El fiscal Fernando Arrigo se encuentra a unos 300 kilómetros de Plaza Miserere y a diez años de la Tragedia de Once, pero en sus respuestas, esa distancia en espacio y tiempo parece no existir. En la fiscalía de Rosario que ocupa actualmente, Arrigo recuerda como si fuera hoy el juicio oral y público de 2014 y 2015, en el que encabezó la acusación contra los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliani -finalmente absuelto-, y otros 24 imputados por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012. 

Arrigo no puede evitar las lágrimas cuando rememora las historias de las víctimas y todavía alega como si estuviera frente al Tribunal Oral Federal número 2 las pruebas que demostraron que funcionarios, empresarios y ejecutivos sabían que el ferrocarril Sarmiento era una bomba de tiempo y eligieron no hacer nada para evitar el choque que le costó la vida a 51 pasajeros -y una niña por nacer-, y atravesó las de 789 heridos y de incontables familiares y seres queridos de las víctimas. 

Entonces, Arrigo subrogaba la fiscalía número 4 ante los tribunales orales federales de Retiro y se le asignó por sorteo llevar adelante la acusación del juicio por la Tragedia de Once. 

El juicio oral y público conocido como Once I comenzó el 18 de marzo de 2014. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y seguía en su cargo el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a quien el juez Claudio Bonadio había excluido de la lista de procesados por la tragedia ferroviaria. Durante el juicio -afirma el fiscal Arrigo- “trabajábamos en la fiscalía, en Comodoro Py. Coincidentemente con que empecé a interrogar al (funcionario) testigo (Gustavo) Simeonoff -ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)- sobre quién era el jefe que establecía las renegociaciones (con los concesionarios de trenes) y empezó a mencionar a De Vido, nos dijeron que teníamos que dejar la oficina de la fiscalía”. 

¿Debía dejar la fiscalía mientras encabezaba la acusación en el juicio?

Presidencia designó al nuevo titular de la fiscalía 4 y nos mandaban a una fiscalía que estaba con gente, así que simultáneamente empecé a preparar el living de mi casa para mudarme ahí con el grupo de gente (abocada al juicio). Temiendo que podía pasar algo así, había hecho dos grupos en la fiscalía, uno estaba enteramente dedicado al juicio. Gracias a una compañera, Judith König -entonces titular de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) del Ministerio Público Fiscal, que colaboraba en el juicio-, que me hizo un contacto con la obra social de la Armada me facilitaron un lugar que era justo frente a la sala de tribunales, con lo cual facilitó mucho la cosa. La oficina que nos decían (en la Procuración) que nos ofrecían estaba en la calle Tucumán. Era pequeña y estaba ocupada. Esa gestión duró durante todo el mes de enero (de 2015). (Ver más sobre esto al final de la entrevista).

¿Cuánto tiempo pasó entre que la fiscalía consigue en el juicio que el asesor de De Vido lo incriminara y que les comunicaran que debían dejar la oficina de Comodoro Py? 

Fue a la semana siguiente.

¿Cómo y quién se lo comunicó?

El concurso de la fiscalía 4 había quedado trabado y se destraba. En esa fecha sale la designación del nuevo fiscal titular. Venía el fiscal nuevo. Johanna Cristallo, que era la secretaria privada de la Procuradora y quien se comunicaba con los fiscales, me dice que me habían conseguido una oficina en la calle Tucumán. Le pedí las llaves y me dijo: “Está ocupada”. Ahí empecé a ver la posibilidad de preparar la fiscalía en mi casa. 

¿Esto fue en pleno juicio?

En audiencias de testigos.

¿La persona que se lo comunicó le dijo si era una decisión de la procuradora Alejandra Gils Carbó?

No porque planteado como estaba era que no tenían lugar, lo cual no era nada nuevo, y que la designación (del nuevo fiscal titular) en definitiva había salido del Ejecutivo y que tenía que dar lugar a ellos.

“El director de la Obra Social nos dio un espacio que estaba abandonado -afirmó Arrigo a elDiarioAR-. Ya le habían dado algunas dependencias al Poder Judicial. Tenían el depósito de expedientes. Le dije: ‘No hace falta ni que tenga ventanas, que tenga ventilación es suficiente’.  Compré la heladera, la cafetera, el microondas. Las cosas que necesitábamos llegaron cuando terminó el juicio. Se los mandé”.

“Entonces -recuerda Arrigo-, en un diario, un periodista publicó que me había dado un pico de presión porque me habían dicho que tenía que dejar la fiscalía porque un día apareció la ambulancia en Comodoro Py y me llevaron en una bandejita -bromea-, pero era una apendicitis. La verdad es que no tenía que ver con eso, tenía que ver en realidad con un ritmo de trabajo y de alimentación complicado, mucho café y almuerzos salteados. La semana laboral tenía siete días”. 

¿Puede contar más sobre cómo surge la figura de De Vido en el juicio?

Una mecánica que nosotros veíamos en ese momento y de la que no se hablaba era que a partir de la decisión presidencial de congelar las tarifas, los concesionarios del Estado solicitaban al Ejecutivo que los compensaran de alguna forma porque el desequilibrio entre los costos y ganancia. Entonces empiezan a hablar de una renegociación para ver si mantenían las concesiones o no y le solicitan al Estado que compense de alguna forma. Había una comisión de renegociación y la designación de los integrantes dependía de De Vido. Resulta que en ese momento no estaba conformada, con lo cual quien resolvía todo era Sinmenoff, que respondía órdenes y decía que hacía lo que mandaba su jefe, pero nunca lo mencionaba. Entonces le empecé a preguntar quién era. 

Once fue la destrucción de la vida a nivel transversal.

“Quedó ahí planteado que había una mecánica, siguiendo un razonamiento que parecía diabólico -aseguró Arrigo- porque los empresarios iban creando deudas en la medida en que el Estado les reclamaba a ellos las multas que tenían que pagar por incumplimiento con el contrato de concesión. Con relación a Schiavi, nosotros planteamos que se superó el porcentaje de multas y que por el propio pliego de licitación se les podía quitar la concesión y eso no lo hicieron. La mantuvieron. Y particularmente en el caso de Schiavi, una prueba de la toma de conocimiento de ese riesgo creado que generó la responsabilidad de su conducta es cuando en varios canales de televisión salió llorando, hablando del estado deplorable en que estaban (los trenes)”.

Tras las condenadas a Jaime y Schiavi, hubo un segundo juicio oral y público contra De Vido y Simeonoff en 2017 y 2018, pero ¿podría explicar usted la consecuencia de haber traído la figura de De Vido al primer juicio de Once?

