El Tribunal Oral Federal 4 (TOF) excarceló a Martín Báez, hijo mayor del empresario Lázaro Báez, en la causa en la que está condenado a 6 años y 6 meses de prisión por lavado de activos. La decisión se tomó luego de un pedido de la defensa, al haberse cumplido el plazo para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Martín Báez, el mayor de los cuatro hermanos, estaba bajo arresto domiciliario desde 2021 en su casa de Río Gallegos, y ahora recuperará su libertad bajo monitoreo electrónico supervisado por el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, según la resolución de los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel, y María Gabriela López Iñiguez.

Se informó que la supervisión será “mediante el dispositivo de monitoreo electrónico GPS, con un radio de 100 km a la redonda de su domicilio, debiendo comunicar a este Tribunal, en forma inmediata, cualquier modificación de su lugar de residencia, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse por más de 24 horas del mismo”.

El 7 de junio pasado, se cumplieron los dos tercios de la pena impuesta, al ser condenado por maniobras de lavado de activos a través de las empresas del grupo Báez. Martín Báez quedó detenido el 7 de febrero de 2019 en la causa que instruyó el juez federal porteño Sebastián Casanello.

El 26 de abril de 2021, el mayor de los hermanos Báez fue condenado a 9 años de prisión por lavado de activos agravado, al término de un juicio en el cual su padre Lázaro Báez recibió una pena de 12 años. En cuanto a su padre, la Cámara Federal de Casación confirmó este año la condena pero modificó el monto de la pena y la redujo a seis años y seis meses de cárcel, por lo que quedó en condiciones de pedir la libertad condicional.

LC con información de agencia Télam

Durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Lázaro Báez se transformó en el principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras dejar un cargo gerencial en el banco santacruceño del Grupo Petersen, Báez creó empresas, absorbió otras y multiplicó inversiones. Compró campos y depositó al menos US$ 25 millones en una entidad suiza, con sus hijos como beneficiarios finales. El análisis del cruce de fondos familiares entre paraísos fiscales requiere la asistencia de un experto en fraudes. Además de amigo de Néstor Kirchner, Báez mantuvo un vínculo comercial con la pareja presidencial. Al tiempo que su buque insignia, Austral Construcciones, ganaba licitaciones para obras públicas, otras de sus firmas compraban propiedades a los Kirchner y explotaban sus hoteles.

Hasta aquí, motivos más que suficientes para iniciar una investigación en fuero federal.  

Báez fue detenido el martes 5 de abril de 2016 en el marco de la causa bautizada por los zócalos de la televisión como “Ruta del dinero K”, paralela al expediente “Vialidad” que esta semana inició la etapa final de alegatos en el juicio oral, con el fiscal Diego Luciani en “actuación estelar”, “un duro”, autor de una presentación “histórica” y “contundente”, “Doctor No”, hombre “valiente” que le puso “límites a la política” y formuló una “acusación fulminante y fundamentada”, según el relato predominante. Es cierto que el elenco más conocido de Comodoro Py no ofrece muchas figuras edificantes para una épica republicana, pero acaso el cúmulo de elogios que se llevó la modesta presentación de Luciani haya sido un exceso.

Dos días antes de la detención de Báez en 2016, se había hecho pública la filtración global Panamá Papers, con el rostro de Mauricio Macri poblando los portales del mundo junto al selecto grupo de gobernantes y exgobernantes que ocultaban empresas y sellos en ese paraíso fiscal. Sorpresa: Macri no resultó ser el Mandela que describían. Nadie lo habría imaginado de un contratista con sus antecedentes. En una extraordinaria paradoja, los periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung que comandaron la investigación de los Panamá Papers narraron que sus colegas argentinos, obsesionados con hallar “la ruta del dinero K” en Panamá o en Delaware, se toparon con “la ruta del dinero M”.

Los mismos medios argentinos que habían tratado de ocultar el apellido Macri en la filtración global se abalanzaron, con similar torpeza, sobre el auto que transportaba a Báez con casco y chaleco antibalas ese 5 de abril. Fue el primero de los múltiples escarnios públicos en el prime time orquestados durante los cuatro años de Cambiemos en Casa Rosada. A ese show le siguió otro con el fiscal federal Guillermo Marijuan al mando de excavadoras en búsqueda de tesoros enterrados en estancias de Santa Cruz, sin éxito.

Arrepentidos en el living

Hay que reconocer que el programa de Jorge Lanata en Canal 13 no filmó a Leonardo Fariña, el pintoresco arrepentido contra Báez en las causas “Ruta del Dinero” y “Vialidad”, en el living de Elisa Carrió en Recoleta, como hizo en 2015 con un testigo falso que apuntó contra “la Morsa” —según el zócalo— Aníbal Fernández. Fariña fue grabado con cámara oculta por “Periodismo Para Todos” en otro living, dos años antes, con un testimonio pulido en el que él se dejó a salvo y enlodó a Báez. El entonces marido de Karina Jelineck se arrepintió (“Lanata quería ficción, le di ficción”), pero luego se arrepintió de haberse arrepentido. Ya con Macri en el Gobierno, Fariña se adhirió al programa de testigos protegidos, ejecutado bajo la directa supervisión del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. También cabe reconocer que no se sabe si a Fariña le montaron un hotel boutique en Mendoza a cambio de su arrepentimiento, como a Alejandro Vanderbroele, espada filosa utilizada contra Amado Boudou. Lo que sí ocurrió es que el exgestor de Lázaro Báez salió de la cárcel, se cortó el pelo, se mudó a una vivienda con amplias comodidades y pasó a tener Osde como prepaga, todo a cargo del Estado.

El código procesal argentino establece que el imputado debe permanecer detenido sólo si existe “peligro de fuga” o riesgo de “entorpecimiento del proceso”, o en función de la gravedad del hecho (por ejemplo, homicidio o violación). En principio, Báez debió haber aguardado la sentencia definitiva en libertad, pero ese principio del derecho no rigió durante el Gobierno de Cambiemos. Las prisiones preventivas contra Báez se fueron solapando y permaneció en la cárcel hasta septiembre de 2020. Desde entonces, el dueño de Austral Construcciones se encuentra en régimen domiciliario.

Durante su larga detención, el “inminente arrepentimiento” del dueño de Austral Construcciones para revelar su vínculo secreto con los Kirchner fue anunciado media docena de veces. No ocurrió. En julio pasado, dos jueces de Casación rechazaron su excarcelación. Uno de ellos, Gustavo Hornos, era uno de los habitués de Macri en la Casa Rosada y en Olivos días antes de fallar en causas sensibles, según lo revelado por El Destape.

