Resistencia a la licitación de la llamada Hidrovía: ambientalistas y oposición denuncian la entrega del río Paraná

La nueva licitación de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay se convirtió en uno de los conflictos políticos, ambientales y geopolíticos más sensibles del año. Mientras el Gobierno avanza con el proceso para concesionar por 30 años el dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), organizaciones ambientalistas, pescadores artesanales, abogados especializados, referentes sociales y sectores de la oposición comenzaron a coordinar acciones judiciales y políticas para intentar frenarlo.

La disputa no gira solamente alrededor del dragado de un río. Lo que está en discusión es el control de una de las principales arterias comerciales de América del Sur: un corredor fluvial de 3.442 kilómetros que conecta Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y por el que circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del continente.

“Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el poder. Y quienes tienen el poder sobre nuestros ríos son empresas multinacionales como Cargill, Cofco y Viterra”, resume en declaraciones a diversos medios Luciano Orellano, uno de los principales referentes del Foro por la Recuperación del Paraná.

La resistencia creció con fuerza en los últimos días después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, difundiera un dictamen donde identificó “irregularidades” en el proceso licitatorio impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Lo más importante de ese dictamen son las denuncias sobre el uso de documentos apócrifos. Reportes periciales indican que un supuesto informe técnico respaldatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es falso. Además, en el dictamen se insiste con la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental integral, problemas en el mecanismo de participación ciudadana y posibles falencias administrativas que podrían derivar incluso en consecuencias penales.

A partir de ese documento, las organizaciones Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello, para intentar suspender el proceso. La presentación judicial sostiene que el proyecto para profundizar el dragado del Paraná hasta 44 pies avanza sin estudios científicos suficientes sobre las consecuencias ecológicas que semejante intervención tendría sobre los humedales y el ecosistema fluvial.

Ecocidio

Para los sectores ambientalistas, el problema excede ampliamente una cuestión técnica. El Paraná constituye uno de los sistemas hídricos más importantes de Sudamérica y abastece de agua, pesca y trabajo a millones de personas. “No hay antecedentes de que algo así funcione porque nunca se hizo en ninguna parte del mundo. Hacerle esto al río es un ecocidio”, sostiene a la Agencia Tierra Viva la abogada santafesina Gabriela Ferrer, una de las impulsoras de las presentaciones judiciales contra la licitación.

La crítica apunta especialmente a la intención de profundizar el canal navegable por encima de los niveles actuales. Las profundidades máximas hoy oscilan entre 34 y 37 pies en distintos tramos del Paraná y el Río de la Plata, niveles establecidos tras la primera privatización de la Hidrovía durante el gobierno de Carlos Menem. El nuevo esquema busca llevar ese calado hasta 44 pies para permitir el ingreso de buques de mayor porte.

Según los especialistas que cuestionan el proyecto, semejante modificación alteraría de manera drástica la dinámica natural del río. La principal advertencia es que el aumento del dragado aceleraría el escurrimiento del agua y terminaría secando lagunas, bañados y humedales que funcionan como reservorios naturales. La situación preocupa especialmente en Entre Ríos y Santa Fe, donde distintas comunidades ya vienen denunciando consecuencias derivadas de las tareas de dragado realizadas desde los años noventa.

El guía de pesca y referente ambiental de Victoria, Javier Núñez, sostiene en declaraciones citadas por Análisis Digital que las dragas vienen depositando sedimentos sobre las bocas de ingreso de agua del delta entrerriano, afectando lagunas y humedales fundamentales para el ecosistema. “¿Nos van a dejar sin delta y sin miles de puestos de trabajo?”, se preguntó recientemente.

Núñez recordó que durante la bajante extrema de 2020 y 2021 la ciudad de Victoria estuvo cerca de quedarse sin suministro de agua potable. También advirtió que miles de familias viven de la pesca, el turismo y la ganadería de humedal y podrían verse afectadas por cambios profundos en el comportamiento del río.

La preocupación es compartida por pescadores artesanales del litoral. Nelson Yapura, pescador de la costa santafesina, sostiene que el dragado amenaza directamente el ciclo reproductivo de numerosas especies. “Si secamos los humedales, esos peces van a desaparecer”, alertó. Según explica, gran parte de las especies del Paraná desovan en el cauce principal y luego utilizan lagunas y bañados para desarrollarse. La alteración de esos ambientes pondría en riesgo tanto la biodiversidad como la subsistencia económica de comunidades enteras que dependen del río.

