En un clima tenso por los planes de reforma del sistema de salud, lo sindicatos recibieron un gesto de parte del Gobierno. A través de la resolución 163/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, otorgó nuevamente un “apoyo financiero de excepción” para las obras sociales que hayan sufrido una caída en la recaudación durante el mes de diciembre de 2020, con relación a marzo del mismo año. 

Según detalla el texto de la Superintendencia de Servicios de Salud, el objetivo de la ayuda es “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de Covid-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios.” 

El monto del apoyo financiero para cada obra social será el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones durante marzo de 2020 y la recaudación percibida durante el último mes. Según se precisa en el anexo de la norma, la diferencia total a cubrir entre todas las obras sociales es de $227 millones. 

El dinero se repartirá entre 46 obras sociales, que experimentaron caídas en su recaudación de mayor y menor magnitud. Por caso, la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén tuvo una baja de 61,1% entre diciembre y marzo, seguida por la de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada, que cayó 55,6%. Del mismo modo, la obra social de Conductores de Remises y Autos al Instante registró una baja de 41,6%. En el otro extremo, la obra social de los trabajadores de Televisión, Actividad Minera, Enseñanza Privada y Luz y Fuerza sufrieron depresiones en sus cajas menores al 2% en diciembre.

No es la primera vez que el Gobierno gira dinero a las obras sociales para sostener su actividad en medio de la pandemia. En septiembre pasado, con el mismo argumento y la misma forma de cálculo (sólo que comparando agosto contra marzo de 2020), les otorgó $500 millones. También anunció medidas de este tipo en junio, momento en que no se incluyó el anexo con el monto, y en mayo del año pasado, por $1.200 millones. El dinero saldrá también esta vez del Fondo de Emergencia y Asistencia, creado en 2016 justamente para financiar “la asistencia en casos de epidemias o emergencias”. 

La ayuda llega en un momento en que los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de avanzar con una reforma del sistema de salud para volverlo más eficiente pusieron en alerta a los sindicatos, a cargo del subsistema de las obras sociales. 

El universo de las obras sociales -que cuenta con aproximadamente 27,6 millones de afiliados y cubre al 62% de la población- está compuesto por alrededor de 300 entidades, pero sólo 20 dan cobertura al 50% de los afiliados, y las brechas de recursos disponibles entre obras sociales de altos y bajos ingresos es de 5 a 1. 

En diálogo con elDiarioAR, Jorge Sola, secretario gremial del Sindicato del Seguro y vocero de la CGT, dijo que no considera que “en lo que concierne al sistema de obras sociales hubiera que hacer modificaciones de fondo”. “Creemos que todas las deficiencias que pudiera tener encuentran soluciones dentro del mismo sistema, de la misma ley, de la misma estructura. Para cada problema tenemos una solución, que ya hemos expresado con todos los gobiernos desde hace casi 15 años”, apuntó.

Incentivos fiscales para el sector salud y promesas de inversión 

El Gobierno anunció ayer que dará una serie de incentivos fiscales para el desarrollo del sector de la salud en el marco de la primera reunión de la Mesa de Economía del Conocimiento para la Salud del Acuerdo Económico y Social. 

Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Salud, Ginés González García dieron detalles sobre el Programa Nacional PRODUCIR+ SALUD, a través del cual se destinarán $350 millones para potenciar investigaciones y desarrollos de instituciones del sistema científico y tecnológico local.

El programa consiste en una serie de medidas acordadas entre las carteras de Desarrollo Productivo y Salud que apuntan al desarrollo del sector como por ejemplo un cupo fiscal por $350 millones para la promoción local de biosimilares y otros medicamentos basados en actividades de I&D local y un proyecto de Ley de Promoción de la Nanobiotecnología para la Salud que incluya la creación de un Centro Público Privado para maduración y escalado bajo normas GMP de nuevos desarrollos.

Además, anticiparon que se creará la Plataforma Argentina para Ensayos Clínicos, se dará impulso a un plan de producción nacional de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAS) y se promocionará la producción nacional de cannabis de uso medicinal.

Por otra parte, en esta mesa sectorial, las autoridades de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) ratificaron inversiones por US$ 300 millones para 2021 de sus empresas asociadas. Y adelantaron que, a partir de la puesta en marcha del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, tienen como objetivo fomentar inversiones mayores del sector en investigación clínica.

Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) anunció inversiones de sus laboratorios nacionales asociados (Richmond, Bagó, entre otros) por $12.740 millones para el bienio 2021/22 (aproximadamente más de US$ 130 millones).

