Reforma laboral: Bullrich confía en tener el número para aprobar el proyecto pero tambalean algunos artículos

Mientras afuera, en la plaza, la Policía reprimía con gases lacrimógenos para desarticular la movilización, adentro, en el Senado, Patricia Bullrich se movía del despacho al recinto y del recinto al despacho. Estaba confiada en que tendría los votos para aprobar la reforma laboral, había modificado una treintena de artículos para asegurarse de eso, pero había algunos artículos que tenían el número fino y quería evitar una votación en particular traicionera. El objetivo de Bullrich era mostrarle a los hermanos Milei que había sido ella quien había aprobado, en dos meses, la reforma laboral “más importante de los últimos 50 años”. Y no quería sorpresas. 

“Me voy a ver si tengo los votos”, ironizaba Bullrich cada vez que enfilaba por el pasillo que conectaba el recinto con su despacho, ubicado en el primer piso del Senado. Javier Milei seguía el debate desde la Quinta de Olivos y conversaba, a través del grupo de WhatsApp que comparte con la mesa política del Gobierno, cómo iba el minuto a minuto del poroteo. El ministro de Interior, Diego Santilli, se había instalado en la oficina de Martín Menem, ubicada del otro lado de Pasos Perdidos, y entraba y salía del Senado, atento a ayudar a Bullrich a terminar de cerrar la letra chica del proyecto. 

Bullrich estaba confiada de que tendría una cuarentena de votos para aprobar, en general, la reforma laboral. El número del quórum había sido un anticipo auspicioso, pero había un problema: pese a los múltiples cambios que había negociado la tarde anterior, había algunos puntos que tambaleaban y amenazaban con caerse en la votación en particular. “Los sindicatos están presionado”, admitían desde el Gobierno, que todavía celebraba haber logrado desactivar la convocatoria de un paro por parte de la CGT. 

El mayor reclamo refería a un punto que Bullrich había cedido, en parte, la tarde anterior. A pedido de algunos sindicalistas, el Gobierno había aceptado prorrogar la obligatoriedad de las cuotas solidarias hasta 2028. Había fijado un tope del 2% –es decir que las cuotas que financian a los sindicatos no podían representar más del 2% de los sueldos de los trabajadores– y había fijado que, a partir de 2028, pasarían a ser optativas. Los sindicatos petroleros se resistían y presionaban a los senadores patagónicos, como el santacruceño José Carambia o la neuquina Julieta Corroza, para modificarlo. 

Hasta tarde a la noche, el texto final se continuaba discutiendo. El borrador circulaba pero cambiaba a cada hora. Un detalle que destacó el senador de La Cámpora, Mariano Recalde, que interrumpió a uno de los miembros informantes de La Libertad Avanza al comienzo de la sesión para cuestionarle el contenido del proyecto que estaba defendiendo.

“Es un proyecto muy amplio y dijo algo que me hizo ruido. ¿Efectivamente dice, porque no lo leí, si en caso de quiebra del empleador el trabajador puede cobrar directo del FAL (Fondo de Asistencia Laboral)? Hoy no lo dice. Dice que el único titular de la cuenta es el empleador, y el empleador puede cerrar o quebrar y el trabajador no tiene ningún derecho del FAL”, señaló.

MCM