La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al expresidente Mauricio Macri; a su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y otros exfuncionarios en la causa conocida como “mesa judicial” del macrismo, ante sospechas que armaron causas contra la oposición.

Se trata de un caso de “lawfare” denunciado por el kirchnerismo en cuanto al supuesto complot para el armado de causas judiciales entre el macrismo y un sector de la Justicia. Para la jueza Capuchetti, no existen pruebas que haya existido tal maniobra. 

Además de no dar por probada la denuncia, la jueza resaltó en el fallo que quienes supuestamente fueron presionados para direccional las investigaciones, esto es magistrados y fiscales, nunca denunciaron en su momento los hechos ni tampoco cuando declararon.

“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, según la jueza.

También valoró que no puede considerarse como presión los comentarios en la prensa sobre esos magistrados. “Tampoco podía incluirse como parte de esas supuestas presiones la actividad de la prensa. ”Los magistrados y miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación. Esto es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. En definitiva, el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada“, se advirtió. 

“Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años y relevado el itinerario procesal que aquí nos ha traído, la tarea que se impone no es un nuevo repaso de toda la prueba producida, sino, en primer lugar, el someter el objeto procesal de estos actuados al tamiz de la tipicidad, a fin de determinar si existe una verdadera sospecha susceptible de encuadre delictivo”, según la jueza para la cual las conductas denunciadas “no constituyen delito alguno”.

“La inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas”, concluyó.

El fallo fue firmado poco antes del inicio de la feria judicial de enero y ya fue apelado por el fiscal Franco Picardi. En cuanto a “Pepin” Rodríguez está prófugo aún en el marco de otra denuncia que le hicieron en su contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la cual conocida como Oil Combustibles. 

Con información de agencias.

IG

Este martes, diputados oficialistas y opositores cruzaron acusaciones en torno al “negacionismo” de los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar, durante la declaración testimonial del exministro de Justicia Germán Garavano. Fue en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, la cual se está llevando a cabo contra la Corte Suprema de Justicia.

Durante la declaración de Garavano, la diputada oficialista Mara Brawer le consultó por su “vínculo” con un abogado y exfuncionario del Proceso de Reorganización Nacional, Roberto Durrieu, quien falleció en 2020. “Lo conocí profesionalmente y en algún momento he compartido algún trabajo que se publicó creo, pero hace muchísimos años, no tengo mayor registro”, respondió el ministro de Cambiemos.

El diputado Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos le preguntó a Garavano por “su vinculación con el Fores (Asociación Civil Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) como director académico, y con el Colegio de Abogados (de Buenos Aires) de la calle Montevideo, ambos sostenes de la última dictadura militar”. Por esta pregunta, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto cruzó al oficialista y le respondió “como los gobernadores del PJ”, a lo que Pedrini le espetó “negacionistas”.

“La palabra 'vinculación' casualmente, me trae recuerdos de la última dictadura, cuando uno decía cuáles son las vinculaciones de alguien, si tiene 'alguna libreta'”, respondió Garavano. “Entonces, primero, hablemos con propiedad, y segundo, me parece que en un tema de estas características y recién lo dijo (la titular de Abuelas de Plaza de Mayo) Estela de Carlotto cuando terminó, me parece que hay que ser muy cuidadoso”, aseveró.

Además, el exministro le indicó a Pedrini que “usted sabe mi relación porque hizo la pregunta. Yo fui director de una ONG que se llama Foro de Estudios de la Administración de Justicia; al Colegio de Abogados de Montevideo lo conozco, he ido alguna vez a dar alguna charla, no soy miembro, nunca fui miembro”.

Acto seguido, pidió la palabra Oliveto y planteó que “a mí me violenta que me digan negacionista. ¿Qué les pasa? Esta es la casa de la democracia. En nuestras listas nunca estuvo ni (el excomisario y represor Luis) Patti ni (el exmilitar carapintada Aldo) Rico, ni fue ministro ni gobernador ningún tipo que tuviera que ver con la dictadura”. “No subestimen la historia militante nuestra porque no somos ni fachos, ni negacionistas ni tenemos una historia en ese sentido”, sentenció la opositora.

El diputado oficialista Hugo Yasky afirmó que las preguntas que se le realizaron a Garavano son para “indagar por qué en este país hubo el intento de reducir la pena a los genocidas”, en referencia al fallo Muiño de la Corte Suprema, denominado “2x1”, el cual benefició a un represor y fue motivo de uno de los pedidos de juicio político.

“Estamos tratando de indagar cómo se construye esa decisión, estamos tratando de entender por qué en este país se aplicó una doctrina que permitía encarcelar a gente inocente”, agregó. “Porque en la base del derecho, no solamente de la Argentina, prácticamente de todo el mundo, parte de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este país no sucedió así y fue durante su gestión”, le apuntó Yasky a Garavano.

Asimismo, el sindicalista señaló que le llamó la atención que cuando Carlotto se retiró “aplaudimos los que estábamos de este lado, la verdad. Yo en el lugar de ustedes hubiese aplaudido”.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retoma este martes sus audiencias tras los feriados de Semana Santa con una nueva citación al exministro de Justicia de la gestión de Mauricio Macri, Germán Garavano, quien anunció que concurriría a exponer ante los legisladores en el marco del proceso para someter a juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema que se inició en febrero pasado.