Con información de Télam

DT

Alberto Fernández no conoce el plan de reforma del sistema de Salud que patrocina Cristina Fernández de Kirchner. No recibió ningún documento ni proyecto, no escuchó ningún informe in voce, sino que tan solo repasó apreciaciones genéricas sobre una idea que comparte: que el modelo sanitario está en un punto crítico y que, tarde o temprano, habrá que cambiarlo.

Fue el motivo por el que Fernández convocó a Ginés González García como ministro de Salud, según contó un funcionario nacional a elDiarioAR. Para que encarara una reconfiguración de un sistema atípico que combina un sector privado acotado pero poderoso con uno público, costoso y ubicuo, además de las obras sociales sindicales como tercer actor. Algo así como un hombre del sistema para cambiar el sistema.

Llegó la pandemia y el eje fue otro: camas UTI, respiradores, vacunas. Hasta que, el 18 de diciembre, el atardecer del día que Fernández recibió a la cúpula de la CGT en Olivos, Cristina Kirchner lanzó una bomba cuando pidió discutir el sistema de salud. Ante la cúpula del Frente de Todos y en presencia de Alberto Fernández en el estadio único de La Plata, la vicepresidenta reclamó “ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales”. Las prepagas y los gremios se pusieron en alerta, y la Casa Rosada quedó bajo fuego: Cristina impuso una agenda que inquietó a aliados de Fernández.

Alberto espera que el equipo de Salud, donde conviven con matices González García y su vice, Carla Vizzoti, apure un paquete de propuestas para avanzar con pruebas piloto de una reforma del sistema.

“El objetivo se cumplió: Cristina mira los temas trascendentales y creyó que era importante abrir la discusión sobre el sistema de salud. Nadie se puede hacer el distraído. Todos los actores del sistema saben que el sistema funcional mal”, dijo a elDiarioAR un miembro del equipo que, con el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán como principal referencia, promueve la reforma.

Desde ese espacio, que tiene abiertas disidencias con González García, mandan otro mensaje: el próximo movimiento, que debe consistir en activar una ronda de consultas y discusiones con los actores del sistema de salud, dependerá de Fernández. “La conducción política definirá si es oportuno avanzar ahora o hacerlo en otro momento”, apuntó la fuente.

Plan A, plan K

Desde la cima del gobierno, bajan dos líneas: no tienen precisiones sobre cuál es el proyecto de Cristina para reformar el sistema pero, mientras definen un auxilio para los prestadores, esperan que el equipo de Salud, donde conviven con matices González García y su vice, Carla Vizzoti, apure un paquete de propuestas para avanzar con pruebas piloto de una reforma del sistema.

Si se concreta, Fernández habrá puesto sobre la mesa una propuesta con su sello, ajena o diferente -aunque quizá compatible- con la que empujan desde el cristinismo.

La propuesta es germinal y, según lo que deslizó un portavoz político -en Salud dijeron a este medio que hay mesas de trabajo permanente desde inicios de la gestión- define líneas para mejorar la asignación de recursos humanos, avanzar con un esquema de “compra centralizada” de medicamentos para bajar los precios, ajustar la coordinación en un sistema fragmentado y algunas propuestas referidas a la financiación. Hay un capítulo puntual, que no está claro si avanzará a no, referido a la integración del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) al sistema de obras sociales, porque ese organismo -principal estructura unificada de salud de América Latina- funciona “como una isla y está hipercentalizado.”

Por otro lado, el paso que esboza Alberto Fernández atiende una demanda que elevan los gremios y que Jorge Sola, del Consejo del Directivo de la CGT, explicitó ante elDiarioAR para que se analice una suba de los aportes patronales a las obras sociales. El argumento central es que el Plan Médico Obligatorio (PMO), es decir la cobertura básica que deben garantizar las obras sociales, tiene un costo promedio de 2700 pesos mensuales, mientras que la recaudación promedio por cada afiliado es de 1800 pesos, en el cálculo de Sola.

Tocar los aportes para resolver el financiamiento no sirve: subís los aportes, con lo problemático que puede ser eso, y a la semana los laboratorios te suben los precios y otra vez estás a pérdida

Ese gap es un crucial, afirman en el sector sindical. En Salud de Nación comparten el planteo y, en los grupos vinculados con Cristina, creen lo que dicen los gremios: que la mayoría de las obras sociales son deficitarias y que muchas funcionan por el aporte extra de los sindicatos. Pero, a su vez, consideran que sólo atender el financiamiento no alcanza. “Tocar los aportes para resolver el financiamiento no sirve: subís los aportes, con lo problemático que puede ser eso, y a la semana los laboratorios te suben los precios y otra vez estás a pérdida”, dijo la voz del espacio de Cristina.

Aparece otra demanda recurrente: la prestación a los monotributistas, que en promedio aportan $1.000, para un PMO que cuesta casi el triple.

