Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

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Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

 *FOTO MANOMO* El cerro Manomó está ubicado en la Chiquitania boliviana. Allí proyectan explorar minerales críticos y tierras raras. Foto: cortesía Revista Nómadas

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962) fue vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, cuando un golpe de Estado terminó con el Gobierno presidido por Evo Morales para aupar durante un año a Jeanine Áñez.

García Linera es uno de los intelectuales de izquierda más reconocidos en América Latina. Autor de libros como La potencia plebeya o Qué es una revolución, acaba de publicar Cuidar el alma popular (Bellaterra Edicions). La obra reúne una conferencia suya y un diálogo con la filósofa argentina Luciana Cadahaia, donde el autor parte del diagnóstico de la crisis del orden mundial neoliberal como patrón de acumulación. ¿Qué debe hacer la izquierda en este contexto? “Apostar por la audacia”, sentencia García Linera, que habla con elDiario.es al día siguiente del triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York.

—¿Qué mensaje traslada la victoria de Mamdani, más allá de la ciudad de Nueva York, sobre cómo responder a la ola reaccionaria en un momento en el que el progresismo parece ceder posiciones, sobre todo si se mira a Europa?

—La victoria de Mamdani demuestra que, en un momento de crisis, el progresismo, la izquierda, tiene que apostar por la audacia y un nuevo porvenir. La izquierda no pude encerrarse en recetas del pasado ni en respuestas que ya no se corresponden al tiempo que vivimos. Mucho menos preservar ese presente en crisis. Tiene que proponer con vehemencia un futuro posible, pero diferente a lo que hemos conocido. Y eso es lo que hemos visto en Nueva York y, de manera moderada, también en España con el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, quien no tiene cultura política marxista y, sin embargo, es un referente para el progresismo en Europa porque se ha animado a avanzar en nuevas políticas favorables para la población. No solo a preservar lo que había.

—Hay un asunto, como el del genocidio de Israel en Gaza, que atravesó la campaña en Nueva York, y en el que el Gobierno español recibió críticas desde la izquierda y los movimientos sociales por no ir más lejos o más rápido, si bien en el contexto europeo ha sido de los primeros en reconocer el Estado palestino tras el 7 de octubre.

—Sí, el Gobierno español se ha distinguido también por eso. Se ha distanciado de la complicidad del resto de los gobiernos de Europa con la barbarie genocida contra el pueblo palestino. Y, a la vez, no se ha quedado solo en la defensa de los derechos sociales y ha dado pasos en la reforma laboral o el aumento del salario mínimo. Y es que, en tiempos de crisis, para las izquierdas la sola conservación de antiguos logros es la derrota porque lleva al Gobierno a ser devorado por el malestar social que emerge, precisamente, de la crisis.

En tiempos de crisis, para las izquierdas, la solo conservación de antiguos logros, es la derrota porque lleva al Gobierno a ser devorado por el malestar social que emerge precisamente de la crisis

—Muchas veces habla de la importancia de que las clases dirigentes se vean empujadas y acompañadas por los movimientos sociales en ese impulso por avanzar. ¿Cómo se puede hacer en momentos de avance reaccionario?

—La acción colectiva, en sus múltiples formas, no solo son manifestaciones que escenifican una demanda o un estado de ánimo. Cuando son masivas y expansivas, son cataclismos cognitivos que llevan a envejecer viejos sistemas de creencias y tolerancias y, esto es lo decisivo, alumbrar nuevos esquemas de realidades factibles. Trastocan el sentido común de una sociedad, los límites de lo decible y la dirección del propio horizonte predictivo con el que los pueblos prefiguran su porvenir colectivo. Por ello, si bien ayudan y permiten sostener medidas audaces que puede tomar un gobierno de izquierdas, también lo empuja a que tome nuevas medidas. 

La gente en las calles enriquece la gobernabilidad democrática de un Estado. Amplía los espacios de deliberación y la propia cualidad participativa de la sociedad en los asuntos comunes. 

—Usted decía que este tipo de procesos de izquierdas, progresistas, si no brindan certidumbres y mejores condiciones de vida, al final son de una terrible fragilidad.

—La experiencia muestra que las sociedades modernas y complejas siempre están atravesadas por múltiples demandas, agravios, expectativas y necesidades en correspondencia a la diversidad de sus identidades. En ocasiones, una de estas demandas logra articular al resto y permite movilizaciones 'universales' capaces de atravesar la participación de varias clases e identidades sociales. Sin embargo, en crisis generales, hay una demanda nuclear, que atraviesa subyacentemente a la gran mayoría popular de la sociedad. Es la económica; a veces bajo la forma de salario, de inflación, de trabajo o mejora en el consumo. Cualquier gobierno de izquierdas, para estabilizarse, necesita resolver en primer lugar esa o esas expectativas de bienestar. Ya, con ese inicial soporte material, tiene espacio, tiempo y fuerza política para luego pasar a resolver otras demandas igual de importantes.

Lo inverso no es cierto. De hecho, la debilidad y continuidad de los gobiernos de izquierdas se juega en primer lugar en la economía.  

—En ese sentido, usted suele recordar al filósofo Pierre Bourdieu y la teoría del vaso y su capacidad para resistir las embestidas.

—La imagen de Bourdieu es muy interesante. Él pregunta: ¿por qué un vaso de cristal se rompe cuando se tira una piedra? ¿Por culpa de la piedra? No. La piedra solo desencadena la cualidad rompible del vaso. Eventualmente, también podrá romper una rama o una silla. El vaso se rompe porque el vaso es frágil. Y si queremos que no se rompa, entonces hay que fabricar un vaso resistente. En términos políticos, los gobiernos de izquierda son sustituidos o debilitados no solo por el asedio, o la consuetudinaria perfidia de las fuerzas políticas conservadoras, autoritarias o antigualitarias. Ellas hacen su trabajo de atacar y lo harán sistemáticamente independientemente de lo que haga la izquierda.

Las derechas autoritarias no pactan ni conceden, pues su misión es expulsar y, si pueden, aplastar a las izquierdas. No son demócratas de convicción. Y han de cumplir su cometido si el proyecto político de izquierda es frágil, timorato en sus acciones, moderado en sus maneras de cumplir con las expectativas que tienen las mayorías sociales. 

La única manera en que la izquierda pueda revalidar su apoyo social es cumpliendo con audacia el mandato y las esperanzas que la gente ha depositado hacia ella. Por eso, para ser “irrompible”, la izquierda debe tomar el control del tiempo político: tomar una medida de amplio apoyo popular por acá y, antes de que la oposición esté organizando la resistencia, tomar otra de similar interés colectivo por allá y así sucesivamente.

Lo decisivo es no perder la iniciativa y el control de los tiempos para que la oposición siempre tenga que ir por detrás de la agenda que pone el Gobierno. Y la resistibilidad de la izquierda, inevitablemente asediada por los poderosos, viene de su capacidad de mantener iniciativas económicas universalistas, esto es, llevar adelante decisiones que beneficien a la mayor parte de población, al 90% o 95%.

Eso lo hace de acero y no de cristal. 

Lo decisivo es no perder la iniciativa y el control de los tiempos para que la oposición siempre tenga que ir por detrás de la agenda que pone el gobierno

—Estos años en América Latina mostraron que hubo vasos más resistentes que otros. ¿Qué reflexión puede hacer, también sobre el caso de Bolivia, que le afecta más personalmente?

—Hay un primer ciclo revolucionario en América Latina desde 2003 hasta 2015, que se caracteriza por la emergencia de gobiernos de izquierda y progresistas que tienen respuestas a la crisis del neoliberalismo envejecido. Todos, toman medidas redistributivas, amplían derechos sociales y logran una expansión económica ampliando el consumo popular. Aquellos que emergen de insurrecciones, como Bolivia, nacionalizan empresas estratégicas que controlan importantes excedentes económicos, empoderan a mayorías populares anteriormente excluidas (indígenas, trabajadores urbanos, etc.). Esto va a llevar a una década de elevado crecimiento económico, reducción acelerada de la pobreza y movilidad popular ascendente: 70 millones de personas salieron de la pobreza.

Pero, como toda reforma, está agotada por cumplimiento. Las condiciones del mercado mundial cambian, las expectativas aspiracionales de amplios sectores populares se modifican por la mutación de sus condiciones de clase y, en general, la propia estructura social ha cambiado fruto de las reformas implementadas. Esto demandaba de las izquierdas continentales un nuevo ciclo de reformas económicas de segunda generación capaces de abordar los problemas emergentes y superarlos.

Pero no lo hacen. Viene un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda, pero ellos ya tienen respuestas para las nuevas preguntas y problemas que emergen de un mundo en cambio. Buscan resolver los nuevos problemas, económicos y políticos, con las respuestas dadas anteriormente. Carecen de un nuevo proyecto esperanzador capaz de unificar a la sociedad. Y entonces solo proponen preservar lo hecho antes. Ya no tienen iniciativa histórica y, en ocasiones, con su inacción generan una crisis económica que envilecerá el proyecto de izquierdas, dando paso a unas derechas envalentonadas que arrebatan la bandera del “cambio”.

Como en el caso del vaso bourdiano, las derechas ganan por los errores de las izquierdas. A excepción de México y Brasil, hoy la izquierda está en “huelga de ideas”. No tiene una propuesta convincente capaz de sustituir la receta conservadora de enfrentar la crisis económica por una vía distinta al “ajuste” del FMI.

—En el libro menciona como audaz la reforma fiscal de Colombia y decía que en Bolivia habían hecho una reforma para la tributación de las multinacionales extranjeras pero no tanto para el 1% boliviano. Y ese es un debate también en EE.UU. con Sanders y Mamdani, y que muestra que los impuestos pueden ser una herramienta para combatir las desigualdades.

—Nosotros dimos la vuelta a los impuestos que pagaban las empresas extranjeras petroleras y mineras. Las primeras, de pagar un 18% sobre el valor bruto, tuvieron que pagar 82%. Las mineras que entregaban al Estado entre un 3% y un 5%, les subimos el impuesto a un 20-25%. En tanto que, a la banca, les colocamos un impuesto del 50% del total de sus ganancias.

En ese primer período, con precios altos del petróleo, se implementó una reforma tributaria a la inversión extranjera y permitió que Bolivia sacara de la pobreza al 30% de la población en una década.

La siguiente fase, la de hacer tributar más al 1% boliviano quedó pendiente, y Luis Arce terminó por no hacerlo.

—¿Cómo se viven desde América Latina las amenazas de Donald Trump, los asesinatos extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico, la ofensiva contra Colombia y Venezuela? ¿Cree que se están reviviendo momentos ya vividos de injerencia e intervenciones militares de EEUU en América Latina?

—Estamos viviendo un momento de transición de época en el que las condiciones que garantizaron la pax norteamericana (1980-2010) se están descomponiendo. Pero, además, la hegemonía económica norteamericana se ha deteriorado. Es imbatible en el circuito financiero, pero decrépito en el industrial y productivo. Y al frente hay una nueva potencia industrial, China, que está ocupando la infraestructura terráquea de extracción y circulación mercantil. Todo ello está llevando a una reorganización geopolítica y geoeconómica del viejo orden mundial dirigido por EEUU. Y cuando un hegemón está en ocaso, se vuelve desesperado y peligroso. Es una fiera herida. Ha de intentar por todos los medios detener su declive recurriendo a todo tipo de medidas, incluidas políticas de vasallaje (hacia Europa); arancelarias (hacia el mundo); medioambientales (hacia toda la humanidad); y también las coloniales y armadas.

Está claro que EEUU ya no tiene presupuesto para largas invasiones, llenas de destrucción y masacres, de las que siempre ha salido con el rabo entre las piernas. Pero ahora ha hallado la forma de intervenir puntualmente y hacer mucho daño con bajo presupuesto, incluida la trituración del derecho internacional. El bombardeo a Irán y sus autoridades es un ejemplo. Y el riesgo es que se anime a algo así en Venezuela y otros países del mundo y América Latina. 

Todo ello está llevando a una reorganización geopolítica y geoeconómica del viejo orden mundial dirigido por EEUU. Y cuando un hegemón está en ocaso, se vuelve desesperado y peligroso

—Muchas veces la imagen que traslada Trump es de alguien poderoso, pero, por otro lado, se está viendo un país donde se estrechan los derechos democráticos, civiles y sociales.