Se podría abundar sobre las cámaras de apelaciones tijeretadas por la mesa judicial, la duplicidad de causas o los traslados de jueces partidarios a dedo, pero lo mencionado basta para considerar que la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner sobre la existencia del lawfare tiene asidero.

Al enemigo, doctrina Irurzun y relato de Fariña

Así las cosas, el sistema institucional argentino se encuentra ante una encerrona recurrente. La fundada presunción de que durante el kirchnerismo existieron prácticas sistemáticas de corrupción choca con un montaje de justicia que no garantiza, e incluso bloquea, la posibilidad de investigar en serio. En una práctica que hasta ahora no mereció ninguna revisión de parte de los nuevos liderazgos de Juntos por el Cambio (JxC) —por el contrario, la experiencia de Horacio Rodríguez Larreta en CABA parece reproducirla—, el macrismo potenció vicios hasta niveles desconocidos en democracia, con un doble fin: al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad ante la presunción de corrupción sistémica también fundada. Y todo, bajo la estricta supervisión de la Corte Suprema.

No es el objetivo de esta nota transitar el detalle de los argumentos del fiscal Luciani, abordados en la cobertura de Emilia Delfino en elDiarioAR.

Al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad

Como observación general, cabe consignar que la acusación parece más solvente cuando describe controles deficientes y cierta promiscuidad de gestión entre los encargados de la empresa y quienes debían controlarlos, o la aceleración de pagos, o el armado de licitaciones ficticias para que ganara casi siempre el mismo. Una típica cartelización de la obra pública en cualquiera de las provincias argentinas que merece ser investigada.

El énfasis del fiscal no subsana la necesidad de certeza de que efectivamente haya habido sobreprecios en las 52 obras encargadas a Báez en Santa Cruz, o de algún registro que lleve a dilucidar una coima. La “actuación estelar” se vuelve directamente vidriosa en la medida en que Luciani incrementa los decibeles y regala títulos para aseverar que Báez y Cristina son la misma entidad. Esa aspiración de máxima choca con que la causa paralela “Ruta del dinero K”, hasta ahora, no halló ninguna cuenta K en un paraíso offshore.

En el marco del juicio oral en la causa “Vialidad”, Luciani tuvo la oportunidad de preguntar a Fariña en diciembre pasado. El testigo protegido repitió una teoría extraña, que el fiscal haría bien en olvidar si procura una condena: “Austral tenía una particularidad que era que hacía (lavaba) negro el (dinero) blanco”. Es decir, según el colaborador, Báez y Néstor Kirchner lavaban dinero al revés, enviando a Suiza millones de dólares declarados para transformarlos en ilegales, con el fin de evadir impuestos.

Hay whatsapps y whatsapps

El fiscal logró impacto al poner sobre la mesa diálogos extraídos del celular de José López, el secretario de Obras Públicas de los 12 años de los Kirchner que una madrugada revoleó US$ 9 millones, saltó un muro de un convento, encontró el infierno de la deshonra internacional y finalmente fue rescatado por Comodoro Py y el Gobierno de Macri que lo transformaron en testigo protegido. Raro, pero no tanto. Al fin y al cabo, Iecsa, la empresa de obras públicas que pertenecía a los Macri, recibió contratos de las manos de López como pocas.

Los chats del exsecretario corrupto, que demostrarían que allegados a Cristina y Máximo Kirchner participaban de tratativas sobre la liquidación final de Austral Construcciones y sugieren contacto de ambos con Báez, antes de la asunción de Macri, causaron éxtasis en JxC y los medios de su sector. En cambio, los chats de Darío Nieto, el secretario del expresidente conservador, que demostrarían que apretaba por whatsapp para que bancos públicos de Ciudad y Nación dieran préstamos sin control a la agroexportadora Vicentín, principal aportante de campaña de JxC —lo que, en efecto, ocurrió—, no sólo pasaron inadvertidos para la gran prensa; Comodoro Py ya se ocupó de aspirar y enterrar la causa.

Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta al pueblo que representa

En febrero de 2021, Báez fue condenado a 12 años de prisión por haber orquestado el lavado de US$ 55 millones, mientras sus cuatro hijos y otros cómplices recibieron penas menores en la “ruta del dinero K”. Sebastián Casanello, aquel juez federal de instrucción que mandó a detener a Báez en el otoño de 2016, le dictó falta de mérito a Cristina. El magistrado se enfrentó a fuertes presiones: el Grupo Clarín, que lo llamaba “tortuga” porque no avanzaba sobre la expresidenta; la Cámara Federal, que lo obligó a citar a indagatoria a Cristina sin pruebas directas en su contra; y un sector del espionaje estatal, que le plantó dos falsos testigos —ya condenados— que aseguraron que el juez visitaba la residencia de Olivos.

¿Cómo hizo?

En diciembre de 2019, a días de asumir la vicepresidencia, Cristina habló en el juicio oral que estaría por llegar a su fin. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se hundieron en sus asientos cuando los apuntó con el dedo y los acusó de que tenían “la condena escrita”. Es probable. Una vía de entrada a una sentencia en su contra podría ser que en el expediente de la “ruta”, Báez fue condenado por haber lavado dinero que provendría —según dos de los tres jueces, en coincidencia con Fariña— de sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz y no sólo de la evasión impositiva.

Hay que poner mucha voluntad para dar crédito a los cantos de sirena sobre la honestidad y las instituciones republicanas que provienen de la derecha argentina, sus medios y Comodoro Py. Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados —varios de ellos, en efecto, corruptos— no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta que debe, no a los jueces, sino al pueblo que representa.

¿Cómo hizo un empresario surgido de la nada, amigo y socio de Néstor Kirchner, para acumular y fugar durante más de una década decenas de millones de dólares obtenidos de contratos de obra pública que pagaron todos los argentinos? 

SL

Las condenas en el juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez y otros 26 imputados por el lavado de unos US$60 millones sentó varios precedentes, entre ellos para el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también para los arrepentidos de casos de corrupción y lavado de activos, según explicaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervinieron directamente en el veredicto. 

