Para la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, el bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es la “casa grande” donde conviven la comunidad, los ríos, los animales, los seres espirituales y la memoria de sus antepasados. Para ellos, conservar los bosques es conservar la vida. Sin embargo, los datos analizados por Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— muestran que ahora esa “casa grande” está bajo asedio.

En apenas dos décadas (2003-2023) se deforestaron más de 186 500 hectáreas de bosque en los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica boliviana, una superficie casi tres veces mayor que la ciudad de Madrid. De esa cantidad, solo el 10% contó con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el 90 % restante —168 670 hectáreas— ocurrió al margen de la ley.

Para Rivelino Segundo, capitán grande de Isoso —el territorio indígena con la mayor superficie de desmonte ilegal, más de 43 000 hectáreas—, la deforestación que avanza sobre los territorios ancestrales está directamente relacionada con los avasallamientos y la expansión de la frontera agrícola. A su juicio, quienes ocupan ilegalmente estas tierras buscan convertir el bosque en áreas de producción. “No somos nosotros los que desmontamos. Son los avasalladores. [En Isoso], lo hacen para sembrar soja a gran escala. Nosotros, como pueblo guaraní, convivimos con la naturaleza”.

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Este y otros hallazgos son el resultado de un año de investigación en el que la alianza periodística, apoyada por geógrafos, analizó miles de datos filtrados desde la ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.

De esa investigación nace VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada.

La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.

La frontera de lo ilegal

Entre 1986 y 2024, según los registros de GeoFAN, portal geoespacial de datos desarrollado por la FAN, los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica acumularon la pérdida de aproximadamente 257 000 hectáreas de bosque. La cifra equivale al 3.4 % de toda la superficie deforestada en Bolivia durante ese periodo, estimada en 7.6 millones de hectáreas.

Para comprender cuánto de esa transformación ocurrió dentro del marco legal, Amazonía Traficada accedió, a través de una filtración de la ABT, a una base de datos inédita sobre autorizaciones de desmonte emitidas entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución otorgó alrededor de 9 400 resoluciones administrativas con las que autorizó el desmonte de casi 80 000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas.

Sin embargo, solo una fracción de esa superficie autorizada para desmonte perdió bosque. Al cruzar la información de la filtración de la ABT con datos satelitales de deforestación, la investigación identificó que de las 80 000 hectáreas autorizadas, alrededor de 17 900 hectáreas de bosque fueron efectivamente taladas.

La diferencia entre lo permitido y lo que realmente ocurrió en el territorio revela una realidad más compleja. Que solo se haya desmontado una fracción de la superficie autorizada no significa que la deforestación haya sido menor. Por el contrario, la mayor parte de la pérdida de bosque sucedió fuera de las áreas autorizadas. Entre 2003 y 2023, la pérdida de bosque registrada en áreas sin permiso alcanzó las 168 670 hectáreas.

En otras palabras, por cada hectárea de bosque talado dentro de áreas autorizadas, se desmontaron más de nueve hectáreas fuera de ellas. El 90 % de la pérdida de bosque en los territorios indígenas amazónicos ocurrió al margen de los mecanismos de control estatal.

Amazonía Traficada solicitó información y una entrevista a la Dirección Nacional de la ABT para conocer su evaluación sobre estos hallazgos. Al cierre de esta investigación, la institución informó que el requerimiento continuaba en “revisión y coordinación administrativa interna”, por lo que no emitió una respuesta dentro del plazo previsto.

La presión que enfrentan los territorios indígenas amazónicos forma parte de una tendencia más amplia. El informe del World Resources Institute muestra que Bolivia, en 2025, volvió a ocupar el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.

La pérdida de bosque en la Amazonía indígena no solo ocurre como resultado de los desmontes. El fuego también ha dejado una huella profunda sobre estos territorios. Datos analizados para esta investigación muestran que, entre 2001 y 2024, las quemas e incendios forestales afectaron 23.8 millones de hectáreas en Bolivia. De esa superficie, 4.1 millones de hectáreas —el 17 % del total nacional— se localizaron dentro de territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Para comprenderlo es necesario retroceder varias décadas y revisar la historia de las demandas de los pueblos indígenas amazónicos por el reconocimiento y la defensa de sus territorios ancestrales.

La última década del siglo pasado fue clave en la conquista del reconocimiento de los territorios indígenas. Los años 1990 y 1996 marcaron hitos decisivos de ese proceso. En esos dos años los pueblos indígenas dejaron atrás los bosques, ríos y sabanas que conforman su hogar amazónico para recorrer cientos de kilómetros hasta la sede del Gobierno, en La Paz.

En ambas oportunidades —las primeras, aunque no las únicas— caminaron durante más de 30 días para hacer visible una demanda histórica. No pedían nuevas tierras; exigían que el Estado boliviano reconociera los territorios que ellos habitaban desde antes de la constitución de la República en 1825.

La presión de la marcha de 1996 contribuyó a la aprobación de la Ley INRA, que sentó las bases para el saneamiento y la titulación de los territorios indígenas. Sin embargo, tres décadas después de ese hito histórico, el reconocimiento territorial quedó lejos de completarse. Así lo demuestran investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, pidieron el reconocimiento legal de alrededor de 22.7 millones de hectáreas, pero el INRA tituló 11.7 millones de hectáreas, apenas el 52 % de la superficie solicitada. Más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.

Mientras gran parte de esta demanda seguía sin resolverse, el Estado continuó adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Se trataba de privados y comunidades de colonizadores, como se conoce en Bolivia a los campesinos, generalmente de zonas andinas, que migraron al oriente boliviano para dedicarse a la agricultura y expandir la frontera agrícola. El equipo de Amazonía Traficada tuvo acceso, a través de una filtración del INRA, a resoluciones de asentamientos (inicio del proceso de dotación de tierras) emitidas durante una década por esta institución.

El análisis de esa información revela que, entre 2009 y 2019, el INRA adjudicó aproximadamente 318 500 hectáreas para el establecimiento de 236 comunidades en áreas adyacentes a 19 territorios indígenas titulados. Las principales beneficiarias fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), afines al partido político que estuvo en el poder entre 2006 y 2025.

De acuerdo con la legislación boliviana, las comunidades beneficiarias de una resolución de asentamiento deben demostrar, en un plazo de dos años, el cumplimiento de la Función Social de la tierra para avanzar hacia la titulación definitiva, es decir, deben ocupar efectivamente el predio, residir en él y desarrollar actividades productivas. Si no lo hacen, pueden exponerse a procesos de reversión o a la pérdida de derechos sobre esas tierras. Consultado sobre la situación actual de estos asentamientos, el INRA no respondió a las reiteradas solicitudes de información realizadas para esta investigación.

Asimismo, se solicitó una entrevista —vía telefónica— con los máximos dirigentes de la CSCIB y de la CSUTCB, Juan Cáceres y Víctor Hugo Roca Leyte, respectivamente. Sin embargo, no fue posible establecer contacto con ninguno de ellos.

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El tráfico de tierras

Además de la presión que ejercen las comunidades de terceros asentadas —con la autorización del INRA— alrededor de los territorios indígenas titulados, estos pueblos ancestrales se enfrentan al avasallamiento de sus espacios legalmente reconocidos por el Estado, es decir que cuentan con un título de propiedad colectiva.

Amazonía Traficada entrevistó a líderes de 30 de los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica. Veintiocho reportaron haber registrado avasallamientos durante las últimas dos décadas y, en 22 casos, los conflictos continúan sin resolverse.

¿Quiénes están detrás de estas ocupaciones y qué buscan? Según los testimonios recogidos, la mayoría de las presiones sobre el territorio comienzan con la toma ilegal de la tierra. Cuando los ocupantes pertenecen a una organización social (como la CSUTCB o la CSCIB, entre otras)— ejecutan el asentamiento en grupo. Esto sucede en 78 % de los casos reportados en las entrevistas.

Si se les pregunta por qué ocupan estos territorios, la respuesta suele ser la misma, relatan los líderes indígenas consultados. Sin presentar pruebas, aseguran que se trata de tierras fiscales disponibles y que ya han iniciado trámites de dotación ante el INRA. Acto seguido, dividen el área ocupada en parcelas, levantan viviendas precarias y comienzan a desmontar el bosque. Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses —e incluso años— en actuar, los árboles siguen cayendo y se activa un mercado ilegal de tierras dentro de los territorios indígenas.

No obstante, los avasallamientos no siempre son impulsados por organizaciones sociales. Cuando los ocupantes son actores privados, el mecanismo suele ser diferente. Quienes ingresan afirman haber comprado los predios y, según los testimonios recogidos, detrás de estas operaciones suele existir una compleja red de intermediarios, traficantes de tierras y otros actores que alimentan el mercado ilegal de tierras indígenas.

En ambos casos, el objetivo final es el mismo: habilitar tierras para actividades agropecuarias a distinta escala.

A las ocupaciones y disputas por la tierra se suma otra presión: la expansión de la soja. Datos de MapBiomas analizados para esta investigación muestran que, entre 2021 y 2024, este cultivo estuvo presente en 15 de los 48 territorios indígenas amazónicos, es decir, en casi un tercio del total.

Los habitantes indígenas de la Amazonía boliviana siguen intentando defender su “casa grande” cada vez más presionada Lo que ocurra en ella tendrá consecuencias más allá de sus fronteras.

* Este reportaje es parte de Amazonía Traficada, un proyecto producido en colaboración con el Centro Pulitzer y en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales. Puede leer el artículo original aquí

Colaboración reportería: Cristian Ascencio, Erika Bayá, Yaquelin Fernández, Yolanda Mamani

Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán

Infografía: José Arias, Lily Soruco

Fotografía y video: Edy Yobany Velasco

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se llevan adelante en Bolivia y deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban la Misión Humanitaria.

La comitiva que llegó este lunes a la madrugada, al aeropuerto de El Alto, está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros: les retuvieron los documentos, los obligaron a tomar un avión hacia a ciudad bolivina de Santa Cruz y regresaron hacia Argentina. 

Desde allí, Biasi, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, sostuvo que estuvieron “secuestrados con represión policial” y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia. 

Además, indicó que lo que ocurre en ese país es “una verdadera dictadura militar”: “Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio”, agregó.

En la misma línea, Barry confirmó que “no los dejaban bajar del avión” y que el trato que recibieron “fue igual al de un secuestro”. Además, manifestó que quisieron “hacerles firmar un documento” que presentaba “causas truchas” respecto a los objetivos del viaje.

Por su parte, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez le “exigió” a las autoridades bolivianas que Marino “pudiera realizar las tareas para las que fue invitado” por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe: “Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física”, remarcó.

“Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos”, sostuvo el comunicado que emitió la Misión Humanitaria.

Asimismo, subrayaron que esta situación “atentó contra los fueros diplomáticos” de los legisldores Marino y Biasi, que forman parte de la delegación, y calificaron el accionar de Paz Pereira como “dictatorial”.

“La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación por la que está pasando la Misión Humanitaria”, concluyeron.

En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que pretende habilitar y ampliar actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. El convenio tendrá un impacto negativo sobre los parques nacionales, fuentes de agua y pueblos indígenas, aseguran expertos, legisladores y representantes indígenas.

El acuerdo se firmó el 14 de mayo en plena crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia. Son más de 40 días de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos que tienen cercada, sobre todo, a la ciudad de La Paz. Varios sectores sociales exigen la renuncia del presidente Paz, quien insiste en el diálogo a pesar de la presión de activar un estado de excepción para terminar con los conflictos.

Uno de los sectores que participó activamente de las manifestaciones y bloqueos en la primera etapa de la crisis fueron los mineros cooperativistas, quienes incluso llegaron a enfrentarse con la Policía Boliviana en La Paz y utilizaron dinamita para intentar ingresar a las calles cercanas al Palacio de Gobierno. Esta organización fue convocada al diálogo y luego de horas de debate cerraron el acuerdo.

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Tras esa reunión se firmó un acta de ocho puntos. El último se titula “Políticas en Medio Ambiente” y es el que dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) “restablecerá el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas de manera pronta”.

Además, establece que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) “repondrá el reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo como instrumento técnico para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, conforme al artículo 220 de la Ley 535 de Minería”.

El acuerdo también tiene puntos relacionados con representación institucional, concesiones mineras, provisión de explosivos, contratos y participación del sector en decisiones estatales.

En Bolivia ya existen casos de minería ilegal dentro de áreas protegidas. La reserva más afectada es el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, donde existen denuncias de los propios guardaparques sobre actividades mineras en el río Tuichi, un afluente que fue catalogado como sujeto de derechos por el Tribunal Agroambiental.

Este tipo de minería aluvial en áreas protegidas puede provocar contaminación del agua por el uso de mercurio en la amalgamación del oro, lo que afecta a la fauna acuática y la salud de las poblaciones locales. Además, ocasiona la deforestación por el uso de dragas que devastan las riberas de los ríos y arrasan con los bosques.

Otro impacto es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ya que las operaciones mineras irrumpen en territorios indígenas dividiendo comunidades y afectando su soberanía alimentaria.

Críticas al acuerdo

Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, calificó como “nefasta y macabra” la reunión entre el gobierno de Paz y el sector minero cooperativista y consideró que el acuerdo fue firmado bajo la presión que realizan los cooperativistas mineros con cualquier gobierno. La legisladora afirmó a Mongabay Latam que una manera de solucionar el conflicto con este sector fue brindarles “concesiones inaceptables”, refiriéndose a las áreas mineras que buscan tener en áreas protegidas y territorios indígenas.

“El Gobierno no puede sacrificar bienes comunes vitales, como nuestras áreas protegidas, nuestras fuentes de agua. Se debería hacer respetar las resoluciones del Tribunal Agroambiental”, resaltó Requena en diálogo con este medio.

La diputada se refiere a la resolución que emitió a inicios de 2026 el Tribunal Agroambiental, instancia que ordenó prevenir medidas regresivas contra el ambiente y las áreas protegidas de Bolivia. “Nadie detiene el envenenamiento con mercurio de niños y niñas y pueblos indígenas”, dijo Requena. El mercurio es un mineral altamente contaminante y tóxico que se utiliza en la separación del oro de los sedimentos de ríos, el tipo de minería que los cooperativistas buscan realizar en las áreas protegidas de la Amazonía.

Los efectos de la contaminación por mercurio en poblaciones humanas incluyen efectos neurológicos. “Está entre las diez sustancias más peligrosas declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicó a Mongabay Latam Claudia Vega. Vega es coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una organización enfocada en la investigación e innovación para el desarrollo sostenible del bioma. “Es un problema para la salud pública y de hecho el mercurio es el único elemento que tiene un convenio, el convenio de Minamata, donde alrededor de 128 países se han comprometido a reducir el uso de mercurio para la protección de la salud humana y la salud del ecosistema porque se reconoce su alta toxicidad”, aseguró en una entrevista en 2025.

“Una de las cosas que más preocupa en mercurio es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Eso quiere decir que si una mujer embarazada come mercurio [a través del consumo de peces de los ríos contaminados], este puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Puede afectar al niño en edades tempranas y tener impacto para toda su vida. Los niños no pueden pararse, no oyen”, afirmó Vega.

La legisladora Requena acotó que el acuerdo entre Paz y los mineros ignora los impactos ambientales de la minería aurífera, particularmente la contaminación por mercurio y la afectación a ríos, lagos, glaciares y bofedales. “Muy pocos defendemos el medio ambiente”, reprochó Requena.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) demandó a través de un comunicado la anulación inmediata del acuerdo entre el gobierno de Paz y Fencomin, cuestionando que se haya cedido al ingreso de la minería en áreas protegidas bajo presión de los mineros.

“El acuerdo con Fencomin busca monopolizar decisiones sobre la minería para una mayor proliferación de cooperativas mineras y mayor violencia y devastación del ambiente, mientras el Gobierno no tiene ni tendrá control sobre la extracción de minerales como lo venimos advirtiendo desde la aprobación de la Ley del Oro”, cuestionó Ruth Alipaz, representante de Contiocap.

La activista indígena acusó al presidente Paz de desconocer sentencias constitucionales que declaran a los ríos como sujetos de derechos y eliminar el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional al comprometer la aprobación de contratos mineros que “no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”.

Alipaz enumeró cinco artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia que se estarían violando con el acuerdo entre cooperativas mineras y el Gobierno y también demandó la suspensión de toda ampliación de zonas mineras sin garantías reales de fiscalización y protección ambiental. “Estamos exigiendo la adopción inmediata de medidas normativas, institucionales y operativas contra la minería ilegal y los delitos relacionados”, dijo Alipaz.

Los defensores de la reserva natural de Tariquía, al sur de Bolivia, también se manifestaron contra el acuerdo, al que consideran que califican que “representa una amenaza para ecosistemas que cuentan con protección legal y para comunidades que habitan estos territorios”.

Félix Choque, miembro del Comité de Defensa de Tariquía, afirmó a Mongabay Latam que se adhieren al pronunciamiento de Contiocap debido a que comparten las observaciones planteadas sobre el impacto que podrían tener las nuevas disposiciones. 

“Las medidas acordadas vulneran los derechos de las poblaciones asentadas dentro de reservas naturales y territorios protegidos. Nosotros también rechazamos este acuerdo porque está vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas”, afirmó Choque.

La posición del Gobierno y los mineros

El Ministerio de Minería y Metalurgia envió un comunicado a Mongabay Latam en el que establece que el acuerdo firmado con el sector cooperativo minero no vulnera “los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” y expresó que se mantiene la “plena vigencia y cumplimiento obligatorio la consulta previa, libre e informada, así como la normativa ambiental”.

“La actividad minera se encuentra regulada por una estricta normativa ambiental. El sector minero cuenta con un marco normativo específico que establece controles, procedimientos y obligaciones ambientales para todos los Actores Productivos Mineros [APM]”, dice el comunicado. Entre estas disposiciones, agrega el Ministerio, se encuentra el Reglamento Ambiental para actividades mineras, “cuyo cumplimiento es obligatorio y constituye un requisito indispensable para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional”.

En diálogo con Mongabay Latam, el presidente de Fencomin, Josué Caricari, defendió el acuerdo firmado con el Gobierno y dijo que su sector busca ingresar a trabajar en zonas que fueron abandonadas por empresas privadas, argumentando que su labor reactiva económicamente estos espacios. Sobre el ingreso a áreas protegidas, afirmó que respetan la normativa ambiental, pero que existen “derechos preconstituidos”, es decir que, para los mineros, prevalece el derecho de quienes tenían áreas mineras en estas zonas antes de la creación de las reservas y parques nacionales, que datan de varias décadas atrás.

“Nosotros vamos a cumplir toda la normativa ambiental y hubo mucha desinformación sobre el acuerdo firmado [con el Gobierno]. Hay derechos preconstituidos en algunas zonas, pero serán pues los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) los que establezcan o no operaciones mineras [en áreas protegidas]”, detalló Caricari.

En Bolivia, el CCU es un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas donde algunas actividades son permitidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso importante para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.

Alerta por violación de normativas ambientales

Rodrigo Herrera, abogado y representante de la Asociación Legal Justicia Ambiental, afirmó a Mongabay Latam que la resolución del Tribunal Agroambiental de 2026 ordenó medidas destinadas a proteger los derechos ambientales (al agua, al aire limpio y los de otros seres vivos), “así como de los derechos de pueblos indígenas, frente a cualquier norma, política o acto de Órgano Ejecutivo que relaje salvaguardas e implique regresión en la protección ambiental”.

“En el acuerdo entre el Gobierno y Fencomin se contraviene el principio de no regresión, el principio precautorio y el ordenamiento jurídico ambiental vigente. Además, lamentamos que entre los puntos del acuerdo se encuentre el restablecimiento del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas y la liberación de nuevas áreas mineras”, criticó Herrera.

Según el Colegio de Biólogos de La Paz, el acuerdo vulnera normas ambientales, ya que no es posible el desarrollo de actividades mineras u otras extractivas en áreas protegidas después de su creación. “La reposición por parte de la Ajam de un reglamento que es abiertamente contradictorio a la normativa ambiental que aplica a las áreas protegidas resultaría totalmente ineficaz, por ser nulo de pleno derecho”, afirmó la institución en un comunicado.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La nueva norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el “estado de excepción”.

La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.

El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.

Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.

El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.

Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

También limitaba a 60 días la duración de la medida.

La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.

El Gobierno de Paz asegura que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.

Algunas manifestaciones ocurridas la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos de oficinas públicas y privadas, además de pequeños negocios, agresiones a periodistas y a personas que cuestionaron las protestas.

Los bloqueos, que se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.

La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un “esfuerzo y compromiso” con el país, cuando se cumplen cuatro semanas de conflictos y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos que exigen su renuncia.

“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %”, aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país.

Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3.617 dólares) y ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1.808 dólares).

Paz mencionó que esa decisión no afectará a “otras áreas ni a profesionales”, puesto que la intención no es “perjudicar” a esos trabajadores, sino buscar que “los mejores” permanezcan en el servicio público.

Algunos sectores que protestan actualmente cuestionaron inicialmente el nivel salarial del presidente y los parlamentarios, a quienes plantearon que reduzcan sus sueldos a la mitad como una señal de cercanía con la población ante la crisis económica que vive el país desde 2023.

