El Gobierno nacional anunció este jueves que, a través de la Secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), imputó a las principales empresas de medicina prepaga del país tras hallar “indicios múltiples de un acuerdo colusivo”, en relación a los aumentos de precios de los planes de salud detectados entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Por caso, en el dato de inflación conocido hace menos de 24 horas, las cuotas de las prepagas aumentaron en noviembre entre 3,9% y 6,9%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor promedio fue del 2,4%.

El encargado de dar a conocer la información fue el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que la CNDC “imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepagas, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt; a Galeno, al Hospital Italiano, OSDE, Hospital Britanico, Hospital Alemán, OMINT y Swiss Medical”.

De acuerdo al funcionario, “esto surge a raíz de la denuncia entre los meses de diciembre de 2023 y abril 2024”.

En tanto, en una comunicación oficial de la Secretaría de Industria y Comercio, se explicó que en el marco de “una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió un dictamen aconsejando al secretario de Industria y Comercio imputar a un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona que la presidía, por haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo”.

Asimismo, detallan que las empresas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la imputación “son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, así como también la Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. del entonces presidente de la UAS”.

También aclaran que la apertura de la presente investigación, que se encuentra en curso, “se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2°, inciso a), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), en virtud del aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024”.

“En abril de este mismo año, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en conjunto con la CNDC intervinieron dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre y cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”, dice el texto que difundió el Gobierno.

De acuerdo a los plazos fijados por la Ley de Defensa de la Competencia, “a partir de la notificación, personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada”.

“La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles ―y que considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más― para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis (6) días hábiles para presentar sus alegatos”, advierten.

En tanto, sostiene que, en caso de que la prueba producida “resulte suficiente para desvirtuar imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones”, pero que en caso contrario, “la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido”.

La CNDC recordó en su texto que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, “comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30 % de la facturación de las empresas infractoras en Argentina”.

Y clasifica “a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas”.

Para conocer más sobre qué constituye una conducta anticompetitiva, La CNDC aconseja ver la siguiente infografía.

También se puede consultar una “guía de buenas prácticas para cámaras y asociaciones empresarias y colegios de profesionales”:

Se puede denunciar una conducta anticompetitiva de manera virtual a través del sistema de Trámites a Distancia (TaD), tal como se describe aquí:

¿Qué se considera una conducta anticompetitiva?

Son prácticas realizadas por personas humanas o jurídicas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (Ley N° 27.442, art. 1).

El procedimiento de investigación se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona humana o jurídica, pública o privada (siempre y cuando se trate del denunciante).

¿A quién está dirigido?

Cualquier persona humana o jurídica (pública o privada) denunciante que pretenda denunciar una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 27.442).

¿Qué necesito para realizar la denuncia?

Presentar un escrito con los siguientes datos:

Todas sus hojas, tanto las de la denuncia como las de la documentación adjunta, deben estar firmadas por quien la presente.

Una vez presentada, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citará al presentante para que ratifique la misma y se labrará el acta correspondiente.

Para consultas respecto de la guía de “Abuso de Posición Dominante de Tipo exclusorio”, se solicita acceder al siguiente enlace.

¿Cómo hago?

1) Ingresá a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) con tu CUIT y clave fiscal nivel 2. En el caso de una persona humana ingresar mediante el DNI o CUIT correspondiente a la persona que efectuará la denuncia. En el caso de persona jurídica, ingresa con el cuit de la persona jurídica denunciante.

2) Iniciá el trámite ingresando a “Presentación por Presunta Conducta Anticompetitiva” y validá tus datos.

3) Completá el formulario correspondiente.

4) Adjuntá la documentación que corresponda. En algunos casos la misma es obligatoria.

5) Seleccioná “Confirmar trámite''.

6) Una vez que el expediente se encuentre confirmado, en la solapa “Mis trámites” vas a poder verificar la creación del mismo y realizar su seguimiento del trámite.

En el caso de que desees realizar una presentación de manera presencial, deberás dirigirte a la Mesa de Entradas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ubicada en Julio A. Roca 694, Planta Baja, Capital Federal.