En el marco de esa renegociación perpetua que venían llevando, le preguntamos a Simeonoff dónde estaban los papeles de trabajo y él contestó que no tenía papeles de trabajo para que no hubiera pruebas. Fue así de terrible. Ahí es donde surge su intervención (de De Vido) y su relevancia, a criterio nuestro, en ese momento, con el resultado, porque justamente esa situación de indefinición y de mantener la concesión, tenía que ver con que TBA siguiera incumpliendo, discutiendo algo indefinido que, dicho sea de paso, era la única empresa que conseguía que el Estado a través de asignación de recursos le pagará las reparaciones. Con ese dinero que daba el Estado, hacían licitaciones para las reparaciones y en las licitaciones, ¿quiénes ganaban? Las empresas del mismo grupo de ellos.

¿Tenían una serie de compañías tercerizadas que eran del mismo grupo TBA y que le proveía servicios a TBA para las refacciones y mantenimiento de los trenes?

Exactamente. Ellos mismos se cobraban servicios de asesoramiento, donde estaba Cirigliano, y cobraba honorarios por asesorarse a él mismo. Era una mecánica de inventar gastos, en definitiva. Contrataron un jet privado, por ejemplo, que en realidad usaba la familia para ir a Punta del Este y a Necochea. Establecimos un nivel de ingresos en el período investigado de $3.000 millones del Estado, desde el momento en que empezaron la concesión hasta el momento en que se la quitaron. Cobraban por un servicio por el cual se habían comprometido a que si el tren se quedaba, iban a buscar a los pasajeros en colectivos. El grupo económico tenía varias empresas de colectivos. Le pregunté a todos los pasajeros que vinieron a declarar como testigos si alguna vez los habían trasladado y dijeron que nunca. 

Del motorman al ministro

Desde hace cuatro años, Arrigo encabeza una de las fiscalías ante los tribunales orales federales de Rosario, desde donde se conecta vía zoom con elDiarioAR, el jueves último por la tarde, luego de una audiencia de testigos en el juicio contra 19 policías de la ciudad santafesina por la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, ocurrida el 6 de octubre de 2014.

“Una vez (el periodista) Nelson Castro me preguntó: ‘¿Cómo puede ser que el que maneja un tren y el funcionario que controla sean condenados por el mismo hecho? Yo le dije: porque ahí hay un entrecruzamiento de riesgos creados que dieron como consecuencia ese resultado”, recuerda Arrigo. “El clímax, digamos, de esa conjunción fue ese día”, aseguró el fiscal, en referencia al miércoles 22 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, cuando el tren número 3772 chocó en la cabecera de la estación de Once.

El tren era conducido por Marcos Córdoba, quien terminó condenado a tres años y medio de prisión por estrago culposo e inhabilitado por siete años para desempeñarse como conductor ferroviario (Casación redujo luego su pena). Otras 20 personas fueron condenadas a penas mayores. Arrigo había solicitado penas de entre 10 años y medio y 11 años para los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios de TBA, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. Las querellas hicieron sus propios alegatos.

“Uno de los peritos determinó que había un patrón de conducta en la forma de manejar del motorman (Marcos) Córdoba. Descubre que siempre aceleraba y frenaba en las mismas condiciones. Determinamos que esa formación estaba conformada por 16 vagones que habían sido sacados de circulación por pérdidas generalizadas de aire. Las formaciones Toshiba tienen un sistema de freno de lógica inversa: si en la cañería, el tren no tiene suficiente presión de aire, no funciona. Los caños de las formaciones sacadas de circulación por la empresa, en vez de ser del material que tenían que ser, eran mangueras de plástico. Perdían aire por todos lados”, relató Arrigo. 

“Además, por la falta de mantenimiento, no tenían la cantidad de compresores que correspondía, tenían muchos menos. Entonces el aire se perdía y no se comprimía a la velocidad que se tenía que comprimir. Esto generó la pérdida generalizada de aire en la formación”. Continúa su explicación: “El motorman aplica el freno degradado. Cuando, pasando la Cabina B, determina y ve que esos frenos no funcionaron correctamente, su obligación hubiera sido aplicar el freno de emergencia en ese momento. Continuó circulando. Y ahí se gastó un montón de aire. Realizó varias aplicaciones sucesivas. Cuando llega a la cabeza de emergencia y ve que no frena, aplica un freno de emergencia, que según la velocidad del GPS, aparece como un freno de emergencia degradado porque ya se había gastado el aire”. 

“Estando en la cabecera del andén, el perito Brito observó que el parachoques del Chapa 16 no estaba chocado y sí lo estaba el parachoques de tierra firme, que es un neumático. Él explica que en esa aplicación de freno, como están conectados todos los vagones, el tren empezó a bajar y subir, y así pasó. Si la formación hubiera tenido el mantenimiento, la cantidad de compresores y de cañerías que necesitaba, el freno de emergencia hubiera funcionado”, concluyó el fiscal.

El negocio de desinvertir

Arrigo sostiene que “el no mantenimiento no fue desidia, era un negocio para la empresa”. “Cuando pudimos desencriptar los correos electrónicos, los propios empresarios decían que para después del carnaval iba a reventar. Decían que con altas temperaturas y en un fin de semana largo, vamos a tener un accidente”.

¿Esos correos encriptados que obtuvieron eran entre ejecutivos de TBA?

Entre ejecutivos de TBA. Los funcionarios públicos también tenían conocimiento por la imposición de multas en forma descarada. 

¿El análisis de los documentos contables de las empresas del grupo TBA fue clave en el juicio?

Sí, contamos con la colaboración de Guillermo Bellini, quien quedó implicado en la compra del edificio de la calle Perón (la causa contra la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó). Hizo un análisis impecable de los libros de actas de reunión de las sociedades. Se la pasaba dentro del tribunal revolviendo papeles. A través de las discusiones en el acta de directorio surgía quién tenía en definitiva conocimiento de esa situación, de la defraudación. Después nos ayudó mucho la oficina de comunicaciones de la Procuración con todos los Power Point empresariales, con personajes que se iban repitiendo en las distintas empresas, los movimientos de fondos. Todo apuntaba a los mismos: Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliano. Estaban ellos al final de absolutamente todo.

El tribunal absolvió a Jaime por el estrago culposo y sólo lo condenó por defraudación a la administración pública, pero la fiscalía lo había acusado por ambos delitos como al resto de los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios…

Si, absuelven a Jaime diciendo que Jaime estaba muy lejos del estrago -había dejado el cargo en julio de 2009-, pero no importa cuán lejos estaba. Lo que importa en el delito culposo es el aporte que se ve reflejado en el resultado. Es la causalidad. En el caso de Jaime por más lejos que esté, es culpable. El mejor ejemplo es el de un tipo que pone una bomba, el sistema retardador no funciona y explota 20 años después. ¿Por qué está lejos no tiene nada que ver? No, puso la bomba. Justamente Jaime empieza con el incumplimiento de exigirle a la empresa los mantenimientos o el pago de las multas, todas las acciones que después se mantuvieron en el tiempo y se reflejan en el resultado. El tribunal dijo que la falta de mantenimiento tenía una relación directa con la existencia de óxido en la formación. Gracias al óxido de la formación hubo acaballamiento de la formación y la muerte por aplastamiento de 51 personas más una por nacer. 

