La confirmación en Bolivia en 1947 de la existencia de una partícula subatómica descubierta en 1935, entre otros aportes científicos de impacto mundial, motivó al país a buscar que el Laboratorio de Física Cósmica de Chacaltaya, considerado el más alto del mundo y situado en una montaña a 5.220 metros de altitud, se declare patrimonio de la humanidad por la Unesco.

El centro científico, que pertenece a la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), está emplazado en la montaña Chacaltaya, en la cordillera de los Andes, a unos 30 kilómetros de la ciudad de La Paz, y funciona oficialmente desde 1952.

El director del Instituto de Investigaciones Físicas de la UMSA, Martín Subieta, explicó a EFE que la principal motivación para postular el laboratorio ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) “es la historia vinculada a grandes hitos científicos que se han hecho en esta montaña”.

El premio Nobel

Uno de ellos es la confirmación de la existencia del pión, una partícula subatómica que se descubrió en 1935 por el físico japonés Hideki Yukawa y que en 1947 el físico británico Cecil Frank Powell y su equipo de investigación de la Universidad de Bristol lograron comprobar en el laboratorio de Chacaltaya, contó Subieta.

Yukawa ganó el Premio Nobel de Física en 1949 por predecir la existencia del pión y posteriormente, en 1950, Powell se hizo con el galardón por el desarrollo de un método fotográfico basado en placas de emulsión nuclear para registrar partículas subatómicas, por lo que ambos científicos están “estrechamente” vinculados al centro científico boliviano.

Subieta sostuvo que “a través de la iniciativa de Powell”, el científico brasileño César Lattes llegó a Bolivia en 1947 con “los equipos detectores” de esas partículas y con la ayuda del español Ismael Escobar, “que fue el contacto en lo alto de la montaña”, se consolidó el laboratorio científico en Chacaltaya, hecho que se califica como otro hito.

“El laboratorio generó mucho conocimiento científico, no solo en el área de partículas de la física nuclear, sino que también fue desarrollando conocimiento científico en el área de la astrofísica, astronomía y desde la década de los 90 se estableció la física de la atmósfera”, complementó.

En las alturas

Algunas partes de la infraestructura del laboratorio científico datan de la década de 1950, pero hay otros ambientes que se construyeron recientemente.

Cerca del laboratorio están emplazadas dos casas hechas de madera que pertenecen al Club Andino, ya que antes en Chacaltaya se practicaba esquí al ser uno de los principales nevados de Bolivia.

Pero hoy, las piedras y tierra dominan el paisaje en la montaña, pues su glaciar desapareció en 2009 como consecuencia del cambio climático.

En la montaña también funciona una estación de la red de Vigilancia de la Atmósfera Global (GAW) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para medir gases de efecto invernadero, aerosoles y radiación.

Durante estos años, científicos de Italia, Brasil, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, entre otros, desarrollaron investigaciones en el centro de Chacaltaya que fueron “de relevancia” para sus países.

Subieta explicó que la UMSA impulsa la postulación para que el laboratorio sea declarado patrimonio de la humanidad, aunque para lograrlo, el procedimiento debe comenzar con un reconocimiento de la Gobernación de La Paz, para que después la Cancillería de Bolivia realice las gestiones oficiales ante la Unesco.

Países como Brasil y Japón confirmaron su apoyo a esta iniciativa y se espera que otros científicos se unan para que la campaña por el patrimonio sea internacional, dijo Subieta.

De forma paralela, la UMSA, con el apoyo de Japón, construye un nuevo observatorio de rayos cósmicos, conocido como el proyecto Alpaca, en una superficie de 13 hectáreas, a 4.740 metros de altitud y cerca de Chacaltaya.

“El nuevo laboratorio es una extensión de este y observará el cosmos, las partículas subatómicas que traen información sobre los fenómenos que ocurren en el universo. La montaña seguirá observando el universo”, concluyó Subieta.

El viaje del sábalo (Prochilodus lineatus) en las aguas del río Pilcomayo es un verdadero desafío. Este pez realiza un recorrido exigente. Inicia su nado desde Paraguay, pasa por el norte de Argentina y llega hasta el Chaco boliviano, donde cumple su ciclo de desove. Sin embargo, su ruta está obstaculizada desde hace 20 años por la construcción de una obra vial en el Bañado La Estrella, en el norte argentino. Ese viaje se complica debido a que existen estructuras de cemento donde los peces chocan y mueren. Algunos siguen su ruta heridos y pocos llegan sanos a Bolivia.

En la provincia de Formosa, en el norte argentino, existe un sistema hidrovial con una compuerta que alimenta al bañado La Estrella a través del río Pilcomayo y forma parte de varias obras de la Ruta Provincial 28. Esa vía tiene una extensión de 109 kilómetros, de los cuales 900 metros son parte del viaducto que se construyó en pleno Bañado La Estrella.

El río Pilcomayo atraviesa Bolivia, Argentina y Paraguay, y es una de las principales arterias fluviales de la cuenca del río de la Plata. Por allí se desplazan múltiples especies de peces, entre ellas el sábalo, que efectúa migraciones de hasta 600 kilómetros durante cuatro meses, según el Centro de Estudios Regionales de Tarija (Cerdet).

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Ludmila Pizarro, bióloga y maestrante en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, explica a Mongabay Latam que la interrupción del recorrido del sábalo puede reducir la llegada de cardúmenes a Bolivia y afectar, con el tiempo, la reproducción y sostenibilidad de la especie.

La experta relata que en julio de 2026 estuvo en la zona del Bañado La Estrella y evidenció que las compuertas y un terraplén de la ruta siguen obstruyendo la migración del sábalo. Pizarro detalla que este bloqueo se da principalmente cuando se abre la compuerta en épocas de lluvia, para que el humedal pueda recibir las aguas del Pilcomayo. Es en esa misma época cuando los peces chocan con las obras de ingeniería y no pueden seguir su ruta con normalidad.

El paisaje en el Bañado La Estrella cambia con las estaciones: durante las crecidas, grandes superficies quedan cubiertas por el caudal del río y, cuando llega la época seca, aparecen los caminos, terraplenes, canales y estructuras levantadas para controlar el paso del recurso hídrico y mantener la circulación por la zona.

“Los peces no migran todo el año. Tienen un tiempo de activación hormonal para hacerlo y es justamente cuando el caudal sube en esta parte del bañado La Estrella. Ellos van haciendo migraciones estacionales y se estacionan un tiempo cuando entran a Bolivia”, detalla Pizarro.

La bióloga, que también es parte de la Fundación Biodiversidad del Gran Chaco (BioChaco), añade que la época de migración del sábalo se da por lo general en los meses de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, justamente cuando crece el Pilcomayo por las lluvias.

En ese tiempo, dice, junto al ciclo migratorio se ejecuta el desove de los sábalos en territorio boliviano. “Yo he visto el bañado, cuando está más seco se aprecia el terraplén, el dique, las escaleras, las compuertas y el canal. Cuando hay mucha agua no se aprecian las obras porque se inundan”.

Estos obstáculos para los sábalos también afectan a los pescadores del departamento de Tarija, en Bolivia, pues varias comunidades indígenas, entre ellas los Weenhayek, dependen de la pesca. Y es que, para este pueblo, el sábalo no solo tiene importancia alimentaria sino también cultural y económica.

La obra en discordia

Según Claudio Baigun, biólogo argentino e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la carretera tiene una elevación de nivel en forma de terraplén donde se da la afectación a los peces.

Baigun detalla a Mongabay Latam que esta ruta empezó a elevarse en 1998 y se terminó en 2012. Sin embargo, el biólogo destaca que la parte donde están las compuertas –que es donde se interrumpe la migración del sábalo- fue remplazada hace cuatro años por una vía paralela que está elevada sobre pilotes y que es la parte más crítica del bañado.

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“Después es la misma ruta, solo que cuando la Ruta 28 se aproxima a la zona donde el agua la cubría anteriormente, se abrió un desvío y la ruta se levanta sobre unos pilotes como si fuera un puente y atraviesa toda esa zona. Serán unos 900 metros en que está levantada en pilotes”, explicó Baigun, quien vive en el Chaco argentino.

Sobre la afectación al sábalo, el biólogo asegura que en 2022, cuando se construyó el tramo paralelo, se pensaba que se iba a destruir la compuerta, pero no se hizo porque en esa zona se necesita llenar el bañado en épocas de lluvia, cuando se forma una especie de embalse de baja altura. Ahí, asegura, existe una especie de azud que tiene la finalidad de levantar el nivel de agua y repartirlo para otros fines.

“A medida que la ruta fue levantándose en distintas etapas, obviamente que el paso del sábalo empezó a verse obstruido porque la Ruta 28 no fue diseñada de manera amigable para los peces, para permitir su paso”.

Por ejemplo, indica Baigun, el vertedero de ese azud tiene una pendiente de unos 25 grados. “Los peces no pueden remontar porque, además, tienen abajo una pileta de disipación [estructura hidráulica para reducir la velocidad y la energía cinética del agua] de muy baja profundidad que genera un resalto y una turbulencia que no permite a los peces saltar y alcanzar la cresta del vertedero”, detalla.

El experto añade que a todo esto se suma la construcción de alcantarillas que son impasables para especies como el sábalo por la velocidad con que viaja el agua y el diseño que tienen, “que son como unos toboganes para acelerar el flujo”.

“El sábalo, que podría eventualmente también pasar por ahí, no puede de ninguna manera superar esas alcantarillas de la obra”, resalta Baigun.

Según la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), citada por la agencia de noticias estatal boliviana ABI, los cardúmenes que ingresan a territorio boliviano proceden aparentemente del Bañado La Estrella y durante su desplazamiento pueden recorrer unos 150 kilómetros entre la ciudad fronteriza de Esmeralda, en Argentina, y Villa Montes, en pleno chaco boliviano y uno de los puntos donde más se comercializa el sábalo.

Pizarro remarca que las obras de la Ruta 28 redujeron de manera considerable esa conexión migratoria y advierte que, si menos ejemplares consiguen superar ese punto y completar su recorrido, también disminuye el intercambio entre poblaciones de diferentes zonas. Ese obstáculo, según la experta, puede ser la razón de la disminución de la pesca de sábalo en Bolivia. Según dice, en los años 80 se pescaban 1800 toneladas al año y en 2022, el último año del que se tiene registro, esa pesca cayó a 40 toneladas anuales.

Como una solución, Pizarro propone una “reingeniería urgente en los diques y portones de la zona para evitar un colapso ecológico y económico irreversible en la región del Chaco”. Esa medidas pueden ser ejecutadas -comenta- con la construcción de escaleras para peces y la apertura de portones para restablecer la conectividad del sistema hídrico.

El valor del Pilcomayo

La bióloga Ludmila Pizarro destaca que en Bolivia el río Pilcomayo tiene actividad piscícola y vitícola, pero en Argentina y Paraguay estas aguas son utilizadas por los sectores ganadero y agrícola. Es por eso que considera importante que haya una coordinación entre los tres países para salvar al sábalo y tomar acciones respecto a otros temas.

“No se ha protegido la llanura de inundación del Pilcomayo, por eso no tiene el valor de protección suficiente para hacer que las migraciones temporales de los peces, sobre todo del sábalo, puedan seguir su curso normal”, afirma.

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Para ella, Bolivia no puede mirar el problema como un asunto aislado. “Lo que ocurre en la parte baja repercute aguas arriba y alcanza a los tres países que comparten este sistema”, dice e insiste en llevar el tema a una mesa técnica trinacional.

Tomás Rivero es miembro del sindicato de pescadores de Villa Montes, un municipio en el Chaco boliviano y que tiene al Pilcomayo como su principal fuente de abastecimiento. Según comenta, el nivel del agua del río bajó desde hace 30 años y asimismo disminuyó la pesca del sábalo. “El caudal ha bajado y hay mucho sedimento”, lamenta en diálogo con Mongabay Latam.

Rivero, que también tiene un negocio gastronómico, explica que los sábalos hace tres décadas eran grandes y que de un pescado sacaban cuatro platos para vender. “Hoy por hoy, un sábalo apenas alcanza para un plato”, relata. El pescador asegura que, en general, la cantidad de sábalos que migran a Bolivia descendió, aunque reconoce que este año hubo mucho pescado, pero de talla pequeña.

“No hay estudios que nos confirmen por qué los sábalos son tan pequeños. El 90 % siempre eran grandes. Hoy es al revés, el 10 % son grandes y el 90 % pequeños. Este año hubo mucho pescado, pero ese factor se da luego de cuatro años de disminuciones”, relata Rivero.

El pescador y emprendedor pide estudios para conocer la situación del pez en el río Pilcomayo, desde su partida en el Bañado La Estrella hasta su llegada a territorio boliviano. “Hay normas pesqueras, pero hay lugares donde no se regula la pesca. Eso también se debe tomar en cuenta, porque se sabe que hay una sobrepesca”, detalla.