—Las estrellas se inflan y expanden antes de perecer y ser olvidadas como mero polvo galáctico. Las grandes potencias y sus caudillos siguen el mismo proceso de insuflamiento e implosión. Su agresividad es inversamente proporcional a su poderío y duración. Su desplante como monarca absolutista, casi infantil, es el síntoma perverso de un mundo que se va. Lo que no sabemos es la gravedad del daño humano que el viejo hegemón arrastrará en su lenta caída. 

—El mundo cambia, no hay un solo hegemón, está el poder de China, el sur global cuenta mucho, Rusia sigue existiendo... Los europeos a veces pensamos que el mundo es el mapa que vemos en Europa. Pero es más complejo.

—El orden internacional basado en reglas está en el cementerio. En un tiempo liminal como este, en el que lo viejo se desmorona y no hay nada nuevo que lo sustituya, no hay reglas. Es un mundo salvaje en el que el poder se quita las formas y los eufemismos para abalanzarse enloquecido en su grosería desnuda. No hay hegemonías de legitimación, solo ejercicio puro y duro del poder como imposición.

EEUU quiere detener su ocaso, reviviendo un industrialismo tardío. China no tiene apuro de dirigir el mundo en la retórica del púlpito porque ya lo viene haciendo en la materialidad de la riqueza. Y Europa añora un mundo que ya se llevó el viento, sin darse cuenta de que se va convirtiendo en una periferia bien alimentada; por ahora. Y en medio del caos, las potencias intermedias buscan cómo abrirse pequeños espacios de protección e influencia (Rusia, la India…).

En medio de este reordenamiento global de poderes, Latinoamérica podría ubicarse en un mejor lugar en la jerarquía global. Pero, lamentablemente, por ahora, carece de una red de líderes estrategas con la virtud de unificar voluntades continentales con ese fin.

El presidente Javier Milei fue ovacionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario argentino arribó este sábado por la mañana al Aeropuerto de El Alto tras participar el viernes de una reunión con empresarios en Nueva York.

Acompañando por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, Javier Milei recibió los honores del país vecino, luego ingresó al recinto del parlamento boliviano y generó un furor inmediato entre los legisladores bolivianos.

La presencia de Javier Milei en el acto de investidura, que fue comunicada oficialmente por el Gobierno argentino se convirtió en el principal foco de interés dentro del Congreso.

Su importancia en la ceremonia fue subrayada al ser el primer presidente mencionado y agradecido por Edman Lara, vicepresidente de Bolivia, al conducir la jura.

Una vez en el palco de mandatarios, Javier Milei protagonizó saludos disímiles: con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se mostró sonriente y mantuvieron una breve conversación, mientras que se abrazó con el paraguayo Santiago Peña.

En contraste, el saludo con el presidente chileno, Gabriel Boric, fue notablemente distante y frío: Boric “no se paró para saludarlo”, extendiendo la mano desde su butaca.

Finalmente, el mandatario argentino tuvo un “fuerte abrazo” con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La derecha sigue de fiesta en Bolivia. A dos días de la toma de posesión del nuevo presidente, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez (2019-2020), de la derecha conservadora, salió este jueves de prisión por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al cabo de casi cinco años recluida por su participación en el golpe que derivó en su llegada al cargo tras la caída del izquierdista Evo Morales.

La absolución de Áñez deriva de una revisión extraordinaria de la sentencia condenatoria, según la cual la exmandataria no debió ser juzgada por la vía ordinaria, sino mediante un juicio parlamentario de responsabilidades. La decisión volvió a dividir las aguas de la política boliviana entre los que celebran la resolución judicial, por considerarla una forma de reparación del castigo infligido a la exmandataria, y quienes creen que su libertad consolida la impunidad de su gobierno transitorio, implicado en al menos 37 muertes extrajudiciales durante sus primeros días de mandato.

El gobierno saliente de Luis Arce, de la formación Movimiento al Socialismo (MAS), detuvo a la también exsenadora por Beni, en el noreste del país, en marzo de 2021. Áñez estaba presa desde entonces, primero de forma preventiva y luego con sentencia. Su condena no se debió a las muertes violentas registradas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, ejecutadas por fuerzas militares bajo su mando, sino por un proceso que observó su actuación “contraria a la ley” al asumir la primera magistratura boliviana el 12 de noviembre de 2019.

La orden de libertad también volvió a poner en debate el supuesto oportunismo político de los actores del sistema judicial boliviano, a los que distintos sectores acusan de dictaminar la excarcelación de la expresidenta para estar a tono con los gobernantes electos y las principales fuerzas políticas emergentes de las elecciones de agosto y octubre de 2025, de derecha y centroderecha.

A través de su cuenta de Facebook, la expresidenta, encerrada en el penal paceño de Miraflores, expresó su gratitud al TSJ: “Por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”, escribió. Horas antes, a través de la misma red social, había escrito: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.

Antes que a Áñez, a finales de agosto, el mismo TSJ resolvió liberar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quienes también habían sido apresados por su supuesta implicación en las protestas que desencadenaron en la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Mientras la exoneración de los dos primeros se produjo unos días después de la primera vuelta electoral, en la que la izquierda fue prácticamente barrida del mapa político boliviano, la de Áñez se ejecutó a dos días de que asuma el cargo el nuevo presidente, Rodrigo Paz, y con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de mayoría derechista ya en funcionamiento. La exmandataria fue invitada al acto.

Después de la estrepitosa derrota de la izquierda boliviana en las elecciones generales, la derecha fue imponiendo su agenda en la vida institucional del país. Además de las señaladas resoluciones judiciales, el presidente electo Paz se acercó al gobierno de Estados Unidos y se reunió con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante los gobiernos del MAS liderados por Morales y Arce, Bolivia y EE.UU. redujeron sus relaciones a la mínima expresión. En cambio, Paz expresó su voluntad de restablecer plenamente la colaboración entre ambas naciones. Al mismo tiempo, el ganador de las elecciones, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, polemizó públicamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, otrora aliado incondicional de las administraciones izquierdistas bolivianas.

Otra muestra de la derechización de la política boliviana fue la reciente reposición de la Biblia y el crucifijo cristiano como símbolos para presidir los actos de juramento en la Cámara de Diputados, una disposición que contradice a la propia Constitución vigente, en la que Bolivia se asume un país laico. Fue Áñez la última gobernante boliviana que asumió el poder blandiendo la Biblia, y en su trayectoria en redes acumula un historial de exacerbadas afirmaciones ultracatólicas.

Justicia politizada

Jeanine Áñez había sido sentenciada a 10 años de prisión en 2022 por asumir “inconstitucionalmente” la presidencia de Bolivia en 2019, un caso conocido como “Golpe 2”. La nueva resolución, tras un recurso extraordinario de revisión de sentencia, señala que no debió ser sometida a un juicio ordinario, sino a un procedimiento parlamentario. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exclamó en X tras anunciar la decisión: “¡Por una justicia independiente!”.

Al margen de los criterios técnicos, persiste la sospecha de que los altos magistrados bolivianos operan movidos por impulsos más políticos que jurídicos. La socióloga Luciana Jáuregui interpreta que las resoluciones para liberar a Camacho y Áñez están directamente influenciadas por los cambios recientes en la política boliviana. “La justicia, lejos de resarcir sus déficits, lo que hace es poner de manifiesto la falta de independencia del Órgano Judicial”, dice la académica, formada en la Universidad Mayor San Simón de Bolivia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.

La investigadora duda de la cualidad reparadora del proceder del TSJ y cree, por el contrario, que “erosiona más la legitimidad del órgano judicial y refuerza la percepción de parcialidad y descomposición estructural del sistema, dado que los tribunales actúan como instrumentos de presión y legitimación política”. Es más, la investigadora apunta que, con sus decisiones políticas, la justicia boliviana está contraviniendo “las recomendaciones internacionales”.

Masacres e impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la violencia que, ya con Áñez en el Gobierno boliviano, se saldó con muertes, heridos y torturas principalmente perpetrados por tropas militares. En su “Primer informe - Seguimiento a las recomendaciones del GIEI”, publicado en 2023, la CIDH precisó que el grupo “identificó que al menos 37 personas habrían perdido la vida en distintos lugares del país y que centenares de personas habrían resultado heridas, tanto física como psicológicamente”.

Más de 20 de las 37 bajas perecieron en las masacres de Sacaba (Cochabamba), del 15 de noviembre de 2019, y de Senkata (El Alto-La Paz), del 19 de noviembre del mismo año, donde afines al expresidente Evo Morales y contrarios al gobierno transitorio fueron reprimidos con armamento letal.

Áñez siempre defendió su derecho a un juicio parlamentario de responsabilidades por tratarse de delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de altas funciones. El gobierno de Arce no disponía de mayoría para activar el procedimiento, por lo que promovió juicios ordinarios como el que acabó sentenciándola a 10 años de cárcel en 2022.

Mientras la expresidenta, la derecha y sus acólitos celebran el dictamen de la justicia boliviana, las víctimas, familias y la izquierda denuncian el agravamiento del clima de impunidad en el país. Rodrigo Pacheco, experto en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, considera que la conducta judicial está lejos de resolver las tensiones políticas reinantes. “La sensación de que la impunidad se ha impuesto sobre la justicia por los hechos de violencia del 2019 va a adherirse a la memoria histórica de los sectores populares que apoyaron los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, y va a generar una reacción de descontento hacia el Estado y sus nuevos operadores”, advierte.

El exmandatario boliviano Evo Morales afirmó este lunes que el jefe de Estado argentino, Javier Milei, supuestamente le pidió al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, “deshacerse” de él, al considerarlo un “peligro” para América Latina.

“Hermanos de Argentina me informan que el presidente Javier Milei le pidió a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, ‘deshacerse’ de Evo, porque dice que soy un peligro para la América Latina digna y soberana. No nos sorprende ese pacto para acabar con mi vida”, escribió Morales (2006-2019) en su cuenta de X.

El líder opositor boliviano también recordó que la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó en 2019, cuando ocupaba “el mismo cargo en la Administración de Mauricio Macri (2015-2019)”, el envío de “armas y municiones” a Bolivia durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020).

Morales dijo que dicho armamento sirvió para “reprimir a los bolivianos” en las llamadas masacres de Sacaba (centro) y del barrio de Senkata, en El Alto, donde murieron una veintena de civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante la crisis política de 2019.

El exgobernante de Bolivia renunció a la Presidencia en 2019 al denunciar un “golpe de Estado” en su contra y en medio de las protestas sociales por un fraude electoral a su favor para acceder a un cuarto mandato consecutivo en los frustrados comicios de ese año.

Milei es uno de los mandatarios invitados a la investidura de Paz, que se efectuará el próximo 8 de noviembre en La Paz, que pondrá fin a casi veinte años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) y en medio de una adversa situación económica marcada por la escasez de combustibles y la falta de dólares.

Paz viajó la semana pasada a Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios de la Administración de Donald Trump y con los principales ejecutivos de organismos multilaterales, con el fin de gestionar respuestas a la crisis económica boliviana.

En el viaje, el mandatario electo también marcó distancia de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta hace poco aliados de Bolivia, a los que no invitó a su juramentación, lo que derivó en que el país andino fuera suspendido de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Por su parte, Morales lleva un año “confinado” en el Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, y bajo el resguardo de cientos de sus seguidores, para evitar que se ejecute una orden de captura por un caso de presunta trata agravada de personas.

El pasado 21 de octubre, la Fiscalía de Tarija (sur) presentó una acusación formal contra Morales por la presunta relación que mantuvo en 2016 con una menor de edad, cuando era presidente de Bolivia, y con la que supuestamente tuvo un hijo.

Consultado varias veces sobre este tema, Paz señaló que haría cumplir la ley y las determinaciones de la Justicia en el caso que involucra al expresidente.

Hace unos días, Morales recordó que se cumplió un año del “ataque” a tiros que sufrió cuando se dirigía a conducir su programa en la radio cocalera Kawsachun Coca, por el que responsabilizó al Gobierno de Luis Arce, sin que hasta ahora se haya abierto una investigación sobre ese hecho.

En ese momento, el Ejecutivo de Arce acusó a Morales de haber disparado contra los policías que estaban en dos vehículos durante un operativo antidroga de rutina y denunció además que sus seguidores quemaron ambos automóviles luego de sacarlos a la fuerza de una unidad militar.

EFE

El ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, enfrentará la crisis económica del país con un nuevo modelo económico basado en la liberación de exportaciones y el apoyo de “países amigos” para superar la escasez de combustibles, en un contexto de inflación acumulada del 16,92 %.