Soberanía nacional

Pero el conflicto no se limita al plano ambiental. La oposición y distintos especialistas comenzaron a instalar la discusión en términos de soberanía nacional, control del comercio exterior y concentración económica.

El diputado nacional y excanciller Jorge Taiana encabezó esta semana una reunión en el Congreso junto a legisladores de Unión por la Patria, sindicalistas, especialistas y activistas ambientales para reclamar la suspensión de la licitación. Allí también se volvió a impulsar la necesidad de avanzar con el Canal Magdalena, el histórico proyecto para conectar el sistema fluvial argentino con el Atlántico sin depender del puerto de Montevideo.

Para quienes cuestionan el actual esquema de la Hidrovía, el Canal Magdalena representa mucho más que una obra de infraestructura. Lo consideran una herramienta clave para recuperar capacidad logística, fortalecer la marina mercante nacional y evitar que gran parte del comercio argentino siga dependiendo de puertos extranjeros.

La crítica aparece ligada además al modelo de privatización portuaria consolidado desde los años noventa. Actualmente, buena parte de los puertos sobre el Paraná están bajo control privado y vinculados a grandes multinacionales agroexportadoras.

Por el corredor fluvial circulan cerca de 100 millones de toneladas anuales de granos, aceites, minerales y combustibles. Según distintos referentes que cuestionan el modelo actual, el control estatal sobre lo que efectivamente sale del país es extremadamente limitado. “El 98 por ciento de los buques que circulan por nuestras aguas son de bandera extranjera”, advierte Orellano.

Narcotráfico

En ese punto aparece otro de los ejes más sensibles del debate: el narcotráfico y el contrabando. Diversos especialistas y dirigentes vienen denunciando desde hace años que la combinación entre puertos privados, escasos controles estatales y enorme volumen exportador convirtió al corredor del Paraná en una de las principales rutas utilizadas para el tráfico internacional de cocaína.

Rosario, principal nodo agroexportador del país, quedó en el centro de múltiples investigaciones judiciales vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero. Distintos sectores críticos del modelo de Hidrovía sostienen que la falta de presencia estatal en puertos y terminales privadas facilita maniobras de contrabando y tráfico ilegal.

Aunque el tema no aparece de manera explícita en los pliegos licitatorios, especialistas en soberanía fluvial advierten que la discusión sobre quién controla la navegación y los puertos no puede separarse de la problemática de la seguridad.

“El que maneje el río Paraná maneja la riqueza de la Argentina”, resumió el diputado provincial santafesino Carlos del Frade, uno de los principales críticos de la privatización de la Hidrovía. Del Frade sostiene que detrás de la discusión técnica existe una disputa geopolítica mucho más profunda vinculada al control de recursos estratégicos, alimentos y comercio internacional. Incluso denunció la influencia de actores extranjeros y cuestionó acuerdos vinculados al Comando Sur de Estados Unidos.

La idea de que el Paraná constituye una pieza central en la disputa global por alimentos y recursos también aparece en los discursos de organizaciones que impulsan las remadas en defensa del río.

Durante marzo se realizó la segunda travesía náutica Remar Contracorriente contra la privatización del Paraná, una movilización que recorrió distintos puntos del litoral para denunciar las consecuencias ambientales y políticas de la nueva concesión. Allí confluyeron organizaciones socioambientales, comunidades costeras, pescadores, referentes indígenas y activistas que intentan instalar la discusión pública sobre el futuro del río.

Mientras tanto, el Gobierno continúa avanzando con la licitación bajo el argumento de que la modernización de la Vía Navegable Troncal es indispensable para mejorar la competitividad exportadora y reducir costos logísticos.

Pero la resistencia crece. Las organizaciones ambientalistas ya preparan nuevas presentaciones judiciales, mientras que desde la oposición buscan llevar la discusión al Congreso y convertir el tema en uno de los grandes debates políticos alrededor del modelo productivo, la soberanía y el control de los recursos estratégicos del país. Porque detrás de la discusión sobre dragas, puertos y peajes, lo que empieza a emerger es una pregunta mucho más profunda: quién controla el río por donde sale buena parte de la riqueza argentina.

Con información de Análisis Digital y Agencia Tierra Viva

CRM/MG