La Justicia solicitó la detención del financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. La medida fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a la indagatoria prevista ante el juez federal Luis Armella, en los tribunales de Lomas de Zamora.

Según trascendió, la ausencia de Vallejo agravó su situación procesal dentro del expediente. Desde su defensa habían argumentado que la Justicia aún no resolvió una apelación previa, motivo por el cual decidió no comparecer en la audiencia de este martes, que marcaba el inicio de una serie de 16 indagatorias previstas.

La investigación, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona con colaboración de la Procelac, apunta a un presunto esquema financiero ilegal a través de la firma Sur Finanzas. De acuerdo con la hipótesis judicial, la empresa habría captado fondos, otorgado préstamos y administrado capitales al margen de la normativa vigente.

En ese contexto, los investigadores sospechan que el dinero entregado a clubes con dificultades económicas podría haber sido utilizado para maniobras de lavado de activos. Vallejo mantiene vínculos con dirigentes del fútbol argentino, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

La causa sostiene además que la estructura habría generado ganancias mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas irregulares, para luego canalizar esos fondos a través de un entramado empresarial que les otorgaría apariencia de legalidad.

Vallejo está acusado de ser el presunto “jefe de una asociación ilícita” y de participar en maniobras de lavado de dinero vinculadas al manejo de fondos de clubes de fútbol. En paralelo, la Justicia ya procesó a cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de pruebas y encubrimiento.

El expediente también incluye a su madre, Graciela Vallejo, quien se encuentra imputada en la causa y debía presentarse junto al empresario. Mientras tanto, la orden de detención marca un nuevo capítulo en una investigación que sigue sumando elementos y pone el foco en los vínculos entre el sistema financiero informal y el fútbol profesional.

Con información de medios y agencias

JIB

La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes.

La medida fue firmada en las últimas horas por el juez Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, el magistrado ordenó el embargo sobre los bienes de los acusados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema.

En el caso de Tapia y Toviggino, la resolución también mantiene la prohibición de salida del país, una restricción que ya regía y que continuará vigente mientras se desarrolle el proceso.

Noticia en desarrollo

La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una semana determinante en los tribunales federales. Este lunes, la Cámara de Casación Penal realizará una audiencia clave para destrabar la competencia en la investigación sobre una lujosa mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que salpica al entorno de la dirigencia.

La Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Borinsky, Carbajo y Ledesma, deberá decidir qué juzgado se queda con el expediente. 

En paralelo, el frente en el fuero Penal Económico también suma presión sobre Claudio “Chiqui” Tapia. El juez Diego Amarante debe definir si dicta el procesamiento del presidente de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino por la retención indebida de unos 19.300 millones de pesos en aportes patronales e impuestos. Además, se encuentran imputados Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

La disputa por la competencia en el caso de la mansión

La causa por la propiedad de Real Central S.A. se convirtió en un “ajedrez” judicial. Originalmente radicada en los tribunales de Comodoro Py, la investigación pasó por varias manos hasta recaer en el Juzgado Federal de Campana. Sin embargo, el fiscal Carlos Cearras reclama que el expediente regrese al fuero penal económico bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.

La propiedad, ubicada en Villa Rosa, cuenta con helipuerto y haras, y está a nombre de una sociedad integrada por el monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país para asistir al sorteo de las copas internacionales que se realizará en Paraguay.

El dirigente había sido indagado el jueves en el marco de una causa en la que se investiga a la AFA por una presunta retención de impuestos y aportes previsionales por unos 19.300 millones de pesos. Tras esa instancia judicial, el fuero Penal Económico resolvió permitirle viajar para participar del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Luego de declarar ante la Justicia, Tapia sostuvo que la entidad que preside “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad”. Según afirmó, se presentaron “todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes”, y aseguró que la institución cumplió con sus obligaciones sin omitir aportes del personal en relación de dependencia.

Más tarde, el titular de la AFA volvió a referirse al tema en sus redes sociales, donde señaló que la institución está a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación. “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición para aclarar cualquier situación vinculada a la institución”, escribió.

En el mismo mensaje indicó que los pagos se realizaron con intereses resarcitorios, “sin sanciones punitivas”, y remarcó que el único representante legal de la AFA en la causa es el abogado Luis F. Charró. También aseguró que continúa enfocado en el trabajo con los clubes y en la preparación del fútbol argentino para los próximos compromisos internacionales, entre ellos la Finalissima y el Mundial.

El sorteo de ambas competencias se realizará el 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL, ubicada en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a Asunción.

Entre los clubes argentinos que disputarán la Libertadores figuran Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Lanús. En la Sudamericana participarán River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo de Almagro, Tigre y Barracas Central.

 El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

A la salida, Tapia dijo que cumplió con lo que quería “la Justicia”. Presentó un escrito y no respondió preguntas. Fue ante Diego Amarante, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, como parte de la misma investigación. 

En el expediente se busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria. El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

El comunicado de la AFA

Inmediatamente después de la presentación de Claudio Tapia en Comodor Py, la AFA emitió en sus canales oficiales este comunicado:

“Frente a los episodios que son de público conocimiento, y la distorsionada difusión que algunos medios vienen haciendo sobre el tema, luego de haber comparecido sus autoridades ante la Justicia, la Asociación del Fútbol Argentino se ve en la obligación de informar que no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado. 

