“Va a llegar un momento en que no vamos a poder sacar la producción”, advierte a elDiarioAR José Rizzo, de la Asociación Gremial de Profesionales de Vialidad Nacional. “De la forma en la que estamos, se llegará al escenario en que ya no será rentable trasladar la mercadería por nuestras rutas nacionales”, agrega.

El largo deterioro de la red vial en el país, que se profundizó aceleradamente durante el último año tras la paralización total de la obra pública, ha despertado voces que alertan sobre la peligrosidad de transitar por las rutas nacionales pero también sobre el costo económico que se genera partir del encarecimiento de la logística. 

“Vamos camino a que se tenga que perder el doble de tiempo en trasladar la mercadería del interior del país a Buenos Aires, los camiones tendrán que circular a 40 o 50 kilómetros por el pésimo estado de las rutas”, dice Rizzo y agrega: “Naturalmente todo eso se traduce a los costos y al precio final del producto”.

Según una encuesta entre empresas del sector logístico realizada en el último Encuentro de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), el déficit en la infraestructura y mal estado de las rutas es la principal preocupación para el 81% de los consultados. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) denunció lo que considera “el pésimo estado de las rutas”. 

Por su parte, La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le reclamó al Gobierno la reparación de las rutas por el encarecimiento de la logística y la seguridad vial y, a través de un comunicado, respaldó el reclamo de la Federación Económica de Corrientes (FEC) de reparar las rutas nacionales 12 y 14, dos caminos de relevancia para el entramado productivo de la Argentina.

La FEC advierte por el incremento de los costos para el transporte de bienes agrícolas, forestales e industriales que, según afirman, afecta directamente en “la competitividad regional y nacional”, al mismo tiempo que se genera obstáculos para el flujo comercial con el Mercosur, “limitando las exportaciones y el intercambio económico”. Además señalan la pérdida de oportunidades en el turismo, “sector estratégico para la economía regional, y de las comunidades locales”.

Otro de los puntos que señalan los especialistas, es que si los caminos están en malas condiciones, los camiones se demoran y también se rompen, de manera que las compañías de seguro aumentan la póliza, provocando aumento de los costos del transporte que impactan en los precios del producto. 

“En la medida que los riesgos son mayores los costos de las pólizas van aumentando. Eso también impacta en el precio del producto. No es lo mismo una póliza en el conurbano con la gran siniestralidad y riesgo de robo que en La Quiaca”, asegura Rizzo. 

“Si al Gobierno no le importa tanto el costo social de los siniestros, por lo menos debería importarle el costo económico”, dijo Julio Cobos, en una reciente entrevista con este medio. El diputado radical presentó un proyecto que declara la Emergencia en la ruta nacional 7. “Si no haces mantenimiento además te termina saliendo más caro”, aclaró. “Es lo que se llama ‘valor residual’: más costoso mantenerla que reconstruirla, y todo termina en el precio del producto final”. 

Más allá del aspecto trágico de la siniestralidad, el aumento de los accidentes también tiene su impacto económico. Los miles de individuos que por año resultan heridos en las rutas representan un enorme gasto para la salud pública, en la que se estima que mantener por día a un paciente en terapia intensiva tiene un vale que oscila entre los 500 mil y 1 millón de pesos. 

“Por día sale 500 mil pesos, y si el paciente necesita mayor complejidad como respirador, catéteres, medicación, etcétera, se va a 750 mil y 1 millón de pesos”, afirma a elDiarioAR Javier Tévez, jefe de Terapia Intensiva del Hospital René Favaloro de La Pampa.

Por otra parte, Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial, en comunicación con elDiarioAR, opinó sobre el sistema de recaudación de obra pública por peajes. “Es una verdadera estafa vial”, señaló. 

“El peaje lo paga toda la comunidad porque afecta al costo del transporte y por ende a todos los precios de la economía, y no se ha hecho un solo kilómetro de camino nuevo”, dijo.

“Es un falso peaje que se traslada al costo del transporte y afecta a todas las actividades de la economía y a la comunidad, porque cuando compras una leche estás pagando el peaje”.

En cuanto al proceso de privatización que anunció el Gobierno Nacional del mantenimiento y operación de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales, (factor central de la logística del país), medida que contempla la concesión de estos tramos a empresas privadas bajo la modalidad de obra pública por peaje, el Coordinador se mostró “preocupado” porque “el sistema de concesiones es volver a repetir el desastre de los 90”.

