Luego de que la jueza Loretta Preska fallara en contra de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el presidente de la petrolera, Pablo González, confirmó que volvería a votar por su estatización, como lo decidió el Congreso en 2012. “La enorme potencialidad que tiene Argentina como productor de energía le da racionalidad a esa decisión”, expresó.

Según explicó el exsenador por Santa Cruz del Frente para la Victoria-PJ, entonces se tomó la decisión de intervenir la petrolera y posteriormente expropiarla como consecuencia de “la desinversión que estaba teniendo en ese momento Repsol en lo que era la explotación de YPF y el vaciamiento progresivo de la empresa”. Además, señaló que, ante esta situación, muchas provincias se manifestaron en favor de una intervención del Estado.

“Es una discusión que nos interpela sobre el horizonte energético de la Argentina. Hoy estaríamos infinitamente peor sin esa decisión”, advirtió y cruzó al ex presidente Mauricio Macri por sus recientes declaraciones. “Recuperar YPF fue muy importante para la Argentina. Esto no fue una locura destructiva como dice Mauricio Macri”, agregó González, en una entrevista con Radio 10.

El ex mandatario de Juntos por el Cambio había cuestionado esta tarde la expropiación de la petrolera. “Qué lastima que la mayoría se dejó llevar por esta locura destructiva”, publicó en la red social X.

En la entrevista radial, González ─que oportunamente votó a favor de la expropiación─ también se opuso al fallo que establece que Argentina deberá resarcir económicamente a a los fondos Burford Capital. “No corresponde indemnizar a alguien que no sufrió un daño, como es el caso del Fondo Burford”, aclaró González.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se logre revertir el fallo de Preska, el presidente de YPF aclaró que “el fallo no es definitivo” y especificó que Argentina podrá exigir una revisión ante la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de los Estados Unidos.

ACM/JJD

El CEO de YPF, el licenciado en administración de empresas mendocino Sergio Affronti, renunció este jueves a su cargo después de protagonizar una pelea interna con el presidente de la petrolera estatal, el abogado santacruceño Pablo González. Se trata de un conflicto más en la energía, área de gobierno donde talla fuerte la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en este caso a través de González.

Affronti se había formado en petróleo en la Universidad de Texas y había trabajado casi toda la vida en YPF, con la excepción de unos años en que lo hizo para la española Repsol. Llegó al cargo de CEO en abril de 2020, bajo el impulso del cristinismo, que desconfiaba del líder de la compañía que había puesto Alberto Fernández, Guillermo Nielsen. El nombre de Affronti fue sugerido entonces por Miguel Galuccio, que presidió YPF en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Nielsen dejó entonces el cargo de CEO y se quedó con el de presidente hasta que en enero de 2021 fue desplazado también de ese puesto por González, que había sido vicegobernador de Santa Cruz, diputado y senador nacional.

Ahora Affronti será reemplazado por otro técnico, el ingeniero químico Pablo Iuliano, que hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de Upstream (exploración y extracción) No Convencional de YPF y que también había integrado el equipo de Galuccio. El licenciado mendocino fue despedido semanas después de que González denunciara ante la Justicia que al menos dos empleados de la empresa lo espiaban. Su cesantía ocurre después de semanas de tensión entre él y el presidente de la compañía, que pretendía acelerar las importaciones de gasoil a pérdida para evitar el desabastecimiento que sufrió el mercado local en plena cosecha de soja y maíz en los últimos meses. Affronti se va desgastado de las tensiones políticas, que también confrontaron a González con el ex ministro de Economía Martín Guzmán, pero satisfecho con los resultados operativos de la firma.

AR

Martín Soria no sólo asume en el Ministerio de Justicia con la difícil tarea de lograr que la cámara de Diputados sancione las leyes de la reforma judicial. Otra de las misiones que se propuso el sucesor de Marcela Losardo es avanzar con la implementación del sistema acusatorio en la Justicia federal. Sin embargo, será también una compleja misión: esta modificación del funcionamiento del fuero penal federal que se sancionó a fines de 2018, apenas ha comenzado a funcionar en dos jurisdicciones, su aplicación en el resto del país viene demorada y podría llegar a los tribunales de Comodoro Py en un plazo de cinco años, con suerte, según sostuvieron funcionarios del Ejecutivo en diálogo con elDiarioAR. 

