La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó “graves irregularidades” en distintos procedimientos licitatorios promovidos y concretados durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri tendientes a la contratación de energía eléctrica originada de fuentes renovables, informó en las últimas horas el organismo en un comunicado.

Entre las observaciones hechas por la AGN se destacaron la adjudicación de distintas prestaciones a empresas que no habían participado de procedimientos licitatorios, como también el pago de “precios superiores a los establecidos”, lo que derivó en “situaciones inequitativas”, indicó el dictamen.

Las irregularidades, expresó la AGN, surgieron de una auditoría en el ámbito de la Secretaría de Energía, vinculada con el “Programa Renovar” de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de generación, establecido sobre la base de la concesión de beneficios fiscales, prioridad de pago, financiamiento y garantías a través del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) como herramientas de fomento.

El período auditado abarcó desde el 18 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2021, pero las irregularidades detectadas corresponden al período macrista.

Según la AGN, la auditoría tuvo el objetivo de verificar la gestión, seguimiento y control de la Secretaría de Energía, respecto de la planificación y el diseño del programa Renovar, puntualmente en su relación con los objetivos planteados en la “Ley de fomento de las energías renovables” y las necesidades de diversificación y federalización de la matriz energética nacional.

El informe, que consta de 126 páginas, fue aprobado durante una sesión del Colegio de Auditores Generales de la AGN, en la cual participó, entre otros, el auditor general Miguel Ángel Pichetto, dirigente de la otrora coalición gobernante Cambiemos (2015-2019), ahora Juntos por el Cambio (JxC).

Entre los principales hallazgos de la auditoría se mencionó la Resolución 202. emitida en 2016 por el entonces Ministerio de Energía y Minería, que “permitió la aplicación de los beneficios del Renovar a empresas adjudicatarias de programas previos sin participar del procedimiento licitatorio”, lo que ocasionó que “se generaron situaciones inequitativas” con otros participantes del programa.

En ese sentido, el documento de la AGN mostró que las empresas autorizadas a suscribir contratos con motivo de la resolución mencionada “obtuvieron precios superiores a los establecidos para las empresas adjudicatarias” con anterioridad.

Asimismo, se “autorizó la celebración de contratos” con “precios superiores a los calculados de manera teórica por la Auditoría”.

“El esquema de distribución de riesgos del Programa se inclinó de manera favorable hacia las empresas en desmedro del Estado. El Estado Nacional, incluso, se constituyó en garante de obligaciones de terceros, comprometiendo de manera contingente sus propios recursos mediante la asunción de compromisos con organismos internacionales”, aseveró la auditoría.

Además, el informe “detectó la aplicación de un tipo de cambio erróneo en el cálculo de los beneficios fiscales”, tanto “al momento de su adjudicación, cuanto al de su otorgamiento, lo cual implicó un reconocimiento en exceso 4,6 millones de dólares”.

Por su parte, el documento destacó una “falta de conocimiento” de la autoridad de aplicación “u omisión de informar” a la AGN “respecto de operaciones de cesión y/o transferencias accionarias de algunas de las empresas autorizadas a firmar contratos” con motivo de la resolución del entonces Ministerio de Energía.

La AGN constató, en tanto, “situaciones de enajenación accionaria no conocidas o no informadas” por el Ministerio a la Auditoría.

Como consecuencias de algunas de estas irregularidades, “el 37% de la potencia adjudicada” por el programa Renovar “no logró instalarse, reduciendo el beneficio esperado y desacelerando la expansión de la generación renovable”.

El documento de la AGN resaltó que Renovar “no logró instalar los proyectos que comprometían contractualmente energía a valores más competitivos, impactando negativamente en el precio promedio de la energía renovable”.

En 2018 la Justicia inició una investigación para determinar si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de parques eólicos.

Según los diputados nacionales kirchneristas Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, se trató de una maniobra sin licitación que habría dejado más de 40 millones de dólares de ganancia.

La denuncia de los diputados se basaba en dos artículos publicados por el diario Perfil bajo los títulos “Sin licitación, empresas del Grupo Macri compraron y vendieron 6 parques eólicos” y “Con los parques eólicos las empresas del Grupo Macri ganaron al menos 48 millones de dólares”. Allí, se revelaba que “después de varias triangulaciones, los parques eólicos y solares terminaron en poder de la compañía china Goldwind, fabricante de molinos de viento, y de Genneia, manejada por Darío Lizzano, empresario vinculado al macrismo y adquisidor de negocios de Nicolás Caputo. El pase de manos se hizo en tan solo un año y le originó a la familia Macri y a Tévez una ganancia de 70 millones de dólares, de los cuales el actual DT de Independiente se quedó con 17 millones y Guillermo Barros Schelotto con unos 700 mil dólares. Ambos giraron sus dividendos a bancos de Estados Unidos”.