El Tribunal Oral Federal número 4 validó por mayoría el acuerdo de colaboración de Leonardo Fariña alcanzado con el fiscal de primera instancia Guillermo Marijuan y, de esta manera, fijó una posición sobre el alcance en un juicio oral y público de la figura del arrepentido, un rol sobre el que gira la causa de los cuadernos de corrupción en la obra pública, cuyo juicio está pendiente y tiene entre los acusados a Fernández de Kirchner, exfuncionarios y a algunos de los empresarios más poderosos. No obstante, Fariña fue condenado a cinco años de prisión.

El acuerdo fue validado por los jueces Néstor Guillermo Costabel y Adriana Palliotti. En disidencia, la jueza Gabriela López Iñíguez dejó trascender en un texto que circuló entre sus colegas y allegados y al que accedió este medio que el “polémico arrepentido Leonardo Fariña” había hechos “aportes concretos y verosímiles al esclarecimiento de algunos hechos” pero que esos aportes “deben ser analizados detalladamente y con sumo cuidado”. “Es este, en mi opinión, y en este caso en particular, un aspecto muy delicado”, dijo la jueza.

La reducción de la pena corresponde a su colaboración en algunos de los aspectos que aportó a la investigación.

En el juicio contra Báez, Fariña era uno de los principales imputados y el único que confesó su rol en la maniobra. El resto se declaró inocente. El exesposo de la modelo Karina Jelinek llegó al juicio luego de haber firmado un acuerdo como imputado colaborador durante la instrucción de la causa, en 2016, que fue central durante la investigación, pero el tribunal debía evaluar si realmente aportó todas las pruebas requeridas para que ese acuerdo siga en pie.

Fuentes judiciales, de la acusación y abogados defensores sostenían que Fariña no pudo corroborar al menos uno de los cuatro puntos de su colaboración como imputado con Marijuan: la conexión entre el origen del dinero lavado en la maniobra y la corrupción en la obra pública. Sin embargo, de acuerdo al fallo, el tribunal ratificó este miércoles su acuerdo, tal como aclaró en la lectura de la sentencia el juez Néstor Guillermo Costabel, al reducir de ocho a cinco años la pena que entendió que le correspondía por su participación en la maniobra. Era el mismo planteo que había realizado el fiscal del juicio, Abel Córdoba. 

Sacó unas notas escritas y detalló hechos sobre los que no pudo acreditar haber sido partícipe o testigo directo.

“La reducción de la pena corresponde a su colaboración en algunos de los aspectos que aportó a la investigación. El acuerdo queda validado, en principio”, explicó una fuente del tribunal a elDiarioAR. La Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema podrán revisar eventualmente la decisión de los jueces si los recursos de las partes así lo plantean, explicó la fuente consultada. “Aunque no se haya corroborado el 100% de la información aportada por Fariña, no está acreditado que haya mentido y por eso queda validado su acuerdo de colaboración”, amplió otra fuente del tribunal. 

Los abogados de los principales imputados estaban a la espera del destino de Fariña, quien catapultó a los Báez y sus principales colaboradores hacia el juicio oral y público durante el gobierno de Mauricio Macri. Esperaban que su acuerdo fuera invalidado. “Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña”, había dicho la abogada de Báez, Elizabeth Gasaro, a este medio. José Manuel Ubeira, abogado de Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, dijo a este medio que el caso “puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos” porque ponía la lupa sobre el peso que caería sobre Fariña por no haber probado todos los dichos que le permitieron acordar la colaboración.

La cárcel y la prueba

Fariña estuvo unos dos años preso por una causa de evasión impositiva, pero tras declarar como arrepentido en esta causa salió de la cárcel. Esta condena vuelve a acercarlo a la prisión, ya que en el mejor de los escenarios, el colaborador podría pasar otros tres años detenido, explicó una fuente directa del caso. La defensa evaluaba apelar una parte de la sentencia en su contra, en especial lo relacionado a la pena, según una fuente allegada al acusado. La pena no comenzará a ejecutarse hasta que la condena quede firme en la Corte y el máximo tribunal no tiene plazos.

En abril de 2013, el programa Periodismo Para Todos (PPT) emitió el informe que tituló “la ruta del dinero K”. La presentación incluía una cámara oculta a Fariña, quien definió a Báez como “el jefe” y dijo que había armado la estructura societaria para lavar dinero proveniente del Estado y del empresario patagónico. “Yo lo armé”, dijo Fariña, y contó que Báez lo desplazó de su función tras su casamiento con la modelo Karina Jellinek y su exposición mediática, incompatible con el bajo perfil que cultivaba el dueño de Austral Construcciones. Entonces, dijo que Báez lo sustituyó por el contador Daniel Pérez Gadin, señalado luego como el cerebro financiero de la maniobra y condenado este miércoles a ocho años de prisión como co-autor del delito de lavado agravado. 

Tras la emisión del programa, Fariña quedó imputado en la investigación en 2013. En abril de 2016, cinco meses después del cambio de Gobierno, declaró como arrepentido en la instrucción de la causa y firmó un acuerdo como imputado colaborador, el primero en un caso de corrupción, incluso antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de octubre de 2016. Hasta entonces, sólo se admitían colaboradores en casos de narcotráfico, pero la declaración de Fariña tuvo su curso porque el caso Báez quedó asociado a una supuesta usina de facturas apócrifas vinculada a un sospechoso de tráfico de drogas en Bahía Blanca. 

Encuentro con Garavano

La defensa de Báez, entre otras, consideró “guionado” el relato de Fariña en 2016 por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. Al respecto, puntualizó una reunión del arrepentido con el funcionario. Fariña admitió un encuentro en junio de ese año. “La reunión fue sola y exclusivamente porque Garavano es (era) la máxima autoridad del organismo que tiene a su cargo el programa de testigos protegidos. La reunión fue el 28 de junio de 2016, y se la pedí por (medio de) un periodista, porque estaba disconforme con algunas condiciones de mi alojamiento y no tenía contacto con él”, declaró el colaborador tres años más tarde en el marco del juicio oral. A su vez, fuentes de la gestión de Garavano -hoy un hombre de consulta de Macri en sus causas judiciales- dijeron a este medio a principios de febrero que el exministro se había reunido con Fariña en el marco de su incorporación al programa oficial de testigos protegidos.

