Tras la reforma laboral, el Gobierno buscará aprobar en marzo la nueva ley de financiamiento universitario

Luego de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno se prepara para avanzar, en la primera semana de marzo y ya bajo el período de sesiones ordinarias, con el tratamiento de una nueva ley de financiamiento universitario. El proyecto ingresó a la Cámara baja el jueves pasado y propone modificar la Ley 27.795 —que había sido sostenida por la oposición— incorporando un esquema de actualización por inflación para los gastos, una recomposición salarial escalonada y un refuerzo presupuestario para los hospitales universitarios.

De acuerdo con lo consignado por la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue elaborada en Balcarce 50 con la participación de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez.

Álvarez —referente de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo— estuvo en la Casa Rosada el día previo a la presentación formal del texto en el Congreso.

Expectativas oficiales

En el entorno de Javier Milei se muestran confiados en que el proyecto obtendrá respaldo de los bloques aliados cuando el Congreso retome su actividad habitual, una vez finalizado el período de sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada también apuestan a avanzar con otras iniciativas consideradas prioritarias, entre ellas la reforma tributaria, que —según sostienen— permitirá “ordenar el sistema de impuestos”.

En cambio, el Ejecutivo descarta discutir este año modificaciones en el sistema previsional. Argumentan que antes es necesario consolidar un mercado laboral con mayor formalidad y aportes sostenidos, escenario que —confían— podría fortalecerse tras la reciente sanción de la reforma laboral.

Los principales puntos del proyecto

El artículo 3° de la propuesta —que reemplaza al artículo 3° de la Ley 27.795— establece que la actualización de los gastos de funcionamiento deberá ajustarse según la inflación observada por el IPC del Indec cuando esta supere el 14,3%, porcentaje utilizado como promedio anual para la elaboración del Presupuesto 2026.

En caso de que la inflación efectiva exceda ese nivel, se actualizarán las partidas correspondientes a las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26, con el objetivo de preservar el incremento real del crédito asignado.

Por su parte, el artículo 4° contempla un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: incrementa en $80.072.460.000 el presupuesto de la Actividad 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, destinado a garantizar su funcionamiento.

En materia salarial, el artículo 5° fija una recomposición correspondiente a 2025 que se abonará en 2026 para docentes y no docentes. Se prevén tres aumentos del 4,1% cada uno —en marzo, julio y septiembre— calculados sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, lo que totaliza un 12,3%. Además, la norma obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias dentro del mes posterior a la sanción de la ley, con una periodicidad máxima de tres meses, abarcando tanto al personal docente como no docente.

Primeras reacciones

Desde el ámbito gremial no tardaron en llegar cuestionamientos. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, afirmó que el proyecto oficial “consolida el ajuste sobre nuestros salarios” y reclamó el cumplimiento pleno de la ley de financiamiento universitario vigente.

En ese sentido, sostuvo que la norma fue respaldada por el Congreso y por la movilización ciudadana, y recordó que también fue ratificada por el juez Martín Cormick. Además, anticipó medidas de fuerza: “Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”, advirtió.

JIB