Garavano, que se había ausentado en una anterior convocatoria, confirmó su presencia y asistiría a exponer ante los diputados a las 13 ante la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT). También confirmó su presencia la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.

La comisión citó además para este martes a los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.

Desde que se inició el año parlamentario, la Comisión de Juicio Político fue una de las más activas de la Cámara baja con la apertura del proceso contra los jueces de la Corte Suprema -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- y recibió varios testigos como parte del proceso de remoción iniciado a principios de febrero.

En la convocatoria para hoy, la comisión citó a varios periodistas, a propuesta del FdT, para que ratifiquen lo expresado en artículos periodísticos sobre la secuencia que precedió al “fallo Muiña” (2x1) de la Corte, con el aval de tres de los cinco magistrados que en ese momento integraban el máximo tribunal.

Se trata de una nueva reunión testimonial de la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de esos magistrados.

Garavano había sido citado a declarar como testigo en la última reunión del cuerpo, pero envió una nota en la cual había anunciado la “imposibilidad de concurrir” y pidió reprogramar la audiencia.

El 26 de enero pasado, la Cámara de Diputados abrió el debate en comisión sobre los 14 proyectos que planteaban el juicio político a los miembros de la Corte Suprema por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2x1 a represores condenados o haber resuelto en beneficio de la ciudad de Buenos Aires la controversia por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.

El proceso se inició el 9 de febrero con la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema, luego de que el FdT consiguiera imponer su mayoría para aprobar en la comisión la apertura del sumario y la acumulación de pruebas que sostengan la acusación contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.

En tanto, para el próximo jueves fue convocada una marcha hacia Tribunales -en el cruce de las calles Talcahuano y Lavalle, de esta capital- bajo el lema “Democracia o mafia judicial” y en rechazo a la “proscripción” de la vicepresidenta Fernández de Kirchner.

Con información de Télam.

IG

Martín Soria no sólo asume en el Ministerio de Justicia con la difícil tarea de lograr que la cámara de Diputados sancione las leyes de la reforma judicial. Otra de las misiones que se propuso el sucesor de Marcela Losardo es avanzar con la implementación del sistema acusatorio en la Justicia federal. Sin embargo, será también una compleja misión: esta modificación del funcionamiento del fuero penal federal que se sancionó a fines de 2018, apenas ha comenzado a funcionar en dos jurisdicciones, su aplicación en el resto del país viene demorada y podría llegar a los tribunales de Comodoro Py en un plazo de cinco años, con suerte, según sostuvieron funcionarios del Ejecutivo en diálogo con elDiarioAR. 

“Hay dos proyectos de ley fundamentales en los que debemos avanzar (la reforma de la Justicia penal federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y la nueva normativa del Ministerio Público Fiscal), como también la implementación del sistema acusatorio”, dijo Soria en una entrevista a C5N el martes 16. 

A diferencia de las leyes enviadas por Alberto Fernández e impulsadas por el kirchnerismo, el acusatorio es hasta el momento el único punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas sobre las reformas estructurales del Poder Judicial. El sistema que empodera a los fiscales federales a dirigir las investigaciones sobre presunta corrupción, narcotráfico y trata de personas fue promovido tanto por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, durante la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, como por el ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano. La ley se sancionó y entró en vigencia con la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación a fines de 2018. 

Sin embargo, sólo está funcionando en la Justicia federal con asiento en Salta y Jujuy. Fue un proceso que dejó en marcha el gobierno de Cambiemos, en junio de 2019. Pandemia de por medio, recién en 2021, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación comenzó a tratar la puesta en marcha en un futuro próximo en las cámara federales de Rosario (que incluye el norte de la provincia de Buenos Aires) y Mendoza (que alcanza también a las provincias de San Luis y San Juan), según la última sesión en el Congreso. La bicameral aún no fijó una fecha para que comience a funcionar en esas dos jurisdicciones.

El resto del país, y en especial la Justicia federal penal con sede en tribunales porteños, están muy lejos del objetivo. “Estimamos que llegará a Comodoro Py, cómo mínimo, en unos cinco años”, confió un funcionario que trabaja en la ejecución del nuevo Código Procesal Penal.

La implementación requiere además un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación. También una inversión conjunta de fondos. Según confirmaron a elDiarioAR fuentes de la gestión del exministro Garavano, sólo para el caso de Salta y Jujuy, el Estado nacional proyectó una inversión de al menos US$7.300.000 en equipamiento informático, servidores y otros recursos tecnológicos, además de otros $262.476.443 en alquileres de edificios; personal; capacitación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y penitenciarios; logística y vehículos.

Para avanzar con los concursos necesitamos un procurador propio.

El sistema acusatorio rige en la mayoría de los países del continente y en Argentina funciona en las Justicias a nivel provincial pero no en el fuero federal penal, en el que se investigan las denuncias de presunta corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros delitos federales para los que aún funciona el sistema inquisitivo, que concentra las investigaciones en los jueces y a quienes el kirchnerismo y el Gobierno buscan recortar poder de fuego.