“Nos van a esquilmar por 20 o 30 años más solamente para cortar el pasto. Dicen que no hay plata pero hay un montón de impuesto a los combustibles. Solo en diciembre pasado recaudaron 400 millones de pesos, multiplicado por 12 meses es mucho dinero, mucho esfuerzo, que podría ser utilizado para obras de infraestructura vial”.

“Argentina es el único país en el que la concesión de obra pública se hace sobre rutas que ya están construidas por el Estado Nacional. Es decir las empresas se cuelgan de esas rutas que se han hecho con fondos nuestros, para empezar a cobrar peajes”, sumó José Rizzo.

Por último, Lasca también opinó que “tener un vehículo pareciera ser un delito, un castigo, no una herramienta de trabajo. Se paga impuestos a los neumáticos, lubricantes, VTV, patentes, seguros, ganancias, es una locura”, lamentó.

LN/MG

No pasó ni un día desde que Javier Milei presentó su primer presupuesto general como presidente de la Nación y ya hasta los aliados salieron a marcarle la cancha al Poder Ejecutivo. El bloque de diputados del PRO le reclamó al Gobierno que se incluyan los fondos de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires en el Presupuesto 2025. Y legisladores radicales encendieron la alarma por el presupuesto para las universidades nacionales se le propuso al Congreso en la ley de leyes.

El jefe de la bancada amarilla de Diputados, Cristian Ritondo, le transmitió la posición firme de esa fuerza sobre la coparticipación para la Capital Federal al secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, en el transcurso de una reunión que legisladores oficialistas y de bloques aliados tuvieron en el Congreso.

Guberman mantuvo un encuentro en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Ritondo y otros tres diputados del PRO: Silvana Guidici, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas. El presidente del bloque señaló que es “una cuestión clave” para el partido que lidera Mauricio Macri que se incluyan en el Presupuesto 2025 los fondos que le corresponden a la Ciudad, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno incluyó en el Presupuesto solo un 1,4% de coparticipación para el distrito porteño y no el 2,95% que estableció la Corte Suprema de Justicia. “Para nosotros es fundamental cumplir con el fallo de la Corte Suprema en cuanto a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires”, resaltó Ritondo y señaló que espera que en la reunión que mantendrá el miércoles el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el ministro de Economía, Luis Caputo, que fueron convocados por la Corte Suprema, se alcance una solución al respecto.

El legislador también indicó que hablarán con los gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, para determinar si se están cumpliendo con las demandas de esas provincias.

Ritondo condicionó el apoyo del PRO al primer presupuesto de Milei a que se cumpla con el fallo de la Corte favorable a la Ciudad.

Conflicto en puerta

El Gobierno decidió mantener la suspensión del Fondo de Incentivo Docente y asignó a las universidades nacionales casi la mitad de los recursos que habían solicitado, según se desprende del proyecto de Presupuesto presentado por el presidente Javier Milei.

El oficialismo asignó a las altas casas de estudios $3,8 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está pidiendo para funcionar $7,2 billones.

A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el Fonid.

La decisión de otorgar la mitad de los fondos que piden los rectores profundizará el conflicto no solo con los docentes y estudiantes, sino con los bloques aliados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, a los que el oficialismo necesita para aprobar la ley de gastos y recursos.

La resolución del Gobierno sucede pocos días después de que el Senado haya convertido en ley un proyecto para ampliar para este año el presupuesto universitario, que tiene un impacto fiscal de $738.000 millones y que Milei anticipó que será vetado.

Ahora, el Gobierno contempla para el próximo año otorgar $3,8 billones que, a juicio de la oposición, no alcanzarán para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

En Twitter, el diputado radical Julio Cobos dijo que Milei “señaló que el Estado debe asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley, incluyendo seguridad, justicia y defensa, el resto lo resuelve el mercado”. Y se preguntó: “¿Y la salud y la educación? Gobernar es administrar prioridades y la educación no es prioritaria”.

El mendocino sostuvo que del proyecto de Presupuesto 2025 “se desprende que los fondos estimados para las universidades públicas se encuentran lejos de lo necesario para el normal funcionamiento” y que “mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó $7,2 billones, el proyecto establece $3,8 billones, es decir casi la mitad”.

También se quejó que se mantenga la “suspensión del artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba el financiamiento del sistema; aspirando a una inversión consolidada (Estado nacional, Provincias y CABA) del 6% del PBI”.