El 16 de marzo de 2021 Mariano Macri, hermano del expresidente, declaró como testigo en la causa en la que se investiga un supuesto negociado con la compraventa de parques eólicos.

Sin embargo, en esa instancia desconoció todo lo que había dicho con motivo de la publicación del libro “Hermano”, escrito por el periodista Santiago O´Donnell.

Ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, el hermano del expresidente aseguró que no contaba con elementos para aportar en relación a sus hermanos, las empresas familiares y los parques eólicos porque desde 2013 que no recibe información al respecto.

Abril de 2019. Mario Vargas Llosa le preguntó a Mauricio Macri si mantendría el rumbo de su Gobierno en un segundo mandato. “Voy a tratar de ir en la misma dirección, lo más rápido posible. ¿Está bien?”. Risas cómplices.

La respuesta del líder ante un auditorio libertario convocado por la rosarina Fundación Libertad pudo ser vista como un síntoma del ensimismamiento de un gobernante que no atinaba a ver el rostro de un país asfixiado por la deuda externa y al borde del abismo social. Pasaron tres años y la osadía (temeridad) de Macri, que entonces llegó a tornarse irritante para varios de los propios, hoy se transformó en el libreto oficial de Juntos por el Cambio.

Las expediciones para jubilar al padre naufragaron antes de zarpar. Dentro de la coalición conservadora, la carrera hacia 2023 no deja lugar para los débiles. El moderado Horacio Rodríguez Larreta alerta que se viene cirugía mayor sin anestesia y juega una carta mágica ante el menor inconveniente: manda a su brava Policia, sea a la inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner o a las escuelas públicas tomadas por adolescentes; Patricia Bullrich se prepara para la guerra y enciende una vela por Jair Bolsonaro, presta a subirse a la ola, mientras María Eugenia Vidal actúa como si buscara un indulto de Macri. Y éste se guarda para sí el papel de tutor y avisa que, si alguien se desvía del libreto, saldrá a la cancha. Fuera de este marco queda el radical Facundo Manes a caballo de un proyecto personalísimo del que poco se sabe, más allá de gestos para desmarcarse y metáforas neurológicas.

La ausencia de una evaluación crítica sobre los resultados de un Gobierno que tuvo el respaldo —al menos el primer bienio— de representaciones empresariales, el FMI, los gordos de la CGT, el Grupo Clarín, los tribunales, el peronismo racional y Washington marida con el anclaje en un populismo reaccionario que resuelve la historia en atribuir los males al peronismo, la izquierda, los vagos y los mapuches.

En condiciones normales, un cuadro electoral promisorio para Juntos por el Cambio parecería inverosímil. No hay indicador social ni económico durante el cuatrienio de Cambiemos en Casa Rosada que deje de mostrar una performance negativa, si no de debacle: PBI, inflación, deuda, pobreza, desigualdad, salarios, industria, obra pública. Si la mirada se extiende al plano de la calidad democrática, la independencia de poderes y el espionaje estatal, el balance hace juego con la economía. Y sin embargo….

Cuatro razones

Hay explicaciones estructurales e internacionales para comprender la resiliencia del macrismo. Ernesto Semán ya apuntó en su Breve historia del antipopulismo que la despedida de Juntos por el Cambio con el 40% de los votos en 2019 dio la pauta de que la competitividad de la promesa basada sobre “el individuo autónomo”, descontaminado de toda pretensión colectivista, había llegado para quedarse.

También hay razones particulares, de las que cabe enumerar cuatro.  

Primero: la pandemia. El Gobierno de Alberto Fernández salió a la cancha con el marcador cinco a cero en contra. Una hecatombe sanitaria global llevó a que el PBI se desplomara 10% en un año. Al Frente de Todos le tocó organizar el salvataje a través de la emisión de dinero —remedio ineludible que lastraría el mandato hasta el final—, porque el crédito ya había sido agotado por Macri en uno de los procesos de endeudamiento más acelerados de la historia. Hasta las políticas más irresponsables de los Fernández, como los subsidios de tarifas para ricos, habrían tenido otro peso en un mundo sin pandemia.

El trauma del aumento de la pobreza y la deuda de 2019 quedó eclipsado por el trauma social y psíquico que disparó la pandemia

En ese punto, el coronavirus actuó como un factor decisivo para obnubilar la valoración del pasado reciente. El trauma del aumento de la pobreza y la deuda de 2019 quedó eclipsado por el trauma social y psíquico que disparó la enfermedad global. El macrismo vio la hendija y arremetió con su lucha libertaria contra las restricciones de movilidad. Malas artes para sacar ventaja del agobio colectivo.

