Frente a un Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA colmado de alumnos, docentes y dirigentes políticos, sociales y gremiales, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni presentó la tercera edición de Derecho Penal. Parte General. Convocó a “combatir por la igual” y lanzó críticas al proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno.

“Combatir por la igualdad es la única vía para mantener el Estado de Derecho”, dijo el ex magistrado durante un diálogo que unió a la UBA, con las universidades de la UNAM y la UFRJ –consideradas 3 de las 10 más prestigiosas de Latinoamerica– donde se reflexionó sobre las mutaciones de los sistemas penales.

En su intervención, en el marco de la UBA Zaffaroni destacó la necesidad de defender la universidad pública, gratuita y de calidad, y advirtió sobre el avance del punitivismo y los riesgos de los nuevos paradigmas tecnológicos. “La revolución digital y la inteligencia artificial no son herramientas del futuro, sino realidades presentes que profundizan los riesgos de vigilancia y control”, señaló.

El ex magistrado también dedicó un tramo de su exposición a defender a las pequeñas y medianas empresas, a las que definió como “el corazón productivo del país”, y exhortó a “asumir su defensa frente al desahucio económico”.

“Frente a los modelos que buscan desbaratarlo, debemos persistir en la lucha por el Estado de derecho”, exhortó a los jóvenes y estudiantes que colmaban el auditorio.

Un punto fuerte de la clase magistral del académico fue la crítica al proyecto oficial de reforma del Código Penal, que Javier Milei quiere apurar en las próximas sesiones extraordinarias en el Congreso. Lo calificó como “una iniciativa carente de técnica legislativa, incapaz de resolver los problemas que pretende abordar”. Zaffaroni advirtió además sobre la utilización histórica del derecho penal como herramienta de legitimación de genocidios y alertó sobre “la crisis generalizada del Estado de derecho”.

La iniciativa oficialista promueve un endurecimiento generalizado de las penas, la no prescripción de algunos delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico, e incorpora nuevos delitos, como el cibercrimen con inteligencia artificial. La intención libertaria es aprovechar la avanzada legislativa desde el próximo 10 de diciembre para sancionarlo.

Zaffaroni expuso junto a los coautores de su texto, Alejandro Alagia y Alejandro W. Slokar, quienes presentaron una obra que, traducida y adaptada en distintos países de la región, se considera una referencia central del garantismo penal en lengua castellana.

El evento reunió a figuras del ámbito académico, judicial y político, entre ellos Fernando Tenorio Tagle y Patricia González Rodríguez (Universidad Nacional Autónoma de México), Salo de Carvalho (Universidad Federal de Río de Janeiro), Mario “Paco” Manrique, Maia Volcovinsky, Nicolás Trotta, Daniel Herrero, Juan Martín Mena y Myriam Bregman.

MC

El jueves 29 de mayo, en la Università Unitelma Sapienza de Roma, se llevó a cabo la presentación del libro Radici e prospettive illuministiche nei sistemi penali contemporanei, obra colectiva con aportes de Vincenzo Mongillo, Mario Caterini, Francisco Muñoz Conde, Alejandro Slokar y Daniel Erbetta. No fue una simple actividad académica: fue una declaración política de principios.

El encuentro formó parte de la semana internacional Populismo globale vs. garantismo penale, una serie de jornadas promovidas por la AIPDP —junto a la Università della Calabria, el Instituto Alimena y otras entidades académicas— que funcionó como espacio de resistencia intelectual ante la escalada de proyectos autoritarios que, desde gobiernos como los de Giorgia Meloni o Javier Milei, buscan desmantelar las conquistas civilizatorias del derecho penal garantista.

En el cierre, el profesor emérito Raúl Zaffaroni denunció “el momento de virulento avance del populismo punitivo” y reafirmó que “el respeto a la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos no es una opción, es una obligación”. También recordó las advertencias del papa Francisco sobre las nuevas tecnologías aplicadas al control social, señalando que la inteligencia artificial puede ser utilizada como arma del viejo modelo peligrosista.

Frente a un discurso de época que promueve la represión, la exclusión y la selectividad penal como formas de gobierno, la respuesta vino desde la academia: defender las raíces ilustradas del derecho penal moderno y sus proyecciones garantistas como únicas herramientas legítimas para frenar el avance del castigo sin ley ni límite. 

Cuando Javier Milei abrió las sesiones legislativas, el 1 de marzo, aprovechó su discurso para criticar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al juez Eugenio Zaffaroni. “Aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la Provincia”, lanzó. Esto le valió una ola de reacciones de juristas que, a través de una carta con más de 15 firmas, defendieron al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y le advirtieron: “El respeto de la Constitución no es una opción. Es el máximo contrato que rige la convivencia entre todos los habitantes. ”.