Sin embargo, esa exigencia pasó a un segundo plano y ahora las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras, como los campesinos del altiplano de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia del mandatario.

Asimismo, Paz anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del “perdonazo tributario” que, según enfatizó, “no es para los ricos” sino para sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan “reactivar” su economía.

Paz indicó que la norma favorecerá a quienes, desde 2017, fueron acumulando multas en el sistema tributario, para que puedan utilizar esos recursos para dar un impulso a sus negocios.

El presidente asistió a la efemérides libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, atendiendo las reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras de las nueve regiones de Bolivia como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logísitico y donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El fin de semana fracasó un nuevo intento del Gobierno de abrir un “corredor humanitario” en una carretera estratégica entre La Paz y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano.

EFE

 El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que hará respetar la Constitución frente a los sectores que piden su renuncia con bloqueos de carreteras iniciados hace 20 días y aseguró que “una minoría” no puede gobernar ni “abusar” del país.

“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (...) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución”, afirmó Paz durante el aniversario 217 de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional y sede del poder Judicial en el sur del país.

Las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras son los sindicatos de campesinos aimaras de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia del mandatario.

Paz dijo que Bolivia “no necesita el conflicto” y que hay que dialogar, “pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo o la falta de combustible y medicina”, problemas que están afectando sobre todo a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y la vecina El Alto.

“No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados”, añadió.

El presidente, que lleva seis meses de Gobierno, ratificó la convocatoria para que este miércoles, en La Paz, se desarrolle la primera sesión del Consejo Económico y Social, instancia que tratará las diversas demandas regionales, además de abordar la implementación de 2.000 proyectos de desarrollo.

Paz ratificó a los sectores movilizados que su Gobierno no aplicará una “privatización” de las empresas bolivianas y que tampoco habrá incrementos en los costos de los servicios de electricidad, educación o salud, como señalan algunos dirigentes.

“Si tienen alguna duda, vengan donde el presidente y hablaremos de esas dudas”, fue la invitación de Paz a los grupos que mantienen sus protestas.

El mandatario también ofreció una disculpa por no haber podido reunirse anteriormente con las organizaciones que hoy piden su renuncia y aseguró que abrirá un espacio para que eso ocurra.

Paz asistió a la efeméride libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, atendiendo reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios.

EFE

Mientras Bolivia ingresó este lunes a la cuarta semana de protestas de campesinos que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, pese a los intentos fallidos del Gobierno para dialogar, el vicepresidente Edmand Lara y el opositor Evo Morales apuntaron contra el asesor personal del mandatario, Fernando Cerimedo, por “pretender influir en la agenda política nacional y opinar sobre el destino de nuestro país como si Bolivia fuera un espacio de experimentación ideológica”.

Cerimedo fue asesor de Javier Milei, de Jair Bolsonaro en Brasil y de Nasry Asfura en Honduras. De acuerdo a Lara, “las declaraciones de Fernando Cerimedo constituyen una clara intromisión en asuntos internos del Estado boliviano y reflejan una visión ajena a nuestra historia, a nuestros pueblos y a la soberanía nacional. Nadie que desprecie a los sectores populares, indígenas y trabajadores puede influir en las decisiones de un Gobierno elegido democráticamente”, remarcó el vice de Paz en un comunicado difundido en las últimas horas, mientras se suceden las manifestaciones, sobre todo en El Alto y La Paz, centro del poder político boliviano, que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Y agrega: “Bolivia no se gobierna desde operadores extranjeros ni desde estrategias de marketing político. Bolivia se gobierna escuchando a su pueblo, atendiendo la crisis social y defendiendo los intereses nacionales por encima de cualquier influencia externa”.

De acuerdo a Lara, “la prioridad del país debe ser el diálogo, la paz social y la solución de los problemas que vive el pueblo boliviano, no abrir espacios a discursos de confrontación, polarización y desinformación”.

Evo Morales dice que a Paz “solo le queda” militarizar Bolivia o llamar a elecciones

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), sostuvo este domingo que el presidente Rodrigo Paz tiene solo “dos caminos” ante los conflictos con sectores que piden su renuncia, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, algo que pidieron los seguidores del también líder cocalero.

“A Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”, escribió Morales en X.

El exgobernante consideró que la supuesta “intromisión” de EE.UU. en asuntos internos de Bolivia “a través del secretario de Estado, Marco Rubio”, y de Fernando Cerimedo, exasesor de políticos como el gobernante argentino, Javier Milei, están “llevando al fracaso” a Paz, quien, según dijo, llegó a la Presidencia de Bolivia “por accidente”.

Cerimedo le respondió en redes sociales: “Mentir sobre recursos naturales, privatizaciones que no existen, y esas estupideces, no va a servir para seguir manipulando a las masas. El cuento del imperialismo se acabó cuando tus principales socios terminan haciendo negocios 'con los gringos' y parte de tu plata esta en 'washingtons'. Ya no te cree nadie”, posteó el asesor de Paz en respuesta al exmandatario.

Evo Morales también cuestionó las convocatorias al diálogo del Gobierno frente a las denuncias penales iniciadas contra algunos dirigentes de las protestas que desde principios de mes piden la renuncia de Paz con manifestaciones callejeras en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y bloqueos de carreteras en la zona andina desde hace 19 días.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera en el centro del país que es su bastión sindical y político, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas.

El pasado 11 de mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró en rebeldía al exgobernante y emitió una nueva orden de captura en su contra porque no se presentó al inicio del juicio en el que se lo acusa por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.

El mismo 11 de mayo, desde el altiplano partió hacia La Paz una marcha de seguidores del expresidente para unirse una semana después a las protestas de los campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) que piden la renuncia de Paz.

El Gobierno de Paz acusó a Morales de promover las protestas para “esquivar” el juicio en su contra.

Los bloqueos de carreteras cortaron principalmente la carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el interior del país, dejando desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno medicinal a ambas urbes.

En la víspera, el Gobierno de Paz fracasó en un nuevo intento por liberar esa ruta mediante un “corredor humanitario” que fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, a lo que los agentes que acompañaban el convoy respondieron con gases lacrimógenos.

Máxima tensión en Bolivia

Las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales, volvieron a marchar este lunes desde la ciudad vecina de El Alto hacia el centro de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Grupos de manifestantes intentaron forzar su ingreso a la plaza Murillo, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.

El dirigente minero Nelson Álvarez cuestionó que en el Parlamento esté en análisis un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para que el Gobierno declare un estado de excepción que le permita ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas.

Los líderes ciudadanos de Santa Cruz (este), la región más poblada del país, agrupados en el Comité Cívico de ese departamento, llamaron a la población a concentrarse el martes para tomar acciones ante los bloqueos de carreteras.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, alertó que está en marcha un “golpe de Estado” e instó a la población a proveerse de víveres y a defender el derecho al “libre tránsito” en esa región, considerada el motor económico de Bolivia.

En paralelo, en La Paz también hubo bloqueos callejeros de algunos sindicatos de transportistas por la escasez de combustibles, consecuencia de los bloqueos de carreteras, mientras que un grupo de manifestantes impide el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz.

Paz estuvo este lunes en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, para conmemorar los 217 años de la gesta libertaria de esa ciudad sureña, desde donde anunció la reducción de su salario y el de sus ministros a la mitad y mencionó que hará cumplir la Constitución ante las protestas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses en la Presidencia, mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos de carreteras se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en La Paz y El Alto, las más afectadas por las protestas, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a ambas ciudades, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios. 

Con información de agencias.

La “luna de miel” entre el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira y Bolivia duró menos de seis meses. El presidente de centroderecha elegido en octubre soporta desde el primero de mayo un cerco de organizaciones sociales que paralizaron parcialmente La Paz, la capital política del país andino, con demandas que, lejos de aplacarse, se elevaron: pasaron de pedir un aumento salarial del 20% a demandar la renuncia del mandatario.

La crisis política agravó la ya deteriorada economía boliviana, que desde hace más de un año sobrevive a duras penas frente a una severa escasez de combustibles, la falta de dólares en el mercado financiero y una inflación galopante.

Las protestas las abandera la Central Obrera Boliviana (COB), la más grande organización sindical del país. Respaldada por campesinos y maestros, la COB puso entre la espada y la pared al Gobierno de Paz e instaló un clima de convulsión en el que no faltaron excesos de vandalismo contra la población urbana de La Paz, donde se concentran las manifestaciones. También en la vecina El Alto, esta última de mayoritaria población indígena aimara e históricamente combativa.

El Gobierno desestimó las reivindicaciones de la COB, de entrada. Adujo falta de liquidez fiscal y protestó por lo que calificó de tentativa sediciosa para forzar la salida del presidente. La acusación cobró fuerza en los últimos días, una vez que las demandas salariales derivaron en exigir la renuncia del jefe de Estado, a quien el sindicato acusa de gobernar en alianza con sectores empresariales del oriente del país.

Del gasolinazo a la ‘gasolina basura’

El economista Gonzalo Colque afirma, en un reciente texto de análisis, que el mandatario “llegó al poder a hombros del sector popular”, al que una vez instalado en el cargo “dio la espalda”. Primero, sostiene el también investigador de la ONG Fundación Tierra, se distanció del vicepresidente Edmand Lara, un expolicía muy seguido en redes al que muchos atribuyen buena parte del éxito electoral. Lara fustigó abiertamente a Paz por conformar un gabinete de ministros cercanos al millonario empresario Samuel Doria Medina, que lo apoyó en la segunda vuelta electoral.

Después eliminó el impuesto a las grandes fortunas, y antes de que terminara el año, retiró por decreto la subvención a los combustibles que se aplicaba desde los primeros años del siglo. En la práctica, la decisión supuso un incremento del 86% en el precio de la gasolina y del 163% para el diésel. El grueso de la población aceptó el recorte a cambio de un compromiso de mantener el abastecimiento, deficiente de 2024.

El decreto incluía, no obstante, disposiciones que abrían la puerta a la simplificación burocrática, social y ambiental para las inversiones extranjeras. Esto movilizó a la COB que, tras jornadas de paro y manifestaciones en La Paz, dobló el brazo a Paz y lo obligó a anularlas.

Otro escándalo siguió enrareciendo el ambiente: suministros de gasolina de mala calidad provocaron daños en gran parte del parque móvil. El malestar por la “gasolina basura” hizo caer al ministro del ramo y forzó al Gobierno a anunciar compensaciones económicas.