Segundo: la falencia histórica de los Fernández. El Presidente estaba llamado a ser un líder progresista, con capacidad pragmática para articular demandas y poner racionalidad después del frenesí del gasto sin sustento del segundo mandato de Cristina y del tándem deuda-fuga de Macri. No fue el caso. Alberto demostró ser un dirigente irresoluto, sin la capacidad de conducción ni los equipos que requería el momento. El mandatario se ubicó en una posición de debilidad tal que no puede gritar los goles propios, además de haber metido en su propio arco unas cuantas que iban afuera.

Dueña de una relación única con buena parte del pueblo humilde, Cristina ratificó que conviven en ella una conductora que lee escenarios como nadie y una dirigente contradictoria, de vuelo bajo. Comprendió mal el momento histórico y, sobre todo, falló a su promesa de poner su capital político a favor de un proyecto que superara, con criterios de equidad, males de la economía que se volvieron endémicos.

La Cristina versión 2019-2023 demostró que no había aprendido nada de la de 2011-2015. Al contrario, agravó sus errores. La noción de que “la emisión no genera inflación” y otras teorías estrafalarias sobre la ventaja de gastar miles de millones de dólares en energía gratis para las clases medias y altas volvieron aumentadas. Así, la vicepresidenta quedó ante el desafío de que se comprenda por qué limó a su propio Gobierno con la acusación de que aplicaba una receta de ajuste hasta junio pasado para terminar avalando recortes llevados a cabo por Sergio Massa que no tienen mucho que envidiarle al manotazo que intentó Nicolás Dujovne entre 2018 y 2019.

Si el “Estado presente” y el Gobierno “del más débil” incurren en una mala práxis tan flagrante y logra estos resultados, ¿por qué no probar otra vez con la ley del más fuerte?

Tercero: Comodoro Py. Las ataduras entre servicios de Inteligencia, la mesa judicial de Macri, los medios de comunicación de mayor difusión y jueces y fiscales federales están expuestas en expedientes, infidencias por Whatsapp, testimonios cajoneados y hasta fotografías en Los Abrojos. Esa trama tuvo dos objetivos: la persecución a opositores y disidentes —sospechados algunos con fundamento, pero con resguardos procesales débiles o inexistentes como norma— y la garantía de impunidad para los propios.

Las pruebas e indicios están a la vista. Cuentas en Luxemburgo de la familia Macri en las que terminaron decenas de millones de dólares ganados en un pase de manos de parques eólicos, empresas offshore de buena parte del elenco gubernamental, blanqueo de dinero autoorganizado, negocios multiplicados a partir de decisiones del Ejecutivo en peajes, generación eléctrica, renta financiera, soterramiento del ferrocarril Sarmiento, subasta de terrenos públicos para desarrollos inmobiliarios, Paseo del Bajo, etcétera. Es cuestión de levantar una baldosa y aparece el vínculo con un apellido clave de Cambiemos. La única explicación posible para que ninguna de estas investigaciones haya avanzado hasta un estado procesal mínimamente aceptable es que un tejido de impunidad inédito en democracia fue forjado en Comodoro Py.

Con los grupos Clarín y La Nación a la cabeza, el periodismo con más peso abandona la pretensión tan sólo de distancia y elige abordar al macrismo en clave de aplicación de correctivos ante desvíos de rumbo

El capítulo judicial difícilmente consagra o sepulta hegemonías políticas, pero el hecho de que indicios tan claros y sistémicos hayan pasado inadvertidos en los tribunales impide una reorganización de nombres y prácticas dentro del bloque conservador. Sin costos ni consecuencias, la anuencia judicial facilita la vida política de quienes deberían dar alguna explicación.

Cuarto: los medios predominantes. En lo que el sociólogo Pablo Alabarces define como “claudicación” del oficio periodístico, la prensa más influyente abandonó la intención de interpelar y problematizar a un sector clave de la política. Con los grupos Clarín y La Nación a la cabeza, el periodismo con más peso abandona la pretensión informativa y de distancia, y elige abordar al macrismo en clave de aplicación de correctivos. El cuestionamiento a dirigentes de Juntos por el Cambio se reserva al reproche cuando alguno elige una estrategia señalada como equivocada.

La amonestación más habitual suele ser por algún gesto que se entienda como un diálogo o concesión al Gobierno peronista, pero también encuentra eco el reclamo de que los radicales, liberales y conservadores resuelvan su interna con eficacia y articulen, si la patria lo necesita, con Javier Milei. El insulto, la amenaza, la teoría conspirativa y la proclama de ultraderecha campean en el prime time de los canales de noticias, los pases radiales y las columnas de opinión.

Cálculos y conflictos

El combo indulgente —pandemia, los Fernández, Comodoro Py y medios— colabora para poner en carrera a Juntos por el Cambio, pero a la vez supone severos riesgos en un eventual segundo tiempo.

