse solas, aunque “Lichita” (Carmen Elizabeth, 14 años) estaba herida en una pierna desde el primer ataque y una bala había rozado su cara en el segundo.

Se escondieron en un monte por 10 días, sin alimentos. Tania y Ana (14), las menos débiles, decidieron, entonces, ir en busca de provisiones, pero se desorientaron en el cerro y no lograron regresar. Sobrevivieron alimentándose de cocos, sapos, víboras y bebiendo hasta su propio orín.

El 15 de diciembre, siguiendo el cauce de un río llegaron a una casa, donde las alimentaron y ayudaron a salir de la zona. Una semana más tarde, en Argentina, se enteraron que Laura fue detenida y que “Lichita” continuaba desaparecida. 

Tania pudo declarar ante Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Alto, dando testimonio de que las fuerzas de seguridad se llevaron vivas a las niñas, de lo cual se desprende que las menores fueron fusiladas por los uniformados.

Por su parte, Laura Villalba quedó detenida, acusada de terrorista, en un cuartel militar de Paraguay. Única mujer, aislada y con solo tres comunicaciones por semana, en videollamadas rodeadas por militares que escuchaban las conversaciones. “Desde el 23 de diciembre hasta la semana pasada estuvo ahí, en esas condiciones”, lamentó Laura Taffetani, referente de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina.

La letrada destacó que, por intervención de Naciones Unidas, la semana pasada fue trasladada a una cárcel ordinaria, en Encarnación, cerca de su familia de Misiones, lo que permitirá que los hijos puedan verla. Afirmó que se trata de una “detención ilegal” con una “causa armada”.

En Paraguay “no hay ningún avance en la investigación por el asesinato de las niñas”, cuestionó Taffetani. Informó, que el vicecanciller Pablo Tettamanti recibió este miércoles a la familia para acompañarla en el aniversario, además de repasar las gestiones diplomáticas infructuosas, ya que no sólo no se esclarecieron los asesinatos, sino que el gobierno no deja ingresar al Equipo de Antropología Forense argentino para realizar las autopsias. La negativa no es novedad: a fin de julio el gobierno paraguayo expulsó una misión humanitaria impulsada por organizaciones para buscar a menor desaparecida.

De este lado de la frontera, Argentina otorgó a 6 mujeres de la familia Villalba el estatus de refugiadas políticas, permitiendo que regularicen su situación migratoria y que no queden expuestas a una eventual extradición. Se trata de las madres, tías y otros parientes de las niñas, que cuentan con el respaldo de los principales organismos de derechos humanos para sostener el reclamo de aparición con vida de “Lichita” y de justicia por María y Lilian. 

Hoy, a las 14, familiares, amigos y organizaciones iban a realizar una concentración en la Embajada de Paraguay, al cumplirse el primer aniversario de los asesinatos, pero se suspendió por la lluvia. La marcha será el lunes 6 de septiembre a las 13.30. Cuando medio centenar de niños y niñas de entre 10 y 12 años encabezarán la movilización y pegarán sus dibujos en el edificio diplomático. Entre ellos estarán Tania y Ana, las sobrevivientes.

SR

La misión humanitaria que intentó llegar a la zona norte de Paraguay donde, en noviembre del año pasado, fue vista por última vez Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita” (de 15 años), fue expulsada del país sin que el Gobierno de Mario Abdo Benítez diera explicaciones oficiales de la decisión.

Los integrantes de diversos organismos de derechos humanos y organizaciones políticas que participaron de la comitiva fueron trasladados el sábado en una avioneta militar paraguaya desde la ciudad de Concepción hasta Encarnación, y desde allí debieron cruzar a la localidad argentina de Posadas, donde se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio por Covid.

Desde allí, dijeron a ElDiarioAr que “el Gobierno narcoterrorista e infanticida de Paraguay nos tuvo en calidad de detenidos y nos expulsó por una supuesta violación a la soberanía del país”, pero aclararon que habían tramitado los permisos para circular por la zona en conflicto entre el Estado y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Lichita”, al momento de desaparecer, estaba huyendo junto a su tía Laura Villalba, Tania Villalba (de 19 años) y Tamara Anahí Villalba (de 15) del campamento del EPP en Yby Yaú -Departamento de Concepción-, que había sido atacado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC, que integran la Policía y el Ejército) el 2 de septiembre de 2020, donde fueron asesinadas las niñas Lilian Mariana y Maria Carmen Villalba. El 30 de noviembre, su tía Laura fue detenida -permanece presa desde entonces-, mientras que “Lichita” nunca más fue vista.

