El senador nacional Joaquín Benegas Lynch (LLA–Entre Ríos) adquirió meses atrás una vivienda en la ciudad de La Paz cuyo valor de mercado rondaría los 500 mil dólares, lo que abrió interrogantes sobre su patrimonio y el origen de los fondos, según publicó el medio entrerriano Análisis.

Se trata de una propiedad de estilo colonial ubicada sobre calle Dorrego al 900, en una de las zonas residenciales más cotizadas de la ciudad, con un terreno amplio que se extiende hacia la barranca del río Paraná. El inmueble pertenecía a Álvaro García, integrante de una familia terrateniente local, y llevaba años en venta de manera particular.

De acuerdo con la reconstrucción del portal, si bien trascendió que la operación se habría concretado en enero, no se pudo precisar ni la fecha exacta ni el monto final. Operadores inmobiliarios de la zona estiman que el precio podría haber sido menor al originalmente solicitado debido al tiempo que la propiedad permaneció en el mercado.

Siempre según Análisis, en los últimos meses el legislador y su esposa, Eloísa Perea Muñoz, avanzaron con obras de remodelación que incluían la presencia diaria de cuadrillas de trabajadores y materiales de alta calidad. El objetivo habría sido modernizar la vivienda sin perder su estilo original, con la posibilidad de incorporar desarrollos que potenciaran la vista al río.

Uno de los puntos que genera dudas es que la propiedad no figura en la declaración jurada presentada por el senador en febrero ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes del sector inmobiliario señalaron que esto podría explicarse por una eventual falta de escrituración al momento de la presentación, aunque tampoco hay precisiones sobre el origen de los fondos utilizados para la compra. El medio intentó contactar a Benegas Lynch, pero no obtuvo respuesta.

En febrero declaró poseer dos inmuebles: una casa de 350 metros cuadrados en La Paz, adquirida en septiembre de 2023, y un departamento de 50 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, incorporado en julio de ese mismo año.

Si bien no se detalla la ubicación de la propiedad en La Paz, en la ciudad señalan que se trataría de una casa situada en la intersección de Saavedra y Echagüe, donde el legislador tiene fijado su domicilio, aunque otras fuentes indican que esa vivienda sería alquilada a una familia de apellido Loza.

En cuanto a sus activos, declaró depósitos por 34 millones de pesos, 237 mil dólares en efectivo y participaciones accionarias en Finca Luracatao SA por 27 millones de pesos y en Glocal Terra SRL por 210 millones.

También informó deudas por 340 millones de pesos con Glocal Terra y por 4 millones con el Banco Galicia. Su patrimonio se completa con una lancha y una camioneta Toyota modelo 2022, aunque en La Paz se lo suele ver circulando en una Ford Maverick.

La existencia de la nueva propiedad tomó estado público luego de que el periodista local Luis Garita difundiera información e imágenes sobre el lugar. Según distintas fuentes citadas por Análisis, ese mismo día el senador se presentó en la vivienda y ordenó la suspensión inmediata de las obras, tras lo cual el inmueble fue cerrado y se retiraron los materiales de la vista.

El presidente Javier Milei envió este miércoles un proyecto de ley ómnibus que incluye 664 artículos y que el oficialismo pretende que sea tratado y aprobado en el período de sesiones extraordinarias. Esta reforma incluye un título sobre medidas fiscales y varios capítulos: uno sobre moratoria de deudas impositivas, otro sobre blanqueo de capitales no declarados; rebaja de alícuotas del tributo de bienes personales, es decir, un alivio a los más ricos en medio de uno de los ajustes más grandes de la historia y que afecta a los asalariados, jubilados, obreros de la construcción y usuarios de luz, gas, agua y transporte público; una merma del impuesto interno al cigarrillo; el incremento de las retenciones a la exportación al 15%, salvo excepciones, para un sector que venía castigado por un tipo de cambio bajo y que ahora es compensado con uno momentáneamente alto; y la derogación del impuesto a las transferencias de inmuebles (ITI).