Paz plantea para su gobierno un nuevo modelo económico denominado “50/50”, basado en la redistribución fiscal, entre el nivel central de Estado, las entidades territoriales autonómicas y las universidades públicas, y busca descentralizar el manejo de los recursos públicos.

“Hoy el Estado central se queda con el 80 % de los recursos y manda el 20 % a más de 339 municipios, gobernaciones, universidades y entidades descentralizadas. Es una miseria (...) La estructura federal va a ser la solución del país, y dentro de la propuesta planteamos el 50/50, que busca descentralizar los recursos del Estado”, dijo Paz durante la campaña.

El centrista también prevé liberar las exportaciones y reconfigurar el sistema impositivo mediante un nuevo ordenamiento jurídico tributario.

Otra de las iniciativas es el “capitalismo para todos”, que consiste en fomentar los créditos baratos para la producción y el comercio, un solo impuesto por debajo del 10 % y que los aranceles se reduzcan a lo mínimo.

Crisis de combustible

Paz, quien durante la campaña se comprometió a resolver la crisis de combustibles que afecta al país desde comienzos de este año, informó este lunes que ha mantenido acercamientos con “países amigos” como EE.UU., Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar su apoyo en la solución de este problema una vez asuma la Presidencia el próximo 8 de noviembre.

Sobre la escasez de dólares, Paz ya había planteado junto a su compañero de fórmula, Edman Lara, un plan para estabilizar la divisa mediante la creación de un fondo especial.

“Lo que vamos a hacer con el dólar es jugar con el mercado. El Banco Central tendrá un rol preponderante como vigilante y dejará de emitir moneda, primero, porque el 80 % de la subvención indirecta o directa al Estado pasa por el Banco Central. La emisión de moneda nos está generando un golpe a la inflación”, explicó.

En su primera conferencia de prensa tras su victoria en la víspera, Paz también anunció este lunes que retomará la relación diplomática con EE.UU. y buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, al tiempo que prometió transparentar los acuerdos firmados por el Gobierno saliente con Rusia y China en materia de litio.

El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ganó la inédita segunda vuelta presidencial al imponerse al exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político de ideología de izquierda iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.

Por Daniela Romero, para la agencia EFE.

Rodrigo Paz Pereira, el presidente que Bolivia eligió en la segunda vuelta de este domingo, no es boliviano de nacimiento. Nació en Santiago de Compostela (Galicia), en 1967, durante uno de los exilios políticos de su padre, el expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora (1989-1993), histórico líder de izquierda que fue perseguido por las dictaduras militares de los años 60 y 70, con uno de cuyos líderes acabaría pactando para gobernar el país andino. El militar Hugo Banzer Suárez (1926-2002), mandatario de facto entre 1971 y 1978 y otrora verdugo de los compañeros de lucha de Paz Zamora, lo apoyó para que presidiera Bolivia pese a resultar tercero en las elecciones presidenciales de 1989.

De su infancia y juventud errante se acordó Paz Pereira en su primer discurso tras la publicación de los resultados que lo dieron por ganador la noche del domingo. El economista evocó con nostalgia los años en que vivió en casi todos los países de Sudamérica, mientras sus padres, Jaime Paz y Carmen Pereira, escapaban de la persecución de las dictaduras. De vuelta en Bolivia, finalizó su educación secundaria para luego titularse en Economía y Relaciones Internacionales, además de completar un máster en Gestión Política en la American University de Estados Unidos. Se casó con María Elena Urquidi, con la que tiene cuatro hijos. Afincado en la región de su familia paterna, comenzó su vida política en 2002, convirtiéndose en diputado por Tarija hasta 2010. Desde ese año hasta 2015 fue presidente del Concejo Municipal de esa misma ciudad y, a partir de 2015, su alcalde. Al finalizar ese periodo fue elegido senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Y en 2025 se lanzó a la presidencia sin generar en principio demasiadas expectativas.

Con la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y un programa de centroderecha, se apresta a jurar a la presidencia boliviana el 8 de noviembre, tras vencer en la segunda vuelta con más del 54% de votación. Pero, si bien Paz Pereira se impuso en seis de los nueve departamentos de Bolivia, perdió en tres, uno de ellos Tarija, el departamento del que es representante y de cuya ciudad capital fue alcalde. Su contrincante, el conservador de derecha Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, le ganó en su propio feudo.

Otra paradoja es que el político de 58 años asumirá la presidencia de Bolivia pese a no haber sido favorito ni en la primera ni en la segunda vuelta. En las elecciones del 17 de agosto fue primero aun cuando en las encuestas previas figuraba entre el tercer y quinto lugar. Y en la segunda vuelta del 19 de octubre salió victorioso a pesar de que los sondeos lo daban por perdedor.

Su candidato a la vicepresidencia, el expolicía y abogado Edmand Lara, quien se sumó a la fórmula a última hora, después de que el acompañante inicialmente elegido por Paz, el empresario Sebastián Careaga, se alejara del PDC para unirse a la Alianza Unidad, de Samuel Doria Medina. Popular en redes sociales por videos de TikTok en los que denunciaba hechos de corrupción en la Policía boliviana, Lara fue un actor decisivo en la recta final de la campaña para la primera vuelta, sacando provecho de su condición de outsider de la política tradicional y cautivando a sectores más populares.

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal

Aunque ha tomado distancia de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), que retuvieron el poder en Bolivia por casi 20 años de la mano de Evo Morales y el aún presidente Luis Arce, Paz Pereira acabó favoreciéndose de bolsones electorales tradicionalmente identificados con ese partido de izquierda. Hay consenso entre los analistas políticos en sentido de que los votantes leales al masismo fueron determinantes para darle la victoria al PDC. Si en la primera vuelta ganaron con el 32%, en la segunda alcanzaron el 54,6%, creciendo en un porcentaje similar al del voto nulo que instruyó Morales a sus militantes para las elecciones del 17 de agosto, pero no así para la de este 19 de octubre. El propio dirigente cocalero, inhabilitado para busca la presidencia en 2025, se atribuyó el triunfo de Paz-Lara en una conferencia posterior a la difusión de los resultados.

‘Capitalismo’ que mira a EEUU

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal, asociado a la centroderecha. No en vano, el equipo técnico del PDC sumó en las últimas semanas a Gabriel Espinoza y José Luis Lupo, dos economistas que fueron parte del entorno cercano de Doria Medina, el candidato que abanderó el programa de derecha en las elecciones del 17 de agosto. Mientras Espinoza fue jefe del equipo económico de la Alianza Unidad, Lupo, de amplia trayectoria en organismos internacionales (BID, CAF), fue candidato a la presidencia del binomio que acabó tercero en la primera vuelta.

Con el eslogan “capitalismo para todos”, el plan de gobierno del PDC lleva por nombre “Agenda 50/50: Política al servicio de la gente”. Con esa denominación ofrece, en términos generales, que el Estado central administre solo el 50% del presupuesto general del país, mientras que el restante 50 estaría en manos de los gobiernos subnacionales (departamentos y municipios) y las universidades.

Otro de sus planteamientos centrales en materia económica es el congelamiento de las actividades de las empresas públicas deficitarias y la reasignación de recursos ahorrados hacia gobiernos subnacionales. Sin embargo, no precisa cuáles serían las empresas a ser congeladas. Durante la campaña, Paz insistió que esa definición dependerá de las auditorías que se ejecuten en las reparticiones estatales.

Entre sus tareas más urgentes asoma la promesa de importar mayores volúmenes de combustibles procedentes de EEUU y de otras naciones a fin de normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel, que desde hace un año es irregular y ha reducido la capacidad productiva del sector privado.

El acercamiento a EEUU es un gesto que rompe abiertamente con el patrón de los gobiernos de Morales y Arce. “Sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es la propiedad privada, la certidumbre”, afirmó Paz en su primer discurso tras la segunda vuelta, en el que también se mostró abierto a reconducir las relaciones con Washington y recordó su compromiso para facilitar la importación de combustibles. “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, anunció, al tiempo de cuestionar que, durante los años del MAS, el país perdió “geopolítica y geoeconómicamente”.

El guiño a EEUU tuvo una respuesta casi inmediata de la administración de Donald Trump. El secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, felicitó al “presidente electo Rodrigo Paz”, saludó que su llegada al poder “inaugura una oportunidad transformativa para ambas naciones” y ofreció “poner fin a la migración ilegal, mejorar el acceso al mercado para la inversión bilateral y combatir las organizaciones transnacionales para fortalecer la seguridad regional”

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira agradeció este domingo el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia y prometió volver a “abrir” el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para “salir adelante” de la crisis en que se encuentra su nación.

Luego de conocer los resultados preliminares que le dieron el triunfo en el segunda vuelta, Paz agradeció a los presidentes que le felicitaron hasta el momento y sostuvo que “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, tras haber perdido “geopolíticamente y geoeconómicamente” ese espacio en las dos últimas décadas.

El político sostuvo que “la nueva dimensión” que busca construir “será con las manos extendidas al interior de la patria para trabajar con todos, hombres y mujeres desde el Parlamento, desde las organizaciones sociales” y otros sectores con el objetivo de “salir adelante”.

“Pero, a la vez, también hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol”, destacó Paz y agradeció el respaldo ofrecido por Estados Unidos a través del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, “para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los Gobiernos más importantes del ámbito mundial”.

El aún senador agradeció, además, a su rival en la segunda vuelta, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y a su compañero de fórmula Juan Pablo Velasco, quienes reconocieron el triunfo de Paz en el balotaje, y consideró que “no es un mensaje” para Rodrigo Paz, sino “al voto nacional”.

“Porque no es Rodrigo el que gana o el que pierde, es Bolivia la que gana a través del ejercicio democrático. Por eso, en democracia, si bien pareciera en principio que unos pierden y otros ganan, hoy día Bolivia ganó”, expresó.

Paz afirmó que el “pueblo” también eligió en estos comicios a parlamentarios de otras organizaciones políticas “que han hecho parte de una gran transformación luego de 20 años” de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible” y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.

La segunda vuelta se realizó en un contexto de crisis económica reflejado en la persistente falta de dólares, escasez de combustibles y encarecimiento de productos básicos.

EFE

Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026 gracias a la derrota de Venezuela ante Colombia.

El conjunto del altiplano llegaba a la fecha final fuera de este puesto y sin depender de sí mismo, ya que necesitaba ganar y que no lo haga la “Vinotinto”, combinación que finalmente se terminó dando.

Cuándo juega Bolivia el Repechaje

El repechaje para el Mundial de 2026 se jugará en marzo de 2026, aunque las fechas exactas aún no están confirmadas. Los partidos se disputarán en una de las tres sedes del Mundial: Estados Unidos, México o Canadá.

El novedoso formato del Repechaje

El torneo contará con un formato inédito que involucra a seis selecciones distribuidas en dos llaves. Las cuatro selecciones con el ranking FIFA más bajo se enfrentarán en una semifinal a partido único, mientras que los dos mejores equipos clasificados en el ranking pasarán directamente a la final.

Esto le da a los dos equipos mejor rankeados una ventaja considerable, ya que solo necesitarán ganar un partido para clasificar, mientras que los otros cuatro equipos deberán ganar dos encuentros para obtener uno de los dos cupos disponibles para el Mundial. Los dos vencedores de las llaves serán los que se clasifiquen.

Equipos clasificados hasta el momento

Por ahora, solo dos selecciones tienen asegurado su lugar en el repechaje: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol). Los otros cuatro cupos se completarán con un equipo de Asia, uno de África y dos de la Concacaf. No habrá selecciones europeas en esta instancia.

Bolivia consiguió un histórico ante Brasil

Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026 gracias a la derrota de Venezuela ante Colombia.

El autor del único gol del encuentro fue el delantero Miguel Terceros, quien convirtió de penal a los 49 minutos del primer tiempo.

Bolivia llegaba a este encuentro con 17 puntos y en la octava posición, por lo que estaba obligada a ganarle a Brasil y esperar a que Venezuela no superara a Colombia.

Finalmente esta combinación de resultados se terminó dando, ya que los bolivianos cumplieron con su parte, mientras que Colombia superó 6-3 a Venezuela en el que pudo haber sido tranquilamente el mejor partido en estas Eliminatorias Sudamericanas.