En el nuevo sistema, la investigación de los delitos queda a cargo del fiscal, quien luego debe defender su caso en un juicio oral y público. Desaparece el expediente en papel, los procesos tienen plazos breves y los planteos de las partes son orales y en audiencias públicas (salvo excepciones de la ley). La función del juez se limita a garantizar que se cumpla la ley durante el procedimiento penal y controlar que se respeten las garantías constitucionales. Luego emite veredicto.

Fernández, al igual que Macri, no ha podido lograr la mayoría parlamentaria para nombrar al nuevo Procurador General de la Nación (necesita los dos tercios de los miembros presentes en el Senado). El candidato del Presidente para liderar a los fiscales es el juez federal Daniel Rafecas. El cargo es ocupado de manera interina por Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo le inició varios procesos de juicios políticos que no han progresado. Tampoco ha logrado la renuncia o jubilación del funcionario. El propio Casal se presentó ante la Anses para rechazar la intimación a finalizar sus trámites jubilatorios, como informó este sábado elDiarioAR.  

El año pasado, además, crecieron las vacantes por las modificaciones al régimen de jubilación de los jueces y fiscales.

La imposibilidad del presidente Fernández y el kirchnerismo para sancionar las leyes que modifiquen el funcionamientos del Poder Judicial y les permita nombrar un nuevo jefe de los fiscales también está atada a la implementación del sistema acusatorio, según reconocen oficialistas y funcionarios de la Procuración General de la Nación. El responsable de llevar adelante ese proceso es el Procurador que no ha podido ser nombrado por falta de consenso, ya que el oficialismo tampoco ha podido lograr los votos para tratar en Diputados la ley que modifica la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal para reducir la mayoría que requiere para nombrar a un nuevo jefe de los fiscales.

Otro punto central con el que se encontrará Soria es que más del 30% de las fiscalías que dependen del Ejecutivo Nacional están vacantes, según los datos oficiales que maneja la Procuración General de la Nación. La mayoría de los concursos están frenados. No avanzan desde 2017, cuando se trabó una disputa legal por los cambios introducidos por la entonces jefa de los fiscales, Gils Carbó, quien había modificado las normas para seleccionar a los jurados. “Para avanzar con los concursos necesitamos un procurador propio”, respondieron en el ministerio que dejó Losardo. 

La excepción son cuatro jurisdicciones: se avanzó con nombramientos en Salta y Jujuy, por la implementación del sistema acusatorio en 2019; y se activaron los concursos en Rosario y Mendoza, donde está proyectado aplicarlo en la siguiente etapa, informó una fuente de la Procuración. “Se avanza con los concursos con los que se puede avanzar. Durante la pandemia, se frenó todo ante la imposibilidad de tomar exámenes presenciales”, sostuvo un funcionario de la Procuración. “El año pasado, además, crecieron las vacantes por las modificaciones al régimen de jubilación de los jueces y fiscales. Lo mismo pasó cuando modificaron el régimen del impuesto a las ganancias”, agregó.

Los tribunales de Comodoro Py son apenas una muestra de la falta de nombramiento de fiscales clave, en quienes recae el peso del nuevo sistema. Hay cuatro fiscalías vacantes (la fiscalía general ante la Cámara Federal porteña, que ocupada Germán Moldes antes de jubilarse; la fiscalía 1, que dejó vacante Jorge Di Lello tras su muerte; la 8, tras el traslado de Juan Pedro Zoni; y la 12, que subroga Alejandra Mángano hasta la realización del concurso). En el edificio de la calle Inmigrantes, donde tiene sede el fuero Penal Económico, que el Presidente quiere fusionar con Comodoro Py, hay otras tres fiscalías vacantes.

ED

Se convirtieron en blanco de denuncias penales en los tribunales federales; los investigan por supuestas presiones a jueces y fiscales que fallaban contra los intereses del Gobierno de Mauricio Macri; los acusan de presuntamente “decidir el curso” de las causas contra la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios, y de agitar la llamada “guerra judicial”(lawfare) contra sus enemigos políticos. 

Casi todos los exintegrantes de la denominada “mesa judicial” están lejos de los cargos y dicen haber vuelto a la actividad privada. En los tribunales federales tienen pendientes dos expedientes judiciales que concentran las principales acusaciones en su contra. Uno de ellos los inquieta en particular: la que instruye la jueza María Servini, originada por una querella de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y que tiene pendiente el análisis de un informe sobre el teléfono celular de Macri, según pudo reconstruir elDiarioAR del diálogo con los varios de los exfuncionarios de la mesa judicial, allegados y fuentes judiciales de las causas. La jueza tiene el informe en una caja fuerte del juzgado a la espera de que la Cámara Federal de Casación la autorice a abrirlo, confirmó una fuente cercana a la magistrada.

La mayoría de los hombres de la mesa judicial son de extrema confianza de Macri: lo asesoraban ya desde sus tiempos de ejecutivo de Socma, en Boca Juniors o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Durante la presidencia -contó uno de ellos a este diario- nos reuníamos cada 15 días en la Casa Rosada a la vista de todos. Los periodistas acreditados nos cruzaban en los pasillos y nos consultaban. No hay nada que ocultar”.