En el caso de Bienes Personales, estos son los cambios principales:

En cuanto al “Régimen de Regularización de Activos”, o blanqueo, idea que también tenía Sergio Massa prevista para su eventual gobierno, el proyecto de ley expresa lo siguiente:

En lo referentes a la moratoria, incluye:

En cuanto al impuesto a las ganancias, no se incluyó la derogación de la la ley votada por el peronismo y Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho que se volvería al esquema vigente con anterioridad. El contador Jorge Gebhardt calcula que tributarán aquellos empleados que cobren más de $975.000 brutos mensuales. La medida sería otro motivo de discordia entre la CGT y el Gobierno, además de la flexibilización laboral, los despidos en el Estado, el atraso salarial y la introducción de las prepagas en el negocio de las obras sociales.

Cigarrillos e Inmuebles

La reforma del Estado incluye cambios en los impuestos internos a los cigarrillos. En los últimos días, la prensa viene publicando el lobby de las tabacaleras internacionales por bajar los gravámenes que pesan sobre ellas y que favorecen a la competencia desleal. Pues no lograron su cometido. “Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del 73%”, indica el proyecto. Hasta ahora tributaban 70%.

El proyecto deroga 12 artículos de la ley de transferencia de inmuebles. Allí se da de baja el ITI, que equivale el 1,5% del inmueble, según interpreta el contador Arnaud Iribarne. Ya en 2018 se había modificado la norma para que las propiedades vendidas a partir de ese año tributaran el 15% de Ganancias en caso de haberse registrado una apreciación entre su valor de compra y el de venta. Con el nuevo cambio, los inmuebles comprados antes de 2018 que se vendan a partir de ahora ya no pagaría ni Ganancias ni el ITI, según Iribarne.

En cuanto a las retenciones, todos los productos que no pagaban o abonaban menos del 15% pasan a tributar 15%. La soja y sus subproductos pasan de tributar 31% al 33%. En cambio, algunos sectores quedaron excluidos del alza al 15%. Se fijó en 8% al complejo vitivinícola y el aceite esencial del limón. No pagarán los complejos exportadores olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana.

Por fuera de la ley de reforma del Estado se mandaron al Congreso para su ratificación parlamentaria cinco acuerdos para evitar la doble imposición tributaria en empresas que actúan en la Argentina y en Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes y Turquía, de modo de que no paguen dos veces impuestos por la misma actividad. Nuestro país ya tiene pactos de este tipo con 20 países, incluida Alemania, Brasil, Chile, España, Francia, Italia, México, Reino Unido y Rusia.

Pero el ex jefe de la Aduana Guillermo Michel criticó la decisión de impulsar estos nuevos cinco convenios, en un posteo en Instagram: “El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar varios proyectos tributarios, entre ellos distintos Convenios de Doble Imposición Fiscal (CDI) que fueron negociados por el gobierno de Cambiemos entre 2018 y 2019. El Convenio con Japón tiene una particularidad negativa para la política tributaria de nuestro país dado que excluyó de la definición de regalías prevista en su artículo 12 al concepto de ”asistencia técnica“, por lo cual ese tipo de rentas no quedarán sujetas a imposición en el país fuente. El resultado concreto será que la Argentina no podrá gravar, ni siquiera con un 10%, las regalías por asistencia técnica que se paguen a empresas de Japón. Esto beneficia de manera sustancial a la principal automotriz japonesa radicada en nuestro país”, apuntó contra Toyota.

“El Convenio con el Gran Ducado de Luxemburgo introduce el beneficio sobre las retenciones de impuestos en el país de residencia en pagos de intereses, regalías y servicios de asistencia técnica y dividendos, entre otros”, continúa Michel. “Esto beneficia de manera sustancial a cualquier empresa que le pague intereses o dividendos a su vinculada en Argentina. Es un convenio tailor-made (hecho a medida) para una multinacional con sede en Luxemburgo y actividad en Argentina”, apuntó contra Techint. “Además, ambos CDI tienen un costo fiscal oculto sustancial ya que gatillan la cláusula de nación más favorecida, con lo cual muchos países que cuentan con convenios con Argentina pedirán los mismos beneficios fiscales. Estos CDI implican un retroceso en materia de política tributaria y resignación de potestades por parte de nuestro país”, concluyó quien dirigió la Aduana en la era Sergio Massa.