Con este telón de fondo, el presidente promulgó en abril una ley, la 1720, que preveía, para acceder el acceso a créditos bancarios, la conversión de pequeñas propiedades de tierra en medianas, lo que ponía en riesgo el control de campesinos e indígenas de los pequeños chacos de tierra con los que sobreviven al día. Los potenciales afectados iniciaron una marcha pacífica desde el norte del país (en las fronteras con Brasil y Perú) hasta La Paz. El arribo de los movilizados coincidió con el paro de la COB por el incremento salarial, lo que llevó a Paz a ceder nuevamente y derogar la ley.

De la crisis económica a la ingobernabilidad

La concatenación de crisis puso en un aprieto a Paz, a pesar de sus cesiones. Las reformas normativas beneficiaron a los sectores privilegiados del este del país en detrimento de sus bases electorales y la COB y otros sectores radicalizados piden que dimita. El presidente intentó sumar el apoyo de las otras fuerzas parlamentarias y de alcaldes y gobernadores, pero no negocia con los líderes del cerco a La Paz, a los que acusa de supuesto terrorismo. Este lunes, grupos movilizados se enfrentaron con dinamita a policías, atacaron instalaciones públicas y privadas, y agredieron a agentes y ciudadanos de a pie.

El atrincheramiento de los bandos puso al país en un entuerto de imprevisible resolución, dice la socióloga Luciana Jáuregui. La analista observa que la protesta es “una movilización multisectorial, que adopta una posición abiertamente destituyente, que ya no se reduce a la satisfacción de demandas concretas, sino al pedido de renuncia del presidente, cuestionando su legitimidad y autoridad para gobernar a través del control efectivo del territorio”.

En respuesta, el Gobierno asegura que no piensa negociar con “vándalos” como el líder de la COB, Mario Argollo, contra quien rige una orden de captura. “El problema es que ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales y se sostiene a través de una administración coercitiva del conflicto”, analiza Jáuregui.

La investigadora no cree que la crisis actual desemboque en una renuncia inmediata de Paz, debido a los candados constitucionales y al respaldo de sectores de clase media y alta que, aun sin avalar plenamente el accionar del Gobierno, reclaman el respeto a la elección democrática y rechazan el eventual retorno de la izquierda de la mano de liderazgos en declive como el del expresidente Evo Morales, autoconfinado en la región del Chapare (Cochabamba). “En perspectiva, la renuncia de Rodrigo Paz es una posibilidad, pero no es el escenario inmediato, depende de la escalada de la violencia”, precisa Jáuregui.

Ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales

Luciana Jáuregui — Socióloga

Una escalada que podría emerger de la fragilidad económica. En su más reciente informe de perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó que la economía boliviana reportará en 2026 un crecimiento negativo del -3.3% y una inflación del 20,7%, porcentajes más adversos que los heredados por la gestión del predecesor en la presidencia, Luis Arce.

Mientras los opositores más frontales —como Evo Morales— insisten en pedir su renuncia y la convocatoria de elecciones anticipadas, hay sectores más conservadores que demandan “mano dura” y hasta la puesta en vigencia del “estado de sitio” para pacificar por la fuerza al país. En paralelo, se organizan manifestaciones urbanas en contra del cerco a La Paz que despertaron el temor ante un eventual enfrentamiento civil.

Paz llamó al diálogo y abogó por abrir “corredores humanitarios” para facilitar el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno hospitalario para La Paz. Tras casi una semana fuera del foco público, el presidente ofreció este miércoles una conferencia de prensa para anunciar un “reordenamiento” de su gabinete y la creación de un consejo social y económico para atender con más eficiencia las demandas de los sectores del occidente del país que se dicen traicionados por su gestión.

Los anuncios del mandatario dejaron sabor a poco a muchos actores políticos, empresariales y sociales. De cara a las protestas aún vigentes en La Paz, Jáuregui advierte que el “Gobierno busca desplazar parcialmente la crisis desde el terreno destituyente hacia el terreno institucional”, en una suerte de “admisión implícita de la legitimidad de las demandas” y con el objetivo de “recuperar la capacidad de iniciativa y dividir a la movilización”.

Repercusión internacional

Mientras el clima interno no ofrece mayores visos de solución más allá del desgaste de las protestas sociales, la crisis boliviana ya se volvió un asunto de preocupación regional. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desató una controversia diplomática al insinuar en X que el régimen de Paz no estaría sabiendo canalizar las demandas de la “insurrección popular” boliviana.

En respuesta, el Gobierno boliviano expulsó a la embajadora colombiana en La Paz. En reciprocidad, el Ejecutivo de Petro cesó este miércoles las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá.

A su vez, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó, también a través de X, su respaldo al Gobierno de Paz y advirtió: “No dejaremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

Aunque el espaldarazo de EE.UU. puede otorgarle aire en el plano internacional, el Ejecutivo de Paz aún no dio con la fórmula para desinflar la presión social. Y aun de conseguirlo en esta coyuntura, está dejando expuesta una debilidad política que, en criterio de políticos y analistas, puede llevar a su administración a un estado de ingobernabilidad crónica de cara a los más de cuatro años que le restan para cumplir su mandato.

Así lo prevé Jáuregui, para quien la respuesta de Paz a la situación “puede generar una descompresión parcial y temporal del conflicto, pero no resuelve la disputa profunda de distribución de poder y de orientación de la política estatal. De hecho, lo más probable es que la demanda de renuncia no desaparezca, sino que siga funcionando como un horizonte simbólico y mecanismo de presión a lo largo de toda la gestión”.

El expresidente boliviano Evo Morales volvió a arremeter este martes contra el Gobierno de Rodrigo Paz y denunció la existencia de un supuesto “Plan Cóndor 2026” impulsado por Donald Trump y ejecutado, según afirmó, por gobiernos de derecha de la región, entre ellos el de Javier Milei.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales y en entrevistas radiales concedidas a AM750 y Futurock, el exmandatario boliviano sostuvo que en Bolivia existe una “sublevación del pueblo” contra el programa de reformas impulsado por Paz y acusó al oficialismo de intentar imponer un “Estado neoliberal y neocolonial”.

“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, aseguró Morales en diálogo con AM750. “El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, los recursos naturales y los servicios básicos”, agregó.

El líder del MAS cuestionó especialmente el paquete de reformas anunciado por el presidente boliviano el pasado 9 de mayo, que incluye modificaciones parciales a la Constitución y proyectos vinculados a hidrocarburos, minería, electricidad e inversiones para intentar atraer capitales en medio de la crisis económica que atraviesa Bolivia.

En paralelo, Morales endureció sus críticas contra la administración argentina. En su publicación, denunció que el gobierno de Milei participa “activamente” de la gestión de Paz y acusó al asesor digital Fernando Cerimedo de impulsar campañas de “guerra sucia” y “criminalización” de dirigentes sociales e indígenas en Bolivia.

También apuntó contra el ministro argentino Federico Sturzenegger, a quien acusó de viajar a La Paz para promover reformas destinadas a “destruir el Estado Plurinacional y reemplazarlo por un Estado neoliberal y neocolonial”.

Uno de los focos centrales de sus denuncias estuvo puesto en los dos aviones Hércules enviados por Argentina a Bolivia durante los últimos días. Mientras el Gobierno boliviano aseguró que los vuelos trasladaban alimentos y ayuda humanitaria hacia ciudades afectadas por bloqueos, Morales afirmó que las aeronaves transportaban “gases lacrimógenos y balines”.

“Los están usando para trasladar militares y policías a La Paz”, sostuvo el expresidente en declaraciones a Futurock. Y añadió: “Rechazo que Argentina, mediante su presidente, ayude a reprimir al pueblo boliviano”.

En su mensaje, Morales comparó la situación actual con el histórico Plan Cóndor implementado durante las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 y afirmó que existe una coordinación regional para “perseguir y reprimir” movimientos populares.

Además, vinculó a gobiernos conservadores de América Latina y España, así como al empresario estadounidense Erik Prince —fundador de la firma militar privada Blackwater— con un supuesto operativo internacional para intervenir en Bolivia.

Las protestas contra el gobierno de Paz se mantienen desde hace dos semanas y combinan reclamos salariales, denuncias por desabastecimiento de combustibles y rechazo a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. En los últimos días, las manifestaciones derivaron en saqueos y ataques contra edificios públicos e instituciones en La Paz y otras regiones del país.

El oficialismo boliviano acusa a Morales de promover las movilizaciones en un intento de desestabilizar al Gobierno y recuperar centralidad política a seis meses de la asunción de Paz.

CRM

La crisis política y social en Bolivia sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión luego de que miles de manifestantes afines al expresidente Evo Morales marcharan hacia el centro de La Paz para exigir la renuncia del mandatario Rodrigo Paz. La movilización derivó en enfrentamientos con la policía y en una fuerte denuncia del Gobierno, que aseguró haber detectado grupos armados infiltrados entre los manifestantes.

La protesta llegó a la capital boliviana tras seis días de caminata desde distintas regiones del altiplano. La denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia” reunió a sectores campesinos, indígenas y obreros cercanos a Morales y contó además con el respaldo de la Central Obrera Boliviana y de organizaciones sociales de El Alto.

Los manifestantes avanzaron desde la ciudad vecina de El Alto hacia la plaza Murillo, donde se encuentran la sede presidencial y el Parlamento, mientras efectivos policiales y militares desplegaban un amplio operativo de seguridad con carros hidrantes, barricadas y cordones de contención.

“¡Patria o muerte, venceremos!” y “¡Que renuncie!” fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la movilización. En paralelo, continúan los bloqueos de rutas que ya llevan casi dos semanas y que provocaron desabastecimiento de alimentos, falta de combustible y problemas de suministro en hospitales.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció este lunes que se identificaron “grupos que han pasado al uso de armas” dentro de las protestas. Según explicó, las autoridades detectaron la participación de integrantes de los llamados “Ponchos Rojos”, una facción campesina aimara considerada radical y conocida por exhibir armamento antiguo durante sus manifestaciones.

El funcionario mostró además un video difundido en redes sociales en el que un grupo de hombres armados gritaba “ahora sí, guerra civil” en una ruta andina. El Gobierno apuntó particularmente contra Bernabé G.P., un exfuncionario del Ministerio de Defensa que actualmente integraría el comité de conflicto de los Ponchos Rojos.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó la movilización como “un intento conspirativo” impulsado por Morales para desestabilizar al Ejecutivo y advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán contra quienes provoquen daños a edificios públicos o instituciones estatales. “Es una movilización con fines conspirativos, en el límite de la legalidad”, sostuvo el funcionario, quien calculó en más de diez mil personas la cantidad de manifestantes que ingresaron a La Paz.

Mientras tanto, el presidente Paz llegó este lunes por la mañana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano, en medio de un fuerte operativo de seguridad. La plaza Murillo amaneció completamente vallada y bajo custodia policial y militar.

