YA JUNTÓ 13.000 FIRMAS

Pese a la evidencia en su contra, Boudou apunta a los "abusos procesales" para evitar una cuarta detención

En enero de 2018, tras recuperar la libertad luego de su primera detención, que duró unos 70 días.

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El 3 de noviembre de 2017, antes de ingresar al pabellón para presos por causas de supuesta corrupción en la cárcel de Ezeiza, el ex vicepresidente Amado Boudou permaneció en el hospital penitenciario para la revisión de rutina. Era su primera vez detenido. Cuando ingresó al baño, encontró una foto del entonces presidente Mauricio Macri junto a su esposa, Juliana Awada, especialmente colocada para darle la bienvenida, recordó uno de los primeros amigos que lo visitó en la cárcel. 

Ordenan que Boudou vuelva a la cárcel; su defensa apelará y la medida no será inmediata

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Aquella y otras acechanzas "denigratorias", sumadas al análisis de abogados, son algunas de las razones que citan sus amigos para fundamentar por qué firmaron la solicitada en apoyo al exfuncionario. Reclaman su libertad, a pesar de que el exvice de Cristina Fernández de Kirchner está condenado (con sentencia de cinco años y 10 meses confirmada por la Corte Suprema) por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por el caso Ciccone, que ya pasó por todas las instancias judiciales. Este viernes, la campaña rondaba las 13.000 firmas e incluye desde expresidentes latinoamericanos como Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Evo Morales, hasta artistas, intelectuales y políticos. 

elDiarioAR consultó a quienes lo investigaron y juzgaron, a quienes lo defienden ante los tribunales y a miembros de su entorno para tratar de entender por qué un exfuncionario condenado con amplias pruebas, según establecieron 17 jueces de distintas instancias y varios fiscales independientes entre sí, se convirtió en un “símbolo” de la “injusticia”; qué representa Amado Boudou para quienes lo apoyan con pasión dentro del peronismo, a pesar de sus orígenes en el partido de derecha Unión del Centro Democrático (UCEDE). 

Así como existe el caso Dreyfus, nosotros tenemos el caso Amado Boudou.

Quienes lo investigaron y juzgaron tienen una visión muy diferente de su caso, según pudo reconstruir este medio, porque resaltan la prueba en su contra por el caso Ciccone. Estos mismos investigadores reconocen que el Gobierno de Macri “cruzó límites” que alimentaron, junto a otros factores, los apoyos a Boudou. 

Tanto en la etapa de instrucción como en el juicio oral y público, los acusadores coincidieron en que Boudou encabezó un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación. 

El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, quien defendió la prueba, no está vinculado al macrismo y es reconocido como un magistrado independiente. El fiscal que lo acompañó en representación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, actualmente acusa a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos por presunto espionaje ilegal. 

Amigos y compañeros acaban de publicar una solicitada en su defensa. “Ante la posibilidad de que lo vuelvan a meter en la cárcel, decidimos hacer una movida”, contó el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la campaña organizada por el Movimiento 18 de Mayo Corriente de Opinión, que también integra Boudou. “Horacio González redactó el primer borrador del texto de la solicitada, yo hice la segunda versión. Horacio también nos dijo: ‘Así como existe el caso Dreyfus (un caso icónico de antisemitismo en la sociedad francesa a fines del siglo XIX y principios del XX), nosotros tenemos el caso Amado Boudou’”, contó Mocca. Siguen llegando adhesiones, explicó. “Queremos sumar gobernadores e intendentes”, agregó.

“Lo persiguieron”, “lo humillaron”, “lo espiaron”, “es un preso político”, “compraron un testigo” (por la declaración de Vandenbroele como colaborador protegido), dijeron los consultados, a lo que se suma una característica también inédita de su caso: durante el Gobierno de Macri, Boudou fue encarcelado tres veces en el lapso de 15 meses y está al borde de un cuarto encierro carcelario (permanece con prisión domiciliaria). Por eso, sus amigos y aliados también responsabilizan a parte del Poder Judicial y a algunos medios de comunicación por su supuesta “complicidad” con Cambiemos. “Boudou creía que iban por él como paso previo para llegar a Fernández de Kirchner”, contó una amiga.