La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia.

Ahora bien, el irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución tiene su punto inicial en que la ARCA promovió dicha denuncia omitiendo informarle al Sr. Juez que la norma dictada por el Estado, en cuanto a la vigencia de los plazos de pago, es vigente y aplicable como ha sido puesto de manifiesto al Juzgado interviniente.

Por su parte, la misma denunciante no solo ha aceptado la totalidad de los pagos y planes, sino que solo aplicó intereses resarcitorios por haber pagado luego del vencimiento original, sin aplicar sanción punitiva alguna.

De esta forma, se le solicitó al magistrado actuante, la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida.

La Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto al marco legal vigente. Mientras tanto, continuaremos trabajando con responsabilidad y convicción por todos los clubes, y por el futuro del Fútbol Argentino, enfocados también en los grandes objetivos deportivos que se aproximan en los próximos días“.

Qué se investiga

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de cáracter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.

Karina Milei le respondió a la AFA: “Si son culpables tendrán que pagar”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le respondió este miércoles al abogado Claudio Dalbón, que representa a la AFA, y sostuvo que si en esa asociación son culpables “tendrán que pagar con todo el peso de la ley”. “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia”, expresó la funcionaria desde sus redes sociales.

El propio Javier Milei respaldó a su hermana con la frase “Palabras de El Jefe”. A las apreciaciones de Karina Milei se sumó el ministro de Justicia, Juan Pablo Mahiques, quien sostuvo que “corresponde recordar que en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”.

“Este Gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto —y seguirá poniendo— toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”, expresó el funcionario. Dalbón había dicho que la causa por presunta evasión en la AFA es “política” y afirmó que se resolvería con la propia Karina Milei.

El Club Atlético River Plate difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura respecto de su vínculo institucional con la Asociación del Fútbol Argentino. En el texto, la institución aclaró que mantiene su histórica visión sobre el rumbo del fútbol nacional y recordó que desde 2013 impulsa la consolidación de una competencia profesional con un torneo de 20 equipos y una estructura económica que favorezca el crecimiento de todos los clubes.

Además, el club ratificó su respaldo al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y expresó su reconocimiento a la AFA por la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad. En ese sentido, la entidad de Núñez sostuvo que cree en el funcionamiento armónico de las instituciones y en la importancia de los órganos colegiados para la toma de decisiones.

Sin embargo, River manifestó su preocupación por el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo de la AFA, al considerar que no existen garantías procedimentales suficientes para asegurar procesos claros y previsibles. Por ese motivo, y hasta que se corrijan esos mecanismos, el club anunció que decidió no participar de las reuniones de ese organismo.

El comunicado completo

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado. La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

Con información de la agencia NA

Juan Bautista Mahiques estuvo en el viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022 y en el que participaron otros poderosos del ámbito judicial, como su padre Carlos Mahiques –juez de Casación alineado con el macrismo–, Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Y fue Mahiques el que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

El mismo Mahiques quedó confirmado este miércoles como flamante ministro de Justicia de Javier Milei, quien lo eligió en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en una jugada que tiene mucho de simbólico: mete en el Gobierno a un hombre fogueado por el macrismo, supone un avance de Karina Milei por sobre las acciones de Santiago Caputo –ya que fue desplazado Sebastián Amerio de la Secretaría de Justicia– y confirma la necesidad oficialista de armar un frente judicial de peso para defender al Presidente y su hermana ante las causas sensibles de la criptoestafa $LIBRA y las sobornos en la Andis.

“Somos víctimas de un espionaje ilegal. Para tener guardado debajo del colchón, podríamos averiguar el tema de una facturita. No creo que sea necesaria...”, se lo escucha Mahiques en uno de los audios filtrados en su momento al respecto del viaje a Lago Escondido, donde tiene su mansión el magnate Joe Lewis. Los Mahiques, Ercolini, D’Alessandro y Bergroth compartieron el vuelo el 13 de octubre de aquel año con Pablo Yadarola, juez en lo penal económico; Pablo Cayssials, juez federal de lo Contencioso Administrativo, y Tomás Reinke, empresario especialista en campañas digitales. En el grupo de chat también estaban el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y otro directivo, Pablo Casey, el sobrino de Héctor Magnetto.

Pero Mahiques y sus compañeros de viaje respiran tranquilos: en diciembre de 2023, apenas diez días después de asumido Milei, el juez federal Sebastián Ramos dictó “la nulidad de todo lo actuado” en la causa. Consideró que aquel vuelo privado y estadía “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura”.

Y en abril del año pasado el favor llegó desde la propia corporación judicial: la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura frenó la investigación por el viaje de jueces a Lago Escondido. La jugada fue coordinada casi quirúrgicamente: tres consejeros jueces que integran la Comisión (Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero) se retiraron al mismo tiempo de la reunión y la dejaron sin quórum. “El restante juez, Alberto Lugones, directamente no participó de la reunión. La resolución para cerrar el caso fue adoptada por esos cuatro jueces que integran la Comisión más el representante de los académicos Hugo Galdersi y el senador radical Eduardo Vischi”, recordó en una nota la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Un detalle es que el correntino Vischi, es un aliado del Gobierno en el Senado: votó recientemente la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

Los contactos de Mahiques con la justicia y el poder son fluidos y hasta consanguíneos. Su padre –mandamás de la Cámara de Casación porteña– fue también ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La familia tiene su origen en Mercedes, donde el flamante ministro nació en 1980: allí cultivó una amistad con el senador kirchnerista Wado de Pedro, también de la zona. 