El biólogo Claudio Baigun también reclama estudios sobre la migración del sábalo, ya que se desconoce si todos los que migran del Bañado La Estrella llegan hasta Villa Montes o tienen otras rutas. Incluso una parte podría quedarse en territorio argentino. El experto añade que estudios como este también se necesitan para muchas otras especies de peces en el río.

Mongabay Latam envió, vía correo electrónico, una solicitud de información a la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, que tiene sede en Asunción, Paraguay, para conocer las acciones que realizan, si estudian la actual problemática que hay con el sábalo y si se ha contemplado la posibilidad retirar las compuertas en el sector del Bañado La Estrella. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, la entidad no ha respondido.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El caso de Fernando Cerimedo, exasesor digital de Javier Milei, sumó capítulos nuevos en las últimas horas que van desde la Casa Blanca a la Fiscalía General de Bolivia.

La policía boliviana detuvo este miércoles por la noche al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, un día después de haber sido señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción y narcotráfico. Mariaca había denunciado que EE.UU. le revocó su visa por impulsar, entre otras causas, la investigación contra Cerimedo, que está detenido en Bolivia por haber contratado sicarios para asesinar a su expareja Nadia Beller.

Fue justamente Beller quien reveló más detalles del alcance de Cerimedo en Washington. Publicó en su Facebook imágenes del consultor con el hijo Trump, Donald Trump Jr. y denunció que la ofensiva contra la fiscalía bolivia buscaba “la protección de la red MAGA”.

La detención del fiscal boliviano

Mariaca y Zeballos fueron detenidos este miércoles por la noche en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, mientras la policía irrumpió pasadas las 23 (hora local) en la sede de la Fiscalía General en Sucre y montaron custodia en las oficinas del Ministerio Público en La Paz y Santa Cruz. Desde la Fiscalía denunciaron la detención como “ilegal” y aseguraron que el operativo se hizo sin exhibir una orden.

Tras el arresto, la Fiscalía informó en un comunicado que, ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asume de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” de la institución. Mariaca había sido designado por la Asamblea Legislativa en octubre de 2024, y el Congreso es el que debe elegir a su reemplazo. El vicepresidente Edmand Lara denunció la supuesta participación de agentes de la DEA en el operativo: “Ningún agente policial extranjero puede ejercer funciones de aprehensión” en territorio boliviano, afirmó.

La sanción de Washington, anunciada el lunes, alcanzó a 21 bolivianos: a doce les revocaron la visa y a nueve les prohibieron tramitarla. Sobre Mariaca, el Departamento de Estado afirmó que “abusó de sus cargos públicos” al pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a “delincuentes violentos a evadir la justicia”, y que sus acciones “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”. El fiscal respondió que se trataba de un acto de “injerencia” y “presión política” y lo atribuyó a las investigaciones del Ministerio Público, entre ellas la que lleva adelante un fiscal de su institución sobre Cerimedo. “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, afirmó.

Cerimedo y Trump Jr.

Entre la sanción y la detención a Mariaca apareció un elemento nuevo. Beller, expareja de Cerimedo, publicó en sus redes tres fotografías del consultor junto a Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense; Brad Parscale, que fue jefe de la campaña de reelección de Trump en 2020, y Andy Rivas, socio de Cerimedo, como ya reveló elDiarioAR. No informó dónde ni cuándo fueron tomadas. “¿Están persiguiendo al que investiga o están protegiendo a parte de la red?”, escribió Beller. Y agregó: “¿Es la lucha del Escudo de las Américas o la protección de la red MAGA?”, en referencia al programa regional antinarcóticos impulsado por la Casa Blanca.

Beller sostuvo que no se trata “solamente de una campaña electoral” sino de “una estructura política internacional” con negocios en Bolivia. Según su versión, en conversaciones sobre Futura, una empresa de combustibles, se mencionan comisiones para Parscale, y Cerimedo habría intervenido en decisiones de la petrolera estatal YPFB para favorecer a esa firma. Beller también advirtió que remover a un fiscal general “mediante presión política, sin pruebas fehacientes y sin debido proceso” es un “golpe institucional” contra el Ministerio Público.

Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y estratega digital de la campaña de Milei en 2023, llegó a Bolivia como asesor de Paz y, según el vicepresidente Lara, llegó a dar órdenes a ministros. Fue detenido el 18 de agosto en Viru Viru, el mismo aeropuerto donde ahora arrestaron a Mariaca, cuando intentaba volar a la Argentina. Hoy cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, y tiene cuatro causas abiertas: tentativa de feminicidio y violencia doméstica en Santa Cruz, enriquecimiento ilícito en La Paz, y tráfico de sustancias controladas y confabulación en Beni.

En la pericia de su teléfono, según el diario local El Deber, apareció el mensaje “O la eliminamos ya o estamos jodidos”, en referencia a Beller. El lunes pasado, el vice Lara entregó a la Fiscalía un audio en el que, según él, se escucha a Cerimedo negociar pagos de hasta 15.000 dólares por avioneta para habilitar pistas en el oriente boliviano, en coordinación con un exjefe de la fuerza antidrogas FELCN. “Fernando Cerimedo manejaba los tentáculos del narcotráfico”, afirmó el vicepresidente.

Estados Unidos revocó la visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien tiene bajo su órbita la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido en ese país por el ataque contra Nadia Beller. Washington acusa al funcionario judicial de haber aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir a la Justicia. Mariaca rechazó las imputaciones, reclamó respeto por la soberanía boliviana y advirtió que la decisión no modificará el curso de las causas que lleva adelante el Ministerio Público.

“No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, aseguró el fiscal al responder a la medida estadounidense. Entre los expedientes que mencionó se encuentra precisamente el que involucra a Cerimedo, una causa que adquirió especial relevancia en la Argentina por los vínculos del consultor y fundador de La Derecha Diario con el presidente Javier Milei y otros espacios de la derecha regional.

Mariaca fue todavía más explícito al rechazar cualquier condicionamiento externo. “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó durante una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional.

La sanción forma parte de una medida más amplia de la administración de Donald Trump contra funcionarios, exfuncionarios y sus familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En total, Estados Unidos anunció restricciones de visa contra 27 personas a las que vincula con hechos de corrupción, narcotráfico o acciones destinadas, según Washington, a socavar gobiernos elegidos democráticamente.

En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado lo acusa de haber abusado de sus cargos públicos para “solicitar y aceptar sobornos” destinados a facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir a la Justicia. La administración Trump sostuvo además que esas acciones perjudican su ofensiva regional contra el denominado “narcoterrorismo”.

El fiscal, elegido en 2024 para un mandato de seis años, dijo haber recibido “con mucha sorpresa” la noticia y señaló que Estados Unidos no dio a conocer públicamente las pruebas que sustentan las acusaciones. El gobierno de Rodrigo Paz anunció que solicitará a Washington información y elementos probatorios para determinar si corresponde abrir investigaciones en Bolivia.

La reacción de Mariaca puso a la vez el foco sobre el momento en que se conoció la sanción. El fiscal tiene a su cargo investigaciones de fuerte impacto político en Bolivia y, al defender su actuación, sostuvo que su trabajo “no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto fuera como dentro” del país.

Una de esas investigaciones es la que alcanza a Cerimedo, actualmente detenido en el penal de Chonchocoro. El argentino está acusado en la causa por el ataque contra Nadia Beller y es investigado además por otros presuntos delitos vinculados con su actuación en Bolivia.

Cerimedo construyó durante los últimos años una red de relaciones con espacios de derecha y ultraderecha de distintos países de América Latina. En la Argentina estuvo vinculado políticamente a Milei y se convirtió en una figura relevante de su estrategia de comunicación digital. Es además fundador de La Derecha Diario.

La Fiscalía boliviana tiene en sus manos otros expedientes que generaron repercusión política. Entre ellos aparece el denominado caso de las “narcomaletas”, relacionado con equipaje llegado desde Estados Unidos y cuyo contenido es materia de investigación, además de causas vinculadas con combustibles.

El medio boliviano REDD TV señaló, a partir de la sanción, que hasta ahora no se conocen públicamente las pruebas que Estados Unidos asegura tener contra Mariaca y planteó interrogantes sobre una eventual relación entre la decisión de Washington y las investigaciones pendientes en la Fiscalía. No existen, sin embargo, elementos públicos que permitan establecer que la medida estadounidense esté vinculada con la causa Cerimedo o con alguno de esos expedientes.

El gobierno boliviano evitó por el momento sacar conclusiones en ese sentido. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó de “muy graves” las acusaciones estadounidenses y anunció que se pedirán los elementos que las sustentan. El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó además que se investigará la situación de los ciudadanos bolivianos alcanzados por las restricciones.

Mariaca, por su parte, insistió en que continuará en el cargo y que la revocación de una visa no puede condicionar las atribuciones constitucionales de la Fiscalía. Y eligió la causa que involucra al argentino para dejar en claro que, al menos de su parte, la sanción de Washington no cerrará ningún expediente: el caso Cerimedo, aseguró, seguirá adelante.

Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de felino silvestre en los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, un hallazgo que supone la primera descripción científica de una nueva especie de gato salvaje en más de un siglo.

La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, fue identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic.

Los investigadores determinaron que lo que hasta ahora se consideraba un único grupo de felinos ampliamente distribuido está compuesto en realidad por al menos cinco especies diferentes.

El estudio, publicado este jueves en la revista científica Current Biology, fue realizado por un equipo internacional que incluye al científico Eduardo Eizirik, al investigador Jonas Lescroart y a la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz.

El gato tilcayo es un pequeño felino que mide aproximadamente 46 centímetros desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa cerca de 1,4 kilos, menos que un gato doméstico promedio.

Se distingue de sus parientes, las oncillas, por sus manchas de mayor tamaño, una cola más larga y delgada y un pelaje de tonalidad más apagada.

El ejemplar utilizado para la investigación es un macho de diez años que actualmente vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en Bolivia.

El animal llegó al centro alrededor de 2017, después de que una familia local que lo mantenía en su vivienda lo entregara para que recibiera cuidados. Nogales Ascarrunz conoció al felino mientras colaboraba como voluntaria en el santuario.

El nombre científico Leopardus tilcayo rinde homenaje a las comunidades locales que encontraron y cuidaron al animal.

Los habitantes de la zona lo llamaban Tilcayo, un nombre que los investigadores decidieron conservar para reconocer el conocimiento ancestral y la relación de las comunidades con el felino.

El análisis genómico también permitió validar formalmente otras cuatro especies de este grupo: Leopardus guttulus, L. emiliae, L. pardinoides y L. tigrinus, además de identificar una nueva subespecie en los Yungas de Perú, L. tigrinus antisuyo.

Los científicos utilizaron la secuenciación completa del genoma y recurrieron a material genético de ejemplares conservados en museos de Europa y Estados Unidos.

Los investigadores todavía desconocen cuántos ejemplares de Leopardus tilcayo viven en estado silvestre.

Nogales Ascarrunz está instalando cámaras trampa en los bosques de los Yungas para documentar la especie, conocer su distribución, comportamiento y necesidades de hábitat, en una región amenazada por la deforestación y la minería.

Con información de la agencia EFE

A los 12 años, el investigador de nacionalidad alemana Heinz Arno Drawert comenzó a estudiar a los rivúlidos (Rivulidae: Cyprinodontiformes) —pequeños peces que vivían en estanques temporales— en el acuario de su casa. La fascinación por esta familia de peces lo llevó a estudiar Ingeniería Ambiental y a realizar sus prácticas desde 2001 en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, en Bolivia, donde hoy se desempeña como investigador asociado.

En 2024, Drawert, junto al acuarista e ictiológo alemán Thomas Litz, marcaron un hito para la ciencia, la conservación y la ictiología boliviana al redescubrir al Moema claudiae, un pez que se creía extinto.

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La investigación, publicada a finales de 2025, fue determinante para que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la comunidad científica boliviana actualizaran, en 2026, su estado de conservación. Este pequeño pez pasó de considerarse “Posiblemente Extinto” a “En Peligro Crítico”, un ajuste que no se realizaba desde hacía dos décadas. Sin embargo, a dos años de su redescubrimiento, la especie continúa en riesgo debido a la degradación de su único hábitat conocido: los humedales temporales de los Llanos de Moxos, en la cuenca amazónica.

Los humedales son estructuras hídricas naturales fundamentales para el equilibrio ambiental, la regulación del agua y la supervivencia de especies adaptadas a condiciones extremas. Un informe publicado este año por la revista especializada Zootaxa identificó de forma sistemática las especies de peces en Bolivia, posicionando a la cuenca amazónica como una de las áreas de mayor biodiversidad íctica en el país, con un estimado de 943 especies, de las cuales solo 690 han sido identificadas taxonómicamente.

Para Drawert, la conservación de Moema claudiae depende en gran medida de la protección de los humedales. Sin embargo, estas regiones se enfrentan a múltiples obstáculos, empezando por la ausencia de una estrategia pública de protección ambiental frente a amenazas como los incendios forestales, la expansión agrícola, la ganadería extensiva, la minería y la deforestación.