El próximo desafío para Bolivia será el Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara. Ahora solo resta definir cuáles serán sus rivales y, dependiendo de ellos, tendrá que ganar uno o dos partidos según el ranking FIFA que tengan los otros clasificados.

Esta histórica victoria dejó a Bolivia muy cerca de disputar su primer Mundial desde la edición de 1994, que se llevó a cabo en Estados Unidos.

El senador Rodrigo Paz Pereira (Santiago de Compostela, 1967) y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (Cochabamba, 1960) se medirán en una inédita segunda vuelta electoral en Bolivia, donde las elecciones generales de este domingo 17 borraron virtualmente del mapa político al Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de izquierda entronizado en el poder por casi 20 años en el país andino.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Rodrigo Paz dio una sorpresa mayúscula en la jornada de votación que convocó a casi ocho millones de votantes. Pese a que las encuestas lo ubicaban entre el tercer y quinto lugar, muy por debajo del empresario Samuel Doria Medina y de Quiroga, el aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se hizo con la victoria con un 32,14% de la votación, seguido por el aspirante de la alianza Libre, que obtuvo un 26,81%, según el cómputo al 95,41% del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

“Lo que queremos es reconstruir la reconciliación de la patria, la producción de la patria, queremos retomar la fuerza productiva, necesitamos estabilizar y generar gobernabilidad, y generar un cambio en la economía para que sea de la gente y no del Estado”, aseguró Paz, en declaraciones recogidas por EFE.

Con estos resultados quedó fuera de la contienda Doria Medina, favorito de las encuestas, quien, a poco de conocerse los datos del conteo oficial, ofreció su apoyo al ganador de cara al balotaje.

El 19 de octubre es la fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia para la segunda vuelta, en la que competirán Paz y Quiroga, al no haber ninguno de ellos alcanzado más del 50% de la preferencia electoral ni más del 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, tal como lo establece la ley electoral para ganar en primera vuelta.

La izquierda boliviana, representada por el senador Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular (AP), debió contentarse con un discreto cuarto lugar, al cosechar únicamente el 8,22% de los sufragios. Peor le fue al candidato oficialista (MAS), Eduardo del Castillo, que se quedó con el 3,16%, un porcentaje que apenas le alcanza para salvar al partido aún gobernante de la desaparición.

Frente al 55% con el que había vencido el actual presidente Luis Arce en las elecciones de 2020, el rendimiento de estos comicios es un golpe de realidad para un proyecto político fracturado por las tensiones internas entre Arce y el expresidente Evo Morales, y desprestigiado por el malestar social ante una aguda crisis económica que se expresa en una inflación galopante y la escasez de combustibles.

Morales, histórico dirigente del MAS, fue inhabilitado constitucionalmente para participar en esta elección, tras cuestionados fallos legales que observaron sus consecutivas reelecciones entre 2005 y 2019. Peleado a muerte con Arce y decepcionado de Andrónico, llamado a ser su heredero político, el exmandatario promovió el voto nulo entre sus militantes, principalmente concentrados en el Trópico de Cochabamba, la región en la que vive refugiado y asediado por órdenes judiciales para detenerlo.

Tan contundente ha sido el rechazo del “evismo” hacia Andrónico, que este fue apedreado poco después de emitir su voto, en la población cocalera de Entre Ríos.

“Enceguecidos por el poder, emprendieron una batalla incesante en nuestra contra, como si fuésemos enemigos mortales, olvidándose de los verdaderos adversarios políticos o, más bien, abriendo camino para ellos”, criticó Rodríguez.

Aunque los datos del Sirepre no los consignan, los votos nulos alcanzaron un 17,5% de la votación, mientras que los blancos registraron un 2,7%, según el conteo rápido difundido por la cadena de televisión Unitel, encargado a la empresa encuestadora Ipsos Ciesmori.

Un duelo de derechas

Si bien las encuestas apuntaban a una segunda vuelta entre candidatos de derecha, no previeron que en esta se metería Paz Pereira; menos aún que Doria Medina quedaría fuera de la disputa final. Quiroga es el único candidato con el que acertaron, al anticipar su presencia en el balotaje.

La victoria de Paz ha dejado atónitos a gran parte de los actores políticos y analistas que siguieron de cerca este proceso. La primera interpretación de su éxito es que el candidato del PDC supo capitalizar los “votos residuales” (indecisos, nulos y blancos) que aparecían en las encuestas.

En un comentario publicado a poco de difundirse los resultados, el sociólogo Ricardo Alonzo Fernández dijo que los encuestas volvieron a equivocarse en sus proyecciones, pero también los análisis que veían en Andrónico un beneficiario más probable de las preferencias invisibilizadas por los estudios de opinión. “En este caso, el voto oculto (al que no llegan las encuestadoras), el sesgo histórico y los indecisos en su gran parte se fueron a Rodrigo Paz, algo inédito, que nadie bajo el nivel de incertidumbre que se tenía podía acertar”, escribió el investigador, doctorando en Estadística de la Universidad de Granada.

En un sentido similar, el docente y analista Óscar Gracia Landaeta reconoció que, hasta hace algunos días, era impensable depararle al aspirante del PDC un lugar tan privilegiado como el que finalmente consiguió este domingo. Incluso su filiación con la derecha más tradicional resulta compleja, advierte Gracia, pues sus credenciales políticas son tan inciertas como su plan de gobierno.

Aun así, su triunfo en la votación de este domingo es, para Gracia, un indicador concluyente del fin del ciclo hegemónico de la izquierda en Bolivia, que de la mano del MAS viene gobernando el país desde 2006 con apenas una interrupción de un año (2019-2020). Pero, también, lo ve como un “voto castigo” contra toda la clase política tradicional boliviana. “Parece ser un voto castigo a todo aquello marcado como relativamente tradicional en esta elección, es decir, actores y partidos que estaban asociados al pasado político de Bolivia”, explica. “Un candidato relativamente nuevo se ha favorecido enormemente del hartazgo de la gente”.

El resultado de Quiroga era más previsible: representa al electorado abiertamente más contrario a las gestiones del MAS y a los proyectos de izquierda dentro y fuera de Bolivia.

La victoria de la derecha también se expresa en los números preliminares que arroja la elección de senadores y diputados. Además de presidente y vicepresidente, en estas elecciones se votó para recomponer la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), integrada por 175 parlamentarios, entre senadores, diputados y representantes supraestatales.

Siguiendo los datos del Sirepre, el PDC de Paz ganó la elección en cinco departamentos, Libre de Quiroga en dos y Unidad de Doria Medina en dos. Esa distribución le daría al partido ganador de la primera vuelta 15 de 36 senadores, al segundo 12, al tercero ocho y a Súmate, de Manfred Reyes Villa, 1. Estos cuatro partidos son de derecha.

La presencia de la izquierda apenas asoma en la Cámara de Diputados, donde la AP de Andrónico tendría 5 representantes y el MAS 1. Por el lado de la derecha, las estimaciones prevén que el PDC sumaría 45, Libre 37, Unidad 28 y Súmate 6. Otros 8 aún estarían por definirse.

Estos números confirman una mayoría legislativa abrumadora de la derecha como no ocurría en Bolivia desde 2002, la última vez que ganó un candidato conservador, Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los resultados con los que se cerraron la jornada de votación corresponden al Sirepre y a algunas encuestadoras privadas. Los datos del cómputo oficial serán dados a conocer en las siguientes horas. Sin embargo, las proyecciones advierten que no habría mayores variaciones ni sorpresas. La segunda vuelta está servida para Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, el 19 de octubre. El ganador asumirá la presidencia el 8 de noviembre.

En el marco de las elecciones presidenciales que se desarrollan este domingo en Bolivia, el funcionario electoral Óscar Hassenteufel manifestó en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz que la apertura de las más de 34.000 mesas de sufragio habilitadas en el país se realizó en términos generales “sin mayores dificultades”, con la activa participación de jurados y ciudadanos.

“La jornada se desarrolla con normalidad, con una alta concurrencia y entusiasmo de los electores. Hemos recibido reportes de algunos incidentes menores, pero ninguno de ellos altera el curso del proceso”, afirmó.

“La jornada transcurre de manera tranquila y esperamos que continúe así. Hacemos un llamado a todos los bolivianos y bolivianas que aún no se hayan acercado a sus centros de votación para que lo hagan durante el resto del día”, exhortó el presidente del TSE.

Más de 7,9 millones de ciudadanos están habilitados para elegir en Bolivia presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supra-estatales.

La Asamblea Legislativa Plurinacional renovará 36 escaños en el Senado y 130 en la Cámara de Diputados, además de nueve delegados ante organismos internacionales.

El padrón electoral en Bolivia refleja la importancia de las nuevas generaciones con el 23 por ciento de los ciudadanos de menos de 30 años de edad y más de la mitad que no supera los 40 años.

La concentración urbana también resulta clave, ya que el 74 por ciento de los electores reside en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que se perfilan como decisivas para inclinar la balanza electoral.

El TSE habilitó 34.026 mesas de sufragio en 5.727 recintos del territorio nacional, al tiempo que las mesas permanecerán abiertas hasta las 16:00 hora local (20:00 GMT), aunque quienes permanezcan en fila al cierre de la jornada podrán ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo en Bolivia cuentan con la observación de misiones internacionales como de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras, que han desplegado representantes en las regiones del país para supervisar el proceso.

MU con información de la agencia NA

La salida de Eva Copa de la contienda electoral en Bolivia no sólo reconfigura el mapa político rumbo a los comicios del 17 de agosto, sino que confirma una elección sin candidatas mujeres a la Presidencia, algo que no ocurría desde 2009. Copa, dirigente del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y alcaldesa de El Alto, denunció “acoso político” y apuntó contra ataques sistemáticos dirigidos a su equipo por su condición de mujeres. “He sido un blanco de ataque por parte de todos”, sostuvo.

En diálogo con el periodista John Arandia, Copa explicó que Morena decidió no participar en estas elecciones debido a la “instigación interna” y las “difamaciones” sufridas por su espacio político, liderado en gran parte por mujeres. Aunque todavía no formalizaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el retiro de la candidatura, la vocalía del organismo ya anticipó que, una vez recibida la nota formal, la Sala Plena evaluará si acepta la renuncia o si corresponde alguna sanción.

Copa figuraba última en las encuestas, con apenas poco más del 1% de intención de voto. Pero su baja es un retroceso simbólico para la representación política femenina, en un país que, según la Coordinadora de la Mujer, tendrá en 2025 la menor participación de mujeres en binomios presidenciales en más de una década. La única figura femenina que continúa en carrera es Mariana Prado, exministra de Planificación de Evo Morales, que acompaña como candidata a la vicepresidencia al senador Andrónico Rodríguez por la alianza Popular.

Con la salida de Morena, quedan ocho organizaciones políticas compitiendo por la presidencia, vicepresidencia y los escaños parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son 7,9 millones los bolivianos habilitados para votar, tanto en el país como en el exterior –incluyendo más de 300.000 residentes fuera de Bolivia, de los cuales 7.000 están registrados en Jujuy, en nuestro país–.

El MAS, dividido y en declive

La retirada de Copa se da en un contexto de crisis estructural en el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que dominó Bolivia durante casi dos décadas bajo el liderazgo de Evo Morales. Hoy, el MAS enfrenta su elección más difícil, con una interna desgastada y sin una figura cohesionadora.

El presidente Luis Arce intentó sin éxito reagrupar a la izquierda, proponiendo un frente único que incluya a los distintos candidatos del espacio, incluso a delegados de Morales. La respuesta fue el silencio. Rodríguez, Del Castillo y la propia Copa desoyeron el llamado. Desde el entorno de Rodríguez acusaron al oficialismo de solo querer “salvar al MAS”. Morales, por su parte, no sólo cuestionó la convocatoria, sino que lanzó ataques contra Arce y Rodríguez: “Para mí, Lucho ni Andrónico son de izquierda”.

La fractura se tradujo también en las estrategias electorales: el exmandatario impulsa el voto nulo, instando a sus bases a escribir “Evo Presidente” en las papeletas. La medida es simbólica, pero refleja el nivel de ruptura. Morales fue inhabilitado por haber ejercido tres mandatos, límite establecido por la Constitución. Sin partido propio ni respaldo judicial, su peso político quedó reducido a un factor de disrupción, que incluso puede restar votos a los candidatos de izquierda.

