Según la última encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado y gasta más del 40% de su salario en pagar el alquiler. No son los únicos: la morosidad de las familias está en sus niveles más altos desde que se tiene registro (2010) y, según revela un informe de Argentina Grande en base a la Encuesta Permanente de Hogares, 1 de cada 4 hogares se está endeudando para llegar a fin de mes. El número de morosos incobrables se triplicó, la preocupación por el endeudamiento familiar empieza a encabezar las encuestas de opinión pública y, sin embargo, el Senado avanzará este jueves con un proyecto de ley que amenaza la seguridad habitacional de los inquilinos más vulnerables. 

Es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo autor intelectual es Federico Sturzenegger y, como contó eldiarioAR, incluye también la eliminación del tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros. El objetivo del proyecto es acelerar los tiempos de los desalojos contra los inquilinos que estén en mora. ¿Cómo? La iniciativa habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el locador (el dueño de la propiedad) pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago. 

Según explica Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, el Código Civil y Comercial establece que sólo después de dos meses consecutivos de no pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley, esta exigencia desaparecerá y, una vez que el dueño dio aviso de la deuda, el inquilino tiene solo 10 días hasta que el juez puede dar la orden de desalojo. “Y encima eliminan la posibilidad de cancelar la deuda. Una vez que el dueño hizo la demanda, el inquilino ya no puede cancelar la deuda que tenía”, agrega Muñoz. 

El proyecto original de Sturzenegger, incluso, reducía a tres días el plazo para el desalojo, pero los senadores aliados del Gobierno exigieron flexibilizarlo. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar con los gobernadores para conseguir las firmas para el dictamen de mayoría y acordó establecer una diferenciación entre inquilinos morosos y “usurpadores”. Los primeros tendrían un plazo de 10 días, los segundos sólo 3. 

No fue el único cambio que Bullrich tuvo que negociar para conseguir el apoyo del bloque radical y las fuerzas provinciales. Tras la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los aliados empezaron a aumentar las exigencias. Reclamaron el envío de los pliegos judiciales de sus provincias y se negaron a aprobar un nombramiento judicial más hasta que Juan Bautista Mahiques enviara los de las vacantes judiciales del interior. Le cerraron la puerta a la eliminación de las PASO y, pese al juego de seducción de Diego Santilli, exigieron que esta vez, si querían que acompañaran la reforma electoral, Luis Caputo tendría que abrir la billetera. 

En este contexto, Bullrich tuvo que negociar dos meses para lograr avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aceptó modificaciones, flexibilizó el capítulo de desalojos e, incluso, eliminó el capítulo que afectaba directamente a los barrios populares. Es decir: el apartado que habilitaba el desalojo en todos los barrios populares inscriptos en RENABAP. Por presión de la Iglesia y de numerosas organizaciones sociales que advirtieron que, si empezaban a habilitar desalojos en las villas, el enfrentamiento podría derivar en una gran emergencia social, Bullrich aceptó sacar el capítulo y patear la discusión para más adelante. 

La negociación clave, sin embargo, fue la inclusión de los gobernadores en la mesa de la toma de decisiones respecto a la extranjerización de la tierra. La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras y, a pedido de los senadores, Bullrich agregó un artículo que define que cualquier tierra que quiera venderse tendrá que tener el visto bueno del gobierno provincial. “Federalismo puro y duro”, presumió la ex ministra. 

Otro cambio: la Ley de Manejo del Fuego

La iniciativa de Sturzenegger incluye otros cambios relacionados con el régimen de propiedad de las tierras nacionales. Además de habilitar la venta de tierras a extranjeros sin límites geográficos o cuantitativos, el proyecto elimina las restricciones impuestas por la Ley de Manejo del Fuego para las tierras afectadas por incendios.

En 2020, Máximo Kirchner impulsó una ley que modificaba la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales con el objetivo de prevenir la especulación inmobiliaria detrás de los incendios intencionales. La ley, que se sancionó con críticas de gran parte del sector agropecuario, prohibió por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios. La restricción se extendió por 30 años en las zonas agrícolas y por 60 años en los bosques nativos. 

El proyecto del Gobierno lo que hace es eliminar esa prohibición. “¿Qué sentido tiene extender la protección de los bosques nativos a la producción agropecuaria? Para una producción agropecuaria es un dislate extender el concepto y afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”, cuestionó Sturzenegger cuando fue a exponer en el plenario de comisiones del Senado. 

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se debatirá el próximo jueves en el Senado. El oficialismo está convencido de que tendrá los votos para darle la media sanción: el apoyo de los gobernadores, una vez más, se muestra impermeable a los escándalos políticos del Gobierno. La red de alianzas de Javier Milei promete sostenerse hasta que comience el Mundial de Fútbol.

MCM/CRM

Los incendios forestales en los Bosques Andino Patagónicos dejaron un saldo devastador durante la temporada 2025-2026: más de 60.845 hectáreas arrasadas por el fuego, en lo que especialistas califican como la peor crisis ambiental de las últimas seis décadas en la región.

El dato surge de un informe elaborado por Greenpeace a partir de imágenes satelitales que analizó el impacto de los incendios entre octubre de 2025 y marzo de 2026 en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La provincia más afectada fue Chubut, que concentró prácticamente toda la superficie dañada con 60.304 hectáreas quemadas. Muy por detrás quedaron Santa Cruz, con 290 hectáreas afectadas; Neuquén, con 238; y Río Negro, con apenas 13 hectáreas. En Tierra del Fuego no se detectaron áreas incendiadas mediante la metodología utilizada.

El relevamiento advierte que la superficie afectada duplicó la registrada durante la temporada anterior, cuando se habían contabilizado 31.722 hectáreas arrasadas por el fuego, y resultó diez veces superior al promedio de pérdida de bosques patagónicos registrado entre 2022 y 2024.

Entre las zonas más golpeadas aparecen el Parque Nacional Los Alerces y El Turbio, en Chubut, además del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. También se destacaron los incendios ocurridos en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, donde el fuego no sólo destruyó bosque nativo, sino también plantaciones y viviendas.

El informe remarca que el 95% de los incendios forestales tienen origen humano. Entre las principales causas se mencionan fogatas mal apagadas, colillas de cigarrillos, quemas para preparación de tierras y abandono de terrenos. A esto se suman condiciones climáticas extremas como sequías prolongadas, altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, que favorecen la propagación de las llamas.

Los especialistas alertaron además sobre el impacto ambiental de estos eventos: pérdida de biodiversidad, destrucción de hábitats naturales, degradación de suelos, erosión y reducción de la capacidad de almacenamiento de agua en los ecosistemas afectados.

El documento también vincula el agravamiento de los incendios con la crisis climática global y reclama una mayor inversión estatal en brigadistas, equipamiento e infraestructura para combatir el fuego de manera temprana. Asimismo, plantea la necesidad de reforzar las políticas de prevención y avanzar en la erradicación de especies exóticas, como los pinos, que aumentan el riesgo de incendios y dificultan la recuperación del bosque nativo.

Finalmente, el informe advirtió que Argentina continúa lejos de cumplir el compromiso internacional de alcanzar la “Deforestación Cero” para 2030 y cuestionó los intentos del gobierno de Javier Milei de flexibilizar la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego.

JIB

“En los primeros meses de 2026, se han quemado más de 150 millones de hectáreas a nivel mundial, un 50 % más que el promedio reciente y el doble que en 2024 para este mismo período”, señala Friederike Otto, profesora de ciencias del clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution, una red de científicos que desde hace 12 años analiza los eventos climáticos extremos.

Las afirmaciones de Otto se sustentan en una serie de datos recogidos por esta institución que advierte que este 2026 el planeta se estaría enfrentando a un año de incendios particularmente severos que se podrían agudizar por la ocurrencia del fenómeno El Niño. Otto también advierte que en “todos estos eventos o casi todos vemos que el cambio climático antropogénico tiene una mayor influencia en la probabilidad de intensidad de eventos climáticos extremos”.

Aunque aún no se ha definido la magnitud que podría tener el fenómeno El Niño este año, lo que advierten los investigadores es que el evento puede “tener un impacto significativo en el riesgo de incendios forestales a finales de año y aumentaría la probabilidad de condiciones de calor y sequía severas en Australia, el noroeste de Estados Unidos y Canadá, y la selva amazónica”.

Los datos recogidos por los investigadores indican también que 2026 será probablemente el segundo año más cálido registrado en la historia e, incluso, podría convertirse en el más caliente. Advierten, además, que las temperaturas de la superficie del mar en todo el mundo se acercan a los niveles más altos jamás registrados, superando incluso en algunos días los récords de 2024.

Mientras, la extensión del hielo marino en el hemisferio norte alcanzó sus niveles más bajos para esta época del año y el hielo del Ártico registró un mínimo histórico por segundo año consecutivo.

La información brindada en una conferencia de prensa virtual alerta sobre los riesgos que enfrenta el mundo ante fenómenos meteorológicos extremos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha señalado que el planeta se encuentra en un estado de mayor desequilibrio que en cualquier otro momento de la historia.

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Incendios, cambio climático y El Niño

En lo que va del año, en Argentina y Chile han ocurrido grandes incendios. La información de los científicos indica que el fuego en estos países quemó alrededor de 10 hectáreas cada minuto y que fueron “avivados por el calor extremo y la sequía”. Además, precisan que “el cambio climático aumentó la probabilidad del incendio”.

Lo mismo sucedió en los estados de Nebraska, Florida y Georgia, en Estados Unidos, donde se registraron incendios históricamente grandes en medio de condiciones de una intensa sequía. Los ejemplos se multiplican en diversos países de todos los continentes.

Uno de estos casos en Latinoamérica, recuerda Otto, fueron “los incendios forestales ocurridos en la Amazonía entre 2023 y 2024, que afectaron a 30 millones de personas en Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que provocaron interrupciones de transporte, aislamiento de comunidades y pérdida de incontable vida silvestre”.

En ese momento, los incendios en la Amazonía, agudizados por una intensa sequía que se extendió desde fines de 2022 hasta 2024, generaron niveles récord de calor y zonas quemadas en gran parte de la región, además de las regiones del Pantanal y la Chiquitania de Bolivia, señala el informe Amazonía en Llamas elaborado por el Panel Científico por la Amazonía.

Theodore Keeping, del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, se refirió al aumento de un 50 % en la cantidad de hectáreas quemadas por los incendios con relación al promedio anual y precisó que el área quemada actualmente a nivel global es 20 % más que los años anteriores, teniendo como punto de partida 2012, cuando iniciaron los monitoreos. “En muchas partes del mundo la temporada de incendios todavía no empieza, pero el inicio ha sido muy rápido”, comenta.

Keeping también advierte que considerando las proyecciones del fenómeno El Niño se esperan “eventos más severos” y agrega que “el cambio climático influye en la actividad de los incendios forestales y las condiciones secas y calurosas del clima que promueven los megaincendios”.

Además, cita como ejemplos lo que está sucediendo en África, donde este año se quemaron 85 millones de hectáreas, cifra superior al récord anterior de 69 millones de hectáreas. En Asia también las cifras están en aumento: este año se quemaron más de 44 millones de hectáreas, en comparación con los 32 millones de hectáreas reportadas en 2014.

Estados Unidos y Australia también han tenido récords de incendios en comparación con años anteriores. En Australia las condiciones de sequía y calor extremo a inicios de año generaron incendios en Nueva Gales del Sur y Victoria.

“Hay eventos que están aumentando mucho por el cambio climático antropogénico. Las sequías y las olas de calor también se atribuyen en gran medida al cambio climático antropogénico”, agrega Keeping sobre la influencia del aumento de la temperatura en el planeta influenciado en gran parte por la emisión de gases de efecto invernadero, proveniente principalmente de los combustibles fósiles.

En relación al fenómeno El Niño, aunque no se ha confirmado que este año se presente un Niño extremo o “super Niño”, lo que sí asegura es que cualquier nivel que presente “el fenómeno El Niño afectará el riesgo de incendios forestales enormemente” en los meses que siguen. “Podría aumentar la probabilidad de sequías y calor extremo en Australia, en el noroeste de Estados Unidos y Canadá y en la Amazonía”.

“La seriedad de los incendios forestales mayores a un nivel tres —de mayor gravedad— en las regiones ha aumentado mucho por el cambio climático”, comenta Keeping y agrega que en el caso de que El Niño sea muy fuerte, como algunas proyecciones anuncian, los daños por incendios “podrían ser potencialmente los más altos que se han visto en la historia reciente”.

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Los impactos en la salud

Un tema que también preocupa es cómo los incendios forestales representan una amenaza para la salud humana, no solo por las muertes directas, sino también porque degradan la calidad del aire, ya que el humo proveniente de las quemas está compuesto por una mezcla de elementos peligrosos que contaminan el aire.