El relato sobre lo que sucedió en aquellas jornadas fue publicado por este medio en una entrevista a Tania Villalba, quien logró escapar del asedio de los uniformados y regresar a la Argentina.

Desde fines de noviembre nada se sabe de “Lichita”, y por ese motivo, organismos de derechos humanos en la Argentina iniciaron una campaña de búsqueda y de difusión internacional.

Búsqueda y expulsión

Pablo Pimentel, referente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, participó de la misión humanitaria que intentó “buscar indicios y testimonios entre campesinos e integrantes de comunidades originarias” para poder dar con el paradero de la adolescente de 15 años.

“Se organizó la misión hace tiempo. El tercer viaje lo hicimos en marzo, fuimos once organizaciones sociales, de derechos humanos y periodistas. Hicimos la tarea política de plantear la necesidad de ir al territorio, libre de militares y policías, para instaurar confianza con las comunidades originarias”, explicó. El cuarto viaje suponía un regreso a ese territorio, con el objetivo de recabar información.

Pimentel aseguró que habían obtenido un aval para la misión de parte del Comisario General Pablo René Ríos, Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, quien, tras una dura discusión, habría autorizado a la comitiva integrada por nueve personas.

Pero un retén militar impidió el paso de la comitiva, según contó Pimentel. Cuando el grupo dejó la ruta principal por la que transitaba, para internarse por caminos vecinales, fue detenida por un grupo de uniformados que “fuertemente armados nos paran, nos piden documentos, y nos dicen que se van a acercar de la FTC para charlar sobre la misión”.

El grupo de siete argentinos, un colombiano y un paraguayo quedó detenido “bajo la órbita de la FTC y de Migraciones”, señaló Pimentel.

Ningún documento oficial paraguayo a los que tuvo acceso elDiarioAR detalla el motivo de la detención ni de la expulsión. Informalmente se les comunicó que habían “violado la soberanía” del país.

Desde Buenos Aires, el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, mantuvo una comunicación permanente con la misión, y en ese contexto les pidió que realicen una conferencia de prensa en vivo, para mostrar que se encontraban bien de salud y que se genere un compromiso de garantía de seguridad sobre sus personas.

Pero el gobierno de Paraguay aceleró los tiempos de la expulsión. Una avioneta trasladó al grupo desde Concepción hasta Encarnación. “Nos esperaban siete vehículos de la policía. Pasaron el mando de la operación de la Fuerza de Tarea Conjunta a la Policía, y no sabíamos adónde íbamos, adónde nos llevaban. Necesitábamos certeza para transmitir a nuestras familias, organizaciones y Cancillería”, detalló Pimentel.

Funcionarios del consulado argentino en Encarnación siguió la situación de cerca y se puso a disposición de los integrantes de la misión, según explicaron desde la Cancillería.

“Se les brindó asistencia consular y se los asistió mientras los trasladaban de regreso a la Argentina”, indicaron a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Felipe Solá.

Esa cartera, por lo menos hasta el momento, no emitió comunicado alguno sobre la expulsión de la misión humanitaria. “No está previsto”, dijeron las mismas fuentes con acceso directo al ministro.

Desde Paraguay, en tanto, el canciller Euclides Acevedo, había anticipado que el grupo “no podrá ingresar sin acompañamiento de fiscales y efectivos de seguridad”, ya que supondría “una intromisión a nuestra soberanía nacional”.

Acevedo, en declaraciones públicas a medios del Paraguay previas al viaje de la misión, aclaró que “no tienen problemas en apoyar a la misión humanitaria”, pero resaltó que “hay un protocolo que debe cumplirse. Existen ordenamientos jurídicos que se deben respetar”.