“Hay dos proyectos de ley fundamentales en los que debemos avanzar (la reforma de la Justicia penal federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y la nueva normativa del Ministerio Público Fiscal), como también la implementación del sistema acusatorio”, dijo Soria en una entrevista a C5N el martes 16. 

A diferencia de las leyes enviadas por Alberto Fernández e impulsadas por el kirchnerismo, el acusatorio es hasta el momento el único punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas sobre las reformas estructurales del Poder Judicial. El sistema que empodera a los fiscales federales a dirigir las investigaciones sobre presunta corrupción, narcotráfico y trata de personas fue promovido tanto por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, durante la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, como por el ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano. La ley se sancionó y entró en vigencia con la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación a fines de 2018. 

Sin embargo, sólo está funcionando en la Justicia federal con asiento en Salta y Jujuy. Fue un proceso que dejó en marcha el gobierno de Cambiemos, en junio de 2019. Pandemia de por medio, recién en 2021, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación comenzó a tratar la puesta en marcha en un futuro próximo en las cámara federales de Rosario (que incluye el norte de la provincia de Buenos Aires) y Mendoza (que alcanza también a las provincias de San Luis y San Juan), según la última sesión en el Congreso. La bicameral aún no fijó una fecha para que comience a funcionar en esas dos jurisdicciones.

El resto del país, y en especial la Justicia federal penal con sede en tribunales porteños, están muy lejos del objetivo. “Estimamos que llegará a Comodoro Py, cómo mínimo, en unos cinco años”, confió un funcionario que trabaja en la ejecución del nuevo Código Procesal Penal.

La implementación requiere además un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación. También una inversión conjunta de fondos. Según confirmaron a elDiarioAR fuentes de la gestión del exministro Garavano, sólo para el caso de Salta y Jujuy, el Estado nacional proyectó una inversión de al menos US$7.300.000 en equipamiento informático, servidores y otros recursos tecnológicos, además de otros $262.476.443 en alquileres de edificios; personal; capacitación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y penitenciarios; logística y vehículos.

Para avanzar con los concursos necesitamos un procurador propio.

El sistema acusatorio rige en la mayoría de los países del continente y en Argentina funciona en las Justicias a nivel provincial pero no en el fuero federal penal, en el que se investigan las denuncias de presunta corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros delitos federales para los que aún funciona el sistema inquisitivo, que concentra las investigaciones en los jueces y a quienes el kirchnerismo y el Gobierno buscan recortar poder de fuego.

En el nuevo sistema, la investigación de los delitos queda a cargo del fiscal, quien luego debe defender su caso en un juicio oral y público. Desaparece el expediente en papel, los procesos tienen plazos breves y los planteos de las partes son orales y en audiencias públicas (salvo excepciones de la ley). La función del juez se limita a garantizar que se cumpla la ley durante el procedimiento penal y controlar que se respeten las garantías constitucionales. Luego emite veredicto.

Fernández, al igual que Macri, no ha podido lograr la mayoría parlamentaria para nombrar al nuevo Procurador General de la Nación (necesita los dos tercios de los miembros presentes en el Senado). El candidato del Presidente para liderar a los fiscales es el juez federal Daniel Rafecas. El cargo es ocupado de manera interina por Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo le inició varios procesos de juicios políticos que no han progresado. Tampoco ha logrado la renuncia o jubilación del funcionario. El propio Casal se presentó ante la Anses para rechazar la intimación a finalizar sus trámites jubilatorios, como informó este sábado elDiarioAR.  

El año pasado, además, crecieron las vacantes por las modificaciones al régimen de jubilación de los jueces y fiscales.

La imposibilidad del presidente Fernández y el kirchnerismo para sancionar las leyes que modifiquen el funcionamientos del Poder Judicial y les permita nombrar un nuevo jefe de los fiscales también está atada a la implementación del sistema acusatorio, según reconocen oficialistas y funcionarios de la Procuración General de la Nación. El responsable de llevar adelante ese proceso es el Procurador que no ha podido ser nombrado por falta de consenso, ya que el oficialismo tampoco ha podido lograr los votos para tratar en Diputados la ley que modifica la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal para reducir la mayoría que requiere para nombrar a un nuevo jefe de los fiscales.

