La Cámara de Diputados completó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas, de forma remota, sobre la reforma a la Ley de Glaciares, y todavía no hay una fecha certera para la firma de los dictámenes y eventual sesión en el recinto.

Es probable que antes de dar un paso en firme se impulse una nueva reunión informativa con los gobernadores de la Mesa del Cobre, que motorizan los intereses de las corporaciones mineras, y también dirigentes propuestos por la oposición contrarios al avance de la reforma.

Una de las alternativas que se barajan es que ese plenario de comisiones se efectué en la primera quincena de abril.

Al igual que en la jornada del miércoles, que fue presencial, fueron abundantes las críticas a la limitación en la cantidad de oradores participantes y hubo advertencias sobre posibles impugnaciones judiciales que podrían anular los efectos de la ley, en el hipotético caso de que se sancione en Diputados.

El proyecto de ley, que busca quitar las prohibiciones que rigen actualmente para la explotación minera e hidrocarburífera en determinadas zonas periglaciales, y darles a las provincias la potestad de designar qué áreas proteger y cuáles no, ya había recibido media sanción del Senado sobre el final del período de sesiones extraordinarias de febrero.

Audiencia

Uno de los principales oradores de este jueves fue el presidente del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, quien rechazó la reforma aprobada por el Senado y destacó el inventario de los glaciares que realiza ese organismo.

“La ley aprobada por el Senado no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger. No elimina las ambigüedades planteadas; por el contrario, genera nuevas ambigüedades y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el Inventario Nacional de Glaciares se encuentra plenamente operativo tras su publicación oficial en 2018. 

Esta herramienta es considerada una pieza clave para el ordenamiento territorial y la protección de los recursos hídricos en las cordilleras.

El presidente del IANIGLA precisó que se “detectaron 16.078 glaciares en el área continental y casi 17.000 en las islas. Incluyendo las islas es solamente el 0,8% de la superficie de la cordillera. No del país, de la cordillera”, enfatizó. 

El geólogo Marcelo Placet, por su parte, respaldó la reforma a la ley votada por el Senado y al respecto señaló que “son falsedades” los argumentos que indican que “la modificación propuesta pone en riesgo las fuentes de agua y que nuestros acuíferos son codiciados por potencias extranjeras”.

A su turno, la representante del Colectivo Defensoras del Agua de Famatina, María Pia Silva, afirmó que la reforma es “inconstitucional” porque vulnera el artículo 41 de la Constitución “y el principio de no regresividad”.

Agregó que “la adecuación de las normas jurídicas a las exigencias del sector cooperativo transnacional no es un hecho nuevo” y dijo que esta ley “responde a la urgencia y presión de las empresas mineras transnacionales”.

La ex diputada nacional Graciela Camaño se mostró hoy en contra de la reforma a la Ley de Glaciares y aseguró que la norma aprobada en 2010 “es el piso mínimo” y “no puede reducirse”.

La ex legisladora remarcó que el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió, “tiene jerarquía superior a las leyes” y “consagra parámetros de participación pública que, lejos de haber sido observados, han sido soslayados o contravenidos plenamente porque no se verificó participación del público en las etapas iniciales”. 

“Retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro”, apuntó la bonaerense, que fue diputada nacional entre 1989 y 1993, entre 1997 y 2002 y entre 2003 y 2023.

Además denunció que “se obvió proporcionar al público la información necesaria en forma efectiva”, y agregó que “los plazos no son en absoluto razonables”.

“Claramente la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones”, consideró.

“Este proyecto cuyo objeto no es la minería sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”, alertó. 

Al respecto, Camaño advirtió que se “pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”.

Con más de 100 mil inscriptos, Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, por el cual el miércoles expusieron alrededor de 180 y otros 200 lo harán este jueves, mientras el resto deberá hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

El geólogo mendocino Eddy Lavandaio sostuvo, por su parte, la Ley de Glaciares había sido impulsada por “los enemigos del desarrollo minero argentino” y “sancionada por legisladores que no entendieron cuáles eran las necesidades de las familias argentina”.

El profesional científico sostuvo que la reforma no deja de lado la protección ambiental y tiene el noble objeto de promover las inversiones en pos del desarrollo socioeconómico e integral de la región cordillerana del país“.

“He leído el proyecto y no veo ningún párrafo que imponga la eliminación de los glaciares ni tampoco dejar a los ríos sin agua y menos aún la destrucción de ecosistemas. Todo eso solamente está en la mentalidad de los enemigos de los mineros y de las familias de los mineros. Son en realidad enemigos del desarrollo del país”, insistió.

La abogada cordobesa Ananda Lavayén, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, afirmó que este proyecto supone “un retroceso” y que pone en jaque el “principio de progresividad ambiental”.

Además aclaró que la ley de presupuestos mínimos vigente desde el 2010 protege ecosistema vitales vinculados a los glaciares, que “no sólo son formaciones de hielo sino reservas fundamentales de agua dulce que regulan los ciclos hídricos, sostienen la biodiversidad y garantizan condiciones de vida digna para millones de personas”.

“Por eso su protección no es una cuestión ambiental sino una cuestión de Derechos Humanos”, continuó.

Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, respaldó la reforma a la Ley de Glaciares y que la ley actual “abunda en imprecisiones técnicas y vacíos conceptuales que conspiran contra el objetivo declamado que es la preservación de las reservas hídricas”. 

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

Con información de NA.

Afuera del Congreso, las fuerzas de seguridad federales se acomodaban a lo largo de la calle Rivadavia para amedrentar, como todos los miércoles, a los jubilados que se manifiestan por la caída de las prestaciones. Adentro, mientras tanto, un paquete de Mercado Libre pasaba por el escáner de seguridad del Anexo de la Cámara de Diputados. Sonó una alarma y los trabajadores de Seguridad miraron sorprendidos: era un rifle de aire comprimido.

El desconcierto no terminó ahí. El destinatario del paquete, cuyo nombre aparecía en el membrete, era el diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba. El personal de Seguridad impidió el ingreso y avisó a su oficina, que no tardó en reconocer que no había error, que era para el diputado.

El legislador de la Provincia de Buenos Aires explicó, luego, que había comprado el rifle de aire comprimido para su casa, pero que en Mercado Libre tenía guardada la dirección de la oficina y que, por error, se la mandaron al Congreso. “El diputado trabaja en el campo”, argumentaron en su entorno. 

El tema no escaló a mayores. Poco después de recibir el rifle, Sánchez Wrba fue al estacionamiento del Anexo y dejó el rifle en el baúl.

MCM/CRM

Un total de 17 diputados no pronunciaron ninguna palabra durante todo 2025 en el recinto, ni siquiera para aclarar el sentido de su voto. El dato surge de un relevamiento elaborado a partir de las versiones taquigráficas del Congreso, utilizado para el Índice de Calidad Legislativa que analiza cada año la actividad parlamentaria.

Entre quienes cerraron el año sin intervenciones aparecen legisladores de distintos bloques. Por el oficialismo figuran Pablo Ansaloni, Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo.

También aparecen diputados de Unión por la Patria: Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi. Completa el grupo Nancy Ballejos, del PRO.

En algunos casos el silencio se extendió durante todo el mandato. El informe señala que Julio Pereyra terminó sus cuatro años como diputado sin intervenir nunca en el recinto. También se destaca el caso de Rocío Bonacci, que completó su segundo año en la Cámara sin tomar la palabra.

Silencio en un año de alta actividad

El contraste se vuelve más evidente si se observa el volumen de actividad parlamentaria. Durante 2025 el recinto acumuló 1.149.895 palabras pronunciadas, una cifra elevada para un año electoral, cuando la actividad legislativa suele reducirse.

El segundo año de gestión de Javier Milei estuvo marcado por una agenda intensa en la Cámara baja. A lo largo del año se realizaron una decena de sesiones especiales, dos sesiones en minoría, tres reuniones informativas, una sesión de homenaje y una preparatoria, además de sesiones extraordinarias en febrero y diciembre.

Dentro de ese volumen de intervenciones también se contabilizan las presentaciones del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario expuso tres veces ante los diputados y pronunció 41.556 palabras, una de esas ocasiones durante la interpelación vinculada al caso $LIBRA.

Diputados con intervenciones mínimas

Debajo del grupo que quedó en cero aparece otro conjunto de legisladores con una participación oral muy baja. Son quienes no alcanzaron las 100 palabras pronunciadas durante todo el año.