Apenas pasados tres días desde que Milei pronunció su discurso, los abogados le dijeron al Presidente: “La recurrente mención y denostación de E. Raúl Zaffaroni es un acto de censura indirecta, ya que en realidad tiene carácter colectivo al ir dirigida a todos los profesores de Derecho Penal que enseñamos la teoría y ejercemos la práctica con la Constitución y las leyes en la mano, de manera científica, honesta y sincera, cualquiera sea su ideología. Lo mismo ocurre con los operadores judiciales que cumplen con su obligación de respetarlos, y que no son ni promotores, ni partícipes, ni responsables de la criminalidad. No están a favor de los victimarios y en contra de las víctimas. Son otros poderes del Estado los que definen cuándo y cómo se ejerce el castigo, y los que fijan las tareas de prevención de delitos”.

En la misma nota le recordaron que “la Constitución fija una serie de principios y reglas, que son límites a la autoridad, al momento de aplicar una pena” y que “el legislador, los jueces y funcionarios del poder ejecutivo están sometidos a ellos”.

“No puede dejarse sin respuesta toda esta instalación del pensamiento mágico y meramente emocional, situación que se ha vuelto un lugar común entre personas que desconocen por completo las ciencias sociales y que, al echar la culpa de todos los males a otros, eluden las propias responsabilidades. La idea de que lo afirmado en la Constitución vale sólo en los casos que coinciden con lo que uno piensa, no es conforme a derecho”, explicaron.

El caso Kim Gómez, el trasfondo de las parabólicas críticas de Milei a Zaffaroni

La referencia de Milei a Kicillof y Zaffaroni estuvo atravesada por el crimen de la niña Kim Gómez, de 7 años, en La Plata, cuando dos delincuentes le robaron el auto a la madre con ella adentro. La menor, en un intento por escapar, quedó colgada del vehículo y murió arrastrada. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad y por la crudeza de las imágenes hubo una fuerte reacción social que derivó en marchas y puebladas en la Legislatura bonaerense y la gobernación.

“Las conductas prohibidas y las penas deben estar previstas antes de los hechos y solo pueden imponerse luego de un debido proceso. Pero, además, esa respuesta debe estar ajustada a otros principios que también fija la Constitución, como los de culpabilidad y proporcionalidad. No conocemos ningún jurista argentino que predique o adoctrine para la impunidad, o que haga escuela para favorecer a los delincuentes en contra de los intereses de las víctimas y de la sociedad toda. Solo se promueve el acatamiento del orden constitucional”, advirtieron los juristas.

“Las investigaciones de delitos también están sometidas a la Constitución. Esa regla marca la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado de Policía (expresión que no significa que gobierne la policía o que se esté en contra de ella, sino que se refiere al estado autoritario)”, agregaron.

También apuntaron que “la seguridad es una cuestión compleja que no se soluciona subiendo las penas previstas para todos los delitos, ni el camino puede ser la instalación de un Estado de vigilancia totalitario que promueva masivos ciberpatrullajes y propicie el uso de la inteligencia artificial sin controles en manos de una suerte de 'Gran Hermano'” porque “todo eso ha fracasado rotundamente y sería bueno que sus cultores se informen con datos de la realidad, no de la propaganda, e hicieran la correspondiente autocritica”.

Rechazo a “el que las hace las paga” 

En otro pasaje de la nota, los letrados criticaron este slogan político y la promoción de “reformas del sistema legal cuya conflictividad con el orden constitucional es clara”.

“No habría nada que discutir si el refrán se limitara a sugerir que las penas están para cumplirse –lo que es evidente cuando la solución prevista legalmente para un hecho que daña a otro es una pena-, pero ese mensaje no se concreta de manera completa en la realidad, porque el poder punitivo recae generalmente en la delincuencia común, limitada a lesiones individuales a las personas o el patrimonio, mientras que no lo hace en quienes llevan adelante conductas delictivas macrosociales, cuyo impacto sobre todos o en forma masiva es directo. Se relajan controles sobre actividades como la evasión tributaria y previsional, el lavado de activos de origen delictivo, el uso de información privilegiada, los fraudes masivos presididos de nota tecno-optimista, se favorece la delincuencia ambiental, se relajan los controles para prevenir y castigar la corrupción pública, y se propicia la negación y olvido de delitos cometidos desde el estado, como las graves violaciones a los DD.HH. y la violencia de género”, dijeron.

“Cuando desde la tribuna se señala que los profesores de derecho penal son responsables de todos los delitos que se cometen en el país y se estigmatiza a alguno de ellos para crear un enemigo que ponga el foco de los problemas en otro lugar, lejos de los verdaderos responsables que deben solucionarlos, se incurre en una afirmación no sólo equivocada sino en una simplificación inaceptable, mágica”, agregaron.