El objetivo de esas reuniones era nombrar 100 jueces por año

Todos niegan las acusaciones y definen las denuncias del kirchnerismo y de jueces y fiscales como “delirios” y “fábula” de quienes buscan “victimizarse”, “justificar el avance judicial” contra los exfuncionarios de Fernández de Kirchner acusados por corrupción y “garantizarse la impunidad” en las causas que prosperaron durante el Gobierno de Macri. 

En un primer grupo están quienes han reconocido en distintas oportunidades haber integrado la mesa judicial, pero que sostienen que su único fin era elaborar las ternas de jueces para que Macri eligiera cuáles serían sus candidatos que enviaría al Senado para ocupar los juzgados y fiscalías vacantes. Son el exministro de Justicia Germán Garavano; el exjefe de asesores del entonces presidente, José Torello; el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; y el exrepresentante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura Juan Bautista Mahiques. Se les sumaba el diputado y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli. 

“El objetivo de esas reuniones era nombrar 100 jueces por año”, dijo uno de los exfuncionarios de la mesa. “Había y sigue habiendo muchas vacantes en juzgados y fiscalías, y nos juntábamos para acelerar ese proceso. Analizábamos los perfiles de los candidatos que había que presentarle al Presidente. Averiguábamos por nuestro lado sus antecedentes, referencias de contactos en común”, añadió.

Había dos mesas judiciales: la de los martes y la de los jueves.

Por otro lado, están los señalados como integrantes presuntos de la mesa, que niegan haber participado de reuniones vinculadas a la selección de jueces, fiscales o cualquier actividad del gabinete judicial: Gustavo Arribas, exjefe de Agencia Federal de Inteligencia (AFI); Daniel Angelici, expresidente de Boca; y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, entonces integrante del directorio de YPF, quien niega haber participado de la mesa judicial y haber sido uno de los “alfiles” de Macri en los tribunales. 

“Había dos mesas judiciales: la de los martes y la de los jueves”, confió un exfuncionario de Macri que defiende la “mesa de los martes”. “Los martes se reunía la mesa que analizaba las ternas de jueces, y los jueves se convocaba a otra mesa donde participaban Macri, Arribas y (el entonces jefe de Gabinete, Marcos) Peña con algunos de los funcionarios de la mesa judicial, pero no todos”, sostuvo. “Ahí se definían los temas más estratégicos”, agregó. 

“Arribas fue convocado a reuniones donde se le informaba sobre cuestiones relacionadas con legislación antiterrorista, el Código Penal y el registro de organizaciones sospechadas de terrorismo”, dijo un exintegrante de la mesa ante la consulta. El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) solicitó recientemente permiso en dos expedientes en los que se lo investiga para viajar a Brasil a atender sus negocios privados. Tiene tres procesamientos por presunto espionaje ilegal, cargos que siempre ha negado.

Macri se enojaba con un juez, pedía algo y ahí se creaban las divisiones

“En una de las denuncias que presentamos incorporamos información que recibimos en la Comisión Bicameral de Inteligencia de parte de la interventora de la AFI”, Cristina Caamaño, dijo el diputado Rodolfo Tailhade. “Es la copia de unos 18 correos electrónicos hallados en la secretaría privada de la AFI convocando a Arribas a las reuniones de la mesa judicial”, afirmó.

“El Tano (Angelici) jamás participó de las reuniones y por su relación con miembros de la Justicia daba una mano para ayudar, nunca para hacer daño”, agregó sobre el rol del dirigente radical abocado al negocio de los bingos y otros rubros. Angelici mantenía una relación fluida con Mahiques, el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. En contraposición, su enemiga pública y también figura clave de Cambiemos Elisa Carrió tenía diálogo con algunos miembros de la mesa judicial y era especialmente escuchada por Torello, Tonelli y Rodríguez Simón, dijo uno de los integrantes. 

Carrió fue motivo de uno de los quiebres internos en 2018, cuando parte de la mesa se opuso a elevar la terna del fiscal Ignacio Mahiques para ocupar un juzgado federal. El magistrado había concursado con éxito y junto a Gerardo Pollicita había liderado la acusación contra Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. “Le bajaron el pulgar tras las quejas de Carrió porque el padre de Ignacio -el juez de Casación Carlos Mahiques- había absuelto a (Carlos) Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador”, contó un exmiembro de la mesa judicial. “El hermano del fiscal, Juan Bautista, integraba la mesa y hubo muchas discusiones porque él sostenía que el único motivo para no llevarle a Macri el pliego de su hermano era lo que les había pedido Carrió”, contó el exfuncionario.

Arribas fue convocado a reuniones donde se le informaba sobre cuestiones relacionadas con legislación antiterrorista.

El rediseño de la Justicia tras la salida del kirchnerismo, las formas elegidas para relacionarse con el Poder Judicial y las distintas líneas políticas de sus integrantes dividió las aguas en la mesa judicial, según admitió un exfuncionario que presenció esas reuniones periódicas pero sostuvo que la incapacidad para contener los designios del expresidente era el principal motivo de discusiones. “Macri se enojaba con un juez, pedía algo y ahí se creaban las divisiones, porque algunos miembros de la mesa sobreactuaban y salían a denunciar a los jueces, se querían llevar el mundo por delante y muchas veces no había forma de hacerles entender que con los jueces no funciona así”, afirmó el exfuncionario.  