Pero también tiene otros enlaces que ahora llaman la atención con su desembarco en el gabinete libertario. El año pasado fue designado por Claudio “Chiqui” Tapia como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa). Según consignó el diario La Nación, Mahiques pidió dejar de integrar la Unafa “inmediatamente después del lanzamiento” y exigió que su nombre fuera eliminado de la página oficial. 

Otro eslabón llamativo en el marco de la “guerra” entre el Gobierno y la AFA es el propio Carlos Mahiques: el padre del flamante ministro tenía para resolver la disputa por la competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Pero se corrió la semana pasada luego de que se revelara que el camarista festejó el año pasado su cumpleaños en esa quinta. 

Mahiques se recibió como abogado por la UBA en 2007, tiene una maestría en Administración de Justicia en la universidad italiana Unitelma Sapienza, y se movió desde temprano en los pasillos de tribunales. Fue secretario letrado del Consejo de la Magistratura, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Nº17 y miembro suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Su salto a la escena pública llegó en 2015, cuando el gobierno de Mauricio Macri lo nombró representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial.

“Coco” Mahiques a su vez es íntimo de Daniel Angelici, el operador macrista-radical en la Justicia. Fue el padrino político del flamante ministro. Según trascendió, el ahora funcionario libertario filtró que está alejado de Angelici, así como de los Macri (Mauricio y Jorge) para tener la bendición de Karina Milei.

Mahiques le debe a los Macri el apoyo que le dio el oficialismo porteño en 2019 para que la Legislatura aprobara su pliego como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, pese a objeciones de organizaciones judiciales que cuestionaban su independencia. Asumió en octubre de ese año y se mantuvo en el cargo hasta su ahora llegada al gabinete de Milei.

Organizaciones independientes cuestionaron también que la Procuraduría porteña adquiriera el año pasado el sistema de reconocimiento facial privado Clearview AI, que fue denunciado y multado en Europa y América del Norte por “apropiarse” fotos de internet . El Ministerio Público Fiscal de CABA pagó US$ 27.588 por el software que recolecta imágenes de redes sociales sin consentimiento y podría generar “falsos positivos”, según la alerta de especialistas consultados por elDiarioAR.

Con esa trayectoria llega Mahiquies al Gobierno, con el objetivo político de delinear la estrategia judicial del Gobierno. Los frentes son varios: completar la Corte Suprema de Justicia así como las cientos de vacantes en juzgados federales. Pero también aceitar la defensa de los Milei, cercados en los tribunales por el caso $LIBRA y de la Andis.

MC

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que mantendrá el paro y confirmó que la fecha 9 del Torneo Apertura se disputará el fin de semana del 3 de mayo.

Los principales directivos de la AFA se reunieron en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir y decidieron que este fín de semana no habrá fútbol.

“La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo. Quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo”, detalló la Liga Profesional de Fútbol luego en sus redes sociales luego de la reunión que contó con los presidentes de los equipos de Primera División.

La AFA ya habría notificado a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: las opciones son el 18 de marzo, el 22 de abril o el 13 de mayo. Cada institución deberá manifestar su preferencia para avanzar en la definición del nuevo cronograma.

Por qué se reunieron los dirigentes

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunieron esta tarde para definir si se levantaba o no el paro estipulado para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Esta decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia lo citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La Justicia rechazo este martes el pedido que había hecho el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, para que suspendan su declaración indagatoria fijada para el 5 de marzo.

La defensa de Tapia había solicitado el viernes último que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria por la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.

El planteo había sido presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti.

La causa

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante reoslvió el 19 de febrero último citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.

También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Tapia deberá presentarse el jueves 5 de marzo y Toviggino el viernes 6.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

Con información de la agencia NA

La liberación del gendarme Nahuel Gallo de Venezuela, que llegó este lunes al país después de 448 días detenido y a bordo de un avión de la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia, habría comenzado a gestarse meses atrás por el avance de una diplomacia paralela que incluyó desde una diputada exlibertaria, ex embajadores ligados al kirchnerismo y hasta una periodista del diario Clarín. Incluso un empresario investigado en la trama de corrupción de la ANDIS y con vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado aparecen en la trama. La gestión dejó en offside al gobierno de Javier Milei, que además tiene una guerra abierta con el jefe del fútbol argentino, a quien acusa de lavado de dinero. “No estábamos al tanto”, reconoció esta mañana Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad cuando Gallo fue capturado en diciembre de 2024.

La punta del ovillo parecería iniciarse en la diputada Marcela Pagano, que ingresó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza pero se alejó rápido del oficialismo, y pareja de Franco Bindi, abogado y empresario de medios, que elDiarioAR ya reveló como posible ejecutor de las filtraciones de audios por las que Karina Milei fue acusada de cobrar coimas. 