“A nivel mundial los incendios son la principal causa del aumento de la mortalidad por contaminación del aire en gran parte de las zonas tropicales. Entre 1984 y 2013, el número total de personas afectadas por incendios forestales ascendió a 5.8 millones a nivel mundial. La mortalidad promedio atribuible a la exposición al humo de incendios forestales fue de 339 000 muertes anuales”, señalan reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y del National Center for Biotechnology Information.

El humo de los incendios también ejerce una enorme presión sobre los sistemas de salud debido al aumento de las visitas a emergencia y los ingresos hospitalarios de personas que buscan atención por problemas respiratorios.

Jemilah Mahmood, directora ejecutiva del Centro Sunway para la Salud Planetaria, señala que “el humo que proviene de los incendios forestales no es una contaminación común y corriente”, sino que las partículas que provienen de este humo son 10 veces más nocivas que la misma cantidad de emisiones de genera el tráfico vehicular. “El calor empeora la calidad del aire y se amplifican las enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, agrega Mahmood, cuestionando la falta de políticas para enfrentar el cambio climático.

“En un estudio de Lancet de 2024 se estableció que 1.5 millones de fallecimientos cada año están relacionados con la contaminación atmosférica, pero en los incendios la cifra es cuatro veces mayor de lo que se estimaba y más de 90 % de estas muertes se dan en países de renta baja y media”, agrega la experta.

Mahmood también advierte que se están documentando trastornos cardiovasculares, condiciones neurológicas, fallo renal y daños para la salud mental, como ansiedad, en lugares donde ocurren los incendios. “Hay un costo psicológico al ver cómo el entorno se incendia, nuestros hogares desaparecen, las comunidades colapsan. Esto lleva a problemas clínicos reales que nuestros sistemas de salud no están diseñados para enfrentar”.

La experta en salud también menciona que no se trata de eventos aislados, sino que son síntomas de muchos límites planetarios que se están rebasando al mismo tiempo, como la degradación del suelo, el cambio climático, el colapso de la integridad de la biosfera. “Todo esto se convierte en un círculo vicioso que no estamos logrando romper”, comenta.

“Si la Amazonía continúa incendiándose, los sumideros de carbono se debilitan, el planeta se calienta más, el colapso de los ecosistemas también se vuelve más real. Los sistemas alimentarios también comenzarán a fracasar conforme el territorio fértil desaparezca, las pesquerías disminuyen, los riesgos de desnutrición, problemas del sistema inmunológico, las enfermedades infecciosas, eso aumenta”, agrega Mahmood sobre uno de los ecosistemas clave del planeta.

Mahmood también presenta las consecuencias de los efectos en la salud causados por el aumento de la temperatura planetaria por el cambio climático. “Las olas de calor no reciben tanta atención mediática como los desastres, no se activan fondos de emergencia, pero es un asesino silencioso en los hogares y en los campos abiertos, lo sienten los cuerpos de trabajadores y trabajadoras que no les queda más que estar al intemperie. Piensen en esta cifra: 546 000 personas mueren cada año por causas relacionadas con el calor”, sentencia, aunque advierte que esta cifra podría ser mayor. “Hay una metáfora que siempre utilizo, la del sapo que no se da cuenta de que el agua está hirviendo hasta que es demasiado tarde como para saltar y salir de ella”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los incendios en la Patagonia argentina no dan tregua. El fuego aún ilumina el cielo nocturno de muchas regiones de la provincia de Chubut. Así, las llamas avanzan y también las críticas a la gestión ambiental del presidente Javier Milei. Expertos detectan las decisiones erróneas del Gobierno, que, aseguran, permitieron la crecida de los incendios.

Una de las más cuestionadas es la decisión tardía de declarar zona de desastre y emergencia en cuatro provincias de la Patagonia. Además, el recorte de recursos económicos para estas tareas es otra crítica a la administración de Milei. Solo en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén los incendios arrasaron al menos 230.000 hectáreas en lo que va del año, según la agencia AP.

Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a Mongabay Latam que los incendios forestales en la Patagonia y otras regiones todavía persisten, aunque la situación crítica ya pasó en algunas zonas.

Napoli dijo que la declaratoria de desastre y de emergencia decretada por Milei el 30 de enero “llegó tarde” y que los fondos económicos para manejo del fuego fueron derogados por el Gobierno, lo que agravó la tragedia ambiental. “Cuando desaparecen esos fondos del presupuesto, lo que hay que hacer es buscar otros fondos. Esa es una manera muy compleja de abordar el tema. El nuevo presupuesto de 2026 asigna 71 % menos del presupuesto que se tenía en 2025 para el manejo del fuego” afirmó.

El director de FARN también sostuvo que la gestión de Milei, al negar el cambio climático inducido por la actividad humana, quiebra la labor de instancias dedicadas a favor del medioambiente. Puso como ejemplo el descenso de categoría del extinto Ministerio de Ambiente, que pasó a ser una subsecretaría de Estado, y la reducción de personal en áreas protegidas. “Hace dos años, el manejo del fuego estaba en la órbita del Ministerio de Ambiente, ahora está en la órbita del Ministerio de Criminalidad y Seguridad. Todo eso va dando una idea de hacia dónde apuntan las políticas públicas ambientales. Lo que está sucediendo con los incendios es una cadena de consecuencias”, afirmó Napoli.

Además de la declaración de emergencia por el plazo de un año, Milei dispuso el envío de fondos especiales por 100 millones de pesos (alrededor de 70.000 dólares) para que sean utilizados para combatir los incendios. Pero esto llegó luego de los recortes iniciales. Por eso, existen reclamos por parte de autoridades de las provincias afectadas y de comunidades que denuncian fuertes recortes en los presupuestos de las agencias federales encargadas de prevenir y combatir el fuego.

La provincia de Chubut se convirtió en uno de los epicentros de la tragedia ambiental. En Puerto Patriada, cerca de la frontera con Chile, el fuego iniciado a comienzos de enero ya consumió más de 25.000 hectáreas. Otra zona afectada es el Parque Nacional Los Alerces, donde el incendio comenzó en diciembre tras el impacto de un rayo y dañó al menos 13 000 hectáreas, según medios locales.

Críticas a la gestión ambiental de Milei por falta de prevención de incendios

Varias organizaciones ambientalistas advirtieron que estos incendios no son fenómenos aislados, sino consecuencia de decisiones humanas estructurales y de una respuesta estatal deficiente frente a la crisis climática.

José María Musmeci, director de la Fundación Patagonia Natural, consideró que la declaratoria de desastre y emergencia emitida por el Gobierno argentino “no significó ningún aporte especial a la lucha contra el fuego” y culpó del escenario ambiental a Milei por “quitar” el 70 % de presupuesto al Plan Nacional de Fuego, al igual que señaló Nápoli.

“Faltó la decisión de mitigar, adaptar, prevenir, equipar, instruir y dedicar más recursos y mentes al tema, por lo tanto, [también] inversión y coordinación con las provincias. La declaración de emergencia surgió cuando ya habíamos perdido 40.000 hectáreas solo en la provincia de Chubut”, afirmó a Mongabay Latam. 

Sobre la decisión del Gobierno de Milei de intervenir el Parque Los Alerces, el experto recalcó que esa decisión le pareció “incomprensible” y consideró que es “más una medida de esas que muestran que ‘el hilo se corta por lo más delgado’”, ya que la intervención implica desplazar a las autoridades del parque nacional en lugar de rever la política a nivel nacional.

Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN, afirmó que la Ley 25.054 establece montos ya establecidos para el manejo del fuego en caso de que sucedan tragedias ambientales, como los incendios. “Lo que hizo la resolución del Gobierno argentino fue sencillamente dar el paso administrativo para la asignación de esos fondos que ya estaban en el presupuesto, no le dio absolutamente ningún peso adicional al Servicio Nacional de Manejo del Fuego ni a las asociaciones de bomberos”, explicó.

El Gobierno de Argentina publicó la semana pasada la resolución 91/2026, que establece el destino de 108.000 millones de pesos argentinos (que equivale a 76.260.214 dólares) para asociaciones de bomberos voluntarios. Según Slipak, en la comunicación oficial no se aclaró que esta resolución se publica todos los años –por lo general en marzo- y que corresponde a una obligación del Estado argentino en el marco de la ley.

Presupuesto deficiente para el manejo y combate del fuego

Este financiamiento, dijo Slipak, “se sostiene a partir del 22% del producto del impuesto interno a las primas de la totalidad de los seguros” que se contratan en el país y la distribución de ese presupuesto se encuentra determinada en la misma ley. “Lo que hizo la resolución del Gobierno fue sencillamente dar el paso administrativo para la asignación de esos fondos que ya estaban en el presupuesto”, detalló el experto.

El Gobierno argentino también dijo que está considerando retirarse del Acuerdo de París, el principal pacto climático del mundo, siguiendo el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un aliado cercano de Milei, quien ya abandonó el acuerdo. Mongabay Latam se comunicó con la subsecretaría de Ambiente de la Nación y con el Ministerio de Seguridad para conocer su postura frente a las críticas de los expertos, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.

«Seguir negando o subestimando los efectos del cambio climático, sobre el que la ciencia y el movimiento ecologista vienen advirtiendo desde hace tiempo, es una irresponsabilidad política que pagaremos con los bosques y las viviendas», afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, en un comunicado publicado por la organización en sus redes sociales.

La problemática de los incendios en la Patagonia argentina también llegó al Congreso. Varios legisladores impulsan iniciativas con el fin de endurecer penas a los responsables de las quemas, como la que se inició en un sector de Chubut, que es investigada por la Justicia.

La diputada nacional Marcela Pagano, del partido Coherencia y ex aliada de Milei, es una de las legisladoras que busca modificar el Código Penal para aquellos que provoquen el fuego en bosques nativos o implantados, montes, selvas, áreas rurales, pastizales, humedales u otros ecosistemas naturales.

La iniciativa de Pagano busca elevar las penas de cinco a 15 años y de diez a 20 años de prisión -en caso de agravantes- para aquellos que inicien incendios que afecten bosques nativos protegidos por la Ley de Bosques, que el Gobierno de Milei desfinanció mediante un ajuste previsto en el presupuesto de 2026. En el caso de los incendios producidos por imprudencia, se elevarían las penas de tres a diez años de cárcel.

El diputado Sergio Capozzi, de la agrupación Provincias Unidas, presentó un proyecto similar, que también eleva las penas y prevé la inhabilitación especial para quienes provoquen incendios que produzcan la destrucción o un peligro común para bienes jurídicos, personas, comunidades o el ambiente.

*Esta nota se publicó originalmente en el sitio Mongabay Latam.

La Patagonia argentina enfrenta una de las peores tragedias ambientales de la última década. El Gobierno de Javier Milei declaró finalmente la emergencia ígnea este jueves, tras reiterados pedidos de los gobernadores de la región, donde el fuego avanza desde finales de diciembre y afecta varios parques nacionales, como Los Alerces. La provincia de Chubut, la más afectada, fue declarada «zona de desastre». En medio del fuego, avanzan quienes hacen un trabajo silencioso arriesgando sus vidas. Son los brigadistas que se insertan entre el bosque quemado y el humo agobiante para rescatar animales silvestres, pero también domésticos.

Susana Rizzuto tiene un doctorado en Biología y es docente en la cátedra de Zoología General en la Facultad de Ciencias Naturales y de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La experta relató a Mongabay Latam que el fuego en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, se originó por un rayo eléctrico dentro de un área intangible de bosque nativo. Ese fuego se fue conteniendo bajo los protocolos del área protegida, pero el 1° de enero ese incendio se descontroló en medio de anomalías térmicas de calor y sequías.

“En paralelo, más al norte, en Puerto Patriada -misma provincia-, en la localidad de El Hoyo, un fuego intencional tomó por sorpresa a muchos turistas y tuvo un comportamiento extremo avanzando en bosques exóticos y bosques nativos de las localidades del Hoyo, Epuyén y está yendo hacia otra localidad llamada El Maite”, afirmó Rizzuto a Mongabay Latam.

La experta añadió que como estos incendios todavía están activos, aún no se han realizado evaluaciones técnicas. En estas zonas hay especies emblemáticas como el huemul o ciervo andino (Hippocamelus bisulcus), el pudú o ciervo enano (Pudu puda), el puma (Puma concolor) y el monito de monte (Dromiciops gliroides). “También hay presencia de jabalíes y ciervos colorados, por lo que no se sabe si estas especies pudieron o no migrar para escapar del fuego. Muchos de ellos quizá no hayan podido escapar”, afirmó.

Rizzuto destacó que la fauna silvestre afectada por los incendios tiende a escapar de las zonas con fuego e incluso los animales pueden llegar heridos a áreas pobladas. “Se han visto vacas con las pezuñas quemadas, caballos con gran parte del cuerpo afectado y fauna silvestre desorientada que comienza a aparecer en rutas o zonas pobladas”, dijo.