En primer lugar, la promesa de recortes draconianos garantizados con mano dura policial es más fácil de sostener en una entrevista complaciente o en una cena de gala de una ONG que de llevar a cabo.

Reformar (bajar) jubilaciones, despedir empleados públicos, enterrar el reparto de computadoras, reducir impuestos a los ricos, eliminar programas sociales, borrar a Aerolíneas Argentinas de un plumazo y facilitar el despido de trabajadores están en el menú liberal clásico, aquí y afuera. La puesta en práctica requiere liderazgo, legitimidad y el abandono de teorías terraplanistas sobre la atracción de inversiones que supondrá la mera sustitución de apellidos en la burocracia estatal, el endeudamiento infinito inocuo y los beneficios mágicos de una devaluación. En diciembre de 2015, el elenco macrista decía tener todo esto calculado.

Una agenda de derecha recargada se enfrenta al problema del conflicto de intereses. No es sólo una cuestión ética o de corrupción, sino de sustentabilidad.

Años atrás, el periodista Marcelo Falak enmarcó en Letra P el sustento teórico detrás de colocar a un ejecutivo de la industria del petróleo a cargo de Energía, a un terrateniente en Agricultura, a un ejecutivo bancario en Finanzas, a un gerente de personal en Trabajo, etcétera. Tras la debacle de los Estados de bienestar posterior a la crisis petrolera de 1973, el cientista social Philippe C. Schmitter desarrolló un enfoque crítico sobre el Gobierno de interés privado —citó Falak—, en el que “una organización no estatal controla en régimen de monopolio bienes, servicios o status que son indispensables para sus miembros (...) El Estado impondrá a cambio ciertas responsabilidades y comportamientos públicos a la organización”.

El ajuste que Macri propuso disimuladamente en su primer mandato —pondría a “las mafias” parasitarias en un cohete y las enviaría a la Luna— y, ahora, todo Juntos por el Cambio se plantea sin inhibiciones presenta el problema de que el terrateniente a cargo de Agricultura se quiere llevar lo suyo, el financiero a cargo de Finanzas busca maximizar la ganancia de su sector, y otro tanto con el empresario del transporte, el ejecutivo de la petrolera, el gerente del multimedios, cada uno en su respectiva silla estatal. Cuando eso ocurre, el déficit crece y los recortes contra los que no tienen lugar en el gabinete —los trabajadores y los jubilados— no alcanzan.

¿Alguien aprendió la lección?

¿Hay alguien en Juntos por el Cambio pensando que la repetición de este esquema corporativo puede chocar el país otra vez? ¿Existe una mirada más sofisticada que aquélla que divide a la Argentina entre la sociedad productiva que representan el campo, el Dipy y Marcos Galperín versus el “pozo oscuro del Gran Buenos Aires” (Pichetto), “los argentinos que no quieren trabajar” (Macri) y “el 30% con los que no hay ninguna posibilidad de dialogar” (Larreta)? ¿Algún miembro del bloque conservador se atreverá alguna vez a contradecir la catarata de agravios e indecencias que disparan los medios que los fogonean?

¿Existe una mirada más sofisticada que aquélla que divide al país entre la sociedad productiva que representan el campo, el Dipy y Marcos Galperín versus el “pozo oscuro del Gran Buenos Aires” y “los argentinos que no quieren trabajar”?

Los números de pobreza conocidos esta semana indican que el país se encuentra —grosso modo— en el punto de partida del Gobierno de los Fernández (36,5% en el primer semestre de 2022 versus 35,5% en diciembre de 2019). El porcentaje es similar, pero la sociedad está más golpeada y frustrada. En el medio, pasó la pandemia, que siguió a ocho años de estancamiento y recesión. Los sectores más pobres e informales llevan una década de pérdida de ingresos y escuchando a gobiernos que alargan el horizonte de la solución de sus urgencias. “Se acabó la fiesta”, prenuncia la elite recortadora desde un canal de Palermo. “¿Qué fiesta?”, se preguntan en Rafael Castillo, partido de La Matanza.

El país rema entre problemas cíclicos, pero a la vez se aproxima a un escenario que podría abrir la puerta a un período de crecimiento sólido. Con Vaca Muerta a la cabeza, los recursos energéticos están ahí, su producción está funcionando y el mundo la demanda. Al menos hasta la última estampida del dólar de julio pasado y con sus inconsistencias a cuestas, la economía venía demostrando una capacidad de reacción inesperada para los funebreros de siempre.

En este mar de incertidumbre, un nuevo abordaje corporativista con mayor dosis reaccionaria no servirá ni para solucionar los problemas que en gran medida agravó el Ejecutivo de Cambiemos, ni para dar cauce al desarrollo que insinúan Vaca Muerta, el litio y la economía del conocimiento.