La oposición, al frente

Las encuestas posicionan al empresario Samuel Doria Medina (Unidad) y al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) como favoritos, con 24% y 22% de intención de voto, respectivamente. Ambos son figuras de centro-derecha y proponen reformas económicas orientadas al mercado, reducción del Estado y negociación con el FMI.

Andrónico Rodríguez, con 14%, es el único representante de izquierda con chances, aunque enfrenta el rechazo de Morales y el aislamiento dentro del MAS. Del Castillo, el candidato oficialista, y Eva Copa –antes de bajarse– no superaban el 2% en los sondeos.

De mantenerse estas tendencias, el MAS quedaría fuera de un eventual balotaje previsto para el 19 de octubre. Sería la primera vez desde 2005 que el partido fundado por Morales no compite por la Presidencia en segunda vuelta.

Economía en crisis, eje de la campaña

El telón de fondo es una crisis económica aguda. Bolivia enfrenta la mayor inflación en 40 años, escasez de combustible y divisas, y aumentos sostenidos en los precios de los alimentos. En junio, las protestas y bloqueos dejaron dos muertos. La situación impacta de lleno en la campaña.

Doria Medina y Quiroga promueven una apertura económica, mientras Rodríguez se mantiene dentro del paradigma estatal pero propone eficiencia. Del Castillo defiende el rol del Estado, pero su debilidad en los sondeos lo excluye del debate central. El modelo económico del MAS, basado en nacionalizaciones y fuerte gasto público, parece haber agotado su ciclo. Incluso sectores que antes respaldaban a Morales hoy piden un giro.

Observación internacional y tensiones previas

Más de 100 observadores internacionales, liderados por la Unión Europea, supervisarán los comicios. La UE ya desplegó 32 veedores de largo plazo y enviará 50 más para la semana de la elección. El TSE ratificó que la fecha de votación es inamovible.

Pese a las amenazas de los sectores afines a Morales de boicotear las elecciones si no se lo habilita como candidato, el proceso avanza. Los bloqueos en junio no lograron revertir la inhabilitación y el llamado al voto nulo aparece más como una protesta interna que como una amenaza concreta al proceso electoral.

El 17 de agosto podría marcar el fin del ciclo hegemónico del MAS en Bolivia. El partido llega dividido, sin liderazgo claro y con sus principales figuras enfrentadas. La retirada de Eva Copa agrava la crisis de representatividad femenina y confirma la soledad política de un espacio que durante años se proclamó revolucionario.

Del otro lado, la oposición aparece fortalecida, aunque con desafíos propios. La incertidumbre sobre el balotaje y el alto grado de indecisión marcan una elección donde todo está en juego. Bolivia enfrenta una encrucijada política y económica que podría abrir paso a una nueva etapa.

Sin conexión con el partido de gobierno de México

El partido Morena de Bolivia no tiene ninguna relación orgánica ni institucional con el Morena de México fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Coinciden en el nombre —Movimiento de Renovación Nacional en Bolivia y Movimiento Regeneración Nacional en México—, pero son espacios políticos completamente distintos, creados en contextos diferentes, con historias, liderazgos e ideologías que no están formalmente conectadas.

En Bolivia, Morena es un partido menor, sin trayectoria nacional consolidada, que hasta ahora tenía como figura visible a Eva Copa, exsenadora del MAS y actual alcaldesa de El Alto. Su línea política es de centroizquierda, pero sin la estructura ni el peso electoral del Morena mexicano.

En México, en cambio, Morena es el partido de gobierno, creado por AMLO en 2014, que desde 2018 domina la política nacional con mayoría en el Congreso y varios gobiernos estatales.

Es posible que el nombre haya sido elegido en Bolivia por inspiración o simpatía hacia el proyecto mexicano, pero no hay vínculo directo entre ambos. No hay cooperación, ni alianzas, ni coordinación política entre los dos partidos. Solo comparten sigla y una retórica general de renovación, pero no forman parte de un mismo movimiento latinoamericano.

JJD, con información de EFE.

El próximo 17 de agosto, Bolivia celebrará elecciones generales en las que 7,9 millones de ciudadanos están habilitados para votar y renovar presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores. Estos comicios podrían marcar un punto de inflexión histórico: según las encuestas, por primera vez en 20 años, el oficialismo de izquierda –el Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales– enfrentaría una derrota electoral, abriendo paso a la alternancia en el poder.

Durante casi dos décadas (2006-2019), Morales y el MAS dominaron la política boliviana. Pero la actual crisis económica, sumada a una dura división interna, erosionaron ese respaldo. Bolivia enfrenta escasez de combustible, falta de divisas, la mayor inflación en cuarenta años y subas marcadas en el precio de los alimentos. En las últimas semanas, hubo bloqueos y protestas que dejaron incluso dos muertos, reflejo de la tensión con la que el país llega a las urnas.

La fractura del MAS y el llamado al voto nulo

Gobierna actualmente Luis Arce, del MAS, pero su partido llega fracturado. Evo Morales, quien fue presidente entre 2006 y 2019, intentó volver a postularse pero fue inhabilitado por la Justicia, que recordó que ya había cumplido tres mandatos, superando el límite constitucional.

Tras quedar fuera de la carrera, Morales perdió también el control del partido que lideró por casi tres décadas. No logró formar alianza ni colocar candidatos legislativos. Lejos de apoyar a otro postulante, lanzó una campaña para que sus bases anulen el voto, escribiendo “Evo Presidente” en la papeleta. Se trata de una protesta simbólica para cuestionar la legitimidad del proceso y, a la vez, castigar a los candidatos surgidos del MAS.

Tres de los nueve aspirantes presidenciales fueron aliados suyos: Eva Copa (alcaldesa de El Alto), Eduardo Del Castillo (exministro de Arce y candidato oficial del MAS) y Andrónico Rodríguez (presidente del Senado). Morales no apoya a ninguno. A Rodríguez, incluso, lo tilda de “traidor”. El llamado al voto nulo es leído como un voto castigo directo hacia él.

Por su parte, Arce intentó evitar la derrota convocando a un bloque único de izquierda, con un mensaje urgente: “La unidad ahora o la derrota mañana”. El presidente del MAS formalizó la invitación a Rodríguez, Copa, Del Castillo y hasta a enviados de Evo Morales para una reunión clave a realizarse este jueves.

Pero nadie aceptó. La ruptura es total. Desde el entorno de Rodríguez acusaron al oficialismo de querer “salvar al MAS”, mientras Morales descalificó directamente a Arce y a su exprotegido: “Para mí, Lucho ni Andrónico son de izquierda”. El MAS, partido hegemónico durante años, llega dividido, sin candidato competitivo y sin apoyo popular cohesionado.

Los principales candidatos y el mapa electoral

Son diez los binomios inscriptos, pero las encuestas muestran que la disputa se concentra en tres nombres: dos opositores de centro-derecha que lideran los sondeos y un tercero, de izquierda disidente, que corre desde atrás.

Más abajo figuran Eva Copa, con menos del 2%, y Eduardo Del Castillo, candidato del MAS, también con menos del 2%, a pesar de contar con el aparato partidario y el respaldo del presidente.

La fragmentación de la izquierda deja el escenario abierto para un eventual balotaje entre Doria Medina y Quiroga, previsto para el 19 de octubre, si ningún candidato alcanza el 50% o al menos el 40% con 10 puntos de diferencia.

La economía, eje de la campaña

La crisis económica es el gran telón de fondo. Bolivia enfrenta déficit fiscal, caída de reservas, inflación, escasez de divisas y combustibles. Las propuestas de los candidatos giran en torno a cómo resolver esta situación.

Doria Medina y Quiroga plantean ajustes pro mercado, diálogo con el FMI y reducción del Estado. Andrónico Rodríguez propone mantener el rol estatal pero con eficiencia, y Copa defiende subsidios focalizados. Del Castillo insiste en que “la economía sin Estado no se puede concebir”, pero su debilidad en las encuestas lo deja fuera del debate principal.

El desgaste del “modelo MAS”, basado en nacionalizaciones y gasto público alto, parece haber llegado a un límite. Incluso sectores que antes apoyaban a Morales hoy reclaman un cambio de rumbo económico.

Habrá más de 100 observadores internacionales, encabezados por la Unión Europea, que desplegó 32 veedores de largo plazo y enviará 50 más en la semana de la votación. Es la sexta vez que la UE supervisa comicios bolivianos.

En el exterior, más de 300.000 bolivianos están habilitados para votar, incluyendo unos 7.000 solo en la provincia argentina de Jujuy, donde funcionarán centros en San Salvador, Perico y San Pedro. Las autoridades ratificaron que la fecha de votación es inamovible.

¿El fin de un ciclo?

Si las tendencias se confirman, el MAS quedaría fuera de la segunda vuelta, algo impensado hasta hace pocos años. La figura de Evo Morales, otrora todopoderosa, quedó reducida a un factor de disrupción. El partido que condujo la “revolución democrática y cultural” en Bolivia durante dos décadas, se presenta ahora sin un líder claro, fragmentado y en retroceso.

La oposición, que en elecciones anteriores llegaba dispersa y debilitada, aparece hoy fortalecida. Falta ver si, en caso de balotaje, logra mantener la ventaja frente a un electorado aún con alto grado de indecisión.

La izquierda llega dividida. El MAS, debilitado. La oposición, expectante. Y los bolivianos, convocados una vez más a decidir el rumbo de su país en un escenario marcado por el desencanto, la crisis y la posibilidad concreta de un cambio de era.

JJD

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) dijo este domingo que si la derecha regresa al Gobierno de Bolivia en las próximas elecciones generales “eliminará el Estado Plurinacional” con el fin de que “el movimiento campesino no tenga representación” en el Legislativo.

“Si la derecha llega tal como está, primero va a eliminar el Estado Plurinacional (...) y no es una pequeña cosa, ya tienen ellos un plan, es el plan del imperio”, manifestó Morales en su programa dominical de la radio Kawsachun Coca, afín al expresidente.

Según Morales, los nueve postulantes plantean “de frente” la privatización de empresas públicas y la capitalización “del imperio” que no beneficia “al pueblo”.

“No hay partido de izquierda en este momento”, aseguró el exgobernante.

El Estado Plurinacional nació en 2009, durante el Gobierno de Morales, cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado (CPE), donde se reconoce en Bolivia la diversidad cultural y étnica del país.

Por tanto, un Estado Plurinacional es una forma de organización estatal donde coexisten diversas naciones o pueblos dentro de un mismo territorio, con el reconocimiento de sus identidades culturales, derechos y participación política.

Morales, que gobernó Bolivia en tres periodos, insiste en ser candidato pese a que el Tribunal Constitucional ratificó recientemente que la reelección presidencial es por una sola vez de forma continua y sin posibilidad de un tercer mandato.

Sus seguidores bloquearon carreteras durante dos semanas en junio para forzar la inscripción de su candidatura con un partido que no está habilitado para estas elecciones.

El expresidente, que renunció a su militancia en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras perder el liderazgo, busca crear un nuevo partido político, Evo Pueblo, aunque todavía no ha iniciado el trámite para obtener su personalidad jurídica.

El MAS tenía previsto inicialmente que el presidente Luis Arce buscara la reelección, pero el mandatario renunció en mayo a esa intención, tras lo que el partido gubernamental designó al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo como su candidato.

El partido oficialista se fragmentó por la pelea entre Morales y Arce por el control del MAS, la forma de administrar el Gobierno y la candidatura oficialista para las elecciones del próximo agosto, a lo que se sumó la decisión del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de postularse por su cuenta.

MU con información de la agencia EFE

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó su “más enérgico repudio a los comentarios ofensivos” de Javier Milei, que impactaron en el país vecino como una “intromisión a la soberanía y la dignidad nacional”, según reflejó un medio internacional.

“Producto de políticas socialistas escondidas bajo un nacionalismo meramente retórico, muchos de esos países terminaron destrozados (...), como Bolivia, que también ha encontrado el límite material de su modelo socialista y paulatinamente se está deteriorando”, es una de las frases que impactó con potencia en el vecino Estado Plurinacional.

La Cancillería contestó: “Es paradójico que quienes emiten calificativos sobre otros países omitan referirse a las profundas crisis sociales, la creciente desigualdad y la violencia institucional que existen en sus propios territorios”.

“Frente a la ofensiva discursiva que promueve la descalificación y la confrontación, reafirmamos el compromiso del Estado Plurinacional con un modelo político y económico que ha sido elegido soberanamente, que ha demostrado que genera excedentes y distribuye riqueza para beneficio de las inmensas mayorías y que busca construir justicia social con dignidad”, destacó en redes sociales la Cancillería.