Las protestas se profundizaron durante las últimas semanas por el rechazo de sindicatos y organizaciones sociales a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno, entre ellas proyectos de privatización y reformas laborales. El oficialismo acusa a Morales de promover un escenario de caos para forzar una ruptura institucional, algo que el exmandatario niega.

En paralelo, el Ejecutivo intentó abrir una instancia de diálogo con algunos sectores campesinos y organizaciones vecinales, aunque el principal sindicato agrario no participó de la convocatoria oficial.

La Administradora Boliviana de Carreteras informó que continúan activos más de veinte puntos de bloqueo, principalmente en el departamento de La Paz, aunque también persisten cortes en Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

El conflicto atraviesa así su tercera semana consecutiva y amenaza con profundizar aún más la crisis política en Bolivia, en un contexto marcado por la polarización entre el gobierno de Rodrigo Paz y el sector liderado por Evo Morales.

Con información de la agencia EFE

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales rutas que permanecían bloqueadas en la zona andina desde hace 11 días por sectores campesinos de La Paz que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según informaron medios internacionales.

La operación, llamada “Corredor humanitario”, movilizaba desde esta madrugada a unos 2.500 agentes policiales y 1.000 militares, informaron por separado a los medios los comandantes de la Policía, Mirko Sokol, y de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, quienes acompañan el desplazamiento.

Sokol sostuvo que el operativo tiene “la única finalidad de liberar” las rutas “y que los alimentos, los medicamentos, las ambulancias, el oxígeno (medicinal) puedan ingresar” a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo nacional, permitiendo además “que los turistas que están varados en diferentes sectores (…) puedan retornar a sus países”.

El jefe policial instó a los movilizados en las rutas a que posibiliten que, “de manera pacífica puedan desbloquear” las rutas.

“No estamos yendo a enfrentar, de ninguna manera, simplemente a hacer el trabajo que nos corresponde de desbloquear las vías, garantizar la libre circulación y velar por los valores más fundamentales que están establecidos en la Constitución”, manifestó.

Entre las rutas bloqueadas están la que va hacia la región andina de Oruro y conecta con el centro y el oriente boliviano, una de las rutas hacia Perú a través de la localidad turística de Copacabana, a orillas del lago Titicaca que comparten ambos países, y una vía en el sur de la sede de Gobierno, precisó.

Por su parte, Balderrama señaló que la Policía va “en primera línea” y que los militares acuden al operativo “como un elemento de apoyo para cualquier situación”.

Las protestas

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ piden con protestas callejeras y bloqueos de rutas la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.

Además, una marcha de centenares de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se acerca a la sede de Gobierno, a donde prevé llegar el lunes para demandar la renuncia del mandatario.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica pidieron el viernes que se abran “corredores humanitarios” para “garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible” e instaron a las autoridades a generar “espacios de diálogo efectivo” con los movilizados.

El Gobierno denunció un “plan macabro” supuestamente diseñado por Morales para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico, lo que el exmandatario rechazó.

Preocupación por la situación humanitaria en Bolivia

Ocho países de América Latina expresaron su preocupación por la situación humanitaria en Bolivia.

Mediante un comunicado conjunto, la Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron de forma unánime cualquier intento de desestabilización institucional de Bolivia.

“Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025”, señala el comunicado. Los ocho países reiteraron su firme “solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos”, indica la nota.

Exhortaron a todos los actores políticos y sociales de ese país “a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La crisis política y social en Bolivia sumó este viernes un nuevo capítulo de extrema tensión luego de que el expresidente Evo Morales denunciara que existe un operativo conjunto entre la DEA estadounidense y el Ejército boliviano para detenerlo en las próximas horas. “Entre hoy y mañana el CIE, con la DEA, que llega de Paraguay, va a detener a Evo Morales”, afirmó el exmandatario en declaraciones a la radio cocalera Kawsachun Coca.

Sus declaraciones se producen apenas un día después de que el Gobierno de Rodrigo Paz anunciara el regreso de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) al país, con una oficina en La Paz dedicada al intercambio de inteligencia, aunque sin participación en operativos conjuntos.

La tensión escaló luego de que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunciara la existencia de un “plan macabro” destinado a “romper el orden constitucional” mediante protestas, bloqueos y movilizaciones sociales que desde hace más de diez días exigen la renuncia de Paz.

Según el funcionario, el supuesto plan fue “pensado, financiado y operado” desde el Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical de Morales y una de las regiones productoras de hoja de coca más importantes del país.

Gálvez sostuvo que detrás de las movilizaciones existe un “financiamiento oscuro” vinculado al narcotráfico y aseguró que esas redes buscan “hacerse del poder por la fuerza”. “Bolivia enfrenta uno de sus más grandes desafíos históricos: eliminar definitivamente los tentáculos del narcotráfico y sus redes criminales internacionales”, afirmó el vocero.

Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el Gobierno deberá “demostrar las mentiras”. Además, cuestionó que se vincule a todos los sectores movilizados con el narcotráfico. El exmandatario también denunció que el Ejecutivo pretende declarar un estado de excepción, militarizar el país y trasladar tropas al Trópico de Cochabamba bajo el argumento de una supuesta amenaza contra la democracia.

Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba protegido por cientos de seguidores que buscan evitar su detención en el marco de una causa penal por trata agravada de personas. La Fiscalía boliviana lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija durante su presidencia.

Bloqueos y protestas en todo el país

Mientras tanto, distintos sectores sociales mantienen protestas y cortes de rutas en varias regiones del país. Campesinos del altiplano paceño sostienen bloqueos desde hace diez días para exigir la salida de Rodrigo Paz, en rechazo a sus medidas económicas. La protesta cuenta con el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20 %.

El principal dirigente de la COB, Mario Argollo, aseguró el jueves que “el pedido único” de la central sindical es ahora “la renuncia del presidente por la falta de capacidad para solucionar los problemas estructurales del país”.

La COB y los sindicatos campesinos e indígenas fueron históricamente aliados políticos de los gobiernos de Morales y posteriormente de Luis Arce.

La conflictividad también se trasladó a las calles de La Paz. Miles de mineros cooperativistas marcharon este jueves desde El Alto hacia la capital para reclamar combustible, explosivos y nuevas áreas de trabajo.

La protesta derivó en violentos enfrentamientos con fuerzas antidisturbios cerca de la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano. Los manifestantes intentaron derribar barricadas metálicas colocadas por la Policía y utilizaron cargas de dinamita, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos. Los choques duraron más de dos horas y dejaron al menos dos detenidos.

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, aseguró que las demandas del sector son “justas y necesarias” y aclaró que su protesta es independiente de la impulsada por la COB.

En paralelo, maestros rurales realizaron otra masiva movilización frente al Ministerio de Educación para reclamar aumentos salariales y rechazar la descentralización educativa. La protesta terminó con incidentes, destrozos en el edificio público y nuevos enfrentamientos con la Policía, que volvió a dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Muertes y advertencias del Gobierno

El Gobierno informó además que ya son tres las personas fallecidas por no haber podido recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos de carreteras. Las autoridades responsabilizaron directamente a Morales y a los sectores movilizados por esas muertes y exigieron el levantamiento inmediato de los cortes.

A pesar de la escalada, el Ejecutivo insistió este viernes en que seguirá abierto al diálogo “con los sectores que quieran construir soluciones”, aunque advirtió que quienes “conspiren contra la democracia” deberán enfrentar consecuencias judiciales.

Con información de la agencia EFE

Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

Leer más: Argentina: diputados aliados a Milei modificaron la Ley de Glaciares a favor de la minería

Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

 *FOTO MANOMO* El cerro Manomó está ubicado en la Chiquitania boliviana. Allí proyectan explorar minerales críticos y tierras raras. Foto: cortesía Revista Nómadas

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962) fue vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, cuando un golpe de Estado terminó con el Gobierno presidido por Evo Morales para aupar durante un año a Jeanine Áñez.

García Linera es uno de los intelectuales de izquierda más reconocidos en América Latina. Autor de libros como La potencia plebeya o Qué es una revolución, acaba de publicar Cuidar el alma popular (Bellaterra Edicions). La obra reúne una conferencia suya y un diálogo con la filósofa argentina Luciana Cadahaia, donde el autor parte del diagnóstico de la crisis del orden mundial neoliberal como patrón de acumulación. ¿Qué debe hacer la izquierda en este contexto? “Apostar por la audacia”, sentencia García Linera, que habla con elDiario.es al día siguiente del triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York.

—¿Qué mensaje traslada la victoria de Mamdani, más allá de la ciudad de Nueva York, sobre cómo responder a la ola reaccionaria en un momento en el que el progresismo parece ceder posiciones, sobre todo si se mira a Europa?

—La victoria de Mamdani demuestra que, en un momento de crisis, el progresismo, la izquierda, tiene que apostar por la audacia y un nuevo porvenir. La izquierda no pude encerrarse en recetas del pasado ni en respuestas que ya no se corresponden al tiempo que vivimos. Mucho menos preservar ese presente en crisis. Tiene que proponer con vehemencia un futuro posible, pero diferente a lo que hemos conocido. Y eso es lo que hemos visto en Nueva York y, de manera moderada, también en España con el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, quien no tiene cultura política marxista y, sin embargo, es un referente para el progresismo en Europa porque se ha animado a avanzar en nuevas políticas favorables para la población. No solo a preservar lo que había.

—Hay un asunto, como el del genocidio de Israel en Gaza, que atravesó la campaña en Nueva York, y en el que el Gobierno español recibió críticas desde la izquierda y los movimientos sociales por no ir más lejos o más rápido, si bien en el contexto europeo ha sido de los primeros en reconocer el Estado palestino tras el 7 de octubre.

—Sí, el Gobierno español se ha distinguido también por eso. Se ha distanciado de la complicidad del resto de los gobiernos de Europa con la barbarie genocida contra el pueblo palestino. Y, a la vez, no se ha quedado solo en la defensa de los derechos sociales y ha dado pasos en la reforma laboral o el aumento del salario mínimo. Y es que, en tiempos de crisis, para las izquierdas la sola conservación de antiguos logros es la derrota porque lleva al Gobierno a ser devorado por el malestar social que emerge, precisamente, de la crisis.

En tiempos de crisis, para las izquierdas, la solo conservación de antiguos logros, es la derrota porque lleva al Gobierno a ser devorado por el malestar social que emerge precisamente de la crisis

—Muchas veces habla de la importancia de que las clases dirigentes se vean empujadas y acompañadas por los movimientos sociales en ese impulso por avanzar. ¿Cómo se puede hacer en momentos de avance reaccionario?