SL

Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, declaró este martes ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri en la compra-venta de seis parques eólicos, confirmó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo a la causa. 

El empresario estaba citado a pedido del diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a raíz de las declaraciones que realizó en el libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell. En una breve audiencia vía zoom, que promedió los 15 minutos, Mariano Macri sostuvo que los dichos reflejados en la publicación fueron “comentarios, cosas que escuchaba, pero que de ninguna manera son pruebas”, según reconstruyó una fuente del caso.

“Como Presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”, había dicho Mariano Macri en diálogo con el autor del libro. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, agregó en las entrevistas con O’Donnell.

Durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para entrar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. Sideco adquirió seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires, en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel. Los compró a la empresa española Isolux por US$25,8 millones y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación publicada por Perfil en 2018. 

El juzgado buscaba interrogar a Mariano Macri en torno a sus dichos en el libro y solicitarle cualquier otra información y documentación relacionada con el caso, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El empresario sostuvo ante el juzgado que no podía declarar contra Mauricio y Gianfranco Macri porque “no sabe nada, ya que desde antes de 2013 no recibe información” sobre el funcionamiento del grupo de empresas familiares por lo que “no está en condiciones de aportar ninguna prueba”, agregó la fuente con acceso al expediente.

La causa

El expresidente no está imputado en esta causa. Hasta el momento, la investigación se centra en los funcionarios del área de Energía de su gobierno, quienes podrían haber incurrido en presuntas negociaciones incompatibles para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, según el expediente. Ninguno ha sido indagado aún. 

Uno de los puntos centrales del caso gira en torno a los últimos dos parques adquiridos por Sideco. Isolux había sido denunciada por el gobierno de Cambiemos por maniobras de corrupción en una usina de Río Turbio, Santa Cruz, y estaba sumida en una profunda crisis financiera a nivel mundial. La empresa española anunció que se retiraba de la Argentina en octubre de 2016 y que vendía sus cuatro parques eólicos a dos compañías: Sidsel y Sideli. Poco después, el 25 de noviembre de 2016, Isolux volvió a ganar dos licitaciones más de parques eólicos (Miramar y Loma Blanca VI) con el gobierno de Cambiemos, a pesar de que el Ejecutivo sabía que la empresa no podía construirlos ni invertir en el país. Esos contratos, luego, fueron adquiridos por Sideco. La compra-venta de proyectos entre privados está habilitado por el sistema.

Sospechas sobre la maniobra

Según los registros oficiales, Mariano Payaslián, el contador de Sideco, había creado la firma Parque Eólico Miramar SA en marzo de 2016, ocho meses antes de que la licitación quedara en manos de la crítica Isolux y decidiera vender ese parque a Sideco. Gianfranco y sus socios incluso dotaron a la sociedad de una torre de medición de viento y contratos de usufructo sobre terrenos. 

La firma Parque Eólico Lomas Blanca VI SA fue inscripta por Isolux el 16 de junio de 2016, según los registros públicos. El contrato le fue adjudicado a la española cinco meses después.

Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados.

En la causa ya declaró otro testigo vinculado al caso, Esteban Nofal, también a raíz de los dichos de Mariano Macri en el libro. “En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigo que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí”, afirmó el empresario en declaraciones a O’Donnell. Según Mariano Macri, Nofal “hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa”.

Ante el juzgado de Martínez De Giorgi, Nofal declaró como testigo que efectivamente intervino como intermediario entre el Grupo Macri y la empresa china Goldwind, que adquirió la mayor parte de los proyectos de parques eólicos a la familia del expresidente, confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. 

Sin embargo, Nofal negó ante la Justicia haberle dicho a Mariano Macri que la Casa Rosada había interferido en las negociaciones entre Isolux y Sideco para “apretar” a la empresa española a vender sus inversiones por mucho menos dinero del que costaban, afirmó la misma fuente. 

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

Las declaraciones de Mariano Macri en el libro publicado a fines de 2020 forman parte de unas 17 horas de grabación de los encuentros entre el periodista y el empresario durante seis meses, según contó O’Donnell, y se dieron en el marco de una disputa legal entre los hermanos Macri. El empresario inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, de la que es propietario en un 20%, ante sospechas por el manejo de la compañía por parte de su hermano Gianfranco.

Ante la publicación del libro, Mariano Macri también entró en litigio con el periodista e incluso logró que la jueza nacional en lo civil Marta Gastaldi le exigiera al autor las grabaciones de las entrevistas como paso previo a un juicio por daños y perjuicios.

Sobre las declaraciones de Mariano en el libro Hermano, una fuente cercana a la familia Macri desmintió al empresario: “No es cierto lo que dice”, sostuvo. “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregó.