Otro punto central con el que se encontrará Soria es que más del 30% de las fiscalías que dependen del Ejecutivo Nacional están vacantes, según los datos oficiales que maneja la Procuración General de la Nación. La mayoría de los concursos están frenados. No avanzan desde 2017, cuando se trabó una disputa legal por los cambios introducidos por la entonces jefa de los fiscales, Gils Carbó, quien había modificado las normas para seleccionar a los jurados. “Para avanzar con los concursos necesitamos un procurador propio”, respondieron en el ministerio que dejó Losardo. 

La excepción son cuatro jurisdicciones: se avanzó con nombramientos en Salta y Jujuy, por la implementación del sistema acusatorio en 2019; y se activaron los concursos en Rosario y Mendoza, donde está proyectado aplicarlo en la siguiente etapa, informó una fuente de la Procuración. “Se avanza con los concursos con los que se puede avanzar. Durante la pandemia, se frenó todo ante la imposibilidad de tomar exámenes presenciales”, sostuvo un funcionario de la Procuración. “El año pasado, además, crecieron las vacantes por las modificaciones al régimen de jubilación de los jueces y fiscales. Lo mismo pasó cuando modificaron el régimen del impuesto a las ganancias”, agregó.

Los tribunales de Comodoro Py son apenas una muestra de la falta de nombramiento de fiscales clave, en quienes recae el peso del nuevo sistema. Hay cuatro fiscalías vacantes (la fiscalía general ante la Cámara Federal porteña, que ocupada Germán Moldes antes de jubilarse; la fiscalía 1, que dejó vacante Jorge Di Lello tras su muerte; la 8, tras el traslado de Juan Pedro Zoni; y la 12, que subroga Alejandra Mángano hasta la realización del concurso). En el edificio de la calle Inmigrantes, donde tiene sede el fuero Penal Económico, que el Presidente quiere fusionar con Comodoro Py, hay otras tres fiscalías vacantes.

ED

No hay punto intermedio. Alberto Fernández no define una estrategia para salir adelante, sus ministros están a años luz de exhibir el volumen político que hace falta para gobernar la crisis, Cristina Fernández de Kirchner vuelve a cometer los mismos errores, el gobierno del Frente de Todos delata la improvisación a cada paso y las diferencias internas provocan un ida y vuelta interminable que no hace más que agrandar la confusión general. En el arranque de 2021, la caracterización que se extiende entre la oposición de mercado, el gran empresariado y el peronismo no cristinista penetra también en las filas del ancho oficialismo, donde la heterogeneidad de la alianza y la falta de un liderazgo unificado permite a ministros y funcionarios hablar de su propio gobierno con una distancia llamativa. Esa narrativa preponderante que se transmite en continuado contrasta por completo con la larga lista de atenuantes que ponen en primer lugar los oficialistas más abnegados, que señalan el vaso medio lleno y rescatan el esfuerzo sostenido del gobierno para hacer frente al doble condicionamiento de la herencia explosiva de Mauricio Macri y la pandemia sin fecha de vencimiento. A partir de tomar algunos elementos ciertos y de ignorar otros, unos y otros avanzan aferrados a sus certezas hacia un nuevo test electoral, la estación inapelable que pondrá en primer plano el balance de una sociedad tan extenuada como cambiante en sus criterios. El alcance del rebote en la economía y la temperatura social a la hora de ir a votar volverán a demostrar quién está equivocado y la definición será, una vez más, de los que viven indiferentes a la polarización.