El fiscal Córdoba reconoció el aporte de Fariña a la investigación, pero muy cerca de la fiscalía explicaron que si bien el exallegado a Báez permitió individualizar bienes y hechos clave de la maniobra, no pudo aportar pruebas sobre la supuesta conexión directa entre la corrupción y el dinero enviados a cuentas suizas. “Cuando se lo interrogó en el juicio sobre esta cuestión, respondió que había hecho su propia investigación y se lo habían explicado otros empresarios, pero no los pudo individualizar para que sean citados a declarar. 

El efectivo quedaba en las financieras y se compensaba con movimientos entre cuentas de otros clientes de las cuevas hacia las cuentas de Báez.

Durante la instrucción del caso, al momento de declarar como arrepentido ante el juez Sebastián Casanello, Fariña pidió leer parte de su versión, según explicó una fuente judicial que presenció la audiencia. “Sacó unas notas escritas y detalló hechos sobre los que no pudo acreditar haber sido partícipe o testigo directo, y se referían a un supuesto plan sistemático de corrupción en la obra pública”, contó uno de los presentes en aquella declaración de 2016.

Sin embargo, su aporte fue central para acreditar el rol de Lázaro Báez en la maniobra y para probar cómo el dinero lavado salió del país, ya que identificó a las financieras de la city porteña que habrían participado de la maniobra, de acuerdo a las mismas fuentes, y que conducían a bancos extranjeros, en especial a bancos suizos. Los dichos de Fariña se basaron en hechos en los que había participado y se corroboraron con la documentación obtenida luego de los allanamientos a esas “cuevas” durante dos semanas, ordenados por Casanello.

“El dinero nunca viajó físicamente, hasta donde se pudo determinar. Se realizaban transferencias de cables a través de estas cuevas. El efectivo quedaba en las financieras y se compensaba con movimientos entre cuentas de otros clientes de las cuevas hacia las cuentas de Báez”, recordó a principios de febrero una fuente que analizó la documentación secuestrada en los operativos en la city.

ED  

El Tribunal Oral Federal número 4 ordenó el decomiso de más de US$60 millones tras el veredicto contra el empresario Lázaro Báez, quien recibió una pena de 12 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado y una multa equivalente a ocho veces el monto de las operaciones juzgadas. En el caso particular del contratista de obras en la provincia de Santa Cruz, la penalidad superaría sólo en su caso a US$480 millones.

La principal operación por la que Báez fue sentenciado consta de un entramado societario offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza y a través de las cuales se habrían canalizado unos US$55 millones entre finales de 2010 y principios del año 2013, según el procesamiento y la acusación en el juicio.

La maniobra que encabezó el exsocio de la familia Kirchner, según la acusación, comenzó a gestarse a finales de 2010, cuando Báez empezó a migrar millones de dólares al exterior a través de financieras del microcentro porteño. El origen de esa fortuna, sostuvo el juzgado de Sebastián Casanello en el procesamiento del empresario, se erige del “extendido esquema de corrupción institucional investigado” en la causa conocida como Vialidad o “corrupción en la obra pública” vial de Santa Cruz, un segundo juicio que atraviesan Baéz junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro Julio De Vido, entre otros.

La condena no fue unánime y dividió al tribunal, según leyó el juez Néstor Costabel esta tarde. Los jueces darán los fundamentos de la sentencia a finales de abril. Uno de los puntos centrales que podrían definir es sobre el origen del dinero presuntamente banqueado y si contemplarán la presunta corrupción en la obra pública como uno de los delitos que originó la fortuna de los Báez en Suiza, además de la repercusión que la sentencia tendrá en el juicio contra la vicepresidenta por el caso conocido como Vialidad y en futuros procesos como el de Hotesur y Los Sauces. 

Actualmente, Fernández de Kirchner es juzgada junto a Báez y otros imputados por presuntas irregularidades, sobreprecios y direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz. Tiene pendiente otro juicio por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), también junto a Báez. La vicepresidenta niega todos los cargos en su contra y denuncia una persecución supuestamente orquestada durante el Gobierno de Mauricio Macri.

ED

El juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez y otros 26 imputados por el presunto lavado de unos US$50 millones y su encubrimiento se aproxima al final. Fuentes de la defensa y la acusación de éste y otros procesos coinciden en que el veredicto impactará más allá del destino del contratista y de nombres de resonancia mediática en los últimos años, para quienes el fiscal pidió penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias. El veredicto también apuntará indicios sobre el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -quien no es juzgada por este expediente- y el esquema de arrepentidos en casos de presunta corrupción y lavado de activos, como Leonardo Fariña.

El veredicto está programada para el próximo miércoles 10 de febrero, pero podría retrasarse, confiaron fuentes del juicio, ya que restan las últimas palabras de algunos de los imputados antes del final del juicio, un derecho de los acusados. Los jueces Néstor Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti ya trabajan en el fallo de un proceso que comenzó en octubre de 2018, confío una fuente del tribunal. 

Elizabeth Gasaro, abogada de Lázaro y Martín Báez, reiteró a elDiarioAR que sus defendidos son inocentes de los cargos. A excepción de Fariña, quien declaró como imputado colaborador y admitió su rol en la maniobra investigada, el resto de los imputados también niega las acusaciones en su contra.

Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña.

Además de una posible condena contra Báez, un exsocio de los Kirchner, la decisión del tribunal será clave para el tratamiento en juicio a los acuerdos de arrepentidos en casos de supuesta corrupción que se pactaron durante la instrucción de las causas a partir de 2016, y dejará un antecedente para el juicio de los cuadernos de la corrupción y para futuros acuerdos con imputados colaboradores en otros expedientes, confiaron las distintas fuentes consultadas. 

La acusación incluyó no sólo a Báez sino también a sus cuatro hijos (Martín, Leandro, Sabrina y Melina), beneficiarios finales de “un entramado societario offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza”, y a través de las cuales se habrían canalizado alrededor de US$50 millones entre finales de 2010 y principios del año 2013, según la acusación en el juicio.

La operación, según el procesamiento, comenzó a gestarse a finales de 2010, cuando Báez empezó a migrar millones de dólares al exterior a través de financieras del microcentro porteño. El origen de esa fortuna, sostuvo el juzgado de Casanello, se erige del “extendido esquema de corrupción institucional investigado” entonces por el juez federal Julián Ercolini en la causa conocida como Vialidad o “corrupción en la obra pública” vial de Santa Cruz, un segundo juicio que atraviesan Baéz; la vicepresidenta Fernández; y el exministro Julio De Vido, entre otros.