Por ahora, los esfuerzos se enfocan en contener el fuego, frenarlo y proteger casas de la población y el rescate de fauna silvestre. “Hay ayuda de diferentes veterinarios y protectores de animales silvestres, como fundaciones de equinoterapia, como la que integro. Se están recolectando insumos veterinarios, alimentos para mascotas y grandes animales. Sobre todo porque estos animales dependen de las pasturas que están en estos bosques y que hoy se han quemado”, dijo Rizzuto.

De acuerdo con el último comunicado oficial del Parque Nacional Los Alerces, el incendio en la reserva se encuentra activo entre lago Verde y lago Rivadavia. “La complejidad de control en el área inicial, con riscos altos, sin disponibilidad de agua y con una acumulación sobre el suelo de casi un metro de cañas secas, facilitó una propagación veloz en cuanto se combinaron las condiciones meteorológicas de altas temperaturas, baja humedad, inestabilidad atmosférica y vientos intensos”, informaron desde el parque nacional.

Según medios argentinos, unas 70 personas fueron afectadas mientras combatían el incendio. Las temperaturas pueden llegar a los 29 ºC y la humedad relativa mínima es del 25 %. Mientras, los vientos tienen una velocidad de entre 10 y 20 kilómetros por hora en direcciones variables, predominando del sector oeste, con ráfagas que van aumentando hasta 35 kilómetros por hora.

La ardua labor de los rescatistas y brigadistas

Natalia Dobransky, coordinadora de la Brigada Forestal Mallín Ahogado, explicó a Mongabay Latam que la labor que realizan tiene que ver con aplicar agua, evacuar personas, asegurar las vías de escape para las evacuaciones, defender los bienes de las personas, los galpones, los animales y todo lo que tenga que ver con infraestructuras para que los medios oficiales, que son los que están encargados de contener el incendio, puedan dar respuesta.

Su brigada cuenta con un camión autobomba y una camioneta de ataque rápido. Con esos motorizados llevan sus cuadrillas y realizan tareas de liquidación, tratan de enfriar, defender las viviendas, aplicar agua, hacer cortafuegos, eliminar la carga de vegetación que hay entre las zonas donde se desarrolla el incendio y las infraestructuras para evitar el avance del incendio a estos lugares y defender.

“Por más que tengas mucha agua o tengas los recursos necesarios o el conocimiento, hay una condición que es crítica: la exposición a las altas temperaturas. Cuando estás en un lugar donde todo alrededor se está prendiendo fuego, por más agua y recursos que tengas, muchas veces no se puede hacer nada. El incendio camina mucho más rápido que los recursos humanos y tiene una intensidad calórica que impide estar cerca de las llamas”, detalló Dobransky, quien está en la primera línea de la brigada.

La especialista recalcó que los animales domésticos, el ganado vacuno y los caballos son los más afectados por los incendios, pero también hay afectación a la fauna nativa y a la pérdida de suelo. “Eso es muy grave en los incendios, ya que cuesta mucho más que se recupere, pero también hay tendencias a generar muchas complicaciones ambientales como derrumbes, la erosión hídrica, que puede contaminar las aguas”, dijo.

Dobransky añadió que existen más especies afectadas, como el pato de los torrentes (Merganetta armata) y el cóndor andino (Vultur gryphus). “A largo plazo se verá cómo se verá afectada la fragmentación del hábitat de estas especies provocada por los incendios. Acá hay que tener en cuenta la recuperación de esos ecosistemas para que las especies puedan sobrevivir”, detalló. La experta dijo que la fauna silvestre ahora no podrá esconderse de sus depredadores y tampoco tendrán alimentos debido al fuego.

“Es un círculo necesario de entender, cómo funciona el sistema ambiental del bosque andino para hacer un buen manejo previo, durante y después de un incendio”, remarcó Dobransky.

Desde el grupo de rescate Almas, se informó a Mongabay Latam que desde una perspectiva científica y de conservación, el fuego actúa de manera selectiva según la movilidad de las especies de fauna silvestre. En esa línea, existen consecuencias graves para aquellas de desplazamiento limitado, como el monito de monte, que es un actor central en la regeneración del bosque por su rol en la dispersión de semillas. Esta especie sufre tasas de mortalidad cercanas al 100 % en incendios de copas de árboles. Su pérdida compromete la recuperación natural de los ecosistemas.

Otras especies afectadas: los ciervos patagónicos y otras aves

Almas detalló que el huemul, cuya población ya se encuentra fragmentada, se ve obligado a desplazarse hacia zonas desprovistas de cobertura vegetal durante los incendios, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a depredadores y a la escasez de alimento. También son vulnerables algunas aves, como el carpintero gigante (Campephilus magellanicus) y el cóndor andino, que pierden nidos históricos. Los incendios estivales coinciden con etapas críticas de cría, lo que provoca pérdidas generacionales directas de pichones.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sostiene que la mayor parte de las especies silvestres durante incendios padecen de podopatías traumáticas, quemaduras en pezuñas por transitar por suelos calientes y cenizas incandescentes. Además de lesiones oculares por la exposición prolongada al humo y a partículas en suspensión que provocan queratoconjuntivitis severas que, sin tratamiento, pueden derivar en pérdida de visión.

Pero además sufren por estrés y deshidratación, que se provoca por el shock metabólico tras la huida del fuego que reduce las defensas, facilitando la aparición de enfermedades oportunistas.

La veterinaria Daniela Navarro, quien forma parte del equipo que asiste a los animales afectados, informó a Mongabay Latam que ahora en los incendios la mayor parte de especies afectadas son las domésticas, pero no minimizó que haya fauna nativa víctima del fuego. “Nosotros vemos más a los animales domésticos, de granja. Sobre la fauna silvestre, la verdad no vimos por ahora los cadáveres, y soy sincera, es difícil ingresar a la zona de fuego, porque te quemas los pies”, dijo.

Navarro indicó que el equipo veterinario cuenta con experiencia en este tipo de emergencias. “Somos un grupo que, desgraciadamente, ya tenemos cinco incendios encima, así que estamos bastante bien organizados”, afirmó. Actualmente, la atención se centra principalmente en caballos quemados y ovejas, aunque anticipó que podrían registrarse más casos a medida que regresen animales que lograron sobrevivir. “Hay muchísima mortandad”, lamentó.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 30 de enero de 2026.

ED

En medio de los incendios que desde hace semanas arrasan amplias zonas de la Patagonia, el Gobierno declaró finalmente la Emergencia Ígnea en varias provincias patagónicas, aunque sin asignar fondos específicos ni establecer mecanismos concretos de financiamiento. La decisión, tomada por decreto, llegó luego de una creciente presión política y social, que este viernes se expresará en una movilización en la Ciudad de Buenos Aires convocada por organizaciones ambientalistas y distintos espacios políticos.

La norma declara la emergencia por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y designa a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, como autoridad de coordinación para las tareas de combate del fuego, prevención y asistencia a las zonas afectadas. Sin embargo, el decreto no crea partidas presupuestarias nuevas, no fija montos ni detalla cómo se financiarán las acciones previstas, dejando cualquier refuerzo de recursos sujeto a decisiones administrativas posteriores del Poder Ejecutivo.

La medida se dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y abarca tanto la presupresión y combate del fuego como la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos. El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

Entre las funciones asignadas por el BO, figuran acciones de atención, prevención y mitigación de las consecuencias de los incendios sobre la vida, bienes, trabajo y medios de vida de las personas afectadas, así como la asistencia a los gobiernos provinciales y municipales para que puedan disponer de recursos efectivos tanto para combatir el fuego como para la recuperación posterior. Estas acciones deben realizarse en coordinación con los gobiernos de las provincias declaradas en emergencia y con los municipios de las zonas comprometidas.

Antes de oficializar la emergencia, la Casa Rosada intentó mostrar movimiento. En el propio Gobierno admiten que el fuego se convirtió en un problema político, no porque altere la lógica fiscal del mileísmo, sino porque expone un límite del discurso del ajuste: cuando las llamas avanzan, la motosierra deja de funcionar como explicación. En la madrugada del jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios, con más de $100.810 millones distribuidos entre 1.062 asociaciones, además de partidas para federaciones provinciales y fondos para capacitación.

La resolución había sido firmada el martes por la tarde, el mismo día en que los gobernadores patagónicos reclamaron formalmente la declaración de la emergencia. En el Gobierno se apuraron a aclarar que el pedido no fue el disparador, pero el movimiento fue leído como un intento de amortiguar el golpe político. En Chubut, además, se confirmó una transferencia de $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En ese contexto, este viernes se realizará una marcha desde la Facultad de Derecho de la UBA hasta el Ministerio de Seguridad, área de la que depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Bajo la consigna “Patagonia en llamas. Marchamos para exigir la emergencia ígnea”, la protesta apunta a señalar que la respuesta oficial llega tarde y sin garantías materiales suficientes, mientras brigadistas y bomberos continúan trabajando al límite frente a incendios que ya consumieron más de 45.000 hectáreas.

MC

En plena negociación con los gobernadores por la reforma laboral que el oficialismo busca sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero, la Casa Rosada analiza sumar al temario legislativo la declaración de la emergencia por los incendios que afectan al sur del país, un reclamo que viene creciendo desde las provincias y que empieza a colarse en la agenda parlamentaria como una exigencia política.

La discusión se dará este jueves, cuando vuelva a reunirse la mesa política del Gobierno, convocada para definir el menú legislativo de las extraordinarias. El encuentro será encabezado desde el mediodía por Karina Milei y contará con los mismos participantes de la cumbre del lunes: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (de manera virtual); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Hasta ahora, el oficialismo había definido que el eje del período extraordinario estaría puesto en la reforma laboral y en las modificaciones a la Ley Penal Juvenil para avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Pero el avance del fuego en la Patagonia y la presión de los mandatarios provinciales obligaron al Gobierno a abrir la puerta a una ampliación del temario, en un contexto donde cada proyecto se negocia como parte de un paquete mayor.

La senadora libertaria Bullrich fue quien explicitó públicamente esa posibilidad al admitir que la emergencia ígnea podría incorporarse a la agenda legislativa. Según explicó, el anuncio formal deberá hacerlo Adorni en tanto jefe de Gabinete, aunque deslizó que la definición podría llegar “entre hoy y mañana”.

A pesar de su perfil de restricción presupuestaria, en la Casa Rosada no descartan destinar más fondos para combatir el fuego. “El decreto es una posibilidad, es normal usar esta herramienta en estos casos”, resumió la fuente, en un escenario donde la emergencia se convierte también en parte de la negociación política que rodea al paquete legislativo de febrero. La idea se intensificó tras el reclamo conjunto de los gobernadores patagónicos, que advirtieron a Santilli que pedirán al Congreso que tome cartas en el asunto en medio de focos que ya afectaron más de 230.000 hectáreas.

Reunión en la Casa de Salta

En paralelo, los gobernadores considerados “dialoguistas” se reunieron este jueves en la Casa de Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, para consensuar una postura común frente a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. La cumbre, encabezada por el salteño Gustavo Sáenz, tuvo como elemento sorpresivo la presencia de Santilli, embajador de la Casa Rosada ante las provincias en el sprint final de las negociaciones. También estuvo invitado el misionero Hugo Passalacqua, aunque no pudo viajar: “Políticamente está ahí”, dijeron desde su entorno a elDiarioAR.

El encuentro nuclea a tres caciques clave para el Gobierno en el Congreso: además de Sáenz participan Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), peronistas díscolos que manejan un puñado de senadores decisivos en una Cámara alta partida al medio. En Tucumán, Jaldo tiene influencia sobre Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, mientras que en Catamarca Jalil cuenta con Guillermo Andrada como alfil propio, en un esquema donde Lucía Corpacci suele moverse más cerca del kirchnerismo.

Desde el entorno de Santilli relativizaron el carácter sorpresivo de su aparición en la Casa de Salta. Contaron que los gobernadores lo contactaron para avisarle que estarían reunidos en Buenos Aires y que el ministro decidió acercarse para seguir trabajando, en paralelo, sobre el paquete de reformas que el oficialismo busca votar en febrero. “La línea es la de siempre: ningún gobernador puede oponerse a generar trabajo formal y de calidad”, resumieron cerca del funcionario, en un intento por enmarcar la negociación como un consenso inevitable más que como una pulseada política.

Sin embargo, uno de los principales puntos de conflicto entre la Casa Rosada y las provincias es la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida incluida en la reforma laboral que impacta de lleno en la coparticipación. Según estimaciones de los propios gobernadores, la reducción de la alícuota del 35% al 31,5% implicaría una pérdida de alrededor de 1,2 billones de pesos para las arcas provinciales.

Al salir de la reunión, Santilli aseguró que el encuentro con los gobernadores “fue positivo” y remarcó que el Gobierno “está presente en los incendios”, con envío de brigadistas, helicópteros hidrantes y equipamiento, no solo en la Patagonia sino también en Corrientes. En ese marco, anticipó que “en las próximas horas”, junto con el gabinete, definirán el posible tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea solicitada por los mandatarios. Consultado por la reforma laboral, el ministro del Interior se mostró “optimista” y consideró que “seguramente” será aprobada.