En una misma línea el vocero de la FTC, Luis Apesteguia, dijo a Radio 1000 de Asunción que “hemos demorado la entrada (del grupo argentino) en una calle vecinal que conduce al Cerro Guasú, en zona de Azotey, una zona de alta peligrosidad. Nosotros tenemos controlado todos los accesos y ellos tenían que haber coordinado con nosotros si querían ingresar”, pero “no hicieron esa coordinación. Incumplieron, fueron detenidos y puestos a disposición de Migraciones”, explicó el militar.

A través de un comunicado, los integrantes de la misión señalaron: “Regresamos indignados y llenos de rabia. Repudiamos el accionar del gobierno de Mario Abdo Benítez (…) por expulsar a nuestra delegación, que no incumplía con ninguna ley nacional o internacional, ni con los acuerdos pautados con el propio gobierno de Paraguay”.

Calificaron la expulsión como “totalmente irregular, ilegal y arbitraria. Fuimos sacados a la fuerza del hotel donde nos alojábamos. Custodiados todo el tiempo por personal de las Fuerzas Armadas que estaba fuertemente armado, con trato esquivo, cuyos argumentos iban cambiando constantemente y siempre grabados por algún militar, mismo material multimedia que oportunamente alimentó a varios medios privados y hegemónicos de comunicación paraguayos”.

“¿Por qué molesta tanto al gobierno una misión humanitaria y pacífica, que busca a ‘Lichita’? Estas arbitrariedades son otro motivo que se suma a la larga lista del porqué estamos convencidos que el Estado fue y es responsable de la desaparición forzada” de la adolescente, señalaron finalmente los integrantes de la campaña “¿Dónde está Lichita?”.

SR

En noviembre de 2019, Tania Tamara Villalba viajó desde la provincia de Misiones -donde vive-, a Yby Yaú, Departamento de Concepción, en el norte de Paraguay. Fue, junto a cuatro primas y una tía, a conocer a sus familiares que integran la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Pasaron allí el verano -“Estuvimos tiempo con nuestros familiares y nos dedicamos a leer, estudiar, compartir con ellos, cosíamos mucho”, dijo a este diario-, y cuando quisieron emprender el regreso la pandemia de coronavirus las obligó a quedarse.

El 2 de septiembre de 2020, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que integran la Policía y el Ejército de Paraguay atacó el campamento del EPP y mató a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos de las primas de Tania, niñas argentinas de 11 años.

Tania pudo escapar junto a su tía Laura y sus primas Ana y Carmen Elizabeth, Lichita. Mientras Laura fue detenida y Lichita permanece desaparecida, Tania y Ana pasaron más de tres meses escondidas en la selva, huyendo de nuevos ataques de las fuerzas de seguridad. Sobrevivieron comiendo cocos, víboras y sapos.

A fines de diciembre pasado, Tania logró reingresar a la Argentina, y ya declaró ante Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Su testimonio es clave en el caso que tensa la relación diplomática entre ambos países. Los reclamos del ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Felipe Solá, no encontraron eco ni respuesta en las autoridades paraguayas. Dos días después de que trascendieran los asesinatos de las niñas y que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, calificar como “un éxito” el operativo, el canciller Solá “demandó” al Gobierno paraguayo el “esclarecimiento y la identificación de responsables” de las muertes.

El comunicado de la Cancillería argentina del pasado 4 de septiembre cuestionó también los dichos del General Héctor Grau, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quien había acusado a la Argentina de convertirse en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”.

La Cancillería rechazó esas “expresiones injustificadas” y recordó que “el Gobierno argentino ya ha protestado formalmente ante las autoridades paraguayas por esta absurda acusación”.

Desde su casa en Misiones, junto a su familia, e intentado “rehacer su vida”, Tania habló con elDiarioAR. 

¿En noviembre de 2019 viajaste al norte de Paraguay a ver a tus familiares del EPP?

Sí. Los padres de Lilian y María son mis tíos, son militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo.

¿Cómo fue la estancia?

Nosotros pasamos tiempo con nuestros familiares y nos dedicamos a leer, estudiar, compartir con ellos, cosíamos mucho. Ese tiempo pasó muy rápido. Fue un momento muy emocionante para nosotros, muy feliz.

¿Por qué emocionante?

Nosotros siempre anhelábamos conocer a nuestros familiares, somos una familia que siempre nos acostumbramos a ayudarnos los unos a los otros.