Entre ellos figuran María Sotolano, del PRO, con 62 palabras; Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, de Innovación Federal, con 25 y 24 respectivamente; y Jorge Ávila, de Encuentro Federal, con 22.

Otros registros responden a intervenciones puntuales. La diputada tucumana Elia Marina Fernández, por ejemplo, registró 13 palabras al prestar juramento en diciembre. En el mismo grupo aparece Ricardo Daives, de Unión por la Patria, también con 13 palabras.

Más abajo figuran Gabriel Chumpitaz, con 11 palabras; Ignacio García Aresca, con 10; y Marcela Antola, Emilio Monzó y Juan Carlos Polini, con 9 cada uno. Con 8 palabras aparecen Gabriela Besana y Sofía Brambilla.

Otros legisladores quedaron aún más abajo en el registro: Jorge Antonio Romero y Aníbal Tortoriello, con 7 palabras; Romina Diez y Estela Mary Neder, con 6; y Luis Basterra, Luciano Laspina, Florencio Randazzo y María Luisa Montoto, con 4.

En el nivel más bajo del registro aparecen intervenciones casi simbólicas. Hilda Aguirre y Ramiro Fernández Patri dijeron apenas dos palabras en todo el año. Y Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Jorge Chica, Dante López Rodríguez, Gisela Marziotta, María Graciela Parola, José Federico Tournier y Martín Yeza quedaron anotados con una sola palabra durante 2025.

Hablar solo para votar

En varios de esos casos las intervenciones registradas no correspondieron a discursos. Se trató simplemente de respuestas obligadas para informar el sentido del voto cuando el sistema electrónico no había computado la votación.

Por esa razón otros 43 diputados no pronunciaron discursos durante el año, aunque figuran con una o algunas palabras en las versiones taquigráficas.

La diferencia es técnica: algunos legisladores no hablaron en absoluto; otros solo dijeron “afirmativo” o “negativo” al momento de votar.

El contraste con los más activos

En el extremo opuesto del ranking aparecen los legisladores con mayor presencia en los debates. El listado lo encabezó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con 84.977 palabras pronunciadas durante el año.

Su posición se explica en parte por su rol institucional al dirigir las sesiones y conceder la palabra a los legisladores. Entre quienes más intervinieron también se ubicaron el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, con 33.991 palabras, y el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, con 33.932.

Detrás aparecen otros legisladores con alta participación, como Nicolás Massot, Silvana Giudici, Juan Manuel López, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Miguel Ángel Pichetto y Victoria Tolosa Paz.

El informe refleja así un contraste marcado dentro del mismo cuerpo legislativo. Mientras algunos diputados concentraron miles de intervenciones en el recinto, otros atravesaron todo el año sin participar de los debates o con intervenciones tan breves que apenas quedaron registradas en las versiones taquigráficas.

Las audiencias sobre la reforma de la ley de Glaciares convocadas para la próxima semana ya tienen más de 27 mil inscriptos y ahora la duda es cómo se instrumentarán esas reuniones públicas con esa cantidad de oradores que quieren opinar sobre los cambios para permitir la explotación minera en aquellas zonas que no está permitida esa actividad.

Las audiencias publicas fueron convocadas en la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, y que se realizó el pasado miércoles.

Las audiencias públicas fueron convocadas para el miércoles 25 en forma presencial y para el jueves 26 en forma virtual, pero la duda que circulaba en el Congreso es cómo se materializará la realización de esas reuniones para que todos puedan exponer sobre la reforma, que busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares.

Fuentes parlamentarias señalaron que se buscará la metodología para realizar las audiencias públicas y no se descarta que la mayoría tenga que hacerlo por escrito, aunque eso desatará una fuerte protesta. Otra opción que podría plantear La Libertad Avanza es que cada bloque aporte una cantidad de oradores para que lo hagan en forma presencial.

Los diputados opositores de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro y María Ines Zigarán, y la peronista Sabrina Selva, enviaron carta al presidente de la Cámara de diputados Martín Menem, y a Mayoraz y Peluc, para extender las audiencias públicas.

“Ya es público el registro en la página web de la Cámara de Diputados. Ahora falta que nos digan cómo se van a extender los días de audiencias para garantizar que todos los que se anotaron tengan voz. Hay inscriptos de todas las provincias”, expresó Selva.

Ferraro expresó: “27.837 inscriptos en la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares. Dato: en el debate por la IVE (ley del aborto) hubo 15 días de audiencias y 738 inscriptos”.

La ley de Glaciares fue aprobada el pasado 26 de febrero por el Senado con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca Lucía Corpacci.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Con información de la agencia NA

El debate ambiental volvió a tomar la agenda, luego de que el Senado dio media sanción el jueves pasado a una reforma de la Ley de Glaciares. La modificación a la norma es impulsada por el Gobierno de Javier Milei y busca flexibilizar la protección del ambiente periglacial para potenciar la minería y otras actividades extractivas en estos cuerpos de hielo, según legisladores de oposición, expertos y el propio oficialismo.

La reforma a la Ley de Glaciares genera un fuerte rechazo en un sector social, que sostiene que pone en riesgo las principales reservas de agua argentinas y amenaza a ecosistemas críticos de ese país. En medio del debate parlamentario, que ahora ingresó a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento, organizaciones ambientalistas exigen una audiencia pública a los diputados, que serán los encargados de aprobar o no la reforma.

El 26 de febrero fue una jornada de duro debate en el Senado. En esa cámara legislativa se aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, como pretendía el Ejecutivo. Esta iniciativa redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que la ley actual protege. La reforma fue aprobada con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

Agostina Rossi, bióloga e integrante de Greenpeace Argentina, cuestionó la iniciativa que es impulsada por la administración de Milei. La experta explicó a Mongabay Latam que la norma actual que quieren modificar fija un piso obligatorio de protección en todo el territorio argentino pero que la modificación debilita ese piso o lo vuelve dependiente de decisiones de los gobiernos provinciales, que en la zona cordillerana, especialmente rica en minerales, son prominería y buscar explotar las zonas periglaciares. Así, dejaría de existir una garantía uniforme y se fragmentaría la tutela ambiental.

“En la práctica, eso significa que zonas que hoy están protegidas por una prohibición clara podrían quedar sujetas a autorizaciones locales [de explotación minera]. En regiones donde el agua es escasa y depende del aporte glaciar y periglaciar, esa flexibilización no es abstracta: implica mayor riesgo de intervención en reservas estratégicas de agua dulce y menor previsibilidad en su conservación frente a actividades extractivas”, detalló Rossi.

La experta añadió que la Ley de Glaciares –sin ningún tipo de reforma- no regula toda la actividad productiva ni prohíbe una actividad en particular en todo el país, pero lo que hace es fijar un estándar nacional para proteger glaciares y ambiente periglacial por su función hídrica y climática. “Cuando se propone modificarla, lo que está en discusión es si esos ecosistemas deben seguir teniendo una protección uniforme en todo el territorio o si ese estándar puede flexibilizarse”, dijo Rossi, quien aseguró que ahora la discusión “no es sobre una actividad en abstracto, sino sobre el nivel de protección que el país decide mantener sobre sus reservas estratégicas de agua”.

Por qué los glaciares y periglaciares son fundamentales para proteger las fuentes de agua

Organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa del Gobierno, apoyada por varios gobernadores de las provincias mineras, es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina adhirió. Estos sectores advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el traspaso de facultades desde el ámbito nacional hacia las provincias. La nueva redacción permite que cada distrito determine qué sectores del ambiente periglacial considera estratégicos para la conservación del recurso hídrico y en cuáles podrían habilitar actividades extractivas. De este modo, se relativiza la protección integral que hasta ahora ofrecía la normativa vigente.

Expertos calculan que la reforma pondrían en riesgo las fuentes de agua de más de siete millones de personas que viven en zonas cercanas a la Cordillera de los Andes.

El caso tiene alcance internacional. Relatores especiales de Naciones Unidas e integrantes del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas manifestaron su preocupación por el posible impacto que tendrá la reforma de la Ley de Glaciares en el cumplimiento del derecho al acceso al agua, al acceso a la información y participación, y a un ambiente limpio, saludable y sostenible.

Sobre la ley actual que buscan modificar, los relatores dijeron: “Pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable”, indicaron en una carta.

Hernán Casañas, director de la organización Aves Argentinas, explicó que el 36 % de la superficie continental argentina se encuentra dentro de cuencas alimentadas por deshielo glaciar, abarcando 20 provincias y más de 7.5 millones de habitantes. El experto detalló, con datos del Inventario Nacional de Glaciares, que existen 16 968 cuerpos glaciares en el país, con una superficie estimada de 8484 kilómetros cuadrados distribuidos en 12 provincias.