Por su parte, Sáenz se mostró dispuesto a acompañar la reforma laboral, pero marcó límites en nombre de las provincias. “Siempre hemos acompañado y garantizado la gobernabilidad”, sostuvo, aunque aclaró que ese respaldo no puede implicar resignar intereses locales: “Si eso se entiende, vamos a acompañarlo”. En ese sentido, pidió que el debate se construya con todos los actores sentados a la mesa. “Para que esté servida, la mesa tiene cuatro patas: los empleados, los trabajadores, los sindicatos, los empleadores y las provincias”, graficó.

Santilli ya visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Entre Ríos como parte de su gira federal en busca de apoyos, y en la Casa Rosada aseguran que volverá a reunirse en los próximos días con Hugo Passalacqua en Misiones, otro de los gobernadores que, aun sin exponerse públicamente, forma parte del esquema de diálogo que el Ejecutivo necesita para juntar los votos en el Senado.

El ministro del Interior seguirá con su itinerario este viernes, cuando desembarque en Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés. Allí, además de poner sobre la mesa la modernización laboral, intentará sumar voluntades para otros temas sensibles del temario libertario, como la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y la ley penal juvenil. Valdés ya anticipó que hay puntos del proyecto que le “preocupan” y advirtió sobre la caída de la coparticipación, en un mensaje que resume el clima de la negociación fiscal.

El respaldo del mandatario correntino es clave para La Libertad Avanza, ya que tiene influencia sobre tres senadores: Eduardo “Peteco” Vischi y María Valenzuela, de la UCR, y el peronista Carlos “Camau” Espínola, aliado reciente del oficialismo provincial.

*Con información de agencia NA

PL/MC

El fuego quemó en España un total de 354.793,50 hectáreas en 2025, lo que convierte ese año en el peor en cuanto a incendios forestales de los últimos 30, según la estimación provisional más reciente difundida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico (Miteco).

La cantidad de terreno calcinado entre los pasados 1 de enero al 31 de diciembre superó, según estos datos, la del área afectada por las llamas en 2022 -270.289,28 hectáreas-, que hasta este verano se consideraba el peor año en cuanto a superficie quemada.

Los datos suministrados al Gobierno español por las comunidades autónomas publicados en la web de la citada cartera han revelado que a lo largo del pasado año se registraron un total de 2.599 incendios y también 5.590 conatos (inicios del fuego).

Un total de 63 grandes incendios

Otro dato estimado difundido este lunes alude al número de los considerados ‘grandes incendios’, los que abarcan más de 500 hectáreas, registrados durante esos 12 meses, que fueron 63, la cifra más elevada desde 2015, y que apenas varió de la notificada en 2022, cuando se contabilizaron 60.

El Ministerio ha publicado asimismo que el número total de siniestros registrados en España durante el mismo periodo fue de 8.189.

En cuanto a los datos facilitados sobre la vegetación leñosa que ardió en 2025, se estimó que se quemaron 103.105,85 hectáreas de superficie arbolada y 185.220,55 hectáreas de superficie formada por matorral y monte abierto.

La vegetación herbácea -pastos y dehesas- que resultó afectada por el fuego fue de 66.467,10 hectáreas.

EFE.

La Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, comunicó que se encuentra en trámite una investigación para determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego respecto del incendio detectado el 9 de diciembre del 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez dentro del Parque Nacional Los Alerces.

En el comunicado se destaca que desde aquel día “se reciben informes emitidos por el comando de incidentes del Parque Nacional” y se sumó una denuncia formulada un mes después por vecinos en el que se solicita “que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas figuras penales y ambientales que pudieran corresponder con relación al mencionado incendio”.

Además, el portal Fiscales señala que el 22 de enero fue presentada una denuncia por parte de la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos en un marco de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales.

“La investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo”, expresaron.

Al momento, se solicitaron informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de manejo del Fuego y se dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

Expertos aseguran que el rayo que cayó a comienzos de diciembre del año pasado no fue controlado de manera eficaz por las autoridades, lo que provocó que los focos se extiendan hasta el día de hoy, en el que ya hay más de 40 mil hectáreas afectadas en toda la provincia.

Esta medida se conoce a días de que la Administración de Parques Nacionales haya anunciado la intervención del Parque Nacional Los Alerces, con el objetivo de “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y apagar las llamas.

El reclamo de Torres

Días atrás, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó al Gobierno nacional que evalúe la remoción de todas las autoridades de la Administración de Parques Nacionales con responsabilidad en el Parque Nacional Los Alerces, tras cuestionamientos por la gestión de los recientes incendios.

El reclamo fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, al tiempo que denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.

El documento sostiene que el incendio —originado entre el 6 y el 8 de diciembre por la caída de un rayo en el brazo sur del Lago Menéndez— fue detectado recién el 9 de diciembre y que durante semanas no se tomaron medidas contundentes para su contención, lo que derivó en una expansión descontrolada a partir de enero.

“Este escenario extremo no puede atribuirse a un hecho imprevisible, sino que es la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones y errores de conducción”, señalaron las entidades firmantes del pedido.

Solicitaron además una auditoría independiente, la designación de nuevas autoridades con experiencia en manejo de incendios forestales y la convocatoria urgente a una mesa regional participativa.

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa una de las emergencias más graves de las últimas décadas, con impacto en biodiversidad, recursos hídricos y actividad turística, además de poner en riesgo el prestigio internacional del sitio protegido.

La emergencia por los incendios forestales en Chubut continúa en un punto crítico. Los focos activos en la cordillera patagónica —incluyendo el Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Villa Lago Rivadavia y Puerto Patriada— siguen fuera de control y dificultan el accionar de los equipos de combate debido a las condiciones climáticas adversas, con vientos intensos y altas temperaturas que reavivan las llamas.

Las condiciones climáticas extremas siguen siendo el principal desafío para los brigadistas. Las ráfagas de viento, en muchos casos superiores a los 45 km/h, y la fuerte sequía en la región han reactivado al menos tres focos en el Parque Nacional Los Alerces, incluso en zonas que previamente estaban controladas. Este comportamiento dinámico del fuego dificulta la labor de medios aéreos y obliga a concentrar esfuerzos en el combate terrestre y en la creación de líneas de contención con maquinaria y personal especializado.

El alcance del desastre

Las autoridades estiman que el incendio ya afectó más de 35.000 hectáreas entre bosques nativos, matorrales y plantaciones, y el fuego continúa sin dar tregua. En sectores como Cholila, el avance de las llamas obligó al corte preventivo de la Ruta Provincial 71, para priorizar las tareas de los brigadistas y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas.

Según el gobierno provincial, el operativo de combate al fuego ya supera los 500 brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo, que se encuentran desplegados en los frentes más críticos para intentar contener el avance de las llamas y proteger zonas pobladas y de alto valor ambiental. Esta cifra incluye la incorporación reciente de bomberos voluntarios chilenos provenientes de Futaleufú y San Carlos de Bariloche, así como 36 brigadistas adicionales llegados desde las provincias argentinas de Córdoba y Santa Cruz, quienes operan en distintos sectores del incendio.

El operativo está coordinado por el Comité de Emergencia, con la participación de brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, personal sanitario y técnicos especializados para sostener la lucha frente a un escenario de alta complejidad.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó en declaraciones oficiales que “las alturas de temperatura y las ráfagas de viento registradas generaron un comportamiento dinámico del fuego, lo que hizo necesario redoblar las tareas de enfriamiento en todos los frentes del incendio”. Además, advirtió que “las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas en las próximas horas, con viento y baja visibilidad que limitan la operación aérea”.

Por su parte, Laura Mirantes, coordinadora y vocera del Comité de Operaciones de Emergencia del Parque Nacional Los Alerces, explicó que “la escasa visibilidad complicó el uso de aeronaves y obligó a reforzar el monitoreo con drones para evaluar el avance nocturno del incendio”.

Proyección y futuro del combate

Frente al pronóstico de vientos persistentes y temperaturas altas en los próximos días, las autoridades mantienen un fuerte despliegue operativo con turnos ininterrumpidos y la incorporación progresiva de más brigadistas para sostener el combate. La coordinación con equipos chilenos y de otras provincias es un factor clave en el esfuerzo conjunto para enfrentar uno de los incendios forestales más extensos y complejos que atraviesa actualmente la Patagonia.

La situación sigue siendo de una emergencia ambiental y social de gran magnitud, con un impacto considerable en los bosques nativos y un desafío operativo que enfrenta a los equipos de combate con uno de los veranos más difíciles de los últimos años en la región.

Mientras el fuego vuelve a arrasar bosques y viviendas en la Patagonia, una amplia coalición de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, junto a referentes del ámbito académico, científico y cultural, denunció que el Gobierno de Chubut y el Gobierno nacional recurren a la estigmatización del pueblo mapuche para eludir su responsabilidad política frente a los incendios forestales. El pronunciamiento, difundido tras los focos registrados en El Hoyo y Epuyén, reunió cerca de 10 mil firmas en menos de 24 horas.

El documento cuestiona con dureza las declaraciones del gobernador Ignacio Torres y de autoridades nacionales que atribuyeron de manera inmediata y sin pruebas la intencionalidad de los incendios a comunidades mapuche. Para las organizaciones firmantes, no se trata de un hecho aislado sino de un patrón reiterado: ante cada incendio de magnitud, se construyen culpables sin evidencia, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial ni avances reales en investigaciones que respalden esas acusaciones.

Lejos de aportar claridad, advierte el texto, este tipo de señalamientos vulnera principios básicos del Estado de Derecho y funciona como una estrategia política para desviar la atención del problema central: la ausencia de políticas públicas eficaces de prevención, manejo del fuego y protección ambiental. “Acusar sin pruebas no apaga el fuego: solo encubre la inacción y profundiza la injusticia”, resume el pronunciamiento.

Las organizaciones subrayan, además, que determinar la intencionalidad de un incendio forestal es una de las tareas más complejas de la ciencia forense a nivel mundial, y que hacerlo de manera responsable requiere procedimientos científicos rigurosos y equipos especializados. En ese sentido, contrastan la complejidad técnica del problema con la “ligereza” de los discursos oficiales que, según denuncian, optan por el atajo del racismo antes que por asumir responsabilidades institucionales.

El documento sostiene que esta construcción de enemigos internos impide debatir las verdaderas causas estructurales de la crisis ambiental en la región: el abandono estatal en prevención y restauración, la precarización de brigadistas, la falta de inversión sostenida, la promoción del monocultivo de pinos, la concentración y extranjerización de la tierra y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques nativos. Factores conocidos, advertidos durante años y agravados por el contexto de emergencia climática.

En ese marco, las personas y organizaciones firmantes exigen investigaciones serias, información pública responsable y políticas integrales que contemplen prevención, combate del fuego y restauración de los territorios afectados. Señalan que los incendios no son hechos imprevisibles, sino fenómenos recurrentes cuya magnitud aumenta por decisiones políticas —o por su ausencia—.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de organizaciones de amplia trayectoria como el CELS, Amnistía Internacional Argentina, Greenpeace Argentina, Innocence Project Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asociación de Abogados Ambientalistas, ATE Capital, No a la Mina, la Confederación Mapuche de Neuquén y muchas otras. También adhieren reconocidas figuras del ámbito político, académico, científico y cultural, entre ellas Myriam Bregman, Dora Barrancos, Andrea Gamarnik, Alberto Kornblihtt, Maitena, Darío Sztajnszrajber, Dolores Reyes, Roberto Salvarezza y Moira Millán.

Organizaciones ecologistas denunciaron que los incendios forestales que desde mediados de diciembre pasado azotan a la región de la Patagonia argentina, en el sur del país, constituyen un “ecocidio” que ya arrasó miles de hectáreas por falta de recursos para prevenir y combatir el fuego.

En un comunicado, Greenpeace denunció este lunes la falta de prevención, de brigadistas y de aviones hidrantes para afrontar con “seriedad” los incendios que han afectado bosques, plantaciones, pastizales y viviendas en una superficie que, solo en la provincia de Chubut, asciende a 21.000 hectáreas, un área equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.

En un verano austral en la Patagonia argentina con altas temperaturas, escasas precipitaciones y fuertes vientos, los incendios se suceden en distintas provincias de esa región, pero la más afectada es Chubut.

El foco más grave -todavía activo- se inició en Puerto Patriada y se extendió hacia las localidades turísticas de El Hoyo y Epuyén, donde ya se quemaron 12.000 hectáreas.

El otro foco activo en Chubut está dentro del parque nacional Los Alerces (6.000 hectáreas quemadas), mientras que el foco de El Turbio (3.000 hectáreas) ya está controlado en un 90 %.