Para cualquier consulta podrás remitir un mail a cndcfirma@produccion.gob.ar.

Podes consultar el Manual de TAD para efectuar la presentación de una presunta denuncia por conductas anticompetitivas en el siguiente Instructivo.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito

Con información de agencias.

IG

Una nueva medida cautelar ordenó retrotraer las facturas de una empresa de medicina prepaga a los valores de 2023 ajustados por el índice de aumentos de salarios por el término de seis meses.

La medida fue dispuesta por el juez federal de San Martín Oscar Papayero, quien le ordenó a Swiss Medical que “proceda a la facturación de las cuotas al valor de la cuota de diciembre de 2023, efectuando los ajustes mensuales que resulten de aplicarle el Índice Salarial que publica el INDEC”.

El documento dispuso también “suspender los plazos procesales por el plazo de 20 días para el tratamiento de la cuestión de competencia y eventual acumulación a las demandas colectivas o hasta tanto resuelva el Superior que le corresponda intervenir”.

Eso significa que este caso, que es individual, podría acumularse a los procesos colectivos, que apuntan al dictado de una medida que abarque a todos los usuarios de una misma “clase” de empresas de medicina prepaga.

“La presente medida –añade el fallo- tendrá vigencia por un plazo que -prudencialmente- se fija en seis meses, o hasta tanto – de así considerarlo- sea modificada por el magistrado que habrá de entender o bien dicte sentencia definitiva”.

El afiliado beneficiario del fallo deberá prestar “caución juratoria” para el cumplimiento de la cautelar, “que se considera prestada con la solicitud de la medida cautelar habida cuenta las especiales circunstancias del caso”, subrayó el juez.

El afiliado fue patrocinado por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, que mediante un comunicado anunció: “Estamos recibiendo casos para presentar amparos de afiliados de Swiss Medical de San Martín, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Morón, La Matanza, Merlo, Moreno, Marcos Paz, Ituzaingó e Hurlingham”.

CRM con información de la agencia NA

La crisis sanitaria por el Covid-19 se transformó en el contexto perfecto para la escalada de la disputa entre las empresas de medicina prepaga y el gobierno de Alberto Fernández: aumento de costos y de cuotas a los afiliados, reclamos salariales del exhausto personal de salud, falta de diálogo, intrigas políticas y una causa judicial se suman a un escenario con poco margen para aflojar las tensiones. 

Este miércoles, el juez el juez Pablo Cayssials, del furo Contencioso Administrativo Federal, falló a favor de uno de los planteos de las empresas de medicina privada al suspender dos resoluciones oficiales que habían frenado en 2020 dos aumentos en las cuotas que abonan los afiliados. El expediente se inició con la demanda presentada por 17 empresas de medicina privada, que aseguraron en un escrito que el “sistema está en llamas”. Los referentes del sector sostienen en entrevistas, conferencias de prensa y declaraciones informales que el kirchnerismo busca desfinanciar a las compañías para dejarlas al borde de la quiebra y propiciar la estatización del sistema. 

Tanto en el Ejecutivo como en el kirchnerismo descartan un plan o intento por estatizar la medicina privada, lo que consideran costoso e impracticable, y aseguran que su único objetivo es lograr un sistema de salud “más equitativo e integrado” con medidas. En el antagonismo, sobresale la falta de diálogo entre el ministerio de Salud y las privadas, y pasan desapercibidas ideas generales de integración entre lo público y privado con las que representantes de los distintos sectores están de acuerdo, según las consultas de elDiarioAR, como centralizar la compra nacional e internacional de medicamentos para abaratar los costos de todos.  

A la puja por los aumentos de cuota y la paritaria salarial del sector, se sumó a la discusión la idea de un “sistema integrado de salud”, que pocos saben explicar cómo podría ejecutarse en Argentina, donde no sólo coexisten tres subsistemas (público, privado y obras sociales) sino donde deberían coordinarse a su vez otros numeroso esquemas dentro de los subsistemas a nivel nacional, provincial y municipal. 