El Gobierno formalizó el domingo último que destinará el 5,7% del Presupuesto Nacional al sistema educativo, donde se incluyen los fondos para las universidades, el Plan de Alfabetización Nacional, el Programa Progresar y la atención de comedores escolares.

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, se refirió a la presentación del Presupuesto 2025 y dijo que “queda claro que el déficit cero se conseguirá a costa de más pobreza, exclusión y desempleo”; que “sigue la regla de ajuste para la clase media (más peso de Ganancias a trabajadores y monotributo) y alivio fiscal para los ricos (cae el peso de Bienes Personales)” y que “la educación continúa sin estar en la agenda de prioridades del Gobierno” porque “el presupuesto del área caerá en 2025 y hay un ataque explícito a la autonomía de las universidades nacionales”.

“¿Y alguna reparación para los jubilados? Bien gracias”, agregó en un posteo en Twitter y completó: “Pasamos de un enfoque que esperaba que todo lo resolviera al Estado a uno que libera todo a la suerte del mercado. Las dos recetas resultaron fracasadas. Los argentinos necesitan menos dogmatismos y más respuestas a sus problemas reales y urgentes”.

JJD, con información de NA

Javier Milei festeja el superávit, la acumulación de reservas, el precio del dólar. Mientras tanto, la economía está empantanada en otra recesión y ni el Presidente ni su ministro de Economía, Luis Caputo, explican cómo ni cuándo el país va a poder superarla. Es la principal preocupación de Julio Cobos, exgobernador de Mendoza y ex vicepresidente de la Nación.

El ahora diputado nacional de la UCR dijo en diálogo con los periodistas Hernán Cappiello, Ariel Cohen y Juanjo Domínguez que la parálisis de la obra pública dispuesta por la administración libertaria va a provocar consecuencias serias, cuestionó la candidatura de Ariel Lijo a la Corte y, en respuesta a su colega Alberto Benegas Lynch (n), de La Libertad Avanza, subrayó que la educación debe ser obligatoria al cien por cien. También insinuó que podría no acompañar la restitución del impuesto a las Ganancias.

—Antes de hablar de política, cuéntenos por qué presentó un proyecto de ley para cambiar la hora.

—Porque Argentina tiene que estar en el huso horario 4, es la hora solar que le corresponde. Nosotros tenemos una hora oficial que tiene un gran desfasaje, tal es así que hay una zona de Argentina que está en el huso horario -5, que es todo el oeste, toda la zona cordillerana y la Patagonia.

—Es más marcado en Mendoza, justamente.

—Claro, aquí cuando un chico se levanta para ir a la escuela a las 7 —si es que vive cerca, porquea acá el ingreso es a las 7.45— en verdad se está levantando a las 5.30. Eso es un problema no sólo para despertar al chico sino de aprendizaje. La primera hora escolar la transita totalmente noche. Acá amanece a las 8.45 en invierno. Entonces estamos tratando de poner un poquitito de racionalidad. El día en el invierno tiene 10 horas de luz solar y en el verano, 14. Nosotros pretendemos estar en sintonía con lo que es Bolivia, Paraguay, el este de Brasil, que tiene cuatro husos, Venezuela y Chile, que este viernes cambió y pasó al huso horario 4. Ellos lo hacen en forma periódica, el paso de un huso a otro, dado que en invierno están en huso 4 y pasan al 3. En septiembre es cuando vuelven a cambiar. Eso es lo que estamos proponiendo, que Argentina adopte el 4 pero que se faculte al Poder Ejecutivo a cambiarlo en época estival, coordinando con otros países. Nos parece que es una manera también de ahorrar energía.

—¿Cómo está viendo la posibilidad de que finalmente el Congreso trate esta ley ómnibus reducida?

—El gobierno ha utilizado una estrategia, que es de consulta con gobernadores, con autoridades de bloque y autoridades de las comisiones que abordan este tema. Entonces ha remitido borradores. Y hay una ida y vuelta. El martes (mañana) van a hacer la última reunión con los gobernadores, con quienes se hace un tanto difícil porque cada uno tiene su realidad, cada uno transita su problema y hay visiones distintas en lo que es tema de volver a instalar Ganancias. La clase media ha sido muy castigada con todo el proceso de devaluación y esto sería un nuevo impuesto, el hecho de volverlo a poner. Nosotros lo votamos en contra, el radicalismo, porque sabíamos que en esto no había una compensación a las provincias, sabíamos que iba a aumentar el déficit fiscal. El gobierno de Milei les está ofreciendo eso a los gobernadores ante otras quitas, como el Fondo de Incentivo Docente, el de Compensación del Transporte, y la natural caída de la actividad económica. La parálisis de la obra pública tiene un efecto multiplicador muy grande.