Los incendios también han afectado otras provincias de la Patagonia, como Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

“Lamentablemente estamos viviendo un ecocidio anunciado. Venimos de un verano (2024-2025) con los peores incendios forestales de los últimos treinta años en la Patagonia, y de un invierno donde nevó y llovió poco. La sequía, las altas temperaturas, el viento y los pinos exóticos aumentan los riesgos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Las causas de los incendios

El origen de los incendios es múltiple.

En el caso de Puerto Patriada, la Justicia investiga un posible origen intencional tras haber encontrado combustible en la zona.

El Gobierno argentino dijo este domingo que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”.

Sin embargo, según aclaró este lunes la Justicia, esa afirmación no forma parte de las hipótesis de investigación y, de momento, no hay imputados ni detenidos. Las pesquisas se encuentran recién en una etapa inicial.

“En Puerto Patriada, se sabe que fue por causas humanas, pero que fue intencional no está probado. Los incendios en Los Alerces y El Turbio arrancaron por rayos por tormentas eléctricas. Y en el parque nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, donde se quemaron 700 hectáreas, parece que se inició por una fogata en un área no permitida”, dijo a EFE Giardini.

Otro de los grandes incendios de esta temporada se inició el 23 de diciembre por una quema de pastizales no autorizada dentro de un establecimiento agropecuario en Monte Bagual (Río Negro), donde se quemaron 3.062 hectáreas.

Menos recursos

Sea cual fuere el origen de los incendios, los ambientalistas ponen en el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.

“Sin prevención, sin financiamiento adecuado y sin un marco legal que sancione efectivamente los delitos ambientales, el fuego deja de ser una contingencia y se transforma en una consecuencia previsible de decisiones políticas”, aseveró en un comunicado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La organización cuestionó la subejecución en 2024 y 2025 del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF); la reducción en un 71,6 % del presupuesto del SNMF para 2026; y la disolución en 2025 del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, medidas dictadas en el marco del ajuste fiscal llevado adelante por el Ejecutivo.

Ya en el verano austral 2024-2025, el fuego arrasó 32.000 hectáreas de los bosques andino-patagónicos, los peores incendios forestales de las últimas tres décadas en la región.

Según Greenpeace, la Administración de Parques Nacionales cuenta con 400 brigadistas, cuando el mínimo debería ser de 700 para cubrir las 5 millones de hectáreas que están bajo su jurisdicción.

“La desidia gubernamental se paga con pérdida de bosques. Argentina se encuentra entre los 15 países con más deforestación del mundo y el Gobierno nacional redujo los presupuestos, lo que disminuye la capacidad de las provincias para el control de los desmontes ilegales e incendios”, afirmó Giardini.

Por Natalia Kidd, para la agencia EFE.

Los incendios en Chubut ya quemaron 12 mil hectáreas y se extinguieron 22 de los 32 focos. En ese marco, el Gobierno reforzó su falsa acusación contra “grupos mapuches” como posibles responsables de los focos ígneos. Sin embargo, las autoridades judiciales de Chubut desacreditaron esas versiones por falta total de pruebas.

A través de comunicados y posteos en X, el Ministerio de Seguridad de la Nación y Patricia Bullrich atribuyeron los incendios a “grupos terroristas autodenominados mapuches”. En su cuenta oficial, la cartera aseguró que se investigan “hechos deliberados e intencionales” y que los “indicadores preliminares” vinculaban a estos grupos con actos de “terrorismo ambiental”. Prometieron además que identificarán, detendrán y llevarán a la Justicia a los responsables.

En redes sociales también circularon declaraciones duras, como las de la exministra Patricia Bullrich en X: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas.”

Estas afirmaciones siguieron una línea de discurso ultra que asocia a comunidades mapuches con violencia organizada y terrorismo, una narrativa que ha sido repetida por sectores del oficialismo en distintos momentos.

La justicia provincial lo desmiente tajantemente

Contrariamente a las versiones oficiales del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Chubut, Carlos Díaz Mayer, negó cualquier vínculo entre los incendios y los pueblos mapuches, descartando esa hipótesis por completo según su investigación hasta ahora. Díaz Mayer sostuvo que no existen pruebas ni indicios que respalden la participación de grupos mapuches en el inicio de los incendios, y pidió evitar especulaciones que no se sostienen en la evidencia judicial.

“Tenemos varias líneas de investigación abiertas y no descartamos ninguna por el momento”, dijo Días Mayer pero aclaró que las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde Nación: “Descartamos de plano las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados”, dijo en declaraciones radiales. “Nuestro perito detectó la presencia de acelerantes como combustibles en el lugar donde se habría iniciado el fuego”, explicó.

El fiscal explicó que la investigación aún sigue abierta y cuenta con varias líneas de pesquisa, pero remarcó que ninguna apunta a relaciones con grupos organizados, y que por el contrario las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde Nación. Entre otros datos, confirmó la presencia de acelerantes como combustibles en el foco del incendio en Puerto Patriada, pero no identificó responsables ni redes organizadas detrás del hecho.

Además, Díaz Mayer subrayó la complejidad de reconstruir lo sucedido debido a la gran cantidad de personas que se encontraban en la zona al inicio del fuego, lo que obliga a descartar múltiples hipótesis sin encontrar hasta el momento pruebas concretas sobre autorías.

Los incendios han dejado más de 12.000 hectáreas afectadas y movilizado recursos federales y provinciales para combatir las llamas. Aunque el origen intencional del siniestro figura como una de las hipótesis de trabajo —respaldada por la presencia de acelerantes— no hay hasta ahora identificación de responsables ni evidencia sólida que sostenga la versión de la Casa Rosada sobre participación de grupos mapuches.

MC

Micaela Camino es doctora en Biología e investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET). Sus esfuerzos para salvar de la extinción al pecarí quimilero (Catagonus wagneri) trabajando a la par de las comunidades indígenas y criollas en el Chaco Seco ya habían recibido en 2022 el afamado premio Withley.

En 2025, el National Geographic/Buffet Awards la galardonó por su liderazgo “en la gestión y protección de los recursos naturales”, calificándola como “inspiradora de un modelo a seguir”. Consultada por Mongabay Latam sobre la actual situación del ambientalismo en la Argentina de 2026 apela a una metáfora: “Estamos escalando el Everest por la pared más difícil y con muy poco equipamiento”.

La frase resume con exactitud la mirada de quienes se empeñan en sostener en pie leyes, proyectos y programas ante la renovada ofensiva en dirección contraria lanzada desde el Gobierno de Javier Milei, a partir del triunfo logrado en los comicios legislativos de octubre pasado. La presentación ante el Parlamento de una propuesta de modificación de la Ley de Glaciares para ser tratada en sesiones extraordinarias fue el 15 de diciembre la última andanada de un ataque que abarca todos los frentes. El Ejecutivo busca disminuir el área de protección de estos cuerpos de hielo para facilitar la explotación minera.

“Bajo pretextos ideológicos se obstaculizó el desarrollo del país [con una disposición] que contiene graves falencias”, expresa el comunicado oficial como argumento para reformar una ley aprobada en 2010, luego de arduos debates y sostenida por múltiples fundamentos técnicos, científicos y jurídicos, sumando voluntades desde todos los sectores políticos.

Un mes antes de la presentación del proyecto, el secretario de Energía de la Nación había declarado: “La actual ley genera un grado de incertidumbre demasiado grande para proyectos de inversión de envergadura”. El propio presidente Javier Milei afirmó: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo”. Una vez presentada la propuesta, desde la Mesa del Cobre, formada por cuatro provincias mineras (Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy), subrayaron que la modificación permitirá destrabar inversiones extractivas por USD 35.000 millones.

La posible marcha atrás en las restricciones a la explotación minera en la Cordillera de los Andes es un excelente botón de muestra para explicar los retos que aguardan al medioambiente del país en los próximos años. El tema glaciares permite apreciar la visión general de desarrollo que expresa el Estado, el valor que se le otorga a la opinión de los científicos, la “batalla cultural” que las autoridades nacionales libran a través de sus decisiones y el respeto institucional a normas locales o internacionales.

“Esta flexibilización es un retroceso hecho y derecho, va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional que habla de un ‘ambiente sano’ y de tratados como el de Escazú, aprobado y ratificado por el país, que establece que no se puede ser regresivo en material ambiental”, indica sobre el último punto Agostina Rossi Sierra, bióloga y especialista en glaciares de la organización Greenpeace.

“Es imposible lograr el desarrollo de un país si no incluye las variables ambientales y sociales. La idea de que lo ambiental se opone a lo productivo ha quedado vieja. Hemos demostrado y tenemos ejemplos de que lo ambiental y lo social potencian y ordenan la verdadera producción, que es la sustentable”, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Lo que ocurre con la ley de glaciares puede anticipar, además, una medida semejante con la Ley de Bosques, sobre la que presionan los lobbies de las industrias forestal y agropecuaria. “Tenemos que defender estas leyes por las que tanto hemos peleado y que, incluso sin haberse implementado del todo, han resultado positivas”, reflexiona Camino.

1. Falta de fondos, desmotivación y miedos

El presupuesto nacional para 2026 que el Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso antes de Navidad expresa con claridad las ideas del Gobierno. Según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el apartado “Ecología y desarrollo sostenible” representa tan solo un 0.14 % del total de los fondos. Además, existe una reducción generalizada de los recursos asignados. Mongabay Latam intentó comunicarse con Fernando Brom, titular de la Subsecretaría de Ambiente, pero el funcionario no respondió los pedidos de entrevista.

La Subsecretaría de Ambiente recibirá un 33.8 % menos de dinero que el año pasado; el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, al que debería destinarse un 0.3 % del Producto Interior Bruto (PBI), apenas recibirá un 0.0107 %; el Servicio Nacional del Manejo del Fuego contará con un 53.6 % menos de ingresos que en 2025; y así en todos los rubros.

Mientras que en 2023 se habían programadas 5100 horas de vuelo contra los incendios —solo se concretaron poco más de 3000—, para este año se proyectan apenas 3100. También se disminuyeron los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios de 2310 informes previstos en 2025 a 1850 en 2026.

Además, el presupuesto 2026 incluye la derogación de una vía de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que afectaría directamente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), una institución internacionalmente reconocida.

“Están desarmando todas las herramientas e instituciones que los investigadores usamos para trabajar”, subraya Camino, para añadir: “La ciencia es un trabajo colectivo. Yo puedo conseguir financiación internacional para mi proyecto, pero necesito interactuar, consultar y pensar con colegas que llevan adelante otros proyectos y lo que vemos es un vaciamiento del Estado: no se abren nuevos puestos, se eliminan programas, se anulan los apoyos económicos”.

La primera consecuencia es la desmotivación. “Más allá de la técnica y la disciplina, un científico requiere poder abstraerse, imaginar, pensar, y es muy difícil hacerlo cuando las principales preocupaciones pasan a ser la financiación de tu proyecto o intentar que te alcance el sueldo hasta final de mes”, analiza Camino.

La escasez de dinero para iniciar o continuar investigaciones, programas de conservación o estudios de campo encuentra, además, dos obstáculos adicionales. “El cierre de la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por decisión del Gobierno de Donald Trump] impacta en organizaciones de Paraguay, Bolivia, Perú o Ecuador a las que apoyaba y que ahora compiten con nosotros en la búsqueda de donantes para la defensa del ambiente”, comenta Jaramillo.

Por otro lado, el Gobierno argentino decidió no avalar pedidos de cooperación que aborden temas de género o de pueblos indígenas, lo cual complica aún más conseguir fondos. “Las agencias internacionales consideran que no se puede trabajar en asuntos ambientales o productivos sin respetar las salvaguardas sociales que incluyen temas de pueblos originarios, género, equidad, juventud o inclusión, lineamientos opuestos a la posición del Gobierno en su declarada batalla cultural”, comenta Jaramillo.

La agresividad con la que suelen exponer sus ideas las autoridades nacionales, con el presidente Milei a la cabeza, incorpora un nuevo factor: el miedo. “La gente no quiere hablar, ni siquiera escribir un paper, muchos se cuidan por prevención o temor a perder sus ingresos. Es algo que nunca había visto”, informa Camino.

“Hay una profundización de la persecución de quienes piensan distinto. Las críticas no solo van dirigidas a la oposición política sino a los medios que preguntan o cuestionan algunas de las políticas referidas a los movimientos ambientales, sociales o de pueblos indígenas”, señala a su vez Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.

Para las comunidades indígenas, en cambio, las agresiones, los desalojos, los encarcelamientos y hasta los asesinatos son parte de la vida cotidiana. “Tenemos claro que habrá represión porque ya la hubo antes. Hay una criminalización permanente de todas las luchas y el pueblo mapuche está definido como enemigo, cuando no de terrorista. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo”, asegura Hugo Aranea, werkén de la coordinadora del Parlamento mapuche-tehuelche de la provincia patagónica de Río Negro.