Esa supuesta “sobreactuación” se traducía en denuncias de los miembros de la mesa contra jueces en el Consejo de la Magistratura. “Aunque no todos estaban de acuerdo, había una tendencia a denunciar a los jueces por el contenido de sus sentencias”, agregó el aliado de Macri al tanto de las reuniones. Ese es uno de los puntos de la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, según confirmó una fuente directa del expediente.

Picardi investiga las supuestas presiones a jueces de distintos fueros (laboral, penal y civil). En el expediente ya declararon por escrito algunos de los magistrados cuyos casos se hicieron públicos y se solicitó a Jefatura de Gabinete los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante 2018 para intentar reconstruir los movimientos de los exfuncionarios denunciados de supuestamente presionar a jueces y fiscales, según confirmó a este medio una fuente judicial que intervienen en el caso.

El recién asumido presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, dijo este viernes que “en otros tiempos” a través de ese cuerpo “se dirimían cuestiones políticas” y se lo utilizaba para “presionar jueces y disciplinarlos”. “Estoy totalmente convencido de eso, es más, estoy haciendo un análisis de todas las denuncias contra magistrados porque creo que utilizaban la comisión del consejo (de Acusación) para presionar jueces y para disciplinarlos”, dijo Molea en una entrevista a Radio El Destape. “El lawfare también tuvo que ver con desplazar jueces y fiscales a pedido del presidente Macri”, dijeron muy cerca de Molea ante la consulta de este medio.

En agosto de 2020, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público citó a la fiscal general Gabriela Boquin, a cargo de la causa Correo Argentino, uno de los principales frente judiciales de Macri y su familia. Fue luego de que el procurador interino Eduardo Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, abriera un sumario administrativo contra la fiscal por supuestos maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía. 

Boquin expuso que las denuncias en su contra comenzaron tras su intervención en la causa Correo y los dictámenes que perjudicaron tanto al gobierno macrista como a la empresa de la familia Macri. La primera denuncia fue presentada en enero de 2018, dos meses después de la asunción de Casal y la salida de Alejandra Gils Carbó, según un escrito presentado por Boquin. Cerca de Casal negaron que el objetivo de la Procuración sea “perseguir” a Boquin por su función en la causa. Su caso llegó, como otros, hasta el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los jueces, Diego García Sayán.

Desde el llano

Torello, como jefe de asesores de Macri en la Presidencia, oficiaba como coordinador de la mesa judicial. Cuatro años después en su entorno dicen que está alejado de la función pública, dedicado a los negocios privados que atendía antes de asumir en el gobierno. “Sólo da una mano” cuando lo convocan por algo puntual porque “su corazón está ahí”, junto a Macri, dijo una persona cercana al exfuncionario. 

Rodríguez Simón y Saravia Frías regresaron a sus estudios jurídicos para ejercer como abogados particulares.

Otros dos integrantes de la mesa asumieron cargos en territorio porteño: Clusellas es auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del oficialismo; y Mahiques es el fiscal general de la Ciudad. Tonelli sigue siendo abogado y Santiago Otamendi, exnúmero dos del Ministerio de Justicia, quien eventualmente participó de las reuniones, es juez del Tribunal Superior porteño.

El lawfare también tuvo que ver con desplazar jueces y fiscales a pedido del presidente Macri.

Tras su salida del Gobierno, el exministro Garavano volvió a la profesión. Tiene un estudio jurídico, atiende a clientes particulares pero también monitorea las causas judiciales de Macri y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, investigado en causas clave para el expresidente: el caso Autopistas y el expediente por la obra del Paseo del Bajo (en ambos hay empresas de sus familiares denunciadas por supuestas irregularidades en la obtención de contratos durante su gobierno). En el caso del Paseo del Bajo, además, está denunciado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

También sigue de cerca la causa de Servini contra Macri y otros supuestos miembros de la mesa judicial que habrían intervenido en el caso Oil Combustibles, afirmó una fuente cercana al exministro. Cristóbal López acusó al expresidente de haberlo “presionado” para que los medios de comunicación del Grupo Indalo participaran en una supuesta “campaña” contra Fernandez de Kirchner, tras el final de su Gobierno, y luego haber denunciado a la petrolera del grupo, Oil Combustibles, tras la negativa del empresario. Lo que más preocupa a la defensa de Macri es la orden de la jueza Servini de analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años. 

En julio último, la jueza Servini ordenó el entrecruzamiento de llamados telefónicos y determinaciones de ubicaciones geoposicional de Macri, varios de sus exfuncionarios y de sus interlocutores frecuentes y no frecuentes. El análisis debía abarcar todas las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización de estos teléfonos entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 pero la Cámara Federal porteña ordenó achicar el periodo de cruces y circunscribirlo a determinados hitos del caso.

La jueza debió acatar la orden. La DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial) entregó en diciembre el informe final, pero Servini aún no pudo analizarlo, ratificó una fuente judicial del caso. El informe está en una caja fuerte del juzgado a la espera de que Casación resuelva un nuevo recurso de la defensa por “carencia de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad” del entrecruzamiento.