Casañas remarcó que si se modifica la norma se debilitará este ecosistema, a sus habitantes y a la fauna y flora que habita estas zonas. “Pretender flexibilizar esta ley, desde mi punto de vista, no va necesariamente a atraer inversión. Pretender flexibilizar esta ley es no conocer cómo funciona el mundo de hoy”, afirmó el experto, quien dijo que en diciembre de 2025 expuso a los senadores sus observaciones sobre las reformas a la Ley de Glaciares.

“¿Ustedes piensan que lo que haga la provincia de Formosa con el bosque chaqueño no va a incidir en la provincia de Chaco o no va a incidir en las cuencas hídricas bajas? ¿Ustedes piensan que lo que pasa en el Mato Grosso no incide en Argentina? No, no es así. Los procesos ecológicos son extremadamente más complejos. Esto es algo que tenemos que repensar. La fauna no reconoce fronteras políticas. El yaguareté [jaguar] que está en la provincia de Formosa hoy, mañana pasa a la provincia de Chaco”, les dijo Casañas en esa ocasión. El experto apuntaba a que lo que suceda con los glaciares y zonas periglaciares en la Cordillera de los Andes y otras zonas mineras terminará afectando la provisión de agua en las ciudades y pueblos de Argentina.

Tras lo ocurrido en el Senado, el proyecto debe ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa. Esteban Paulón, del bloque Unidos, anticipó su rechazo a los cambios a la Ley de Glaciares porque las reservas de agua se verán afectadas por las explotaciones mineras que estarían autorizadas por las provincias, como dice la reforma.

“La minería degrada los glaciares como reservas de agua dulce afectando no solo la función ambiental, sino también la función que cumplen las áreas periglaciares en el suministro de agua dulce para asentamientos humanos o actividades productivas. Así, la ley actual no tiene ningún sentido de ser modificada. De hecho, no impidió el desarrollo de la actividad minera, que en nuestro país se cuadruplicó desde que existe la Ley de Glaciares”, afirmó Paulón a Mongabay Latam.

Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce apta para el consumo humano más importante de Argentina, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país, resaltó Paulón.

En línea y en contra de la idea de Milei

En el Senado argentino uno de los que votó a favor de la reforma de esta norma fue el senador Agustín Coto. El legislador, que representa a la provincia de Tierra del Fuego y es parte de La Libertad Avanza (LLA), bloque que responde a Milei, explicó que la reforma a esta norma apunta a “devolver a las provincias” su derecho constitucional a administrar sus recursos naturales, “corrigiendo” un esquema que limitó inversiones productivas y “frenó” el desarrollo regional.

“La media sanción [que se aprobó en el Senado] significa más empleo, más inversión y más desarrollo. La modificación busca compatibilizar el cuidado ambiental con un marco regulatorio razonable y moderno, que brinde previsibilidad jurídica y permita poner en marcha proyectos productivos responsables en todo el país”, resaltó Coto en contacto con Mongabay Latam.

El senador añadió que la reforma está en línea con la política que impulsa el presidente argentino y que como estaba la ley –vigente desde 2010- había “deficiencias técnicas”, por lo que ahora existe “claridad y seguridad jurídica” con la modificación de la norma: “Sin reglas claras no hay desarrollo”, dijo.

La senadora Juliana Di Tullio, del Partido Justicialista (PJ), fue una de las 31 voces en contra de la reforma de la norma y denunció la forma en cómo se votó la modificación de esta iniciativa. La legisladora afirmó que en la sesión ni siquiera se leyeron las modificaciones de último momento y que el contenido definitivo de la reforma no circuló de manera completa y consolidada con la antelación suficiente entre todos los legisladores.

“En menos de 24 horas se firmó un dictamen que al comienzo del debate fue puesto sobre nuestras bancas. Era un papelito sin membrete. La población necesita saber qué se negoció con esta reforma, cómo se negoció. Así, la norma aprobada no dará seguridad jurídica para las inversiones que se quieren traer”, dijo Di Tullio a Mongabay Latam.

Antes del comienzo del debate en el Senado, 12 activistas de Greenpeace Argentina fueron detenidos mientras protestaban contra el proyecto, luego de traspasar las rejas del edificio para levantar pancartas en las escalinatas de acceso. Luego de varios minutos, la policía intervino, arrebató los carteles y los detuvo, según medios locales. La Policía Federal utilizó gas pimienta para dispersar la manifestación. Los manifestantes fueron liberados más tarde.

La Oficina del Presidente celebró la media sanción mediante su cuenta en la red social X y afirmó que el proyecto “clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes”. Así, el Gobierno de Milei dijo que la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Dura afectación a la fauna

Según un informe elaborado por las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands International, el 56 % de las especies evaluadas en el país habita en regiones alimentadas por agua de glaciares. Esta dependencia asciende al 86 % en mamíferos, 78 % en reptiles y 69 % en anfibios. Además, en estas áreas se concentra la mayoría de las especies amenazadas: el 83 % de los anfibios, el 70 % de los mamíferos, el 56 % de los reptiles y el 53 % de los peces de agua dulce categorizados como Vulnerables o En Peligro a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, el informe subraya que alrededor del 35 % de las áreas protegidas argentinas se encuentran en cuencas que dependen de aportes hídricos de los glaciares, lo que evidencia la interconexión entre las zonas clasificadas como protegidas y los sistemas de drenaje alimentados por deshielo.

Marcelo Giraud, geógrafo, investigador y militante de la Asamblea del Agua Pura, expresó su preocupación por la modificación de la Ley de Glaciares. El experto, advirtió en contacto con Mongabay Latam que, aunque se mantiene formalmente las definiciones centrales de la norma, se introduce cambios que habilitarán el avance de actividades extractivas sobre zonas protegidas.

“Hace tiempo veníamos preocupados imaginándonos qué podría venir con el famoso proyecto de Ley de Glaciares”, cuestionó el experto, quien apuntó a gobernadores de regiones mineras por impulsar la reforma. “Hay proyectos muy grandes de cobre que están justamente donde los inversores están queriendo tener la seguridad jurídica para ellos e inseguridad para la población sanjuanina, por ejemplo”, dijo.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) exigen a los miembros de la Cámara de Diputados que, antes de continuar con el tratamiento legislativo, se convoque a un “proceso participativo amplio, con alcance federal y con mecanismos que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de todas las provincias del país, a fin de asegurar el debate democrático en torno a una norma considerada pionera en el derecho ambiental”.

La Comisión de Recursos Naturales y la de Asuntos Constitucionales, ambas de la Cámara de Diputados, convocó para este 4 de marzo a las 10 de la mañana a una reunión plenaria de sus miembros para elaborar un plan de trabajo para el tratamiento de la Ley de Glaciares. Se estima que el martes 10 de marzo se realizará una audiencia pública con organizaciones ambientales. Esa idea también fue impulsada por el bloque Unidos. Un día después se firmará un dictamen para que la norma sea abordada en el pleno de Diputados, por ahora sin fecha.

La Cámara de Diputados convocó para los días 25 y 26 de marzo de 2026 a una audiencia pública para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares.

El aviso fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y el formato de la audiencia prevé que habrá doble modalidad de participación, ya que será presencial y virtual, por lo que, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente el 25 de marzo en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en la Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la dinámica se llevará a cabo de manera virtual el 26 de marzo y, según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00.

La Cámara de Diputados había oficializado el jueves la citación a una audiencia pública para los citados días de marzo para escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Los participantes tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00, y lo podrán hacer de forma presencial en la oficina de la comisión de Recursos Naturales y Conservación (Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00) o a través de un formulario virtual que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados.

También está habilitada la opción de realizar presentaciones por escrito, con una extensión máxima de diez carillas, ya sea de manera presencial o por correo electrónico a la dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar) hasta el 20 de marzo.

¿Qué puede cambiar con la nueva ley de glaciares que impulsa el Gobierno?

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, promulgada el 30 de septiembre de 2010, enumera los presupuestos y medidas mínimos para el cuidado de los glaciares y las zonas circundantes. Pero el Gobierno nacional intenta dar marcha atrás esa ley y envió al Congreso un proyecto para reformarla (que ya tiene media sanción del Senado y aguarda su turno para ser tratada en Diputados), aprovechando la nueva conformación que logró tras las elecciones de octubre y luego del éxito con la reforma laboral, analiza Ruby Grisin en un artículo publicado el 21 de febrero por elDiarioAR. 