La crisis del sector genera una bola de nieve: las prepagas y obras sociales contratan muchas veces a sanatorios y clínicas privadas, empresas de urgencias, ambulancias, laboratorios, entre otros prestadores que forman parte de la cadena de pagos y costos, tanto a la hora de aumentar como de recortar, explicó Jorge Iapichino, cirujano y secretario de Hacienda de la Confederación Médica de la República Argentina. 

Todos dependen de las prepagas y obras sociales para cobrar y para pagar a sus propios proveedores y personal. Estas a su vez, dependen del Ejecutivo para fijar aumentos (en el caso de las prepagas) o de la liberación de fondos (para las obras sociales).

El empresario Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), fundador de Swiss Medical y accionista de América TV, es quien lidera la disputa con el gobierno de Fernández en todos los frentes: judicial, político y mediático. Swiss Medical es la segunda prepaga con mayor cantidad de afiliados en el país (alrededor de un millón; OSDE tiene un millón y medio). “Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo”, dice el escrito de demanda del 16 de junio, también promovida por OSDE, Galeno, Medicus, Medifé, Omint y Hospital Italiano, entre otros. El juez del caso autorizó ahora que se apliquen dos aumentos que habían sido aprobados por el Gobierno en 2020 y luego desaprobados por la misma gestión: un 10% para diciembre 2020 y otro 7% para febrero 2021. Los sectores deberán seguir discutiendo en sede administrativa para llegar a un acuerdo.

En las consultas realizadas por elDiarioAR a voceros y actores centrales de los distintos sectores queda en evidencia que la falta de diálogo, que se cortó tras la salida del exministro de Salud Ginés González García en febrero, es uno de los factores centrales en la escalada del conflicto que se dio en el último mes y medio. 

Fernández y Belocopitt no se han vuelto a reunir desde principios de enero, cuando el Presidente citó al empresario para disipar la versión de que su gobierno buscaba estatizar el sistema de salud, aseguró una fuente al tanto de ese diálogo. Desde entonces, según la fuente, los contactos entre ambos han sido sólo telefónicos.

Un ajuste injustificado y excesivo en las cuotas de los usuarios podría devenir en un grave perjuicio para aquellos que no puedan solventarlos.

Ministerio de Salud de la Nación. — Escrito ante la Justicia.

Puentes cortados

Un interlocutor de los privados es el Superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, quien recibe y envía mensajes pero no tiene poder de decisión sobre el conflicto. El diálogo con la ministra Carla Vizzotti, es casi nulo, según fuentes del sector privado. 

“Hay diálogo constante pero esto requiere mucho trabajo, eliminar dudas y temores”, contrarrestó Homero Giles, presidente de IOMA y uno de los promotores de un sistema de salud integrado que incomoda a las prepagas.

En medio de la pelea, la ganadora hasta ahora fue la Confederación General del Trabajo (CGT). Los sindicatos consiguieron que el Gobierno les conceda un reclamo que vienen exigiendo a los gobiernos de las últimas dos décadas: recuperar parte de lo que llaman “la crema” de los trabajadores en relación de dependencia, los más jóvenes, que implican menos gastos. 

Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo.

Escrito de demanda de prepagas.

Las obras sociales acumulan más del 60% de los pacientes del sistema de salud, alrededor de 26 millones de personas, según datos del sector. La “crema” son unos 4,5 millones de trabajadores en relación de dependencia que actualmente eligen derivar sus aportes. En lugar de ir a las obras sociales que les impone el sistema, los aportes van a una prepaga. 

Los empleados tampoco pueden elegir la prepaga, ya que depende de un acuerdo entre empresas del sector privado y una serie de obras sociales pequeñas que existen a los fines de efectuar este proceso: derivar aportes (muchos trabajadores completan el valor de la cuota con dinero de su bolsillo).

Esos 4,5 millones de trabajadores representan alrededor del 75% de los 6 millones de clientes de las prepagas, explicó a este medio un representante del mercado privado de la salud. Sólo un millón y medio de usuarios son 100% privados y pagan la cuota total de su bolsillo. 