Según relató Pagano en la pantalla de LN+, fue contactada durante el verano por Kevin Gallo, hermano menor de Nahuel y de bajísimo perfil mediático, y Griselda Heredia, su madre. El enlace fue la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat, experta en la cobertura de temas de política exterior argentina, quien fue consultada por la familia de Gallo para acceder a la diputada.

Fue entonces que Pagano ponderó lo que llamó una “diplomacia parlamentaria”: se activó un enlace con Venezuela a partir de que tras la captura de Nicolás Maduro quedaran al frente del gobierno chavista Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En paralelo habrían aceitado los contactos Oscar Laborde, ex embajador argentino en Caracas durante el kirchnerismo, y Stella Lugo, ex embajadora de Venezuela en Buenos Aires. 

“Laborde viaja a Venezuela y se reúne en un mano a mano con Delcy Rodríguez y le solicita poder repatriar al gendarme, y la respuesta fue afirmativa”, contó Pagano, aunque Laborde negó a elDiarioAR haber estado reunido con Rodríguez. La diputada agregó ante LN+: “La disposición a devolver a Nahuel Gallo siempre estuvo desde que Delcy asumió, pero si no se hizo antes fue porque nadie antes hizo un pedido formal. Según el gobierno venezolano no hubo un solo cable diplomático por parte de la cancillería argentina o de la embajada de Estados Unidos ni la italiana al respecto”.

Pagano mencionó la diplomacia italiana porque ese país pasó a hacerse cargo de los intereses argentinos en Venezuela desde que se rompió la relación con Brasil y luego de que Javier Milei decidiera quitar la representación del país en Caracas. Pero pese al relato de Pagano, elDiarioAR supo de fuentes diplomáticas al tanto de la negociación que el gobierno de Rodríguez no quería “entregarle” a Gallo a Milei.

Ahí es entonces cuando entró la AFA en la trama. Como la repatriación de Gallo tenía como conflicto secundario la prohibición de que avión venezolano aterrice en territorio argentino, surgió la alternativa de usar un avión privado. “Era imposible poder lograrlo: la dificultad radicaba en qué volvía el gendarme. Porque la embajada argentina ni los Estados Unidos ofrecieron ningún avión”, dijo Pagano, y agregó: “Delcy Rodríguez decía que no podía largarlo en un vuelo comercial porque si le pasaba algo la iban a responsabilizar a ella”.

A Rodríguez se le acerca un viejo conocido: el titular de la Asociación de Fútbol Venezolano, Jorge Jiménez Ochoa, íntimo amigo del Chiqui Tapia, a quien le piden un avión que pueda poner a disposición la AFA. La gestión se aceleró el fin de semana, a partir de una “excusa formal”: el Prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares, visitaron junto a Ochoa las obras del nuevo Centro de Alto Rendimiento de Caracas.

La AFA subió una foto de los tres dirigentes este domingo en Caracas a las 17:39. A las pocas horas Gallo fue liberado, aunque hay una ventana de tiempo que no se explica. Según relató Bullrich, el gendarme fue extraído de la cárcel Rodeo I a las 21.30, cuando la noticia de su liberación la confirmó la esposa de Gallo, Maria Alexandra Gomez, a las 19.07 de Argentina: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió en X. 

“El Fútbol, un puente humanitario”, había publicado la AFA a las 19.03, es decir antes que la propia pareja de Gallo. El Gobierno intentó torpedear la gestión de Tapia: “Pasamos un muy mal momento. Gallo no estaba seguro de adónde iba cuando lo subieron al avión”, dijo la senadora libertaria esta mañana en radio Mitre. Las imágenes contradicen la narrativa libertaria, porque Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y también señalado en la causa judicial contra Tapia, mostró una foto del Gendarme arriba del avión con la comitiva de fútbol argentino, una camiseta de la Selección y un mate.

Pagano confirmó la liberación de Gallo a las 19.09 y relató que inmediatamente después recibió una llamada de un agente de la agencia de inteligencia –a quien no identificó–: “Me llamó alguien de la SIDE para preguntarme si lo que escribí en mi Twitter era así. Nadie del gobierno me solicitó nada”, afirmó. En su Twitter había escrito: “Una gestión que se le debe a la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA. Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común”.

“Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno. El gobierno venezolano no quería entregárselo a Milei”, cuestionó Bullrich. El canciller Pablo Quirno, para no exponer aún más al Gobierno, le agradeció en X la gestión a los gobiernos de Italia y de Estados Unidos y a la ONG Foro Penal, pero no mencionó la intervención clave de la AFA y Tapia.

Por su lado, la activista venezolana en la Argentina Elisa Trotta cruzó la versión de Pagano: “Sabemos bien que estas 'negociaciones' oscuras por debajo cuerda se dieron porque Jorge Jiménez, presidente de la FVF, es un corrupto aliado de Delcy Rodríguez y, también, de quien hoy preside la AFA. Sabemos que esto fue una movida propagandística para intentar mejorar la imagen del señor Tapia y para tratar de dejar mal al gobierno de Milei”, publicó en sus redes.