Los cambios propuestos modificarían la ley de glaciares y permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales —que se caracterizan por sus climas fríos, no glaciares, el permafrost y los ciclos de congelación-descongelación—, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Según el Gobierno, los cambios tienen como objetivo “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Hay dos bandos en esta controversia: uno defiende la importancia de preservar estos recursos naturales desde el Estado por diversas razones, entre ellas la vitalidad humana y la prevención del cambio climático. El otro da prioridad a los beneficios económicos de la minería y otras actividades en las reservas de agua dulce andinas, buscando más claridad y sintiendo insatisfecho con la ley actual.

La posibilidad de derogar la Ley 26.639 podría cambiar por completo la forma en que se utilizan legalmente estas reservas de agua, ya que hasta ahora se han considerado bienes públicos. La ley original tenía como objetivo preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua para el consumo humano y otros fines, desde la agricultura hasta la protección de la biodiversidad. 

Si se modifica, el Congreso también podría eliminar el Inventario Nacional de Glaciares, que recopila datos sobre todos los glaciares y geoformas periglaciales del país, y eliminar ciertas protecciones de las que actualmente gozan estas formaciones geológicas. Según la ley actual, cualquier actividad que se realice en zonas glaciares debe someterse a una evaluación de impacto ambiental, salvo en casos de rescate, determinadas investigaciones científicas o deportes no motorizados. El incumplimiento de la ley actual podría dar lugar a multas, que finalmente se utilizan para proteger y recuperar los paisajes afectados.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales destacó la capacidad de los gobiernos provinciales para “favorecer intereses mineros y vulnerar el principio de presupuestos mínimos ambientales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional” en caso de que la ley actual sea revocada. También podría dar lugar a inconsistencias en la aplicación de la ley, con menos regulaciones a nivel estatal.

Los grupos ambientales consideran que este retroceso es una política medioambiental regresiva en un momento en el que se intensifican las tensiones climáticas, que se manifiestan en desastres naturales como los incendios forestales de la Patagonia. El presidente Javier Milei, quien dijo que no cree en el cambio climático, recortó los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y al mismo tiempo ha estado abogando por la derogación de la ley sobre glaciares.

Según las Naciones Unidas, “los glaciares son esenciales para proporcionar agua dulce a más de 2000 millones de personas en todo el mundo”. 

Además, un informe de febrero de varias organizaciones ecologistas señaló que más de la mitad de las especies vertebradas de Argentina viven en regiones de aguas glaciales, y que una proporción aún mayor de especies amenazadas depende de estos mismos sistemas.

Pero algunas fuentes afirman que la flexibilización de las restricciones podría dar lugar a mejores resultados en la extracción de cobre, lo que impulsaría la ya inestable economía argentina. En este contexto, la inminente decisión del Congreso no solo definirá el alcance de una norma técnica, sino el rumbo de la política ambiental y económica argentina en los próximos años. 

La Cámara de Diputados introdujo modificaciones al proyecto de modernización laboral que la semana pasada aprobó el Senado, por lo que debe volver a ese cuerpo para ser sancionado de forma definitiva.

El cambio principal fue la eliminación del artículo 44, referido a las licencias por enfermedad.

De mantenerse ese punto, los empleados que se enfermaran o sufrieran un accidente de trabajo ajeno al ámbito laboral solo cobrarían el 50 por ciento de sus haberes.

Fue uno de los puntos más cuestionados, ya que tampoco se contemplaban enfermedades graves, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser mas extensas.

El Gobierno debió eliminar ese artículo para asegurarse una sanción en Diputados, algo que logró con 135 respaldos este viernes por la madrugada.

Ahora, para aprobar la ley, el texto debe regresar al Senado, ya que lo que votó la Cámara baja no es igual a lo avalado en la Cámara alta.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea del oficialismo es avanzar este viernes con el dictamen y volver al recinto una semana después, el 27 de febrero.

Qué decía el artículo 44

El artículo 44 de la ley sancionada en el Senado fijaba que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señalaba que se pagará el 50 por ciento del sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Ese monto se elevaba al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.

La reaparición de enfermedades crónicas no serían considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos (2) años.

Con información de NA.

El proyecto de reforma laboral consiguió en la Cámara de Diputados 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, lo que permite desmenuzar qué sectores políticos ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue aprobada con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Fedeeral, Producción y Trabajo, Independencia, un sector minoritario de Provincias Unidas, el MID y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, los tres miembros de Elijo Catamarca (que habían dado quórum) y los monobloques de Marcela Pagano, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

Más allá de este mapeo general, hubo casos llamativos que merecen posar la lupa, principalmente en el bloque de Provincias Unidas, que se dividió en el voto.

Seis integrantes de esta variopinta bancada prestaron colaboración al Gobierno, empezando por la jefa del bloque, la santafesina ex PRO Gisela Scaglia.

También se desmarcaron de la postura mayoritaria otros ex PRO como el rionegrino Sergio Capozzi y el santafesino José Núñez, además del radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, los cordobeses peronistas Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo.

La división de Provincias Unidas

Párrafo aparte merece la columna de los ausentes a la hora de votar, que es un recurso habitual que suele utilizarse para ayudar al sector que va ganando la votación, sin comprometerse de lleno.

Es el caso de los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres de Provincias Unidas (los otros dos representantes de esa provincia votaron en contra), como también el tucumano Javier Noguera de Independencia, quien en la previa había recibido presiones.

De Unión por la Patria estuvieron ausentes el riojano Sergio Casas y el fueguino Paulo Tita.

Sebastián Hadida / NA

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral, con un resultado de 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, los bloques aliados —que habían cuestionado el apartado— mantuvieron su apoyo al proyecto de ley.

Dentro de los espacios políticos que respaldaron la iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, estuvieron los bloques del PRO, la UCR (Unión Cívica Radical) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). De igual forma, fueron claves los votos aportados por los aliados provinciales, entre ellos, los diputados de Tucumán (Independencia) y San Juan (Producción y Trabajo).

Mientras que Unión por la Patria se consolidó como la bancada opositora mayoritaria, al rechazo también se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Además, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, que es integrado por la diputada Natalia de la Sota.

En el caso de Provincias Unidas e Innovación Federal, algunos de sus integrantes acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros se inclinaron por el rechazo. Por último, en la nómina figuraron como ausentes los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Con este resultado, la Cámara baja dio media sanción al proyecto de modernización laboral este viernes, que deberá volver al Senado para su tratamiento, debido a las modificaciones que se realizaron a último momento. No obstante, el oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite con el cierre del período de sesiones extraordinarias.

Diputados que votaron a favor

Diputados que votaron en contra

NB

En un clima marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado, en una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei. Bajo la conducción de Martín Menem, La Libertad Avanza pudo consolidar una mayoría que le permitió seguir con la iniciativa, tras introducir cambios de último momento para garantizar apoyos.

Así, pasadas las 00:30 de este viernes, Diputados aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones.

La modificación más relevante fue la eliminación del artículo 44, que establecía que los trabajadores con licencia por enfermedad percibieran entre el 50% y el 75% de su salario. La decisión, acordada entre la Casa Rosada y sectores dialoguistas, respondió al rechazo sindical y destrabó parte de la negociación parlamentaria. Al haberse alterado el texto aprobado por el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara Alta para su sanción definitiva, prevista para el 27 de febrero.

En el oficialismo estimaban reunir alrededor de 132 votos afirmativos en la votación en general, y aunque reconocían que algunos artículos generaban mayor resistencia, finalmente, lograron que 135 diputados votaron a favor de la iniciativa. Uno de los puntos más ajustados es la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), eje de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición. Mientras tanto, funcionarios de la Casa Rosada intensificaron las gestiones para blindar los respaldos necesarios. “Lule” Menem, hombre de confianza de Karina Milei, siguió de cerca el conteo de votos desde la presidencia de la Cámara baja.

El debate arrancó con la exposición del diputado Lisandro Almirón como miembro informante. En su intervención defendió la reforma como una herramienta para generar empleo y “promover el bienestar general”, en línea con los principios liberales que impulsa el oficialismo.

Desde Unión por la Patria, el diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo fue uno de los principales críticos. Sostuvo que detrás del concepto de “modernización” se esconde un “brutal retroceso histórico” en los derechos laborales y advirtió que el FAL implicará un vaciamiento del sistema previsional. “Con la plata del abuelo van a pagar la indemnización del nieto”, graficó.