La carta lleva las firmas de Marcelo Alfredo Riquert, doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Penal de la Univ. Nacional de Mar del Plata, ex juez penal de la provincia de Buenos Aires; Javier Augusto De Luca, doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Penal de la Univ. Nacional de Buenos Aires, Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal; Alejandro W. Slokar, catedrático de Derecho Penal de la Univ. Buenos Aires y Univ. Nacional de La Plata, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Daniel Erbett, catedrático de Derecho Penal de la Univ. Nacional de Rosario, ex decano de la facultad de Derecho de la UNR, y juez de la Corte Suprema de Justicia de la prov. de Santa Fe; Matilde Bruera, catedrática de Derecho Penal, Univ. Nac. Rosario; Omar Palermo, doctor en Derecho. Catedrático de Dcho.Penal. Univ. Nac. de Cuyo. Juez de la Suprema Corte de la Prov. de Mendoza; Alberto Binder, doctor en Derecho, profesor de posgrado de la UBA y presidente del INECIP; Ramón Luis González, prof. Derecho Penal U.N. NordEste y Juez de la Cámara Federal de Corrientes; Alfredo Pérez Galimberti, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Vicepresid INECIP ; Marcelo Buigo, prof. regular de Derecho Penal, Derecho, UBA; Dante Marcelo Vega, prof. de Derecho Penal, Univ. Nacional de Cuyo y fiscal General ante la Camara Federal de Apelaciones de Mendoza; Julia Angriman, doctora en Derecho, prof. derecho penal de la UBA; Esteban Ignacio Viñas, profesor Derecho Penal Univ. Fasta Mar del Plata; Gustavo Franceschetti, Prof. derecho penal Univ. Nac. Rosario. Ex. Defensor General de Rosario; Ricardo S. Favarotto, Profesor de Dcho Penal de la Univ.Nac.Mar del Plata. Ex. juez penal de la provincia de Buenos Aires; y Juan Lewis, Profesor Derecho Penal de la Univ. Nacional de Rosario, entre otras.

MM

El papa Francisco nombró este viernes al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en un nuevo organismo académico vaticano sobre derechos sociales y colonialismo, al tiempo que le concedió estatus de “Asociación Privada de Fieles” a un Comité de Jueces creado por el magistrado porteño Andrés Gallardo en 2019

A través de un quirógrafo dado a conocer este viernes por el Vaticano, el Papa resolvió “la creación del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, con finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo”.

El nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, que preside el cardenal Peter Turkson, y será sostenido económicamente, dirigido y administrado“ por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) creado por el pontífice en el Vaticano en junio de 2019.

“Designo para el período 2023-2028 como Junta Académica Fundadora del citado Instituto a los Profesores Doctores Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco”, agregó el quirógrafo del Papa publicado hoy por la oficina de Prensa de la Santa Sede.

El quirógrafo resolvió también el cambio de estatus vaticano del Copaju, que pasará a ser un ente formal dentro de la estructura.

“Haciéndome eco del pedido efectuado por sus Fundadores, expreso mi aprobación para que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, pase a ser una Asociación Privada de Fieles de carácter internacional en conformidad con los cánones 298-311 y 321-329, erigida como persona jurídica privada dentro del ordenamiento canónico, de acuerdo al canon 322, §1”, afirmó el escrito papal.

“Designo para el período 2023-2028 como Presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) al Juez Roberto Andrés Gallardo de la República Argentina, como Vice Presidenta a la Jueza Ana Algorta Latorre de la República Federativa del Brasil, como Secretario al Magistrado Gustavo Daniel Moreno de la República Argentina y como vocales a los Jueces María Julia Figueredo Vivas de la República de Colombia, Tamila Ipema de los Estados Unidos de América, Daniel Urrutia Laubreaux de la República de Chile y Janet Tello Gilardi de la República del Perú”, detalló el pontífice.

En su quirógrafo, un escrito con fuerza de decreto, el Papa sostuvo que “la organización de magistrados Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana tuvo incipiente origen local en la Ciudad de Buenos Aires y luego destacada actuación en la República Argentina desde el año 2017, gestando el primer encuentro regional en junio de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires”.

Con información de agencias.

IG

En un momento en el que se está debatiendo la Ley de Memoria Democrática en España, y tras más de dos décadas de intercambio en el campo de la memoria y de la justicia entre España y Argentina, juristas de ambos países -impulsores de investigaciones judiciales contra crímenes de ambas dictaduras- se reunieron esta semana en la sala Mirador de Madrid.

Entre los asistentes hubo un público intergeneracional, con jóvenes estudiantes, abogados, víctimas y familiares de víctimas del franquismo, artistas, periodistas, una vocal del Consejo General del Poder Judicial, o la vicepresidenta Yolanda Díaz, entre otros. Con la sala Mirador llena y lista de espera fuera, durante más de dos horas el juez argentino Raúl Zaffaroni, los juristas Ana Messuti, Joan Garcés y Matías Bailone, y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) Emilio Silva conversaron sobre memoria, justicia e impunidad.

Las víctimas del franquismo han sido negadas políticamente y sistemáticamente

Matías Bailone

Lo hicieron recordando el diálogo mantenido entre España y Argentina desde hace décadas en estas materias. Fue en España donde se impulsó el juicio contra Pinochet y donde posteriormente se juzgó al exmilitar Adolfo Scilingo por crímenes de la dictadura argentina. Sin embargo, España se ha negado de forma sistemática a juzgar los crímenes de su propia dictadura, mientras que Argentina sí ha impulsado justicia para sus víctimas. Hace once años algunas víctimas del franquismo acudieron a la justicia argentina, en lo que se conoce como la querella argentina, que investiga crímenes de la dictadura española.