Absolvieron también a Mario Cirigliano, a quien usted había acusado…

Sí, cuando leí los fundamentos de la sentencia presenté un recurso (para que se revise) la absolución (parcial) de Jaime. Con respecto a Mario Cirigliano me pareció bien fundamentado (su absolución) por el tribunal porque también es una forma de corregir mi propia actuación como fiscal. Pero en el caso de Jaime se equivocaron.

¿El accidente fue consecuencia de acciones que comenzaron durante el gobierno de Néstor Kirchner o que venían incluso de antes?

Uno de los problemas que tuvimos para la determinación de la prueba fue que en la gestión anterior a Jaime no había documentación ni argumentación de nada, de incumplimiento ni cumplimiento, absolutamente nada. Con lo cual nosotros, a partir de la prueba que obtuvimos, dijimos bueno, esto empezó en esta época. De hecho, la concesión era anterior a Jaime pero no teníamos pruebas. El tribunal nos dijo que empezáramos a ver desde 2003 en adelante porque si no era el infinito. Como dijo Jaime en una entrevista en Página/12, las concesiones quedaron en manos del Presidente, de él y de De Vido. No hubiésemos conseguido lo que conseguimos si cada uno no hubiese cumplido su rol. Sólo en el equipo de la fiscalía, Adrian Folliero, Mariana Aiello, Daniela Capmany, Federico Aversa, Esteban Heldt, Mariana Aiello y Guillermo Bellingi. También el equipo de comunicación de la Procuración.

Usted describe una combinación entre el congelamiento de tarifas, la defraudación con subsidios y el desvío de los fondos para mantenimiento, además de una acción del motorman. ¿Cuánto influyó la situación económica, el congelamiento de tarifas y la corrupción?

Con la inflación y el congelamiento de tarifas, la subsistencia (de TBA) dependía casi 100 por ciento del subsidio, pero si, por ejemplo, la comisión de renegociación se hubiera implementado, hubieran quitado la concesión, hubieran visto el tema de los incumplimientos, incluso habiendo subsidios, no hubiera pasado lo mismo. En un momento empezaron a hacer trenes doble piso con trenes de un piso usados, viejos, lo reforzaban y lo querían vender al Estado. Para mí, el congelamiento de tarifas fue, digamos así, el caldo de cultivo que después se unió con estos ingredientes.

Culpables

¿Cómo fue su relación en el juicio con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas?

Es una parte del juicio en la que claramente, como fiscales, tenemos que participar sin ser, digamos… sin violar secretos de la investigación pero sí mantener la comunicación. Sos un abogado y te paga el Estado pero estás defendiendo a la gente, velando por sus intereses y representando a la gente que trabaja. En ese marco, fue que tomé contacto con ellos. Les iba contando cuáles eran las distintas etapas, les fui avisando que iban a escuchar cosas de las defensas y que no se tenían que enojar para que no desalojen la sala. Les dije: “La presencia de ustedes ahí es importante”. Cada tanto venían y nos juntábamos, me preguntaban por qué habían dicho tal cosa, por qué no decía yo tal otra. Y yo le decía que había distintos momentos para cada una de las situaciones.

¿Qué historias lo marcaron más y le siguen viviendo en los recuerdos del juicio?

Cada vez que me acuerdo se me escapa una lágrima… (sigue con la voz entrecortada y no evita las lágrimas) El papá que perdió a su mujer y a su bebé… Fue terrible… Un hijo que una vuelta escuché en un acto que le despedía a su papá… Cuando los bomberos contaban que querían sacar a las víctimas apretadas. Se produce una reacción química en el organismo cuando ese organismo está apretado por más de determinado tiempo, no recuerdo en este momento si es media hora, 45 minutos, una hora. Empieza a largar toxinas y el cuerpo se empieza a morir. Ellos quisieron sacarlos y de tan apretados que estaban y le sacaron el brazo a una de las víctimas y de pronto empezaron a ver cómo se iban muriendo siguen muriendo. La historia de (Lucas) Menghini Rey… porque fue la desesperación, la angustia de cualquier papá y cualquier mamá que pierde un hijo. Como una vez me dijo un jefe mío que había perdido un hijo, es como si estuvieras muerto pero siguieras caminando. Y después la culpa generalizada de todos los que sobrevivieron, que no estuvieron en el tren pero que lloraban y decían (se toma unos segundos): “Si esa mañana le hubiera dicho ‘Viejo quédate a tomar unos mates’. No hubiese muerto”. Es como si hubieran seguido sufriendo, como si no hubiera terminado ese día, con la angustia de los parientes que estaban ahí desesperados, buscándolos en la morgue. El relato de un chico que sobrevivió y en el juicio dijo: “Señores jueces, perdónenme lo que voy a decir. ¿Puedo puedo decir una guarangada? El servicio del tren Sarmiento era una mierda. No lo puedo describir de otra forma. Entrábamos por la ventana. Estábamos amontonados entre los asientos. Íbamos con la puerta abierta, enganchados porque llegábamos tarde al trabajo”. Recordemos que las personas que viajaban en el tren eran las que menos recursos tenían porque el boleto era lo más barato que había, con lo cual era un grupo de lo más vulnerable, en la peor situación, que era un negocio para una empresa. Su reclamo y su presencia echaron luz sobre algo diabólico: alguien que veía hacer un negocio para construirse una casa frente al mar o ir a Punta del Este en un jet privado, y cobrar todo lo que se podía a costilla de la inseguridad de un grupo social, el más vulnerable, el que trabaja. El factor común de todos fue la destrucción anímica, afectiva y familiar; 52 fueron los que murieron, pero multiplica eso por un número incansable de personas vinculadas a ellos que quedaron destruidos y que hoy, o por lo menos la última vez que yo estuve (con ellos), siguen sintiendo culpa de estar vivos y creen que podrían haber dicho algo para que no murieran su mujer, su marido, su papá, una mujer embarazada con su hijo.

¿Cada cuánto recuerda la Tragedia de Once?