El expresidente dijo en una entrevista con Jonatan Viale que su hermano había decidido “canalizar sus broncas de manera equivocada” y aseguró que Mariano había sostenido “todas cosas falsas”.

ED

Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, debe declarar como testigo este martes al mediodía frente al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa en la que se investigan si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri en la compra-venta de seis parques eólicos. 

El menor de los hermanos varones del exmandatario fue citado a pedido del diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a raíz de las declaraciones que realizó en el libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell. Mariano Macri tiene cita vía Zoom a las 12 del mediodía y hasta el cierre de este artículo no había solicitado postergación de la audiencia, ratificó una fuente de la causa a elDiarioAR. 

“Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”, dijo Mariano Macri en el libro. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, agregó en las entrevistas con O’Donnell.

Durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para entrar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. Sideco adquirió seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires, en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel. Los compró a la empresa española Isolux por US$25,8 millones y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación publicada por Perfil en 2018. 

El juzgado interrogará a Mariano Macri en torno a sus dichos en el libro y solicitará que aporte cualquier otra información y documentación relacionada con el caso, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El empresario “podrá ratificar o negar sus dichos, pero ante la Justicia, al declarar como testigo, está obligado a decir la verdad”, dijo una fuente judicial del caso. El falso testimonio está penado con un máximo de diez años de prisión.

La causa

El expresidente no está imputado en esta causa. Si Mariano Macri ratifica ante la Justicia sus dichos a O’Donnell, la causa daría un giro, confío una fuente directa del expediente. Hasta el momento, la investigación se centra en los funcionarios del área de Energía de su gobierno, quienes podrían haber incurrido en presuntas negociaciones incompatibles para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, según el expediente. Ninguno ha sido indagado aún. 

Uno de los puntos centrales del caso gira en torno a los últimos dos parques adquiridos por Sideco. Isolux había sido denunciada por el gobierno de Cambiemos por maniobras de corrupción en una usina de Río Turbio, Santa Cruz, y estaba sumida en una profunda crisis financiera a nivel mundial. La empresa española anunció que se retiraba de la Argentina en octubre de 2016 y que vendía sus cuatro parques eólicos a dos compañías: Sidsel y Sideli. Poco después, el 25 de noviembre de 2016, Isolux volvió a ganar dos licitaciones más de parques eólicos (Miramar y Loma Blanca VI) con el gobierno de Cambiemos, a pesar de que el Ejecutivo sabía que la empresa no podía construirlos ni invertir en el país. Esos contratos, luego, fueron adquiridos por Sideco. La compra-venta de proyectos entre privados está habilitado por el sistema.

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

Según los registros oficiales, Mariano Payaslián, el contador de Sideco, había creado la firma Parque Eólico Miramar SA en marzo de 2016, ocho meses antes de que la licitación quedara en manos de la crítica Isolux y decidiera vender ese parque a Sideco. Gianfranco y sus socios incluso dotaron a la sociedad de una torre de medición de viento y contratos de usufructo sobre terrenos. 

La firma Parque Eólico Lomas Blanca VI SA fue inscripta por Isolux el 16 de junio de 2016, según los registros públicos. El contrato le fue adjudicado a la española cinco meses después.

El testigo Nofal

En la causa ya declaró otro testigo vinculado al caso, Esteban Nofal, también a raíz de los dichos de Mariano Macri en el libro. “En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigo que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí”, afirmó el empresario en declaraciones a O’Donnell. Según Mariano Macri, Nofal “hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa”.

Ante el juzgado de Martínez De Giorgi, Nofal declaró como testigo que efectivamente intervino como intermediario entre el Grupo Macri y la empresa china Goldwind, que adquirió la mayor parte de los proyectos de parques eólicos a la familia del expresidente, confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. 

Sin embargo, Nofal negó ante la Justicia haberle dicho a Mariano Macri que la Casa Rosada había interferido en las negociaciones entre Isolux y Sideco para “apretar” a la empresa española a vender sus inversiones por mucho menos dinero del que costaban, afirmó la misma fuente. 

En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio.

Las declaraciones de Mariano Macri en el libro publicado a fines de 2020 forman parte de unas 17 horas de grabación de los encuentros entre el periodista y el empresario durante seis meses, según contó O’Donnell, y se dieron en el marco de una disputa legal entre los hermanos Macri. El empresario inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, de la que es propietario en un 20%, ante sospechas por el manejo de la compañía por parte de su hermano Gianfranco.

Ante la publicación del libro, Mariano Macri también entró en litigio con el periodista e incluso logró que la jueza nacional en lo civil Marta Gastaldi le exigiera al autor las grabaciones de las entrevistas como paso previo a un juicio por daños y perjuicios.