Esos ejes aparecen, en el capítulo referenciado al financiamiento, de los borradores que circulan en Casa Rosada donde, por ahora, se enfocan en otro tema, que es rescatar al sector más golpeado del sistema, los prestadores, que venían a los tumbos y como otras empresas, sobrevivieron al 2020 por el programa de pago de salarios ATP que implementó el Estado. Si esos son algunos de los ejes del proyecto albertista, el plan A ¿cuáles son los del proyecto K?

Fantasmas

La pregunta primaria es otra. ¿Hay un proyecto cristinista para reformar el sistema? Sí y no. Hay un título, un concepto general y textos sueltos, la mayoría analíticos, sobre las fallas del sistema, pero “no hay un plan sobre qué hacer”, dijo el funcionario K.

Ese vacío inicial generó pánico en el mundo gremial donde se instaló la tesis de que Cristina proponía centralizar la recaudación de todo el sistema, público, privado y sindical, en una sola cuenta. Es la matriz del Sistema Nacional Integrado de Salud, un modelo que desarrolló el peronismo en los '70, y que tiene puentes con el concepto universalista de los sistemas sanitarios más abarcativos del mundo que funcionan en Europa. Del Reino Unido a Italia, de Alemania a España, en ese continente, con sus variantes, el Estado carga sobre sus espaldas la atención sanitaria para todos los habitantes. En general, el sistema europeo era gratuito, pero la segunda ola de reformas noeliberales se animó a tocar esa vaca sagrada, aunque los precios son en todos los casos accesibles y con múltiples excepciones.

En el cristinismo niegan una centralización de ese tipo. “No hay fantasmas: no hay plan ningún para estatizar ni para sacarle la obra social a nadie; lo que hay que hacer es hablar, armar mesas de trabajo y analizar cómo mejoramos el sistema”, afirmó a elDiarioAR el dirigente que pidió hablar en off de récord porque ocupa un despacho oficial.

Hay, sin embargo, segmentos puntuales sobre los que pone la lupa el grupo que trabajó en el Instituto Patria -desde allí aportó a la Plataforma Electoral del Frente de Todos en paralelo a los equipos técnicos del PJ que capitaneaba González García-, pero ahora lleva adelante la política sanitaria en la gestión de Axel Kicillof. Entre las figuras más relevantes están Gollán, su segundo, Nicolás Kreplak, y Homero Giles, presidente del IOMA.

Como definición inicial, en términos políticos, repiten la idea de que “no hay que moverse rápido”, que la velocidad de la discusión la fijará el Gobierno nacional y que la base es mejorar la “coordinación entre los subsistemas” con puntos a revisar en cada uno de ellos. “Es con todos”; dijo el portavoz y planteó que hay conversaciones con gobernadores, con gremios y con prestadores que coinciden en que hay que discutir un cambio del sistema. Algunos ejes son los siguientes:

Auxilio

En medio, hubo un episodio confuso. Se autorizó una suba a las prepagas y luego se desactivó, lo que derivó en una larga charla de Fernández con Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y de la Unión Argentina de Entidades de Salud, y socio del grupod de medios América, quien aprovechó el episodio para pedir una audiencia presidencial y consultar si el Gobierno evaluaba alguna medida que implicaba la “estatización” de las prepagas. Se fue con la respuesta negativa en ese frente. En paralelo, Fernández le dijo que no autorizaba la suba para no aumentar la presión inflacionaria.

La resolución, que aumentaba un 7% las cuotas de las prepagas, fijaba en su artículo dos que la suba iba a los prestadores, el sector más crítico. La semana pasada, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero analizó con su vice, Cecilia Todesca Bocco, la situación de clínicas y sanatorios, descripta como el sector más golpeado en el prisma gubernamental. El diagnóstico lo comparten en la cartera de Salud bonaerense, donde reportan, casi a diario, cierre de clínicas: el parte del viernes dio cuenta del caso de un instituto privado en Junín y otro en Los Toldos.

José Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), se reunió con Fernández y con Cafiero, y avanza con conversaciones con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para concertar un auxilio que consistiría en un REPRO salud de tónica similar al ATP, además de una baja de los aportes patronales para el sector. Esta semana habría novedades al respecto.

En la charla con Fernández, según Sánchez dijo a elDIarioAR, no apareció la hipotética reforma del sistema de salud. Consultado por este medio, el titular de la FAPS -y presidente de Emergencias- dijo que “el sistema funciona” aunque ve problemas en “la intermediación” y las coberturas desiguales según la región. “El cambio debe ser con tiempo y sin partidización. Hay que repensar algunas cosas y buscar mayor integración y cooperación entre los sectores”, concluyó.

PI