A la oposición de dos cabezas, le rinde seguir erosionando a un pancristinismo que muestra sus debilidades a cielo abierto en un contexto de restricciones múltiples y visiones no siempre complementarias. Al gobierno dominado por la urgencia, en cambio, le queda todo por hacer y sin garantía de éxito. En lo económico, encomendarse a la soja y esforzarse en impedir que la inestabilidad y la falta de dólares vuelvan a imponerse como sucedió en septiembre y octubre del año pasado, después de un año de rifar reservas. En lo político, los Fernández entran en la cuenta regresiva y se ven obligados a poner todo para remontar una realidad alarmante. El Frente de Todos se divide entre los que piensan que la aritmética del peronismo unido alcanza para hacer una buena elección y los que ven con preocupación un cuadro social agravado por el cierre de empresas, los altísimos índices de pobreza y el aumento de la desocupación. Como sea, el Presidente y su vice ya no disponen de tiempo para gobernar sin hablarse y, si quieren reeditar el éxito de hace dos años, solo pueden delinear un sendero común hasta octubre y comprometerse a cumplirlo. 

Alberto y Cristina saben que tienen la suerte atada por lo menos hasta 2023. Tal vez la vicepresidenta haya pensado en eso durante sus días de aislamiento en El Calafate, donde hace más de 10 años murió Néstor Kirchner. Junto con la pandemia y la unidad que se mantuvo pese a las discrepancias, otro gran dato del primer año de gobierno del pankirchnerismo es la dificultad de los dos socios fundadores de la empresa gubernamental para rearmar lo que fue un rasgo casi mítico del primer kirchnerismo: una mesa chica donde discutir las decisiones más importantes hasta encontrar una síntesis. Porque no está Kirchner, porque los años pasaron y los roles cambiaron, por las carencias de Alberto o por el hartazgo de Cristina, esa posibilidad que la vicepresidenta extrañó durante sus años de soledad en el poder hoy está desperdiciada.

Un gran dato del primer año de gobierno es la dificultad de los dos socios fundadores para rearmar lo que fue un rasgo casi mítico del primer kirchnerismo: una mesa chica donde discutir las decisiones más importantes.

Máximo Kirchner y La Cámpora, tal vez Sergio Massa, pueden constituir un segundo anillo del poder pero no pueden reparar lo que dañan de manera temeraria dos políticos de experiencia que, se suponía, estaban exentos de cometer errores de principiantes, más aún en un contexto social sólo comparable al que terminó hace dos décadas en un estallido. Los que mantienen el diálogo con los dos y dependen del éxito de esa sociedad de bordes irregulares deslizan una serie de conclusiones. Alberto no puede fingir que gobierna como si Cristina no existiera porque el cristinismo lo rodea, está repartido en todo el andamiaje de gobierno y sus militantes son los primeros que aparecen anotados cada vez que un funcionario renuncia o es renunciado. Cristina no puede desligarse de la responsabilidad por los resultados de gestión porque de su dedo nació un presidente y de ese presidente depende su corto plazo. Tampoco le sirve volver a pararse en el balcón que da al Patio de las Palmeras para convencerse de que su gobierno terminó aclamado y sin trastornos en el doble terreno de la economía y la política. Juntos los dos, deben tomar una definición sobre un rumbo que no está para nada claro. 

Habrá vuelto, tal vez, CFK del Sur con la consigna de hacerle entender a Alberto que no es posible quedar bien con todos y que con alguien tiene que pelearse. Pensará el Presidente que el triunfo de Joe Biden, las oraciones del Papa Francisco y la amabilidad de Kristalina Georgieva contornean un mapa no tan hostil y que la vacuna traerá finalmente la luz al final del túnel. Pero los defensores de la unidad afirman que, con la cuarentena estricta, debería morir también la anomalía de socios que no se esfuerzan en lograr un entendimiento. Entre ellos deberían borronear una estrategia común para actuar frente al Fondo, el actor más determinante de la política argentina (gracias a Macri). Dónde termina la diplomacia de palabras que dicen nada y dónde empieza la discusión de poder con los países que deciden en el organismo, sobre todo con Estados Unidos. Quedará a prueba la consigna que Martín Guzmán repetía en la intimidad en la pulseada con los bonistas y Argentina deberá demostrar que no le imponen las decisiones ni se deja intimidar por el lobby amable de su acreedor privilegiado y auditor.