2. El agua, de los Andes al Paraná

Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares en el mundo. El Inventario Nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) identificó 16 968 cuerpos de hielo que ocupan 5769 kilómetros cuadrados repartidos en doce provincias, apenas el 1 % del área cordillerana en el país. Sin embargo, su importancia como reguladores de la naciente de cuencas hídricas ha hecho que el anuncio de modificación de la Ley de Glaciares sacudiese el final de año ambiental en el país.

“Todos estamos a la defensiva, pero el Gobierno y los medios subestiman al movimiento socioambiental, que ya ha tenido grandes triunfos en el verano. Creo que no lo van a tener fácil, será voto a voto”, se ilusiona Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

Manuel Jaramillo no comparte del todo el optimismo: “Hoy no hay una masa crítica que apoye la lucha por los recursos naturales y los espacios que benefician la calidad de vida de todos los argentinos. Un desafío para 2026 es recuperar y reforzar la licencia social que en parte se ha perdido en favor de los sectores empresariales y extractivistas”, afirma.

El proyecto contempla dos cambios fundamentales. Si para la ley original todos los glaciares y ambientes periglaciales son “reservas estratégicas de recursos hídricos” que necesitan ser conservados, la modificación solo incluiría a “los glaciares y geoformas periglaciales que constituyan una reserva estratégica de recursos hídricos o provean agua para la recarga de las cuencas hidrográficas”.

Dicho de otro modo, mientras la ley vigente prohíbe de manera genérica las actividades que “alteren de manera relevante” las funciones de glaciares y ambientes periglaciales -como la explotación minera o de hidrocarburos-, el nuevo texto deja sujeto a un estudio de impacto ambiental la relevancia de esas alteraciones. Además, se otorga a las provincias la facultad de efectuar dichos estudios.

De acuerdo con la Constitución Nacional, las 24 jurisdicciones en las que se divide el país son dueñas de sus recursos naturales. “Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglacial. Eso será muy importante para la economía”, dijo el presidente Milei ante empresarios mineros. Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente de Chaco y actual asesora de diferentes ONGs ambientalistas, enciende una alerta: “Con la coartada de la federalización nos vamos a quedar sin el gran avance que significaron las leyes de presupuestos mínimos”.

Este tipo de normas establecen un piso de protección que las provincias pueden complementar, pero en ningún caso perforar con sentencias regresivas. Pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 2019 que los presupuestos mínimos no vulneran el federalismo, sino que lo ordenan, parece inevitable que el destino de los glaciares acabe dirimiéndose en la Justicia. “Vamos a dar todas las batallas necesarias para que sea anulada cualquier disposición que esté en contra de la Constitución”, anuncia Marchegiani.

El debilitamiento de la severidad y neutralidad de los estudios de impacto ambiental, así como del cumplimiento cabal de las audiencias de consulta con las poblaciones afectadas por algún proyecto productivo, son parte de la ruptura del marco institucional que denuncia el sector ambiental. “Además de desconocer el Acuerdo de Escazú, como sociedad civil dejaríamos de tener nuestra herramienta de poder, el único documento que mide lo que puedan producir la minería o las deforestaciones a nivel local. Nos quedaríamos sin opinión, sin democracia, sin nada”, explica Soneira.

Si el hielo centra la atención en los Andes, al otro lado del mapa el agua es protagonista en estado líquido. En 2026 se licitará la concesión de mantenimiento y control de la Vía Troncal Navegable Paraná-Paraguay, mal conocida como Hidrovía, arteria fluvial por donde circula el grueso de las exportaciones de granos, ganado y otros productos que exporta el país.

“Es una oportunidad para evaluar cuáles fueron los impactos socioambientales que se generaron durante los 29 años en los que el río se transformó en canal navegable”, dice Nadia Boscarol, coordinadora nacional del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands, quien cree imprescindible “realizar una evaluación ambiental estratégica que permita analizar este megaproyecto de manera sostenible, considerando sus aspectos ambientales, sociales y económicos”.

En el pliego técnico de la licitación se prevé la profundización del dragado del canal navegable para permitir el ingreso de buques de mayor calado y la incorporación de los brazos inferiores del río, lo que facilitará la apertura de nuevos puertos en la orilla oriental.

“Un exceso de obras puede alterar los ciclos naturales de los humedales asociados al corredor fluvial, así como la biodiversidad que albergan, la calidad del agua y la conectividad natural del sistema”, señala Boscarol, antes de repasar los daños posibles: “Aumento de sedimentos en suspensión y de turbidez del agua; mayores derrames de hidrocarburos y otras sustancias que provoquen contaminación; riesgo de introducción de especies exóticas; mayor erosión costera y desmoronamiento de barrancas; impactos en la biodiversidad que afectará a las pesquerías artesanales; y alteración del régimen hidrológico con su consecuencia de inundaciones y sequías”.

Enrique Viale, quien se opone incluso a la utilización del término “hidrovía”, resume la situación: “La pretensión del Gobierno es entregar una concesión por 30 años, sin evaluación de impacto ambiental, priorizando solo lo económico y olvidando que se trata de un río que le da vida y trabajo a 14 millones de argentinos, atraviesa algunas de las ciudades más importantes del país y genera un amor muy especial en quienes habitan su litoral. Será otro tema que dará que hablar”.

3. Multiplicar áreas protegidas, una asignatura pendiente

En diciembre de 2024, el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) aseguraba que el 16.61 % del espacio continental y el 7.11 % del marino estaban bajo conservación. Ocho meses después, un estudio propio de la Asociación Argentina de Ecología, apoyado en una base de datos actualizada, reducía la estimación de la protección terrestre a un 10.41 % y apenas aumentaba la marina a un 8.49 %, aunque los valores caían aún más drásticamente -2.22 % y 5.76 %, respectivamente- si se tomaban en cuenta solo las categorías que la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) considera más estrictas.

En cualquiera de los tres casos, las cifras están muy alejadas del Compromiso 30x30, meta global del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (COP15), que busca conservar y proteger al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas del mundo en el año 2030.

“Argentina está cada vez más lejos de cumplir ese compromiso que firmó, y hoy solo la sociedad civil desde algunas ONGs vinculadas a la biodiversidad están sosteniéndolo para que no muera”, subraya Paula Soneira. La creación de parques nacionales es una de las materias que el Gobierno nacional desechó desde el primer momento. Los nuevos espacios pasan de esta manera a depender del interés de las autoridades provinciales.

“Jujuy creó en mayo el parque provincial La Reina, en las Yungas [14 000 hectáreas]; y Entre Ríos puso en funcionamiento Islas y Canales Verdes del Río Uruguay [4000 hectáreas], pero el único de estos proyectos subnacionales que se encuentra realmente vivo es el parque provincial Jaaukanigás [‘gente del agua’, en lengua abipona], un sitio Ramsar al norte de la provincia de Santa Fe que protege la planicie de inundación del río Paraná en ese sector y ayuda a mantener en pie la cadena pesquera”, resume Soneira.

La actividad para cerrar la brecha con el Compromiso 30x30 es muy escasa por fuera de estos intentos. En Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), antigua capital del petróleo patagónico sobre el Mar Argentino, un grupo de organizaciones civiles con el apoyo de National Geographic propugna la creación de una zona protegida marina basada en la recuperación en la zona de la ballena sei (Balaenoptera borealis). Una película documental, La ballena desconocida, sirve para difundir la idea de convertir el lugar en un destino turístico.

La efectividad de la primera experiencia de Argentina con el Fondo Verde para el Clima, por el cual el país recibió de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 83 millones de dólares por haber frenado la degradación forestal en el período 2014-2016, es otro aspecto a observar. “Las provincias son las principales interesadas en estos fondos. De hecho, están yendo a pedirlos por su cuenta a las COP [cumbres climáticas de la ONU]”, comenta Soneira.

La deforestación, de la cual el Gobierno dejó de ofrecer cifras oficiales desde hace dos años, sigue avanzando en el Gran Chaco, en menor medida en la selva paranaense de Misiones, y debido a los periódicos incendios estivales. Es un foco permanente de atención, aunque por el momento, y al menos hasta que no haya un avance concreto sobre la Ley de Bosques, no ocupa el centro de la escena.

Enero comenzó con la extensión de incendios en la Patagonia. El medio Chequeado informó que desde el lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en las localidades de Epuyén y El Hoyo, Chubut, que arrasó viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas. Se sumaban otros cuatro focos activos en esa región.

Los expertos locales en prevención de incendios ya alertaban en diciembre del riesgo, debido a la falta de nieve en invierno, la consecuente sequía y las altas temperaturas del verano.

Entre 2019 y 2024, en Chubut se quemaron 148 000 hectáreas, lo que ubica a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional de superficie afectada por incendios, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego analizados por Chequeado.

El 95 % de los incendios son provocados por la acción humana, de acuerdo al organismo, cuyos efectos se agravan por factores naturales y el cambio climático.

4. Unirse, la fórmula elegida para afrontar el año

La lista de desafíos a la que se enfrenta el ambientalismo argentino en 2026 impacta por su frondosidad. Los interrogantes acerca de qué hacer y cómo hacerlo sobrevuelan el aire y en la mayoría de los casos hallan en la unión y la colaboración su punto de encuentro.

“El camino es la unidad de todos los que queremos un mundo distinto. Hay que armar un gran bloque con comunidades indígenas, asambleas ambientalistas y organizaciones sociales para defender el agua y el territorio. Estamos enfrentando un modelo político, económico y jurídico diseñado para los grandes bloques, y dentro de él nosotros somos el territorio de sacrificio”, propone y denuncia Hugo Aranea.

“Las organizaciones de la sociedad civil debemos actuar como una coalición donde todas aporten contenido técnico para alcanzar posiciones comunes, aunque después cada una implemente su forma particular de trabajo”, dice Jaramillo.

“Si hay menos recursos habrá que ver cómo seguir adelante trabajando de manera colaborativa. Compartir gastos para las salidas al campo, pensar en conseguir juntos fondos en el exterior o becas para los estudiantes. Y no perder energías en pleitos y discusiones improductivas. Hay que centrarse solo en lo que resulte efectivo”, sostiene Micaela Camino.

Argentina comienza un año que se prevé muy difícil, pero el movimiento ambiental está dispuesto a dar pelea. “Hay que sostener los debates y las agendas de interés público en los temas ambientales y de derechos humanos. No podemos dejar que las soluciones vengan a través de las buenas prácticas de sectores corporativos que gozan de mucha impunidad”, afirma Pía Marchegiani.

Este 2026 amanece turbulento en el sur de América, casi tan complejo como escalar el Everest por su pared más difícil.

ED

“El incendio finalmente cruzó la ruta 40”, informa Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre de Argentina. Se refiere al incansable fuego que avanza desde el 5 de enero sobre los bosques y poblados de la provincia de Chubut, en la Patagonia, donde otra vez, otro año más, los incendios forestales no dan tregua.

“Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, aseguró en declaraciones públicas Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut. Hay al menos 3000 evacuados y se habla de más de 21 000 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas afectadas, incluso Parques Nacionales. Se trata de una superficie equivalente a la de la Ciudad de Buenos Aires.

Jaramillo está en contacto con brigadistas, funcionarios y pobladores de la zona y explica por qué el escenario se repite cada verano. Cada enero parece ser peor.

“A diferencia de lo que solía pasar en otros momentos con el clima, ahora el fuego quema casi igual de noche que de día. De noche, usualmente, bajaba un poco la temperatura y la intensidad de los vientos. El fuego, podríamos decir, bajaba su violencia, su agresividad. Ahora, el fuego sigue quemando de noche, sigue habiendo viento, sigue habiendo altas temperaturas, y esto hace que sea muy difícil asegurar el control”, agrega Jaramillo en diálogo con Mongabay Latam. Hace más de un mes que no hay precipitaciones significativas en la zona, afirma. “Las temperaturas están llegando a 32 °C y estamos recién empezando enero”.

“Ese es otro tema que también me transmiten mis colegas -asegura-. Estamos en enero y ya tenemos condiciones extremas de fuego, como solíamos tener en marzo, después de que nos comimos todo el calor del verano”.

En Argentina, la Patagonia arde pero el fuego amenaza también otras regiones. “Se ha declarado un riesgo extremo de incendio en 16 provincias y las autoridades consideran que la situación debe ser considerada potencialmente explosiva o extremadamente crítica por las altas temperaturas, la baja humedad, los fuertes vientos y el déficit de lluvia”, asevera Jaramillo. Y añade: “Algunos investigadores dicen que estamos en la era del Piroceno”.

—¿Por qué?

—Hemos visto incendios emblemáticos en los últimos años y esto está muy condicionado con las variables del cambio climático, que se están manifestando cada vez más fuertemente. Tiene que ver, en primer lugar, con el cambio de las variables de temperatura y de humedad, pero también con un aumento en la carga de combustibles [la biomasa] y en la continuidad de estos combustibles. Los expertos hablan de un triángulo del fuego que es el calor, el combustible y el oxígeno. El calor es natural o puede ser aportado por el hombre, justamente cuando enciende un fuego. El oxígeno está siempre disponible, generalmente en mayor o menor medida. Cuando hay vientos, obviamente hay más oxígeno y eso hace mover el fuego.