—La acción colectiva, en sus múltiples formas, no solo son manifestaciones que escenifican una demanda o un estado de ánimo. Cuando son masivas y expansivas, son cataclismos cognitivos que llevan a envejecer viejos sistemas de creencias y tolerancias y, esto es lo decisivo, alumbrar nuevos esquemas de realidades factibles. Trastocan el sentido común de una sociedad, los límites de lo decible y la dirección del propio horizonte predictivo con el que los pueblos prefiguran su porvenir colectivo. Por ello, si bien ayudan y permiten sostener medidas audaces que puede tomar un gobierno de izquierdas, también lo empuja a que tome nuevas medidas. 

La gente en las calles enriquece la gobernabilidad democrática de un Estado. Amplía los espacios de deliberación y la propia cualidad participativa de la sociedad en los asuntos comunes. 

—Usted decía que este tipo de procesos de izquierdas, progresistas, si no brindan certidumbres y mejores condiciones de vida, al final son de una terrible fragilidad.

—La experiencia muestra que las sociedades modernas y complejas siempre están atravesadas por múltiples demandas, agravios, expectativas y necesidades en correspondencia a la diversidad de sus identidades. En ocasiones, una de estas demandas logra articular al resto y permite movilizaciones 'universales' capaces de atravesar la participación de varias clases e identidades sociales. Sin embargo, en crisis generales, hay una demanda nuclear, que atraviesa subyacentemente a la gran mayoría popular de la sociedad. Es la económica; a veces bajo la forma de salario, de inflación, de trabajo o mejora en el consumo. Cualquier gobierno de izquierdas, para estabilizarse, necesita resolver en primer lugar esa o esas expectativas de bienestar. Ya, con ese inicial soporte material, tiene espacio, tiempo y fuerza política para luego pasar a resolver otras demandas igual de importantes.

Lo inverso no es cierto. De hecho, la debilidad y continuidad de los gobiernos de izquierdas se juega en primer lugar en la economía.  

—En ese sentido, usted suele recordar al filósofo Pierre Bourdieu y la teoría del vaso y su capacidad para resistir las embestidas.

—La imagen de Bourdieu es muy interesante. Él pregunta: ¿por qué un vaso de cristal se rompe cuando se tira una piedra? ¿Por culpa de la piedra? No. La piedra solo desencadena la cualidad rompible del vaso. Eventualmente, también podrá romper una rama o una silla. El vaso se rompe porque el vaso es frágil. Y si queremos que no se rompa, entonces hay que fabricar un vaso resistente. En términos políticos, los gobiernos de izquierda son sustituidos o debilitados no solo por el asedio, o la consuetudinaria perfidia de las fuerzas políticas conservadoras, autoritarias o antigualitarias. Ellas hacen su trabajo de atacar y lo harán sistemáticamente independientemente de lo que haga la izquierda.

Las derechas autoritarias no pactan ni conceden, pues su misión es expulsar y, si pueden, aplastar a las izquierdas. No son demócratas de convicción. Y han de cumplir su cometido si el proyecto político de izquierda es frágil, timorato en sus acciones, moderado en sus maneras de cumplir con las expectativas que tienen las mayorías sociales. 

La única manera en que la izquierda pueda revalidar su apoyo social es cumpliendo con audacia el mandato y las esperanzas que la gente ha depositado hacia ella. Por eso, para ser “irrompible”, la izquierda debe tomar el control del tiempo político: tomar una medida de amplio apoyo popular por acá y, antes de que la oposición esté organizando la resistencia, tomar otra de similar interés colectivo por allá y así sucesivamente.

Lo decisivo es no perder la iniciativa y el control de los tiempos para que la oposición siempre tenga que ir por detrás de la agenda que pone el Gobierno. Y la resistibilidad de la izquierda, inevitablemente asediada por los poderosos, viene de su capacidad de mantener iniciativas económicas universalistas, esto es, llevar adelante decisiones que beneficien a la mayor parte de población, al 90% o 95%.

Eso lo hace de acero y no de cristal. 

Lo decisivo es no perder la iniciativa y el control de los tiempos para que la oposición siempre tenga que ir por detrás de la agenda que pone el gobierno

—Estos años en América Latina mostraron que hubo vasos más resistentes que otros. ¿Qué reflexión puede hacer, también sobre el caso de Bolivia, que le afecta más personalmente?

—Hay un primer ciclo revolucionario en América Latina desde 2003 hasta 2015, que se caracteriza por la emergencia de gobiernos de izquierda y progresistas que tienen respuestas a la crisis del neoliberalismo envejecido. Todos, toman medidas redistributivas, amplían derechos sociales y logran una expansión económica ampliando el consumo popular. Aquellos que emergen de insurrecciones, como Bolivia, nacionalizan empresas estratégicas que controlan importantes excedentes económicos, empoderan a mayorías populares anteriormente excluidas (indígenas, trabajadores urbanos, etc.). Esto va a llevar a una década de elevado crecimiento económico, reducción acelerada de la pobreza y movilidad popular ascendente: 70 millones de personas salieron de la pobreza.

Pero, como toda reforma, está agotada por cumplimiento. Las condiciones del mercado mundial cambian, las expectativas aspiracionales de amplios sectores populares se modifican por la mutación de sus condiciones de clase y, en general, la propia estructura social ha cambiado fruto de las reformas implementadas. Esto demandaba de las izquierdas continentales un nuevo ciclo de reformas económicas de segunda generación capaces de abordar los problemas emergentes y superarlos.

Pero no lo hacen. Viene un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda, pero ellos ya tienen respuestas para las nuevas preguntas y problemas que emergen de un mundo en cambio. Buscan resolver los nuevos problemas, económicos y políticos, con las respuestas dadas anteriormente. Carecen de un nuevo proyecto esperanzador capaz de unificar a la sociedad. Y entonces solo proponen preservar lo hecho antes. Ya no tienen iniciativa histórica y, en ocasiones, con su inacción generan una crisis económica que envilecerá el proyecto de izquierdas, dando paso a unas derechas envalentonadas que arrebatan la bandera del “cambio”.

Como en el caso del vaso bourdiano, las derechas ganan por los errores de las izquierdas. A excepción de México y Brasil, hoy la izquierda está en “huelga de ideas”. No tiene una propuesta convincente capaz de sustituir la receta conservadora de enfrentar la crisis económica por una vía distinta al “ajuste” del FMI.

—En el libro menciona como audaz la reforma fiscal de Colombia y decía que en Bolivia habían hecho una reforma para la tributación de las multinacionales extranjeras pero no tanto para el 1% boliviano. Y ese es un debate también en EE.UU. con Sanders y Mamdani, y que muestra que los impuestos pueden ser una herramienta para combatir las desigualdades.

—Nosotros dimos la vuelta a los impuestos que pagaban las empresas extranjeras petroleras y mineras. Las primeras, de pagar un 18% sobre el valor bruto, tuvieron que pagar 82%. Las mineras que entregaban al Estado entre un 3% y un 5%, les subimos el impuesto a un 20-25%. En tanto que, a la banca, les colocamos un impuesto del 50% del total de sus ganancias.

En ese primer período, con precios altos del petróleo, se implementó una reforma tributaria a la inversión extranjera y permitió que Bolivia sacara de la pobreza al 30% de la población en una década.

La siguiente fase, la de hacer tributar más al 1% boliviano quedó pendiente, y Luis Arce terminó por no hacerlo.

—¿Cómo se viven desde América Latina las amenazas de Donald Trump, los asesinatos extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico, la ofensiva contra Colombia y Venezuela? ¿Cree que se están reviviendo momentos ya vividos de injerencia e intervenciones militares de EEUU en América Latina?

—Estamos viviendo un momento de transición de época en el que las condiciones que garantizaron la pax norteamericana (1980-2010) se están descomponiendo. Pero, además, la hegemonía económica norteamericana se ha deteriorado. Es imbatible en el circuito financiero, pero decrépito en el industrial y productivo. Y al frente hay una nueva potencia industrial, China, que está ocupando la infraestructura terráquea de extracción y circulación mercantil. Todo ello está llevando a una reorganización geopolítica y geoeconómica del viejo orden mundial dirigido por EEUU. Y cuando un hegemón está en ocaso, se vuelve desesperado y peligroso. Es una fiera herida. Ha de intentar por todos los medios detener su declive recurriendo a todo tipo de medidas, incluidas políticas de vasallaje (hacia Europa); arancelarias (hacia el mundo); medioambientales (hacia toda la humanidad); y también las coloniales y armadas.

Está claro que EEUU ya no tiene presupuesto para largas invasiones, llenas de destrucción y masacres, de las que siempre ha salido con el rabo entre las piernas. Pero ahora ha hallado la forma de intervenir puntualmente y hacer mucho daño con bajo presupuesto, incluida la trituración del derecho internacional. El bombardeo a Irán y sus autoridades es un ejemplo. Y el riesgo es que se anime a algo así en Venezuela y otros países del mundo y América Latina. 

Todo ello está llevando a una reorganización geopolítica y geoeconómica del viejo orden mundial dirigido por EEUU. Y cuando un hegemón está en ocaso, se vuelve desesperado y peligroso

—Muchas veces la imagen que traslada Trump es de alguien poderoso, pero, por otro lado, se está viendo un país donde se estrechan los derechos democráticos, civiles y sociales.

—Las estrellas se inflan y expanden antes de perecer y ser olvidadas como mero polvo galáctico. Las grandes potencias y sus caudillos siguen el mismo proceso de insuflamiento e implosión. Su agresividad es inversamente proporcional a su poderío y duración. Su desplante como monarca absolutista, casi infantil, es el síntoma perverso de un mundo que se va. Lo que no sabemos es la gravedad del daño humano que el viejo hegemón arrastrará en su lenta caída. 

—El mundo cambia, no hay un solo hegemón, está el poder de China, el sur global cuenta mucho, Rusia sigue existiendo... Los europeos a veces pensamos que el mundo es el mapa que vemos en Europa. Pero es más complejo.

—El orden internacional basado en reglas está en el cementerio. En un tiempo liminal como este, en el que lo viejo se desmorona y no hay nada nuevo que lo sustituya, no hay reglas. Es un mundo salvaje en el que el poder se quita las formas y los eufemismos para abalanzarse enloquecido en su grosería desnuda. No hay hegemonías de legitimación, solo ejercicio puro y duro del poder como imposición.

EEUU quiere detener su ocaso, reviviendo un industrialismo tardío. China no tiene apuro de dirigir el mundo en la retórica del púlpito porque ya lo viene haciendo en la materialidad de la riqueza. Y Europa añora un mundo que ya se llevó el viento, sin darse cuenta de que se va convirtiendo en una periferia bien alimentada; por ahora. Y en medio del caos, las potencias intermedias buscan cómo abrirse pequeños espacios de protección e influencia (Rusia, la India…).