La magistrada busca analizar si los teléfonos encuadran con las acusaciones de López y De Sousa (representado por Carlos Beraldi, también abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en otros expedientes): que Macri y un grupo de funcionarios de su gobierno orquestaron a través de una “mesa judicial” el “desapoderamiento” de los dueños del Grupo Indalo y la denuncia de la AFIP por el caso Oil Combustibles, por el que ambos empresarios están atravesando un juicio oral y público.

ED

El juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez y otros 26 imputados por el presunto lavado de unos US$50 millones y su encubrimiento se aproxima al final. Fuentes de la defensa y la acusación de éste y otros procesos coinciden en que el veredicto impactará más allá del destino del contratista y de nombres de resonancia mediática en los últimos años, para quienes el fiscal pidió penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias. El veredicto también apuntará indicios sobre el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -quien no es juzgada por este expediente- y el esquema de arrepentidos en casos de presunta corrupción y lavado de activos, como Leonardo Fariña.

El veredicto está programada para el próximo miércoles 10 de febrero, pero podría retrasarse, confiaron fuentes del juicio, ya que restan las últimas palabras de algunos de los imputados antes del final del juicio, un derecho de los acusados. Los jueces Néstor Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti ya trabajan en el fallo de un proceso que comenzó en octubre de 2018, confío una fuente del tribunal. 

Elizabeth Gasaro, abogada de Lázaro y Martín Báez, reiteró a elDiarioAR que sus defendidos son inocentes de los cargos. A excepción de Fariña, quien declaró como imputado colaborador y admitió su rol en la maniobra investigada, el resto de los imputados también niega las acusaciones en su contra.

Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña.

Además de una posible condena contra Báez, un exsocio de los Kirchner, la decisión del tribunal será clave para el tratamiento en juicio a los acuerdos de arrepentidos en casos de supuesta corrupción que se pactaron durante la instrucción de las causas a partir de 2016, y dejará un antecedente para el juicio de los cuadernos de la corrupción y para futuros acuerdos con imputados colaboradores en otros expedientes, confiaron las distintas fuentes consultadas. 

La acusación incluyó no sólo a Báez sino también a sus cuatro hijos (Martín, Leandro, Sabrina y Melina), beneficiarios finales de “un entramado societario offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza”, y a través de las cuales se habrían canalizado alrededor de US$50 millones entre finales de 2010 y principios del año 2013, según la acusación en el juicio.

La operación, según el procesamiento, comenzó a gestarse a finales de 2010, cuando Báez empezó a migrar millones de dólares al exterior a través de financieras del microcentro porteño. El origen de esa fortuna, sostuvo el juzgado de Casanello, se erige del “extendido esquema de corrupción institucional investigado” entonces por el juez federal Julián Ercolini en la causa conocida como Vialidad o “corrupción en la obra pública” vial de Santa Cruz, un segundo juicio que atraviesan Baéz; la vicepresidenta Fernández; y el exministro Julio De Vido, entre otros.

“Yo lo armé”

En abril de 2013, el programa Periodismo Para Todos (PPT), de Canal 13, emitió el informe que destapó el caso titulado “la ruta del dinero K”. La emisión incluyó una cámara oculta a Fariña, quien definió a Báez como “el jefe” y dijo que había armado la estructura societaria que explicaba la “red de lavado del Estado” y del dinero del empresario patagónico. “Yo lo armé”, dijo Fariña, y contó que Báez lo desplazó de su función tras su casamiento con la modelo Karina Jellinek y su exposición mediática, incompatible con el bajo perfil que cultivaba el dueño de Austral Construcciones. Báez lo sustituyó por el contador Daniel Pérez Gadin, dijo Fariña, señalado luego como el cerebro financiero de la maniobra. 

Tras la emisión del programa, Fariña quedó imputado. Tres años más tarde, en abril de 2016, declaró como arrepentido ante el fiscal Guillermo Marijuan en la instrucción de la causa y firmó un acuerdo como imputado colaborador, el primero en un caso de corrupción, incluso antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de octubre de 2016. Antes de esa fecha, sólo se admitían colaboradores para casos de narcotráfico, pero la declaración de Fariña fue avalada por el juzgado de Casanello porque el caso Báez quedó asociado a una supuesta usina de facturas apócrifas vinculada a un sospechoso de tráfico de drogas en Bahía Blanca. 

Sin embargo, durante el juicio, según sostuvieron fuentes judiciales y abogados defensores, Fariña no pudo corroborar al menos uno de los cuatro puntos de su colaboración con Marijuan. elDiarioAR se comunicó con Fariña pero el acusado se excusó de hacer declaraciones hasta que se conozca la sentencia.

Se debe juzgar al sospechoso por la responsabilidad en esa administración, a partir del 29 de junio de 2011.

Para Fariña, el fiscal del juicio pidió una pena de ocho años pero debido a su colaboración en la investigación accedió a reducirla a cinco años. Si el tribunal evalúa que no puede dar como válida la colaboración de Fariña en el caso, su acuerdo podría caer, explicó una fuente judicial. Si la sentencia en su contra se acerca a la pena solicitada por el fiscal, el veredicto, además, podría costarle su libertad. Fariña estuvo unos dos años preso por una causa de evasión impositiva, pero tras declarar como arrepentido, salió de la cárcel.