Marlene Quintanilla, ingeniera forestal y exdirectora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), quien no participó del estudio, refuerza esta idea mencionando que el marco jurídico en el país es aún débil. “Se puede decir que los humedales están huérfanos de protección legal a nivel nacional. Quizás se deba avanzar a escala departamental en regiones como Pando, Beni, Santa Cruz y Cochabamba”, dice la experta.

“En muchos casos se prioriza la producción económica, ya sea minera o hidrocarburífera, entonces siempre van a batallar con estos espacios”, agrega Quintanilla.

El pez que dio un salto en el tiempo

Cuenta Heinz Drawert que la búsqueda del Moema claudiae comenzó en 2019, lo que dio como resultado varias expediciones sin éxito. Estas visitas a campo suelen representar un desafío logístico que requiere meses de planificación: mapear humedales, gestionar permisos, preparar equipo técnico y asegurar suministros en zonas remotas donde el acceso a información es nulo. Una sola expedición puede absorber hasta un año de gestión.

En 2024, el equipo decidió explorar una zona desconocida en el sur de Beni, como parte del proyecto “Rivúlidos de Bolivia”, del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Dos días antes de concluir el viaje, a primera hora, Drawert y Litz usaron métodos de captura tradicionales. Al izar la red, no esperaban hallar al pez que la ciencia daba por desaparecido hacía más de dos décadas.

Este diminuto vertebrado, que no supera los 3.91 centímetros en los machos y los 3.27 centímetros en las hembras, fue registrado por primera vez en 1997 por el investigador Wilson Costa, quien lo describió científicamente y lo nombró en honor a su esposa. Sin embargo, Drawert comenta que apenas un año después del hallazgo, la localidad donde registraron la especie —ubicada a 60 kilómetros al norte de Ascensión de Guarayos— desapareció por completo debido a la degradación del hábitat causada por la expansión de la frontera agroindustrial.

En 2016, tras una década sin un solo registro, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo declaró como “Posiblemente Extinto”.

Si en 2026, al cumplirse diez años de esa declaración, la especie no mostraba algún rastro, la UICN la declararía oficialmente extinta. Con su hábitat original destruido y sin nuevos avistamientos, todo apuntaba a que este pez microendémico de Bolivia no tenía posibilidades de supervivencia.

Sin embargo, en abril de 2024, tras una expedición de diez días y a 100 kilómetros del primer descubrimiento, los investigadores hallaron una población viva de Moema claudiae en medio de extensos campos de cultivo de granos —especialmente arroz— en la provincia de Marbán, Beni.

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“Ese día nos fuimos temprano al lugar donde teníamos nuestro campamento establecido. Sacamos fotos, comparamos las imágenes con la información en internet y confirmamos, una y otra vez, que era la especie. Fue un día de fiesta y alegría”, recuerda Drawert. Tras el hallazgo, el estudio y la confirmación, los científicos lograron trasladar dos ejemplares a la colección ictiológica del museo, garantizando así una evidencia física para el estudio y la validación científica de la especie.

“En ecología de la conservación normalmente no tenemos segundas oportunidades; la extinción es para siempre. En este caso, estamos frente a una especie que se creía extinta y, de pronto, tenemos una segunda oportunidad para conservarla. Eso ocurre muy rara vez, es como haberse ganado la lotería”, comenta emocionado a Mongabay Latam.

El secreto biológico de Moema claudiae

Cuando los investigadores lanzaron y sacaron la red, notaron inmediatamente un rivulidae diferente entre varios. Moema claudiae no pasó inadvertido, los colores rojizos y naranjas en las aletas con un cuerpo grisáceo que combina manchas rojas y celestes metálicos llamó la atención de los científicos. Pero sólo hasta que observaron la mancha humeral negra, grande y alargada verticalmente pudieron reconocer al pez.

Drawert cuenta que lograron sacarlo y lo trasladaron en un balde para, finalmente, registrar por primera vez una especie viva en fotos. Mientras más pasaban las horas, los científicos se dieron cuenta de una particularidad en este tipo de peces. “Observamos el mismo comportamiento. Como teníamos varios juntos en el balde, saltaban, salían y se pegaban fuera del agua. Entonces ahí le dije a Thomas: ‘Ups, mira, estos también son anfibios’”, relata.

La familia de los rivúlidos posee un ciclo evolutivo único por su adaptación anfibia que les permite sobrevivir horas o semanas fuera del agua, transformando su respiración branquial en dérmica, es decir, a través de la piel. Como habitan espacios donde, en teoría, no deberían existir peces, han sincronizado su vida con los humedales temporales. Se desarrollan cuando el estanque está lleno, alrededor de seis semanas, y, cuando el agua comienza a evaporarse, los adultos entierran sus huevos en el sustrato.

Allí, los embriones aguardan meses o años, en estado de diapausa (descanso en el desarrollo de los insectos y otros animales pequeños), hasta que las lluvias inundan nuevamente el terreno y permiten la eclosión. Por esta razón se les conoce como peces anuales o estacionales.

Según Drawert, existen dos teorías sobre esta evolución. Al vivir en espacios mínimos, es posible que la alta densidad poblacional genere conflictos que fuerzan a algunos individuos a salir. La segunda hipótesis sugiere que, cuando el nivel del agua baja y dificulta la puesta de los huevos, los peces se ven obligados a abandonar el estanque en busca de nuevos sitios para asegurar su descendencia.

Además, estos pequeños vertebrados coloridos cumplen roles ecológicos fundamentales, ya que regulan el flujo de nutrientes, mantienen la salud de sus microhábitats y actúan como controladores biológicos de insectos como los mosquitos.

Para el investigador, aún no se dimensiona la importancia de estos peces, ya que ninguna otra especie podría reemplazarlos y advierte que los rivúlidos en Bolivia se enfrentan no solo a la deforestación, la alteración de los sistemas hidrológicos y la contaminación por agroquímicos, sino a un desconocimiento científico.

Muchas otras especies de estos peces atraviesan una situación similar sin que existan datos suficientes para protegerlas. Según la investigación de finales de 2025, publicada en la revista Nature Conservation, en el país se han registrado 32 especies de rivúlidos, de las cuales el 58 % son endémicas y un 8 % sólo ha sido documentada en su localidad tipo (en las llanuras de inundación del río San Pablo, Ascensión de Guarayos), lo que las hace extremadamente vulnerables a cualquier cambio en su entorno.

El desafío de los santuarios

Moema claudiae reapareció en el punto donde la selva amazónica se encuentra con la sabana de los Llanos de Moxos. En medio de los extensos cultivos, el pez halló refugio en un estanque de “aguas negras”. Estas zonas hídricas suelen tener características peculiares que permiten el desarrollo de estos pequeños peces.

Marlene Quintanilla explica que “toda la hojarasca que cae al suelo se concentra en el humedal durante la época húmeda. Esa biomasa genera condiciones químicas muy específicas, un tipo de acidez propia para estas especies tan raras y endémicas. Esa conexión entre el bosque y el humedal crea un entorno donde emergen especies únicas en el mundo”.

La expedición científica no sólo logró identificar con vida a Moema claudiae sino que encontró la zona con mayor diversidad de rivúlidos a nivel global. Mientras la literatura científica documentaba apenas cinco especies por hábitat, en este humedal —ubicado en Llano de Moxos— se encontraron siete. Según el artículo científico, esta abundancia se debe a la confluencia de unidades hidrográficas y ecológicas que coinciden en un mismo punto.

Drawert, coautor del documento, confirma que Bolivia es un epicentro global para estos peces: “Guarayos tiene una diversidad altísima, pero hay otra región cerca de la laguna Concepción, en la planicie del río Quimome, que es el segundo lugar con más diversidad de peces estacionales en el mundo. Hemos encontrado hasta seis especies juntas, una cifra que solo se ve en sitios específicos de África y Argentina. Bolivia alberga, prácticamente, el primer y segundo lugar con mayor riqueza de rivúlidos a nivel mundial”.

Sin embargo, los humedales se encuentran en constante riesgo de desaparecer. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), desde 2001 hasta 2024 el país perdió 9.8 millones de hectáreas de bosque, lo que también afecta a humedales permanentes y temporales. Según el documento Humedales, un sostén clave de la Amazonía y su contextos de protección en Bolivia, hecho por la FAN, los humedales de todo tipo representan el 41 % del territorio del país y se enfrentan a impactos de la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y el cambio climático.

En el caso de los temporales, además son estigmatizados como tierras improductivas o focos de infección. Para Quintanilla, la pérdida de los humedales representa un riesgo para el ciclo hídrico y la seguridad alimentaria de todo el país.

Por otra parte, las especies que habitan estos cuerpos de agua son microendémicas. Es decir, tienen una distribución tan pequeña que no pueden colonizar nuevos territorios. Si el estanque desaparece, la especie se extingue.

Quintanilla explica que la interdependencia entre los humedales y los peces responde a la cadena trófica: “Los peces son la base fundamental para sostener a otras especies, tanto migratorias como propias del lugar. Muchos animales persisten gracias a la concentración de alimento en estos humedales. Hay un mundo ecológico que sobrevive gracias a este ciclo de inundación”.

Futuro de la conservación y el rol de la ciencia

La situación de Moema claudiae es crítica y continuar con las expediciones ha significado un desafío constante. Tras el hallazgo de 2024, una siguiente expedición en 2025 fue limitada por el exceso de agua y en 2026 las actividades se han visto obstaculizadas por problemas sociopolíticos. Esto deja gran parte del territorio boliviano sin explorar y, actualmente, los Llanos de Moxos son el único lugar conocido que alberga a la especie en estado silvestre.

Sin embargo, aún no existe una estrategia de conservación clara para este diminuto pez. El Museo Noel Kempff Mercado, que lidera la investigación, tiene sus límites. Al respecto, Drawert comenta: “Nuestra función es la generación de conocimiento. Confirmamos la existencia, la ubicación y las características ecológicas de la especie. Tomar medidas de conservación le toca a las autoridades, a partir de ese conocimiento”.

El reto principal para la preservación de esta especie, y los rivúlidos en general, es garantizar la protección de los humedales. Pero Bolivia carece de una legislación específica para gestionarlos. Aunque la Constitución, en su artículo 374, reconoce los recursos hídricos como prioridad nacional y la Ley Forestal 1700 establece “servidumbres ecológicas” —franjas de protección en riberas y planos de inundación—, la realidad es confusa.

Según Marlene Quintanilla, el problema es técnico y político, ya que “se habla de servidumbres ecológicas y de franjas de protección de hasta 100 metros de la máxima crecida de los cuerpos de agua. El reto es determinar dónde está esa máxima crecida, quién lo dice y cómo se prueba”.

Robert Schock, alcalde suplente de Ascensión de Guarayos —zona donde se encontró por primera vez a la especie—, señala que la degradación de los humedales está impulsada por la expansión agrícola y la informalidad de la tierra, problemáticas que sobrepasan las competencias municipales y dependen de instituciones como el INRA o el SEARPI.

“Nuestra obligación llega hasta dar parte, porque ya hay un desvío de cursos naturales de agua que compete a una autoridad superior”, explica. Y añade: “Ha bajado un poco el uso de los humedales y la siembra de arroz en la provincia de Guarayos, porque estos arroceros se han trasladado a la provincia de Marbán, donde también podría verse afectado el hábitat natural del Moema”.

Mongabay Latam intentó comunicarse con Rolando Vargas, alcalde de San Andrés, de la provincia de Marbán —lugar donde se descubrió recientemente la especie—, para conocer sus planes de conservación del Moema claudiae y protección de los humedales, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Las expediciones científicas para buscar nuevas especies de peces de la familia Rivulidae se encuentran suspendidas por el contexto político, social y económico boliviano y no se prevé su reactivación hasta 2027. Para Drawert, el hallazgo de Moema claudiae trajo esperanza para la conservación de la fauna silvestre, también puso en evidencia las graves fallas estructurales que amenazan la biodiversidad boliviana.

“Hace poco me desesperaba, sentía esa urgencia de que el tiempo se nos acababa y no íbamos a lograrlo. En los últimos años me resigné, pero al menos intentamos hacer lo más que se pueda. Sin nuestro trabajo no se pueden tomar medidas de protección”, reflexiona.

REFERENCIA

Drawert HA, Litz TO (2025). Rediscovery of a thought to be extinct beauty: a second chance for conservation. Nature Conservation 60: 115-124. https://doi.org/10.3897/natureconservation.60.160386

El artículo original fue publicado por Brenda Villalba Sanchez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un juez cautelar de La Paz determinó este sábado la detención preventiva de Fernando Cerimedo durante seis meses en Chonchocoro, la cárcel de máxima seguridad de Bolivia, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. La audiencia se extendió durante más de cuatro horas.

Cerimedo participó de manera virtual desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde ya cumple detención preventiva por el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller. Con esta resolución, enfrenta cuatro procesos en Bolivia: tentativa de feminicidio, violencia familiar, enriquecimiento ilícito y narcotráfico.