En la misma línea, Miguel Pichetto cuestionó que la iniciativa no incorpora ningún beneficio concreto para los trabajadores y advirtió sobre cambios en el cálculo de indemnizaciones que, a su entender, debilitan la protección frente al despido.

Con un clima de alta tensión política y negociaciones en tiempo real, el oficialismo logró dar un paso decisivo en una de las reformas estructurales centrales de su programa económico, a pesar de la fuerte resistencia de la oposición tanto en el recinto como en la calle.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando la camporista Florencia Carignano intentó desconectar los cables de los micrófonos de los taquígrafos en medio de una pelea entre los diputados del peronismo y la izquierda con el presidente de la Cámara, Martín Menem, a quien acusaron de no dejarlos hablar.

 “Carignano ¿Qué hacés? quedaste grabada pedazo de loca”, la increpó la libertaria Lilia Lemoine mientras la grababa.

Las negociaciones

El ministro Diego Santilli estuvo negociando hasta último momento. Las joyas de la corona, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), estaba tambaleando por unos votos y, sin ese capítulo, la reforma laboral perdía su razón de ser. 

El problema era el interbloque Unidos, que preside la pullarista Gisela Scaglia y que cuenta con unos 22 diputados que estaban amenazando, puertas adentro, con voltear el capítulo. Había un ala dura, compuesta por los socialista, lilitos y pichettistas, que pujaba por voltear todo el capítulo (e, incluso, todos el proyecto de ley). El ala más blanda, liderada por los santafesinos y cordobeses que responden a Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, buscaba presionar por las deudas previsionales que la Nación tiene hace años con las provincias. 

Santilli llamó y negoció y prometió recursos y obras. Como primer resultado, la noche anterior a la sesión, tres cordobeses que responden a Llaryora –Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Juan Schiaretti– anunciaron que no participarían de la sesión. Alegaron temas personas –Torres estaba de viaje, Schiaretti aseguró tener un problema de salud y García Aresca nadie sabía nada–, pero en su propio bloque anticiparon: “El Gobierno le pagó la primera cuota de la deuda de las cajas previsionales hace unos días, con eso lo cerró”, confesó un compañero de bancada, al tanto de las negociaciones.

Los santafesinos que responden a Pullaro, mientras tanto, resistían. Según pudo saber este medio, el gobernador de Santa Fe había pedido que le transfirieran la Circunvalación de Rosario, que se encuentra en pésimo estado desde hace meses. “Ni siquiera le está pidiendo recursos para mejorar la ruta, solo que Caputo de la firma para que se la transfieran”, deslizó, negando con la cabeza, un diputado opositor. 

Mientras Martín Menem y Santilli negociaba, en el recinto los diputados se cruzaban a los gritos. La sesión había comenzado en un clima muy hostil. Los peronistas se cruzaban con los catamarqueños, salteños y tucumanos que habían compartido boleta con Fuerza Patria y habían dado quórum para tratar la ley. Horacio Pietragalla se acercó al estrado de Menem y le dejó una cadena porque la reforma laboral “retrotrae a la esclavitud”. Kelly Olmos cantó un himno peronista y el miembro informante de LLA, Lisandro Almirón, leyó todo el discurso.

La Libertad Avanza solicitó este miércoles junto a sus aliados una sesión especial para este jueves a las 14 en la Cámara de Diputados para sancionar el proyecto de reforma laboral. La sesión fue solicitada por la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

Si asisten todos los diputados, la sesión especial deberá comenzar con la presencia de 132 legisladores, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda no darán quórum.

El debate

El pedido fue presentado luego de que hubiera empezado a firmarse el dictamen de comisión, que ya no tendrá el artículo 44 sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

El presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había comunicado al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia. 

Bornoroni dijo que se pasaría a la firma el dictamen donde se mantiene el texto votado por el Senado en la madrugada del jueves 12 con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, había señalado que en el primer tramo y hasta las 17 expondrán sindicalistas, abogados y empresarios, y luego harán lo propio los bloques, que anunciarán si presentarán su propio despacho o acompañarán el texto del oficialismo.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se realizaba desde las 14.10 para debatir el proyecto de modernización laboral que tiene cambios sustanciales de las leyes del trabajo, asociaciones sindicales, rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleos y cambios en el sistema de indemnizaciones.

Con información de la agencia NA

Pocas horas después de anunciar un paro general de 24 horas, la conducción de la CGT se dirigió a la Cámara de Diputados para ratificar la medida de fuerza y enviarle una advertencia a quienes voten, el jueves, la reforma laboral de Javier Milei. “Aquel que dé quórum está traicionando al pueblo. Quizá se sienten empoderados ahora, pero esto pasa y el pueblo tiene memoria”, les dijo Octavio Argüello (Camioneros) y, minutos después, La Libertad Avanza oficializó la sesión para el día siguiente a las 14 horas. Fue un mensaje: el oficialismo presumía tener el número para sesionar y así se lo hizo saber a los sindicatos. 

Los triunviros de la CGT, Argüello, Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), ratificaron el paro sin movilización en la sede de Azopardo y enfilaron para el Anexo de la Cámara de Diputados. Mientras los diputados de La Libertad Avanza terminaban de afinar los acuerdos con los aliados para oficializar la convocatoria de la sesión, la conducción de la CGT se sentó en el medio de la sala del plenario de comisiones de Presupuesto y de Trabajo y apuntó el dedo contra quienes dieran quórum al día siguiente.

“Queremos decirle a los gobernadores que no se olviden a quién representan y que no dejen las convicciones en la puerta de la Cámara de Diputados. El pueblo no se olvida de quien los traiciona. Nosotros vamos a volver a gobernar la Argentina y todo el daño que generaron lo vamos a convertir en dignidad”, afirmó Jerónimo, y un grupo de diputados del peronismo aplaudió. 

En el bloque peronista, sin embargo, predominaba la desazón. Pese al conflicto que había generado el artículo 44 del proyecto, que recorta a la mitad las licencias médicas en caso de accidente o enfermedad por fuera de la actividad laboral, el oficialismo se mostró confiado en tener el número para sesionar al día siguiente. Minutos antes, Gabriel Bornoroni, el jefe de bloque libertario, había anunciado que se quitará el artículo del dictamen y, para el peronismo, fue como si el Gobierno oficializara que tenía el número para sancionar la ley. 

“A esta altura lo del artículo 44 fue para tenernos a nosotros hablando de otra cosa. Pero el número para el quórum ya lo tienen”, masculló, pesimista, una de las referentas peronistas del bloque de Unión por la Patria. Minutos después de decirlo, el oficialismo formalizó el pedido para sesionar el jueves a las 14 horas. 

“Esto no termina acá”

Conciente de que el número para boicotear la sesión estaba tambaleando, la CGT optó por apuntar los cañones hacia el día después. Por un lado, contra los gobernadores y diputados que acompañarán la ley. Y, por el otro, hacia una posible judicialización, la última carta del sindicalismo por esta horas: si el Gobierno tenía asegurada la mayoría para sancionar la ley, habría que apostar a que la Justicia la declarara inconstitucional. Tal como pasó, hace un año, con el capítulo laboral del mega DNU 70.

“La CGT, más allá de lo que pase en la sesión, no nos vamos a resignar. No vamos a bajar los brazos. Ningún proyecto de ley va a avasallar nuestros derechos porque todavía nos queda la Justicia. No vamos a pedir que ningún empresario inescrupuloso, como Madanes, venga a atropellar a los compañeros”, exclamó Jerónimo, quien apuntó contra el dueño de Fate, la empresa de neumáticos que cerró su planta después de 80 años de funcionamiento. 

Mientras hablaba, detrás suyo, los diputados libertarios murmuraban. Lilia Lemoine se sonreía, y cuchicheaban con sus compañeros de bancada, ubicados en la mesa de al lado de los dirigentes sindicales y los diputados peronistas. “Para los diputados a nuestras espaldas, que están criticándonos, no se olviden que en 2001, cuando fracasó el proyecto económico muy similar a este, todos los legisladores que traicionaron al pueblo argentino pagaron un costo muy alto”, les advirtió el triunviro y titular del sindicato de Vidrio. 

Argüello subió la apuesta y, mirando a los diputados que estaban ubicados delante suyo, les advirtió: “Aquel que de quórum está traicionando al pueblo. Hoy están atrevidos y agrandados, pero no sea que se de vuelta la torta. Porque el pueblo tiene memoria y todos van a tener que aclarar la traición que van a votar”. 