Las palabras de Milei también repercutieron entre las organizaciones sociales bolivianas, de acuerdo con un reporte de Sputnik News firmado por Sebastián Ochoa.

Adalberto Ticona, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) analizó que el presidente de la Argentina “siente odio de que los pobres puedan tomar decisiones y ejerzan su derecho a decidir el destino de su país”.

Para Ticona, las declaraciones de Milei constituyen “una intromisión a la soberanía y a la dignidad nacional”.

“Nada tiene que opinar ni fundamentar respecto al modelo económico y el sistema político de un país. La soberanía de un país se respeta”, enfatizó.

El informe del medio ruso también recordó que el Ministerio de Seguridad argentino anunció la construcción de una cerca entre ambos países, que finalmente quedó en un alambrado de 200 metros entre las localidades de Bermejo (Bolivia) y Aguas Blancas (Argentina).

MU con información de la agencia NA

Las autoridades bolivianas investigan una red de caza de animales silvestres comandada desde Argentina que ofrecía expediciones en Brasil y Paraguay para aficionados a esa práctica, principalmente españoles y estadounidenses, con tarifas que podían costar hasta 50.000 dólares por un ejemplar de jaguar.

La voz de alerta en Bolivia la dio el guardaparque Marcos Uzquiano, a raíz de su participación en un evento internacional en Brasil y que derivó en que, a mediados de diciembre, él junto al abogado ambientalista Rodrigo Herrera y la agrupación animalista 'Llanto del Jaguar' presenten una denuncia penal.

Uzquiano dijo a EFE que muchos de los participantes en esas expediciones llegaban a pagar “entre 10.000 dólares hasta 50.000 dólares por espécimen de jaguar”, para ya muertos someterlos a técnicas de taxidermia o disecado.

El punto de origen fue una investigación en Argentina que reveló los nexos de Jorge Néstor Noya, propietario de la empresa 'Caza & Safaris Argentina', quien se dedicaba a la oferta de circuitos y expediciones para cazar animales silvestres.

El caso fue investigado por la revista boliviana Nómadas, que informó que actualmente Noya guarda detención domiciliaria en Buenos Aires acusado por provisión ilegal de armas, asociación ilícita y depredación de fauna silvestre, por el negocio que realizó desde la década 1980 y que incluso se amplió hasta algunos países africanos.

Uzquiano explicó que la denuncia penal en Bolivia es por biocidio, con una pena de hasta 10 años de prisión si es contra animales silvestres en áreas protegidas, que espera sirva “para visibilizar el tema” y que llamar la atención de las autoridades locales.

Este guardaparque viene de ganar una batalla legal después de que el destituido director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) Johnson Jiménez ordenó su despido, por lo que Uzquiano presentó un recurso ante la Justicia con el que logró su reincorporación.

“Cazaban lo que querían”

El abogado Rodrigo Herrera, quien dirige la Asociación Legal Justicia Ambiental en Bolivia, relató a EFE que Noya ofrecía en internet el servicio de cacería, pero que “dentro de los círculos de cazadores ilegales” se sabía que habían paquetes de caza de jaguares.

La oferta en Bolivia se hacía dentro del Área Natural de Manejo Integrado San Matías, una zona protegida situada en el departamento de Santa Cruz (este), en la frontera con Brasil.

“Tenemos las confirmaciones sobre el récord migratorio de Noya, que se ha desplazado a Bolivia en 25 oportunidades. Utilizaba avionetas pequeñas para desplazarse desde Brasil y Argentina hasta Bolivia para no cumplir con las normas migratorias”, explicó Herrera.

Inclusive el dueño de 'Caza & Safaris Argentina' contaba con “operarios” bolivianos con los que aprovisionaba a sus clientes mayormente españoles y estadounidenses con “material de caza, armas, municiones y todo lo que se necesitaba”, agregó.

Herrera afirmó que se trata de “un caso grotesco” y que se tiene certeza que también involucra a personas de “importancia económica y política” en Bolivia, cuyos nombres evitó mencionar.

Por su parte, Uzquiano mencionó que “no solamente venían a cazar jaguares, sino que se daba a entender que podían tener todo lo que ellos querían, no solo jaguares, monos. Cada animal tenía su precio”, apuntó.

El tarifario incluía felinos como tigrillos y pumas, caimanes, anacondas, ciervos, tapires y cerdos de monte, entre otras especies que suelen poblar la selva amazónica y el chaco boliviano.

Los denunciantes coincidieron en que no se puede establecer un número exacto de animales o de especies afectadas, aunque durante las acciones de investigación en Argentina se incautaron casi 8.000 piezas de taxidermia.

Además, indicaron que el proceso penal en Bolivia se va a exigir “la sanción para todas las personas” que participaron y colaboraron con Noya y 'Caza & Safaris Argentina' además de pedir su extradición.

MM con información de la agencia NA.

Desde que a comienzoos de diciembre pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que la Prefectura Naval Argentina (PNA) patrullaría por primera vez las aguas del Río Bermejo, que hasta ahora había sido controlado exclusivamente por la Policía de Bolivia, la tensión con el Gobierno de Luis Arce escala día a día, más aun después de que el interventor de Agus Blancas, Adrián Zigarán, confirmara que el mandatario salteño, junto al Ejecutivo Nacional, tomaron la decisión de avanzar en la construcción de un alambrado divisorio de 200 metros en la frontera con Bolivia.

Ahora, Zigarán, lejos de buscar poner paños fríos en la relación con Bolivia, aseguró que la gestión de Arce “flasheó Donald Trump” y fue más allá: “Nos llenan de toneladas de cocaína todos los días y por más que dialogues, o no, no hacen nada. Que se alteren por un alambrado de 200 metros es ridículo”, dijo en declaraciones a Futuröck.

Según el interventor del municipio salteño, “hace un mes Bolivia, por una cuestión de que se le disparaban precios internos, desplegó fuerzas militares y militarizaron dos días la frontera”. Y agregó: “Lo que ellos hagan de su lado no interfiere con lo que nosotros hagamos en el nuestro”.

Desde el Gobierno salteño, explicaron que el alambrado de 200 metros iría desde la terminal de buses hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas, en la población de Aguas Blancas, fronteriza con Bolivia.

“Es un punto al que la gente llegaba, era un punto de reunión, de encuentro, ya sea por taxi, colectivo y de ahí saltaban un muro, que es de protección por las inundaciones que genera el (río) Bermejo; y la gente salía caminando e iba para las chalanas, o sea, desde el puesto de Migraciones”, explicó Zigarán.

Asimismo, aseguran que el plan “es generar un cerrojo en forma de L, donde gendarmes y militares de la Prefectura Naval eviten que las personas circulen hacia el sur de la Terminal; obligándolas a recorrer el perímetro del alambrado hacía las oficinas de Migraciones”.

Por su parte, Bullrich está my activa en sus redes sociales y apunta con frecuentes posteos al Gobierno de Bolivia: “PLAN GÜEMES: CON LA NUEVA CERCA, ESTO SE TERMINA. ¡207 KILOS DE COCAÍNA, INCAUTADOS Y AFUERA! Orán, Salta, era tierra de nadie, un lugar donde el narcotráfico pisaba fuerte. PERO YA NO. Gendarmería volvió a marcar el camino: interceptó una camioneta cargada con 207 KILOS DE COCAÍNA. Los narcos intentaron escapar, pero no hubo maniobra que los salvara. La droga no llegará a las calles. Se incauta, se quema”, escribió horas atrás.

Horas después, la funcionaria publicó un video donde volvió a defender el cerco de 200 metros en la frontera con Bolivia:

El reclamo y las dudas de Bolivia

“Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano a través de un comunicado el pasado domingo.

En tanto, el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, afirmó este martes que la historia ha demostrado que “todos los muros caen”, en alusión al anuncio del Ejecutivo de Argentina de que levantará un alambrado de 200 metros en una localidad en la frontera entre ambos países.

Consultado por los medios bolivianos sobre la valla que instalará el Gobierno de Javier Milei en la población argentina de Aguas Blancas, Del Castillo recordó que la frontera entre Argentina y Bolivia consta de unos 742 kilómetros.

“Estos 200 metros (de valla) no responden ni al 0,026 % y la historia nos ha enseñado que tarde o temprano, todos los muros se caen”, afirmó.

La Cancillería boliviana expresó en un comunicado su “preocupación” ante el anuncio e indicó que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano también anunció que solicitará a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema “para emprender las acciones que correspondan”.

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, consideró que su país no tiene por qué dar explicaciones a Bolivia y tildó de “cómico” el comunicado del ministerio boliviano.

“Nosotros podemos explicar en tanto y en cuanto estemos invadiendo su frontera o el país, pero no se está haciendo eso. Este alambrado solo está ocupando el tejido municipal de Aguas Blancas”, manifestó.

El presidente de la Comisión de Política Internacional del Senado, el oficialista Félix Ajpi, señaló en la víspera que buscará una reunión con la canciller boliviana, Celinda Sosa, para expresarle su preocupación por el anuncio argentino porque “esto no es un comportamiento de buena vecindad entre países amigos”.

El parlamentario lamentó que pareciera que “hay una línea que está dando” el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “para trabajar de una manera discriminatoria contra el migrante”.

Con información de agencias.

IG

Cabezas y pieles de jaguares en exhibición, una pata de elefante vaciada y convertida en paragüero, esqueletos y cuernos de mamíferos. Las autoridades argentinas encontraron unas 8.000 partes de animales tras allanar en agosto de 2024 propiedades de la empresa Caza & Safari, de Jorge Noya, un reconocido cazador en la escena global.

“Quienes estaban detrás de esto se jactaban de tener una empresa de más de 40 años para cazar en Argentina y en países limítrofes”, dice a Mongabay Latam una fuente cercana al caso. Gran parte de los clientes eran de Estados Unidos y Europa, de acuerdo con Emiliano Villegas, coordinador de fauna del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental, un organismo de la Subsecretaría de Ambiente de Argentina.

En los allanamientos también encontraron un puma (Puma concolor) vivo encerrado en un tanque metálico y cinco pecaríes de collar (Dicotyles tajacu) en un establo. “Estaban haciendo fusilar a animales en situación de cautiverio”, sostiene Villegas.

Se ha dicho que este es el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina, pero se trataría de una red de crimen organizado transnacional. A inicios de 2025 salió a la luz que Noya también sería responsable de la caza de al menos cinco jaguares en Bolivia, también llamados yaguaretés en Argentina. No habría actuado solo y eso es lo que las autoridades de ambos países buscan demostrar.

La operación era explícita

La empresa funciona desde 1979, según su website. En la página, que todavía sigue activa, se publicita abiertamente la caza de pumas (Puma concolor), capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), pecaríes de labio blanco (Tayassu pecari) y corzuelas (Mazama gouazoubira), especies cuya caza está prohibida en Buenos Aires y Santiago del Estero, las provincias en las que operaba la empresa.

En el sitio web se muestran imágenes del hospedaje para los turistas cazadores en los que se observan cabezas de jaguares (Panthera onca) en las paredes. La cacería del gran felino americano está prohibida en Argentina y países de la región, de acuerdo con una fuente cercana al caso.

“Supongamos que hayan cazado jaguares en Argentina, donde tenemos una población en estado crítico de extinción. La mayoría de los informes dice que no hay más de 250 ejemplares, por lo que la caza implica un daño inconmensurable”, afirma Villegas.

También se promociona durante todo el año la caza de especies permitidas sólo en ciertas temporadas. Casi todas son introducidas, como los ciervos colorados, el búfalo de agua, los carneros o los chivos.

Además, se impulsa el envío de los “trofeos de caza”, es decir, los cuerpos completos o sus partes preservadas, a los clientes extranjeros, a pesar de que el tránsito, la exportación y la importación de partes de animales autóctonos están prohibidos en Argentina desde 2022.

La empresa ofrecía paquetes turísticos que incluían el servicio completo: se recogía a los visitantes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se los llevaba a los lodges. Uno de ellos estaba en Dolores, provincia de Buenos Aires, y los otros dos en Santo Domingo y Guampacha, provincia de Santiago del Estero, en el Gran Chaco argentino. Una vez en el hospedaje, la alimentación estaba cubierta así como el acceso a armas y municiones.