Hay diálogo constante pero esto requiere mucho trabajo, eliminar dudas y temores.

Homero Giles — Presidente de IOMA.

El miércoles, el Gobierno modificó ese sistema de libre elección y dispuso que quienes inicien un vínculo laboral “deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”. En el Ejecutivo reconocen que el DNU se basó en un “proyecto presentado por la CGT”.

Las demandas

Los empresarios liderados por Belocopitt afirmaron en el escrito presentado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que existe un “tremendo desfasaje entre el aumento de los costos y los escasos porcentajes de los aumentos que había autorizado el Ministerio” y critican que el Ejecutivo no autorice al sector a aumentar las cuotas a sus afiliados para compensar esa brecha. 

El juez subrogante Pablo Cayssials rechazó un segundo pedido de las prepagas: no dictará una medida cautelar para que las empresas apliquen un nuevo aumento de “emergencia” del 9,77% a las cuotas a sus afiliados (adicional al 28% ya autorizado y a cuenta de futuros aumentos). La negociación, por ahora, deberá girar en torno a los aumentos autorizados por el magistrado.

El ministerio de Salud contestó en el expediente que “un ajuste injustificado y excesivo en las cuotas de los usuarios podría devenir en un grave perjuicio para aquellos que no puedan solventarlos”, además de rebatir en duros términos los análisis económicos que presentaron las empresas sobre costos y aumentos. 

Salud sostuvo ante la Justicia que los costos han aumentado un 30% y que los aumentos anuales de cuotas tienen ese techo. Los privados afirman que sus costos se elevaron mucho más y que las cuotas están atrasadas en un 46,46%, a abril de 2021, según explican ambos sectores en el expediente consultado.

Al conflicto se sumó que el Sindicato de Sanidad reclama al sector privado un aumento del 45% salarial. El gremio es liderado en Capital Federal por Héctor Daer, uno de los sindicalista de la CGT con mejor llegada al Presidente. La falta de acuerdo por las paritarias forzó una conciliación obligatoria a finales de junio. 

Las empresas responden que están de acuerdo con el aumento reclamado por los trabajadores pero que no pueden costearlo sin un aumento de la cuota. “Es real que hay un problema de financiamiento pero las empresas también han crecido en otros momentos y nunca nos llamaron para distribuir la riqueza. Ahora somos socios en la pobreza”, respondió Norberto Maschio, secretario de Prensa de Sanidad.

La articulación entre los sistemas público, privado y obras sociales ya existe pero una integración sería más profunda. Eso no es una estatización ni un camino hacia la estatización.

Nicolás Kreplak — Viceministro de Salud bonaerense.

“El 60% del costo de un sanatorio es el personal”, explica Iapichino, de la Confederación Médica de la República Argentina. El mensaje que recibe el personal sanitario en plena segunda ola de la pandemia es “te quiero pagar el aumento pero no puedo” y “el aumento de salario depende del Ejecutivo”, sostiene. “El atraso salarial viene desde hace unos cuatro años”, agregó.

El sistema incomprendido

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también es un factor que hace saltar alarmas en los empresarios del sector. “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, dijo la expresidenta a finales de diciembre, durante la clausura de un encuentro virtual organizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, cuyo referente es el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepalk, uno de los promotores del sistema integrado de salud. 

Días después de esas declaraciones, el presidente Fernández debió reunirse con Belocopitt para asegurarle que su gobierno no busca estatizar el sistema. Luego vinieron marchas y contramarchas en la autorización de aumentos de las cuotas a los afiliados y la salida de González García por el caso del “vacunatorio VIP”, que alejó aún más a los interlocutores.

Los referentes del sector privado consultados sostienen que no saben de qué se trata el sistema integrado de salud, pero creen que apuntaría a debilitar al sistema de las prepagas, clínicas y sanatorios privados con el objetivo de allanar el camino hacia la estatización. 