Tania tenía 7 años cuando parte de su familia se fue de Paraguay, escapando de lo que denunciaron era una “persecución política” contra familiares del EPP. Los Villalba, en su mayoría mujeres, se instalaron en la ciudad de Puerto Rico, Misiones. Allí Tania cursó escuela la primaria y la secundaria. Ahora tiene 19 años y está retomando los estudios. “Acá estamos muy bien; alejadas de todo eso”, dice en relación a la lucha armada que desarrolla parte de su familia en el norte de Paraguay.

Entonces, se quedaron en el campamento del EPP...

Sí, hasta el 2 de septiembre. Ese día, a la mañana, recuerdo que terminamos de desayunar todos, y empezamos a realizar las actividades. Yo me estaba yendo con mi prima Ana. Estábamos todos dispersos, en su mayoría mujeres y empiezan los dispararon. En ningún momento hubo un alteamiento (voz de “alto”), nada, los disparos vienen de lejos. Cuando intento escapar alcanzo a ver cómo llevan a Lilita (Lilian Mariana) y escuchábamos que decían “regalo, regalo” y “barrera”.

¿Regalo?

Sí. Lilita se encontraba sola y alejada de nosotras. A ella la llevaron, vimos cómo se la llevaban y de María escuchamos los gritos de socorro -Tania, llora al recordar el momento -, no nos queremos imaginar todo lo que les pudieron llegar a hacer. Es evidente que las torturaron muy mal.

¿Ustedes escaparon entre los disparos?

Ese día nosotros caminamos y los helicópteros pasaban arriba nuestro.

¿Con quién escapaste?

Lichita se encontraba con mi tía Laura. Yo me fui con Anita y algunos militantes del EPP. De ahí pudimos salir. Unos días adelante nos volvimos a encontrar con mi tía Laura y vimos que Lichita estaba herida en la pierna izquierda, en la parte de la pantorrilla, tenía una herida muy grande, estaba totalmente pálida, muy amarillenta y tenía los ojos negrazos. Perdió mucha sangre. Nosotras nos enfocamos en el cuidado de Lichita, tratamos de buscar la manera de volver a casa, en todo momento. Lichita es muy fuerte, a pesar de la poca alimentación, la falta de agua, de medicamentos, ella se recompuso muy rápido con la ayuda de mi tía Laura. En todo momento estuvo cuidándola a ella.

¿Dónde dormían, cómo se alimentaban, les dieron refugio?

 Nosotros nos dormíamos en el suelo, porque en el campamento se quedaron nuestras hamacas. Esa es una zona donde trabajan marihuaneros y tienen sus ranchos, y de esos ranchos reciclábamos materiales para realizar algunas cosas para poder usar, como una carpita, una hamaca. La idea era salir del lugar.

Tania mezcla verbos en pasado y presente para contar lo que vivió. Hace largos silencios, espera previsibles avales silenciosos de la familia, y se quiebra cuando recuerda a sus primas.

¿Qué pasó el 20 de noviembre?

Ahí nuevamente fuimos atacados. Los tres militantes del EPP que nos estaban acompañando que murieron ese día. Anita, Lichita, mi tía Laura y yo, nos escondimos. Los disparos venían todos de arriba. Estábamos saliendo del monte, y ahí los disparos venían de los cerros, y nosotras estábamos en el campo pelado, sin posibilidad de nada. Con mis primas y mi tía nosotras rodamos y rodamos, y llegamos a un montecito finito, donde permanecimos ahí durante 15 días esperando a que algo pase, no sabíamos qué hacer, nada, esperamos simplemente, sin comida, y por dos días estuvimos sin hablar ni siquiera entre nosotras sin comunicarnos, sentadas en el agua. Era tremendo porque uno se imaginaba que detrás tuyo están los militares, se estaban acercando, escuchando qué movimientos hacíamos para ubicarnos, o inclusive olíamos el olor a cigarrillo, los gritos eran constantes, los disparos que hacían eran infernales. Los que más temíamos era volver a encontrarnos con ellos porque sabíamos que no íbamos a salir de esa. Que íbamos a correr la misma suerte de Lilian y María.