El combustible es lo que más podemos manejar, pero es lo que no se está haciendo bien. No se está controlando la cantidad y la continuidad del combustible. Eso hace que cuando empieza un foco ígneo se desate un incendio y sea cada vez más difícil de controlar. El fuego camina, podríamos decir, siguiendo la disponibilidad de combustible y siguiendo las condiciones del oxígeno, que muchas veces está orientado por el viento. En la Patagonia argentina, también en la provincia de Córdoba, el fuego toma velocidades y condiciones que son casi explosivas. Los incendios en Argentina son la manifestación, año a año, de situaciones cada vez más críticas.

—Se repiten incluso las zonas afectadas...

—En 2021 tuvimos una tragedia en esta misma zona donde estaba ocurriendo este incendio en la provincia de Chubut, que esperamos que no tenga las mismas consecuencias. En 2021 se quemaron más de 600 casas y más de 1500 personas fueron afectadas en el incendio de Las Golondrinas, cuando se manifestó lo que son los incendios de interfase, es decir, que se desarrollan en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales. Cuando estudié ingeniería forestal, hace ya casi 30 años, los incendios de interfase se estudiaban como algo potencialmente posible, con ejemplos de Estados Unidos y España. Hoy se están manifestando en Argentina.

—¿Qué características tienen los incendios de interfases?

—Se hace mucho más complicado porque lo que se quema tiene otras características. Es mucho más explosivo, hay mucho más riesgo de daño a personas, hay electricidad, en algunos casos y hay gas. Empieza a haber más riesgo de pérdidas de vidas humanas, de afectaciones de las personas. Entonces, los combatientes de incendios forestales que están entrenados para trabajar en una línea de fuego, generalmente en ambientes rurales aislados, tienen que tener elementos para poder ayudar en incendios de estructura. Ahí se colabora mucho con los bomberos locales, que no suelen dar abasto. Es como una multiplicidad de incendios domiciliarios, todos a la vez. Lo conversaba con algunos combatientes hace poquito.

—¿Qué ve cuando visita y habla con los rescatistas?

—Un incendio común los somete a un estrés importante, pero, por ejemplo, encontrar tantas personas dañadas, quemadas, animales dañados y quemados, es algo para lo cual los bomberos locales a veces no están preparados ni siquiera emocionalmente. Entonces, estos incendios tienen una complejidad en el abordaje que requiere mayor preparación, mayor cantidad de recursos, mayor atención también sobre los propios combatientes y los bomberos, que son los héroes en estos casos.

Hay que pensar en la seguridad de las personas, de los brigadistas. La naturaleza es importante, hay que preservarla, es la fuente para muchos elementos centrales, pero, con trabajo y esfuerzo, la naturaleza se puede recuperar, se puede restaurar. Las vidas de las personas no. Es importante que se haga todo asegurando el mayor cuidado de la vida de los habitantes, de los pobladores, de los combatientes, del personal afectado.

—Hubo recortes de recursos económicos por parte del Gobierno de Javier Milei al área de prevención de incendios. ¿En qué estado está el país para afrontar estas crisis?

—En 2013 se creó por ley el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que integra cuatro sectores: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, las provincias, la Administración de Parques Nacionales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese sistema es colaborativo y lo que hace es ayudar a cada jurisdicción provincial con personal, recursos, logística, operativos y medios aéreos cuando es necesario y cuando lo solicitan.

Los medios aéreos los administra el Sistema Federal de Manejo del Fuego, por eso la Nación es la que suele precontratarlos, y en gran medida se alquilan porque el Estado no puede mantener un avión. Lo que hace el Servicio Nacional es precontratar las horas de vuelo. Si vos no tenés una buena contratación, la cual pagues bien y en término, las empresas le alquilan los aviones a Brasil, a Paraguay, a Chile y perdés justamente la posibilidad de tener buen material disponible.

Luego, hay una Ley de Manejo del Fuego de 2012, que es para prevenir y combatir los incendios forestales y otorga la responsabilidad a las autoridades nacionales sobre el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que está a cargo ahora de la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.

La ley obliga a realizar los planes de manejo del fuego para prevenir y suprimir incendios a nivel provincial, regional y nacional, y otorga fondos del presupuesto nacional para su cumplimiento. Lamentablemente, en este año, en particular, el presupuesto que tenemos es solo el 0.014 % del total del presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y eso refleja que las condiciones que hay para planificar estos eventos no son las mejores. Es importante mencionar que esto es recurrente, nunca ha sido muy alto en ningún gobierno.

A pesar de eso, en los últimos 30 años podríamos decir que todo lo que es el Sistema Nacional de Manejo de Fuego se ha fortalecido, hay muchos más combatientes, están en mejor condición en muchas provincias, ya son personal de planta y tienen tareas de prevención o de control de combustible cuando es temporada baja de incendios. Lo que ocurre es que, cuando no hay un incendio, debería haber igual o más cantidad de recursos para trabajar en la prevención.

—¿Cómo se debería prevenir?

—En términos muy generales: reducir la carga de combustible [biomasa] y preparar estructuras de respuesta para cuando hay una emergencia. Y acá hay un tema: se pueden prevenir los incendios con quemas controladas. Son esenciales para reducir la continuidad y la carga de combustible, quizás no tanto en los ecosistemas boscosos, donde al quemar desechos de podas se pueden quemar pastizales que generan continuidad, pero mucho más en los ecosistemas de pastizales, como en la provincia de Corrientes, donde tuvimos graves incendios en 2022, 2023 y sucesivamente. Se deben realizar quemas en condiciones controladas cuando el clima lo permite, con personal capacitado, con los elementos necesarios para controlar cualquier escape de esas quemas.

Esto es central para que no haya tanto combustible disponible y tanta continuidad. Es importantísimo entonces promover el fortalecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

—La Fundación Vida Silvestre dialoga permanentemente con las autoridades nacionales y provincias de Argentina. ¿Qué respuestas reciben cuando plantean estos problemas en torno al manejo del fuego y a los incendios?

—Desde que inició la Ley de Manejo del Fuego, en 2012, la Fundación ha tenido diferentes vínculos con diferentes gobiernos. Generalmente, a nivel político, el fuego empieza a ser un tema de conversación cuando ya hay un incendio declarado y cuando ha tomado una envergadura tal que se ha transformado en un tema público. A nivel técnico, dentro de las estructuras de gobierno, hay mucha preparación, mucha preocupación para poder mejorar las coordinaciones, tanto técnicas como políticas.

En algunos casos también se ha dado que lamentablemente la falta de comunicación entre algunas provincias y Nación, en diferentes periodos de gobierno, ha favorecido o ha demorado el accionar del Servicio Nacional. A veces intentamos articular, como cuando hubo desencuentros entre las autoridades durante los incendios en Corrientes de hace unos años. Tardaron bastante en ponerse de acuerdo. Es lamentable.

Hace varios años se habló de unos 82 millones de dólares que llegaban del Fondo Verde del Clima para el pago por resultados, por deforestación evitada. Se asignaron a las 24 provincias para diferentes actividades. Una de ellas era justamente el desarrollo de estos planes de manejo del fuego que tienen que hacerse a nivel provincial. Lamentablemente esos fondos no se han asignado y los que se han asignado no se han ejecutado correctamente, según trascendió en publicaciones periodísticas.

—¿Qué le contaron los brigadistas y contactos sobre los incendios en Chubut?

—Estuve en la zona ahora afectada en octubre, en Puerto Patriada, justo donde empezó el incendio a principios de enero. La Fundación Vida Silvestre está colaborando con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, con Fundación Avina y con otras instituciones en un plan de restauración de los incendios que ocurrieron entre 2011 y 2014. En las reuniones en la zona, lo que uno escucha es lo de siempre: hay una continuidad de combustible muy grande.

Hay un tema específico: los pinos. En las décadas de 1960 y 1970 existió una política fomentada por el Estado nacional de desmontar, de quitar el bosque nativo e implantar diferentes especies de pinos, de piceas, de abetos, de cupressus y coníferas exóticas para promover la industria maderera. Lo mismo que estaban haciendo en Chile, donde transformaron el bosque nativo en pino.

En Argentina eso no funcionó, en parte porque las condiciones climáticas en la zona son distintas. Afortunadamente no funcionó porque si no tendríamos hoy mucho menos bosque nativo y muchas más plantaciones de pinos exóticos, como en Chile. El problema que quedó es enorme porque esas plantaciones se abandonaron y al abandonarse no tuvieron raleos, no tuvieron podas. Al no haber podas, los pinos mantienen las ramas durante mucho tiempo, que son como escaleras para el fuego. Entonces, cada vez que llega el fuego, rápidamente alcanza las copas, como se ve en los incendios bien altos.

Los pinos exóticos son muy resinosos y están adaptados a lugares donde los fuegos naturales son recurrentes [no a la Patagonia]. Usan el fuego como dispersión. Las piñas explotan, vuelan prendidas fuego, con lo cual inician nuevos focos de incendio. A su vez, la semilla es tan resistente que luego del incendio lo que vos tenés es un semillero de pinos. Se transforma en una enorme oferta de combustible que vuelve a quemarse frecuentemente.

—Las estadísticas oficiales sostienen que el 95 % de los incendios forestales en Argentina son causados por la acción humana, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. ¿Cuáles pueden ser las razones?

—Pueden ser por diferentes motivos. Se inician por descuidos, por intencionalidad, porque uno se peleó con el vecino, porque se quiere quedar con la tierra. Hay muchas razones por las cuales la gente inicia fuegos. En algunos casos porque quieren que las áreas queden quemadas y limpias para actividad productiva. Mientras estamos hablando la provincia de Chubut tiene unos ocho focos de incendios forestales. Si no se trabaja mucho en la prevención y en la reducción de la carga de combustible, esto casi que no tiene solución.

También están apareciendo muchísimos incendios por rayos. Hace 30 años no pasaba o, si pasaba, no estaba del todo registrado. El clima está cambiando, hay cada vez más tormentas eléctricas en la Patagonia, algo que antes no era nada común. Caen los rayos y generalmente no llueve, cuando antes sí llovía. Entonces, hoy te cae un rayo y te desprende un fuego en un lugar recóndito y perdido en la Cordillera [de los Andes]. Y no llueve. Es imposible la llegada con personal. Ahí sí, los medios aéreos son importantes.

—¿Los aviones son esenciales?

—Son importantes, pero ningún incendio forestal se va a apagar solo con medios aéreos. Hay que trabajar en terreno, frenando la carga con la continuidad e intentando generar espacios de sacrificio, quemas seguras. Además, en Argentina, por diferentes regulaciones, y por costos también, no se está usando mucho el retardante que se lanza desde los aviones.

Nota: la cifra de hectáreas afectadas se actualizó el lunes 12 de enero a las 11:51.

ED/MF

La politóloga Julia Strada, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), acusó al gobierno de Javier Milei, quien “desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)”, con un recorte que este año llegaría al 70 por ciento, en comparación con 2023.

La crítica de Strada se da en medio de una coyuntura particular, con varios de focos de incendio que se registran actualmente en la Patagonia, y de manera recurrente durante los últimos años, especialmente en esta época.

A través de un posteo en la red social X, la representante de CEPA sostuvo que Javier Milei “desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó, en términos reales, 81 por ciento menos que en 2023”.

Asimismo, subrayó que el gobierno libertario “en 2025 bajó a 70,8 por ciento y en el presupuesto 2026 (de ejecutarse lo presupuestado), se consolidaría un ajuste real de 70,7 por ciento vs. 2023”.

Strada puntualizó también que “en sus dos años de gobierno (Milei) subejecutó el presupuesto. En 2024 se devengó el 60,6 por ciento del presupuesto inicial y en 2025 apenas el 48,2”.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que 16 provincias se encuentran en una situación “crítica” frente al avance de los incendios forestales e incluyó a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Una vez más, el fuego afecta a la Patagonia argentina. El lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en El Hoyo, Chubut, que arrasó varias viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas. Entre 2019 y 2024, en esta provincia se quemaron 148 mil hectáreas, lo que la ubica en el noveno lugar del ranking nacional de superficie afectada por incendios.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres señaló en una conferencia de prensa que a raíz del incendio en Puerto Patriada, en El Hoyo, “ya fueron afectadas 1.800 hectáreas”, lo que obligó a evacuar a más de 30 mil turistas de manera preventiva.

Actualmente, existen 5 focos activos de incendio en la Patagonia, según la Agencia Federal de Emergencias. Se destacan: Puerto Patriada en El Hoyo (Chubut), Puerto Café en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut) y el Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz).

Son 178 los focos de incendios detectados en los primeros 6 días del año y 100 solo en 48 horas esta semana, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.

Las provincias con más hectáreas quemadas en los últimos 6 años

En los últimos 6 años, Córdoba fue la provincia que tuvo más hectáreas afectadas. Se quemaron aproximadamente 521 mil hectáreas entre 2019 y 2024, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) analizados por Chequeado.