Siete presuntos responsables identificados en Argentina

El caso comenzó cuando la organización no gubernamental Freeland, que trabaja para combatir el tráfico de vida silvestre, presentó una denuncia contra Caza & Safari.

Miembros de Freeland, que prefieren no ser citados por seguridad, atribuyen los hechos a una “posible desconexión entre la ley federal y la ley de las provincias”. Reconocen que “la corrupción es el denominador común” en los casos de tráfico y que “se podría asumir que las autoridades provinciales brindan algún tipo de protección a estas organizaciones”. Sin embargo, “no es tan fácil culpar a todos los oficiales que tienen el deber de controlar a los cotos de caza”.

La Fiscalía Federal número 1, a cargo de Sergio Mola, y el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, investigaron los hechos durante aproximadamente ocho meses, con el apoyo de la Policía Federal Argentina y del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental.

Después, se llevaron a cabo los allanamientos y la confiscación de los elementos probatorios, entre ellos, animales vivos, armas, municiones, memorias extraíbles y vehículos de alta gama. Además, se confiscaron unas 8.000 partes de animales, entre cráneos, cuernos, pieles y garras. “Los bienes secuestrados suman cerca de 50 millones de dólares”, calcula Villegas.

Las autoridades argentinas detuvieron a siete supuestos responsables: Noya, supuesta cabeza de la operación; otro hombre, encargado de la exportación de las partes de animales; un socio de Noya; un taxidermista; un hombre dedicado a captar clientes extranjeros a través de redes sociales, y dos guías de caza.

Mongabay Latam se comunicó con el abogado de Noya en Buenos Aires, Diego Storto, quien sólo respondió que se encontraba de vacaciones y declinó responder preguntas o facilitar un contacto del empresario para conocer su versión de los hechos. Este medio también intentó comunicarse con Noya en sus domicilios declarados ante las autoridades argentinas pero los números de teléfono están fuera de servicio.

Los presuntos responsables estuvieron en prisión preventiva durante dos meses. El juzgado concedió prisión domiciliaria a Noya, por ser mayor de 70 años, y ordenó que los otros implicados continúen el proceso en libertad, aunque les retiró los pasaportes para evitar que salgan del país..

Más que supuestos delitos en contra de la fauna

Las autoridades han atribuido a los responsables una serie de delitos, según detallan Villegas y la fuente cercana al caso. En primer lugar, están los delitos en contra de la fauna silvestre, específicamente de especies protegidas por las leyes nacionales y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el jaguar y el pecarí labiado. Estos delitos son penados con hasta tres años de prisión.

“Los delitos de fauna son muy leves en Argentina”, reconoce la fuente cercana al caso y consultada por Mongabay Latam. “Por eso es importante fortalecer estas investigaciones, no quedándose solamente con los delitos de fauna, sino investigar y juzgar los delitos que están aparejados a la caza ilegal”, agrega.

Los dos cotos de caza de Santiago del Estero no tenían autorización para realizar cacería. Pero incluso en el que sí tenía el permiso vigente, el de Buenos Aires, se realizaban actividades ilegales. Los turistas no contaban con licencias de caza ni tenían permiso para portar armas. Este último configura un delito con pena de tres a cuatro años de cárcel en Argentina. Además, se usaban silenciadores e infrarrojos, ambos prohibidos para estas actividades.

La taxidermización de los animales cazados y de sus partes se hacía en laboratorios presuntamente ilegales. “Después los sacaban de nuestro país, no sabemos todavía de qué manera”, dice la fuente cercana al caso.

Las autoridades buscan probar principalmente la asociación ilícita, pues con eso se podría asegurar que los responsables reciban sentencias de entre tres y diez años de prisión. Este es un tipo penal que consiste en la asociación de tres o más personas para cometer delitos.

Una vez que la investigación fiscal sea acreditada por la Cámara de Apelaciones, pasará a otra fiscalía que llevará adelante el juicio.

Una presunta red de crimen organizado transnacional

En Bolivia, el caso empezó en noviembre de 2024. Representantes de la Fuerza Pública Argentina y miembros de Freeland entregaron a Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, información que señalaba que Noya habría estado involucrado en la caza de jaguares en el Área Natural y de Manejo Integrado San Matías, en el departamento de Santa Cruz.

Lo anterior está descrito en la denuncia que Uzquiano presentó en diciembre de 2024 junto a Rodrigo Herrera, abogado y director de la asociación legal Justicia Ambiental, y Mirella Corti, representante del colectivo El Llanto del Jaguar. En el documento también se señala que se habrían asesinado cinco individuos de esta especie.

Bolivia reconoce desde 2023 el biocidio, que establece una pena de dos a cinco años a “quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”. La sanción será agravada si se trata de más de un animal.

Herrera, en entrevista con Mongabay Latam, cuenta que Freeland determinó el lugar de los hechos con base en fotografías obtenidas en su investigación y mediante “una triangulación de datos geográficos”. Se estima que la cacería se habría dado a partir del 30 de septiembre de 2023 y “de manera reiterada en fechas posteriores”.

“Por la denuncia que recientemente se presentó en Bolivia, podemos entender que podría tratarse de una red internacional de crimen organizado dedicada a la caza furtiva”, asegura Villegas desde Argentina.

El abogado boliviano explica que se apunta a encontrar a los responsables que habrían colaborado con Noya en Bolivia, lo que será clave para que en ambos países puedan usar el delito de crimen organizado.

Presiones, detrás del caso

Dos semanas después de que Uzquiano presentara la denuncia, fue destituido de su cargo. Herrera no lo asocia solamente a este hecho: “Marco ha estado denunciando muchos otros delitos ambientales”, asegura. Para María René Álvarez, diputada nacional y representante del estado de Santa Cruz, el despido “es una acción directa del director del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas)”.

Mongabay Latam solicitó entrevista con Uzquiano y con Johnson Jiménez Cobo, director nacional del SERNAP, pero no recibió confirmación en ninguno de los dos casos.

Tras conocer el caso y el escándalo tras la destitución de Uzquiano, la diputada Álvarez se adhirió a la denuncia y presentó una querella en la que también se incluye como responsables a Jiménez Cobo, del SERNAP; Alan Lisperguer, ministro de Ambiente, y Álvaro Quispe Olivera, viceministro de Cambio Climático. “Estos funcionarios públicos son llamados a proteger los recursos, pero han decidido guardar silencio ante estas arbitrariedades”, dice la representante de Santa Cruz.

Mongabay Latam pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia información sobre por qué no se adhirieron al caso y sobre cómo están colaborando para esclarecer los hechos, pero no recibió respuesta hasta el cierre del artículo.

Herrera cuenta que ante el despido, “varias instituciones brindaron apoyo”, como la Defensoría del Pueblo y Justicia Ambiental. Además, se puso una acción de amparo constitucional. El guardaparques ya fue restituido.

El abogado, sin embargo, reconoce que sí hay “una suerte de presión y restricción” alrededor del caso. Relata que se ha enfrentado a aseveraciones extraoficiales que lo señalan como una persona “no grata” para el gobierno de Bolivia.

“Creemos que hay personas importantes y poderosas detrás del caso”, dicen los miembros de Freeland. “La clientela de Noya estaba compuesta por personas de alto perfil a nivel internacional, muchas con cargos públicos importantes”, concluyen.

Nota: Tras la publicación de esta nota, el jueves 23 de enero de 2025 en Mongabay Latam, Caza & Safari quitó de la web las fotografías en donde se veía la caza de especies prohibidas.

ED/MC

Tras la polémica abierta por la decisión del Gobierno de Salta de avanzar en la construcción de un alambrado divisorio en la frontera con Bolivia, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, argumentó que el objetivo es evitar la expansión de la “narcofrontera”.

“Aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas, mexicaneadas, sicariatos, era un descontrol”, relató en declaraciones radiales, y agregó: “Por eso, el gobernador de la provincia pide asistencia a la Nación y con la ministra Bullrich lanzaron el Plan Güemes”.

En la misma línea, aseguró que se trata de una medida más enmarcada dentro del Plan Güemes direccionado a combatir al narcotráfico que, según expresó abalanzaba a sobre distintos entes civiles como ambulancias, bomberos voluntarios y camionetas de la policía de la provincia. 

Zigarán reveló además que el alambrado tendrá 200 metros de ancho que irán desde la terminal del pueblo a la oficina de Migraciones, que contará con dos metros y medio de alto, y que se utilizará para “evitar que la gente pase hacia Bolivia sin hacer migraciones”. 

“En Aguas Blancas, la oficina de migraciones está a 200 metros de la terminal del pueblo, y esto paralelo al Río, por eso, todos llegan a la terminal, saltan un pequeño muro y salen a Puerto Chalanas y cruzan a Bolivia para comprar. No pasan ni por migraciones de ida ni de vuelta. Tampoco Aduana. Entran y salen ilegales”, denunció.

Luego de las críticas de la Cancillería boliviana, el interventor aseguró que el gobierno que lidera Luis Arce Catacora “está mal informado”, y reclamó la presencia de personal de Aduana y de seguridad en las fronteras. 

“Qué bueno que ahora se preocupen porque desde que se lanzó el plan, tenemos dos pasos, dos controles integrados, y nosotros ponemos cuatro trabajadores de Aduana mientras Bolivia tiene solo uno”, cuestionó, y concluyó: “Lo que genera es un cuello de botella por eso reclamamos que pongan más gente. Realmente Boliviano presta la colaboración adecuada para descomprimir”. 

Aguas Blancas es una ciudad del departamento Orán, ubicada al noreste de la provincia de Salta, en el norte de la Argentina. Se sitúa frente a la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija, separadas ambas por el cauce del alto río Bermejo, que allí hace de frontera natural entre ambos países.

Al ser un paso internacional, la población vive del tránsito de frontera, al igual que la localidad también salteña de Salvador Mazza (apodada “Pocitos”).

Posee un conglomerado de fincas de cultivos hortícolas de primicia, y fruticultura de alto valor la cual exporta: chirimoya, pomelo, limón, mango, papaya, banano, pimiento verde, tomate, sandía, zapallo, melón, frutilla, batata, mandioca, cafeto. Hace aprovechamiento dasonómico de maderas nobles: cedro, tipa, palo lanza, palo amarillo.

A 34 km por un camino ripiado (ruta provincial 19) se llega al límite sur del parque nacional Baritú.

Con información de NA.

IG

Los incendios en Los Ángeles, California, están alcanzando niveles alarmantes. Mientras tanto, los países latinoamericanos no están exentos de vivir una situación similar. En la Patagonia, al otro extremo del continente, el fuego arrasó con más de 10 100 hectáreas desde que comenzó el verano austral, afectando al Parque Nacional Nahuel Huapi, entre otras áreas. En Chile, los incendios forestales en lo que va del 2025 causaron la muerte de tres brigadistas.

Estos no son los primeros siniestros de grandes dimensiones que ocurren en aquella región de Estados Unidos, sin embargo, una particularidad los ha puesto en el foco internacional: los incendios pasaron de ser forestales a convertirse en urbanos, como también ocurrió en Chile en 2024. Y no se detienen. En menos de un mes, el fuego en Los Ángeles —desde que estalló el 7 de enero de 2025—, provocó no sólo la destrucción de más de 14 000 hogares e infraestructura, sino la irreparable pérdida de casi una treintena de vidas humanas.

En 2024, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Argentina fueron afectados por incendios que provocaron muertes y arrasaron con los bosques y su biodiversidad, incluso llevando a algunos de sus gobiernos a declarar la situación de desastre nacional.

¿Qué tan preparada está la región para enfrentar los incendios en 2025? A decir de los expertos en el tema, lo que está ocurriendo es una alerta generalizada que no se debe desestimar. Se trata de un llamado especial de atención para los gobiernos latinoamericanos, comúnmente rebasados en capacidades, para trabajar en la prevención, en destinar recursos suficientes a las estrategias de manejo del fuego y al combate oportuno de incendios forestales. Sobre todo, en una época donde los efectos del cambio climático —como vientos más fuertes, temperaturas elevadas y sequías prolongadas —están combinándose con las acciones humanas y los fuegos provocados, generando incendios con resultados catastróficos.

“Hay una transformación del ambiente en el que se propaga el fuego y las cosas se complican ahora bajo los efectos de la alteración del clima a escala planetaria”, dice Enrique Jardel, especialista mexicano en el manejo de fuego y profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara.

