Cristina instaló el debate sobre un sistema integrado de salud y ahora Alberto prepara su propia reforma

Cristina Kirchner y Alberto Fernández durante el acto de diciembre en La Plata

Alberto Fernández no conoce el plan de reforma del sistema de Salud que patrocina Cristina Fernández de Kirchner. No recibió ningún documento ni proyecto, no escuchó ningún informe in voce, sino que tan solo repasó apreciaciones genéricas sobre una idea que comparte: que el modelo sanitario está en un punto crítico y que, tarde o temprano, habrá que cambiarlo.

Asimetrías, cajas oscuras y subsidios cruzados, claves de un sistema de salud con alto gasto pero resultado ineficiente

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Fue el motivo por el que Fernández convocó a Ginés González García como ministro de Salud, según contó un funcionario nacional a elDiarioAR. Para que encarara una reconfiguración de un sistema atípico que combina un sector privado acotado pero poderoso con uno público, costoso y ubicuo, además de las obras sociales sindicales como tercer actor. Algo así como un hombre del sistema para cambiar el sistema.

Llegó la pandemia y el eje fue otro: camas UTI, respiradores, vacunas. Hasta que, el 18 de diciembre, el atardecer del día que Fernández recibió a la cúpula de la CGT en Olivos, Cristina Kirchner lanzó una bomba cuando pidió discutir el sistema de salud. Ante la cúpula del Frente de Todos y en presencia de Alberto Fernández en el estadio único de La Plata, la vicepresidenta reclamó "ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales". Las prepagas y los gremios se pusieron en alerta, y la Casa Rosada quedó bajo fuego: Cristina impuso una agenda que inquietó a aliados de Fernández.

Alberto espera que el equipo de Salud, donde conviven con matices González García y su vice, Carla Vizzoti, apure un paquete de propuestas para avanzar con pruebas piloto de una reforma del sistema.

"El objetivo se cumplió: Cristina mira los temas trascendentales y creyó que era importante abrir la discusión sobre el sistema de salud. Nadie se puede hacer el distraído. Todos los actores del sistema saben que el sistema funcional mal", dijo a elDiarioAR un miembro del equipo que, con el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán como principal referencia, promueve la reforma.

Desde ese espacio, que tiene abiertas disidencias con González García, mandan otro mensaje: el próximo movimiento, que debe consistir en activar una ronda de consultas y discusiones con los actores del sistema de salud, dependerá de Fernández. "La conducción política definirá si es oportuno avanzar ahora o hacerlo en otro momento", apuntó la fuente.

Plan A, plan K

Desde la cima del gobierno, bajan dos líneas: no tienen precisiones sobre cuál es el proyecto de Cristina para reformar el sistema pero, mientras definen un auxilio para los prestadores, esperan que el equipo de Salud, donde conviven con matices González García y su vice, Carla Vizzoti, apure un paquete de propuestas para avanzar con pruebas piloto de una reforma del sistema.

Si se concreta, Fernández habrá puesto sobre la mesa una propuesta con su sello, ajena o diferente -aunque quizá compatible- con la que empujan desde el cristinismo.

La propuesta es germinal y, según lo que deslizó un portavoz político -en Salud dijeron a este medio que hay mesas de trabajo permanente desde inicios de la gestión- define líneas para mejorar la asignación de recursos humanos, avanzar con un esquema de "compra centralizada" de medicamentos para bajar los precios, ajustar la coordinación en un sistema fragmentado y algunas propuestas referidas a la financiación. Hay un capítulo puntual, que no está claro si avanzará a no, referido a la integración del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) al sistema de obras sociales, porque ese organismo -principal estructura unificada de salud de América Latina- funciona "como una isla y está hipercentalizado."

Por otro lado, el paso que esboza Alberto Fernández atiende una demanda que elevan los gremios y que Jorge Sola, del Consejo del Directivo de la CGT, explicitó ante elDiarioAR para que se analice una suba de los aportes patronales a las obras sociales. El argumento central es que el Plan Médico Obligatorio (PMO), es decir la cobertura básica que deben garantizar las obras sociales, tiene un costo promedio de 2700 pesos mensuales, mientras que la recaudación promedio por cada afiliado es de 1800 pesos, en el cálculo de Sola.

Tocar los aportes para resolver el financiamiento no sirve: subís los aportes, con lo problemático que puede ser eso, y a la semana los laboratorios te suben los precios y otra vez estás a pérdida

Ese gap es un crucial, afirman en el sector sindical. En Salud de Nación comparten el planteo y, en los grupos vinculados con Cristina, creen lo que dicen los gremios: que la mayoría de las obras sociales son deficitarias y que muchas funcionan por el aporte extra de los sindicatos. Pero, a su vez, consideran que sólo atender el financiamiento no alcanza. "Tocar los aportes para resolver el financiamiento no sirve: subís los aportes, con lo problemático que puede ser eso, y a la semana los laboratorios te suben los precios y otra vez estás a pérdida", dijo la voz del espacio de Cristina.

Aparece otra demanda recurrente: la prestación a los monotributistas, que en promedio aportan $1.000, para un PMO que cuesta casi el triple.

Esos ejes aparecen, en el capítulo referenciado al financiamiento, de los borradores que circulan en Casa Rosada donde, por ahora, se enfocan en otro tema, que es rescatar al sector más golpeado del sistema, los prestadores, que venían a los tumbos y como otras empresas, sobrevivieron al 2020 por el programa de pago de salarios ATP que implementó el Estado. Si esos son algunos de los ejes del proyecto albertista, el plan A ¿cuáles son los del proyecto K?