“En el intercambio y el diálogo entre nuestros dos países se ensanchó el camino de lo impensable, el camino de la justicia”, indicó Emilio Silva en el acto. Durante más de dos horas los ponentes reflexionaron en torno al hecho de que “en España no han sido reconocidas las víctimas del franquismo, han sido negadas política y sistemáticamente”, señaló el jurista argentino Matías Bailone.

La Ley de Memoria es quizá la última oportunidad para reafirmar una dimensión de la soberanía española

Joan Garcés

“La cuestión española molesta porque detrás de las masacres del franquismo hubo complicidad de Gobierno y Estados europeos”, indicó el abogado Joan Garcés, impulsor del caso Pinochet, en referencia no solo a Alemania e Italia, sino también a “la política de no intervención patrocinada desde Londres y apoyada desde París para dejar desarmada a la República y a los españoles que luchaban contra el fascismo”.

En ese sentido, Garcés apeló a la necesidad de un acto de afirmación soberano: “La Ley de Memoria [no aprobada aún] es una oportunidad, quizá la última, para reafirmar una dimensión de soberanía española. Si internacionalmente los antifascistas españoles fueron aplastados militarmente y después políticamente marginados en la comunidad internacional, reafirmar la voluntad de justicia respecto a lo que pasó es un acto de afirmación soberano en cuanto a esa dimensión internacional”.

El abogado defendió la importancia de aplicar el derecho internacional ante los crímenes del franquismo y la necesaria compensación a las víctimas también en su dimensión económica “porque hubo un expolio a través de confiscaciones e incautaciones. Ese fondo puede alimentarse de compensaciones económicas por las empresas que explotaron a los trabajadores represaliados. Que esto se discuta, aunque finalmente no se apruebe, ya sería un cambio radical frente al silencio absoluto que ha habido”, señaló.

En la voluntad de las víctimas de ser escuchadas hay un sentimiento del derecho, una conciencia jurídica.

Ana Messuti

La abogada argentina Ana Messuti, impulsora de la querella que investiga en Buenos Aires los crímenes del franquismo, defendió el valor que supone el relato de las víctimas y el hecho de que se las escuche. “El no escuchar es otra forma de muerte”, reflexionó, en referencia a la imposibilidad de las víctimas de ser escuchadas en tribunales españoles.

“Ascensión Mendieta [convertida en símbolo por su empeño en recuperar el cadáver de su padre, asesinado y desaparecido por el franquismo] no era experta en derecho. Pero en su certeza de querer ser escuchada hay un sentimiento del derecho, una conciencia jurídica. Los querellantes nos han enseñado eso. Han tenido que venir a sacar la venda normativa cerrada a determinados sufrimientos”, señaló.

Messuti cree que la querella argentina ha abierto un nuevo camino en España y aludió a alguna señal, como algún voto particular “en el Tribunal Constitucional o un nombramiento de un juez que tiene cosas muy claras con respecto a la memoria”.

La cuestión española molesta porque detrás de las masacres del franquismo hubo complicidad de Estados europeos

Joan Garcés

El ex juez de la Corte Suprema argentina Raúl Zaffaroni, artífice de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en su país, y actualmente magistrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflexionó sobre la idea original de los derechos humanos: “Cuando hablamos de derechos humanos nos remontamos a 1948, a la Declaración Universal. Esa es la historia corta, la historia larga es la resistencia al colonialismo en todas las fases y momentos”.

El juez explicó que Argentina pudo derogar las leyes de amnistía porque cuando estas se promulgaron Argentina ya había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y dichas leyes resultaban contrarias a la Convención. Además, la Constitución argentina desde 1853 reconoce el principio universal.

En torno a ello, apoyándose en la soberanía nacional y como integrante de la Corte Suprema, “yo no podía interpretar la Constitución en el aberrante sentido de decidir que se ejerza la soberanía por parte de otro país [España, que investigaba crímenes de la dictadura argentina y solicitaba extradiciones] y tampoco puedo negar la extradición y no hacer nada, porque entonces me convierto en encubridor. Mi Constitución dice que la soberanía la ejerza yo, y así enfoqué mi voto en la Corte Suprema, que resolvió la reapertura de todos los procesos”.

La historia larga de los derechos humanos es la resistencia al colonialismo en todas las fases.

Raúl Zaffaroni

En su intervención Emilio Silva, fundador de la ARMH, lamentó que “en España nos educaron para tener miedo a entrar en un juzgado a denunciar los crímenes del franquismo”.

“Cuando usé por primera vez la palabra desaparecido lo hice tomándola prestada de algunos argentinos que estaban en Madrid en los años noventa. Hubo gente que escribió artículos escandalizada diciendo que a qué venía eso, que lo de aquí era otra cosa. Aquí se hablaba de paseados, como quien sale a dar un paseo o a comprar tabaco, pero estábamos hablando de detenciones ilegales seguidas de torturas, asesinatos y ocultación del cadáver. Y eso es un desaparecido, aquí y en todas partes. El problema, para algunos, residía en que con ese término se establecía una categoría que apunta al derecho, que denuncia algo”, explicó. 