La trama se completa con el dato de que el Learjet 60 matrícula LV-KMA al que se subió Gallo pertenece a Baires Fly, empresa de Sergio Daniel Mastropietro, que hizo negocios con Fred Machado –acusado de narcotráfico en Estados Unidos y que le pagó a José Luis Espert US$200.000 que le costaron su carrera electoral– y quien también está involucrado en la causa de las coimas en la agencia de discapacidad: Baires Fly le habría aportado a Diego Spagnnuolo –ex amigo íntimo de Milei– y Miguel Calvete una pantalla de contratación de vuelos para blanquear el dinero desvaído en la ANDIS, según determinó la justicia federal.

Así, la liberación de Gallo cerró 448 días de angustia para su familia, pero abrió una trama política que expone la fragilidad de la diplomacia del Gobierno y las internas del poder libertario. Milei quedó corrido de una gestión que no pudo capitalizar en su exposición ante la Asamblea Legislativa y que le ganó de mano Tapia, que se vislumbra hoy un enemigo político más hábil que el peronismo.

MC

Una serie de videos, fotos y documentos internos reveló el funcionamiento de una presunta red de desvíos financieros vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con registros que muestran el traslado, conteo y entrega de grandes sumas de dinero en efectivo que comprometen a Juan Pablo Beacon, excolaborador directo del tesorero Pablo Toviggino.

Las pruebas exponen la ruta del dinero desde financieras del microcentro porteño hasta oficinas utilizadas como punto de recuento y domicilios vinculados a la dirigencia, en coincidencia con movimientos investigados por la Justicia.

Uno de los videos centrales registra a Beacon frente a fajos de dólares mientras certifica el monto recibido: “Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600”. Minutos después anuncia que trasladará el dinero a una oficina, lo que dejó evidencia de un mecanismo interno basado en filmaciones destinadas a controlar cada etapa del circuito financiero y evitar pérdidas dentro de la propia estructura, según un informe del diario La Nación.

La documentación indica que los fondos salían de financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes, luego pasaban por una oficina en Lavalle 1718 donde se realizaba el conteo y armado de paquetes, y finalmente eran enviados a un domicilio asociado a Toviggino. Para evitar sospechas, el dinero circulaba en cajas de vino, bolsos o mochilas, incluso a plena luz del día.

En ese punto intermedio trabajaban Beacon y Cristian Brian Prendes, posteriormente incorporado al Comité Ejecutivo de la AFA. Mensajes internos con instrucciones como “llevale a PT a Montevideo” reforzarían la hipótesis del destinatario final.

Los registros audiovisuales muestran escenas de conteo manual de billetes, sobres sellados y códigos identificatorios, una metodología comparable con otros escándalos financieros del país.

Un documento atribuido a Beacon señala que en una sola semana se movilizaron más de 800.000 dólares, con comisiones del ocho por ciento retenidas por cuevas financieras del microcentro.

El esquema coincidió con operaciones realizadas por empresas intermediarias que recaudaban ingresos en el exterior y desviaban millones hacia firmas radicadas en Miami mediante facturación presuntamente apócrifa. Parte de esas operaciones incluyó servicios de asesoramiento facturados a la entidad presidida por Claudio Tapia.

La operatoria sufrió un quiebre tras un asalto ocurrido en 2021 durante un traslado de dinero en Recoleta, episodio que profundizó la desconfianza interna y motivó el registro sistemático de cada movimiento.

Con información de NA.

La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para relevar documentación contable y financiera que, según el organismo, fue requerida sin respuesta.

La medida, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, apunta a verificar posibles “graves irregularidades”, aunque aclararon que no implica una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de las funciones de fiscalización.

De concretarse, los veedores deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, revisar libros societarios, registros financieros y elaborar un informe técnico sobre cuentas, obligaciones impositivas y previsionales.

El control también alcanzará el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo la adquisición de inmuebles, la estructura patrimonial y los convenios firmados, con foco en la trazabilidad de los fondos utilizados.

Además, la IGJ pidió auditar los vínculos comerciales y financieros de la AFA con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas y otras firmas relacionadas, para reconstruir el flujo de dinero y las rendiciones de cuentas.

El pedido se da luego de que el organismo rechazara el intento de la entidad de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que mantuvo a la asociación bajo su órbita de control. Ahora, la designación de los veedores dependerá de la decisión final del Ministerio de Justicia.

Con información de la agencia NA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) negó la existencia de deudas fiscales exigibles y anunció la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional en respaldo a sus autoridades, tras la citación a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas irregularidades tributarias.

En un comunicado difundido este lunes, la entidad sostuvo que no existe deuda alguna vinculada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos cuestionados fueron efectuados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos. Según detallaron, ese planteo ya fue presentado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por parte de la Cámara de Apelaciones.

Además, desde la casa madre del fútbol argentino apuntaron contra el accionar de ARCA, al considerar que el organismo recaudador intenta convertir obligaciones aún no vencidas -y por lo tanto no exigibles- en la base de un supuesto delito penal tributario. Esa interpretación, afirmaron, resulta contraria a la normativa vigente.

En paralelo al pronunciamiento institucional, el conflicto tuvo un impacto inmediato en la organización del calendario deportivo. Durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el Predio Lionel Andrés Messi, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también se extendería al resto de las categorías del fútbol argentino.

La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo explícito a las autoridades involucradas, en un escenario que ya trasciende el plano judicial y afecta directamente la competencia.

En ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se expresó públicamente y dejó un mensaje político hacia el interior del sistema futbolístico: “AFA somos todos”. Tras el encuentro dirigencial, sostuvo que se debatieron “temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino”, al tiempo que reafirmó la postura institucional frente al avance de la causa.

La suspensión de la jornada abre ahora un nuevo frente de tensión, con clubes y jugadores a la espera de definiciones sobre la reprogramación de los partidos. Mientras tanto, la estrategia de la AFA apunta a concentrar fuerzas en la defensa judicial y en cerrar filas en torno a su conducción, en medio de un conflicto que amenaza con alterar la normalidad del campeonato local.

A poco más de una semana de su declaración indagatoria en una causa por presuntos delitos tributarios y previsionales, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado por la Justicia a viajar al exterior entre el 24 y el 27 de febrero. La salida del país quedó sujeta al pago de una caución real de cinco millones de pesos y a una serie de estrictas condiciones impuestas por el juzgado.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico N°5, Diego Amarante, quien hizo lugar al pedido presentado por la defensa del dirigente. El magistrado consideró que el viaje no interfiere con las fechas fijadas para las indagatorias, previstas a partir del 5 de marzo.

Tapia tiene compromisos oficiales en Colombia y Brasil. En primer lugar, participará de un acto convocado por la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Luego asistirá a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro. Además, presenciará la final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús en el estadio Maracaná.

Fianza y condiciones estrictas

El fiscal Claudio Navas Rial no se opuso a la autorización, aunque dejó en manos del juez la fijación de una caución. Finalmente, Amarante estableció una fianza de $5.000.000, que deberá depositarse en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina.

La resolución también ordena que Tapia suscriba un acta de compromiso antes de viajar y que, dentro de las 48 horas posteriores a su regreso, informe su ingreso al país a través del sistema judicial LEX100, acompañando la constancia migratoria correspondiente. En caso de incumplimiento, el tribunal advirtió que podría declararlo en rebeldía, ejecutar la fianza y ordenar su captura.

La restricción migratoria había sido comunicada previamente al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones, como parte de las medidas para garantizar su sujeción al proceso.

La causa: más de $19.000 millones bajo investigación

La investigación se inició el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. El expediente analiza presuntas retenciones de impuestos y aportes a la seguridad social que habrían sido descontados pero no ingresados al fisco dentro del plazo legal.

Según la acusación, los montos involucrados ascienden a más de $19.000 millones, discriminados en retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias -incluido el régimen del artículo 79- y contribuciones patronales a la seguridad social. De acuerdo con la querella, las maniobras se habrían extendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El encuadre legal se apoya en el Régimen Penal Tributario y en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que establece que el delito se configura cuando, transcurridos 30 días del vencimiento, no se depositan fondos retenidos a terceros.

ARCA sostiene que la AFA contaba con capacidad económica suficiente para cumplir con sus obligaciones fiscales. En ese sentido, señaló que durante 2025 la entidad registró ingresos por más de $453.000 millones y constituyó plazos fijos en pesos y dólares, lo que, a criterio de la querella, descarta un escenario de imposibilidad financiera.

Quiénes fueron citados

Tapia fue citado a indagatoria junto al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros dirigentes: Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. Las audiencias comenzarán el 5 de marzo con la declaración del presidente y continuarán entre el 6 y el 9 con el resto de los imputados.

La defensa del titular de la AFA intentó sin éxito cerrar el expediente mediante una excepción de falta de acción, argumentando que existían resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían temporalmente ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro. El juez rechazó el planteo y la cuestión fue apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Una vez realizadas las indagatorias, el magistrado contará con diez días para definir la situación procesal de los acusados: podrá dictar procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento. Mientras tanto, el expediente continúa en etapa de instrucción y no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

En ese contexto, Tapia podrá cumplir con su agenda internacional, aunque bajo la lupa judicial y con la obligación de regresar al país antes de que comience una instancia clave en su frente judicial.

CRM

El presidente de la AFA y titular del Ceamse, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó una denuncia penal por una presunta maniobra de extorsión que, según su planteo, se activó tras negarse a habilitar un negocio vinculado al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. La acusación apunta contra los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, y contra el empresario Leandro Camani, ligado a empresas proveedoras de cámaras y procesamiento de infracciones viales.

La presentación judicial se incorporó a una causa en trámite ante el juez de Garantías Walter Saettone y el fiscal Germán Camafreita. A través de su abogado Gregorio Dalbón, Tapia sostuvo que decidió recurrir a la Justicia luego de una secuencia de hechos que incluyó pedidos comerciales, una negativa administrativa y, posteriormente, una escalada de presiones políticas, judiciales y mediáticas.

El origen del conflicto

Según la denuncia, el conflicto se originó cuando Camani habría solicitado autorización para instalar y renovar cámaras de control de tránsito en ámbitos bajo la órbita de la Ceamse. Claudio Tapia afirmó que rechazó el pedido por considerar que no correspondía o que no se ajustaba a los procedimientos vigentes. A partir de esa negativa, siempre según su versión, el planteo comercial se transformó en una maniobra de presión directa.

El escrito sostiene que comenzaron a circular mensajes intimidatorios y advertencias explícitas: si no se habilitaba el negocio, se activarían denuncias penales, pedidos de informes y exposiciones públicas contra el titular de la AFA y su entorno. Para Tapia, ese punto marcó el quiebre y explicó la decisión de formalizar la denuncia.