Fantasmas

La pregunta primaria es otra. ¿Hay un proyecto cristinista para reformar el sistema? Sí y no. Hay un título, un concepto general y textos sueltos, la mayoría analíticos, sobre las fallas del sistema, pero "no hay un plan sobre qué hacer", dijo el funcionario K.

Ese vacío inicial generó pánico en el mundo gremial donde se instaló la tesis de que Cristina proponía centralizar la recaudación de todo el sistema, público, privado y sindical, en una sola cuenta. Es la matriz del Sistema Nacional Integrado de Salud, un modelo que desarrolló el peronismo en los '70, y que tiene puentes con el concepto universalista de los sistemas sanitarios más abarcativos del mundo que funcionan en Europa. Del Reino Unido a Italia, de Alemania a España, en ese continente, con sus variantes, el Estado carga sobre sus espaldas la atención sanitaria para todos los habitantes. En general, el sistema europeo era gratuito, pero la segunda ola de reformas noeliberales se animó a tocar esa vaca sagrada, aunque los precios son en todos los casos accesibles y con múltiples excepciones.

En el cristinismo niegan una centralización de ese tipo. "No hay fantasmas: no hay plan ningún para estatizar ni para sacarle la obra social a nadie; lo que hay que hacer es hablar, armar mesas de trabajo y analizar cómo mejoramos el sistema", afirmó a elDiarioAR el dirigente que pidió hablar en off de récord porque ocupa un despacho oficial.

Hay, sin embargo, segmentos puntuales sobre los que pone la lupa el grupo que trabajó en el Instituto Patria -desde allí aportó a la Plataforma Electoral del Frente de Todos en paralelo a los equipos técnicos del PJ que capitaneaba González García-, pero ahora lleva adelante la política sanitaria en la gestión de Axel Kicillof. Entre las figuras más relevantes están Gollán, su segundo, Nicolás Kreplak, y Homero Giles, presidente del IOMA.

Como definición inicial, en términos políticos, repiten la idea de que "no hay que moverse rápido", que la velocidad de la discusión la fijará el Gobierno nacional y que la base es mejorar la "coordinación entre los subsistemas" con puntos a revisar en cada uno de ellos. "Es con todos"; dijo el portavoz y planteó que hay conversaciones con gobernadores, con gremios y con prestadores que coinciden en que hay que discutir un cambio del sistema. Algunos ejes son los siguientes:

  • Información: por la segmentación, y porque no hay vínculos fluidos, al Estado le falta información sobre cómo funciona el sistema, qué cantidad de prestaciones, con qué costos y de qué tipo. Eso mejoró con la pandemia, por la gestión de camas, y creen que se debe mantener y profundizar. La falta de información impide determinar la calidad de la atención y de las prestaciones.
  • Homogeneidad. La misma prestación suele tener precios distintos lo que deriva, luego, en diferentes calidades.
  • Obras sociales. Se aporta que son necesarias para el sistema y deben continuar, aunque entienden que muchas son deficitarias. Lo que lleva a la cuestión del "descreme", ese mecanismo por el cual los sueldos más altos se van a las obras sociales con convenios con prepagas, y ello termina alterando el sistema solidario de financiamiento de las obras sociales.
  • Medicamentos. Como el bosquejo que circula en Nación, también hablan de avanzar con una compra centralizada de medicamentos para mejorar precios. "No para gastar menos, para gastar mejor", dicen. Es la idea de un Estado que actúe como negociador y fije el precio.
  • Prepagas. El sector debe existir porque hay un grupo que quiere prepagas, pero hay que mejorar la coordinación porque el sector público suele atender, sin contraprestación, a afiliados del sistema privado. Dan un dato: por año, en la Argentina se hacen 650 mil partos, de los cuales entre 350 y 400 mil son en hospitales públicos. De ellos, sólo 100 mil no tiene obra social. Es decir, son personas que pagan o aportan a un privado u obra social, pero recurren al sistema público.

Auxilio

En medio, hubo un episodio confuso. Se autorizó una suba a las prepagas y luego se desactivó, lo que derivó en una larga charla de Fernández con Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y de la Unión Argentina de Entidades de Salud, y socio del grupod de medios América, quien aprovechó el episodio para pedir una audiencia presidencial y consultar si el Gobierno evaluaba alguna medida que implicaba la "estatización" de las prepagas. Se fue con la respuesta negativa en ese frente. En paralelo, Fernández le dijo que no autorizaba la suba para no aumentar la presión inflacionaria.

La resolución, que aumentaba un 7% las cuotas de las prepagas, fijaba en su artículo dos que la suba iba a los prestadores, el sector más crítico. La semana pasada, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero analizó con su vice, Cecilia Todesca Bocco, la situación de clínicas y sanatorios, descripta como el sector más golpeado en el prisma gubernamental. El diagnóstico lo comparten en la cartera de Salud bonaerense, donde reportan, casi a diario, cierre de clínicas: el parte del viernes dio cuenta del caso de un instituto privado en Junín y otro en Los Toldos.

José Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), se reunió con Fernández y con Cafiero, y avanza con conversaciones con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para concertar un auxilio que consistiría en un REPRO salud de tónica similar al ATP, además de una baja de los aportes patronales para el sector. Esta semana habría novedades al respecto.

En la charla con Fernández, según Sánchez dijo a elDIarioAR, no apareció la hipotética reforma del sistema de salud. Consultado por este medio, el titular de la FAPS -y presidente de Emergencias- dijo que "el sistema funciona" aunque ve problemas en "la intermediación" y las coberturas desiguales según la región. "El cambio debe ser con tiempo y sin partidización. Hay que repensar algunas cosas y buscar mayor integración y cooperación entre los sectores", concluyó.

PI

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