Salimos de ese montecito y entramos nuevamente al cerro Guazú y ahí es donde esa tarde con Anita decidimos que tenemos que ir a buscar agua y comida nosotras dos, porque Lichita ya estaba muy debilitada. Te cuento que nosotras nos parábamos y de repente se nos nublaba la vista, se nos volvía todo negro y nos caíamos, ya estábamos en una condiciones muy malas. Y Lichita, el esfuerzo que ella hacía era más que sobrehumano porque gateaba para avanzar más rápido, perdió sus muletas el 20 de noviembre para desplazarse más rápido, y ese día recibió un refilón (de un disparo) al lado de la cara.

Nosotras escuchamos ladridos de perros, cantos de gallinas y vamos detrás de los sonidos, y nos vamos alejando y alejando, hasta que ya perdimos la noción de dónde estábamos y dónde estaban ellas, y ya nunca más pudimos volver con ellas, a medida que tratábamos de acercarnos más nos alejábamos.

Todo eso sucedió después del ataque del 20 de noviembre...

Fue a principios de diciembre, no me acuerdo bien la fecha. Ahí con Anita padecimos muchas cosas, no teníamos cómo cubrirnos de la lluvia, pasábamos mucho frío, muchísima hambre, y también el problema del agua que en ese lugar no había. El único lugar que conocíamos que había agua era ese montecito finito, cerca de donde ocurrió el hecho y por eso nos daba miedo volver. Durante la noche se escuchaban los disparos constantes y los gritos de los militares; y si salíamos cerca de un alambrado que encontramos, había unas lucecitas blancas que cuando nos acercábamos se volvían rojas y empezaban los disparos. Con Anita comíamos coco, a veces tomamos nuestro orín, comimos víboras, sapos, cactus. Estuvimos 30 días así, comiendo eso.

Seguimos buscando a Lichita y a mi tía Laura, hasta que el 15 de diciembre a la tarde, ya desesperadas sin saber qué hacer, reconocemos una cuantas bolsitas y hojas tiradas, y una bolsita de agua también, y quedamos felices porque pensamos que ya las encontramos, que ellas estaban cerca y que iban a volver. Pero Anita empieza a leer las hojas y era el diario de Lichita y ahí nos percatamos que Lichita estuvo en ese lugar por tres días sola, y hacía doce días que se había retirado del lugar, que fue a buscar algo para comer. En todo momento se preocupaba mucho por su hermanita (Anita) y por mí, también estaba preocupada por mi tía Laura que fue a buscarnos a nosotras. En todo momento decía que si conseguía agua y resistía algún día la íbamos a encontrar.

No nos encontrábamos bien de salud y decidimos buscar la forma de seguir y volver a casa, porque ya no teníamos la menor idea dónde buscar a Lichita. Fue algo increíble que podamos volver, porque nunca pensamos que íbamos a poder salir de ahí. Volvimos a salir por el campo, nos mudamos a otro montecito que tenía un río al costado, y seguimos caminando junto a la corriente, porque decíamos que cerca del agua seguro iba a haber alguna persona, pescando, un puente, algo; en ese lugar tuvimos más suerte porque había frutitos para comer. Y después de andar cinco días por ese lugar llegamos a un casa, y nos dieron comida y nos pusieron ropa y nos ayudaron a salir del lugar, y llegamos a Argentina el 23 de diciembre.

¿Pudieron pasar por la frontera, tenían los documentos para pasar?

Eso no me gustaría responder. Cruzamos y llegamos a nuestra casa con la esperanza de que íbamos a encontrar acá a Lichita y a mi tía Laura, pero no estaban, y nos enteramos que mi prima estaba desaparecida y mi tía había sido detenida. Lo más triste para mí fue venir y ver el rostro de María y Lilita en flyer, en murales, en toda la campaña. Teníamos la idea de por lo menos poder ir a visitar el cementerio, por lo menos eso, saber que estaban descansando en paz.

El pasado 2 de marzo Ana cumplió 15 años. También los cumplió Lichita, su melliza, pero la familia no sabe dónde o si pudo recordarlo. “Es el primer cumpleaños que Anita pasa sin su hermana”, dice Tania acongojada.