Denuncias, medios y presión política

Claudio “Chiqui” Tapia vinculó esa supuesta extorsión con una serie de presentaciones judiciales y denuncias públicas que, a su entender, no fueron hechos aislados sino parte de una estrategia coordinada. En particular, mencionó la denuncia sobre una mansión en Villa Rosa, presentada pocos días antes del sorteo del Mundial FIFA 2026, evento de alto perfil internacional en el que la AFA y su conducción tenían un rol central.

El presidente de la AFA también habló de una “ofensiva comunicacional sostenida”, con publicaciones en medios, programas de televisión y una fuerte amplificación en redes sociales. En ese marco, señaló a la productora Red Cube, vinculada a Camani, como parte de un entramado que habría contribuido a instalar un “relato incriminante” sin contexto previo, con filtraciones de información judicial y exposición de espacios privados.

En su presentación, Tapia incluso denunció filmaciones con drones sobre domicilios particulares y la difusión de datos reservados, lo que motivó el pedido de allanamientos y el secuestro de equipos electrónicos para peritajes informáticos.

La causa más amplia: fotomultas y VTV

El caso se da en un contexto judicial más amplio, atravesado por la investigación sobre presuntas irregularidades en el negocio de las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. El propio Camani es investigado por la fiscalía tanto por su rol como denunciante de supuestas irregularidades como por un presunto financiamiento de maniobras de presión atribuidas a dirigentes políticos.

Camani es titular de la empresa Secutrans, que opera cerca de 100 cámaras en municipios como Hurlingham, Malvinas Argentinas y Escobar. En una presentación judicial, el empresario estimó que solo el 2% de las multas se pagan por canales legales, lo que habría abierto la puerta a una red paralela de “gestores” que anulaban infracciones a cambio de comisiones millonarias.

En ese entramado aparecen cruces de acusaciones entre testigos, denunciantes y defensas, incluyendo declaraciones que involucran a dirigentes de la Coalición Cívica y a exfuncionarios vinculados al área de Transporte bonaerense.

Por qué Tapia decidió denunciar

Según su entorno, Claudio “Chiqui” Tapia optó por presentarse como damnificado para dejar asentado en la Justicia que no cedió ante presiones y para desmarcarse de cualquier intento de vincularlo con negocios ajenos a la AFA o la Ceamse. La denuncia busca, además, invertir el eje de la discusión: pasar de ser objeto de acusaciones públicas a señalar una supuesta metodología de apriete basada en denuncias, operaciones mediáticas y presión política.

La decisión también se inscribe en un momento de alta exposición del dirigente, tanto por su rol en el fútbol argentino como por su proyección internacional dentro de la Conmebol y la FIFA, un contexto que, según su defensa, habría sido aprovechado para maximizar el impacto de las denuncias en su contra.

Investigación en curso

La causa continúa en etapa de investigación, con múltiples líneas abiertas que incluyen presunta extorsión, el negocio de las fotomultas, la VTV, filtraciones judiciales y vínculos entre empresarios, dirigentes políticos y actores del fútbol. Mientras tanto, todas las partes involucradas niegan las acusaciones y anticipan que aportarán pruebas para sostener sus versiones ante la Justicia.

Con información de medios

JIB

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuesta “evasión agravada”.

De acuerdo a este expediente, el ente rector del fútbol argentino habría incurrido en una presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos que debía girar al Estado.

Con la reciente decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, los abogados del organismo estatal tendrán acceso total al expediente, podrán solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en querellantes contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.

Esta causa surgió de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes, pero no lo giraba al Estado.

Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial avanzó con la apertura de la investigación contra la cúpula de la AFA por el presunto delito de evasión agravada.

Según los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.

El organismo asegura haber detectado irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en el período marzo de 2024-septiembre de 2025.

Mientras se multiplican los frentes judiciales que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Banco Central avanza con un sumario administrativo por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria que involucrarían operaciones por cerca de 240 millones de dólares. La investigación apunta a determinar si la entidad omitió liquidar divisas obtenidas durante los años de vigencia del cepo cambiario.

La actuación del organismo monetario pone bajo la lupa la gestión del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. El foco está puesto en los ingresos en moneda extranjera provenientes de contratos de sponsoreo de la Selección argentina, derechos de televisación y transferencias realizadas por entidades internacionales como la Conmebol y la FIFA, que deberían haber sido canalizados a través del mercado oficial.

En paralelo, la Justicia incorporó en las últimas horas una prueba considerada clave en el expediente que investiga a los propietarios de la lujosa mansión ubicada en Pilar, señalados como presuntos testaferros de Pablo Toviggino. Según el informe pericial agregado a la causa, la tarjeta de crédito de uno de los dueños del inmueble, Luciano Pantano, aparece vinculada a una cuenta corporativa de la AFA.

De acuerdo con la documentación, se trata de una tarjeta American Express que registró durante todo 2025 consumos promedio de 50 millones de pesos mensuales. Pantano, monotributista, figura como propietario de la mansión valuada en unos 20 millones de dólares junto a su madre jubilada. En el interior del inmueble, además, fueron secuestrados más de 50 autos deportivos importados.

