El Gobierno limita por decreto el traspaso entre obras sociales

Alberto Fernández en Olivos con dirigentes de la CGT

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El Gobierno atendió un viejo reclamo de los sindicatos y estableció por decreto que los trabajadores y trabajadoras deberán permanecer al menos un año en la obra social que les corresponde de acuerdo al sector que se desempeñen. Así, se revierte la posibilidad que existía hasta hoy de optar por cualquier cobertura independientemente de la actividad laboral, algo que desde los '90 generó un proceso de desfinanciación de las obras sociales sindicales más chicas.

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El decreto 438/2021 modifica al 504 del 12 de mayo de 1998 y establece que "los trabajadores y las trabajadoras que inicien una relación laboral deberán permanecer un (1) año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.

El texto, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, establece además que la opción de cambio podrá ejercerse solo una vez al año y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud. 

Esta decisión busca matizar un fenómeno conocido como el “descreme” de las obras sociales, que se inició en la década de 1990 cuando se permitió a los afiliados optar por una cobertura u otra. En los planes, un trabajador de un supermercado podía optar por afiliarse a la obra social de árbitros de fútbol, y todas las variantes posibles. Eso se tradujo en una tendencia de la población asalariada de mayores ingresos a buscar cobertura de prepagas a partir de la derivación de sus aportes de obras sociales y, en algunos casos, el pago de una diferencia.

En concreto, y según las voces del sector sindical, los trabajadores de sueldos altos van a las prepagas y en las obras sociales quedan los de menores aportes, con los grupos familiares más numerosos.

La decisión plasmada en el decreto es una promesa hecha por Fernández a los dirigentes de la CGT, que buscan proteger sus cajas y están en una posición defensiva desde que la pandemia ubicó al sistema de salud en el centro del debate. De hecho, miran con fuerte preocupación la iniciativa alentada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de avanzar con una reforma del sistema de salud. 

Los sindicatos temen que una decisión de ese tipo busque reorganizar el universo de las obras sociales, que cuenta con aproximadamente 27,6 millones de afiliados y cubre al 62% de la población. Hoy está conformado por alrededor de 300 obras sociales, pero sólo 20 dan cobertura al 50% de los afiliados, y las brechas de recursos disponibles entre obras sociales de altos y bajos ingresos es de 5 a 1.  

DT

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