Todo lo que no se le conceda al Fondo serán márgenes de libertad para un gobierno asfixiado que debe afrontar el año electoral en emergencia y, guste o no, pelea por su sobrevida. De esa puja que el oficialismo minimiza con declaraciones sobre la buena predisposición de Georgieva dependen la profundidad del ajuste después del ajuste y la posibilidad de rescatar a jubilaciones y salarios del pozo en que cayeron en los últimos tres años sin aumentar los subsidios energéticos que benefician a todos, sin distinción de clase. En Casa Rosada discrepan con el Instituto Patria y quieren avanzar con el aumento de tarifas: dicen que hay que cobrarles a los mismos 11.000 millonarios que entraron en el impuesto a la riqueza y cuestionan la inercia que favorece al que vive en Puerto Madero o climatiza la pileta en Nordelta. Sólo recién después de definir un sendero compartido, tiene sentido discutir qué tipo de funcionarios hace falta para la prueba ácida que se viene. Mientras tanto, hasta los amigos de Alberto siguen evocando con nostalgia los gabinetes de Néstor y Cristina, colmados de profesionales y guerreros incombustibles que defendían al gobierno a costa de su propia reputación. 

En Casa Rosada discrepan con el Instituto Patria: quieren avanzar con el aumento de tarifas y cuestionan la inercia que favorece al que vive en Puerto Madero o climatiza la pileta en Nordelta.

Aunque no parezca, el frente judicial, esa grandísima obsesión de CFK, está directamente relacionado con la performance del gobierno y la mejora de la vida de las mayorías. Si el balance social es negativo y el Frente de Todos pierde las elecciones, los fantasmas que persiguieron a la vice durante 2020 no harán más que agigantarse. Por eso, las organizaciones sociales alineadas con el peronismo dicen que la prioridad debería ser reducir la pobreza, no combatir el lawfare. 

Por ahora, el gobierno extiende los criterios de la emergencia mientras apura la llegada de vacunas y la cuenta de los muertos por el Covid-19 supera llega a 46.737. El aumento en la Tarjeta Alimentar y la prórroga del congelamiento de alquileres y la doble indemnización, más la prohibición de desalojos y despidos son paliativos cuestionados por el establishment que sólo quiere avanzar con el ajuste. Sin embargo, no alcanzan para recomponer ingresos ni impulsar la demanda, la gran promesa electoral prepandemia que el cristinismo quiere cumplir sin explicar cómo.

Por lo demás, nadie en política puede esperar que sus rivales sean condescendientes con errores que ni en las filas propias se perdonan. En un contexto global y local de pura inestabilidad, la historia intencionada que se narra sobre YPF es apenas la muestra más reciente. Conmueve la repentina preocupación del Círculo Rojo por una compañía que el gobierno de Mauricio Macri llevó al derrumbe en tiempo récord, bajo la gestión de Miguel Gutiérrez, un financista sin antecedentes en el sector petrolero ni experiencia política, que era socio fundador del fondo de inversión Rohatyn Group y amigo de los primos Caputo.

Encargado de dar la primicia sobre la salida de un Guillermo Nielsen que estaba dibujado hace meses en la petrolera de mayoría estatal, el portal EconoJournal fue uno de los pocos que contó la debacle durante los años de Macri, cuando casi nadie se fijaba en YPF y la empresa perdía su liderazgo en el sector. Los ingresos cayeron un 14% entre 2016 y 2018 en comparación con el período 2012-2015, las ganancias bajaron un 23%, la inversión se redujo un 48,5%, la producción disminuyó un 9,2% y el horizonte de reservas descendió un 12%. Tan cierto como la nacionalización trucha del kirchnerismo vía Eskenazi y la deuda que se incrementó durante los años de CFK es que la gestión Macri se desligó de la suerte de la compañía estatal, lanzó un festival de subsidios para el gas que benefició al Grupo Techint como a nadie y convirtió a YPF en la empresa boba del sector. Tan nociva como la caída histórica de la acción en el primer año de los Fernández fue la negligencia de un Macri que redujo el valor de la empresa a la mitad en su aventura de gobierno.

Tan cierto como la nacionalización trucha vía Eskenazi y la deuda que se incrementó durante los años de CFK es que la gestión Macri lanzó un festival de subsidios que benefició al Grupo Techint y convirtió a YPF en la empresa boba del sector.