Silva contó cómo en julio de 2002 entró en un juzgado de Villablino, con una resolución de Naciones Unidas en la mano, para pedir que se investigara un crimen del franquismo: “Lo hice temblando, estaba educado para entrar allí con miedo”. El jurista Matías Bailone destacó la importancia de trabajar por una pedagogía de la memoria. “Como dijo Dostoievski, si el pasado no existe todo está permitido, si Dios no existe todo está permitido y ese ha sido el precio de la Transición un poco”, reflexionó.

¿Se sienten interpelados los jueces de este país por esta realidad? Yo diría que no, y creo saberlo porque soy vocal del CGPJ

Concepción Saéz

Entre el público hubo muchas de preguntas y reflexiones, entre ellas la de la vocal del Consejo General del Poder Judicial Concepción Sáez, quien señaló que los jueces no se sienten interpelados por las peticiones de las víctimas del franquismo y explicó que cuando la pasada primavera el CGPJ informó sobre el anteproyecto de la ley de Memoria, ella se quedó sola en el voto particular: “No se adhirió nadie, ninguno de los compañeros progresistas que se supone que me acompañan en el Consejo” indicó, haciendo referencia al voto que emitió en el que criticaba que la futura ley no contemple la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo por parte de los jueces.

“El Consejo General del Poder Judicial no obedece a la correlación de fuerzas sociales. [Ante este asunto] confío en el poder legislativo y ejecutivo, también en las fuerzas sociales, pero no en el Poder Judicial”, lamentó Sáez.

El actor Juan Diego Botto, hijo de un desaparecido por la dictadura argentina, pidió la palabra para destacar el hecho de que en Argentina “la crítica a la dictadura en la sociedad era hegemónica”. Respondiendo a ello, Zaffaroni subrayó que un momento clave en Argentina fue la ocupación británica de las Malvinas, que supuso “el fin de la dictadura y de todo prestigio que pudieran tener las fuerzas armadas, el papelón que hicieron, la cobardía de los oficiales, torturas a los propios soldados, aquello caló hondo en la opinión pública. Por eso hubo esa reacción a los crímenes de la dictadura argentina. Es una historia diferente a la de España”.

En cada fosa en la que nos asomemos hay un espejo, somos la consecuencia de ese terror

Emilio Silva

Por su parte, Joan Garcés señaló que “los antifascistas ganaron en Europa, en España fueron derrotados pero las ideas defendidas por los republicanos ganaron la guerra. Ganaron la Segunda Guerra Mundial, por más que la batalla de España la perdieron. Esto es lo que explica los cuarenta años de impunidad tras el fin de la dictadura. La opinión pública española salió de la dictadura traumatizada y eso explica que solo a partir del año 2000 se empiecen a plantear en España peticiones de justicia ante los tribunales. Son varias generaciones las que han pasado, pero no hay que desesperar. Nada es inmutable. En Alemania son los nietos de la generación que sostuvo el régimen nazi los que pidieron explicaciones y justicia; aquí también son los nietos. Las circunstancias han requerido el paso del tiempo para poder expresar y pedir justicia”.

Ante la palabra de un joven del público que preguntó qué pueden hacer las nuevas generaciones por la memoria democrática, Garcés indicó que la movilización social colectiva y la opinión pública “son vitales”: “Para que las nuevas generaciones puedan labrar el futuro necesitan hacerlo sobre bases sólidas, y estas no pueden ser las del fascismo o neofascismo. Plantearse dónde estamos y hacia dónde vamos requiere necesariamente buscar las raíces de la situación actual”.

Los antifascistas ganaron en Europa, en España fueron derrotados pero sus ideas ganaron la Segunda Guerra Mundial

Joan Garcés

En torno a lo mismo, Emilio Silva afirmó que “nuestro modelo educativo está creado para que la gente se aprenda las respuestas y no haga preguntas. Hace un mes hemos sabido que los libros de texto van a llamar golpe de Estado al golpe de Estado. Cuánto explica eso”. El presidente de la ARMH indicó que “en cada fosa en la que nos asomemos hay un espejo, somos la consecuencia de ese terror”. Por último, Ana Messuti destacó que “se puede hacer como si no existiera” la Ley de Amnistía española, porque España ratificó la Convención de Viena “y en ese sentido predomina el derecho internacional”.

Hubo palabras de agradecimiento para Ana Messuti y también para Cristina Rota -presente en el acto-, directora de la escuela que lleva su nombre y exiliada argentina que huyó a España a finales de los setenta tras el asesinato y desaparición de su marido Diego Fernando Botto. Por su parte, el juez Zaffaroni evocó, para explicar el intercambio entre ambos países a través de los exilios, a algunos juristas españoles de la “diáspora republicana” que contribuyeron a su formación, como Manuel de Rivacoba, Luis Jiménez de Asúa (vicepresidente del Congreso de los Diputados durante la República) y Francisco Blasco y Fernández de Moreda.