En medio de este reordenamiento global de poderes, Latinoamérica podría ubicarse en un mejor lugar en la jerarquía global. Pero, lamentablemente, por ahora, carece de una red de líderes estrategas con la virtud de unificar voluntades continentales con ese fin.

El presidente Javier Milei fue ovacionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario argentino arribó este sábado por la mañana al Aeropuerto de El Alto tras participar el viernes de una reunión con empresarios en Nueva York.

Acompañando por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, Javier Milei recibió los honores del país vecino, luego ingresó al recinto del parlamento boliviano y generó un furor inmediato entre los legisladores bolivianos.

La presencia de Javier Milei en el acto de investidura, que fue comunicada oficialmente por el Gobierno argentino se convirtió en el principal foco de interés dentro del Congreso.

Su importancia en la ceremonia fue subrayada al ser el primer presidente mencionado y agradecido por Edman Lara, vicepresidente de Bolivia, al conducir la jura.

Una vez en el palco de mandatarios, Javier Milei protagonizó saludos disímiles: con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se mostró sonriente y mantuvieron una breve conversación, mientras que se abrazó con el paraguayo Santiago Peña.

En contraste, el saludo con el presidente chileno, Gabriel Boric, fue notablemente distante y frío: Boric “no se paró para saludarlo”, extendiendo la mano desde su butaca.

Finalmente, el mandatario argentino tuvo un “fuerte abrazo” con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La derecha sigue de fiesta en Bolivia. A dos días de la toma de posesión del nuevo presidente, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez (2019-2020), de la derecha conservadora, salió este jueves de prisión por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al cabo de casi cinco años recluida por su participación en el golpe que derivó en su llegada al cargo tras la caída del izquierdista Evo Morales.

La absolución de Áñez deriva de una revisión extraordinaria de la sentencia condenatoria, según la cual la exmandataria no debió ser juzgada por la vía ordinaria, sino mediante un juicio parlamentario de responsabilidades. La decisión volvió a dividir las aguas de la política boliviana entre los que celebran la resolución judicial, por considerarla una forma de reparación del castigo infligido a la exmandataria, y quienes creen que su libertad consolida la impunidad de su gobierno transitorio, implicado en al menos 37 muertes extrajudiciales durante sus primeros días de mandato.

El gobierno saliente de Luis Arce, de la formación Movimiento al Socialismo (MAS), detuvo a la también exsenadora por Beni, en el noreste del país, en marzo de 2021. Áñez estaba presa desde entonces, primero de forma preventiva y luego con sentencia. Su condena no se debió a las muertes violentas registradas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, ejecutadas por fuerzas militares bajo su mando, sino por un proceso que observó su actuación “contraria a la ley” al asumir la primera magistratura boliviana el 12 de noviembre de 2019.

La orden de libertad también volvió a poner en debate el supuesto oportunismo político de los actores del sistema judicial boliviano, a los que distintos sectores acusan de dictaminar la excarcelación de la expresidenta para estar a tono con los gobernantes electos y las principales fuerzas políticas emergentes de las elecciones de agosto y octubre de 2025, de derecha y centroderecha.

A través de su cuenta de Facebook, la expresidenta, encerrada en el penal paceño de Miraflores, expresó su gratitud al TSJ: “Por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”, escribió. Horas antes, a través de la misma red social, había escrito: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.

Antes que a Áñez, a finales de agosto, el mismo TSJ resolvió liberar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quienes también habían sido apresados por su supuesta implicación en las protestas que desencadenaron en la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Mientras la exoneración de los dos primeros se produjo unos días después de la primera vuelta electoral, en la que la izquierda fue prácticamente barrida del mapa político boliviano, la de Áñez se ejecutó a dos días de que asuma el cargo el nuevo presidente, Rodrigo Paz, y con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de mayoría derechista ya en funcionamiento. La exmandataria fue invitada al acto.

Después de la estrepitosa derrota de la izquierda boliviana en las elecciones generales, la derecha fue imponiendo su agenda en la vida institucional del país. Además de las señaladas resoluciones judiciales, el presidente electo Paz se acercó al gobierno de Estados Unidos y se reunió con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante los gobiernos del MAS liderados por Morales y Arce, Bolivia y EE.UU. redujeron sus relaciones a la mínima expresión. En cambio, Paz expresó su voluntad de restablecer plenamente la colaboración entre ambas naciones. Al mismo tiempo, el ganador de las elecciones, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, polemizó públicamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, otrora aliado incondicional de las administraciones izquierdistas bolivianas.

Otra muestra de la derechización de la política boliviana fue la reciente reposición de la Biblia y el crucifijo cristiano como símbolos para presidir los actos de juramento en la Cámara de Diputados, una disposición que contradice a la propia Constitución vigente, en la que Bolivia se asume un país laico. Fue Áñez la última gobernante boliviana que asumió el poder blandiendo la Biblia, y en su trayectoria en redes acumula un historial de exacerbadas afirmaciones ultracatólicas.

Justicia politizada

Jeanine Áñez había sido sentenciada a 10 años de prisión en 2022 por asumir “inconstitucionalmente” la presidencia de Bolivia en 2019, un caso conocido como “Golpe 2”. La nueva resolución, tras un recurso extraordinario de revisión de sentencia, señala que no debió ser sometida a un juicio ordinario, sino a un procedimiento parlamentario. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exclamó en X tras anunciar la decisión: “¡Por una justicia independiente!”.

Al margen de los criterios técnicos, persiste la sospecha de que los altos magistrados bolivianos operan movidos por impulsos más políticos que jurídicos. La socióloga Luciana Jáuregui interpreta que las resoluciones para liberar a Camacho y Áñez están directamente influenciadas por los cambios recientes en la política boliviana. “La justicia, lejos de resarcir sus déficits, lo que hace es poner de manifiesto la falta de independencia del Órgano Judicial”, dice la académica, formada en la Universidad Mayor San Simón de Bolivia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.

La investigadora duda de la cualidad reparadora del proceder del TSJ y cree, por el contrario, que “erosiona más la legitimidad del órgano judicial y refuerza la percepción de parcialidad y descomposición estructural del sistema, dado que los tribunales actúan como instrumentos de presión y legitimación política”. Es más, la investigadora apunta que, con sus decisiones políticas, la justicia boliviana está contraviniendo “las recomendaciones internacionales”.

Masacres e impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la violencia que, ya con Áñez en el Gobierno boliviano, se saldó con muertes, heridos y torturas principalmente perpetrados por tropas militares. En su “Primer informe - Seguimiento a las recomendaciones del GIEI”, publicado en 2023, la CIDH precisó que el grupo “identificó que al menos 37 personas habrían perdido la vida en distintos lugares del país y que centenares de personas habrían resultado heridas, tanto física como psicológicamente”.

Más de 20 de las 37 bajas perecieron en las masacres de Sacaba (Cochabamba), del 15 de noviembre de 2019, y de Senkata (El Alto-La Paz), del 19 de noviembre del mismo año, donde afines al expresidente Evo Morales y contrarios al gobierno transitorio fueron reprimidos con armamento letal.

Áñez siempre defendió su derecho a un juicio parlamentario de responsabilidades por tratarse de delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de altas funciones. El gobierno de Arce no disponía de mayoría para activar el procedimiento, por lo que promovió juicios ordinarios como el que acabó sentenciándola a 10 años de cárcel en 2022.

Mientras la expresidenta, la derecha y sus acólitos celebran el dictamen de la justicia boliviana, las víctimas, familias y la izquierda denuncian el agravamiento del clima de impunidad en el país. Rodrigo Pacheco, experto en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, considera que la conducta judicial está lejos de resolver las tensiones políticas reinantes. “La sensación de que la impunidad se ha impuesto sobre la justicia por los hechos de violencia del 2019 va a adherirse a la memoria histórica de los sectores populares que apoyaron los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, y va a generar una reacción de descontento hacia el Estado y sus nuevos operadores”, advierte.

El exmandatario boliviano Evo Morales afirmó este lunes que el jefe de Estado argentino, Javier Milei, supuestamente le pidió al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, “deshacerse” de él, al considerarlo un “peligro” para América Latina.

“Hermanos de Argentina me informan que el presidente Javier Milei le pidió a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, ‘deshacerse’ de Evo, porque dice que soy un peligro para la América Latina digna y soberana. No nos sorprende ese pacto para acabar con mi vida”, escribió Morales (2006-2019) en su cuenta de X.

El líder opositor boliviano también recordó que la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó en 2019, cuando ocupaba “el mismo cargo en la Administración de Mauricio Macri (2015-2019)”, el envío de “armas y municiones” a Bolivia durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020).

Morales dijo que dicho armamento sirvió para “reprimir a los bolivianos” en las llamadas masacres de Sacaba (centro) y del barrio de Senkata, en El Alto, donde murieron una veintena de civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante la crisis política de 2019.

El exgobernante de Bolivia renunció a la Presidencia en 2019 al denunciar un “golpe de Estado” en su contra y en medio de las protestas sociales por un fraude electoral a su favor para acceder a un cuarto mandato consecutivo en los frustrados comicios de ese año.

Milei es uno de los mandatarios invitados a la investidura de Paz, que se efectuará el próximo 8 de noviembre en La Paz, que pondrá fin a casi veinte años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) y en medio de una adversa situación económica marcada por la escasez de combustibles y la falta de dólares.

Paz viajó la semana pasada a Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios de la Administración de Donald Trump y con los principales ejecutivos de organismos multilaterales, con el fin de gestionar respuestas a la crisis económica boliviana.

En el viaje, el mandatario electo también marcó distancia de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta hace poco aliados de Bolivia, a los que no invitó a su juramentación, lo que derivó en que el país andino fuera suspendido de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Por su parte, Morales lleva un año “confinado” en el Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, y bajo el resguardo de cientos de sus seguidores, para evitar que se ejecute una orden de captura por un caso de presunta trata agravada de personas.

El pasado 21 de octubre, la Fiscalía de Tarija (sur) presentó una acusación formal contra Morales por la presunta relación que mantuvo en 2016 con una menor de edad, cuando era presidente de Bolivia, y con la que supuestamente tuvo un hijo.

Consultado varias veces sobre este tema, Paz señaló que haría cumplir la ley y las determinaciones de la Justicia en el caso que involucra al expresidente.

Hace unos días, Morales recordó que se cumplió un año del “ataque” a tiros que sufrió cuando se dirigía a conducir su programa en la radio cocalera Kawsachun Coca, por el que responsabilizó al Gobierno de Luis Arce, sin que hasta ahora se haya abierto una investigación sobre ese hecho.