Algunos referentes del sector privado -que prefieren no ser citados- sostienen que las palabras de Fernández de Kirchner se enmarcaron en la idea de “los cubanos”, como llaman a un grupo de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, entre ellos el viceministro Kreplak y el presidente de IOMA, Homero Giles, quien se graduó de médico en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Ambos fueron funcionarios durante la presidencia de CFK.

“Hay tres modelos: el sistema privatizado; el sistema único (que creo que es el mejor); y el sistema integrado, que es el más razonable y factible en Argentina”, afirmó Kreplak a elDiarioAR. “La articulación entre los sistemas público, privado y obras sociales ya existe pero una integración sería una articulación más profunda. Eso no es una estatización ni un camino hacia la estatización”, aseguró.

Es real que hay un problema de financiamiento pero las empresas también han crecido en otros momentos y nunca nos llamaron para distribuir la riqueza.

Norberto Maschio — Sindicato de Sanidad.

IOMA, la obra social de los trabajadores bonaerenses, y PAMI, la de los jubilados, concentran el 50% de las compras de medicamentos de todo el sistema, explicó Giles. Se proveen, además, de los servicios de clínicas y sanatorios privados. Giles dijo a elDiarioAR que “nunca se habló de estatizar el sistema privado de salud. No existe esa discusión en la historia argentina”. 

“Los que luchamos por un sistema de salud más equitativo e integrado hablamos de integrar los distintos subsistemas (sector público, obras sociales y medicina privada) a través de mecanismos que no existen actualmente”, explicó el presidente de IOMA. 

Esos mecanismos son variados. Incluyen historias clínicas únicas de los pacientes, mayores regulaciones y el acceso a información financiera de los privados, como, por ejemplo, cuánto gastan en insumos y medicamentos. 

Tanto Kreplak como Giles aseguran que la integración permitiría abaratar los costos para los privados. El Estado, con alto poder de compra y negociación con los proveedores nacionales e internacionales, podría centralizar las compras para todos, pero a cambio deberán abrir sus cuentas.

El viceministro Kreplak sostuvo ante la consulta que la compra integrada de medicamentos e insumos sería factible en la provincia. “Para que eso funcione- dice Giles- el sector público debe poder acceder a información clave del sector privado. Hay que destrabar ese punto: cómo acceder a esa información”.

Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada, coincidió en que el sector privado se beneficiaría si el Estado encabeza las licitaciones internacionales de medicamentos de altísimo costo y de las nuevas coberturas pero opina que “el Estado debe prestar ese servicio sin que se convierta en un fondo de reintegros”.

Lilloy dirige el observatorio de precios de la UAS. sus últimos informes afirman que entre 2020 y 2021 los medicamentos hospitalarios aumentaron 278% en promedio y las drogas para terapias intensivas, otro 383% promedio. Ambos, muy por encima de la inflación interanual del 42%.

Primero hay que articular mejor lo que ya existe: al Estado dentro del Estado.

Jorge Iapichino — Cirujano y sec. de Hacienda de la Confederación Médica Argentina.

Para después

“No hay un proyecto, es una idea general que ilumina lo que hay que trabajar post pandemia”, responden en Casa Rosada. “El Estado no tiene dinero para afrontar una estatización, ni para expropiar”, aseguró la fuente oficial. “El Gobierno discute a cara de perro pero a la hora de la crisis pusimos los recursos que necesitaban todos los sectores privados para afrontar la crisis sanitaria” por el Covid-19, añadió.

“Primero hay que articular mejor lo que ya existe: al Estado dentro del Estado (entre Nación, las provincias y municipios) y pensar, por ejemplo, cuántos hospitales como el Garrahan o el Posadas se necesitan en el país y dónde específicamente deberían construirse”, afirmó el cirujano Iapichino, quien también cree que hay que repensar “si el rol del Ejecutivo es fijar los aumentos de las prepagas o sólo controlarlos”.

Hay un punto en el que tanto los privados como los funcionarios pro-integración coinciden: la necesidad de contener los aumentos de precios de las industrias farmacéutica y de tecnología médica. “Son las que más ganan y aquí es donde la integración es clave: que un sólo sector, el público, negocie las compras para todos, incluidos los privados”, dice Giles.