—De todas maneras, el Presidente está eufórico festejando lo que es la baja de la inflación, el dólar estable, etcétera.

—Sí, está contento porque obviamente las variables macroeconómicas están saliendo bien pero es a costa del ajuste. Yo no recuerdo que el FMI le haya advertido a un gobierno: ojo con el tema social. Si en tu casa te tenés que reducir para que te alcance el dinero, y de repente dejás de mandar a tus chicos a la escuela, dejás de pagar la luz, dejás de pagar el agua, no pagás los impuestos, y... te va a sobrar la plata. El tema es que algún día tenés que volver a empezar a ver cómo encauzar esos gastos, que en muchos casos, y en eso sí comparto y coincido con el Presidente, eran superfluos, innecesarios, se derrochaba todo. Pero no en todos.

Si en tu casa te tenés que reducir para que te alcance el dinero, y de repente dejás de mandar a tus chicos a la escuela, dejás de pagar la luz, dejás de pagar el agua, no pagás los impuestos, y... te va a sobrar la plata

Julio Cobos — diputado nacional de la UCR por Mendoza

—¿Qué pasa con la obra pública?

—Toda la obra pública se maneja por licitaciones, por contratos, están establecidas las cláusulas de disminución del ritmo de obra, de resolución o rescisión del contrato. Va a haber muchas demandas, se han paralizado 2.250 obras, más de 100.000 trabajadores de la construcción se han quedado afuera del sistema laboral, tienen el fondo de desempleo pero les dura un tiempo. Cuando se hacen las cosas así de golpe, cortando todo, eso produce reclamos, y va a haber que pagarlos. Se van a judicializar, porque hay contratos con pliegos.

—Llama la atención que no haya ahora mismo protestas sociales más firmes.

—A la obra pública se suma el tema de vivienda también, en un país con déficit habitacional muy grande. Si vos decís: mirá, no damos más, tenemos que parar todo. Bueno, lo paramos, pero un tiempo. Pero después, hay que ver cómo vamos a seguir. Cuando me tocó gobernar la provincia (2003-2007), yo quería que los recursos fueran para más escuelas, más obras, hospitales, viviendas. Porque eso trae desarrollo y bienestar a la sociedad. Caminos, para integrar, para disminuir los costos logísticos que impactan en la economía. Todas estas cosas me parece que las tiene que empezar a ver el Gobierno, más allá del tema financiero, fiscal, que cierren los números. Porque después va a llegar un momento que con eso no va a alcanzar. Estamos todos parados, pero no gastamos nada.

—En el radicalismo no parece haber una sola mirada sobre el gobierno de Milei. Basta ver cómo han votado, divididos, en el Congreso.

—El radicalismo es una fuerza oposición, entonces tenemos que oponernos en todo, como hace Unión por la Patria. Esa es una visión. Hay otro sector que dice: no, hay que colaborar, porque formamos parte Juntos por el Cambio. Yo creo que el país está complicado y tenemos que acercarle sugerencias al Gobierno. Vamos a seguir acompañando las cosas que estén bien y sobre otras vamos a tratar de que se corrijan.

—¿Existe todavía Juntos por el Cambio?

—No existe más Juntos por el Cambio, la verdad es que no. Los gobernadores hacen mucho esfuerzo por mantenerse, se mantienen unidos pero cada uno tiene su realidad. Jorge Macri quieren que le devuelvan la plata que le sacó Kicillof, y ahí apunta todo ese esfuerzo. Hay otros gobernadores del PRO y del radicalismo de provincias que no transfirieron la caja de jubilaciones y están desesperados por que eso se normalice, porque es mucha plata. También están preocupados por el fondo de compensación del transporte. Acá en Mendoza el boleto está en $700 y se tendría que llevar a $1.800, y el gobernador dice: no, yo lo voy a mantener en $700. Es un esfuerzo fiscal muy grande.

—¿Cómo ve la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte?