¿El Estado paraguayo está buscando a Lichita?

Lo único que Paraguay hace es culpar a mi tía Laura, o a la mamá de María Carmen como traficante de niños, como que ella fue la que secuestró a María Carmen y Lilita. Como que ella fue la culpable de lo que hizo el Ejército militar paraguayo, que las torturaron a Lilita y María -vuelve a hacer silencio y llora- y después que las ejecutaron.

¿Cómo estás ahora, después de lo que viviste?

Estoy tratando de sobrellevarlo y estoy empezando con los estudios. Tengo una familia muy amorosa, y eso es muy reconfortante. Y también el apoyo inmenso que nos está dando la militancia, nos hace sentir bien.

 ¿Qué pensás de que parte de tu familia integre el Ejército del Pueblo Paraguayo?

Ellos luchan por los pobres. Nosotros venimos de una familia pobre y sabemos lo que es la injusticia social.

El Gobierno de Paraguay asegura que el EPP adoctrina menores y los incorpora a la lucha armada…

Ellos dicen que mi tía Laura es terrorista, dicen que Lichita es terrorista…- hace silencio.

¿Y ustedes qué dicen?

Ay, por favor. Lo que yo sé es que a Lilita y María las torturaron vivas. Que Lichita tiene 14 años y se encuentra desaparecida. Laura tiene cuatro hijos acá en Argentina, estudió enfermería y estaba ejerciendo su profesión acá en Misiones... ¿cómo van a ser terroristas?

Un duro pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay realizó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La ex Presidenta de Chile reclamó al gobierno de Mario Abdo Benítez que intensifique la búsqueda de la adolescente de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba desaparecida a principios de diciembre de 2020, en el contexto de la persecución a integrantes de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Además, Bachellet reclamó a ese Estado una investigación “rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean” a los asesinatos de Lilian Villalba y María Carmen Villalba, ocurridos durante un operativo de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) contra el EPP en la zona de Yby Yaú, en el norte paraguayo.

El posicionamiento de Bachelet -que era esperado desde hace varios meses por un conjunto de dirigentes de fuerzas progresistas de todo el continente- también se convierte en un elemento de presión sobre la Cancillería argentina, que en las últimas semanas mantuvo cautela. elDiarioAR publicó las tensiones diplomáticas entre ambos países. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Felipe Solá, admitieron que el pronunciamiento de la Alta Comisionada de Derechos Humanos “pone un paraguas” a los reclamos argentinos.

Paralelamente, está pendiente la respuesta del Gobierno nacional a la nota que los organismos de derechos humanos presentaron al Presidente Alberto Fernández el pasado 13 d enero, en la que reclamaron que Argentina “no comercie” con el país vecino, hasta tanto cesen las violaciones a los derechos humanos.

“Hasta el momento no hubo respuesta”, contó a elDiarioAR Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas. Precisamente Taffetani había calificado al Estado paraguayo como “terrorista”, en el contexto de la conferencia de prensa de los organismos de la que participaron Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, APDH La Matanza, el CELS, entre otros.

Para esas organizaciones, la nota de Bachelet implica también un espaldarazo a sus reclamos.

La Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU dijo estar “profundamente preocupada por las recientes informaciones sobre la desaparición de la niña de 14 años, y la ausencia de progresos en la investigación del asesinato de dos niñas de 11 años de edad en Paraguay”.

“De acuerdo con la información disponible -repasó-, Carmen Elizabeth, ciudadana paraguaya, fue testigo de una operación llevada a cabo hace cinco meses, el 2 de septiembre de 2020, por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra miembros del grupo EPP, en el área de Yby Yaú, aproximadamente 370 kilómetros al norte de Asunción. Las dos niñas de once años que fueron asesinadas en la misma operación, eran ciudadanas argentinas”.

En tanto recordó que “Carmen Elizabeth estaría desaparecida desde inicios de diciembre de 2020, pero su desaparición solo fue conocida recientemente cuando su tía, Laura Villalba Ayala, la denunció. Esta fue detenida el 23 de diciembre de 2020 e imputada por varios delitos. Actualmente se encuentra detenida en una instalación militar”.