A ver, bastante seguido… (se toma unos segundos) Hay una constante en casi todos los hechos que vemos en cotidiano los fiscales y tiene que ver con… con el dolor de la destrucción. Ahora, es la droga y la desintegración social familiar de quienes están en el narcomenudeo, del que es víctima de homicidio, de una persona adicta. Y Once fue eso. Esta destrucción de la vida a nivel transversal, de la sociedad, de una época, de un momento y de un lugar, como pasa acá en Rosario. Es terrible. Fue muy revelador de cómo juega el delito, cómo daña y cómo atraviesa a la víctima directa, a la familia y a la sociedad. Cada tanto, cuando tomo un tren y me quedo mirando el sistema de freno, que ahora son mucho más evolucionados, se ve que son frenos de disco como los autos, o a veces que he tomado también el Sarmiento, se me vienen automáticamente los relatos de los pasajeros, cuando iban escuchando cómo golpeaban las vías por falta de mantenimiento. Y es como si volviera cada tanto en otro juicio, con alguna noticia. Otra de las cosas que me quedó de ese juicio, que aprendí un montón, es lo que dicen los principales desarrolladores de trenes que hoy andan a velocidades infernales: la frecuencia del tren y la frecuencia del servicio es como la presión arterial de un ser humano. Cuando tenés un servicio en horario y que tiene la cantidad suficiente de trenes para que la gente vaya en los metros cuadrados que corresponde, es la primera señal de que un sistema funciona. 

¿Qué más le sorprendió del relato de los bomberos?

Que fue desesperante. Me acuerdo de (el jefe del SAME, Alberto) Crescenti. Fue un trabajo a contrarreloj porque tampoco podían poner una sierra, si metían la sierra, mataban al que le metía la sierra. Era desesperante, era tal la compresión que no entraba nada. Y las propias víctimas que sobrevivieron dijeron que escuchaban cómo dejaban de hablar otros y era que se estaba muriendo. Y los bomberos sabían eso. Fue terrible para los bomberos y para los paramédicos.

¿Cómo recuerda a los funcionarios imputados? ¿Cómo vio que vivían ese juicio?

El único que recuerdo que sí lo vivía con mucha angustia y era ostensiblemente diferente al resto era Schiavi. Se lo veía muy angustiado. Recuerdo que en un momento, se me habrá cruzado por la calle y me preguntaba qué iba a pasar. Yo le dije: “La verdad, no depende de mí. Y dicho sea de paso, usted tiene para lo que yo veo, dos de los mejores abogados que he visto en Comodoro Py, vaya a hablar con ellos y confíe en ellos. Que ellos van a hacer un excelente trabajo y yo voy a ser el mío a medida que va apareciendo la prueba”. 

¿Y cómo lo atravesaron los ejecutivos y empresarios de TBA?

Una de las actitudes que me llamaba la atención era casi de ofendidos porque estaban ahí; como que estaban lejos de todo. “Nosotros no tenemos nada que ver”, apuntando que la culpa la tenía el motorman y de alguna forma la primera línea que estaba ahí en los controles, pero que ellos no tenían nada que ver, que no sabían. Recuerdo a uno de los abogados, muy buen abogado también, que planteaba que habían salido 10.000 tren o una cosa así y sólo había habido un accidente. Tenía una actitud de distancia con el hecho. Hasta se reían. Recuerdo justamente a Sergio Claudio Cririgliano en algunas ocasiones que me llamaban la atención.

El 29 de diciembre de 2015, los jueces Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu condenaron a 21 de los 28 acusados, según el Centro de Información Judicial (CIJ). Schiavi recibió una pena de ocho años de cárcel; Jaime, de seis años de prisión. Sergio Claudio Cirigliano, nueve años. El resto de los ejecutivos y exfuncionarios condenados recibieron penas más bajas.

En mayo de 2018, los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques, de la Cámara Federal de Casación, elevaron la pena de Jaime de seis a siete años pero bajaron la mayoría de las condenas del resto, incluyendo la de Cirigliano, que pasó de 9 años a 7 años. Dos años y medio más tarde, en septiembre de 2020, la Corte Suprema dejó firme la decisión del máximo tribunal penal federal pero dejó pendiente revisar la condena de Jaime.

Tras la sentencia de 2015, tanto la fiscalía como el tribunal oral impulsaron la acusación contra De Vido. Bonadio debió citarlo a indagatoria y lo procesó el 10 de mayo de 2016, según los registros del Centro de Información Judicial (CIJ). El exministro fue condenado en octubre de 2018 a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta en contra de la administración pública. El Tribuna Oral Federal número 4 lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Atravesó el juicio desde la cárcel de Marcos Paz, detenido de manera preventiva por otro expediente conocido como el caso Río Turbio. Obtuvo la prisión domiciliaria y luego recuperó su libertad, gracias a que su condena en Once II no está firme en la Corte Suprema, cuando el kirchnerismo hizo entrar en vigencia artículos del nuevo Código Procesal Penal. El Tribunal Oral Federal número 4 dispuso en abril de 2021 que el exfuncionario esté monitoreado por una tobillera electrónica.

Este artículo se modificó el 20 de febrero de 2022 para corregir un error referido a la concesión del Belgrano Norte. Se corrigieron también epígrafes referidos a Sergio Claudio y Mario Cirigliano.

ED

El Tribunal Oral Federal número 2 le concedió este lunes la libertad condicional al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en la causa en la que fue condenado por la tragedia de Once, tras haber cumplido los dos tercios de la pena.

Schiavi está condenado a cinco años y seis meses de prisión y fue detenido el 5 de octubre de 2018.

La condena del exfuncionario del Gobierno de Cristina Kirchner -entre septiembre de 2009 y marzo de 2012- por la tragedia del tren de Once del 22 de febrero de 2012 vencerá el 4 de abril de 2024, pero en junio el TOF2 lo había habilitado a pedir la libertad condicional que regirá desde el 24 de noviembre.

Schiavi fue condenado como “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas”.

El extitular de Transporte consiguió el beneficio del “estímulo educativo” por cursos que hizo durante su detención. Entre los cursos que hizo en la cárcel de Ezeiza están “Liderazgo trascendente: Ampliar la perspectiva del éxito”; “Mi propia huerta”, “Cultivo hidropónico en casa”; cursos de instrumentos musicales, de prevención del Covid-19, tanto dentro del penal como de manera remota en diferentes instituciones educativas.

El Tribunal validó para el beneficio de “estímulo educativo” de Schiavi los cursos de “Forestador”; “Electricista”, “Instalador de Redes”; “Montador de instalaciones de gas”; “Gestión de proyectos y Financiamiento exterior”; “Introducción a la antropología cristiana”; “Escritura Creativa”; “Creación de Videojuegos”, “Reparador de Refrigeradores Domésticos” y “Curso de Trabajo 2.0 CV”.

Con información de agencias.

IG

El exsecretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Pablo Schiavi, preso por la tragedia de Once, controló una compañía offshore de Panamá y una cuenta bancaria en el exterior que no declaró ante la Oficina Anticorrupción. El exfuncionario obtuvo un poder general sobre la sociedad Groveland Overseas SA, el 16 de enero de 2008, dos días después de ser dado de alta en la Administración Pública Nacional.

El exfuncionario compartió ese poder con su esposa, María Verónica Mora Dubuc, y otro familiar para tomar el control de la offshore, según surge de los documentos de Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*.