“Yo lo armé”

En abril de 2013, el programa Periodismo Para Todos (PPT), de Canal 13, emitió el informe que destapó el caso titulado “la ruta del dinero K”. La emisión incluyó una cámara oculta a Fariña, quien definió a Báez como “el jefe” y dijo que había armado la estructura societaria que explicaba la “red de lavado del Estado” y del dinero del empresario patagónico. “Yo lo armé”, dijo Fariña, y contó que Báez lo desplazó de su función tras su casamiento con la modelo Karina Jellinek y su exposición mediática, incompatible con el bajo perfil que cultivaba el dueño de Austral Construcciones. Báez lo sustituyó por el contador Daniel Pérez Gadin, dijo Fariña, señalado luego como el cerebro financiero de la maniobra. 

Tras la emisión del programa, Fariña quedó imputado. Tres años más tarde, en abril de 2016, declaró como arrepentido ante el fiscal Guillermo Marijuan en la instrucción de la causa y firmó un acuerdo como imputado colaborador, el primero en un caso de corrupción, incluso antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de octubre de 2016. Antes de esa fecha, sólo se admitían colaboradores para casos de narcotráfico, pero la declaración de Fariña fue avalada por el juzgado de Casanello porque el caso Báez quedó asociado a una supuesta usina de facturas apócrifas vinculada a un sospechoso de tráfico de drogas en Bahía Blanca. 

Sin embargo, durante el juicio, según sostuvieron fuentes judiciales y abogados defensores, Fariña no pudo corroborar al menos uno de los cuatro puntos de su colaboración con Marijuan. elDiarioAR se comunicó con Fariña pero el acusado se excusó de hacer declaraciones hasta que se conozca la sentencia.

Se debe juzgar al sospechoso por la responsabilidad en esa administración, a partir del 29 de junio de 2011.

Para Fariña, el fiscal del juicio pidió una pena de ocho años pero debido a su colaboración en la investigación accedió a reducirla a cinco años. Si el tribunal evalúa que no puede dar como válida la colaboración de Fariña en el caso, su acuerdo podría caer, explicó una fuente judicial. Si la sentencia en su contra se acerca a la pena solicitada por el fiscal, el veredicto, además, podría costarle su libertad. Fariña estuvo unos dos años preso por una causa de evasión impositiva, pero tras declarar como arrepentido, salió de la cárcel.

El fiscal Córdoba reconoce su aporte a la investigación, aunque en el entorno del magistrado explican que, si bien Fariña permitió individualizar bienes y hechos clave de la maniobra, no pudo aportar pruebas sobre la supuesta conexión directa entre la corrupción y el dinero enviado a cuentas suizas. “Cuando se lo interrogó en el juicio sobre esta cuestión, respondió que había hecho su propia investigación y se lo habían explicado otros empresarios, pero no los pudo individualizar para que fueran citados a declarar”, resumió una fuente. 

Los abogados de los principales imputados están a la espera del destino de Fariña, quien catapultó a los Báez y sus principales colaboradores hacia el juicio oral y público durante el gobierno de Mauricio Macri. “Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña”, dijo Gasaro a este medio. José Manuel Ubeira, abogado de Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, afirmó ante este medio que el caso “puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos”.

La Justicia no pudo dar con pruebas que documentaran la fuga del dinero hasta que Fariña declaró como arrepentido e identificó a las financieras de la city porteña que habrían participado de la maniobra. Sus dichos se corroboraron con la documentación obtenida de los allanamientos a las “cuevas”. “El dinero nunca viajó físicamente al exterior, hasta donde se pudo determinar. Se realizaban transferencias de cables a través de estas cuevas. El efectivo quedaba en las financieras y se compensaba con movimientos entre cuentas de otros clientes hacia las cuentas de Báez”, recordó una fuente que analizó la documentación secuestrada en los operativos en la city.  

El delito precedente

Otro punto central del juicio es si los jueces harán un análisis sobre el origen del dinero presuntamente banqueado y contemplarán la presunta corrupción en la obra pública como uno de los delitos que originó la fortuna de los Báez en Suiza, además de la repercusión que la sentencia tendrá en el juicio contra la vicepresidenta por el caso conocido como Vialidad y en futuros procesos como el de Hotesur y Los Sauces. 

Actualmente, Fernández de Kirchner es juzgada junto a Báez y otros imputados por presuntas irregularidades, sobreprecios y direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz. La vicepresidenta tiene pendiente otro juicio por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), también junto a Báez. Fernández de Kirchner niega todos los cargos en su contra y denuncia el armado de causas en el marco de lo que denomina lawfare, o guerra jurídica. En el caso Báez, la Cámara Federal porteña ordenó al juez Casanello que indagara a Fernández de Kirchner a pesar de que el juez sostenía que no había pruebas de su participación en la maniobra de lavado. El juez obedeció y luego le concedió la falta de mérito en el expediente.

Fuentes directas de las defensas de los imputados y de los acusadores sostienen que durante el juicio quedó en evidencia una supuesta divergencia de criterios entre los jueces del tribunal sobre el delito precedente del lavado que se imputa a Báez. Aún así, los acusadores confían en una sentencia condenatoria de Báez. Además de la fiscalía, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción (OA), los tres organismos del Ejecutivo, integraron el grupo de querellantes en el juicio y pidieron penas para los acusados.

Esta red controlada por Helvetic Service Group se ideó para evitar la trazabilidad del dinero,

El fiscal Abel Córdoba solicitó 12 años de prisión para Báez; nueve años para su hijo mayor, Martín; y ocho años para los principales colaboradores de la supuesta maniobra, el contador Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco. Solicitó además multas para la mayoría de los acusados de $2.121 millones (para cada uno) y el decomiso de todos los bienes de los Báez.

La fiscalía también pidió condenar a Federico Elaskar, uno de los imputados clave en el caso, por la maniobra principal de lavado pero solicitó absolverlo por algunos hechos menores. Elaskar dio en 2013 una entrevista al periodista Jorge Lanata corroborando parte de la versión de Fariña. Entonces denunció haber sido despojado de su financiera SGI por parte de los colaboradores de Báez. Luego quedó imputado pero niega haber sido partícipe del lavado.

Báez, quien se encuentra con detención domiciliaria desde septiembre de 2020, lleva casi cinco años con prisión preventiva. Una condena cercana a los siete años le permitiría acercarse a los dos tercios de la pena y solicitar la libertad condicional. Gasaro sostuvo en diálogo con este medio que las empresas de Báez eran proveedoras del Estado y por tanto tenían bancarizados todos sus movimientos de dinero, por lo que afirma que no podría haberse llevado adelante una maniobra de lavado de activos. 