El delegado de Camioneros estaba mirando a los diputados pero el mensaje, en realidad, tenía otro destinatario: los gobernadores. Especialmente aquellos que, como Martín Llaryora o Gustavo Sáenz, habían comprometido su rechazo a la ley y, al momento de votar, habilitaron a sus senadores a que votaran a favor del proyecto en la Cámara alta. Eran ellos, advertían en la central sindical, los que habían destrabado la sanción de la ley. No el PRO o el radicalismo: los gobernadores peronistas.

MCM/CRM

“Cuando la CGT conduce estas cosas no pasan. Son un grupo de generales retirados que no creen que se pueda pelear y ganar”, suspiró un referente sindical del peronismo el día después de que el Senado hubiera aprobado la reforma laboral de Javier Milei. Horas antes, la policía había reprimido y vaciado la plaza del Congreso en unos pocos minutos, dejando una doble postal de desamparo opositor: afuera, las calles vacías, y adentro, una nueva mayoría oficialista que rozó, con facilidad, los casi dos tercios de la cámara. Una mayoría contundente que el Gobierno buscará replicar, dentro de dos semanas, en la Cámara de Diputados.

La cuenta regresiva de la pelea final del proyecto de modernización laboral comenzó mucho antes de que el Senado le hubiera dado media sanción. Mientras Patricia Bullrich negociaba los cambios que le permitieran posicionarse como la arquitecta detrás del gran triunfo libertario, el peronismo ya depositaba todas sus esperanzas en la Cámara de Diputados. Incluso la conducción de la CGT, que desactivó la posibilidad de un paro general atento a acordar con el Gobierno algunos cambios en el proyecto –como el sostenimiento del 6% de los aportes a las obras sociales o la prórroga de la obligatoriedad de las cuotas solidarias–, organizó su estrategia de confrontación pensando en los diputados, más que en los senadores.

El Senado estaba perdido, sostenían, los gobernadores le habían soltado la mano a los sindicatos y habían priorizado colaborar con el Gobierno, pero Diputados era otro escenario. Los múltiples diputados sin tierra, sumados a los ex libertarios heridos y los aliados enojados, habilitaban una esperanza. No de rechazar el proyecto, que el PJ Nacional advierte que será aprobado desde la derrota electoral, pero sí de modificarlo. 

Para el peronismo y el sindicalismo, la batalla es más simbólica que política. Saben que no tienen el número para rechazar la reforma laboral de La Libertad Avanza –que fracciona vacaciones, recorta el salario ante casos de accidentes fuera del trabajo, disminuye la indemnización, desfinancia al INCAA y modifica el modelo sindical argentino–, pero apuestan a dilatarlo. “Nuestro objetivo es sacarlo de extraordinarias. Patearlo para afuera es lo más cerca de un triunfo político que vamos a estar”, señala, resignado, un dirigente peronista de una provincia del Norte.

Los puntos débiles

Las conversaciones ya comenzaron. El diputado sindical Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, ya comenzó a acercarse a los diputados de otros espacios. Palazzo conversa con Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot con el massismo, el socialista Esteban Paulón con el radicalismo no mileísta. Los armadores opositores porotean artículos y sondean voluntades al interior de cada bloque aliado: la estrategia opositora es un mosaico de intereses y partidos cuyo éxito depende, fundamentalmente, de hasta qué punto los aliados menos fieles del Gobierno estén dispuestos a pelearse con Milei. 

Las primeras proyecciones dan un escenario favorecedor para el oficialismo. Si se trasladan los votos del Senado a la Cámara de Diputados, replicando las actitudes de los bloques y los gobernadores, el Gobierno cuenta con una base de 131 votos para sancionar la reforma laboral. Son los 95 de LLA, los 12 del PRO, los 3 tucumanos de Osvaldo Jaldo, los 3 salteños de Gustavo Sáenz, los 3 cordobeses que responden a Martín Llaryora, entre otros.

Del otro lado hay una base de 109 votos en contra, entre los que se encuentra Unión por la Patria, la izquierda y un variopinto conglomerado de radicales no mileístas, socialistas, lilitos y ex pichettistas, como el propio Pichetto, que integra el interbloque Unidos. 

Provincias Unidas será una bancada clave, ya que estaba dividida en varios grupúsculos que no terminan de definir postura. Algunos, como la santafesina Gisela Scaglia, ya adelantaron que votarán a favor en general, pero que votarán en contra en algunos artículos, como el del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una creación de Federico Sturzenegger que Bullrich modificó durante el debate en el Senado. 

El objetivo de la oposición es ir articulando con los votos positivos más blandos y armar un esquema que le permita, en la votación en particular, rechazar algunos artículos. Uno de los que fue recibiendo mayores críticas, según recopilan algunos de los armadores opositores, es el que recorta el sueldo en el caso de sufrir un accidente por fuera del ámbito de trabajo. Es el artículo 208, una incorporación de último momento de Sturzenegger en el proyecto de ley que varios diputados, incluso, no sabían que existía hasta que lo empezaron a ver en los medios de comunicación. 

El artículo sostiene que, en caso de que el trabajador sufra “un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo”, el empleador podrá pagarle solo el 50% de su salario. Eso en el caso de que el accidente fuera resultado de una “actividad voluntaria”. Pero si fuera una enfermedad que no fuera resultado de una acción “conciente” del trabajador –desde cáncer a dengue– el empleador podrá bajarle el salario a un 75%. 

“Es lo más indignante que hay y estamos viendo de eliminarlo”, deslizó un opositor que suele jugar con el Gobierno.

Otro punto es el FAL, que apunta a financiar con los aportes a la seguridad social las indemnizaciones de los trabajadores despedidos. Algunos gobernadores advierten sobre el peligro de desfinanciar la ANSES y sostienen que, pese a los cambios que introdujo Bullrich, votarán en contra. 

Los estatutos derogados por la ley, como el del periodista, y el desfinanciamiento del INCAA también componen un título –es el último de todos en el proyecto– que la oposición advierte que, con el lobby adecuado, se podría voltear. Aunque siempre con la misma salvedad: todo lo que se elimine en Diputados tendrá que ratificarse, luego, en el Senado. 

El Gobierno y los sindicatos

Mientras la oposición hace cálculos matemáticos, Martín Menem se jacta de tener el número para aprobar la reforma tal como vino del Senado. El riojano se muestra confiado de que, pese a las presiones de algunos aliados –como el PRO, que está presionando para volver a habilitar a las billeteras virtuales como agentes de cobro de los sueldos–, logrará sancionar el proyecto sin cambios antes de que terminen las sesiones extraordinarias.

Milei quiere abrir las sesiones ordinarias el 1 de marzo con un discurso televisado en hora pico por la noche y, como frutilla del postre, con la reforma laboral sancionada. “La reforma que (Mauricio) Macri no pudo impulsar la hicimos nosotros”, presumen en LLA, en donde más de uno está haciendo cálculos de que, si la reforma laboral se aprueba con holgura, el próximo paso será aprobar la reforma electoral. Un experimento fallido en la ley Bases, que propone desde la eliminación de las PASO hasta el diseño de un sistema uninominal por circunscripciones electorales, y que el caputismo todavía quiere impulsar.

El sindicalismo, mientras tanto, analiza su siguiente paso. Todavía persisten los pases de factura por el fracaso de la movilización del miércoles –los sindicalistas más combativos denuncian, puertas adentro, que la CGT estaba al tanto de que el Gobierno buscaría desarticularla, ya fuera con infiltrados o habilitando a que grupos de izquierda tiraran las bombas molotov– y no existe una postura unificada sobre la estrategia a seguir. 

Las dos CTA y la UOM convocarán, en la próxima semana, a un nuevo paro y movilización. La CGT, en cambio, todavía no sabe si volverá a repetir la experiencia fallida de la movilización o convocará, finalmente, a un paro general. Durante el fin de semana, los contactos de los pesos pesados de la central gremial se multiplicaron y hay expectativa de que, en los próximos días, se convoque a una nueva reunión del consejo directivo. Aunque en los otros sindicatos no se hacen grandes expectativas. “Ellos ya cerraron lo suyo”, mascullan.

MCM/CRM

La vicepresidenta Victoria Villarruel remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral sancionado el miércoles último por el Senado. Así lo confirmaron fuentes legislativas.

El proyecto fue enviado por Villarruel al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El bloque de La Libertad Avanza necesita tener el proyecto para convocar el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, a fin de emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 28 de febrero.

La demora en el giro del proyecto respondió que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios.