Schiavi había ingresado el 14 de enero de 2008 como titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por entonces bajo la órbita del ministro Julio De Vido, según figura en su declaración jurada pública. Su designación en el Boletín Oficial, sin embargo, fue oficializada recién en abril.  

El directorio de Groveland Overseas SA emitió el poder a favor del matrimonio Schiavi “para que administren y gobiernen bienes de toda clase, ya sean muebles, inmuebles, bonos, acciones y/o valores”, de acuerdo con los documentos del bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete panameño que brinda servicios offshore a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

En una carta del 17 de enero de 2008, Alcogal se dirigió a agentes del Merrill Lynch Bank Uruguay e identificó a esa entidad como “banco corresponsal” de la sociedad offshore de Schiavi.

Consultado por el equipo argentino de ICIJ, Schiavi, a través de sus abogados, confirmó la existencia de la compañía panameña y de una cuenta bancaria en el exterior, aunque no dio precisiones de los montos que manejó. Solo aseguró que “hace años” que allí “no hay un dólar”.

“A través de un operador que manejaba cuestiones financieras, Schiavi abrió una cuenta en el exterior, donde depositó dinero cuyo origen fue producto de su actividad privada anterior a que fuera funcionario público nacional”, indicó Schiavi a través de sus abogados. “Su esposa, en tanto, es de nacionalidad venezolana y tuvo en su momento una sucesión. No había una obligación tributaria en la Argentina por esos fondos”, transmitió el exsecretario de Transporte. Advirtió que le costó reconstruir los detalles de la operatoria sin los papeles ya que está preso en el penal de Ezeiza desde hace tres años.

En los documentos que forman parte de Pandora Papers no surgen datos adicionales sobre los montos que manejó Groveland Overseas SA, que -según los registros públicos de Panamá- fue disuelta en 2017.

Schiavi dijo que recurrió a esa sociedad offshore “por una cuestión de protección y de desconfianza en el sistema bancario argentino”. Por esa “desconfianza”, añadió a través de sus abogados, “abrió la cuenta bancaria vinculada a esa persona jurídica -Groveland Overseas SA-”. “Pero hace años que no tiene actividad y que está en cero, si bien no se cerró desde el punto de vista formal. Hoy no tiene ni un dólar”, afirmó.

Actividad privada

Schiavi es ingeniero agrónomo y militante peronista. Participó de las campañas políticas de Italo Luder, Carlos Grosso, José Manuel de la Sota y Octavio Bordón. Tuvo sus inicios en la función pública durante la gestión de Grosso en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se desempeñó como subsecretario de Mantenimiento Urbano.

En 1997, se asoció a Daniel Chaín, entonces ejecutivo del Grupo Socma y quien sería años después funcionario de Mauricio Macri en la Ciudad y Nación. Juntos constituyeron en 1997 una sociedad comercial, Audeco Inversiones SA (AISA), cuya actividad era, entre otras, la refacción de estaciones de tren. 

En 2000, Schiavi asumió el rol de jefe de campaña de Macri, quien compitió en las elecciones porteñas de 2003. El candidato de Schiavi perdió finalmente el ballotage con Aníbal Ibarra. Dos años después, en 2005, Schiavi también tuvo un rol central en la campaña de Propuesta Republicana (Pro).

Tuvo un breve paso por la gestión de Jorge Telerman en la Ciudad y en 2008 saltó, bajo el ala de De Vido, al Ministerio de Planificación. Fue entonces, cuando Schiavi se desprendió de su parte en Audeco Inversiones SA, la sociedad con Chaín, según surge de las declaraciones juradas públicas ante la Oficina Anticorrupción (OA) que analizó el equipo argentino de ICIJ.

En su primera declaración jurada ante la OA, en 2008, Schiavi también declaró dos autos modelo 2005 y el 50% de una casa en Palermo de 227 metros cuadrados, además de acciones en Tiraxi SA (una empresa de Salta) y depósitos por $43.700. Su esposa, en tanto, declaró el otro 50% de la casa palermitana y dos inmuebles más. 

En 2009, asumió como secretario de Transporte, tras la renuncia de Ricardo Jaime. En su siguiente declaración jurada anual, informó que ya no tenía acciones en Audeco Inversiones SA y canceló una deuda que tenía con esa empresa por $50.000. En depósitos y dinero en efectivo pasó a declarar $306.108. En los dos años siguientes, Schiavi casi no informó cambios en sus activos. Su patrimonio declarado total se redujo durante su paso por la función pública nacional: en 2008 informó bienes por $561.368 y en 2012, cuando renunció, lo hizo por $487.570, un 13% menos.

En ninguno de los años en los que se desempeñó como funcionario, sin embargo, Schiavi declaró ante la Oficina Anticorrupción a la firma Groveland Overseas SA, de Panamá, ni su cuenta bancaria en el exterior.

El 6 de marzo de 2012, Schiavi presentó su renuncia, dos semanas después de la tragedia ferroviaria de Once, que le costó la vida a 51 personas y una por nacer.

El juez Claudio Bonadio lo procesó por el delito de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. En diciembre de 2015, un tribunal oral lo condenó a cinco años y seis meses de prisión. Fue detenido el 5 de octubre de 2018. En las próximas semanas estará en condiciones de solicitar la libertad condicional, gracias a los beneficios del estímulo educativo por cursos hechos desde que está en prisión.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

En elDiarioAR creemos que la sociedad necesita información confiable guiada por el interés público. Por eso nos comprometemos a publicar artículos elaborados con rigurosidad y profesionalismo, para sostenerlo necesitamos el apoyo económico de las y los lectores. Para apoyarnos, podés asociarte en este link.

ED

Juan Pablo Schiavi está preso. En el penal de Ezeiza, cumple con una condena que en una primera instancia fue a ocho años de prisión y que la Cámara de Casación redujo después a cinco años y medio, e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Es porque la Justicia lo declaró responsable del delito de defraudación contra la administración pública y de un descarrilamiento culposo. El que ocurrió a las 8.33 del 22 de febrero de 2012 en la terminal ferroviaria de Once, cuando una formación del tren Sarmiento no detuvo su marcha y chocó contra el parachoques del andén, que por su estado defectuoso no pudo amortiguar el golpe y que desencadenó la tragedia en la que murieron 52 personas y resultaron heridas 789.

El 22 de febrero de 2012 Schiavi era el secretario de Transporte de la segunda Presidencia de Cristina Fernández. Horas después de que el chapa 16 chocara en Once, Schiavi habló con la prensa, pero no respondió ninguna pregunta. Esa tarde dijo: “Este tren paró 14 veces y la última vez no paró”. Y dijo también: “Todos los que usamos alguna vez el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes, y pasar antes, y no hacer cola, y no esperar el colectivo o bajar más rápido al subte. Esos dos primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucha más carga que la que habitualmente... lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si estuviera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor”.