Los peritos establecieron que la tarjeta utilizada para afrontar distintos gastos, entre ellos el pago del PASE de los vehículos incautados, pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino, con domicilio en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “En esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos entre enero y diciembre de 2025”, detallaron.

En su resolución, el juez Marcelo Aguinsky sostuvo que esos movimientos “deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa”, en el partido bonaerense de Pilar, y ordenó avanzar para que, “en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos de forma inmediata”. El magistrado también rechazó un planteo de inhibitoria por cuestión territorial y resolvió continuar al frente de la investigación.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Tres magistrados decidieron habilitar la feria judicial de verano para continuar con las investigaciones penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varios de sus principales dirigentes. La decisión permitirá que durante enero se mantengan en curso las medidas de prueba ordenadas en tres expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción.

El receso judicial comenzó el pasado viernes y únicamente se diligencian causas consideradas urgentes, salvo que los jueces dispongan expresamente su habilitación. En este caso, los magistrados a cargo de las investigaciones consideraron necesario que los expedientes no se suspendan durante el receso estival y continúen su tramitación normal.

Una de las causas es instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y de la firma TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni.

Según la investigación, la AFA habría intervenido como intermediaria en operaciones de financiamiento y sponsoreo, con fondos provenientes principalmente de los derechos de televisación del fútbol.

En el marco de esa causa, el juez ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Faroni y en las sedes de la AFA de la calle Viamonte y Ezeiza, así como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, y el pedido de información financiera internacional.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona y por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. Faroni fue citado a declarar y deberá presentarse el 19 de enero para quedar a derecho.

La investigación también incluye el análisis de documentación y teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre en la AFA, Sur Finanzas y distintos clubes de fútbol.

La causa por la lujosa mansión

Otro de los casos está a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y se centra en la compra de una lujosa mansión ubicada en Pilar, valuada en aproximadamente 17 millones de dólares. El magistrado habilitó la feria judicial y dispuso nuevas medidas de prueba, entre ellas la declaración de los pilotos del helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la propiedad, con el objetivo de establecer la titularidad real del inmueble.

La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte. Sin embargo, los investigadores analizan si ambos cuentan con la capacidad económica necesaria para justificar la adquisición de la finca, así como la tenencia de 54 vehículos de lujo y otra vivienda en un country de la misma zona. Durante los allanamientos se encontraron elementos vinculados a la AFA y documentación que refuerza la hipótesis de que el verdadero propietario sería el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Dicha causa se encuentra bajo una discusión de competencia judicial entre el juzgado de Aguinsky y el del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La denuncia de ARCA

El tercer expediente está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante y se originó a partir de una denuncia del organismo ARCA contra la AFA por la presunta retención indebida de aproximadamente 17 mil millones de pesos en aportes previsionales. En ese expediente fueron imputados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el secretario general Cristian Malaspina; y el director general Gustavo Lorenzo.

A pedido del fiscal Claudio Navas Rial, el juez ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA. Con la feria judicial habilitada, las tres investigaciones continuarán activas durante enero, a la espera de avances en las medidas de prueba dispuestas.

Con información de agencia NA

MC

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado este lunes a raíz del desvío de 42 millones de dólares por parte de TourProdEnter LLC, la empresa que maneja los fondos en Estados Unidos.

El ente rector del fútbol argentino emitió un comunicado en el que “manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino”.

“La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna” agrega el texto.

En línea con la denuncia de una “campaña de difamación”, la AFA apuntó al empresario cercano al Gobierno Nacional, Guillermo Tofoni, que “pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que no le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada ”Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303“, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China”.

“En dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país. Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos” añadió.

El ente rector del fútbol argentino redobló la apuesta ante Tofoni y señaló a funcionarios del Gobierno Nacional: “Con la anuencia del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.

“Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC. De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho” agregó el comunicado.

Por último, la AFA apuntó a los medios e “invita a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares. La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.

La entidad nació en 2021 y, al poco tiempo, fue designada por el Cómite Ejecutivo de la AFA para manejar la recaudación internacional del ente madre del fútbol argentino. La empresa, que es administrada por Erica Gillette, acumuló más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años en bancos de Estados Unidos, a raíz de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión.

Sin embargo, sólo una parte de esa millonada habría sido girada para financiar las actividades oficiales ya que, al menos 42 millones de dólares, terminaron en sociedades radicadas en el estado de Florida sin empleados ni actividad declarada.

Estas sociedades llamadas “fantasmas” son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en la ciudad rionegrina de Bariloche, cuyos perfiles resultan inusualesya que son beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y personas con deudas importantes en el sistema financiero.

Además, otros 109 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores en Uruguay que, posteriormente, utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.

Se suspendieron las declaraciones de los presuntos testaferros de Toviggino

En tanto, las declaraciones de los presuntos testaferros de Pablo Toviggino ante el juez Marcelo Aguinsky por la polémica mega mansión en Villa Rosa, Pilar, fueron suspendidas. 

Se trata de Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL, que este lunes debían declarar por videollamada.

Sin embargo, ambas testimoniales fueron suspendidas luego de la presentación judicial en Campana del abogado de los acusados, Mariano Morán.

El juez busca establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con el número dos de Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino.

Con información de la agencia NA