Bachelet planteó que “se han conocido nuevos testimonios fiables, de acuerdo con los cuales Carmen Elizabeth fue herida en la operación del 2 de septiembre, pero huyó, mientras Lilian y María Carmen fueron capturadas con vida. Esta evidencia contradice la versión oficial del gobierno paraguayo que indica que las niñas de 11 años fueron asesinadas en un choque con la Fuerza de Tarea Conjunta”; y cuestionó que, tal como publicó este medio, “evidencias importantes del caso se han perdido. Los cuerpos de Lilian y María Carmen fueron enterrados inmediatamente y las ropas que habrían vestido al ser asesinadas fueron destruidas. Cuando los cuerpos fueron posteriormente exhumados, las autoridades paraguayas confirmaron que ambas niñas fueron asesinadas por varios disparos de arma de fuego. Sin embargo, los cuerpos fueron rápida y nuevamente enterrados, y los llamados para la realización de un examen forense independiente no han sido atendidos”.

Hasta el momento la respuesta del gobierno de Abdo Benítez fue impulsar denuncias contra los familiares de las niñas asesinadas, bajo la figuro de “asociación terrorista”, aunque no esté demostrada la participación de las madres de las menores en acciones del EPP, más allá del vínculo familiar que mantienen con algunos de los miembros de esa organización.

La Alta Comisionada “urgió a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de la niña desaparecida, Carmen Elizabeth. A la luz de las nuevas versiones de testigos sobre la captura y asesinato de las otras dos niñas, también llama a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial. Tal investigación debería examinar también por qué evidencia importante fue destruida. Un examen forense independiente debería aún ser llevado a cabo”, dijo la expresidenta chilena.

Bachelet sumó además un enfoque feminista al análisis de la situación: “Tomó nota sobre la dimensión de género en un caso que involucra a mujeres y niñas familiares de integrantes del EPP”, se indicó desde el área de Naciones Unidas.

“Ha habido preocupaciones previas sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta”, dijo.

Finalmente, reconoció que “el EPP representa una real preocupación de seguridad y ha cometido delitos graves, como secuestros -el más reciente del exvicepresidente Oscar Denis, en septiembre de 2020-”, hecho que “condenó”. Sin embargo, reiteró que “al abordar los problemas de seguridad y actividades criminales, las autoridades deben respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

SR

Los principales organismos de derechos humanos de la Argentina profundizaron su crítica al Gobierno de Paraguay por el asesinato de dos niñas y la desaparición de una adolescente y reclamaron al presidente Alberto Fernández que “no comercie” con ese país. “Paraguay es un Estado terrorista”, sintetizó Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y representante de la familia Villalba, cuyas niñas fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay, durante un operativo contra un campamento de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el 2 de septiembre pasado.

Tal como explicó ElDiarioAR la desaparición el 30 de noviembre pasado de Carmen Elizabeth Villalba potenció la tensión entre los cuerpos diplomáticos de ambos países, ya en crisis por los homicidios de Lilian Mariana y María Carmen. Desde ese momento, la Cancillería que conduce Felipe Solá remitió por lo menos dos notas solicitando la intervención del gobierno de Mario Abdo Benítez para garantizar una investigación judicial independiente de los asesinatos. La respuesta, evalúan en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, no fueron satisfactorias, también tal como publicó este medio.

Ahora, los organismos de derechos humanos más importantes del país dieron un paso más y entregaron una nota a Alberto Fernández para que limite los vínculos comerciales con el “Estado infanticida” de Paraguay.

Representantes de esos organismos brindaron este miércoles una conferencia de prensa virtual, de la que participaron, entre otros, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel del SERPAJ; Pablo Pimentel de la APDH La Matanza; Diego Morales del CELS, además de Taffetani de la Gremial de Abogados y Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.

En ese marco, informaron que dos adolescentes que estaban perdidas en el monte junto a la todavía desaparecida Carmen Elizabeth y Laura Villalba -actualmente detenida- lograron reingresar a la Argentina y dieron su testimonio ante organismos internacionales de defensa de los derechos de niños y niñas.

Tania Tamara de 19 años y Tamara Anahí, de 14, declararon ante la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que sus primas de 11 años “fueron llevadas con vida” por los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, de lo cual se desprende que las menores fueron fusiladas por los uniformados.