Durante la audiencia tomó la palabra el vicepresidente Edmand Lara, quien pidió que la detención de Cerimedo se cumpliera en Chonchocoro. Su intervención fue uno de los principales puntos de la exposición del acusado, que dedicó buena parte de su declaración a responderle.

“Todo el mundo decía que yo era el que gobernaba este país”

Cerimedo negó haber tenido influencia en las decisiones del presidente Rodrigo Paz y cuestionó las afirmaciones de Lara sobre el supuesto poder que habría ejercido dentro del Gobierno.

“Lo que está diciendo el mitómano vicepresidente, que yo tenía un gran poder, un alto poder, una alta influencia. Si yo hubiese tenido una alta influencia, señor juez, le garantizo que muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubiesen ocurrido”, afirmó.

Sostuvo que el Ministerio Público construyó la acusación sobre esa versión. “Todo el mundo decía que yo era el que gobernaba este país. ¿Cómo puedo gobernar si pasé un montón de tiempo fuera? El presidente Paz ha hecho todo lo que podía hacer para que este país funcione. Yo no tengo nada que ver. He tratado de darle mi consejo como amigo muchísimas veces, como él mismo lo ha dicho, a modo colaborativo”.

Cerimedo admitió haber dado consejos y recordó su trayectoria en campañas de Javier Milei, Rodrigo Paz y Jair Bolsonaro, pero negó haber tomado decisiones dentro del Ejecutivo.

“No he influido en decisiones, no he tomado decisiones, no he contratado a personal, no he despedido a personal, no he despedido a ministros, no he dado órdenes a ministros. No puede mentir de esa manera el vicepresidente”, sostuvo.

También atribuyó la presencia de Lara en la audiencia a un motivo personal. “Parece a modo de amedrentar o a modo de querer influir sobre decisiones, por una cuestión personal que él tiene conmigo, porque él cree que su fracaso en la gestión tiene que ver con decisiones mías, las cuales yo no tomé”.

Cerimedo se refirió además a una tarjeta con su nombre y el cargo de asesor presidencial que circuló en el expediente. Dijo que se trataba de un borrador que nunca se imprimió. “No existe el cargo de asesor principal, no es un ítem que exista en el Estado, entonces estaba mal”, explicó. Aseguró que solamente la guardó.

“Me arruinaron la vida”

Cerimedo quebró en llanto al menos tres veces durante la audiencia, siempre cuando habló de su familia. “Mi familia está desprotegida ahora. Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, dijo.

Insistió en que se sometió voluntariamente a la Justicia y negó haber intentado escapar del país. “Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió. Yo no me quise escapar, como dice el Ministerio Público. Nunca me compré un vuelo para irme, siempre me sometí a la justicia en todos los casos, yo le di la clave de mi teléfono celular a la Policía porque no tengo nada que ocultar”.

En el mismo tramo negó las cuatro acusaciones que enfrenta. “No soy yo un asesino, como dijo el mitómano del vicepresidente, que ya me está juzgando a modo de condicionar a los jueces. No soy un corrupto, he invertido en Bolivia. No soy un narcotraficante, he denunciado el narcotráfico con resultados positivos. Y no soy un violento, señor juez”.

Cerimedo dijo que busca que las acusaciones se aclaren y recuperar su reputación, aunque no espera disculpas de las partes involucradas. “No voy a esperar que el Ministerio Público pida perdón, que Nadia Beller me pida perdón. No estoy esperando eso, pero quiero recuperar mi reputación. Porque, si no, ahí sí voy a tener problemas laborales”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reconoció que el estratega argentino Fernando Cerimedo colaboró en su campaña electoral y durante la etapa inicial de su Gobierno, pero negó que haya tenido un contrato, una relación laboral directa o autorización para representar oficialmente a la Presidencia, al Ejecutivo o a su familia. Aseguró, además, que solicitó a la Policía Nacional realizar todas las investigaciones pertinentes sobre el ataque contra Beller y garantizó que el Ejecutivo facilitará un proceso transparente.

“Soy el primero, el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación, no sobre escándalos, sino sobre pruebas. El escándalo no es una prueba”, afirmó el mandatario.

“Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral”, dijo Paz en un video de cuatro minutos, tras guardar silencio desde el 17 de agosto, cuando ocurrió el ataque armado contra la abogada y expareja de Cerimedo, Nadia Beller.

Las declaraciones se producen en medio de la investigación por el presunto intento de feminicidio contra Beller, quien señaló a Cerimedo como principal sospechoso.

El estratega argentino permanece en detención preventiva en un penal de Santa Cruz.

Beller aseguró ante los medios que Cerimedo operaba como una suerte de “presidente en la sombra” dentro del Gobierno de Rodrigo Paz y que habría intervenido en designaciones y negociaciones que presuntamente involucraban a miembros de la familia del mandatario.

Ocho días después del suceso, el mandatario salió en un pronunciamiento donde explicó que Cerimedo, que inicialmente había llegado al país para trabajar con otros candidatos presidenciales, pasó a colaborar con su candidatura durante la segunda vuelta electoral.

“Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del Gobierno”, reconoció.

Sin embargo, Paz remarcó que esa colaboración no implicó una relación contractual ni una representación institucional.

De acuerdo con su versión, la presencia del estratega argentino en Bolivia no tenía la continuidad necesaria para establecer un esquema de trabajo permanente.

“Por eso, nunca hubo un contrato. Por eso, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales”, sostuvo.

El presidente fue categórico al negar que Cerimedo hubiera recibido atribuciones para hablar o actuar en nombre de las instituciones del Estado. “El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, afirmó, según un amplio informe de Xinhua.

Paz insistió en que la representación oficial del Ejecutivo corresponde exclusivamente a quienes cuentan con un mandato institucional, entre ellos ministros, viceministros o delegados presidenciales.

Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei, declara este viernes desde las 14 ante la justicia boliviana en la causa que se lo investiga por el intento de femicidio de Nadia Beller. La audiencia cautelar se había sido fijada para este jueves pero debió postergarse porque tanto el acusado —trasladado a destiempo desde su lugar de detención— como representantes del Ministerio Público llegaron tarde a la cita judicial.

La Fiscalía anticipó que pedirá 180 días de detención preventiva para Cerimedo y que solicitará que la cumpla en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Su defensa, a cargo de la abogada Margarita Arce, adelantó que pedirá en cambio su “libertad irrestricta” y sostuvo que Beller habría organizado un “autoatentado” por despecho y por no haber conseguido el poder que buscaba dentro del gobierno boliviano.

En paralelo al proceso por el ataque, Cerimedo afronta en La Paz una segunda causa por presunto enriquecimiento ilícito, en cuyo marco continuaron el jueves los allanamientos a inmuebles vinculados al asesor. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, informó que en una de las viviendas donde residía Cerimedo se halló más de medio millón de bolivianos, sumando dólares, bolivianos y euros, además de lo que describió como una “minigranja de bots”: dispositivos utilizados para administrar una gran cantidad de cuentas falsas en redes sociales que interactúan simulando ser personas reales. Ese hallazgo se suma al de un allanamiento anterior, en los barrios paceños de La Florida y Los Pinos, donde ya se habían secuestrado un vehículo oficial, muebles con compartimentos ocultos y tarjetas personales que identifican a Cerimedo como “asesor principal” de la Presidencia de Bolivia.

Este viernes el exasesor de Milei presentó un texto a través de su abogada en el que negó haber participado en el pago a legisladores y desmintió tener “granjas de bots”. Además, aseguró que los miles de dólares incautados no le pertenecen, sino que forman parte de un contrato con la CAF, un banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, que este jueves negó tener vínculo con Cerimedo.

La misma jornada se conocieron además presuntos chats extraídos del teléfono de Cerimedo mediante una pericia informática, según indicó el abogado querellante de Beller, Jerjes Justiniano. Uno de los mensajes difundidos por el canal boliviano DTV dice: “O la elminamos ya o estamos J0D1D0S, conoces alguien que pueda hacer el trabajo”. La Fiscalía no confirmó de manera formal la autenticidad de esos chats ni identificó con certeza a los interlocutores, por lo que su valor como prueba todavía está en discusión.

Sobre el intento de viaje que derivó en la detención de Cerimedo en el aeropuerto de Santa Cruz, la Fiscalía lo había presentado como un indicio de fuga hacia la Argentina. Su defensa ofrece una versión distinta: aseguró que Cerimedo no pretendía viajar a Buenos Aires, sino que fue la propia Beller quien, desde la clínica donde permanecía internada tras el ataque, le pidió que se trasladara a Santa Cruz de la Sierra.

Beller, que continúa internada, volvió a dar declaraciones a medios bolivianos. Este jueves afirmó, en diálogo con radio Erbol, que Cerimedo “ganaba justamente de contratos, de viabilizar pagos, contratos y demás con empresas grandes como petroleras y demás. Pero no recibió un sueldo formal del gobierno, sin embargo, sí hacía uso de bienes públicos del Estado”.

En paralelo, la fiscalía arrestó a una persona vinculada al ataque armado contra la abogada. La confirmación llegó de la fiscal Yolanda Aguilera, quien no dio el nombre del arrestado pero explicó que la captura fue resultado de “operativos realizados en diferentes zonas” de Santa Cruz.

Según precisó Aguilera, la persona detenida está “vinculada con el atentado armado” que sufrió Beller el lunes por la noche, cuando dos hombres disfrazados de repartidores de delivery le dispararon en tres oportunidades en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La fiscal indicó que al arrestado se le tomará declaración para reunir “elementos que puedan darnos con la identidad y paradero de los autores materiales” del ataque, es decir, de los dos hombres que efectuaron los disparos y que hasta ahora seguían prófugos.

La carta de puño y letra de Cerimedo

Fernando Cerimedo declaró ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia en el marco de la investigación por el ataque a tiros contra su expareja, la abogada Nadia Shirley Beller Delgadillo, ocurrido el lunes 17 de agosto en las inmediaciones del hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra.

El exconsultor político de Javier Milei negó haber tenido participación en el ataque y sostuvo que el vínculo con Beller había comenzado como una relación de amistad. Sin embargo, en el acta de su declaración incorporada al expediente, Cerimedo describió una relación sentimental con la mujer, con quien dijo haber mantenido un vínculo “con muchas idas y vueltas”.

Según el material incorporado a la investigación, Cerimedo afirmó que conoció a Beller a fines de 2025 a través de un amigo en común y que, luego de asesorarla sobre modificaciones vinculadas al decreto 5515, ella comenzó a quedarse en su departamento de La Paz.

En su declaración, relató además que el domingo 16 de agosto ambos estuvieron en la Clínica Las Américas porque Beller tenía malestar, náuseas y dolor de cabeza. Allí, según su versión, ella le habría informado que estaba embarazada de aproximadamente cuatro semanas.

Cerimedo sostuvo que el lunes 17 de agosto viajó temprano desde Santa Cruz hacia La Paz y que Beller permaneció en el hotel donde posteriormente fue atacada.

La versión de Cerimedo sobre el día del ataque

El acusado aseguró que vio a Beller por última vez el domingo 16 de agosto y que ella le había contado que permanecería en el hotel Swissôtel. De acuerdo con su declaración, Cerimedo tomó un vuelo hacia La Paz durante la mañana siguiente y negó cualquier participación en el atentado.

La investigación, sin embargo, reconstruye una secuencia diferente. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Cerimedo habría mantenido comunicaciones frecuentes con Beller desde los primeros días de agosto y habría insistido para que concurriera a encuentros con personas que supuestamente iban a proporcionarle información sobre un caso de abuso sexual atribuido al expresidente boliviano Evo Morales.

Según la acusación, esos encuentros no se concretaron inicialmente y la mujer habría comenzado a desconfiar de la situación. Aun así, siempre según la Fiscalía, Cerimedo habría insistido en que concurriera a la cita y le habría garantizado que contaría con custodios para protegerla.

El expediente sostiene que el 17 de agosto Beller se dirigió al Swissôtel y que, mientras esperaba, habría recibido indicaciones para acercarse a la puerta del establecimiento. Allí fue atacada por dos hombres que, de acuerdo con la investigación, vestían prendas vinculadas a servicios de reparto. Los atacantes efectuaron varios disparos y luego le sustrajeron el teléfono celular y la cartera antes de escapar en motocicletas.

Tres impactos de bala y una cirugía de más de tres horas

La documentación médica incorporada al expediente establece que Beller sufrió heridas de arma de fuego en el cuello, el tórax y el brazo derecho. El certificado médico legal citado por la Fiscalía determinó un período de 30 días de incapacidad médico-legal. Además, la documentación clínica señala que la víctima sufrió una fractura conminuta del húmero derecho y debió ser intervenida quirúrgicamente.

La operación incluyó la reducción y osteosíntesis del húmero y tuvo una duración aproximada de tres horas y media. Posteriormente, Beller ingresó a una unidad de cuidados intensivos para su seguimiento posoperatorio. La historia clínica también registra un embarazo de aproximadamente cuatro semanas.

El expediente enumera una serie de elementos que los investigadores consideran relevantes para sostener la imputación contra Cerimedo.