Sobre las declaraciones de Mariano en el libro, una fuente cercana a la familia Macri desmintió al empresario: “No es cierto lo que dice”, sostuvo. “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregó.

El expresidente dijo en una entrevista con Jonatan Viale que su hermano había decidido “canalizar sus broncas de manera equivocada” y aseguró que Mariano había sostenido “todas cosas falsas.”

ED

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó este miércoles que se investigue si Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, cometió el presunto delito de evasión tributaria por la operación de los parques eólicos de Sideco, según el documento al que accedió elDiarioAR. 

El magistrado investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri entre 2016 y 2017 por la compra-venta de seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires. Sideco adquirió los proyectos de energía renovable en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel) por US$ 25,8 millones. Los compró a la empresa española Isolux y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación de Perfil. 

El diputado Rodolfo Tailhade realizó esta semana una nueva presentación solicitando al magistrado que investigue el rol de una compañía en Luxemburgo, Lares Corporation SPF, que Gianfranco Macri, a cargo de los negocios de la familia, no había informado a la Justicia como parte de la cadena de sociedades que intervinieron en el negocio eólico, según explicó una fuente judicial del expediente. 

La existencia de esta sociedad offshore de Luxemburgo y la sospecha de una posible evasión surgió luego de que el consorcio de periodistas OCCRP reveló que detrás del entramado de sociedades creadas para comprar y vender los parques eólicos se encuentra Lares Corporation SPF y que su beneficiario final es Gianfranco Macri, según publicó La Nación, que accedió a los registros comerciales del país europeo.

Esta firma se usó para controlar la estructura de empresas armada por Sideco para actuar en la industria de las energías renovables. Lares invirtió en los parques eólicos a través de Rainbow Finance, un fondo de inversión que también tiene sede en Luxemburgo y en el que otros inversionistas habrían aportado fondos, según explicaron desde Socma.

Socma también dijo a La Nación que la tributación en Argentina por la operación de los parques eólicos “corrió por parte de las sociedades locales Sidsel SA, Sideli SA y Usir Argentina”. Sin embargo, Lares canalizó el dinero de la compra-venta, según las últimas revelaciones.

Por eso, el juez Martínez De Giorgi ordenó que se remita la denuncia de Tailhade al fuero Penal Económico, “advirtiendo que en la presentación bajo estudio se hace mención a la comisión de una serie de conductas que podrían constituir delitos tributarios”.

De acuerdo a las declaraciones juradas de Gianfranco, el empresario no había identificado a Lares Corporation hasta después de la investigación periodística de Perfil que sacó a la luz el caso en 2018 y la posterior denuncia penal, explicó una fuente directa de la investigación judicial.

Este viernes, la defensa del contador Mariano Payaslián, quien figuraba como titular de las compañías de Sideco y sus socios, presentó un descargo por escrito ante el juzgado en el que sostuvo que Gianfranco no habría estado obligado a declarar la offshore de Luxemburgo antes de 2019. Ese año, por una nueva disposición de la AFIP, el empresario declaró su participación en la sociedad extranjera Lares Corporation, sostuvo su contador, según informó una fuente judicial del caso.

Otras medidas

El juez Martínez De Giorgi también citó a Mariano Macri, hermano menor del expresidente, a prestar declaración testimonial en la causa. Además, dispuso la citación en los mismos términos a Mariana Nannis para que aporte documentación vinculada con la supuesta participación de su exmarido, Claudio Paul Caniggia, en el negocio de la familia Macri.

Tailhade había solicitado ambas testimoniales, luego de la publicación del libro “Hermano” del periodista Santiago O’Donnell, en el que Mariano Macri afirmó que, “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.

El caso salió a la luz en enero de 2018, cuando Perfil reveló que durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos de su gobierno, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para ingresar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) denunció el caso ante la Justicia.

Sideco creó cuatro empresas a nombre de un contador, Mariano Payaslián: Usir Argentina, Sideli, Sidsel y Parques Eólicos Miramar SA, junto a un grupo de socios. A través de estas compañías, adquirieron seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires: compraron contratos con el Estado a la española Isolux, que estaba en retirada de la Argentina, sumida en una futura quiebra y denuncias por corrupción. 

Para septiembre de 2017, las empresas creadas por Sideco y sus socios terminaron revendiendo los seis parques que habían comprado a US$ 25,8 millones por US$ 95 millones. La ganancia neta ascendería a US$ 69,2 millones.

ED

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó este viernes a Mariano Macri a prestar declaración testimonial en la causa en la que se investiga un supuesto negociado con la compraventa de la concesión de parques eólicos ocurridos durante el Gobierno de su hermano, Mauricio Macri.