“Llevamos medio siglo hablando de manejo del fuego, igual que se viene hablando de planeación urbana, de control de la expansión desordenada de las ciudades y de acciones para mitigar el cambio climático”, continúa Jardel. “Ahora se presenta una situación en la cual estos factores se están combinando y vemos ese triste y mal ejemplo de los incendios en Los Ángeles, que ocurren en una región densamente poblada, que ha pasado por una transformación significativa del paisaje y que, por las características de su clima y vegetación, podemos decir que es uno de los ambientes más inflamables del mundo”, añade.

“Desde luego que es una lección que debemos aprender, porque pueden producirse condiciones similares en América Latina”, sostiene el experto.

Mongabay Latam conversó con especialistas para explicar la compleja situación. Este es el panorama latinoamericano, visto desde México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia.

Argentina: un frágil sistema de manejo del fuego

Desde inicios de 2025, Argentina enfrenta tres incendios forestales de importantes magnitudes en la región patagónica. En la localidad de Epuyén, provincia de Chubut, el fuego ha consumido aproximadamente 3000 hectáreas de bosques. Según reportaron diversos medios argentinos, para el 20 de enero del 2025, las llamas ya habían destruido al menos 50 viviendas y obligaron a más de 200 familias a evacuar la zona ubicada en el extremo sur del país.

Mientras tanto, otro incendio que inició a finales de diciembre pasado en el Parque Nacional Nahuel Huapi no ha podido ser extinguido. A la fecha, arrasó con más de 5.000 hectáreas de esta reserva boscosa cercana a la frontera con Chile. La situación es crítica. La combinación del clima seco, la falta de lluvias, los fuertes vientos y una débil capacidad de respuesta gubernamental han complicado el panorama.

“Argentina no pareciera estar preparada a nivel provincial ni a nivel nacional para un escenario de crisis climática que pone mucho más en riesgo —sobre todo, en la época de verano>— a los bosques andino patagónicos”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

A finales de enero se sumó un tercer foco de incendio en la zona que alcanzó 2000 hectáreas de bosques nativos y pastizales en la provincia de Chubut, en la comuna rural Doctor Atilio Oscar Viglione, explica Giardini.

El especialista sostiene que estos incendios son una muestra de la fragilidad del sistema de manejo del fuego en el país. “A nivel nacional, los recursos para todo el tema del medio ambiente han sido disminuidos. Hay una decisión política de no poner mucho dinero en el medio ambiente, que va a repercutir a mediano plazo, por ejemplo, con los brigadistas que están en una situación de fragilidad laboral”, explica Giardini.

Los brigadistas no tienen contratos permanentes y son pocos en comparación con las áreas que se deben atender. Cada vez que se presenta un incendio, se deben movilizar otros grupos de brigadistas desde otras provincias a las zonas afectadas.

Giardini destacó la necesidad de una mayor inversión en prevención de incendios e infraestructura de respuesta rápida, así como una legislación más estricta para penalizar la destrucción forestal intencional. “Se deben aumentar significativamente —tanto a nivel provincial, como a nivel nacional— los esfuerzos en prevención, en infraestructura para el ataque rápido de fuego”, dice.

El especialista plantea que es necesario que “el Congreso de la Nación trabaje en proyectos que han quedado, en muchos casos, sin avances para la penalización por la destrucción ilegal de bosques, ya sea por conversión con deforestación o con incendios. Esa sería otra herramienta importante para frenar a aquellos que están tratando de destruir a los dos bosques ilegalmente”, concluye Giardini.

Colombia: los riesgos de combatir el fuego

El año recién empieza y en Colombia las altas temperaturas y la temporada seca ya encendieron las alertas de amenaza de incendios para 304 municipios, ubicados mayormente en la región Andina, según reportó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su informe más reciente, publicado el pasado 20 de enero. Esto, de acuerdo con las autoridades, se debe a que actualmente el país presenta poca nubosidad y lluvias, así como temperaturas máximas y alta radiación solar, factores que han secado la vegetación convirtiéndola en material potencialmente inflamable.

“Los grandes vientos y las zonas previamente deforestadas pueden hacer que, con la biomasa seca y acumulada, lista para ser quemada, se propague rápidamente el fuego”, señala Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “Que yo conozca, no hay ningún país en Latinoamérica con sistema de quemas controladas para reducción de biomasa vegetal”, sostiene.

De acuerdo con Botero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia ha mostrado tener una buena capacidad para obtener y brindar información. Este organismo posee un sistema de monitoreo no solamente de incendios, sino de otros riesgos naturales y que a su vez está conectado con las instituciones ambientales, ministerios, autoridades territoriales y con los cuerpos de bomberos departamentales y municipales.

Sin embargo, el país se enfrenta a un problema mayúsculo cuando se trata de enfrentar incendios de mayores dimensiones. “Su grandísimo talón de Aquiles es, realmente, que todavía es un sistema muy rudimentario, manual, donde dependemos de los apoyos de la Fuerza Aérea que tiene algunas aeronaves dispuestas para ese efecto. Se requiere del desarrollo de una aeroflota de control de incendios robusta, permanente e independiente de las Fuerzas Militares”, explica Botero.

Durante la temporada de incendios forestales de 2024, el Gobierno declaró una situación de desastre y calamidad, que “marcó un punto crítico para Colombia, con un incremento significativo en la frecuencia y severidad de estos eventos debido a las altas temperaturas globales”, reconoció la UNGRD en un comunicado publicado el 17 de enero.

Actualmente, anunciaron estar en preparación para proteger áreas fundamentales durante 2025, particularmente, con planes de respuesta específicos para los parques nacionales considerados vulnerables, como El Tuparro, Isla Salamanca, Cinaruco, Sumapaz y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sin embargo, Rodrigo Botero remarcó que Colombia presenta una problemática particularmente grave y distinta a otros países de la región: la presencia de incendios en zonas dominadas por los grupos armados y que ponen en riesgo la integridad de los cuerpos de bomberos.

“Este es un país en donde se dan incendios y campos minados a la par, es gravísimo, imagínate el nivel de riesgo”, dice Botero. “Es de tal gravedad el asunto, que inclusive el tema ha sido tratado en las mesas de negociación y de diálogo para incluir el protocolo explícito de cesar las hostilidades contra el personal que atiende desastres naturales, incluyendo los incendios. Me parece que eso es un precedente mundial importantísimo”, sostiene el especialista.

Otro asunto que considera importante, es señalar que en Colombia hay una minimización del delito de incendios provocados en el código penal. “Tiene que haber un escenario de tipificación legal para el manejo del fuego y para su tipificación como delito en aquellos casos que se ha comprobado la premeditación y el daño alevoso a los recursos naturales y los servicios ambientales”, concluye.

México: el manejo del fuego, una conversación pendiente

En México, los registros de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) indican que 2024 fue uno de los años más devastadores para el medio ambiente. Fueron más de 1.6 millones de hectáreas consumidas por los 8002 incendios registrados en los 32 estados de la República, sin excepción.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los últimos tres años el país ha pasado por un prolongado período de sequía, sumado a una variación climática que ha favorecido temperaturas más altas. Los primeros incendios del 2025 ya se están haciendo notar. En lo que va del año, se han registrado 46 incendios forestales en siete entidades federativas, arrasando con una superficie de más de 522 hectáreas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Enrique Jardel, especialista mexicano en el manejo de fuego, señala que México, igual que muchos otros países del mundo, ha seguido una política de supresión del fuego, casi siempre respondiendo de manera reactiva a los incendios, movilizando combatientes y cada vez invirtiendo más en tecnología con maquinaria y aeronaves.

Aunque considera que ha habido avances en las capacidades para combatir incendios, para Jardel la conversación sobre el manejo del fuego basada en principios ecológicos aún está pendiente en muchas zonas del país.

“Este es un tema que queda un tanto relegado en medio de la política ambiental y forestal que, de por sí, están siempre en un plano secundario”, afirma Jardel. “Aunque ha habido momentos en los cuales han aumentado presupuestos, la tendencia de los últimos años es a ir reduciendo parte de los recursos aplicados a estas cuestiones”.

Además, sostiene que “paralelamente, hay una mayor transformación del paisaje, más gente viviendo en contacto con las áreas forestales y cambio climático, y lo que observamos durante el último sexenio fue prácticamente que se triplicó la superficie incendiada en relación al promedio de los 30 años anteriores”, afirma el especialista.

Con esta tendencia hacia una mayor superficie afectada por los incendios, Jardel sugiere prestar particular atención al manejo de las tierras forestales para lograr actividades efectivas de prevención y control de incendios, a través del manejo ecológico del fuego.

“Es un proceso social y, desde luego, implica una política bien diseñada”, concluye el especialista. “Esperemos que en esta administración [federal] se fortalezcan estos temas y que no sigan siendo relegados a un segundo o tercer plano porque al final de cuentas de ahí dependen los recursos, depende el abastecimiento de agua de las ciudades y de la agricultura y, desde luego, la conservación de biodiversidad, así que es un tema prioritario”.

Chile: consecuencias sobre la vida humana

Actualmente, en Chile existen 74 focos de incendios, de los cuales 11 están aún en combate, 29 controlados y 34 extinguidos, explica Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile, en entrevista con Mongabay Latam. Las tareas para combatir el fuego le han costado la vida a tres brigadistas privados, que trabajaban para la empresa Servicios Forestales Nacimiento. Sus muertes ocurrieron el domingo 19 de enero, mientras combatían un incendio forestal en la Región de La Araucanía.

“La situación ha sido bastante compleja , especialmente en la zona centro y centro sur del país, que es la más afectada ahora y también históricamente”, agrega. “Algunos de los incendios de mayor complejidad están ocurriendo en la región de la Araucanía, en la comuna de Los Sauces, con más de 400 hectáreas quemadas, y en la Región Metropolitana, en la zona de El Canelo, con más de 100 hectáreas afectadas”, afirma González.

La temporada de incendios se puede extender hasta abril y mayo, por lo cual aún es temprano para hacer balances, sostiene. Por ello, la especialista también pide poner especial atención a las zonas de interfaz urbano-rural y a las zonas con plantaciones de pinos y eucaliptos, que son altamente combustibles.

“Esperamos que los esfuerzos de prevención funcionen, que exista una rápida respuesta a los siniestros y se disponga de todos los recursos para combatir los focos que se generen”, concluye.

Bolivia: al calor de la emergencia

Marlene Quintanilla considera que los incendios en Bolivia se experimentan de manera tan descontrolada que, cada año, son más voraces que el anterior. “El año 2024 fue catastrófico”, afirma la ingeniera forestal y directora de investigación y gestión del conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza.

“Se incendiaron 10 millones de hectáreas, de las cuales una parte muy importante se ha desarrollado en bosques y en áreas que, en años anteriores, no identificamos que podrían quemarse; inclusive las zonas transicionales de la Amazonía han sido arrasadas por el fuego”, dice la experta.

Esta situación incluso orilló al gobierno boliviano a declarar “desastre nacional” en septiembre de 2024, con el objetivo de canalizar ayuda internacional y la transferencia de recursos económicos a las regiones más afectadas. Este pasado reciente pone en alerta respecto al año que recién empieza, considera Quintanilla.

“Ha habido avances muy leves en temas de planear cómo vamos a afrontar un año más de incendios, todo está al calor de la emergencia y esto es algo que se invita a cambiar en el país”, asevera. “Evidentemente este es un año particular de más desafíos donde el contexto económico del país está también en una condición difícil y distinta a la de hace tres años, donde teníamos una condición económica en la que se podría haber asignado recursos. Este es un año económicamente más complejo para el país”, afirma Quintanilla.

Ante la falta de recursos, lo mejor es reforzar la prevención. “Desde la política tenemos que proteger más ecosistemas y más bosques, porque son los que mitigan los efectos del cambio climático”, dice Quintanilla.

Además, es urgente endurecer el marco normativo de las leyes para sancionar de manera ejemplar los incendios provocados por los humanos. “No hay sanciones realmente ejemplares para disminuir esta presión”, considera la especialista. Mientras esto no mejore, agrega, seguirá habiendo personas que utilicen el fuego para tomar y habilitar tierras, con incendios que no sólo se dan en el lugar que les interesa quemar, sino que se expandirán con los vientos y la temperatura que se da por efectos del cambio climático.

“En Bolivia no tenemos la preparación y la economía suficiente como para atender estos megaincendios que se han dado en la gestión pasada”, concluye la experta. “Atender la prevención sería el área más importante y el marco normativo es clave para ello”.

ED