AR/MG

El Gobierno nacional reglamentó el blanqueo de capitales para la compra de viviendas usadas y para el pago de importaciones previsto en la Ley de Presupuesto 2023, a través del Decreto 18/2023 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Una de las novedades del Presupuesto de este año es la ampliación del rubro de inversión en el marco del blanqueo de capitales, sumándose a las viviendas usadas, una medida reclamada desde sectores del mercado inmobiliario, como la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

De esta forma se incorpora a la ley 27.679 de blanqueo para la construcción -aprobada a fines de agosto pasado y que estará vigente todo este año- este nuevo ítem.

La normativa entiende como inmuebles usados a “aquellos que con carácter previo a la adquisición por parte del o de la declarante de los fondos hubiesen estado habitados o afectados a arrendamiento, uso, usufructo, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales”.

La AFIP dictará todas las “normas complementarias pertinentes”, incluyendo, entre otros aspectos, la forma de acreditación de la adquisición del inmueble usado y la verificación del cumplimiento de los requisitos y destinos, señala el Decreto.

El presidente de la CIA, Alejandro Bennazar, dijo a Télam cuando se envió al Congreso el proyecto de Presupuesto en septiembre pasado que el cambio “va a dar grandes resultados y generar un empuje muy fuerte en el mercado inmobiliario. Si hacemos la difusión correspondiente esto va a dinamizar el mercado en gran manera”.

“Las casas usadas que se compran, generalmente requieren refacciones, con lo que también la medida tendrá un impacto sobre la actividad de la construcción y rubros aledaños”, agregó el titular de CIA.

Además de las viviendas usadas, también se introduce la posibilidad de un blanqueo destinado a las importaciones de insumos y bienes de capital para la industria.

De esta forma, se introduce un mecanismo que permitirá a las empresas realizar un blanqueo de dinero no declarado para utilizarlo para el pago de importaciones.

Mediante el “Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina”, se podrá “declarar de manera voluntaria” ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la tenencia de “moneda extranjera en el país y en el exterior” dentro de un plazo de 360 días desde la entrada en vigencia.

Estos fondos podrán utilizarse al giro de divisas para “el pago de importaciones para consumo, incluidos servicios” que sean utilizadas únicamente “a la elaboración de bienes inherentes al sector productivo”, excluyéndose mercaderías que desaparecen total o parcialmente en el proceso o que constituyan elementos auxiliares.

Según lo especificado, el dinero declarado “deberá depositarse en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Inversión y Producción Argentina (CeproAr)” y mantenerlas allí “hasta que sean afectadas” para el pago de las importaciones.

La Secretaría de Comercio exceptuará a estos giros en el del Sistema de Importaciones de la Republica Argentina (SIRA) la aplicación del Sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF).

Además del plazo de casi un año para el blanqueo, la medida fija un impuesto especial cuya alícuota será del 5% de lo declarado si se hace dentro de los primeros 90 días de creado el régimen; del 10% si se hace en los siguientes 90 días; y del 20% si se realiza en los últimos 180 días.

Al igual que la medida destinada a las propiedades, esta normativa también fue elogiada desde el sector empresarial: el presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera), Marcelo Fernández dijo al incluirse la misma en el Presupuesto que la entidad “había puesto mucho énfasis en la necesidad de colaborar con la escasez de divisas y poder blanquear esos dólares que están en poder de empresas y empresarios”.

El decreto completo

Con información de Télam.