“Lo que nosotros nos preguntamos es por qué una persona que no puede pagar una operación en la Favaloro no puede operarse en la Favaloro”, afirmó Giles. ¿Cómo y quién financiaría esa posibilidad? “Los recursos están dentro del sistema, lo que falta es una coordinación y redistribución entre los distintos sectores, lo que debería formalizarse en al menos una ley y una mesa con todos los actores. En un sistema integrado, la medicina prepaga se distingue de las obras sociales o del público por su hotelería, sus servicios premium o determinados profesionales, por ejemplo”, aseguró el presidente de IOMA.

ED

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y titular de la Unión Argentina de Salud, advirtió que el momento que vive el sistema de salud es de “una gravedad extrema” por la falta de camas y profesionales para los cuidados intensivos, al tiempo que pidió un cierre más duro que “incluya a las escuelas”.

Para el empresario, “la situación en terapia intensiva es de una gravedad extrema. Todos tenemos que tomar conciencia que esta situación es muy complicada. Los cálculos demuestran la situación, es todo re contra complicado”, remarcó este miércoles, en diálogo con Radio con Vos.

Además, Belocopitt reveló que el sistema público “tampoco tiene mucho espacio para recibir pacientes, pero por ahora estamos con la red propia” y agregó: "Lo que se pudo hacer, se hizo, y se hizo más", en cuanto a cómo reaccionaron las empresas de salud frente a la segunda ola de coronavirus que tiene una curva de casos sostenida en números muy altos y a las clínicas y hospitales al borde del colapso.

En cuanto a las medidas restrictivas y el debate generado entre Nación y Ciudad por las clases presenciales, Belocopitt fue contundente: “Yo vengo diciendo que hay que bajar la circulación viral, y para eso hay que bajar la circulación, no tiene discusión. No hay dudas de que hay que poner más restricciones. Esta discusión de las escuelas no hubiera existido si se cerraba todo. Estaba para un cierre más duro que incluía a las escuelas", concluyó.

Días atrás, cuando los contagios no eran tan elevados como ahora, el empresario ya había advertido que, aunque hubiera un “amesetamiento de la curva, ese número no relaja al sistema de salud, sino que lo sigue estresando día a día. Lo que hay que lograr es que baje la curva” y resaltó: “Si no baja la curva, el sistema sigue recibiendo más pacientes de la cantidad de altas que tiene para dar”.

En cuanto al nivel de estrés en los profesionales de la salud “ya está pasando todos los límites, porque no son tantos los médicos, enfermeros e internistas disponibles en Argentina para la cantidad de pacientes que tienen que atender”, sentenció.

IG

Alberto Fernández no conoce el plan de reforma del sistema de Salud que patrocina Cristina Fernández de Kirchner. No recibió ningún documento ni proyecto, no escuchó ningún informe in voce, sino que tan solo repasó apreciaciones genéricas sobre una idea que comparte: que el modelo sanitario está en un punto crítico y que, tarde o temprano, habrá que cambiarlo.

Fue el motivo por el que Fernández convocó a Ginés González García como ministro de Salud, según contó un funcionario nacional a elDiarioAR. Para que encarara una reconfiguración de un sistema atípico que combina un sector privado acotado pero poderoso con uno público, costoso y ubicuo, además de las obras sociales sindicales como tercer actor. Algo así como un hombre del sistema para cambiar el sistema.

Llegó la pandemia y el eje fue otro: camas UTI, respiradores, vacunas. Hasta que, el 18 de diciembre, el atardecer del día que Fernández recibió a la cúpula de la CGT en Olivos, Cristina Kirchner lanzó una bomba cuando pidió discutir el sistema de salud. Ante la cúpula del Frente de Todos y en presencia de Alberto Fernández en el estadio único de La Plata, la vicepresidenta reclamó “ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales”. Las prepagas y los gremios se pusieron en alerta, y la Casa Rosada quedó bajo fuego: Cristina impuso una agenda que inquietó a aliados de Fernández.