Entre ellos figuran el registro del lugar del hecho, fotografías de la escena, secuestro de dos motocicletas, mochilas de empresas de reparto, proyectiles y fragmentos de proyectiles extraídos del cuerpo de Beller, además de prendas de vestir de la víctima. También se incorporaron informes policiales, declaraciones testimoniales y documentación médica.

La Fiscalía dispuso, además, pericias sobre teléfonos celulares y una computadora, estudios balísticos y análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del hotel. El expediente menciona específicamente una pericia destinada a establecer la trayectoria de los proyectiles y otra para desdoblar y fijar las imágenes de las cámaras del Swissôtel. Para los investigadores, esos elementos deben permitir establecer cómo ocurrió el ataque y determinar el grado de participación de las personas involucradas.

La hipótesis de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene como hipótesis que Cerimedo habría participado en la planificación del ataque y que habría utilizado las comunicaciones con Beller para llevarla hasta el lugar donde finalmente fue baleada.

Según esa reconstrucción, el supuesto encuentro con personas que iban a brindar información sobre un caso de abuso sexual vinculado a Evo Morales habría funcionado como mecanismo para llevar a la víctima hasta el hotel.

La acusación sostiene además que Cerimedo habría prometido que habría custodios para garantizar su seguridad. Sin embargo, de acuerdo con el relato incorporado al expediente, quienes finalmente aparecieron fueron los atacantes.

La Fiscalía considera que las comunicaciones telefónicas constituyen uno de los puntos centrales de la investigación y busca determinar qué intercambios existieron entre Cerimedo y Beller antes del ataque. También forman parte de la pesquisa las cámaras de seguridad del hotel, los registros del lugar y las pericias balísticas e informáticas.

La declaración de Beller y un antecedente de violencia

Otro elemento incorporado al expediente es una entrevista psicológica realizada a Beller mientras permanecía internada. En ese relato, la víctima contó que había recibido una propuesta para reunirse con personas que supuestamente tenían información sobre un caso de abuso sexual y que, luego de que la citaran en distintas oportunidades sin concretar el encuentro, había decidido no continuar.

Según su testimonio, Cerimedo le habría insistido para que concurriera. La mujer también habría referido discusiones con Cerimedo relacionadas con su embarazo y mencionado un episodio previo de violencia, elementos que ahora forman parte de la investigación.

La Fiscalía boliviana calificó provisoriamente el hecho como feminicidio en grado de tentativa, una figura contemplada en el Código Penal de ese país. Los fiscales solicitaron que Cerimedo permanezca detenido preventivamente y argumentaron que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

Entre los fundamentos expuestos figura la presunta falta de arraigo suficiente en Bolivia y la posibilidad de que pueda abandonar el país. La Fiscalía también pidió que, en caso de disponerse la prisión preventiva, sea cumplida en el centro penitenciario de San Pedro-Chonchocoro, en La Paz, y planteó como alternativa el plazo máximo de 180 días.

La audiencia en la que la Justicia boliviana debe resolver la situación procesal de Cerimedo fue suspendida y podría realizarse este viernes 21 de agosto.

Con información de la agencia NA y la Fiscalía

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra presentó la imputación formal contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo y solicitó que permanezca 180 días en prisión preventiva por su presunta participación como autor intelectual del ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.

El pedido fue confirmado por el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien explicó que la decisión final quedará en manos de un juez durante la audiencia cautelar. El Ministerio Público solicitará además que Cerimedo sea trasladado a la cárcel de Palmasola.

“Tenemos a un presunto autor aprehendido, en calidad intelectual. La comisión fiscal está elaborando la imputación formal y con seguridad se solicitará la detención preventiva”, señaló Zeballos.

Cerimedo fue detenido el martes de madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. El exasesor de Javier Milei y actual colaborador personal del presidente boliviano Rodrigo Paz es investigado como presunto autor intelectual del ataque ocurrido el lunes por la noche.

La Justicia busca determinar qué grado de participación tuvo el consultor y quiénes fueron los responsables materiales de la agresión. También intenta establecer si existió una planificación previa y si otras personas participaron en la organización o el financiamiento del ataque.

Beller fue atacada frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos hombres que llevaban ropa similar a la utilizada por repartidores de comida. Según la investigación, uno de ellos se acercó a la mujer y le efectuó tres disparos a corta distancia, mientras que el segundo le sustrajo el teléfono celular y la cartera. Los agresores huyeron en una motocicleta y todavía no fueron identificados.

La víctima fue trasladada a la Clínica Las Américas, donde fue operada. Desde el hospital contó que todavía conserva restos de proyectiles en el cuerpo y que uno de los disparos le provocó una lesión en el hueso del brazo. Beller responsabilizó públicamente a Cerimedo y sostuvo que fue él quien la convenció de acudir al lugar donde finalmente fue atacada.

Según su relato, el consultor le había dicho que allí podría obtener una prueba relacionada con una denuncia de abuso sexual contra el expresidente boliviano Evo Morales. También habría asegurado que el hotel contaba con cámaras de seguridad y que enviaría personas para custodiarla.

“Él me indujo a ir al lugar donde me citaron, supuestamente para conseguir una prueba contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales”, relató la mujer. Beller afirmó además que Cerimedo le había prometido que tendría escoltas en el lugar, pero que “nunca aparecieron”.

La víctima también declaró que hablaba por teléfono con el consultor cuando recibió los disparos y que logró sobrevivir porque simuló estar muerta para evitar que el atacante volviera a dispararle.

Peritan el celular y la computadora

Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó realizar peritajes sobre el teléfono celular y la computadora de Cerimedo, que fueron secuestrados al momento de su detención.

La fiscal Yolanda Aguilera dispuso analizar la información almacenada en los dispositivos para buscar comunicaciones, archivos u otros elementos que puedan vincular al consultor con el ataque.

De acuerdo con fuentes judiciales, el acceso al teléfono no requerirá vulnerar ninguna medida de seguridad, ya que Cerimedo habría entregado voluntariamente la contraseña cuando fue detenido.

El acusado, sin embargo, se negó a declarar ante la Justicia el martes por recomendación de sus abogados, quienes pretenden conocer primero las pruebas reunidas en el expediente.

Los chats sobre supuestos episodios de violencia

La investigación también incorporó conversaciones que Beller difundió públicamente y en las que atribuyó a Cerimedo episodios anteriores de violencia física. En uno de esos intercambios, la mujer sostuvo que el consultor la había ahorcado, arrojado al piso y golpeado. En la respuesta atribuida a Cerimedo no aparece una admisión explícita de esos hechos, aunque se lee: “Te pedí disculpas de mil formas”.

Beller también difundió capturas fechadas semanas antes del ataque en las que mostró lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cuello, el codo, la rodilla y el pómulo. La Justicia deberá determinar la autenticidad de esas conversaciones y establecer qué valor probatorio pueden tener dentro de la investigación.

Mientras Cerimedo permanece detenido, la Policía boliviana continúa buscando a los dos hombres que ejecutaron el ataque. Las cámaras de seguridad permitieron identificar que ambos llegaron en una motocicleta vestidos como repartidores. Uno de ellos fue quien disparó contra Beller, mientras que el otro le sustrajo sus pertenencias.

Los investigadores encontraron la motocicleta que habría sido utilizada para la fuga y continúan analizando las imágenes de las cámaras del hotel y de los alrededores para intentar identificar a los responsables. La Fiscalía también recolectó casquillos y otras evidencias en el lugar del ataque.

Allanamientos y una segunda investigación

La detención de Cerimedo derivó además en allanamientos en al menos dos domicilios, entre ellos el departamento que ocupaba en La Paz.

Según informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, durante los procedimientos se encontraron importantes sumas de dinero, compartimentos ocultos con objetos de valor, un teléfono satelital y una camiseta de la Policía boliviana.

También fueron secuestradas valijas, una motocicleta con las llaves colocadas y un automóvil con características similares a las de un vehículo oficial. Los investigadores encontraron además tarjetas personales en las que Cerimedo figuraba como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que ese cargo no forma parte de la estructura oficial del Gobierno y que las tarjetas no fueron emitidas por el Estado. Sin embargo, reconoció que Cerimedo mantuvo una asesoría personal con Paz luego de la campaña electoral. A partir de los elementos encontrados, la Fiscalía abrió una segunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En paralelo, Beller difundió una conversación que atribuyó a Cerimedo en la que el consultor se refería a su supuesto vínculo con el presidente Paz. “Por suerte Rodrigo me empezó a hacer caso con el cambio de ministros y mano dura”, sostiene uno de los mensajes difundidos. En otro tramo agrega: “La semana pasada lo entendió. Y está saliendo bien”.

La captura no demuestra que Paz haya tomado decisiones en función de las recomendaciones de Cerimedo, pero expone que el consultor se atribuía influencia sobre determinadas decisiones del mandatario.

El Gobierno boliviano, en tanto, anunció una investigación sobre el caso. Paz ordenó que el episodio sea esclarecido y Gálvez aseguró que las autoridades prestarán “absoluta colaboración” a la Justicia y que Cerimedo no contará con protección política.

La conexión con la causa ANDIS

El caso también generó repercusiones en la Argentina a partir de las declaraciones de Beller sobre la supuesta participación de Cerimedo en la filtración de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

La mujer afirmó que el consultor le había hablado de presuntos hechos de corrupción en la Argentina y sostuvo que fue quien difundió las grabaciones que dieron origen a una investigación por supuestas coimas en el organismo.

El consultor ya declaró como testigo en esa causa y aseguró ante la Justicia que Spagnuolo le había hablado durante 2024 sobre un supuesto circuito de retornos en la compra de medicamentos que involucraba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

Cerimedo no ocupa actualmente un cargo oficial en el Gobierno argentino. Fue uno de los principales colaboradores de Milei durante la campaña presidencial, participó en la estructura digital y formó parte de su círculo de confianza. Según fuentes de la Casa Rosada, se encontraba distanciado del Presidente desde hacía tiempo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó este martes su solidaridad con la abogada Nadia Beller por el ataque armado que sufrió en la víspera en la región oriental de Santa Cruz, y le ofreció “todas las garantías necesarias” en el caso, en el que el principal investigado por tentativa de feminicidio es su expareja, el argentino Fernando Cerimedo.

Beller fue atacada a tiros el lunes en la noche por desconocidos, suceso por el que la Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo y pedirá el encarcelamiento preventivo del argentino, quien fue asesor del partido del presidente de ese país, Javier Milei.

El mandatario aseguró que dejó instrucciones a las autoridades pertinentes para que se realice una investigación “profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido”.

“La señora Beller debe contar con toda la seguridad y las garantías necesarias, al igual que el proceso de investigación”, sostuvo.

La verdad “debe estar por encima de todo”: Paz

El mandatario afirmó que la verdad “debe estar por encima de todo” para que “se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia”.

También advirtió que los hechos de violencia en Bolivia “están llegando a niveles insospechados” y con repercusiones incluso fuera del país.

Más temprano, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que Cerimedo “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política” y que “por eso es que está aprehendido”.

Gálvez también afirmó que el Ejecutivo “no tiene absolutamente nada que ocultar” sobre las acusaciones de supuestos hechos de corrupción que hizo Beller y que se instruyó que todas las autoridades que investigan el caso del ataque contarán “con toda la colaboración del Gobierno”.

Gálvez aclaró que Cerimedo no fue un asesor, sino “un colaborador cercano” de Paz en la campaña política para las elecciones generales de 2025, y que posteriormente “siguió colaborando en la gestión del presidente” sobre algunos “temas concretos de comunicación”, aunque, según dijo, sin ser parte de la estructura del Estado.

El Supremo instruye que el caso no se declare en reserva

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia a través de su presidente, Romer Saucedo, también instruyó que no se declare en reserva la investigación de la Fiscalía por el presunto delito de “tentativa de feminicidio” en contra de Beller.

Saucedo, dijo a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz que la decisión responde a una solicitud hecha públicamente por la abogada, a quien expresó su solidaridad.

Cerimedo fue arrestado en las últimas horas

Cerimedo, a quien los medios locales identifican como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, fue arrestado por agentes en el aeropuerto de Viru Viru, cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz, dijo a los medios el comandante departamental de esa región, coronel David Gómez.

Según Gómez, la Policía tuvo conocimiento de que Cerimedo y la activista, la víctima del ataque armado, tuvieron “en días pasados un problema de carácter sentimental”, por lo que se desplegó al personal del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, “donde se procedió al arresto de esa persona”.

Beller denuncia que la Policía de Bolivia “lo encubre”

Por su parte, la abogada Nadia Beller, que en la víspera resultó herida tras recibir tres disparos de arma de fuego, denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja y pidió que la investigación no se declare en reserva.

“No quiero que el caso sea declarado en reserva, tengo derecho de conocer las investigaciones. La Policía lo va a encubrir, miren cómo lo condecoraban”, escribió Beller en sus redes sociales y acompañó su publicación con una fotografía de una plaqueta de una condecoración de la Policía Boliviana que lleva el nombre de Cerimedo.