“Cristina nos ha dicho que el operativo contra Boudou es contra la continuidad del proyecto”, agregó uno de los hombres más cercanos al exvice. “Es su lealtad lo que ha generado todo esto”, dijo aquel amigo que contó la anécdota de la foto en Ezeiza. Esa palabra se repite en todas las conversaciones. “Lealtad”. La “lealtad” y “entereza” de bancarse la cárcel y el avance judicial en su contra sin quejarse hacia arriba ni a los costados; la “lealtad” de callar, sin jamás apuntar a Cristina y Néstor Kirchner (y subrayan “Néstor Kirchner”, según dos de los consultados, por la supuesta intención del expresidente de recuperar u obtener Ciccone antes de su muerte).

Es su lealtad lo que ha generado todo esto.

Los apoyos a Boudou tienen al menos tres componentes que se repiten en las conversaciones: sentimental (por el gran cariño que admiten tenerle los consultados); político (porque consideran que es artífice o pieza central de políticas clave del kirchnerismo, como la estatización de las AFJP, caso al que recurren sus aliados y el propio Boudou para afirmar que haber tocado dichos intereses corporativos y económicos fue lo que lo convirtió en blanco de la Justicia); y el judicial (porque es un “caso testigo” de lo que el kirchnerismo denomina lawfare).

Juliana Di Tullio, ex diputada del Frente de Todos y directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es amiga de Boudou y firmó la solicitada. Lo visitaba cada 15 días en la cárcel, donde Boudou potenció su red de apoyos. “Es un distinto”, dijo Di Tullio, y “lo que más me impacta es que no pudieron doblegarlo ni disciplinarlo”.

Su abogada Graciana Peñafort, Di Tullio, Mocca y otros que prefirieron el off the record repiten las mismas impresiones sobre Boudou: que es “lúcido, con una cabeza extraordinaria para leer la política, para explicar la economía”; “a pesar de su situación, nunca le falla a los amigos que lo necesitan”; ”un cuadro político, no sólo económico”; “con códigos”; que no les pasa facturas a quienes se excusan por no apoyarlo públicamente; que estuvo “siempre atento en la cárcel a los otros presos”; “siempre entero”. Era el “heredero” del poder de Fernández de Kirchner, asegura Mocca.

Una segunda y tercera fase es construir un sistema de protección para Amado, por ahora será con publicidad y junta de firmas.

“Desde el personal del Senado -de su época como vice- hasta los penitenciarios lo recuerdan por el buen trato”, dijo Peñafort. “Los guardiacárceles le decían: ‘Gracias a vos, mi vieja se pudo jubilar’”, recordó Di Tullio. 

La campaña no termina con la solicitada por su libertad. “Una segunda y tercera fase es construir un sistema de protección para Amado, por ahora será con publicidad y junta de firmas”, aseguró Mocca.

Sin embargo, en los tribunales, recuerdan otras facetas de Boudou. 

El caso Ciccone

Durante el juicio por el caso Ciccone, los fiscales sostuvieron que su acusación se basó en numerosas pruebas, entre ellas las siguientes:

  • Una nota firmada por Boudou en 2010 y enviada a la AFIP para conseguir el “refinanciamiento de la deuda de Ciccone con quita de intereses millonarios en perjuicio del Estado”; 
  • El rol de Vandenbroele, quien vivió en un departamento a nombre del exvicepresidente, mientras figuraba como titular de The Old Fund, la firma que se hizo con el 70% de las acciones de la imprenta;
  • Pagos, documentos y testimonios que vincularon a José María Núñez Carmona (amigo y socio de Boudou) y al exvice con The Old Fund;
  • Un acta firmada por Héctor Ciccone, certificada por escribano, en la que relata las tratativas con Boudou y Núñez Carmona (el exvice resaltó contradicciones en esa acta con los dichos del hermano de Héctor, Nicolás);
  • La contracción a The Old Fund para imprimir las boletas del Frente para la Victoria (FPV), con Boudou como candidato en 2011, por $12,2 millones;
  • Las declaraciones de Bettina y Nicolás Ciccone, y de su yerno, Guillermo Reinwick, sobre las reuniones que la familia mantuvo con Boudou y Núñez Carmona;
  • Los cruces de llamadas entre los acusados.