Alberto espera que el equipo de Salud, donde conviven con matices González García y su vice, Carla Vizzoti, apure un paquete de propuestas para avanzar con pruebas piloto de una reforma del sistema.

“El objetivo se cumplió: Cristina mira los temas trascendentales y creyó que era importante abrir la discusión sobre el sistema de salud. Nadie se puede hacer el distraído. Todos los actores del sistema saben que el sistema funcional mal”, dijo a elDiarioAR un miembro del equipo que, con el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán como principal referencia, promueve la reforma.

Desde ese espacio, que tiene abiertas disidencias con González García, mandan otro mensaje: el próximo movimiento, que debe consistir en activar una ronda de consultas y discusiones con los actores del sistema de salud, dependerá de Fernández. “La conducción política definirá si es oportuno avanzar ahora o hacerlo en otro momento”, apuntó la fuente.

Plan A, plan K

Desde la cima del gobierno, bajan dos líneas: no tienen precisiones sobre cuál es el proyecto de Cristina para reformar el sistema pero, mientras definen un auxilio para los prestadores, esperan que el equipo de Salud, donde conviven con matices González García y su vice, Carla Vizzoti, apure un paquete de propuestas para avanzar con pruebas piloto de una reforma del sistema.

Si se concreta, Fernández habrá puesto sobre la mesa una propuesta con su sello, ajena o diferente -aunque quizá compatible- con la que empujan desde el cristinismo.

La propuesta es germinal y, según lo que deslizó un portavoz político -en Salud dijeron a este medio que hay mesas de trabajo permanente desde inicios de la gestión- define líneas para mejorar la asignación de recursos humanos, avanzar con un esquema de “compra centralizada” de medicamentos para bajar los precios, ajustar la coordinación en un sistema fragmentado y algunas propuestas referidas a la financiación. Hay un capítulo puntual, que no está claro si avanzará a no, referido a la integración del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) al sistema de obras sociales, porque ese organismo -principal estructura unificada de salud de América Latina- funciona “como una isla y está hipercentalizado.”

Por otro lado, el paso que esboza Alberto Fernández atiende una demanda que elevan los gremios y que Jorge Sola, del Consejo del Directivo de la CGT, explicitó ante elDiarioAR para que se analice una suba de los aportes patronales a las obras sociales. El argumento central es que el Plan Médico Obligatorio (PMO), es decir la cobertura básica que deben garantizar las obras sociales, tiene un costo promedio de 2700 pesos mensuales, mientras que la recaudación promedio por cada afiliado es de 1800 pesos, en el cálculo de Sola.

Tocar los aportes para resolver el financiamiento no sirve: subís los aportes, con lo problemático que puede ser eso, y a la semana los laboratorios te suben los precios y otra vez estás a pérdida

Ese gap es un crucial, afirman en el sector sindical. En Salud de Nación comparten el planteo y, en los grupos vinculados con Cristina, creen lo que dicen los gremios: que la mayoría de las obras sociales son deficitarias y que muchas funcionan por el aporte extra de los sindicatos. Pero, a su vez, consideran que sólo atender el financiamiento no alcanza. “Tocar los aportes para resolver el financiamiento no sirve: subís los aportes, con lo problemático que puede ser eso, y a la semana los laboratorios te suben los precios y otra vez estás a pérdida”, dijo la voz del espacio de Cristina.

Aparece otra demanda recurrente: la prestación a los monotributistas, que en promedio aportan $1.000, para un PMO que cuesta casi el triple.

Esos ejes aparecen, en el capítulo referenciado al financiamiento, de los borradores que circulan en Casa Rosada donde, por ahora, se enfocan en otro tema, que es rescatar al sector más golpeado del sistema, los prestadores, que venían a los tumbos y como otras empresas, sobrevivieron al 2020 por el programa de pago de salarios ATP que implementó el Estado. Si esos son algunos de los ejes del proyecto albertista, el plan A ¿cuáles son los del proyecto K?

Fantasmas

La pregunta primaria es otra. ¿Hay un proyecto cristinista para reformar el sistema? Sí y no. Hay un título, un concepto general y textos sueltos, la mayoría analíticos, sobre las fallas del sistema, pero “no hay un plan sobre qué hacer”, dijo el funcionario K.