Beller que tuvo vínculos con la izquierda y la derecha de Bolivia, recibió un ataque en la noche por dos desconocidos vestidos como repartidores de comida a domicilio cuando se encontraba en las puertas de un hotel en Santa Cruz.

La activista también reconoció que mantenía una relación sentimental con Cerimedo y que por esa cercanía se enteró de supuestos hechos de corrupción del Gobierno de Paz, de los que aseguró tener prueba, y acusó al argentino de al menos dos infidelidades y de dos supuestos intentos de feminicidio.

“En Bolivia nadie está por encima de la ley”: ministro de Gobierno en Bolivia

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se solidarizó con la activista y pidió “una investigación seria y profunda” del suceso, al asegurar que “en Bolivia nadie está por encima de la ley”.

Asimismo, la abogada y activista política publicó capturas de pantalla de algunas supuestas conversaciones que tuvo con Cerimedo y que muestran lesiones en su cuerpo ocasionadas, según dijo, por el argentino.

“Les dejo pruebas del anterior intento de feminicidio que el Gobierno tapó. Saquen captura porque él (refiriéndose a Cerimedo) tiene bots que tumban páginas”, escribió.

EFE

El gobierno de Rodrigo Paz diseña un nuevo marco legal minero, para lo cual inició la Cumbre Nacional Minera, que comenzó con tropiezos y que se espera termine en octubre con la redacción de una nueva ley o Código Minero que rija la actividad. Representantes de los pueblos indígenas, quienes sostienen ser los más afectados por la contaminación de ríos por minería de oro, ni defensores ambientales fueron convocados por el Ejecutivo. Miembros de la Cámara de Diputados advierten que no recibirán ni aprobarán el nuevo Código Minero si no hay socialización con organizaciones indígenas, ambientales y políticas.

Esta cumbre inició su trabajo en diciembre de 2025, pero el 22 de julio se inauguró formalmente. Las autoridades debieron postergar su inauguración debido a que no habían llegado a consensos con sectores mineros como los cooperativistas. El evento debía durar una semana, pero se decidió avanzar en mesas de trabajo. En ninguna de ellas participan los pueblos indígenas ni los defensores ambientales.

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Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional en defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), afirmó a Mongabay Latam que las organizaciones indígenas no fueron convocadas para participar y cuestionó que el gobierno de Paz solo identifique como actores en esta temática a la minería estatal, cooperativas mineras, empresas mineras e instituciones del Estado.

“El eje ambiental es solamente un discurso del Gobierno, ya que buscan dialogar un nuevo código minero solamente con actores mineros y no con actores que puedan aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública de la cual es responsable la minería aurífera”, reclamó Alipaz.

La lideresa indígena sostuvo que “el problema de la minería no solo es que utiliza tóxicos como el mercurio o cianuro, que nos envenenan tanto a humanos como a la flora, la fauna y nuestros alimentos, es también una problemática social, familiar, de mujeres, niños, niñas y de violación de nuestro derecho al territorio de nuestras naciones, pueblos y comunidades indígenas”.

Mongabay Latam pidió una solicitud de entrevista al ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón, pero en esa entidad no atendieron el pedido. Cuando se inauguró el evento el funcionario anunció que en la cumbre se iban a abordar seis mesas de trabajo con distintos ejes temáticos: seguridad jurídica; institucionalización; comercialización; lucha contra la minería ilegal; ambiente y minería responsable; y contratos mineros.

Sobre el eje ambiental, el ministro Calderón afirmó que esa mesa aborda alternativas para promover una “minería más sostenible”, incluyendo el análisis de tecnologías que permitan sustituir progresivamente el uso del mercurio.

“Estamos evaluando alternativas para reemplazar el uso del mercurio por tecnologías más limpias, aprovechando además la cooperación internacional y las experiencias que ya vienen desarrollándose para avanzar hacia una minería más responsable con el ambiente”, señaló entonces Calderón.

El sector cooperativa abandonó la cumbre minera la semana pasada debido a que el ministerio de Minería y Metalurgia incluyó al debate a dos sectores mineros que no son reconocidos por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) debido a disputas internas entre organizaciones.

Sobre la inclusión de pueblos indígenas, Josué Caricari, presidente de Fencomin, afirmó a Mongabay Latam que su sector no tiene ningún inconveniente en que las organizaciones indígenas participen de esta cumbre. Además, el dirigente minero afirmó que tienen propuestas para evitar el uso de mercurio en la minería aurífera, pero que requieren apoyo del Estado.

“La minería es diversa en Bolivia, no es un solo sector y no se trabaja un solo mineral. Sabemos que hay reclamos de los pueblos indígenas y nosotros no estamos en contra de sus reclamos. Tenemos propuestas para no usar el mercurio, cambiar a una tecnología moderna, pero eso requiere atención del Estado”, destacó Caricari.

El dirigente minero no cerró las puertas a la cumbre y afirmó que pueden regresar al debate si es que el Gobierno reestructura el mecanismo de participación del evento.

El reclamo indígena

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Guido Alfaro, consideró que el plan del Gobierno es intensificar la minería en Bolivia relegando a actores afectados, como las organizaciones indígenas.

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“A nosotros no nos llegó ninguna invitación para ser parte de este evento a pesar de que somos los más afectados por la minería. Quisiera invitar a las autoridades, al presidente [Paz], que vengan a ver cómo las cooperativas están destruyendo nuestros ríos, cómo están contaminando nuestras aguas. Ojalá puedan venir y luego con ese conocimiento hacer su ley minera”, afirmó Alfaro a Mongabay Latam.

Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, en la cumbre participan sectores de “cooperativas mineras, minería privada, minería chica, nuevos emprendimientos, profesionales, exautoridades y especialistas” en mesas técnicas, donde analizan los principales desafíos del sector y plantean iniciativas que contribuirán a la elaboración de una nueva normativa minera.

Uno de los ejes de mayor interés está dedicado al fortalecimiento de las acciones contra la minería ilegal. En esa mesa se analizan propuestas orientadas a mejorar el marco institucional y jurídico para enfrentar ese problema. “Entre ellas [las propuestas] se analiza la creación de una sala minera especializada dentro de la Justicia ordinaria, que permita atender con mayor eficiencia los casos vinculados a esta actividad ilícita”, explicó Calderón.

Alex Villca, miembro de Contiocap y también de la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía (CODA), afirmó a Mongabay Latam que antes de priorizar el Código Minero se debe abordar el tratamiento de una Ley de Protección de las Cuencas Hídricas, “que en este momento es más importante y urgente que la intensificación de una minería que saquea, que destruye nuestro patrimonio natural y cultural, con miserable renta para el país, tal como lo venimos exigiendo reiteradamente”.

El dirigente indígena y defensor ambiental rechazó que tanto el Gobierno como el sector minero “tengan poder de decisión sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas para otorgar contratos, sin cumplir con la consulta previa como manda la Constitución”.

Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo y experto en temas mineros, afirmó a Mongabay Latam que la cumbre minera “no tiene objetivos claros” y que “no tiene definida la visión de lo que se quiere”. Además, el experto criticó que el Gobierno no haya invitado a las nueve gobernaciones de Bolivia (gobiernos departamentales), municipios ni comunidades indígenas, que resultan afectadas por la actividad minera.

“A todo eso se suma que el sector cooperativista participa con una fuerte presión al Gobierno nacional. En todo eso, no hubo invitación a sectores clave. Ahí va a haber un vacío muy grande, al igual que la Ley Minera actual, se ha hecho entre mineros y por eso hay tantos líos de avasallamientos, de no consulta previa, no respeto a las comunidades, destrucción de grupos étnicos; todo eso está permitido por la actual ley”, dijo Córdova.

Las cooperativas mineras en Bolivia son asociaciones de socios-trabajadores que explotan yacimientos estatales o privados. Agrupan a la mayor cantidad de mano de obra del sector y generan más del 58 % de la producción nacional de minerales, sobre todo oro y metales tradicionales, según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Su aporte fiscal directo al país es mínimo en comparación con otros regímenes productivos.

Además, las cooperativas son cuestionadas porque muchas de ellas no respetan la normativa ambiental y por tener peso político dentro de los gobiernos de turno, como fue el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora, esa incidencia en las políticas públicas se repite con Rodrigo Paz, con quien firmaron un polémico acuerdo que autoriza el ingreso de la minería cooperativa a áreas protegidas.

Entre rechazo y críticas

Margarita Aquino, representante de la Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), afirmó que la minería no es un asunto exclusivo del Gobierno y de los operadores mineros, como las cooperativas, ya que esa actividad -dijo-, se desarrolla en territorios indígenas y, en muchos casos, dentro de áreas protegidas.

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La defensora ambiental pidió a diferentes organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, ejercer mayor control sobre las políticas públicas relacionadas con la actividad minera y reiteró su rechazo a que las decisiones sobre los recursos naturales se adopten sin la participación de los pueblos indígenas y de quienes defienden el medioambiente.

Mientras, en el campo político existen posiciones encontradas respecto a la nueva normativa minera. La diputada Patricia Patiño, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a Mongabay Latam que la comisión que preside rechazará los resultados de la cumbre minera porque en el evento no fueron tomados en cuenta sectores afectados, como los pueblos indígenas.

“Por supuesto que no vamos a aceptar las conclusiones de la cumbre [minera] porque no hemos sido parte de esa instancia. Se están tratando temas de recursos naturales y ambiente sin que se haya convocado a los pueblos indígenas”, afirmó la legisladora en contacto con Mongabay Latam.

Patiño, que es presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, adelantó que pedirá al Gobierno convoque a pueblos indígenas para que puedan observar el proceso de armado del marco legal minero.

Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, garantizó que en la nueva normativa minera se incluirá la protección ambiental y la participación de pueblos indígenas. “Sabemos que una Ley Minera sin la variable ambiental no es posible. Entiendo que este es un proceso que está iniciando el Ministerio de Minería para llevar adelante esta reforma a su norma y estoy absolutamente seguro de que la variable ambiental es y será parte importante de esta nueva estructura jurídica”, dijo la autoridad a medios locales.

Ávila aseguró que la actividad minera no solo afecta a comunidades indígenas, aunque admitió que existen impactos en toda la población. “Yo no creo que solo los pueblos indígenas son los afectados, afecta a todas las comunidades del país”, dijo el viceministro.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Para la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, el bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es la “casa grande” donde conviven la comunidad, los ríos, los animales, los seres espirituales y la memoria de sus antepasados. Para ellos, conservar los bosques es conservar la vida. Sin embargo, los datos analizados por Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— muestran que ahora esa “casa grande” está bajo asedio.

En apenas dos décadas (2003-2023) se deforestaron más de 186 500 hectáreas de bosque en los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica boliviana, una superficie casi tres veces mayor que la ciudad de Madrid. De esa cantidad, solo el 10% contó con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el 90 % restante —168 670 hectáreas— ocurrió al margen de la ley.

Para Rivelino Segundo, capitán grande de Isoso —el territorio indígena con la mayor superficie de desmonte ilegal, más de 43 000 hectáreas—, la deforestación que avanza sobre los territorios ancestrales está directamente relacionada con los avasallamientos y la expansión de la frontera agrícola. A su juicio, quienes ocupan ilegalmente estas tierras buscan convertir el bosque en áreas de producción. “No somos nosotros los que desmontamos. Son los avasalladores. [En Isoso], lo hacen para sembrar soja a gran escala. Nosotros, como pueblo guaraní, convivimos con la naturaleza”.

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Este y otros hallazgos son el resultado de un año de investigación en el que la alianza periodística, apoyada por geógrafos, analizó miles de datos filtrados desde la ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.

De esa investigación nace VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada.

La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.

La frontera de lo ilegal

Entre 1986 y 2024, según los registros de GeoFAN, portal geoespacial de datos desarrollado por la FAN, los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica acumularon la pérdida de aproximadamente 257 000 hectáreas de bosque. La cifra equivale al 3.4 % de toda la superficie deforestada en Bolivia durante ese periodo, estimada en 7.6 millones de hectáreas.

Para comprender cuánto de esa transformación ocurrió dentro del marco legal, Amazonía Traficada accedió, a través de una filtración de la ABT, a una base de datos inédita sobre autorizaciones de desmonte emitidas entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución otorgó alrededor de 9 400 resoluciones administrativas con las que autorizó el desmonte de casi 80 000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas.

Sin embargo, solo una fracción de esa superficie autorizada para desmonte perdió bosque. Al cruzar la información de la filtración de la ABT con datos satelitales de deforestación, la investigación identificó que de las 80 000 hectáreas autorizadas, alrededor de 17 900 hectáreas de bosque fueron efectivamente taladas.

La diferencia entre lo permitido y lo que realmente ocurrió en el territorio revela una realidad más compleja. Que solo se haya desmontado una fracción de la superficie autorizada no significa que la deforestación haya sido menor. Por el contrario, la mayor parte de la pérdida de bosque sucedió fuera de las áreas autorizadas. Entre 2003 y 2023, la pérdida de bosque registrada en áreas sin permiso alcanzó las 168 670 hectáreas.