Pocos días después, el título de tapa de la revista Barcelona fue: “A la desgracia hay que ayudarla”. En la bajada de su portada, la publicación decía: “Si Carlos Menem no hubiera privatizado los trenes; si los últimos cuatro gobiernos hubieran controlado a los empresarios inescrupulosos que se hicieron cargo de TBA; si los empresarios no hubieran sido inescrupulosos y hubieran invertido en mantenimiento y renovación de los trenes; si el jerarca de TBA, Claudio Cirigliano, no hubiera sido recaudador de la campaña de Néstor Kirchner; si el secretario de Transporte hubiera viajado alguna vez en el Sarmiento; si el tren hubiera frenado; si el tren no hubiera sido de 1950: si el 22 de febrero no hubiera habido trenes; si a todo el Conurbano le hubiera dado por faltar a su trabajo; si a esa hora hubiera jugado la Selección la Final de un Mundial; o si, como dijo Juan Pablo Schiavi, hubiera sido feriado, esta 'tragedia horrible' de Once con al menos 49 muertos y 600 heridos podría haberse evitado o al menos no habría sido tan grave”.

El 7 de marzo de 2012, dos semanas después del choque, con prohibición de salir del país dictada por el juez Claudio Bonadío y alegando “estrictas razones de salud”, Schiavi renunció a la secretaría que había heredado de Ricardo Jaime, también condenado por la tragedia de Once. En octubre de ese año, Schiavi, que es ingeniero agrónomo y que ocupó un cargo público por primera vez en la intendencia porteña de Carlos Grosso, fue procesado por esos hechos. Su estrategia de defensa fue apuntar a que el motorman del tren, Marcos Córdoba, había cometido una “falla humana” y que los motivos de la tragedia empezaban y terminaban allí.

Las pericias y pruebas que los familiares de las víctimas presentaron ante la Justicia dieron cuenta de que el tren circulaba con dos compresores menos de los necesarios y que esa mañana experimentaba fallas en los frenos durante todo el recorrido. También se probó que la última revisión general del tren había sido en 1997. Quince años antes de la tragedia. 

El diseño y estado defectuoso del paragolpes del andén de Once, sumado a que no funcionaban los amortiguadores, hizo subir la trompa del primer vagón y, en consecuencia, bajar la cola. Ese movimiento fue determinante para la superposición -técnicamente “acaballamiento”- del segundo coche con el primero: ahí se produjo la mayor cantidad de víctimas fatales. Eso mismo ocurrió entre el tercer y cuarto vagón.

Durante sus años en la gestión porteña, Schiavi había sido subsecretario de Mantenimiento y Servicios de la Municipalidad. Encargado de gestionar los contratos de recolección de residuos, hizo el acuerdo principal con Manliba, la empresa que pertenecía al Grupo Macri - SOCMA. Años después, cuando Mauricio Macri fundó Compromiso por el Cambio (CpC) para candidatearse a jefe de Gobierno en 2003, el ahora condenado y preso en Ezeiza fue su jefe de campaña y uno de sus principales operadores políticos.

Se alejó de Macri dos años después, cuando el ex presidente de Boca se acercó a Ricardo López Murphy. Schiavi volvió a acercarse al peronismo porteño primero, y a la gestión nacional kirchnerista unos años después, cuando Julio De Vido lo convocó para encabezar la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La empresa estatal había sido creada para impulsar inversiones que reordenaran el sistema ferroviario argentino, algo que no ocurrió.

Durante el proceso judicial por la tragedia de Once, además de señalar al conductor del tren como único responsable de la tragedia, la estrategia de la defensa de Schiavi fue pedir la nulidad de la causa sosteniendo que era “víctima de la opinión pública o de intereses políticos y no responsable de acciones criminales”. La acusación formal contra Schiavi -y también contra su antecesor y las autoridades de Transporte Ferroviario y de la CNRT- sostuvo que los funcionarios no habían controlado las condiciones de funcionamiento y utilización del material rodante, ni la infraestructura ferroviaria, ni los fondos públicos que el Estado había puesto a disposición de la empresa concesionaria TBA: todos esos incumplimientos reunidos ayudaron a crear el escenario de la tragedia, junto a los incumplimientos cometidos por los empresarios que administraban el ferrocarril Sarmiento.

Condenado por la Justicia, Schiavi se entregó en los tribunales de Comodoro Py en octubre de 2018, cuando también lo hicieron el empresario Claudio Cirigliano y el conductor del tren, Córdoba. Pidió -pero no le otorgaron- el beneficio de la prisión domiciliaria.

Lo que sí consiguió su defensa, en junio de este año, fue que le redujeran la pena en 192 días por haber hecho algunos cursos que son reconocidos por el sistema penal como “estímulo educativo” de las personas que cumplen prisión efectiva. Entre esas capacitaciones se cuentan la de reparador de refrigeradores domésticos y la de forestador, y un taller de escritura creativa. Le desestimaron como créditos para achicar su condena los talleres “Mi propia huerta”, “Introducción a la peluquería”, “Percusión en casa”, “Construcción de termotanques solares” y “Cultivo hidropónico en casa”.

Cuando se conoció públicamente que había accedido a este beneficio, Familiares de Víctimas y Heridos de la Tragedia de Once emitió un comunicado. “Que el condenado y corrupto Schiavi realice cursos de 'Reparación y mantenimiento de nuestra computadora personal', 'Programación visual de imágenes: introducción a Processing' así como otros de botánica o electricidad no apuntan a su reinserción sino a disminuir su pena”, sostuvieron. Desde el 24 de noviembre de este año Schiavi estará en condiciones de pedir la libertad condicional.

JR

En medio de los cruces entre miembros del oficialismo y sectores del “kirchnerismo duro” que reclaman al gobierno de Alberto Fernández una “solución” para los condenados o procesados en casos de corrupción o presunta corrupción, un relevamiento de elDiarioAR arrojó que en el último año y medio, las condiciones de detención se vieron alivianadas para la mayoría de los exfuncionarios y empresarios cuyos casos han tenido alto perfil mediático. Algunos de ellos fueron excarcelados, como el exministro Julio De Vido. Pero hay al menos cuatro excepciones, hasta el momento: los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y Martín Báez, hijo mayor de Lázaro, quienes continúan presos en la cárcel de Ezeiza. Allí también se encuentra el exdueño de TBA, Claudio Cirigliano, condenado por la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y quedaron heridos 789 pasajeros.

Aún así, el reclamo de una “solución” para los acusados de casos de corrupción o presunta corrupción, llamados “presos políticos” por un amplio sector del kirchnerismo, se centra en que los procesamientos, juicios pendientes, condenas y detenciones domiciliarias siguen vigentes en varios de los casos; y en que algunos de los liberados o beneficiados con el arresto domiciliario podrían regresar a prisión, como De Vido (luego de que Casación confirmó su condena por el caso Once) o el exvicepresidente Amado Boudou (con condena firme en el caso Ciccone), quienes niegan los cargos en su contra.