El magistrado también dispuso la citación en los mismos términos de Mariana Nannis para que el próximo 1 de marzo a las 9.30 concurra a los tribunales de Comodoro Py a aportar documentación sobre la supuesta vinculación de su exmarido, Claudio Paul Caniggia, con los hechos investigados.

En esta causa se analiza si el Gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de cinco parques eólicos que habrían dejado una ganancia de US$70 millones para el holding en el que el expresidente es socio.

Se trata de concesiones que habían sido ganadas por licitación por la empresa española Isolux, entonces a las puertas de una bancarrota y denunciada por corrupción en diferentes países, y que terminaron en manos de terceros tras pasar por firmas con terminales en Luxemburgo que manejaba Gianfranco Macri, el segundo hijo varón de Franco Macri.

El testimonio de Mariano Macri, que será por vía electrónica y aún no tiene fecha, fue requerido luego de que el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade ampliara su denuncia original e incorporara los pasajes del libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell, en el que se hace referencia al supuesto negociado.

El circuito supuso que Isolux ganó las concesiones, algunas de ellas organizadas bajo el mandato de Macri. La familia del expresidente compró de inmediato los proyectos Loma Blanca I, II, III y IV y Miramar a cambio de US$25 millones mediante las firmas Usir Argentina, Sidsel SA y Sideli SA, conformadas por el contador Mariano Payaslián Grupo Socma, histórica nave insignia creada por Franco Macri. Una compleja estructura legal culminaba en Lares SA, empresa offshore radicada en Luxemburgo manejada por Gianfranco Macri.

En 2017, los Macri vendieron ese negocio por casi U$S95 millones a las compañías Goldwing, de origen chino, y Genneia, controlada por la familia Brito. En Hermanos, Mariano Macri afirmó que, “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.

Los Macri contaron con el futbolista Carlos Tévez como socio como socio de los parques eólicos

El diputado Tailhade amplió su denuncia ante el juzgado de Martínez de Giorgi con la pista de Luxemburgo informada por La Nación en virtud de una asociación con la entidad Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Los Macri contaron con el futbolista futbolista Carlos Tévez como socio del negocio de los parques eólicos, informó Perfil.

Si se comprueba que Isolux fue una pantalla para que un negocio orquestado por el Gobierno de Macri terminara en manos de las empresas de su familia, para venderlo al poco tiempo a otros empresarios vinculados a la energía, el caso tendría puntos en común con lo ocurrido con el Paseo del Bajo, también bajo investigación en el fuero federal. Isolux ganó una parte de la licitación para la construcción de los carriles que comunican Retiro con la autopista 25 de Mayo. Como estaba en bancarrota, mediante supuestas alteraciones en la licitación dirigidas por el Gobierno de Horacio Rodríguez0 Larreta, el proyecto terminó en Iecsa, de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri que compró la empresa familiar de obras civiles en 2007. Calcaterra terminó vendiendo Iecsa a Marcelo Mindlin, principal accionista de Pampa Energía, en 2017.

SL con Télam

Mauricio Macri y las empresas de su familia han sumado abogados en meses recientes. El penalista y exfiscal Pablo Lanusse representa al expresidente en cuatro expedientes en los tribunales de Comodoro Py, tanto como defensor (en la causa iniciada por Fabián De Sousa y Cristóbal López y en un expediente por el préstamo del Banco Nación a Vicentin) como querellante. 

El exministro de Justicia Germán Garavano actúa como hombre de permanente consulta para los diferentes frentes, pero no es su representante legal en ninguno de los expedientes, confirmó una fuente cercana a Macri. 

Otros letrados vienen representando a Macri y las empresas de su familia desde hace años, como Alejandro Pérez Chada (en el caso del exmandatario), más dedicado a otros clientes en los últimos tiempos. También, Ricardo Rosenthal, abogado de accionistas (Gianfranco Macri, por ejemplo) y ejecutivos del grupo Macri en algunas de las causas penales. Interviene, por ejemplo, en la causa de los parques eólicos, según consta en el expediente. Rosenthal es abogado de Iecsa y Angelo Calcaterra, primo de Macri, en el expediente derivado del caso Odebrecht por las supuestas coimas en la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

En torno al caso Correo, Socma (Sociedades Macri) sumó en 2020 a Francisco Castex, Luciano Pauls y Mariano Cúneo Libarona en el frente penal; y a Javier Lorente y Ariel Alejandro Di Bártolo en el expediente comercial. Socma es la principal accionista de la empresa en concurso de acreedores y proceso de salvataje Correo Argentino SA.

Sin embargo, Macri no designó abogados defensores en la causa penal en la que se lo investiga por este caso, confirmó una fuente del expediente. El expresidente está formalmente imputado por presuntas negociaciones incompatibles.

ED