En ese momento, el Ejecutivo de Arce acusó a Morales de haber disparado contra los policías que estaban en dos vehículos durante un operativo antidroga de rutina y denunció además que sus seguidores quemaron ambos automóviles luego de sacarlos a la fuerza de una unidad militar.

EFE

El ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, enfrentará la crisis económica del país con un nuevo modelo económico basado en la liberación de exportaciones y el apoyo de “países amigos” para superar la escasez de combustibles, en un contexto de inflación acumulada del 16,92 %.

Paz plantea para su gobierno un nuevo modelo económico denominado “50/50”, basado en la redistribución fiscal, entre el nivel central de Estado, las entidades territoriales autonómicas y las universidades públicas, y busca descentralizar el manejo de los recursos públicos.

“Hoy el Estado central se queda con el 80 % de los recursos y manda el 20 % a más de 339 municipios, gobernaciones, universidades y entidades descentralizadas. Es una miseria (...) La estructura federal va a ser la solución del país, y dentro de la propuesta planteamos el 50/50, que busca descentralizar los recursos del Estado”, dijo Paz durante la campaña.

El centrista también prevé liberar las exportaciones y reconfigurar el sistema impositivo mediante un nuevo ordenamiento jurídico tributario.

Otra de las iniciativas es el “capitalismo para todos”, que consiste en fomentar los créditos baratos para la producción y el comercio, un solo impuesto por debajo del 10 % y que los aranceles se reduzcan a lo mínimo.

Crisis de combustible

Paz, quien durante la campaña se comprometió a resolver la crisis de combustibles que afecta al país desde comienzos de este año, informó este lunes que ha mantenido acercamientos con “países amigos” como EE.UU., Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar su apoyo en la solución de este problema una vez asuma la Presidencia el próximo 8 de noviembre.

Sobre la escasez de dólares, Paz ya había planteado junto a su compañero de fórmula, Edman Lara, un plan para estabilizar la divisa mediante la creación de un fondo especial.

“Lo que vamos a hacer con el dólar es jugar con el mercado. El Banco Central tendrá un rol preponderante como vigilante y dejará de emitir moneda, primero, porque el 80 % de la subvención indirecta o directa al Estado pasa por el Banco Central. La emisión de moneda nos está generando un golpe a la inflación”, explicó.

En su primera conferencia de prensa tras su victoria en la víspera, Paz también anunció este lunes que retomará la relación diplomática con EE.UU. y buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, al tiempo que prometió transparentar los acuerdos firmados por el Gobierno saliente con Rusia y China en materia de litio.

El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ganó la inédita segunda vuelta presidencial al imponerse al exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político de ideología de izquierda iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.

Por Daniela Romero, para la agencia EFE.

Rodrigo Paz Pereira, el presidente que Bolivia eligió en la segunda vuelta de este domingo, no es boliviano de nacimiento. Nació en Santiago de Compostela (Galicia), en 1967, durante uno de los exilios políticos de su padre, el expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora (1989-1993), histórico líder de izquierda que fue perseguido por las dictaduras militares de los años 60 y 70, con uno de cuyos líderes acabaría pactando para gobernar el país andino. El militar Hugo Banzer Suárez (1926-2002), mandatario de facto entre 1971 y 1978 y otrora verdugo de los compañeros de lucha de Paz Zamora, lo apoyó para que presidiera Bolivia pese a resultar tercero en las elecciones presidenciales de 1989.

De su infancia y juventud errante se acordó Paz Pereira en su primer discurso tras la publicación de los resultados que lo dieron por ganador la noche del domingo. El economista evocó con nostalgia los años en que vivió en casi todos los países de Sudamérica, mientras sus padres, Jaime Paz y Carmen Pereira, escapaban de la persecución de las dictaduras. De vuelta en Bolivia, finalizó su educación secundaria para luego titularse en Economía y Relaciones Internacionales, además de completar un máster en Gestión Política en la American University de Estados Unidos. Se casó con María Elena Urquidi, con la que tiene cuatro hijos. Afincado en la región de su familia paterna, comenzó su vida política en 2002, convirtiéndose en diputado por Tarija hasta 2010. Desde ese año hasta 2015 fue presidente del Concejo Municipal de esa misma ciudad y, a partir de 2015, su alcalde. Al finalizar ese periodo fue elegido senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Y en 2025 se lanzó a la presidencia sin generar en principio demasiadas expectativas.

Con la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y un programa de centroderecha, se apresta a jurar a la presidencia boliviana el 8 de noviembre, tras vencer en la segunda vuelta con más del 54% de votación. Pero, si bien Paz Pereira se impuso en seis de los nueve departamentos de Bolivia, perdió en tres, uno de ellos Tarija, el departamento del que es representante y de cuya ciudad capital fue alcalde. Su contrincante, el conservador de derecha Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, le ganó en su propio feudo.

Otra paradoja es que el político de 58 años asumirá la presidencia de Bolivia pese a no haber sido favorito ni en la primera ni en la segunda vuelta. En las elecciones del 17 de agosto fue primero aun cuando en las encuestas previas figuraba entre el tercer y quinto lugar. Y en la segunda vuelta del 19 de octubre salió victorioso a pesar de que los sondeos lo daban por perdedor.

Su candidato a la vicepresidencia, el expolicía y abogado Edmand Lara, quien se sumó a la fórmula a última hora, después de que el acompañante inicialmente elegido por Paz, el empresario Sebastián Careaga, se alejara del PDC para unirse a la Alianza Unidad, de Samuel Doria Medina. Popular en redes sociales por videos de TikTok en los que denunciaba hechos de corrupción en la Policía boliviana, Lara fue un actor decisivo en la recta final de la campaña para la primera vuelta, sacando provecho de su condición de outsider de la política tradicional y cautivando a sectores más populares.

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal

Aunque ha tomado distancia de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), que retuvieron el poder en Bolivia por casi 20 años de la mano de Evo Morales y el aún presidente Luis Arce, Paz Pereira acabó favoreciéndose de bolsones electorales tradicionalmente identificados con ese partido de izquierda. Hay consenso entre los analistas políticos en sentido de que los votantes leales al masismo fueron determinantes para darle la victoria al PDC. Si en la primera vuelta ganaron con el 32%, en la segunda alcanzaron el 54,6%, creciendo en un porcentaje similar al del voto nulo que instruyó Morales a sus militantes para las elecciones del 17 de agosto, pero no así para la de este 19 de octubre. El propio dirigente cocalero, inhabilitado para busca la presidencia en 2025, se atribuyó el triunfo de Paz-Lara en una conferencia posterior a la difusión de los resultados.

‘Capitalismo’ que mira a EEUU

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal, asociado a la centroderecha. No en vano, el equipo técnico del PDC sumó en las últimas semanas a Gabriel Espinoza y José Luis Lupo, dos economistas que fueron parte del entorno cercano de Doria Medina, el candidato que abanderó el programa de derecha en las elecciones del 17 de agosto. Mientras Espinoza fue jefe del equipo económico de la Alianza Unidad, Lupo, de amplia trayectoria en organismos internacionales (BID, CAF), fue candidato a la presidencia del binomio que acabó tercero en la primera vuelta.

Con el eslogan “capitalismo para todos”, el plan de gobierno del PDC lleva por nombre “Agenda 50/50: Política al servicio de la gente”. Con esa denominación ofrece, en términos generales, que el Estado central administre solo el 50% del presupuesto general del país, mientras que el restante 50 estaría en manos de los gobiernos subnacionales (departamentos y municipios) y las universidades.

Otro de sus planteamientos centrales en materia económica es el congelamiento de las actividades de las empresas públicas deficitarias y la reasignación de recursos ahorrados hacia gobiernos subnacionales. Sin embargo, no precisa cuáles serían las empresas a ser congeladas. Durante la campaña, Paz insistió que esa definición dependerá de las auditorías que se ejecuten en las reparticiones estatales.

Entre sus tareas más urgentes asoma la promesa de importar mayores volúmenes de combustibles procedentes de EEUU y de otras naciones a fin de normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel, que desde hace un año es irregular y ha reducido la capacidad productiva del sector privado.

El acercamiento a EEUU es un gesto que rompe abiertamente con el patrón de los gobiernos de Morales y Arce. “Sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es la propiedad privada, la certidumbre”, afirmó Paz en su primer discurso tras la segunda vuelta, en el que también se mostró abierto a reconducir las relaciones con Washington y recordó su compromiso para facilitar la importación de combustibles. “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, anunció, al tiempo de cuestionar que, durante los años del MAS, el país perdió “geopolítica y geoeconómicamente”.

El guiño a EEUU tuvo una respuesta casi inmediata de la administración de Donald Trump. El secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, felicitó al “presidente electo Rodrigo Paz”, saludó que su llegada al poder “inaugura una oportunidad transformativa para ambas naciones” y ofreció “poner fin a la migración ilegal, mejorar el acceso al mercado para la inversión bilateral y combatir las organizaciones transnacionales para fortalecer la seguridad regional”

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira agradeció este domingo el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia y prometió volver a “abrir” el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para “salir adelante” de la crisis en que se encuentra su nación.

Luego de conocer los resultados preliminares que le dieron el triunfo en el segunda vuelta, Paz agradeció a los presidentes que le felicitaron hasta el momento y sostuvo que “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, tras haber perdido “geopolíticamente y geoeconómicamente” ese espacio en las dos últimas décadas.

El político sostuvo que “la nueva dimensión” que busca construir “será con las manos extendidas al interior de la patria para trabajar con todos, hombres y mujeres desde el Parlamento, desde las organizaciones sociales” y otros sectores con el objetivo de “salir adelante”.

“Pero, a la vez, también hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol”, destacó Paz y agradeció el respaldo ofrecido por Estados Unidos a través del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, “para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los Gobiernos más importantes del ámbito mundial”.

El aún senador agradeció, además, a su rival en la segunda vuelta, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y a su compañero de fórmula Juan Pablo Velasco, quienes reconocieron el triunfo de Paz en el balotaje, y consideró que “no es un mensaje” para Rodrigo Paz, sino “al voto nacional”.

“Porque no es Rodrigo el que gana o el que pierde, es Bolivia la que gana a través del ejercicio democrático. Por eso, en democracia, si bien pareciera en principio que unos pierden y otros ganan, hoy día Bolivia ganó”, expresó.

Paz afirmó que el “pueblo” también eligió en estos comicios a parlamentarios de otras organizaciones políticas “que han hecho parte de una gran transformación luego de 20 años” de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible” y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.

La segunda vuelta se realizó en un contexto de crisis económica reflejado en la persistente falta de dólares, escasez de combustibles y encarecimiento de productos básicos.

EFE