Ese vacío inicial generó pánico en el mundo gremial donde se instaló la tesis de que Cristina proponía centralizar la recaudación de todo el sistema, público, privado y sindical, en una sola cuenta. Es la matriz del Sistema Nacional Integrado de Salud, un modelo que desarrolló el peronismo en los '70, y que tiene puentes con el concepto universalista de los sistemas sanitarios más abarcativos del mundo que funcionan en Europa. Del Reino Unido a Italia, de Alemania a España, en ese continente, con sus variantes, el Estado carga sobre sus espaldas la atención sanitaria para todos los habitantes. En general, el sistema europeo era gratuito, pero la segunda ola de reformas noeliberales se animó a tocar esa vaca sagrada, aunque los precios son en todos los casos accesibles y con múltiples excepciones.

En el cristinismo niegan una centralización de ese tipo. “No hay fantasmas: no hay plan ningún para estatizar ni para sacarle la obra social a nadie; lo que hay que hacer es hablar, armar mesas de trabajo y analizar cómo mejoramos el sistema”, afirmó a elDiarioAR el dirigente que pidió hablar en off de récord porque ocupa un despacho oficial.

Hay, sin embargo, segmentos puntuales sobre los que pone la lupa el grupo que trabajó en el Instituto Patria -desde allí aportó a la Plataforma Electoral del Frente de Todos en paralelo a los equipos técnicos del PJ que capitaneaba González García-, pero ahora lleva adelante la política sanitaria en la gestión de Axel Kicillof. Entre las figuras más relevantes están Gollán, su segundo, Nicolás Kreplak, y Homero Giles, presidente del IOMA.

Como definición inicial, en términos políticos, repiten la idea de que “no hay que moverse rápido”, que la velocidad de la discusión la fijará el Gobierno nacional y que la base es mejorar la “coordinación entre los subsistemas” con puntos a revisar en cada uno de ellos. “Es con todos”; dijo el portavoz y planteó que hay conversaciones con gobernadores, con gremios y con prestadores que coinciden en que hay que discutir un cambio del sistema. Algunos ejes son los siguientes:

Auxilio

En medio, hubo un episodio confuso. Se autorizó una suba a las prepagas y luego se desactivó, lo que derivó en una larga charla de Fernández con Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y de la Unión Argentina de Entidades de Salud, y socio del grupod de medios América, quien aprovechó el episodio para pedir una audiencia presidencial y consultar si el Gobierno evaluaba alguna medida que implicaba la “estatización” de las prepagas. Se fue con la respuesta negativa en ese frente. En paralelo, Fernández le dijo que no autorizaba la suba para no aumentar la presión inflacionaria.

La resolución, que aumentaba un 7% las cuotas de las prepagas, fijaba en su artículo dos que la suba iba a los prestadores, el sector más crítico. La semana pasada, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero analizó con su vice, Cecilia Todesca Bocco, la situación de clínicas y sanatorios, descripta como el sector más golpeado en el prisma gubernamental. El diagnóstico lo comparten en la cartera de Salud bonaerense, donde reportan, casi a diario, cierre de clínicas: el parte del viernes dio cuenta del caso de un instituto privado en Junín y otro en Los Toldos.

José Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), se reunió con Fernández y con Cafiero, y avanza con conversaciones con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para concertar un auxilio que consistiría en un REPRO salud de tónica similar al ATP, además de una baja de los aportes patronales para el sector. Esta semana habría novedades al respecto.

En la charla con Fernández, según Sánchez dijo a elDIarioAR, no apareció la hipotética reforma del sistema de salud. Consultado por este medio, el titular de la FAPS -y presidente de Emergencias- dijo que “el sistema funciona” aunque ve problemas en “la intermediación” y las coberturas desiguales según la región. “El cambio debe ser con tiempo y sin partidización. Hay que repensar algunas cosas y buscar mayor integración y cooperación entre los sectores”, concluyó.

PI