Las propuestas para “la solución” incluyen desde la revisión de condenadas y procesamientos hasta indultos y amnistías, según han manifestado públicamente dirigentes, abogados defensores y el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.

Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están.

“El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo”, dijo a este medio una fuente gubernamental que interviene en materia judicial.

“No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo”, dijo al elDiarioAR el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, uno de los principales críticos dentro del oficialismo del accionar de jueces y fiscales que avanzaron con detenciones y procesamientos de exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner, en especial durante el gobierno de Mauricio Macri. La revisión de esos fallos en los que el oficialismo sostiene que supuestamente se violaron derechos procesales de los acusados “la tiene que hacer la Corte, en lugar de rechazar los recursos” de las defensas, agregó Valdés. “La Corte podría abocarse a analizar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal (en las decisiones judiciales). Espero que repudie lo que no se ajustaba a derecho”, afirmó el diputado. 

Tras las presentaciones de las defensas, distintos tribunales comenzaron a alivianar la situación de varios de los presos por delitos de presunta corrupción durante el segundo semestre de 2019, luego de las elecciones primarias que anunciaron un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Entre octubre y diciembre de ese año, por ejemplo, José López (quien además integra el programa de protección de testigos y fue reubicado) y Roberto Baratta tuvieron fallos a favor en torno a su libertad, al igual que los empresarios Gerardo Ferreira, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en torno a sus prisiones preventivas por el caso de los cuadernos de la corrupción, expediente en el que han negado los cargos. 

El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo.

Durante 2020, tras la asunción del gobierno de Alberto Fernández, esa tendencia se expandió a otros detenidos. Un relevamiento por las noticias y fallos del último año, arroja que el exministro Julio De Vido recuperó su libertad en marzo último; el exvicepresidente Amado Boudou y el dirigente Luis D’Elía obtuvieron la domiciliaria en abril; y el empresario Lázaro Báez accedió al mismo beneficio en septiembre último. Son algunos de los que obtuvieron una morigeración de su detención o incluso la libertad. “Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están”, dijo Valdés. 

En las cárceles federales también se desmanteló el programa de “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”, conocido como IRIC, que el gobierno de Cambiemos había dispuesto con el objetivo de agudizar el monitoreo de los presos por causas de corrupción o presunta corrupción. Implicaba, por ejemplo, la vigilancia con cámaras de video las 24 horas, régimen diferencial de visitas y restricciones de las comunicaciones. La Justicia federal de Lomas de Zamora investiga el presunto espionaje ilegal a los detenidos y sus abogados. El exdirector del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, negó ante la Justicia que se tratara de actividades que violaran la Ley de Inteligencia.  

Nuevas condiciones

La decisión de dar de baja al programa IRIC fue oficializada por la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios (que depende del ministerio de Justicia), a cargo de la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, confirmó una fuente oficial de la cartera que dirige Marcela Losardo. “El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas”, agregó la fuente ante la consulta.

Del grupo original de presos IRIC sólo quedan dos exfuncionarios de “alto rango” en la cárcel federal de Ezeiza: Jaime y Schiavi, informaron fuentes del ministerio de Justicia. A excepción de un juicio abreviado en el que Jaime reconoció haber recibido dádiva de empresarios de transporte, ambos niegan los cargos en su contra.

De los más resonantes del ámbito empresarial, Claudio Cirigliano también permanece en el penal, según confirmaron las mismas fuentes y una persona de su entorno. Martín Báez, hijo mayor de Lázaro y ejecutivo de Austral Construcciones, es el único de los imputados en el juicio por el caso de presunto lavado de activos que permanece en la cárcel, confirmaron una fuente del tribunal y su abogada, Elizabeth Gasaro. Tanto los Báez como Cirigliano rechazan las acusaciones judiciales.

No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo.

Las situaciones procesales de los cuatro detenidos en la cárcel son diferentes. Schiavi y Cirigliano tienen una condena firme por la Tragedia de Once; Jaime tiene tres condenas acumuladas, además de procesos en curso con prisión preventiva; Martín Báez cumple prisión preventiva por el juicio por presunto lavado de activos de la corrupción. También son distintas sus situaciones de salud, de acuerdo a las consultas realizadas.

Schiavi tiene una condena de 5 años y medio de cárcel por la Tragedia de Once (confirmada por la Corte Suprema). Era secretario de Transporte de Fernández de Kirchner cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén en la estación ferroviaria, en febrero de 2012. El caso desató una investigación por el estado de los trenes, los subsidios a las concesionarias y la falta de control que derivaron, según la sentencia, en el estrago. Schiavi fue sentenciado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado. El exfuncionario también tiene una prisión preventiva en el marco de una causa que investiga subsidios al transporte, uno de los expedientes del caso de los cuadernos.

“Juan Pablo está alojado en la misma unidad con Jaime y Martín Báez, pero en distintos pabellones. Ya no se encuentran en un pabellón especialmente asignado a exfuncionarios. Fueron trasladados a otra unidad de Ezeiza, más pequeña y menos burocrática, pero convive con detenidos por lesa humanidad y eso es complejo para él”, dijo la esposa de Schiavi, la médica psiquiatra Verónica Mora Dubuc.

Mora Dubuc también dijo a este medio que el Tribunal Oral Federal número dos rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Schiavi en 2020. La defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación para intentar revertir la decisión pero el máximo tribunal penal federal le denegó el recurso porque los peritos médicos oficiales que lo entrevistaron en la cárcel sostuvieron que sus patologías pueden atenderse en prisión, según informó Télam el 30 de diciembre último. “La mera pertenencia a un grupo de riesgo frente al Covid-19 no justifica per se la concesión del arresto domiciliario”, afirmaron los camaristas.

“La situación de Juan Pablo fue analizada por una junta médica, en la que participé como perito de parte y en la que una cardióloga y un neuropsiquiatra confirmaron que Juan Pablo tiene un cuadro grave de hipertensión, que se agravó con una cardiopatía y sufre un compromiso en el metabolismo cerebral, que le provoca mareos, desmayos y deterioro cognitivo que requiere rehabilitación y control sistemático”, dijo Mora Dubuc. “El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída”, agregó. 

Su esposa contó que en noviembre de 2019, Schiavi sufrió “un síncope” en el penal de Ezeiza, seguido de un infarto que complicó aún más su cuadro de salud. “Han sido particularmente lentos en su caso. El Cuerpo Médico Forense dijo que su tratamiento está incompleto y que es de alto riesgo, pero que se podría hacer dentro del sistema hospitalario del Servicio Penitenciario”, afirmó Mora Dubuc. 

El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas.