En otras palabras, por cada hectárea de bosque talado dentro de áreas autorizadas, se desmontaron más de nueve hectáreas fuera de ellas. El 90 % de la pérdida de bosque en los territorios indígenas amazónicos ocurrió al margen de los mecanismos de control estatal.

Amazonía Traficada solicitó información y una entrevista a la Dirección Nacional de la ABT para conocer su evaluación sobre estos hallazgos. Al cierre de esta investigación, la institución informó que el requerimiento continuaba en “revisión y coordinación administrativa interna”, por lo que no emitió una respuesta dentro del plazo previsto.

La presión que enfrentan los territorios indígenas amazónicos forma parte de una tendencia más amplia. El informe del World Resources Institute muestra que Bolivia, en 2025, volvió a ocupar el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.

La pérdida de bosque en la Amazonía indígena no solo ocurre como resultado de los desmontes. El fuego también ha dejado una huella profunda sobre estos territorios. Datos analizados para esta investigación muestran que, entre 2001 y 2024, las quemas e incendios forestales afectaron 23.8 millones de hectáreas en Bolivia. De esa superficie, 4.1 millones de hectáreas —el 17 % del total nacional— se localizaron dentro de territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Para comprenderlo es necesario retroceder varias décadas y revisar la historia de las demandas de los pueblos indígenas amazónicos por el reconocimiento y la defensa de sus territorios ancestrales.

La última década del siglo pasado fue clave en la conquista del reconocimiento de los territorios indígenas. Los años 1990 y 1996 marcaron hitos decisivos de ese proceso. En esos dos años los pueblos indígenas dejaron atrás los bosques, ríos y sabanas que conforman su hogar amazónico para recorrer cientos de kilómetros hasta la sede del Gobierno, en La Paz.

En ambas oportunidades —las primeras, aunque no las únicas— caminaron durante más de 30 días para hacer visible una demanda histórica. No pedían nuevas tierras; exigían que el Estado boliviano reconociera los territorios que ellos habitaban desde antes de la constitución de la República en 1825.

La presión de la marcha de 1996 contribuyó a la aprobación de la Ley INRA, que sentó las bases para el saneamiento y la titulación de los territorios indígenas. Sin embargo, tres décadas después de ese hito histórico, el reconocimiento territorial quedó lejos de completarse. Así lo demuestran investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, pidieron el reconocimiento legal de alrededor de 22.7 millones de hectáreas, pero el INRA tituló 11.7 millones de hectáreas, apenas el 52 % de la superficie solicitada. Más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.

Mientras gran parte de esta demanda seguía sin resolverse, el Estado continuó adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Se trataba de privados y comunidades de colonizadores, como se conoce en Bolivia a los campesinos, generalmente de zonas andinas, que migraron al oriente boliviano para dedicarse a la agricultura y expandir la frontera agrícola. El equipo de Amazonía Traficada tuvo acceso, a través de una filtración del INRA, a resoluciones de asentamientos (inicio del proceso de dotación de tierras) emitidas durante una década por esta institución.

El análisis de esa información revela que, entre 2009 y 2019, el INRA adjudicó aproximadamente 318 500 hectáreas para el establecimiento de 236 comunidades en áreas adyacentes a 19 territorios indígenas titulados. Las principales beneficiarias fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), afines al partido político que estuvo en el poder entre 2006 y 2025.

De acuerdo con la legislación boliviana, las comunidades beneficiarias de una resolución de asentamiento deben demostrar, en un plazo de dos años, el cumplimiento de la Función Social de la tierra para avanzar hacia la titulación definitiva, es decir, deben ocupar efectivamente el predio, residir en él y desarrollar actividades productivas. Si no lo hacen, pueden exponerse a procesos de reversión o a la pérdida de derechos sobre esas tierras. Consultado sobre la situación actual de estos asentamientos, el INRA no respondió a las reiteradas solicitudes de información realizadas para esta investigación.

Asimismo, se solicitó una entrevista —vía telefónica— con los máximos dirigentes de la CSCIB y de la CSUTCB, Juan Cáceres y Víctor Hugo Roca Leyte, respectivamente. Sin embargo, no fue posible establecer contacto con ninguno de ellos.

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El tráfico de tierras

Además de la presión que ejercen las comunidades de terceros asentadas —con la autorización del INRA— alrededor de los territorios indígenas titulados, estos pueblos ancestrales se enfrentan al avasallamiento de sus espacios legalmente reconocidos por el Estado, es decir que cuentan con un título de propiedad colectiva.

Amazonía Traficada entrevistó a líderes de 30 de los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica. Veintiocho reportaron haber registrado avasallamientos durante las últimas dos décadas y, en 22 casos, los conflictos continúan sin resolverse.

¿Quiénes están detrás de estas ocupaciones y qué buscan? Según los testimonios recogidos, la mayoría de las presiones sobre el territorio comienzan con la toma ilegal de la tierra. Cuando los ocupantes pertenecen a una organización social (como la CSUTCB o la CSCIB, entre otras)— ejecutan el asentamiento en grupo. Esto sucede en 78 % de los casos reportados en las entrevistas.

Si se les pregunta por qué ocupan estos territorios, la respuesta suele ser la misma, relatan los líderes indígenas consultados. Sin presentar pruebas, aseguran que se trata de tierras fiscales disponibles y que ya han iniciado trámites de dotación ante el INRA. Acto seguido, dividen el área ocupada en parcelas, levantan viviendas precarias y comienzan a desmontar el bosque. Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses —e incluso años— en actuar, los árboles siguen cayendo y se activa un mercado ilegal de tierras dentro de los territorios indígenas.

No obstante, los avasallamientos no siempre son impulsados por organizaciones sociales. Cuando los ocupantes son actores privados, el mecanismo suele ser diferente. Quienes ingresan afirman haber comprado los predios y, según los testimonios recogidos, detrás de estas operaciones suele existir una compleja red de intermediarios, traficantes de tierras y otros actores que alimentan el mercado ilegal de tierras indígenas.

En ambos casos, el objetivo final es el mismo: habilitar tierras para actividades agropecuarias a distinta escala.

A las ocupaciones y disputas por la tierra se suma otra presión: la expansión de la soja. Datos de MapBiomas analizados para esta investigación muestran que, entre 2021 y 2024, este cultivo estuvo presente en 15 de los 48 territorios indígenas amazónicos, es decir, en casi un tercio del total.

Los habitantes indígenas de la Amazonía boliviana siguen intentando defender su “casa grande” cada vez más presionada Lo que ocurra en ella tendrá consecuencias más allá de sus fronteras.

* Este reportaje es parte de Amazonía Traficada, un proyecto producido en colaboración con el Centro Pulitzer y en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales. Puede leer el artículo original aquí

Colaboración reportería: Cristian Ascencio, Erika Bayá, Yaquelin Fernández, Yolanda Mamani

Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán

Infografía: José Arias, Lily Soruco

Fotografía y video: Edy Yobany Velasco

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se llevan adelante en Bolivia y deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban la Misión Humanitaria.

La comitiva que llegó este lunes a la madrugada, al aeropuerto de El Alto, está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros: les retuvieron los documentos, los obligaron a tomar un avión hacia a ciudad bolivina de Santa Cruz y regresaron hacia Argentina. 

Desde allí, Biasi, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, sostuvo que estuvieron “secuestrados con represión policial” y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia. 

Además, indicó que lo que ocurre en ese país es “una verdadera dictadura militar”: “Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio”, agregó.

En la misma línea, Barry confirmó que “no los dejaban bajar del avión” y que el trato que recibieron “fue igual al de un secuestro”. Además, manifestó que quisieron “hacerles firmar un documento” que presentaba “causas truchas” respecto a los objetivos del viaje.

Por su parte, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez le “exigió” a las autoridades bolivianas que Marino “pudiera realizar las tareas para las que fue invitado” por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe: “Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física”, remarcó.

“Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos”, sostuvo el comunicado que emitió la Misión Humanitaria.

Asimismo, subrayaron que esta situación “atentó contra los fueros diplomáticos” de los legisldores Marino y Biasi, que forman parte de la delegación, y calificaron el accionar de Paz Pereira como “dictatorial”.

“La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación por la que está pasando la Misión Humanitaria”, concluyeron.

En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que pretende habilitar y ampliar actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. El convenio tendrá un impacto negativo sobre los parques nacionales, fuentes de agua y pueblos indígenas, aseguran expertos, legisladores y representantes indígenas.

El acuerdo se firmó el 14 de mayo en plena crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia. Son más de 40 días de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos que tienen cercada, sobre todo, a la ciudad de La Paz. Varios sectores sociales exigen la renuncia del presidente Paz, quien insiste en el diálogo a pesar de la presión de activar un estado de excepción para terminar con los conflictos.

Uno de los sectores que participó activamente de las manifestaciones y bloqueos en la primera etapa de la crisis fueron los mineros cooperativistas, quienes incluso llegaron a enfrentarse con la Policía Boliviana en La Paz y utilizaron dinamita para intentar ingresar a las calles cercanas al Palacio de Gobierno. Esta organización fue convocada al diálogo y luego de horas de debate cerraron el acuerdo.

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Tras esa reunión se firmó un acta de ocho puntos. El último se titula “Políticas en Medio Ambiente” y es el que dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) “restablecerá el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas de manera pronta”.

Además, establece que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) “repondrá el reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo como instrumento técnico para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, conforme al artículo 220 de la Ley 535 de Minería”.

El acuerdo también tiene puntos relacionados con representación institucional, concesiones mineras, provisión de explosivos, contratos y participación del sector en decisiones estatales.

En Bolivia ya existen casos de minería ilegal dentro de áreas protegidas. La reserva más afectada es el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, donde existen denuncias de los propios guardaparques sobre actividades mineras en el río Tuichi, un afluente que fue catalogado como sujeto de derechos por el Tribunal Agroambiental.

Este tipo de minería aluvial en áreas protegidas puede provocar contaminación del agua por el uso de mercurio en la amalgamación del oro, lo que afecta a la fauna acuática y la salud de las poblaciones locales. Además, ocasiona la deforestación por el uso de dragas que devastan las riberas de los ríos y arrasan con los bosques.

Otro impacto es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ya que las operaciones mineras irrumpen en territorios indígenas dividiendo comunidades y afectando su soberanía alimentaria.

Críticas al acuerdo

Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, calificó como “nefasta y macabra” la reunión entre el gobierno de Paz y el sector minero cooperativista y consideró que el acuerdo fue firmado bajo la presión que realizan los cooperativistas mineros con cualquier gobierno. La legisladora afirmó a Mongabay Latam que una manera de solucionar el conflicto con este sector fue brindarles “concesiones inaceptables”, refiriéndose a las áreas mineras que buscan tener en áreas protegidas y territorios indígenas.

“El Gobierno no puede sacrificar bienes comunes vitales, como nuestras áreas protegidas, nuestras fuentes de agua. Se debería hacer respetar las resoluciones del Tribunal Agroambiental”, resaltó Requena en diálogo con este medio.

La diputada se refiere a la resolución que emitió a inicios de 2026 el Tribunal Agroambiental, instancia que ordenó prevenir medidas regresivas contra el ambiente y las áreas protegidas de Bolivia. “Nadie detiene el envenenamiento con mercurio de niños y niñas y pueblos indígenas”, dijo Requena. El mercurio es un mineral altamente contaminante y tóxico que se utiliza en la separación del oro de los sedimentos de ríos, el tipo de minería que los cooperativistas buscan realizar en las áreas protegidas de la Amazonía.

Los efectos de la contaminación por mercurio en poblaciones humanas incluyen efectos neurológicos. “Está entre las diez sustancias más peligrosas declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicó a Mongabay Latam Claudia Vega. Vega es coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una organización enfocada en la investigación e innovación para el desarrollo sostenible del bioma. “Es un problema para la salud pública y de hecho el mercurio es el único elemento que tiene un convenio, el convenio de Minamata, donde alrededor de 128 países se han comprometido a reducir el uso de mercurio para la protección de la salud humana y la salud del ecosistema porque se reconoce su alta toxicidad”, aseguró en una entrevista en 2025.

“Una de las cosas que más preocupa en mercurio es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Eso quiere decir que si una mujer embarazada come mercurio [a través del consumo de peces de los ríos contaminados], este puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Puede afectar al niño en edades tempranas y tener impacto para toda su vida. Los niños no pueden pararse, no oyen”, afirmó Vega.

La legisladora Requena acotó que el acuerdo entre Paz y los mineros ignora los impactos ambientales de la minería aurífera, particularmente la contaminación por mercurio y la afectación a ríos, lagos, glaciares y bofedales. “Muy pocos defendemos el medio ambiente”, reprochó Requena.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) demandó a través de un comunicado la anulación inmediata del acuerdo entre el gobierno de Paz y Fencomin, cuestionando que se haya cedido al ingreso de la minería en áreas protegidas bajo presión de los mineros.