Esos testimonios no pudieron ser incorporados al expediente judicial de Paraguay. De hecho, durante la conferencia de prensa de los organismos de derechos humanos, Myrian Villalba, madre de una de las niñas asesinadas y tía de la menor desaparecida, denunció que “la causa judicial está totalmente paralizada”.

Pérez Esquivel planteó que lo sucedido en ese país es “un retroceso muy fuerte para todo el continente” en materia de derechos humanos, y se quejó porque “Paraguay no está buscando verdad y justicia”. Pidió, en ese sentido que “una misión internacional ingrese lo antes posible” para llevar adelante la búsqueda de la adolescente desaparecida. “El Gobierno (de Abdo Benítez) y el Ejército son responsables de esa desaparición”, dijo, y confió que compartió su preocupación con el canciller Solá.

Pérez Esquivel planteó que lo sucedido en ese país es “un retroceso muy fuerte para todo el continente” en materia de derechos humanos, y se quejó porque “Paraguay no está buscando verdad y justicia”

Marisa Graham, titular de la Defensoría de niños, niñas y adolescentes de la Nación, cuestionó al Estado paraguayo por la falta de respuestas a los pedidos de investigación. “Al principio fue muy confusa su comunicación” sobre lo sucedido el 2 de septiembre, señaló, y explicó que la situación “genera tensión entre ambos países”.

“Como Defensoría salimos a reclamar tanto a Cancillería como al Comité de Derechos del Niño (de la ONU), que se realice una investigación independiente y urgente, que creemos que el Estado paraguayo no está cumpliendo y no está dando garantías para que esa investigación se realice”, agregó.

Insistió en el pedido para que el Equipo Argentino de Antropología Forense pueda ingresar al Paraguay para realizar una autopsia sobre los cuerpos de las menores y un estudio en el territorio donde fueron asesinadas.

“Sin inmiscuirnos en cuestiones internas de Estados hermanos, decimos que se están incumpliendo con derechos humanos de niños niñas y adolescentes. No es un problema de tratados bilaterales de cooperación; estamos hablando de incumplimientos flagrantes de derechos humanos”, sintetizó.

Myrian Villalba criticó que el Gobierno de Abdo Benítez “se jacta de estar en democracia” y “no se puede permitir que capture vivas y ejecute” a las niñas. “Tenía la esperanza que hayan muerto en fuego cruzado, pero al escuchar los testimonio de mis sobrinas, es muy doloroso saber que las llevaron con vida y las ejecutaron”, concluyó.

Finalmente, Taffetani narró el periplo de las cuatro mujeres que escaparon al operativo del 2 de septiembre de las FTC contra la guerrilla que opera en el norte del país. “El grupo que logra salir con vida estaba integrado por Laura -de 36 años-, Carmen Elizabeth -desaparecida-, Tania Tamara y Tamara Anahí”.

“Carmen Elizabeth fue herida el 2 de septiembre en la pantorrilla izquierda, y tenía dificultades para huir. Ahí comienza una verdadera odisea porque tras ella iba el Ejercito permanentemente hostigando, efectuando disparos todas las noches”, agregó.

El 20 de noviembre los tres hombres baqueanos que acompañaban al grupo para ayudarlas a regresar a la Argentina “fueron asesinados con tiros a distancia, sin voz de alto, fueron otras tres ejecuciones”, señaló Taffetani. 

Las cuatro mujeres huyeron, pero diez días después, el grupo se separó para buscar comida y Carmen Elizabeth desapareció. Algunos testimonios no judicializados aseguran que vieron que intervino personal militar y de civil. “Es difícil pensar que no se la hayan llevado”, dijo la abogada.

En tanto, el 23 de diciembre fue detenida Laura Villalba “mientras buscaba a su sobrina, en un retén, se identificó y sin oponer resistencia” fue apresada. “Le plantaron una mochila con armas y uniformes. Ahora Laura está detenida en un cuartel militar, sola, es la única mujer en el lugar y con medidas de aislamiento, acusándola de ser parte de organización y logística de reclutamiento de niños y niñas. Su único delito es ser familiar” de los miembros de la familia Villalba que forman parte del EPP, argumentó Taffetani.