Por el contrario, Diputados ya giró al Senado los proyectos aprobados el jueves de Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Otros trámites

Además, el Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero y sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio.

El decreto que contempla la determinación será firmado en la noche de este viernes y se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes.

El decreto intentará atenuar las demandas del sector universitario, cuyas autoridades reclaman una actualización presupuestaria para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.

La decisión del Ejecutivo tuvo lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad en la implementación de la ley de Financiamiento Universitario votada en 2024. 

Ocurrió que, luego de la sanción de ambas cámaras, el presidente Javier Milei vetó la ley, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado.

Con información de la agencia NA

Con el peronismo dividido en el voto y la ayuda de aliados, el oficialismo de Diputados consiguió aprobar con media sanción el proyecto de ley que ratifica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual permitirá bajar aranceles de mas del 90% a las exportaciones y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europea.

La iniciativa, que fue incorporada a la agenda de sesiones extraordinarias luego de la firma del acuerdo comercial que sucedió el 17 de enero en Asunción, cosechó 203 votos afirmativos, 42 negativos y cuatro abstenciones.

La Libertad Avanza sumó los respaldos del PRO, la UCR y Provincias Unidas, entre otros bloques dialoguistas, pero la sorpresa es que además captó 43 votos de Unión por la Patria, incluido el del jefe del bloque, Germán Martínez.

Esta cantidad superó a los 38 votos peronistas (La Cámpora, el kirchnerismo y el graboisismo) que se volcó por el rechazo a la iniciativa, en tanto que los cuatro restantes se dividieron.

El acuerdo

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva. 

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

El debate

El debate fue abierto por el diputado de Producción y Trabajo, Jaime Quiroga, dijo que este tratado “traerá beneficios para los que produzcan y sean capaces de exportar, implica un acceso preferencial mercado europeo para exportaciones sanjuaninas”.

En el tratamiento del acuerdo, el peronismo exhibió sus divisiones ya que mientras el ex canciller, Santiago Cafiero, se expresó en contra, el ex ministro kirchnerista Agustín Rossi se expresó a favor de ratificar el acuerdo.

Rossi dijo que “es un acuerdo que fortalece el Mercosur, lo consolida como actor económico comercial y lo referencia desde el punto de vista internacional”.

“Voy a votar a favor del acuerdo. A mi criterio es una insubordinación estratégica al presidente Donald Trump”, agregó.

Destaco que “claramente tiene aspectos económicos y muchos compañeros diputados del interior han expresado lo que significa a sus economías regionales, en mi Santa Fe la faena de la carne genera 12 mil puestos de trabajo”.

Previamente, Cafiero señaló que este acuerdo “no garantiza que podamos tener accesos a los mercados europeos” y señaló que la “barreras pararancelarias que terminan funcionando como muros para que la producción agropecuaria no pueda penetrar”.

A su vez, el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, defendió el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea dado que señaló que es una política de Estado que aborda “la apertura de mas de 500 billones de consumidores”.

El diputado radical Darío Schneider señaló que para las provincias argentinas el acuerdo “tiene muchos beneficios de acceso preferencial, de oportunidades, de potencial de crecimiento, de creación de empleo, mayor atractivo para las inversiones”

Agregó que este tratado abre las puertas “al mercado más importante del mundo como es el mercado europeo y genera oportunidades de crecimiento y desarrollo”.

La diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada anticipó su abstención sobre el proyecto para ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea firmado el 17 de enero pasado en Asunción, y consideró que se trata de “una votación exprés” impuesta por el Gobierno que “no garantiza el debate de fondo”.

“Me voy a abstener de una decisión que es claramente una trampa y además voy a proponer audiencias urgentes con los sectores, informes técnicos urgentes, uno hecho por la Oficina del Presupuesto del Congreso, un plan de implementación si esto avanza y voy a proponer que el Congreso argentino tenga la facultad de salvaguardas de sus productos agrícolas e industriales”, anticipó.

La legisladora kirchnerista reclamó “discutir la política industrial” del presidente Javier Milei, la cual cuestionó duramente por ofrecer un horizonte de primarización que resigna las capacidades productivas del país.

“¿La idea es que el vino a granel italiano le gana en competitividad al vino de Mendoza como creo que va a suceder?”, deslizó.

Para Strada, “este acuerdo debería generar la oportunidad para que este Congreso debata política productiva” y afirmó que “esta es una votación exprés que no garantiza el debate de fondo”.

Por su parte, su compañero de bancada Eduardo Valdés se preguntó “cuál es el apuro” en aprobar el acuerdo cuando el Parlamento europeo frenó su implementación y la pospuso por tiempo indeterminado.

“¿Cuál es el apuro? ¿Por qué no vino el canciller Quirno al Congreso? Porque el 5 de febrero el presidente Milei firmó un acuerdo comercial con EE.UU, vulnerando un acuerdo fundamental entre los países del Mercosur, que son los aranceles comunes. Argentina se cortó solo. Por eso no puedo acompañar este acuerdo”, argumentó el ex embajador ante el Vaticano.

Para cerrar, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (La Libertad Avanza) analizó que “este acuerdo es una señal clara”.

“Este acuerdo es una señal clara. El gobierno cree en el comercio internacional como una herramienta de desarrollo y crecimiento genuino” como también para una “integración inteligente al mundo”, subrayó.

La legisladora libertaria puntualizó que “en el caso de Argentina la Unión Europea es una de las principales fuentes de trabajo directa”.

“El objetivo es claro: ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, reducir las barreras arancelarias, mejorar competitividad y la cooperación”, ponderó. 

Santillán precisó que la Unión Europea “es el segundo mayor importador global de bienes y este acuerdo prevé que la Unión Europea va a eliminar aranceles”, por lo que afirmó que “las exportaciones agrícolas van a verse muy beneficiadas”.

“Aprobarlo hoy significa que Argentina y la Unión Europea lo puedan implementar bilateralmente aun cuando otros estados socios no lo aprobasen”, resaltó.

La diputada de La Libertad Avanza explicó que “este acuerdo no es un punto de llegada sino un punto de partida”. 

“Estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo. Eso no implica desproteger a los sectores sensibles sino darles herramientas para competir”, aclaró.

En tanto, aseguró que “la historia demostró que el aislamiento no genera desarrollo productivo”.

“Necesitamos mercado, reglas claras y confianza. Este acuerdo contribuye a esos objetivos”, consideró Santillán, que a la vez enfatizó que “estamos ante una decisioin estratégica que trasciende a los gobiernos”.

Con información de NA.

La reforma que modifica indemnizaciones, aportes sindicales y reglas de negociación colectiva ya superó el Senado con 42 votos afirmativos y quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en las próximas semanas. El proyecto modifica más de 40 leyes y reconfigura aspectos centrales del régimen laboral.

Según el régimen aprobado, los empleadores que ingresen al esquema de formalización aportarán un 2% de contribuciones patronales y un 3% con destino a subsistemas de la Seguridad Social. Hasta hoy, esas contribuciones patronales a la Seguridad Social se liquidaron con alícuotas generales del 18% o del 20,40%, según el encuadre del empleador, de acuerdo con ARCA/AFIP.

Y en obras sociales, el proyecto mantuvo la contribución patronal del 6% prevista en la Ley 23.660, un punto que el dictamen original buscó reducir al 5%.

En paralelo, el Senado aprobó el capítulo de aportes compulsivos. El texto con media sanción estableció un tope del 2% de las remuneraciones para los aportes a favor de asociaciones de trabajadores, que hasta ahora variaron según cada convenio colectivo (por ejemplo, hubo acuerdos homologados con aportes solidarios del 1,5% o del 2,5%).

El proyecto también modificó alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, tras negociaciones con gobernadores, el oficialismo aseguró que no habrá recortes en Ganancias coparticipables, lo que preservó recursos provinciales . Sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de asignaciones específicas que nutren su presupuesto .

Desde el sindicalismo y sectores académicos cuestionaron el alcance de la reforma. En un hilo publicado el 9 de febrero, el centro de estudios Fundar —organización dedicada al análisis y diseño de políticas públicas— advirtió que la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas, permite fraccionar vacaciones a criterio del empleador, debilita la negociación colectiva al trasladarla al ámbito de empresa y limita el derecho a huelga . También señaló que se creará un fondo para pagar indemnizaciones con recursos de la seguridad social .

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad” . En el recinto sostuvo que “no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores” y cuestionó el tratamiento legislativo y la conformación de comisiones .