“El acuerdo con Fencomin busca monopolizar decisiones sobre la minería para una mayor proliferación de cooperativas mineras y mayor violencia y devastación del ambiente, mientras el Gobierno no tiene ni tendrá control sobre la extracción de minerales como lo venimos advirtiendo desde la aprobación de la Ley del Oro”, cuestionó Ruth Alipaz, representante de Contiocap.

La activista indígena acusó al presidente Paz de desconocer sentencias constitucionales que declaran a los ríos como sujetos de derechos y eliminar el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional al comprometer la aprobación de contratos mineros que “no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”.

Alipaz enumeró cinco artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia que se estarían violando con el acuerdo entre cooperativas mineras y el Gobierno y también demandó la suspensión de toda ampliación de zonas mineras sin garantías reales de fiscalización y protección ambiental. “Estamos exigiendo la adopción inmediata de medidas normativas, institucionales y operativas contra la minería ilegal y los delitos relacionados”, dijo Alipaz.

Los defensores de la reserva natural de Tariquía, al sur de Bolivia, también se manifestaron contra el acuerdo, al que consideran que califican que “representa una amenaza para ecosistemas que cuentan con protección legal y para comunidades que habitan estos territorios”.

Félix Choque, miembro del Comité de Defensa de Tariquía, afirmó a Mongabay Latam que se adhieren al pronunciamiento de Contiocap debido a que comparten las observaciones planteadas sobre el impacto que podrían tener las nuevas disposiciones. 

“Las medidas acordadas vulneran los derechos de las poblaciones asentadas dentro de reservas naturales y territorios protegidos. Nosotros también rechazamos este acuerdo porque está vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas”, afirmó Choque.

La posición del Gobierno y los mineros

El Ministerio de Minería y Metalurgia envió un comunicado a Mongabay Latam en el que establece que el acuerdo firmado con el sector cooperativo minero no vulnera “los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” y expresó que se mantiene la “plena vigencia y cumplimiento obligatorio la consulta previa, libre e informada, así como la normativa ambiental”.

“La actividad minera se encuentra regulada por una estricta normativa ambiental. El sector minero cuenta con un marco normativo específico que establece controles, procedimientos y obligaciones ambientales para todos los Actores Productivos Mineros [APM]”, dice el comunicado. Entre estas disposiciones, agrega el Ministerio, se encuentra el Reglamento Ambiental para actividades mineras, “cuyo cumplimiento es obligatorio y constituye un requisito indispensable para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional”.

En diálogo con Mongabay Latam, el presidente de Fencomin, Josué Caricari, defendió el acuerdo firmado con el Gobierno y dijo que su sector busca ingresar a trabajar en zonas que fueron abandonadas por empresas privadas, argumentando que su labor reactiva económicamente estos espacios. Sobre el ingreso a áreas protegidas, afirmó que respetan la normativa ambiental, pero que existen “derechos preconstituidos”, es decir que, para los mineros, prevalece el derecho de quienes tenían áreas mineras en estas zonas antes de la creación de las reservas y parques nacionales, que datan de varias décadas atrás.

“Nosotros vamos a cumplir toda la normativa ambiental y hubo mucha desinformación sobre el acuerdo firmado [con el Gobierno]. Hay derechos preconstituidos en algunas zonas, pero serán pues los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) los que establezcan o no operaciones mineras [en áreas protegidas]”, detalló Caricari.

En Bolivia, el CCU es un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas donde algunas actividades son permitidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso importante para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.

Alerta por violación de normativas ambientales

Rodrigo Herrera, abogado y representante de la Asociación Legal Justicia Ambiental, afirmó a Mongabay Latam que la resolución del Tribunal Agroambiental de 2026 ordenó medidas destinadas a proteger los derechos ambientales (al agua, al aire limpio y los de otros seres vivos), “así como de los derechos de pueblos indígenas, frente a cualquier norma, política o acto de Órgano Ejecutivo que relaje salvaguardas e implique regresión en la protección ambiental”.

“En el acuerdo entre el Gobierno y Fencomin se contraviene el principio de no regresión, el principio precautorio y el ordenamiento jurídico ambiental vigente. Además, lamentamos que entre los puntos del acuerdo se encuentre el restablecimiento del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas y la liberación de nuevas áreas mineras”, criticó Herrera.

Según el Colegio de Biólogos de La Paz, el acuerdo vulnera normas ambientales, ya que no es posible el desarrollo de actividades mineras u otras extractivas en áreas protegidas después de su creación. “La reposición por parte de la Ajam de un reglamento que es abiertamente contradictorio a la normativa ambiental que aplica a las áreas protegidas resultaría totalmente ineficaz, por ser nulo de pleno derecho”, afirmó la institución en un comunicado.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La nueva norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el “estado de excepción”.

La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.

El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.

Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.

El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.

Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

También limitaba a 60 días la duración de la medida.

La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.

El Gobierno de Paz asegura que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.

Algunas manifestaciones ocurridas la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos de oficinas públicas y privadas, además de pequeños negocios, agresiones a periodistas y a personas que cuestionaron las protestas.

Los bloqueos, que se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.

La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un “esfuerzo y compromiso” con el país, cuando se cumplen cuatro semanas de conflictos y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos que exigen su renuncia.

“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %”, aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país.

Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3.617 dólares) y ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1.808 dólares).

Paz mencionó que esa decisión no afectará a “otras áreas ni a profesionales”, puesto que la intención no es “perjudicar” a esos trabajadores, sino buscar que “los mejores” permanezcan en el servicio público.

Algunos sectores que protestan actualmente cuestionaron inicialmente el nivel salarial del presidente y los parlamentarios, a quienes plantearon que reduzcan sus sueldos a la mitad como una señal de cercanía con la población ante la crisis económica que vive el país desde 2023.

Sin embargo, esa exigencia pasó a un segundo plano y ahora las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras, como los campesinos del altiplano de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia del mandatario.

Asimismo, Paz anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del “perdonazo tributario” que, según enfatizó, “no es para los ricos” sino para sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan “reactivar” su economía.

Paz indicó que la norma favorecerá a quienes, desde 2017, fueron acumulando multas en el sistema tributario, para que puedan utilizar esos recursos para dar un impulso a sus negocios.

El presidente asistió a la efemérides libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, atendiendo las reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras de las nueve regiones de Bolivia como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logísitico y donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El fin de semana fracasó un nuevo intento del Gobierno de abrir un “corredor humanitario” en una carretera estratégica entre La Paz y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano.

EFE

 El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que hará respetar la Constitución frente a los sectores que piden su renuncia con bloqueos de carreteras iniciados hace 20 días y aseguró que “una minoría” no puede gobernar ni “abusar” del país.

“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (...) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución”, afirmó Paz durante el aniversario 217 de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional y sede del poder Judicial en el sur del país.

Las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras son los sindicatos de campesinos aimaras de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia del mandatario.

Paz dijo que Bolivia “no necesita el conflicto” y que hay que dialogar, “pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo o la falta de combustible y medicina”, problemas que están afectando sobre todo a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y la vecina El Alto.

“No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados”, añadió.

El presidente, que lleva seis meses de Gobierno, ratificó la convocatoria para que este miércoles, en La Paz, se desarrolle la primera sesión del Consejo Económico y Social, instancia que tratará las diversas demandas regionales, además de abordar la implementación de 2.000 proyectos de desarrollo.

Paz ratificó a los sectores movilizados que su Gobierno no aplicará una “privatización” de las empresas bolivianas y que tampoco habrá incrementos en los costos de los servicios de electricidad, educación o salud, como señalan algunos dirigentes.

“Si tienen alguna duda, vengan donde el presidente y hablaremos de esas dudas”, fue la invitación de Paz a los grupos que mantienen sus protestas.

El mandatario también ofreció una disculpa por no haber podido reunirse anteriormente con las organizaciones que hoy piden su renuncia y aseguró que abrirá un espacio para que eso ocurra.

Paz asistió a la efeméride libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, atendiendo reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios.

EFE

Mientras Bolivia ingresó este lunes a la cuarta semana de protestas de campesinos que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, pese a los intentos fallidos del Gobierno para dialogar, el vicepresidente Edmand Lara y el opositor Evo Morales apuntaron contra el asesor personal del mandatario, Fernando Cerimedo, por “pretender influir en la agenda política nacional y opinar sobre el destino de nuestro país como si Bolivia fuera un espacio de experimentación ideológica”.

Cerimedo fue asesor de Javier Milei, de Jair Bolsonaro en Brasil y de Nasry Asfura en Honduras. De acuerdo a Lara, “las declaraciones de Fernando Cerimedo constituyen una clara intromisión en asuntos internos del Estado boliviano y reflejan una visión ajena a nuestra historia, a nuestros pueblos y a la soberanía nacional. Nadie que desprecie a los sectores populares, indígenas y trabajadores puede influir en las decisiones de un Gobierno elegido democráticamente”, remarcó el vice de Paz en un comunicado difundido en las últimas horas, mientras se suceden las manifestaciones, sobre todo en El Alto y La Paz, centro del poder político boliviano, que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Y agrega: “Bolivia no se gobierna desde operadores extranjeros ni desde estrategias de marketing político. Bolivia se gobierna escuchando a su pueblo, atendiendo la crisis social y defendiendo los intereses nacionales por encima de cualquier influencia externa”.

De acuerdo a Lara, “la prioridad del país debe ser el diálogo, la paz social y la solución de los problemas que vive el pueblo boliviano, no abrir espacios a discursos de confrontación, polarización y desinformación”.

Evo Morales dice que a Paz “solo le queda” militarizar Bolivia o llamar a elecciones

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), sostuvo este domingo que el presidente Rodrigo Paz tiene solo “dos caminos” ante los conflictos con sectores que piden su renuncia, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, algo que pidieron los seguidores del también líder cocalero.

“A Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”, escribió Morales en X.

El exgobernante consideró que la supuesta “intromisión” de EE.UU. en asuntos internos de Bolivia “a través del secretario de Estado, Marco Rubio”, y de Fernando Cerimedo, exasesor de políticos como el gobernante argentino, Javier Milei, están “llevando al fracaso” a Paz, quien, según dijo, llegó a la Presidencia de Bolivia “por accidente”.

Cerimedo le respondió en redes sociales: “Mentir sobre recursos naturales, privatizaciones que no existen, y esas estupideces, no va a servir para seguir manipulando a las masas. El cuento del imperialismo se acabó cuando tus principales socios terminan haciendo negocios 'con los gringos' y parte de tu plata esta en 'washingtons'. Ya no te cree nadie”, posteó el asesor de Paz en respuesta al exmandatario.

Evo Morales también cuestionó las convocatorias al diálogo del Gobierno frente a las denuncias penales iniciadas contra algunos dirigentes de las protestas que desde principios de mes piden la renuncia de Paz con manifestaciones callejeras en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y bloqueos de carreteras en la zona andina desde hace 19 días.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera en el centro del país que es su bastión sindical y político, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas.

El pasado 11 de mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró en rebeldía al exgobernante y emitió una nueva orden de captura en su contra porque no se presentó al inicio del juicio en el que se lo acusa por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.

El mismo 11 de mayo, desde el altiplano partió hacia La Paz una marcha de seguidores del expresidente para unirse una semana después a las protestas de los campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) que piden la renuncia de Paz.

El Gobierno de Paz acusó a Morales de promover las protestas para “esquivar” el juicio en su contra.

Los bloqueos de carreteras cortaron principalmente la carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el interior del país, dejando desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno medicinal a ambas urbes.

En la víspera, el Gobierno de Paz fracasó en un nuevo intento por liberar esa ruta mediante un “corredor humanitario” que fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, a lo que los agentes que acompañaban el convoy respondieron con gases lacrimógenos.

Máxima tensión en Bolivia

Las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales, volvieron a marchar este lunes desde la ciudad vecina de El Alto hacia el centro de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Grupos de manifestantes intentaron forzar su ingreso a la plaza Murillo, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.

El dirigente minero Nelson Álvarez cuestionó que en el Parlamento esté en análisis un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para que el Gobierno declare un estado de excepción que le permita ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas.

Los líderes ciudadanos de Santa Cruz (este), la región más poblada del país, agrupados en el Comité Cívico de ese departamento, llamaron a la población a concentrarse el martes para tomar acciones ante los bloqueos de carreteras.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, alertó que está en marcha un “golpe de Estado” e instó a la población a proveerse de víveres y a defender el derecho al “libre tránsito” en esa región, considerada el motor económico de Bolivia.

En paralelo, en La Paz también hubo bloqueos callejeros de algunos sindicatos de transportistas por la escasez de combustibles, consecuencia de los bloqueos de carreteras, mientras que un grupo de manifestantes impide el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz.

Paz estuvo este lunes en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, para conmemorar los 217 años de la gesta libertaria de esa ciudad sureña, desde donde anunció la reducción de su salario y el de sus ministros a la mitad y mencionó que hará cumplir la Constitución ante las protestas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses en la Presidencia, mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos de carreteras se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en La Paz y El Alto, las más afectadas por las protestas, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a ambas ciudades, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios. 

Con información de agencias.