“Juan Pablo no tiene riesgo de fuga y ha estado ajustado a derecho, siempre. Se ha dado la prisión domiciliaria en otros casos similares. La negativa es llamativa, hay un cuadro clínico complejo y tiene más de 60 años. Por eso digo que Juan Pablo es un preso político. Creo que hay una influencia de intereses políticos y presiones mediáticas que hacen que las decisiones judiciales no se ajusten a derecho”, aseguró Mora Dubuc.

Jaime quedó detenido por primera vez los primeros días de abril de 2016 por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en 2005. 

En 2015, había sido condenado por la Tragedia de Once (la Casación fijó la pena en ocho años de prisión por el delito de administración fraudulenta y estrago culposo agravado) y acumula otras dos condenas firmes por casos: un juicio abreviado en el que admitió haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar y otra causa por haber intentado robar pruebas en un allanamiento en su casa de Córdoba.  

El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y (Schiavi) requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída.

Luego de que Casación confirmó su sentencia en Once, volvió a ser detenido en octubre de 2018. En septiembre de 2020, el Tribunal Oral Federal 2 que lo condenó en 2015 ordenó su libertad, ya que la Corte Suprema dejó el resto de las condenas del caso firmes a excepción de la de Jaime, confirmaron fuentes de su defensa. El máximo tribunal aún debe tratar un recurso del exfuncionario. Jaime continúa detenido por prisiones preventivas en dos casos: presunto enriquecimiento ilícito y cuadernos, confirmó uno de sus abogados.

Por el presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción que se acumularon al proceso, Jaime atraviesa actualmente un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal número 6. Al solicitar la prisión domiciliaria, su defensa argumentó que la madre de Jaime es de edad avanzada y que el exfuncionario cumpliría el arresto en su casa para cuidarla; y que el exsecretario de Estado corre riesgo por la pandemia. En abril, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había acompañado un pedido de los abogados para que la Justicia le concediera el arresto domiciliario. A finales de diciembre último, su última solicitud fue rechazado por el tribunal, informó Infobae, al considerar que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la Justicia.  

Según Infobae, debería permanecer preso hasta octubre de 2026; podría acceder a salidas transitorias a partir de finales de 2022 y solicitar la libertad condicional en 2024. 

elDiarioAR también se comunicó con el abogado de Claudio Cirigliano, quien manifestó que a pedido de la esposa del empresario la defensa no responde consultas de los medios. El exdueño de TBA tiene una condena confirmada por la Corte a siete años de prisión como coautor de los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado en el marco de la Tragedia de Once. En abril de 2020, la Justicia le denegó la prisión domiciliaria, según informó Télam.

Caso Martín Báez 

Es uno de los 22 acusados en el juicio oral y público por presunto lavado de activos de la corrupción en la obra pública. El hijo mayor de Lázaro Báez tenía un rol ejecutivo en Austral Construcciones y habría participado en el supuesto blanqueo de más de US$50 millones que se giraron a cuentas en Suiza y paraísos fiscales. 

El Tribunal Oral Federal 4 tiene previsto retomar las audiencias finales en febrero y se espera el veredicto para el 10. Martín Báez es el único imputado del caso que permanece detenido en la cárcel. Su padre accedió al arresto domiciliario en septiembre último. El contador Daniel Pérez Gadín obtuvo la domiciliaria en abril y el abogado Jorge Chueco fue excarcelado con monitoreo electrónico dos meses más tarde, según informaron los medios en esas fechas. 

La abogada de Martín Báez, Elizabeth Gasaro, dijo a este medio que desde que se canceló el programa IRIC su defendido tuvo más acceso a la comunicación con el exterior, aunque la mejora se vio restringida por la pandemia. “Ahora tiene posibilidad de tener una notebook, tienen más contacto con sus familiares y más llamados. Está menos monitoreado”, explicó.

Las visitas recién se retomaron días antes de las fiestas de diciembre último, debido a las restricciones por el Covid-19. “Durante la pandemia, se les permitía realizar un zoom una vez por semana con familiares, pero los turnos estaban limitados a la disponibilidad de internet. Ya no tienen posibilidad de estudiar por la pandemia ni de realizar actividades culturales”, agregó su defensora.

“Está resignado. Pedimos las mismas condiciones de detención que vimos en otros casos con fallos a favor. Llegamos al tribunal (oral) y a Casación y ambos lo rechazaron porque sostienen que Martín podría evadir la Justicia al estar próximo a la condena. Incluso presentamos un informe de la Defensoría de Menores, como realizaron los abogados de Boudou, ya que Martín también tiene dos hijos menores”. Casación entendió que los niños “no se encuentran desprotegido” por la detención de su padre y que el caso de Martín Báez no encuadra en las excepciones legales para un arresto en su domicilio, según el fallo del 30 de diciembre último.

Reclamos internos

El debate en sectores del oficialismo se viene planteando por distintas vías. En el caso del exvicepresidente Amado Boudou, una solicitada juntó en enero al menos 13.000 firmas pidiendo su libertad, luego de que la Corte confirmara su condena por el caso Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión. La principal crítica de los defensores de Boudou al máximo tribunal fue que el fallo sobre un caso de relevancia política e institucional se resolviera en apenas media carilla, sin pronunciarse sobre la valoración del proceso o de la prueba. Sus abogados acudirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para solicitar que la Corte del organismo analice el caso, confirmaron a este medio. 

Días después, un grupo de dirigentes publicó una carta solicitando la liberación de la dirigente de Tupac Amaru y diputada electa del Parlasur, Milagro Sala, quien tiene prisión domiciliaria, un planteo pendiente ante la Corte y niega los cargos en su contra.

De Vido y D’Elía reaccionaron este lunes a declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rechazando la posibilidad de un perdón oficial a los acusados. “Una amnistía para los casos de corrupción sería absurdo y un gran error”, había dicho el exjefe de Gabinete de Fernández de Kirchner en una nota publicada el domingo por Infobae.

De Vido le respondió por Twitter: “Ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor”.

El exministro de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Raúl Zaffaroni encabezó el 15 de enero último un debate virtual con Sala y D’Elía (éste último con condena firme a casi cuatro años de prisión por la toma de una comisaría de La Boca en 2004, cumpliendo prisión domiciliaria. Siempre ha negado las acusaciones en su contra). 

“La solución legal inmediata es el indulto”, dijo Zaffaroni en el encuentro, según reflejó Infobae. “Alberto contesta y dice que es un resabio monárquico y no se puede indultar a un procesado. Hay media biblioteca que dice una cosa y media que dice la otra. Yo leo media biblioteca y él lee la otra”, agregó. “Es una cuestión de costo político no jurídica”, agregó el magistrado.

*Este artículo se modificó a las 15:12 del 27 de enero de 2021 para actualizar información aportada por una fuente de la defensa de Ricardo Jaime.

ED