—Es un juez que está cuestionado. Yo creo que el que asume en la Corte tiene que ser alguien intachable, impoluto. Veo que en muchas cosas no ha actuado como debería haber actuado un juez y menos para promoverlo para la Corte. Lo va a decidir fundamentalmente Unión por la Patria, que es el que tiene por ahí la mayoría para acompañar en una designación que se requieren dos tercios. Yo creo que era una oportunidad para elegir una mujer, que hay buenas, para buscar un equilibrio, porque se está reemplazando a Elena Highton de Nolasco. Pero el Presidente tiene la atribución de elegirlo.

—Un colega suyo, de la Libertad Avanza, y Alberto Benegas Lynch, dijo que no cree en la obligatoriedad de la educación y dio un ejemplo bastante polémico: que que si un padre lo necesita en el taller no se puede dar el lujo de mandarlo al colegio.

—Promover el trabajo infantil está penado por ley.

—Claro, pero con respecto a la educación obligatoria, ¿qué opina?

—Yo soy autor de la cédula escolar nacional que, lamentablemente, no se terminó de reglamentar en la época de Macri y Alberto Fernández no la reglamentó, y sirve para hacer un seguimiento de la escolaridad, partiendo de la obligatoriedad, como está establecido en nuestra Constitución, la primaria por Constitución y la secundaria por ley, de disponer de las escuelas, de los docentes, de la comida, si hace falta. Si no, yo creo debería ser obligatorio que el padre mande a sus hijos a la escuela y que deba ser un delito el padre que no mande un chico a la escuela. Yo creo que la obligatoriedad debe ser al 100%, por Constitución y por ley. Los chicos tienen que estar en la escuela, no hay otra. La pobreza la vamos a combatir con empleo, pero la vamos a derrotar con educación.

JJD

En el círculo íntimo de Sergio Massa esperan que en los próximos días algunos de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se manifiesten a favor de su candidato presidencial. Entre ellos nombraron al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, que llegó a ese cargo en 2015 con el apoyo del actual ministro de Economía; su correligionario el ex vicepresidente Julio Cobos, pese a su enfrentamiento histórico con Cristina Fernández de Kirchner; el diputado del PRO pero de origen peronista Emilio Monzó y el senador electo de la UCR por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad. Al mismo tiempo, prevén que más pronto que tarde Mauricio Macri respalde a Javier Milei, tal como ya hizo insólitamente la noche de las primarias.

Los massistas recibieron durante este domingo después del cierre de los comicios llamados y mensajes de dirigentes radicales para iniciar un diálogo e incluso para manifestar su alegría porque se haya evitado un triunfo de Milei en primera vuelta, como muchos temían. Hasta algunos de la Coalición Cívica se comunicaron para sorpresa de la dirigencia del Frente Renovador, el partido de Massa, de tensa relación con Elisa Carrió. Además de Monzó, otros integrantes del PRO que fueron peronistas como Diego Santilli y Cristian Ritondo al menos no apoyarían a Milei. En esa misma posición se manifestó esta noche el ex diputado y ex intendente porteño radical Facundo Suárez Lastra: “No cuenten conmigo para votar a Milei. Como dijo Hipólito Yrigoyen, hay que empezar de nuevo. Lo que supere al populismo deberá ser liberal, progresista y socialdemócrata”.

AR/JJD

Apenas cinco días después de que tres diputados radicales presentaran en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia en la Argentina, ayer ingresó otro desde el Senado. Se trata de “Interrupción Voluntaria de la Vida” y lo firma Julio Cobos, senador radical en representación de Mendoza. El borrador empezó a tomar forma en febrero, a partir de una experiencia personal del legislador. En otro año marcado por el Covid-19, ambos proyectos podría empezar a discutirse el año próximo.

El objetivo de cada propuesta es el mismo: que una persona que padece una enfermedad grave, crónica e incurable, y que ve afectada su dignidad, sin diagnóstico de mejoría, pueda decidir cuándo morir. Sin embargo, a diferencia del proyecto presentado por los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre -por Mendoza- y Alejandro Cacace -por San Luis-, el proyecto del senador Cobos es más riguroso en cuanto a los requisitos para acceder al derecho a morir.

Médico responsable, médico consultor y una Comisión de garantía y evaluación

La propuesta establece, en principio, la figura del médico responsable y la del médico consultor. El médico responsable es un profesional de la medicina a cargo del cuidado del paciente. Como interlocutor principal, debe informarlo durante todo el proceso desde que la persona que sufre pide la eutanasia. Es, también, quien puede denegar la práctica si considera que no se cumplen los requisitos. El médico consultor debe estar especializado en la patología de quien requiera el derecho y ser independiente del responsable. Es quien otorga la confirmación médica del diagnóstico, las opciones terapéuticas y el pronóstico de vida del paciente.