Gasaro criticó que se haya homologado el acuerdo con Fariña, que las defensas consideran “guionado” por el Ministerio de Justicia de Germán Garavano; sostuvo que se le negó la incorporación de prueba a favor de sus defendidos; y dijo que la acusación se basa en algo que no están probado: que el dinero que aparece en las cuentas suizas de sus clientes sean producto de la corrupción en la obra pública o de la evasión de impuestos. Fuentes de la gestión de Garavano sostienen que el exministro sólo se reunió con Fariña previo a su incorporación al programa oficial de testigos protegidos y que su declaración no fue guionada.

Puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos.

Otro aspecto de discusión entre las defensas y los acusadores es si los imputados pueden ser juzgados por la nueva ley de lavado de activos sancionada en 2011, algo que los jueces del tribunal también deberán poner sobre la mesa. Tanto Casanello como el fiscal Córdoba han sostenido que en el caso de Báez se debe aplicar la nueva ley, que permite juzgar el lavado como delito autónomo. Eso implica que no es necesario probar el delito precedente al lavado: sólo bastan presunciones o indicios de un origen ilícito del dinero para avanzar en una condena por lavado de activo, explicaron fuentes judiciales que intervinieron en el caso. Es el mismo criterio que sostiene el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales en casos similares, según distintos fallos publicados. 

Las jurisdicciones elegidas para crear sociedades y cuentas incluyeron no sólo a Suiza sino también a Panamá, Belice, Uruguay, España y Estados Unidos, según el procesamiento firmado por Casanello en agosto de 2017. “Esta red controlada por Helvetic Service Group se ideó para evitar la trazabilidad del dinero”, afirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La defensa de Báez resalta que algunos de los hechos que se les imputan a los acusados datan de finales de 2010 y otras fechas del primer semestre de 2011, anteriores a la entrada de vigencia de la norma modificada, que entró en vigencia el 29 de junio de 2011.

En sus escritos, Casanello sostuvo que la presunta conducta delictiva se extendió durante el tiempo hasta al menos 2013. Si bien Báez habría adquirido SGI a Elaskar en enero de 2011 a través de Fariña, el juez afirmó que fue con posterioridad que desde esa financiera se dirigieron las operaciones de lavado, la formación de las sociedad offshore y de apertura de las cuentas bancarias en el extranjero para albergar el dinero.

Luego, en 2015, incluso, siguieron habiendo movimiento en el banco suizo, que complicaron la situación judicial de algunos de los hijos de Báez, en particular de sus hijas, cuya participación quedó en evidencia por los trámites bancarios que realizaron ese año, según el expediente. 

El Ministerio Público Fiscal sostiene en distintos expedientes y juicios que aunque un bien (sea una financiera, un campo o un vehículo) se haya adquirido antes de la entrada en vigencia de la nueva ley (29 de junio de 2011), la conducta que debe juzgarse abarca mucho más que la compra-venta e implica también su administración en el tiempo. Así lo plantean distintos fallos, según las consultas a distintos fiscales especializados en casos de lavado. “Se debe juzgar al sospechoso por la responsabilidad en esa administración, a partir del 29 de junio de 2011”, explicó uno de los magistrados consultados.

Suiza

El expediente de instrucción demuestra que, a medida que avanzó la investigación judicial, la hipótesis que convenció a Suiza para entregar la documentación bancaria fue que el origen del dinero era un presunto fraude fiscal, montado a través de la supuesta elaboración de usinas de facturas apócrifas para justificar gastos en las obras públicas. 

La información comenzó a solicitarse en 2013, pero llegó a la Justicia argentina a partir de 2016 y a cuentagotas, cuando Fernández de Kirchner ya no estaba en el poder, según explicó uno de los investigadores. 

Uno de los los dos exejecutivos del banco suizo Lombard Odier que manejaron una de las cuentas investigadas en la que se movieron unos US$21 millones sostuvo en su declaración indagatoria que “no había indicios” de que el dinero pudiera tener un origen delictivo.

De aquella suma multimillonaria, hoy los Baéz tienen alrededor de US$800 mil congelados en Suiza a la espera del veredicto, dijo una fuente de la causa.

*Esta nota fue modificada el 24 de febrero para corregir la información sobre cantidad de imputados, la acusación contra Elaskar y el pedido de pena del fiscal.

ED

En medio de los cruces entre miembros del oficialismo y sectores del “kirchnerismo duro” que reclaman al gobierno de Alberto Fernández una “solución” para los condenados o procesados en casos de corrupción o presunta corrupción, un relevamiento de elDiarioAR arrojó que en el último año y medio, las condiciones de detención se vieron alivianadas para la mayoría de los exfuncionarios y empresarios cuyos casos han tenido alto perfil mediático. Algunos de ellos fueron excarcelados, como el exministro Julio De Vido. Pero hay al menos cuatro excepciones, hasta el momento: los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y Martín Báez, hijo mayor de Lázaro, quienes continúan presos en la cárcel de Ezeiza. Allí también se encuentra el exdueño de TBA, Claudio Cirigliano, condenado por la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y quedaron heridos 789 pasajeros.

Aún así, el reclamo de una “solución” para los acusados de casos de corrupción o presunta corrupción, llamados “presos políticos” por un amplio sector del kirchnerismo, se centra en que los procesamientos, juicios pendientes, condenas y detenciones domiciliarias siguen vigentes en varios de los casos; y en que algunos de los liberados o beneficiados con el arresto domiciliario podrían regresar a prisión, como De Vido (luego de que Casación confirmó su condena por el caso Once) o el exvicepresidente Amado Boudou (con condena firme en el caso Ciccone), quienes niegan los cargos en su contra.

Las propuestas para “la solución” incluyen desde la revisión de condenadas y procesamientos hasta indultos y amnistías, según han manifestado públicamente dirigentes, abogados defensores y el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.

Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están.

“El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo”, dijo a este medio una fuente gubernamental que interviene en materia judicial.

“No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo”, dijo al elDiarioAR el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, uno de los principales críticos dentro del oficialismo del accionar de jueces y fiscales que avanzaron con detenciones y procesamientos de exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner, en especial durante el gobierno de Mauricio Macri. La revisión de esos fallos en los que el oficialismo sostiene que supuestamente se violaron derechos procesales de los acusados “la tiene que hacer la Corte, en lugar de rechazar los recursos” de las defensas, agregó Valdés. “La Corte podría abocarse a analizar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal (en las decisiones judiciales). Espero que repudie lo que no se ajustaba a derecho”, afirmó el diputado. 