IG

Sergio Massa suele impulsar blanqueos. Como presidente de la Cámara de Diputados abogó por el de la construcción y su actual prórroga. Ahora, como ministro de Economía incluyó en el proyecto de ley de presupuesto que envió anoche en el Congreso un artículo que abre la puerta a un “sinceramiento” de fondos si se destinan a comprar inmuebles usados con el fin de que se usen destinen a vivienda del comprador o de su familia o para alquilarlo a un tercero que también lo utilice para hogar. Las propiedades no podrán valer más de $ 60 millones (es decir, US$ 400.000 al tipo de cambio oficial, que es el que se toma de referencia en las escrituras).

El artículo 71 de la iniciativa sostiene: “Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 1° de la Ley Nº 27.679 [N. de la R.: la del blanqueo de la construcción], el siguiente: ”Artículo s/n Los fondos que se declaren en el marco del restablecimiento del régimen del Título II de la Ley N° 27.613, dispuesto por el artículo anterior, también podrá destinarse a la adquisición de un inmueble usado que sea afectado: i) con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o ii) por un plazo no inferior a DIEZ (10) años, a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia. En ambos supuestos, su valor de adquisición deberá resultar igual o inferior a DOS (2) veces el importe previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, vigente al 31 de diciembre del período fiscal inmediato anterior al de la mencionada adquisición“.

El proyecto podría reactivar el hundido mercado de propiedades y a la vez elevar la acotada cantidad de inmuebles ofertados para alquilar, lo que mejoraría la situación de los inquilinos. Sin embargo, como todo blanqueo, supondría una injusticia para aquellos contribuyentes que cumplieron hasta ahora con sus obligaciones, a diferencia de los que las evadieron y ahora resultan recompensados. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se había prometido que no se recurriría a este tipo de moratorias tributarias.

El presupuesto además incorpora un pedido de empresarios pyme de la Confederación General Económica (CGERA) para blanquear los dólares que tienen en negro y que requieren para importar insumos para la producción. En el proyecto se señala que crea “el Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción mediante el cual las personas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, residentes en la Argentina, podrán declarar de manera voluntaria ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”. “Los fondos declarados deberán afectarse, únicamente, al giro de divisas por el pago de importaciones para consumo, incluidos servicios, destinados a procesos productivos”, se aclara.

“Establécese un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare expresada en moneda nacional al momento de ingreso” a una cuenta especial que cada blanqueador deberá abrir. “A) Ingresados desde la fecha de entrada en vigencia del presente régimen y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos desde dicha vigencia, ambas fechas inclusive: 5%. b) Ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso a) y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, ambas fechas inclusive: 10%. c) Ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso b) y hasta transcurrido el plazo de 180 días corridos, ambas fechas inclusive: 20%.”

“Ninguna de las disposiciones del presente régimen liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores o directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria”, señala el proyecto. “Quedan excluidas del ámbito de presente régimen las sumas de dinero provenientes de conductas susceptibles de ser encuadradas en los términos del artículo 6° de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones, relativas al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.”

AR

El total de operaciones de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires registró una suba de 179,1% en mayo, respecto de igual período de 2020, de acuerdo con un informe del Colegio de Escribanos porteño.

En mayo se realizaron 1.901 escrituras de compraventa, frente a las 681 del año pasado, cuando había mayores restricciones por la pandemia, y el monto involucrado fue de $ 15.619 millones, con una suba interanual de 155,3%, indicó el relevamiento.

El monto medio de las operaciones concretadas, en tanto, fue de $ 8.216.583, equivalente a US$ 82.512.

De este modo, en los primeros cinco meses del año hubo un alza en la cantidad de escrituras de compraventa, de 100,3% respecto del mismo período del año pasado, con casi 10.000 escrituras contra poco menos de 5.000 en 2020.

“Si bien la comparación de los cinco meses de 2021 con 2020 nos da un crecimiento del 100%, también miramos que los meses de mayo y abril tuvieron registros negativos en la medición intermensual, lo que confirma que es un nivel de actividad que no despega aún”, señaló el presidente del Colegio de Escribanos, Carlos Allende.