En el ranking, le siguen San Luis, con aproximadamente 477 mil hectáreas incendiadas y La Pampa con 344 mil hectáreas.

En el otro extremo, aparecen la Ciudad de Buenos Aires (49 hectáreas), San Juan (7280 hectáreas) y Tierra del Fuego (8484 hectáreas).

El 95% de los incendios son intencionales

Torres aseguró que el incendio en El Hoyo fue intencional y que la Fiscalía provincial investiga quiénes son los responsables.

Según datos del SNMF, en el 95% de los casos los incendios son provocados por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.

Los especialistas advierten que, además, existen algunos factores naturales que contribuyen a esta situación, a pesar de que no son la causa principal de lo que está ocurriendo, como el cambio climático, ya que factores como sequías prolongadas, déficit de precipitaciones, vientos intensos y temperaturas extremas han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años, generando condiciones de mayor inflamabilidad del paisaje.

“El cambio climático que atravesamos hace más severos y extremos los procesos de inundaciones o sequías, y eso aumenta el riesgo de los incendios y lo voraces que pueden ser”, explicó en esta nota Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y agregó: “A esto se suma la insuficiente aplicación de las normativas ambientales, la falta de ordenamiento territorial y de control territorial efectivo.

Por su parte, Greenpeace Argentina recomendó una serie de medidas para evitar incendios forestales. Entre las principales indicaciones, aparecen no encender fuego en lugares no habilitados, apagar bien las fogatas con mucha agua y tierra, no tirar colillas de cigarrillos al piso y avisar de inmediato a las autoridades si se detecta humo o fuego.

*Esta nota se publicó originalmente en Chequeado, aquí.

Los incendios forestales en la Patagonia argentina continuaron expandiéndose este miércoles en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro y han dejado ya un saldo de más de 4.000 hectáreas, según datos oficiales.

De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre los incendios forestales quemaron más de 4.000 hectáreas de bosques y viviendas en la Patagonia, incluidos sectores de parques nacionales.

Los reportes oficiales registran al menos tres focos de incendios forestales activos en la zona: Puerto Patriada (El Hoyo) y el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut; la zona de Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz; y el vertedero municipal de Bariloche, en Río Negro.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, informó este miércoles -en una conferencia de prensa junto al gobernador de Chubut, IgnacioTorres, y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli- que son más de 2.000 las hectáreas que fueron afectadas en la zona.

En tanto, el gobernador provincial explicó que el operativo para controlar el incendio cuenta con más de 300 personas entre combatientes y equipos de apoyo, además de medios aéreos, y denunció que al menos dos de los focos fueron intencionales.

En el Parque Nacional Los Alerces más de 50 personas trabajan en las tareas de combate.

El Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, es otro de los focos activos y registra hasta el momento más de 340 hectáreas afectadas, sobre todo pastizales, arbustos y matorrales.

El foco activo en Bariloche se desencadenó este martes y por el momento no ha generado daños significativos.

El Ministerio de Seguridad aseguró que identificará y juzgará a los responsables de los incendios

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera “en todo el territorio nacional y, en particular, en la provincia de Chubut, para combatir los incendios forestales”, y advirtió que los responsables de los focos “provocados por negligencia o por acciones criminales deliberadas” serán identificados y juzgados.

“Prender fuego no es un error: es un delito grave. En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental, detalló la cartera de Seguridad en un comunicado.

Y agregó: “No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables. El que prende fuego, paga”.

Se recordó que “en los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado”.

La cartera sostuvo que se están haciendo despliegue de aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de las Fuerzas Federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia.

“Desde su creación, la AFE mantiene un monitoreo continuo de riesgos vinculados a emergencias y desastres. En ese marco, durante el mes de octubre se advirtió a todas las provincias sobre una temporada de alto riesgo”, se indicó. 

También se detalló que desde el 2 de diciembre se encuentra publicado el seguimiento permanente y el despliegue operativo de la AFE en todo el territorio nacional, con información actualizada sobre estados de situación, recursos y asistencia federal.

“En el incendio que afecta a Puerto Patriada, provincia de Chubut, el dispositivo federal incluye 46 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos técnicos y pilotos, 4 aviones hidrantes, 1 helicóptero, camionetas, cuatriciclos y autobombas”, precisó la cartera de Seguridad. 

“Cabe advertir que el 95 % de los incendios tienen origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, agregó la cartera que dirige Alejandra Monteoliva.

Con información de agencias.

IG

La Fiscalía provincial confirmó que el incendio forestal que se registró en la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, fue intencional, según informó el gobernador Ignacio Torres, quien le apuntó a los responsables y dijo que “van a terminar presos”.

“Hoy me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”, señaló Torres.

Torres dijo que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y manifestó: “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, el gobernador dijo que “la prioridad ahora es controlar el fuego”, a la vez que de detalló el estado de los distintos focos activos y controlados en diversas localidades cordilleranas de la provincia.

“Tenemos actualmente cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño”, indicó.

Asimismo, Torres dijo: “El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”.

“Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”, expresó.

En relación al operativo, el Gobernador precisó que trabajan más de 180 combatientes, más de 100 personas en tareas logísticas, cinco aviones hidrantes y un helicóptero, a la vez que resaltó el apoyo de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, provincia que aportó un avión hidrante de mayor porte, además del acompañamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En buena parte del paisaje desolado por los incendios durante el mes de agosto en el noroeste de España aún queda una tarea ingente por delante. Además de acabar con los focos restantes, las administraciones se enfrentan a una carrera contrarreloj para evitar los daños que afectarán al paisaje a largo plazo, pero sobre todo el peligro para las personas como consecuencia de posibles inundaciones, contaminación del agua y desprendimientos del terreno.

El trabajo más inmediato y urgente, señala Federico Grillo, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, es proteger a la gente en los pueblos donde el fuego destrozó las casas. “En estos lugares hay un riesgo de derrumbe de las fachadas o de parte de las viviendas”, advierte. “Estamos viendo imágenes en los medios de gente moviéndose por estos pueblos con gran peligro. Hay que precintar esa zona y esperar a que los estudien los técnicos”.

Lo mismo pasa con los caminos, donde hubo desprendimiento de piedras y en los siguientes días pueden caer más, según el especialista. “Y en el monte pueden quedar árboles medio quemados que se pueden caer por el viento y tocones ardiendo en los que se te puede colar el pie y hacerte mucho daño”, recuerda. “No hay que bajar la guardia”.

Una prioridad es garantizar que todos los espacios donde se hacen las captaciones de agua no estén contaminados por el arrastre de cenizas

Marta Corella — Vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales

“Otra prioridad es garantizar que todos los espacios donde se hacen las captaciones de agua no estén contaminados por el arrastre de cenizas”, afirma Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales. “Porque, además, estas cenizas llevan también metales pesados e incluso cuando se potabilizan con cloro pueden hacer reacciones químicas que generan toxicidad”.

Una carrera contra el tiempo

Una vez repuestos los servicios esenciales para la población y evitado el riesgo inmediato para sus vidas, comienza una carrera contrarreloj para sujetar el suelo, impedir que la ausencia de vegetación tras el fuego facilite la erosión si vienen lluvias intensas y se desate una cascada de efectos negativos. “Es necesaria una intervención urgente y directa”, insiste Corella. “Hay que evitar a toda costa la pérdida de suelo”.

“El primer enemigo de la recuperación serán las lluvias torrenciales”, coincide Víctor Resco de Dios, profesor de incendios forestales y cambio global de Universitat de Lleida. “Es importante que las lluvias vengan pronto y vengan suaves, porque la fertilidad del suelo está en esos cinco centímetros superiores y si el agua lo arrastra se pierde el repertorio de semillas y se produce una pérdida ecológica importante”.

Por este motivo, en los próximos tres meses muchas poblaciones se lo juegan todo. “Hay que prestar especial atención a los espacios donde convergen las aguas que pueden generar avenidas torrenciales”, señala Corella. Si llueve con intensidad, en las zonas muy escarpadas los fenómenos erosivos serán peores, advierte Fernando Castedo, catedrático de la Universidad de León. “Estoy pensando en el Lago de Sanabria, por ejemplo, que es un candidato a que pueda haber problemas de calidad del agua. También puede haber desprendimientos de rocas o de laderas en montaña, con cortes de carreteras”.

Barreras contra la erosión

Para evitar el arrastre, los equipos encargados de la recuperación deben identificar las zonas más dañadas y tratar de frenar la erosión generando un acolchado con las hojas que han quedado en la zona (mulch) o extendiendo paja sobre el terreno. Lo siguiente es construir unas barreras con los restos de leña quemada, llamadas fajinas. “Lo que se suele hacer es construir estas barreras en las curvas de nivel, sujetas por estacas”, indica Grillo. A veces se atan y queda como una especie de cordón que recorre toda la ladera, relata.

“Es una obra faraónica, en muchos casos no llega a tiempo porque entre que se convoca la contratación, etc. se pasan los plazos”, subraya el especialista. “Esa es la parte que habría que desbloquear para poder trabajar lo antes posible, sobre todo estos dos o tres primeros meses en esas zonas más delicadas”. El trabajo requiere de la llegada de balas de paja en camiones o helicópteros y de personal que las extienda de manera uniforme. “También se suelen hacer algunos trabajos con maquinaria. Se le pasa un ripper, una especie de uña metálica que va en la parte trasera de una excavadora, que hace un surco en el suelo medianamente profundo que ayuda a la infiltración”.

La ceniza tapa los poros y se genera una reacción de hidrofobia, el agua encuentra una superficie sellada y corre mucho más rápido

Federico Grillo — Vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

Porque uno de los principales problemas tras los grandes incendios es que la ceniza impermeabiliza el suelo y no solo no traga el agua, sino que esta se desliza a toda velocidad por su superficie. “El polvo de la ceniza, de varios centímetros de espesor, tapa los poros”, explica Grillo. “El suelo se colma y se genera una reacción de hidrofobia, el agua encuentra una superficie sellada y corre mucho más rápido”. “Además, el agua se convierte en un chocolate de barro y es mucho más destructiva”, añade Resco de Dios. “En el caso de los incendios de Galicia en 2017, el material arrastrado contaminó las rías”.

Esta situación puede generar mayor riesgo de colmatación de embalses. “Todos esos sedimentos bajan, los embalses pierden capacidad de retención de agua y podemos tener luego inundaciones”, indica el especialista. “Una lluvia ligera, de 60 litros por hora, en una zona boscosa apenas se nota porque el bosque es una esponja y retiene mucha agua. En zonas incendiadas esa misma lluvia de 60 litros puede generar unas inundaciones importantes, porque todo corre rápidamente y hemos acelerado el tiempo de viaje del agua”.

Montañas desnudas

Aunque el fuego siempre ha tenido un papel regenerador del paisaje, los expertos creen que estos megaincendios que cabalgan a lomos del cambio climático están sirviendo de vehículo para una desertización progresiva del paisaje, ya que la recuperación será cada vez más difícil. “Los incendios sí que están catalizando una transformación, una disminución del área forestal precisamente por estas condiciones de un otoño cada vez más seco y un aumento de las lluvias torrenciales”, asegura Resco de Dios.

Si te quedas sin suelo, te quedas sin sustento para la vida. La conjunción de suelo desnudo, precipitación torrencial y fuertes pendientes es la combinación perfecta para que se pierda

Fernando Castedo — Catedrático de la Universidad de León

Además de las vidas humanas que se han perdido, de ganaderos y agricultores que han visto desaparecer su modo de vida, a Castedo le preocupan los efectos irreversibles en los ecosistemas, que dejarán algunas áreas sin vegetación durante décadas. “El suelo no es un elemento renovable. Por lo menos a escala humana”, enfatiza el catedrático de la Universidad de León.

“El gran problema de cuando hay erosión es que esa capa superficial es donde se sustenta la vida, el árbol necesita tener una profundidad del suelo”, señala Grillo. “Si no tiene esa profundidad de suelo, no te cabe un árbol o se queda como un bonsái, no crece. O sea que la pérdida de suelo es en muchos casos irreparable”. “Volver a recuperar el suelo puede llevar milenios, y si te quedas sin suelo, te quedas sin sustento para la vida, tanto vegetal como animal”, remata Castedo. “La conjunción de suelo desnudo, precipitación torrencial y fuertes pendientes es la combinación perfecta para que se pierda”.

Para Marta Corella, lo sucedido es una demostración palpable de que es mucho menos costoso gestionar el territorio que extinguir un incendio y luego restaurar. “Es muy importante que las comunidades rurales vinculadas a ese entorno sean protagonistas, y que vean esta restauración como un espacio de oportunidades, que es lo que tendría que haber sido la gestión previa”, concluye. “Debemos prepararnos para los momentos de crisis, porque el cambio climático no va a desaparecer y esto va a suceder un año tras otro. Eso hay que tenerlo claro”.