El impacto sobre quienes trabajan aparece como el núcleo del debate. La reforma habilita mecanismos de blanqueo sin sanción, reduce el cálculo de indemnizaciones y promueve esquemas como el banco de horas que, según dirigentes sindicales, trasladan poder de decisión al empleador. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el banco de horas “lo decide el patrón, no el trabajador” y que el esquema “pone al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional” .

La discusión se dio en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9%, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales . En ese escenario, la Federación de Aceiteros advirtió que convocará a medidas de fuerza si la ley avanza .

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso hubo represión y momentos de tensión con manifestantes. El Gobierno porteño informó que hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que fueron 60. También se registraron heridos.

¿Y cómo está la Cámara baja para la batalla final?

En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará acelerar el tratamiento del proyecto, con la intención de sancionarlo antes del inicio del período ordinario. Según pudo saber trabajAR, La conducción libertaria ya organizó un cronograma acotado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, lo que le permitiría llevar el dictamen al recinto en la última semana de febrero.

El Gobierno apuesta a consolidar una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El poroteo que circula en el oficialismo proyecta un número suficiente para alcanzar el quórum, aunque esa suma depende de acuerdos todavía abiertos con legisladores vinculados a gobernadores que plantearon reparos sobre el capítulo fiscal y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Ese fondo —que se financiaría con una retención del 3% del salario— aparece como uno de los puntos sensibles en la negociación. Algunos diputados plantearon interrogantes sobre su administración y sobre el impacto que tendría en empresas que no realicen despidos, lo que podría introducir tensiones en el tramo final del trámite parlamentario.

La definición en Diputados no sólo será política. De su votación dependerá si el esquema de indemnizaciones, aportes y reglas de negociación colectiva aprobado en el Senado se mantiene sin cambios o si se incorporan modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara alta, con el consiguiente retraso en su sanción definitiva.

JJD

El oficialismo busca otra triunfo parlamentario tras la votación de la media sanción de la reforma laboral. Este jueves desde las 11 en la Cámara de Diputados busca aprobar un temario de alto voltaje político: la reforma del régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En el caso de la reforma penal juvenil, el Gobierno debió recalibrar la estrategia. Uno de los puntos más sensibles -la edad de imputabilidad- generó fricciones con bloques aliados. El texto enviado inicialmente fijaba el límite en 13 años, lo que puso en riesgo los apoyos necesarios. Finalmente rescató el consenso alcanzado el año pasado con sectores dialoguistas de establecer los 14 años como piso.

Régimen Penal Juvenil

El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El despacho de mayoría se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con el impulso de La Libertad Avanza, y el respaldo de los bloques aliados y los dialoguistas.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

Con información de agencia NA

En plena madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres integrantes para la Auditoría General de la Nación.

La terna, avalada con 186 votos a favor (y dos abstenciones), está conformada por Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti por Innovación Federal.

Los dos primeros funcionarios designados prestaron juramento para ocupar responsabilidades en el organismo de control.

Bloques como Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo apuró la votación del acuerdo para “devolver favores” y señalaron que lo actuado era ilegal porque no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias que había enviado el presidente Javier Milei al Congreso.

Para no convalidar el procedimiento, estas fuerzas políticas se levantaron de sus bancas y dejaron que los espacios beneficiados por el acuerdo se votaran a sí mismos en soledad, dejando en evidencia el carácter de “casta” con el que se habían conducido. 

Cristian Ritondo adelantó que el PRO apelará ante la Justicia y explicó que la designación de auditores generales “no es de competencia” del pleno reunido en extraordinarias porque no había sido incluido en el temario del Poder Ejecutivo.

Por su parte, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) acusó al oficialismo de “estar apurado en devolver favores” y consideró que “por eso empiezan a repartir carguitos”. 

“Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso”, completó la jefa del bloque de izquierda“.

Pablo Juliano (Provincias Unidas) dijo que “no hay un tema más por la ventana que nombrar a trres personas a las 3 de la mañana”.

“Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día”, protestó el radical bonaerense.

El PRO denunció una violación constitucional

El bloque de diputados del PRO denunció una “grave violación a la Constitución Nacional” tras la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias y adelantó que iniciará acciones judiciales.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando el oficialismo avanzó con la designación pese a que la cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.

Desde el PRO señalaron que la objeción fue advertida primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el Diario de Sesiones. Recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.

El bloque remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

Los diputados del PRO rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.

Además, expresaron su malestar por la conducta del oficialismo y señalaron que su bloque acompañó al Gobierno en momentos difíciles por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina. Finalmente, sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial y que el cambio que reclaman millones de argentinos debe realizarse “con la Constitución en la mano”.

Tras más de 14 horas de sesión, la Cámara de Diputados, con impulso del Gobierno nacional, aprobó hoy con media sanción el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, que permite ingresar al sistema los bienes que no estén declarados en la economía formal.

La iniciativa que busca inyectar en la economía “los dólares del colchón” fue aprobada con 130 votos afirmativos, al tiempo que cosechó 107 negativos y dos abstenciones. 

A instancias de una moción de la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici, la votación se hizo de manera inmediata sin lista de oradores dada la longitud que había tenido el debate del proyecto de Presupuesto 2026.

“Esta es la ley que nos dejó (José Luis) Espert. Es una ley para blanquear a los narcos, los evasores y los delincuentes”, protestó la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois coincidió en que es una ley para el narcotráfico y apuntó contra la libertaria Lorena Villaverde, acusada por nexos con el narco. “Te voy a ir a visitar al penal”, desenfundó el líder del Frente Patria Grande.

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo.

La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias.

En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

En el último intento del oficialismo para intentar garantizar más la protección del capítulo 11, antes de iniciar la votación en particular, el miembro informante de LLA, Bertie Benegas Lynch había comunicado la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre “Otras disposiciones” a continuación del artículo 78. De esta manera, la redacción del artículo 79 quedaba así: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865/2020”.

También los legisladores oficialistas sumaban el artículo 80 que disponía un aumento de financiamiento para el Poder Judicial por un monto de  $21.347 millones.

Pero como estas modificaciones se incorporaron en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedaron sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría, la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, y una actualización de prestaciones para discapacidad trimestral en base a la inflación, como quería el Gobierno.

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”. “Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75”, reclamó.

También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”. “¡Son unos chantas!”, bramó el santafesino.

Le salió al cruce la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “¡Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche!”. “Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa”, agregó.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Con mordacidad, definió al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, como el “campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarse en la gente”. “Y te ahorrabas el problema de angustiar a la diputada Giudici. ¡Atorrantes!”, lanzó el bonaerense, chicana mediante hacia la legisladora bullrichista.

“Hay crisis de representación porque hay diputados que votaron una cosa hace unos meses y ahora cambiaron el voto”, le enrostró Martínez a los legisladores que “borocotizaron” su voto entregando a jubilados y discapacitados a cambio de distintas concesiones menores.

Momentos después, a la hora de explicar su voto, el diputado santacruceño José Luis Garrido le daría la razón involuntariamente al jefe del bloque peronista.

Garrido aclaró que votaría a favor del capítulo con la salvedad de que no estaba a favor de los artículos que derogaban las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario, ni con quitar el régimen de zona fría, pero entre la espada y la pared obraría en ese sentido.

“Las salvedades no te salvan”, se escuchó decirle Cecilia Moreau al santacruceño para que reconsiderara su postura.

Ni lento ni perezoso, Martín Lousteau (Provincias Unidas) advirtió lo anormal de la situación. “Hay muchos que están pidiendo decir que están en contra de algunos artículos en particular y que votan a favor del capítulo”, apuntó.

“Hay algunos que se lavan las consciencias que votaron a favor de esas leyes y fueron a las marchas y ahora se esconden en el presupuesto”, lamentó.

Hasta la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), habitual acompañante del Gobierno, se diferenció en este aspecto.

“No pueden obligar a ningún legislador a votar a favor de algo que no quiere. Y sino nos obliga a votar todo en contra. Esto es extorsivo”, denunció.

Un rato antes de que estallara la polémica, en el último discurso del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y resaltó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, que para el presidente Javier Milei representa “la piedra angular” de su proyecto económico.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante que nosotros apoyemos este Presupuesto”, arengó el cordobés. Al apuntar contra el kirchnerismo, acusó a los diputados de Unión por la Patria de impulsar un presupuesto que “vuelve a generar déficit”. “Este presupuesto le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos. Un país grande, con futuro y prosperidad”, finalizó.

Principales puntos del proyecto del Presupuesto

Con información de agencias.

IG