El fiscal Córdoba reconoce su aporte a la investigación, aunque en el entorno del magistrado explican que, si bien Fariña permitió individualizar bienes y hechos clave de la maniobra, no pudo aportar pruebas sobre la supuesta conexión directa entre la corrupción y el dinero enviado a cuentas suizas. “Cuando se lo interrogó en el juicio sobre esta cuestión, respondió que había hecho su propia investigación y se lo habían explicado otros empresarios, pero no los pudo individualizar para que fueran citados a declarar”, resumió una fuente. 

Los abogados de los principales imputados están a la espera del destino de Fariña, quien catapultó a los Báez y sus principales colaboradores hacia el juicio oral y público durante el gobierno de Mauricio Macri. “Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña”, dijo Gasaro a este medio. José Manuel Ubeira, abogado de Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, afirmó ante este medio que el caso “puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos”.

La Justicia no pudo dar con pruebas que documentaran la fuga del dinero hasta que Fariña declaró como arrepentido e identificó a las financieras de la city porteña que habrían participado de la maniobra. Sus dichos se corroboraron con la documentación obtenida de los allanamientos a las “cuevas”. “El dinero nunca viajó físicamente al exterior, hasta donde se pudo determinar. Se realizaban transferencias de cables a través de estas cuevas. El efectivo quedaba en las financieras y se compensaba con movimientos entre cuentas de otros clientes hacia las cuentas de Báez”, recordó una fuente que analizó la documentación secuestrada en los operativos en la city.  

El delito precedente

Otro punto central del juicio es si los jueces harán un análisis sobre el origen del dinero presuntamente banqueado y contemplarán la presunta corrupción en la obra pública como uno de los delitos que originó la fortuna de los Báez en Suiza, además de la repercusión que la sentencia tendrá en el juicio contra la vicepresidenta por el caso conocido como Vialidad y en futuros procesos como el de Hotesur y Los Sauces. 

Actualmente, Fernández de Kirchner es juzgada junto a Báez y otros imputados por presuntas irregularidades, sobreprecios y direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz. La vicepresidenta tiene pendiente otro juicio por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), también junto a Báez. Fernández de Kirchner niega todos los cargos en su contra y denuncia el armado de causas en el marco de lo que denomina lawfare, o guerra jurídica. En el caso Báez, la Cámara Federal porteña ordenó al juez Casanello que indagara a Fernández de Kirchner a pesar de que el juez sostenía que no había pruebas de su participación en la maniobra de lavado. El juez obedeció y luego le concedió la falta de mérito en el expediente.

Fuentes directas de las defensas de los imputados y de los acusadores sostienen que durante el juicio quedó en evidencia una supuesta divergencia de criterios entre los jueces del tribunal sobre el delito precedente del lavado que se imputa a Báez. Aún así, los acusadores confían en una sentencia condenatoria de Báez. Además de la fiscalía, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción (OA), los tres organismos del Ejecutivo, integraron el grupo de querellantes en el juicio y pidieron penas para los acusados.

Esta red controlada por Helvetic Service Group se ideó para evitar la trazabilidad del dinero,

El fiscal Abel Córdoba solicitó 12 años de prisión para Báez; nueve años para su hijo mayor, Martín; y ocho años para los principales colaboradores de la supuesta maniobra, el contador Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco. Solicitó además multas para la mayoría de los acusados de $2.121 millones (para cada uno) y el decomiso de todos los bienes de los Báez.

La fiscalía también pidió condenar a Federico Elaskar, uno de los imputados clave en el caso, por la maniobra principal de lavado pero solicitó absolverlo por algunos hechos menores. Elaskar dio en 2013 una entrevista al periodista Jorge Lanata corroborando parte de la versión de Fariña. Entonces denunció haber sido despojado de su financiera SGI por parte de los colaboradores de Báez. Luego quedó imputado pero niega haber sido partícipe del lavado.

Báez, quien se encuentra con detención domiciliaria desde septiembre de 2020, lleva casi cinco años con prisión preventiva. Una condena cercana a los siete años le permitiría acercarse a los dos tercios de la pena y solicitar la libertad condicional. Gasaro sostuvo en diálogo con este medio que las empresas de Báez eran proveedoras del Estado y por tanto tenían bancarizados todos sus movimientos de dinero, por lo que afirma que no podría haberse llevado adelante una maniobra de lavado de activos. 

Gasaro criticó que se haya homologado el acuerdo con Fariña, que las defensas consideran “guionado” por el Ministerio de Justicia de Germán Garavano; sostuvo que se le negó la incorporación de prueba a favor de sus defendidos; y dijo que la acusación se basa en algo que no están probado: que el dinero que aparece en las cuentas suizas de sus clientes sean producto de la corrupción en la obra pública o de la evasión de impuestos. Fuentes de la gestión de Garavano sostienen que el exministro sólo se reunió con Fariña previo a su incorporación al programa oficial de testigos protegidos y que su declaración no fue guionada.

Puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos.