En medio de los cruces entre miembros del oficialismo y sectores del “kirchnerismo duro” que reclaman al gobierno de Alberto Fernández una “solución” para los condenados o procesados en casos de corrupción o presunta corrupción, un relevamiento de elDiarioAR arrojó que en el último año y medio, las condiciones de detención se vieron alivianadas para la mayoría de los exfuncionarios y empresarios cuyos casos han tenido alto perfil mediático. Algunos de ellos fueron excarcelados, como el exministro Julio De Vido. Pero hay al menos cuatro excepciones, hasta el momento: los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y Martín Báez, hijo mayor de Lázaro, quienes continúan presos en la cárcel de Ezeiza. Allí también se encuentra el exdueño de TBA, Claudio Cirigliano, condenado por la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y quedaron heridos 789 pasajeros.

Aún así, el reclamo de una “solución” para los acusados de casos de corrupción o presunta corrupción, llamados “presos políticos” por un amplio sector del kirchnerismo, se centra en que los procesamientos, juicios pendientes, condenas y detenciones domiciliarias siguen vigentes en varios de los casos; y en que algunos de los liberados o beneficiados con el arresto domiciliario podrían regresar a prisión, como De Vido (luego de que Casación confirmó su condena por el caso Once) o el exvicepresidente Amado Boudou (con condena firme en el caso Ciccone), quienes niegan los cargos en su contra.

Las propuestas para “la solución” incluyen desde la revisión de condenadas y procesamientos hasta indultos y amnistías, según han manifestado públicamente dirigentes, abogados defensores y el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.

Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están.

“El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo”, dijo a este medio una fuente gubernamental que interviene en materia judicial.

“No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo”, dijo al elDiarioAR el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, uno de los principales críticos dentro del oficialismo del accionar de jueces y fiscales que avanzaron con detenciones y procesamientos de exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner, en especial durante el gobierno de Mauricio Macri. La revisión de esos fallos en los que el oficialismo sostiene que supuestamente se violaron derechos procesales de los acusados “la tiene que hacer la Corte, en lugar de rechazar los recursos” de las defensas, agregó Valdés. “La Corte podría abocarse a analizar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal (en las decisiones judiciales). Espero que repudie lo que no se ajustaba a derecho”, afirmó el diputado. 

Tras las presentaciones de las defensas, distintos tribunales comenzaron a alivianar la situación de varios de los presos por delitos de presunta corrupción durante el segundo semestre de 2019, luego de las elecciones primarias que anunciaron un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Entre octubre y diciembre de ese año, por ejemplo, José López (quien además integra el programa de protección de testigos y fue reubicado) y Roberto Baratta tuvieron fallos a favor en torno a su libertad, al igual que los empresarios Gerardo Ferreira, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en torno a sus prisiones preventivas por el caso de los cuadernos de la corrupción, expediente en el que han negado los cargos. 

El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo.

Durante 2020, tras la asunción del gobierno de Alberto Fernández, esa tendencia se expandió a otros detenidos. Un relevamiento por las noticias y fallos del último año, arroja que el exministro Julio De Vido recuperó su libertad en marzo último; el exvicepresidente Amado Boudou y el dirigente Luis D’Elía obtuvieron la domiciliaria en abril; y el empresario Lázaro Báez accedió al mismo beneficio en septiembre último. Son algunos de los que obtuvieron una morigeración de su detención o incluso la libertad. “Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están”, dijo Valdés. 

En las cárceles federales también se desmanteló el programa de “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”, conocido como IRIC, que el gobierno de Cambiemos había dispuesto con el objetivo de agudizar el monitoreo de los presos por causas de corrupción o presunta corrupción. Implicaba, por ejemplo, la vigilancia con cámaras de video las 24 horas, régimen diferencial de visitas y restricciones de las comunicaciones. La Justicia federal de Lomas de Zamora investiga el presunto espionaje ilegal a los detenidos y sus abogados. El exdirector del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, negó ante la Justicia que se tratara de actividades que violaran la Ley de Inteligencia.  

Nuevas condiciones

La decisión de dar de baja al programa IRIC fue oficializada por la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios (que depende del ministerio de Justicia), a cargo de la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, confirmó una fuente oficial de la cartera que dirige Marcela Losardo. “El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas”, agregó la fuente ante la consulta.

Del grupo original de presos IRIC sólo quedan dos exfuncionarios de “alto rango” en la cárcel federal de Ezeiza: Jaime y Schiavi, informaron fuentes del ministerio de Justicia. A excepción de un juicio abreviado en el que Jaime reconoció haber recibido dádiva de empresarios de transporte, ambos niegan los cargos en su contra.