Tras las presentaciones de las defensas, distintos tribunales comenzaron a alivianar la situación de varios de los presos por delitos de presunta corrupción durante el segundo semestre de 2019, luego de las elecciones primarias que anunciaron un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Entre octubre y diciembre de ese año, por ejemplo, José López (quien además integra el programa de protección de testigos y fue reubicado) y Roberto Baratta tuvieron fallos a favor en torno a su libertad, al igual que los empresarios Gerardo Ferreira, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en torno a sus prisiones preventivas por el caso de los cuadernos de la corrupción, expediente en el que han negado los cargos. 

El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo.

Durante 2020, tras la asunción del gobierno de Alberto Fernández, esa tendencia se expandió a otros detenidos. Un relevamiento por las noticias y fallos del último año, arroja que el exministro Julio De Vido recuperó su libertad en marzo último; el exvicepresidente Amado Boudou y el dirigente Luis D’Elía obtuvieron la domiciliaria en abril; y el empresario Lázaro Báez accedió al mismo beneficio en septiembre último. Son algunos de los que obtuvieron una morigeración de su detención o incluso la libertad. “Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están”, dijo Valdés. 

En las cárceles federales también se desmanteló el programa de “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”, conocido como IRIC, que el gobierno de Cambiemos había dispuesto con el objetivo de agudizar el monitoreo de los presos por causas de corrupción o presunta corrupción. Implicaba, por ejemplo, la vigilancia con cámaras de video las 24 horas, régimen diferencial de visitas y restricciones de las comunicaciones. La Justicia federal de Lomas de Zamora investiga el presunto espionaje ilegal a los detenidos y sus abogados. El exdirector del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, negó ante la Justicia que se tratara de actividades que violaran la Ley de Inteligencia.  

Nuevas condiciones

La decisión de dar de baja al programa IRIC fue oficializada por la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios (que depende del ministerio de Justicia), a cargo de la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, confirmó una fuente oficial de la cartera que dirige Marcela Losardo. “El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas”, agregó la fuente ante la consulta.

Del grupo original de presos IRIC sólo quedan dos exfuncionarios de “alto rango” en la cárcel federal de Ezeiza: Jaime y Schiavi, informaron fuentes del ministerio de Justicia. A excepción de un juicio abreviado en el que Jaime reconoció haber recibido dádiva de empresarios de transporte, ambos niegan los cargos en su contra.

De los más resonantes del ámbito empresarial, Claudio Cirigliano también permanece en el penal, según confirmaron las mismas fuentes y una persona de su entorno. Martín Báez, hijo mayor de Lázaro y ejecutivo de Austral Construcciones, es el único de los imputados en el juicio por el caso de presunto lavado de activos que permanece en la cárcel, confirmaron una fuente del tribunal y su abogada, Elizabeth Gasaro. Tanto los Báez como Cirigliano rechazan las acusaciones judiciales.

No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo.

Las situaciones procesales de los cuatro detenidos en la cárcel son diferentes. Schiavi y Cirigliano tienen una condena firme por la Tragedia de Once; Jaime tiene tres condenas acumuladas, además de procesos en curso con prisión preventiva; Martín Báez cumple prisión preventiva por el juicio por presunto lavado de activos de la corrupción. También son distintas sus situaciones de salud, de acuerdo a las consultas realizadas.

Schiavi tiene una condena de 5 años y medio de cárcel por la Tragedia de Once (confirmada por la Corte Suprema). Era secretario de Transporte de Fernández de Kirchner cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén en la estación ferroviaria, en febrero de 2012. El caso desató una investigación por el estado de los trenes, los subsidios a las concesionarias y la falta de control que derivaron, según la sentencia, en el estrago. Schiavi fue sentenciado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado. El exfuncionario también tiene una prisión preventiva en el marco de una causa que investiga subsidios al transporte, uno de los expedientes del caso de los cuadernos.

“Juan Pablo está alojado en la misma unidad con Jaime y Martín Báez, pero en distintos pabellones. Ya no se encuentran en un pabellón especialmente asignado a exfuncionarios. Fueron trasladados a otra unidad de Ezeiza, más pequeña y menos burocrática, pero convive con detenidos por lesa humanidad y eso es complejo para él”, dijo la esposa de Schiavi, la médica psiquiatra Verónica Mora Dubuc.

Mora Dubuc también dijo a este medio que el Tribunal Oral Federal número dos rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Schiavi en 2020. La defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación para intentar revertir la decisión pero el máximo tribunal penal federal le denegó el recurso porque los peritos médicos oficiales que lo entrevistaron en la cárcel sostuvieron que sus patologías pueden atenderse en prisión, según informó Télam el 30 de diciembre último. “La mera pertenencia a un grupo de riesgo frente al Covid-19 no justifica per se la concesión del arresto domiciliario”, afirmaron los camaristas.

“La situación de Juan Pablo fue analizada por una junta médica, en la que participé como perito de parte y en la que una cardióloga y un neuropsiquiatra confirmaron que Juan Pablo tiene un cuadro grave de hipertensión, que se agravó con una cardiopatía y sufre un compromiso en el metabolismo cerebral, que le provoca mareos, desmayos y deterioro cognitivo que requiere rehabilitación y control sistemático”, dijo Mora Dubuc. “El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída”, agregó. 

Su esposa contó que en noviembre de 2019, Schiavi sufrió “un síncope” en el penal de Ezeiza, seguido de un infarto que complicó aún más su cuadro de salud. “Han sido particularmente lentos en su caso. El Cuerpo Médico Forense dijo que su tratamiento está incompleto y que es de alto riesgo, pero que se podría hacer dentro del sistema hospitalario del Servicio Penitenciario”, afirmó Mora Dubuc. 

El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas.

“Juan Pablo no tiene riesgo de fuga y ha estado ajustado a derecho, siempre. Se ha dado la prisión domiciliaria en otros casos similares. La negativa es llamativa, hay un cuadro clínico complejo y tiene más de 60 años. Por eso digo que Juan Pablo es un preso político. Creo que hay una influencia de intereses políticos y presiones mediáticas que hacen que las decisiones judiciales no se ajusten a derecho”, aseguró Mora Dubuc.