Otro aspecto de discusión entre las defensas y los acusadores es si los imputados pueden ser juzgados por la nueva ley de lavado de activos sancionada en 2011, algo que los jueces del tribunal también deberán poner sobre la mesa. Tanto Casanello como el fiscal Córdoba han sostenido que en el caso de Báez se debe aplicar la nueva ley, que permite juzgar el lavado como delito autónomo. Eso implica que no es necesario probar el delito precedente al lavado: sólo bastan presunciones o indicios de un origen ilícito del dinero para avanzar en una condena por lavado de activo, explicaron fuentes judiciales que intervinieron en el caso. Es el mismo criterio que sostiene el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales en casos similares, según distintos fallos publicados. 

Las jurisdicciones elegidas para crear sociedades y cuentas incluyeron no sólo a Suiza sino también a Panamá, Belice, Uruguay, España y Estados Unidos, según el procesamiento firmado por Casanello en agosto de 2017. “Esta red controlada por Helvetic Service Group se ideó para evitar la trazabilidad del dinero”, afirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La defensa de Báez resalta que algunos de los hechos que se les imputan a los acusados datan de finales de 2010 y otras fechas del primer semestre de 2011, anteriores a la entrada de vigencia de la norma modificada, que entró en vigencia el 29 de junio de 2011.

En sus escritos, Casanello sostuvo que la presunta conducta delictiva se extendió durante el tiempo hasta al menos 2013. Si bien Báez habría adquirido SGI a Elaskar en enero de 2011 a través de Fariña, el juez afirmó que fue con posterioridad que desde esa financiera se dirigieron las operaciones de lavado, la formación de las sociedad offshore y de apertura de las cuentas bancarias en el extranjero para albergar el dinero.

Luego, en 2015, incluso, siguieron habiendo movimiento en el banco suizo, que complicaron la situación judicial de algunos de los hijos de Báez, en particular de sus hijas, cuya participación quedó en evidencia por los trámites bancarios que realizaron ese año, según el expediente. 

El Ministerio Público Fiscal sostiene en distintos expedientes y juicios que aunque un bien (sea una financiera, un campo o un vehículo) se haya adquirido antes de la entrada en vigencia de la nueva ley (29 de junio de 2011), la conducta que debe juzgarse abarca mucho más que la compra-venta e implica también su administración en el tiempo. Así lo plantean distintos fallos, según las consultas a distintos fiscales especializados en casos de lavado. “Se debe juzgar al sospechoso por la responsabilidad en esa administración, a partir del 29 de junio de 2011”, explicó uno de los magistrados consultados.

Suiza

El expediente de instrucción demuestra que, a medida que avanzó la investigación judicial, la hipótesis que convenció a Suiza para entregar la documentación bancaria fue que el origen del dinero era un presunto fraude fiscal, montado a través de la supuesta elaboración de usinas de facturas apócrifas para justificar gastos en las obras públicas. 

La información comenzó a solicitarse en 2013, pero llegó a la Justicia argentina a partir de 2016 y a cuentagotas, cuando Fernández de Kirchner ya no estaba en el poder, según explicó uno de los investigadores. 

Uno de los los dos exejecutivos del banco suizo Lombard Odier que manejaron una de las cuentas investigadas en la que se movieron unos US$21 millones sostuvo en su declaración indagatoria que “no había indicios” de que el dinero pudiera tener un origen delictivo.

De aquella suma multimillonaria, hoy los Baéz tienen alrededor de US$800 mil congelados en Suiza a la espera del veredicto, dijo una fuente de la causa.

*Esta nota fue modificada el 24 de febrero para corregir la información sobre cantidad de imputados, la acusación contra Elaskar y el pedido de pena del fiscal.

ED

Mauricio Macri y las empresas de su familia han sumado abogados en meses recientes. El penalista y exfiscal Pablo Lanusse representa al expresidente en cuatro expedientes en los tribunales de Comodoro Py, tanto como defensor (en la causa iniciada por Fabián De Sousa y Cristóbal López y en un expediente por el préstamo del Banco Nación a Vicentin) como querellante. 

El exministro de Justicia Germán Garavano actúa como hombre de permanente consulta para los diferentes frentes, pero no es su representante legal en ninguno de los expedientes, confirmó una fuente cercana a Macri. 

Otros letrados vienen representando a Macri y las empresas de su familia desde hace años, como Alejandro Pérez Chada (en el caso del exmandatario), más dedicado a otros clientes en los últimos tiempos. También, Ricardo Rosenthal, abogado de accionistas (Gianfranco Macri, por ejemplo) y ejecutivos del grupo Macri en algunas de las causas penales. Interviene, por ejemplo, en la causa de los parques eólicos, según consta en el expediente. Rosenthal es abogado de Iecsa y Angelo Calcaterra, primo de Macri, en el expediente derivado del caso Odebrecht por las supuestas coimas en la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

En torno al caso Correo, Socma (Sociedades Macri) sumó en 2020 a Francisco Castex, Luciano Pauls y Mariano Cúneo Libarona en el frente penal; y a Javier Lorente y Ariel Alejandro Di Bártolo en el expediente comercial. Socma es la principal accionista de la empresa en concurso de acreedores y proceso de salvataje Correo Argentino SA.

Sin embargo, Macri no designó abogados defensores en la causa penal en la que se lo investiga por este caso, confirmó una fuente del expediente. El expresidente está formalmente imputado por presuntas negociaciones incompatibles.

ED