En la comparación intermensual se registró el segundo descenso consecutivo, de 17,9% en la cantidad de operaciones, frente a las 2.317 operaciones concretadas en abril, mientras el monto involucrado tuvo una baja de 26,7% en pesos.

En mayo hubo 100 escrituras formalizadas con hipoteca bancaria, por lo que la suba en este segmento fue de 138% interanual, y en los primeros cinco meses acumularon un crecimiento de 53,4%.

Con información de agencias.

IG

El total de operaciones de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires registró en marzo una suba de 77,2%, respecto de igual mes del año pasado, de acuerdo con un informe del Colegio de Escribanos porteño.

“Fue uno de los meses con mejor comparación interanual y el dato positivo es que es la cuarta recuperación, comparada con el año anterior, en los últimos 5 meses”, señaló el presidente de la entidad, Carlos Allende.

En un comunicado agregó que “comparado con 2020 todo es más fácil de verlo recuperado, pero trabajamos para tener estos índices y que le permitan transacciones a quienes buscan inmuebles”.

Después de registrar 29 meses consecutivos con caídas interanuales, se observaron en los últimos cinco meses cuatro subas respecto del mismo mes del año anterior.

De acuerdo con la información difundida por el Colegio, en marzo se concretaron 2.469 operaciones, con una suba interanual de 77,2%, y con un monto involucrado de $ 23.915 millones, que resultó 167,9% mayor al del año anterior.

El monto promedio por escritura en pesos en marzo fue de $ 9.686.495, con una suba interanual de 51,12%; mientras que en dólares el monto promedio fue de US$ 100.191, con una suba interanual de 1,9%.

En tanto, los actos formales avanzaron 64,7% respecto de febrero, cuando se habían concretado 1.499 escrituras de compraventa.

En marzo hubo 231 escrituras formalizadas con hipoteca bancaria, por lo que la suba en este segmento fue de 76% interanual.

Con información de agencias.

IG

La compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires sufrió en 2020 un desplome de casi el 44% y registró el volumen más bajo de operaciones desde el inicio de la serie, en 1998. Así se refleja en un informe publicado este lunes por el Colegio de Escribanos de la Ciudad, en el que se detalla que se realizaron 18.756 escrituras en el año, 43,9% menos que en 2019 (cuando fueron 33.411), cuando también el rojo en los números se había destacado. 

“Cerramos un año que rompió todos los récords de caídas en las compraventas y las 33.000 operaciones de 2019 quedaron mucho más arriba de las 18.000 totales de este año”, resumió Carlos Allende, presidente de la entidad. Se trata de un descenso en comparación con un año, 2019, en el que el registró había marcado un desplome de 60% contra 2018, como consecuencia de la devaluación abrupta, la restricción de acceso a dólares y la interrumpción casi total del crédito en el último año del Gobierno de Mauricio Macri. 

En diciembre, por otra parte, se registraron 3.065 operaciones de compraventa, una caída de 6,1% contra diciembre de 2019, pero una mejora del 22% respecto del mes anterior. Si se mira todo el 2020 se advierte que la baja más profunda se registró en abril, apenas iniciada la pandemia, y desde entonces las operaciones comenzaron a recuperarse, sin alcanzar todavía los niveles previos a la crisis. 

El monto medio de las escrituras de diciembre fue de US$84.850, lo que representa una baja de 14,2% contra el mismo período del año anterior. 

Por otro lado, en el último mes de 2020 hubo sólo 125 escrituras formalizadas con hipoteca bancaria, lo que representa una caída de 51,5% interanual. El informe agregó que el total de 2020 marcó una baja de escrituras con crédito del 64%.  “Las poco más de mil operaciones con crédito en todo el año reflejan que la hipoteca activa al mercado inmobiliario y que es una necesidad reconstruir estas herramientas de la economía”, sostuvo Allende. “Esperamos y trabajamos para que 2021 sea mejor”, se ilusionó.

DT