De los más resonantes del ámbito empresarial, Claudio Cirigliano también permanece en el penal, según confirmaron las mismas fuentes y una persona de su entorno. Martín Báez, hijo mayor de Lázaro y ejecutivo de Austral Construcciones, es el único de los imputados en el juicio por el caso de presunto lavado de activos que permanece en la cárcel, confirmaron una fuente del tribunal y su abogada, Elizabeth Gasaro. Tanto los Báez como Cirigliano rechazan las acusaciones judiciales.

No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo.

Las situaciones procesales de los cuatro detenidos en la cárcel son diferentes. Schiavi y Cirigliano tienen una condena firme por la Tragedia de Once; Jaime tiene tres condenas acumuladas, además de procesos en curso con prisión preventiva; Martín Báez cumple prisión preventiva por el juicio por presunto lavado de activos de la corrupción. También son distintas sus situaciones de salud, de acuerdo a las consultas realizadas.

Schiavi tiene una condena de 5 años y medio de cárcel por la Tragedia de Once (confirmada por la Corte Suprema). Era secretario de Transporte de Fernández de Kirchner cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén en la estación ferroviaria, en febrero de 2012. El caso desató una investigación por el estado de los trenes, los subsidios a las concesionarias y la falta de control que derivaron, según la sentencia, en el estrago. Schiavi fue sentenciado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado. El exfuncionario también tiene una prisión preventiva en el marco de una causa que investiga subsidios al transporte, uno de los expedientes del caso de los cuadernos.

“Juan Pablo está alojado en la misma unidad con Jaime y Martín Báez, pero en distintos pabellones. Ya no se encuentran en un pabellón especialmente asignado a exfuncionarios. Fueron trasladados a otra unidad de Ezeiza, más pequeña y menos burocrática, pero convive con detenidos por lesa humanidad y eso es complejo para él”, dijo la esposa de Schiavi, la médica psiquiatra Verónica Mora Dubuc.

Mora Dubuc también dijo a este medio que el Tribunal Oral Federal número dos rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Schiavi en 2020. La defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación para intentar revertir la decisión pero el máximo tribunal penal federal le denegó el recurso porque los peritos médicos oficiales que lo entrevistaron en la cárcel sostuvieron que sus patologías pueden atenderse en prisión, según informó Télam el 30 de diciembre último. “La mera pertenencia a un grupo de riesgo frente al Covid-19 no justifica per se la concesión del arresto domiciliario”, afirmaron los camaristas.

“La situación de Juan Pablo fue analizada por una junta médica, en la que participé como perito de parte y en la que una cardióloga y un neuropsiquiatra confirmaron que Juan Pablo tiene un cuadro grave de hipertensión, que se agravó con una cardiopatía y sufre un compromiso en el metabolismo cerebral, que le provoca mareos, desmayos y deterioro cognitivo que requiere rehabilitación y control sistemático”, dijo Mora Dubuc. “El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída”, agregó. 

Su esposa contó que en noviembre de 2019, Schiavi sufrió “un síncope” en el penal de Ezeiza, seguido de un infarto que complicó aún más su cuadro de salud. “Han sido particularmente lentos en su caso. El Cuerpo Médico Forense dijo que su tratamiento está incompleto y que es de alto riesgo, pero que se podría hacer dentro del sistema hospitalario del Servicio Penitenciario”, afirmó Mora Dubuc. 

El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas.

“Juan Pablo no tiene riesgo de fuga y ha estado ajustado a derecho, siempre. Se ha dado la prisión domiciliaria en otros casos similares. La negativa es llamativa, hay un cuadro clínico complejo y tiene más de 60 años. Por eso digo que Juan Pablo es un preso político. Creo que hay una influencia de intereses políticos y presiones mediáticas que hacen que las decisiones judiciales no se ajusten a derecho”, aseguró Mora Dubuc.

Jaime quedó detenido por primera vez los primeros días de abril de 2016 por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en 2005. 

En 2015, había sido condenado por la Tragedia de Once (la Casación fijó la pena en ocho años de prisión por el delito de administración fraudulenta y estrago culposo agravado) y acumula otras dos condenas firmes por casos: un juicio abreviado en el que admitió haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar y otra causa por haber intentado robar pruebas en un allanamiento en su casa de Córdoba.  

El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y (Schiavi) requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída.

Luego de que Casación confirmó su sentencia en Once, volvió a ser detenido en octubre de 2018. En septiembre de 2020, el Tribunal Oral Federal 2 que lo condenó en 2015 ordenó su libertad, ya que la Corte Suprema dejó el resto de las condenas del caso firmes a excepción de la de Jaime, confirmaron fuentes de su defensa. El máximo tribunal aún debe tratar un recurso del exfuncionario. Jaime continúa detenido por prisiones preventivas en dos casos: presunto enriquecimiento ilícito y cuadernos, confirmó uno de sus abogados.

Por el presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción que se acumularon al proceso, Jaime atraviesa actualmente un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal número 6. Al solicitar la prisión domiciliaria, su defensa argumentó que la madre de Jaime es de edad avanzada y que el exfuncionario cumpliría el arresto en su casa para cuidarla; y que el exsecretario de Estado corre riesgo por la pandemia. En abril, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había acompañado un pedido de los abogados para que la Justicia le concediera el arresto domiciliario. A finales de diciembre último, su última solicitud fue rechazado por el tribunal, informó Infobae, al considerar que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la Justicia.  