El Tribunal Oral Federal número 4, entonces presidido por el juez Pablo Bertuzzi, lo sentenció en agosto de 2018 y ordenó su inmediata detención (había sido excarcelado a principios de ese año). El fiscal de juicio había solicitado la pena máxima en su contra, pero no había pedido que fuera a prisión porque la condena no estaba firme. 

Los jueces actuaron por un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces a cargo del macrismo. La defensa conecta esa decisión “inédita” del tribunal con el posterior traslado del juez Bertuzzi ordenado por el Ejecutivo a la poderosa Cámara Federal porteña, semanas después del fallo, según consta en el boletín oficial. El juez siempre ha negado cualquier conexión entre los hechos.

Durante su indagatoria en el juicio, Boudou refutó haber intervenido a favor del levantamiento de la quiebra de la imprenta de billetes; y dijo que el dueño de ese 70% era el exbanquero Raúl Moneta, entonces inimputable por una severa enfermedad, falleció en 2019. Moneta fue investigado en el expediente Ciccone II junto al banquero Jorge Brito, señalado como supuesto financista de The Old Fund, pero Brito fue sobreseído. Falleció en 2020.

Boudou también negó haber participado de reuniones con Nicolás Ciccone y lo acusó de elaborar una mentira; apuntó a la AFIP de Ricardo Echegaray; y enumeró sus medidas político-económicas que lo mantuvieron, dijo, lo suficientemente concentrado como para andar ocupándose de la imprenta de billetes.

Boudou dijo desconocer que Vandenbroele vivió en un departamento de su propiedad. Resaltó que durante la instrucción se le negaron medidas de prueba clave para su defensa. 

Algunos de los principales puntos que los defensores de Boudou citan para sostener que no habría existido el derecho a la defensa giran en torno a:

  • Las declaraciones testimoniales de Nicolás Ciccone y otros miembros de su familia durante la instrucción de la causa, de las que los abogados de Boudou no pudieron participar (Ciccone primero declaró como testigo sobre el rol de Boudou y sus cómplices, y más tarde se convirtió en imputado. Fue condenado a 4 años y 6 meses).
  • El trámite exprés que se dio para que el juicio oral comenzara cuanto antes, habilitando incluso la feria de invierno para que la defensa presente prueba (sólo tuvieron unas dos semanas);
  • El supuesto acuerdo de Vandenbroele con el Gobierno de Macri para que declarara a cambio de beneficios económicos (se lo reubicó en una propiedad en Mendoza, que según documentos filtrados, implicó el desembolso de $1.500.000. Vandenbroele sostuvo en una entrevista con Infobae: “Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”. “El Ministerio de Justicia también ha autorizado fondos muy elevados para reubicar a otros testigos protegidos”, dijo una fuente macrista de esa cartera).

Este es el primer caso de lawfare.

“Este es el primer caso de lawfare”, aseguró Di Tullio en referencia a cómo se desarrolló el juicio. “Se lo indagó y proceso cuando era vicepresidente. ¿Hubo lawfare durante el gobierno de Cristina?”, ironizó uno de los magistrados del caso, y agregó: “¿Lawfare cuando se llevó puesto al Procurador (General de la Nación Esteban) Righi?”, quien presentó su renuncia tras una conferencia de prensa de Boudou en la que señaló al entonces jefe de los fiscales por el avance de la causa.

“¿Sabrán Lula, Dilma y otros tantos que firmaron esa solicitada quiénes fueron algunos de sus abogados cuando la causa estaba en instrucción?”, se preguntó un exfuncionario de Cambiemos.