Jaime quedó detenido por primera vez los primeros días de abril de 2016 por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en 2005. 

En 2015, había sido condenado por la Tragedia de Once (la Casación fijó la pena en ocho años de prisión por el delito de administración fraudulenta y estrago culposo agravado) y acumula otras dos condenas firmes por casos: un juicio abreviado en el que admitió haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar y otra causa por haber intentado robar pruebas en un allanamiento en su casa de Córdoba.  

El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y (Schiavi) requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída.

Luego de que Casación confirmó su sentencia en Once, volvió a ser detenido en octubre de 2018. En septiembre de 2020, el Tribunal Oral Federal 2 que lo condenó en 2015 ordenó su libertad, ya que la Corte Suprema dejó el resto de las condenas del caso firmes a excepción de la de Jaime, confirmaron fuentes de su defensa. El máximo tribunal aún debe tratar un recurso del exfuncionario. Jaime continúa detenido por prisiones preventivas en dos casos: presunto enriquecimiento ilícito y cuadernos, confirmó uno de sus abogados.

Por el presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción que se acumularon al proceso, Jaime atraviesa actualmente un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal número 6. Al solicitar la prisión domiciliaria, su defensa argumentó que la madre de Jaime es de edad avanzada y que el exfuncionario cumpliría el arresto en su casa para cuidarla; y que el exsecretario de Estado corre riesgo por la pandemia. En abril, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había acompañado un pedido de los abogados para que la Justicia le concediera el arresto domiciliario. A finales de diciembre último, su última solicitud fue rechazado por el tribunal, informó Infobae, al considerar que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la Justicia.  

Según Infobae, debería permanecer preso hasta octubre de 2026; podría acceder a salidas transitorias a partir de finales de 2022 y solicitar la libertad condicional en 2024. 

elDiarioAR también se comunicó con el abogado de Claudio Cirigliano, quien manifestó que a pedido de la esposa del empresario la defensa no responde consultas de los medios. El exdueño de TBA tiene una condena confirmada por la Corte a siete años de prisión como coautor de los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado en el marco de la Tragedia de Once. En abril de 2020, la Justicia le denegó la prisión domiciliaria, según informó Télam.

Caso Martín Báez 

Es uno de los 22 acusados en el juicio oral y público por presunto lavado de activos de la corrupción en la obra pública. El hijo mayor de Lázaro Báez tenía un rol ejecutivo en Austral Construcciones y habría participado en el supuesto blanqueo de más de US$50 millones que se giraron a cuentas en Suiza y paraísos fiscales. 

El Tribunal Oral Federal 4 tiene previsto retomar las audiencias finales en febrero y se espera el veredicto para el 10. Martín Báez es el único imputado del caso que permanece detenido en la cárcel. Su padre accedió al arresto domiciliario en septiembre último. El contador Daniel Pérez Gadín obtuvo la domiciliaria en abril y el abogado Jorge Chueco fue excarcelado con monitoreo electrónico dos meses más tarde, según informaron los medios en esas fechas. 

La abogada de Martín Báez, Elizabeth Gasaro, dijo a este medio que desde que se canceló el programa IRIC su defendido tuvo más acceso a la comunicación con el exterior, aunque la mejora se vio restringida por la pandemia. “Ahora tiene posibilidad de tener una notebook, tienen más contacto con sus familiares y más llamados. Está menos monitoreado”, explicó.

Las visitas recién se retomaron días antes de las fiestas de diciembre último, debido a las restricciones por el Covid-19. “Durante la pandemia, se les permitía realizar un zoom una vez por semana con familiares, pero los turnos estaban limitados a la disponibilidad de internet. Ya no tienen posibilidad de estudiar por la pandemia ni de realizar actividades culturales”, agregó su defensora.

“Está resignado. Pedimos las mismas condiciones de detención que vimos en otros casos con fallos a favor. Llegamos al tribunal (oral) y a Casación y ambos lo rechazaron porque sostienen que Martín podría evadir la Justicia al estar próximo a la condena. Incluso presentamos un informe de la Defensoría de Menores, como realizaron los abogados de Boudou, ya que Martín también tiene dos hijos menores”. Casación entendió que los niños “no se encuentran desprotegido” por la detención de su padre y que el caso de Martín Báez no encuadra en las excepciones legales para un arresto en su domicilio, según el fallo del 30 de diciembre último.

Reclamos internos

El debate en sectores del oficialismo se viene planteando por distintas vías. En el caso del exvicepresidente Amado Boudou, una solicitada juntó en enero al menos 13.000 firmas pidiendo su libertad, luego de que la Corte confirmara su condena por el caso Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión. La principal crítica de los defensores de Boudou al máximo tribunal fue que el fallo sobre un caso de relevancia política e institucional se resolviera en apenas media carilla, sin pronunciarse sobre la valoración del proceso o de la prueba. Sus abogados acudirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para solicitar que la Corte del organismo analice el caso, confirmaron a este medio. 

Días después, un grupo de dirigentes publicó una carta solicitando la liberación de la dirigente de Tupac Amaru y diputada electa del Parlasur, Milagro Sala, quien tiene prisión domiciliaria, un planteo pendiente ante la Corte y niega los cargos en su contra.

De Vido y D’Elía reaccionaron este lunes a declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rechazando la posibilidad de un perdón oficial a los acusados. “Una amnistía para los casos de corrupción sería absurdo y un gran error”, había dicho el exjefe de Gabinete de Fernández de Kirchner en una nota publicada el domingo por Infobae.

De Vido le respondió por Twitter: “Ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor”.

El exministro de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Raúl Zaffaroni encabezó el 15 de enero último un debate virtual con Sala y D’Elía (éste último con condena firme a casi cuatro años de prisión por la toma de una comisaría de La Boca en 2004, cumpliendo prisión domiciliaria. Siempre ha negado las acusaciones en su contra). 

“La solución legal inmediata es el indulto”, dijo Zaffaroni en el encuentro, según reflejó Infobae. “Alberto contesta y dice que es un resabio monárquico y no se puede indultar a un procesado. Hay media biblioteca que dice una cosa y media que dice la otra. Yo leo media biblioteca y él lee la otra”, agregó. “Es una cuestión de costo político no jurídica”, agregó el magistrado.

*Este artículo se modificó a las 15:12 del 27 de enero de 2021 para actualizar información aportada por una fuente de la defensa de Ricardo Jaime.

ED