Según Infobae, debería permanecer preso hasta octubre de 2026; podría acceder a salidas transitorias a partir de finales de 2022 y solicitar la libertad condicional en 2024. 

elDiarioAR también se comunicó con el abogado de Claudio Cirigliano, quien manifestó que a pedido de la esposa del empresario la defensa no responde consultas de los medios. El exdueño de TBA tiene una condena confirmada por la Corte a siete años de prisión como coautor de los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado en el marco de la Tragedia de Once. En abril de 2020, la Justicia le denegó la prisión domiciliaria, según informó Télam.

Caso Martín Báez 

Es uno de los 22 acusados en el juicio oral y público por presunto lavado de activos de la corrupción en la obra pública. El hijo mayor de Lázaro Báez tenía un rol ejecutivo en Austral Construcciones y habría participado en el supuesto blanqueo de más de US$50 millones que se giraron a cuentas en Suiza y paraísos fiscales. 

El Tribunal Oral Federal 4 tiene previsto retomar las audiencias finales en febrero y se espera el veredicto para el 10. Martín Báez es el único imputado del caso que permanece detenido en la cárcel. Su padre accedió al arresto domiciliario en septiembre último. El contador Daniel Pérez Gadín obtuvo la domiciliaria en abril y el abogado Jorge Chueco fue excarcelado con monitoreo electrónico dos meses más tarde, según informaron los medios en esas fechas. 

La abogada de Martín Báez, Elizabeth Gasaro, dijo a este medio que desde que se canceló el programa IRIC su defendido tuvo más acceso a la comunicación con el exterior, aunque la mejora se vio restringida por la pandemia. “Ahora tiene posibilidad de tener una notebook, tienen más contacto con sus familiares y más llamados. Está menos monitoreado”, explicó.

Las visitas recién se retomaron días antes de las fiestas de diciembre último, debido a las restricciones por el Covid-19. “Durante la pandemia, se les permitía realizar un zoom una vez por semana con familiares, pero los turnos estaban limitados a la disponibilidad de internet. Ya no tienen posibilidad de estudiar por la pandemia ni de realizar actividades culturales”, agregó su defensora.

“Está resignado. Pedimos las mismas condiciones de detención que vimos en otros casos con fallos a favor. Llegamos al tribunal (oral) y a Casación y ambos lo rechazaron porque sostienen que Martín podría evadir la Justicia al estar próximo a la condena. Incluso presentamos un informe de la Defensoría de Menores, como realizaron los abogados de Boudou, ya que Martín también tiene dos hijos menores”. Casación entendió que los niños “no se encuentran desprotegido” por la detención de su padre y que el caso de Martín Báez no encuadra en las excepciones legales para un arresto en su domicilio, según el fallo del 30 de diciembre último.

Reclamos internos

El debate en sectores del oficialismo se viene planteando por distintas vías. En el caso del exvicepresidente Amado Boudou, una solicitada juntó en enero al menos 13.000 firmas pidiendo su libertad, luego de que la Corte confirmara su condena por el caso Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión. La principal crítica de los defensores de Boudou al máximo tribunal fue que el fallo sobre un caso de relevancia política e institucional se resolviera en apenas media carilla, sin pronunciarse sobre la valoración del proceso o de la prueba. Sus abogados acudirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para solicitar que la Corte del organismo analice el caso, confirmaron a este medio. 

Días después, un grupo de dirigentes publicó una carta solicitando la liberación de la dirigente de Tupac Amaru y diputada electa del Parlasur, Milagro Sala, quien tiene prisión domiciliaria, un planteo pendiente ante la Corte y niega los cargos en su contra.

De Vido y D’Elía reaccionaron este lunes a declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rechazando la posibilidad de un perdón oficial a los acusados. “Una amnistía para los casos de corrupción sería absurdo y un gran error”, había dicho el exjefe de Gabinete de Fernández de Kirchner en una nota publicada el domingo por Infobae.

De Vido le respondió por Twitter: “Ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor”.

El exministro de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Raúl Zaffaroni encabezó el 15 de enero último un debate virtual con Sala y D’Elía (éste último con condena firme a casi cuatro años de prisión por la toma de una comisaría de La Boca en 2004, cumpliendo prisión domiciliaria. Siempre ha negado las acusaciones en su contra). 

“La solución legal inmediata es el indulto”, dijo Zaffaroni en el encuentro, según reflejó Infobae. “Alberto contesta y dice que es un resabio monárquico y no se puede indultar a un procesado. Hay media biblioteca que dice una cosa y media que dice la otra. Yo leo media biblioteca y él lee la otra”, agregó. “Es una cuestión de costo político no jurídica”, agregó el magistrado.

*Este artículo se modificó a las 15:12 del 27 de enero de 2021 para actualizar información aportada por una fuente de la defensa de Ricardo Jaime.

ED