El paciente que requiera la eutanasia debe cumplir una serie de requisitos. En principio, ser mayor de edad y argentino, o con una residencia en el país mayor a un año. Su salud debe estar alterada de manera “irreversible” por una enfermedad grave, crónica o imposibilitante. Y según el proyecto “con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte próxima, o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces”. Esa condición debe haber sido diagnosticada, certificada y confirmada no sólo por los médicos responsable y consultante, sino por una Comisión de Garantía y Evaluación.

Quien pida la eutanasia debe prestar consentimiento informado. Esa manifestación de voluntad tiene que ser por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia. Tiene, además, que convocar a dos testigos. También debe haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria, por escrito u otro medio, con fecha y firma. Puede hacerlo en su lugar una persona mayor de edad y plenamente capaz, si el paciente no está en condiciones de salud para encarar el trámite.

Terminadas esas gestiones y en un plazo máximo de dos días, el médico responsable iniciará con el paciente que haya solicitado la eutanasia un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, e información sobre cuidados paliativos. En un plazo no menor a quince días, el paciente deberá presentar otra solicitud al médico responsable, que vuelve a iniciar el proceso de deliberación sobre su caso. En esta segunda instancia, participará un equipo de apoyo conformado por especialistas en psiquiatría y psicología que ayudará a “confirmar la madurez del juicio del paciente y su inequívoca voluntad de morir”.

Una vez terminado ese proceso, el médico responsable consultará al paciente si quiere continuar o desistir de la solicitud de interrupción voluntaria de la vida. Si el paciente quiere avanzar con la práctica, el médico responsable debe pedir que firme un documento de consentimiento informado y someter la solicitud al médico consultor. El médico consultor debe estudiar la historia clínica y examinar al paciente. Si cumple con las condiciones que establece el proyecto, redactará un informe.

Si el médico consultor confirma que el paciente reúne las condiciones para acceder a la eutanasia, el caso pasará a la Comisión de Garantía y Evaluación, que hará el control previo a la práctica: el presidente de la Comisión designará a dos miembros de la misma, un profesional médico y un abogado especializado en Salud, para que verifiquen los requisitos. Si hay acuerdo entre médico y profesional, y si la decisión es favorable, emitirán un informe en el que autorizaran la eutanasia.

Ahora, si el médico consultor deniega, con argumentos, la práctica, el paciente que la haya solicitado podrá recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación en un plazo máximo de quince días. Lo mismo sucedería si el médico consultor la aprueba, pero los miembros de la comisión no.

Modalidades, lugar, cobertura de la práctica y objeción de conciencia

El proyecto “Interrupción Voluntaria de la Vida” contempla dos modalidades para realizar el procedimiento: la práctica eutanásica o muerte asistida. En la práctica eutanásica es el profesional de la salud quien administra la sustancia que provoca la muerte. En la muerte asistida el profesional de la salud suministra la sustancia pero es el paciente quien se la administra.

El procedimiento puede realizarse instituciones de salud públicas o privadas, o en el domicilio que indique el paciente. El sistema de salud público, las obras sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, las prepagas, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria de la vida.

El proyecto contempla la objeción de conciencia. Pero el rechazo o la negativa a realizar la prestación debe manifestarse anticipadamente y por escrito. Los establecimientos que no cuenten con profesionales para realizar la práctica por este motivo, deberán derivar a quien requiera la eutanasia a un efector que la realice y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó.

Hay otros dos anteproyectos que aún están en instancia de “borrador”

La diputada nacional en representación de Córdoba por el Frente de Todos, Gabriela Estévez elaboró durante 2019 un anteproyecto para legalizar la eutanasia. El disparador fue la historia de Alfonso Oliva, un joven diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica, degenerativa, rápida y violenta. En poco tiempo, Alfonso pasó de ser un hombre que jugaba al fútbol y trabaja en la inmobiliaria familiar a no poder moverse ni hablar. Hasta que pudo, Alfonso pidió por una ley de eutanasia. Brenda Austin, diputada nacional de la UCR por Córdoba, también trabajó en un anteproyecto.

Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

VDM/MS