Se refiere a Diego Pirota y sus colegas del estudio de Darío Richarte, exjefe de la SIDE durante el gobierno de Fernando De La Rúa, quienes también defendían a otros funcionarios. Un estudio apuntado en los tribunales como uno de los que coordinó la práctica profesional con “los servicios de los servicios” de la era de Jaime Stiuso y el auditor por el peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, señalado como “operador judicial”, un rol que siempre ha negado. Stiuso y los abogados de dicho estudio también han negado haber participado de cualquier irregularidad.

Tras el quiebre entre el kirchnerismo y Stiuso, el estudio renunció a todas las defensas de funcionarios kirchneristas. El perfil de los defensores de Boudou dio un giro de 180 grados. Alejandro Rúa y Peñafort son, desde hace años, fervientes críticos de la intromisión de la exSIDE macrista en la Justicia.

Luego de que la Corte Suprema dejó firme su condena en menos de una carilla, sin analizar explícitamente la prueba, el juez Daniel Obligado ordenó que el exvice regresara a prisión por cuarta vez. Sus abogados recurrirán a la Cámara Federal de Casación para solicitar que Boudou continúe cumpliendo su condena firme en su domicilio, junto a su esposa e hijos menores.

¿Lawfare cuando se llevó puesto al Procurador (General de la Nación Esteban) Righi?

Peñafort también confirmó a este medio que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la Corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso.

Boudou tendrá otras novedades judiciales tras la feria. En la causa por presunto enriquecimiento ilícito, por la que fue detenido por primera vez, en 2017, el juez Lijo decidirá su situación procesal luego de la feria de verano, afirmó una fuente judicial con acceso directo al caso. El exfuncionario niega haberse enriquecido ilícitamente.

Espionaje y “ensañamiento”

Aquel 3 de noviembre de 2017, las fotos oficiales de su detención lo mostraban posando a cámara (denunció que lo obligaron), vestido con remera negra, jeans y chaleco antibalas, junto a los prefectos que debían detenerlo.

Más tarde, el registro audiovisual del acto original de detención fue filtrado a medios de comunicación: recién levantado, despeinado, descalzo y en pijamas. “Esa humillación quedó registrada en las pupilas de mucha gente, no sólo de la política. Dejó clara la persecución”, afirma Peñafort.

Por esa filtración, los prefectos serán citados a indagatoria tras la feria judicial, explicó una fuente judicial. Deberán explicar quién les dio la orden de tomar esas imágenes y si recibieron la orden de filtrarlas. 

En los últimos meses, Boudou volvió a ver a uno de sus acusadores, pero esta vez en carácter de testigo, en la causa por presunto espionaje ilegal. Los fiscales Cecilia Incardona y Eyherabide (exfiscal de la PIA en el juicio de Ciccone) lo citaron porque Boudou habría sido uno de los blancos centrales del seguimiento del Servicio Penitenciario Federal durante el Gobierno de Macri, según el expediente de Lomas de Zamora. 

“El primer reingreso de Boudou a Ezeiza (2018) coincide con la intervención de los teléfonos públicos de dos pabellones donde estaban los presos por corrupción; tras ser excarcelado fue seguido y fotografiado; su ficha penitenciaria era de las consultadas por el grupo de espías de la AFI; sus abogados eran vigilados y son sobre los que más anotaciones se hacían”, explicó una fuente judicial con acceso directo a la investigación.

Para Boudou, Patricia Bullrich y Macri habrían estado detrás tanto de la filtración de las imágenes de su detención como de la declaración de Vandenbroele, dijeron tres personas cercanas al exvice y una fuente judicial. elDiarioAR se comunicó con Bullrich pero la exministra de Seguridad no respondió la consulta. Un exfuncionario de Macri dijo: “Patricia es muy expansiva y siempre cuenta lo que hace, pero nunca dijo que había hecho un arreglo con Vandenbroele”. Descartó que Macri hubiera solicitado la filtración de las imágenes o dicha declaración. 

Aún hoy, a casi 9 años del inicio del caso Ciccone y a más de 4 años de la expropiación de la imprenta de billetes votada en el Congreso, nadie se ha presentado a reclamar o adjudicarse la propiedad del 70% de las acciones de la compañía, confirmaron fuentes judiciales.

ED

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