Otra vez es Cristina la que debe marcar una dirección porque los funcionarios que se reparten el área de Energía le responden a ella y tiene diferencias entre sí. La designación de Pablo González es la apuesta por un político que puede desactivar conflictos sólo si tiene directivas claras. Guiada por un Guzmán que necesita impedir que el Banco Central siga subsidiando a las empresas endeudadas en dólares bajo Macri, YPF entró en un riesgoso proceso de reestructuración con final abierto, puede ser víctima de ataques especulativos como el de la última semana y no está a salvo del default. Sin embargo, la negociación con los bonistas no estaba en manos del embajador Nielsen ni de La Cámpora sino de Alejandro Lew, el gerente financiero de YPF que entró con la gestión de Sergio Affronti después de pasar el filtro del cristinismo. Lew está en las antípodas de cualquier populismo: viene de JP Morgan, trabajó en la eólica Genneia convocado por el financista mexicano David Martínez y es hermano de Sergio Lew, el country head que reemplazó hace dos años a Enrique Cristofani en el Banco Santander. Además, en el marco de la política general de congelamiento, YPF comenzó a funcionar como una isla y aumentó seis veces los precios de los combustibles desde agosto. Ese criterio que la compañía más grande del país precisa sostener para no profundizar su ruina entra en crisis, según algunos, en el año electoral. No sólo los Fernández deben recrear su acuerdo inicial: además, cada uno de ellos debe ponerse de acuerdo consigo mismo.

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y en su reemplazo quiere al diputado por Santa Cruz, y ex vicegobernador de esta provincia, Pablo González, informaron a elDiarioAR una fuente de Casa Rosada y dos de la compañía que, sin embargo, indicaron que no se trata todavía de un anuncio oficial.

La decisión estaba tomada hacía tiempo y, según reconstruyó este medio, se planeó buscar el momento adecuado para para avanzar con una salida que en ambos lados indican que se produce en buenos términos. No estaba previsto que se concrete en enero pero el dato trascendió y se precipitó el movimiento, Aunque todavía no se oficializó el cambio, en los próximos días se iniciará el trámite formal para la salida de Nielsen y la designación de su sucesor.

Nielsen podría tener un destino diplomático: se habla de una plaza en Medio Oriente, puntualmente en Riad, la capital de Arabia Saudita.

“No es una salida crítica, es en buenos términos”, insistió una fuente de la empresa que admitió, así y todo, que el cambio en medio de la renegociación de la deuda puede leerse como una mala señal. En paralelo, en la cima del gobierno confiaron esta noche a elDIarioAR que Nielsen podría tener un destino diplomático: se habla de una plaza en Medio Oriente, puntualmente en Riad, la capital de Arabia Saudita.

Un vocero de YPF declinó informar sobre los cambios pero del entorno de Fernández confirmaron la novedad en un área que el presidente siguió en persona. No opinaron, en cambio el hoy diputado González ni Nielsen.

Nielsen, quien oficiaba durante la campaña electoral como uno de los principales asesores económicos de Fernández, fue puesto hace un año al mando de la mayor empresa estatal como una señal del interés del Ejecutivo en el desarrollo de la firma a la vez que puente al mercado financiero por los históricos vínculos del economista.

La salida de Nielsen ocurre justo cuando la mayor empresa Argentina, y la más endeudada del país, se acerca peligrosamente a un evento de default en su deuda de US$6.200 millones, ya que el Banco Central no le permitirá comprar dólares para enfrentar un vencimiento de US$413 millones en marzo.

El sitio Econojournal dio la primicia de los cambios en la cúpula de YPF.

El desembarco de González se lee en clave política, por su llegada desde Santa Cruz la provincia emblema del kirchenrismo. Desde el sector que defienden su designación, sostienen que es una figura con experiencia en el tema hidrocarburos y con larga relación y vínculos con los actores de esa actividad.

González es abogado y nació en 1968. Fue votado como diputado en 2019 y su mandato vence en 2023. Ex vicegobernador de Alicia Kirchner, es miembro del Frente de Todos, liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Fernández.

PG PI