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Eutanasia: avanza un anteproyecto para legalizar el derecho a morir

Ramón Sampedro, tetrapléjico, abrió el debate sobre eutanasia en España.

Hay al menos dos anteproyectos para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina. Uno está en la etapa de revisión final. Ese “borrador” podría presentarse formalmente hacia fines de abril para su debate en el Congreso. Quienes lo impulsan saben que se enfrentan a un tema tabú: la decisión sobre el momento y la circunstancias en las que una persona puede determinar su muerte. Pero la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), convertida en ley en diciembre, allanó el camino.

El anteproyecto que está a un paso de convertirse en un texto final, pretende regular dos prácticas. La eutanasia, que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. Y la muerte asistida, cuyo procedimiento es acompañado por un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico. 

Para acceder a algunos de estos derechos no hay que tener, necesariamente, el diagnóstico de una enfermedad terminal. Pero sí debe estar comprobado que la persona que desea determinar el momento de su muerte esté sufriendo un cuadro médico que indique dolor o minusvalía a causa de una enfermedad irreversible e incurable. La esperanza de vida puede ser menor a doce meses

Ese tiempo, la esperanza de vida, es una diferencia importante respecto de Colombia, el único país latinoamericano donde las personas pueden interrumpir voluntariamente su vida. elDiarioAR pudo saber que se tomó en cuenta el modelo de ese país, que legalizó la práctica médica en 2015. Allí, sólo si la esperanza de vida es menor a seis meses, una persona puede pedir la eutanasia.

El anteproyecto también incluye la objeción de conciencia, uno de los puntos que generó polémica durante el debate de IVE en diciembre. El borrador contempla esta posibilidad dado que durante la discusión por el aborto legal fue un reclamo de los médicos y profesionales de la salud que, por creencias personales, prefieren abstenerse de realizar esa intervención. Este aspecto también está considerado en el anteproyecto de ley y en el mismo sentido: corre para el profesional, pero no para la institución.

La propuesta indica debe constatarse la decisión de la persona que solicita la práctica y que esos pedidos no deben judicializarse. El Estado tendrá una función de control: será un veedor del proceso y deberá observar que se haga con apego a la ley.

Hay tres argumentos para impulsarlo. El primero entiende que es un “trato inhumano o una tortura” que el Estado mantenga con vida a un persona contra su voluntad en tanto transite un sufrimiento físico o emocional intolerable. El segundo tiene que ver con el concepto de vida: qué es una vida “digna” debe ser definido por la persona que sufre. El tercero es sobre la “autonomía de la voluntad”, que indica que el Estado no puede involucrarse con los derechos individuales porque “pertenece a la esfera personal”.

La propuesta indica debe constatarse la decisión de la persona que solicita la práctica y que esos pedidos no deben judicializarse.

Este anteproyecto es promovido por la diputada nacional en representación de Córdoba por el Frente de Todos, Gabriela Estévez. Se elaboró durante 2019. El disparador fue la historia de Alfonso Oliva, un joven diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica, degenerativa, rápida y violenta. En poco tiempo, Alfonso pasó de ser un hombre que jugaba al fútbol y trabaja en la inmobiliaria familiar a no poder moverse ni hablar. Hasta que pudo, Alfonso pidió por una ley de eutanasia.

Durante el proceso lo acompañaron su familia y amigos, y Carlos “Pecas” Soriano, médico, emergentólogo, magíster en Bioética, un referente en Córdoba respecto de este derecho que se cuela en la discusión pública. Juntos escribieron un primer borrador y se lo alcanzaron a varias legisladoras. Estévez trabajó en su propuesta y Brenda Austin, también diputada nacional por Córdoba, del Radicalismo, en la suya. Y a Liliana Montero, legisladora provincial hasta 2019 y actual Subsecretaria de planificación y gestión de la ciudad de Córdoba

El año pasado el equipo de asesores de la diputada Estévez sometió la propuesta a la revisión de especialistas en Derecho Civil y Medicina con la idea de buscar consenso. Fue una espera estratégica: la discusión por el aborto legal era prioridad. El debate en torno a la IVE también sirvió para despejar algunas polémicas. Por ejemplo, intereses de terceros. Respecto de la eutanasia, no hay intereses terceros implicados porque es la persona que sufre la que toma la decisión de manera voluntaria e individual.

De sancionarse, la norma será llamada “Ley Alfonso”. La diputada Gabriela Estévez prefiere, por lo pronto, no hacer declaraciones. Espera la venia de las autoridades políticas del bloque Frente de Todos para llevar el texto final a discusión en la Cámara Baja.

En Colombia, país cuyo modelo fue tomado, el derecho a interrumpir la vida lo planteó una paciente con cáncer terminal que solicitó el servicio en 2014. Ella murió a consecuencia de la enfermedad, pero su historia y reclamo generó el debate en una sociedad mayoritariamente católica y conservadora. ¿Por qué la referencia es Colombia? “Porque su cultura, legislación, y los aspectos filosóficos y jurídicos son similares a los nuestros”, dice una fuente con acceso al anteproyecto.

“La historia de Alfonso fue un punto de inflexión. Acompañé el armado del borrador pero como era una legislación de fondo, en la provincia no podíamos avanzar. Así que la posta la tomaron las legisladoras nacionales”, dice a elDiarioAR Liliana Montero, Subsecretaria de planificación y gestión de la capital cordobesa, que entonces ocupaba una banca por el Frente Cívico. “Si podemos decidir sobre nuestra vida, también deberíamos poder hacer con nuestra muerte. Por eso la eutanasia es una derecho esencial”, resume Montero.

También en diálogo con elDiarioAR, la diputada Brenda Austin dice: “(La eutanasia) es un tema que nos parece relevante discutir en el marco de un compromiso que tiene que ver con la autonomía, con el respeto a la privacidad y al derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo”. Ella también trabajó en un borrador. Como la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la eutanasia es una debate transversal. De hecho Estévez y Austin “pelotearon” entre ellas durante el armado de sus borradores. El derecho a morir puede encontrar incluso a referentes de partidos opuestos.

VDM

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