La próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York será una instancia clave para medir con más claridad si las opciones de una candidatura de Michelle Bachelet, para liderar la organización multilateral tiene alguna posibilidad.

La propia expresidenta chilena ha admitido que está explorando esa posibilidad, dando el primer paso en la carrera para liderar la ONU, en reemplazo de António Guterres. 

Bachelet, que ya dejó su huella como fundadora de ONU Mujeres y como Alta Comisionada para los Derechos Humanos, es una carta natural en un contexto donde pesan dos factores clave: el principio rotativo de Naciones Unidas, que favorece que el próximo secretario general provenga de América, y la voluntad expresada en la asamblea de avanzar hacia una conducción femenina. Si a esto se suma la sólida trayectoria de la exmandataria chilena en organismos internacionales y en la política nacional chilena, sus credenciales y posibilidades son bastante altas. Aunque, como suele ocurrir en la arena multilateral, los atributos no son suficientes y es importante saber leer bien los contextos políticos, entender las tensiones y jugar las cartas con inteligencia.

En este escenario, Gabriel Boric juega un rol central. El presidente chileno, que encarna una generación de liderazgos progresistas que hoy buscan proyectarse globalmente, puede en lo que resta de su gobierno darle respaldo de Estado que necesita la candidatura de Bachelet para tomar fuerza. 

La Cumbre de Defensa de la Democracia, convocada por Lula da Silva y Pedro Sánchez, será una vitrina donde Boric probablemente tratará de tejer alianzas desde el lenguaje de los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social.

Bachelet y Boric coincidirán en Nueva York. La primera llega el 20 de septiembre para participar en su calidad d vicepresidenta del Club de Madrid y, por el momento, está previsto que participe en dos evento paralelos: “Protegiendo, fortaleciendo y reformando los pilares de derechos humanos de la ONU” y el evento de la Organización Mundial de la Salud, “No hay salud sin salud mental: Un compromiso compartido”. Mientras que el mandatario chileno estará en Nueva York entre el 22 y 25 de septiembre. El martes 23 realizará su discurso en el pleno de la asamblea y, previo a instancia, dirigentes oficialistas ya lo han exhortado a apalancar la candidatura de Bachelet.

Para Bachelet, que se mueve con naturalidad en el terreno diplomático, contar con un Boric activo, influyente y con capacidad de persuasión regional y europea, es una ventaja estratégica. Porque si algo requiere una candidatura a la ONU, es transversalidad y la capacidad de generar confianza más allá de las etiquetas ideológicas.

Aunque sería ingenuo pensar que el terreno está despejado. En primer lugar, está el factor geopolítico, ya que la secretaría general requiere el visto bueno del Consejo de Seguridad, con sus cinco miembros permanentes y sus respectivos vetos. Un Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, difícilmente vería con buenos ojos a una socialista con trayectoria crítica frente a los autoritarismos. Mientras que China podría recordar las denuncias que Bachelet impulsó en materia de derechos humanos durante su gestión como Alta Comisionada.

A lo anterior, se suman las variables locales. El desenlace de la elección presidencial en Chile de fines de año es un dato que sobrevuela la candidatura. Un eventual triunfo del candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, con su narrativa abiertamente crítica de Naciones Unidas, si bien no derrumbaría automáticamente las opciones de Bachelet, podría quitarle sustento político interno y capacidad de movilizar recursos diplomáticos. De ahí la importancia del rol de Boric para “amarrar” la candidatura como una política de Estado, antes del cambio de mando.

¿Y quiénes son los principales contendores de Bachelet? La Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, se perfila como una de las rivales más fuertes, pues es una candidata carismática, con credenciales en materia climática y capacidad de conectar con la agenda del sur global. También aparece Rebeca Grynspan, hoy al frente de la UNCTAD (ONU Comercio y Desarrollo), con amplia experiencia en organismos multilaterales. La competencia es dura, pero la ventaja de Bachelet está en su doble condición de exjefa de Estado y exfuncionaria de la propia ONU, lo que le permite conocer esta organización desde adentro y desde afuera.

Más allá de los números y de las gestiones diplomáticas, lo que realmente se juega en esta elección es la narrativa. ¿Qué significa que Michelle Bachelet encabece Naciones Unidas en este tiempo histórico? Significa colocar a una mujer latinoamericana con experiencia en democracia, inclusión y derechos humanos en el epicentro de un sistema multilateral golpeado por las guerras, el ascenso de los nacionalismos y la ultraderecha y la crisis climática.

Su figura es incómoda para quienes promueven la concentración de poder autoritario y cómoda para quienes apuestan a una ONU reformada, más cercana a la gente y más comprometida con la igualdad de género. En un mundo fracturado, la candidatura de Bachelet más que una cuestión de méritos personales, es una candidatura simbólica para el mundo progresista y latinoamericano. 

Para la región, respaldar a Bachelet es la posibilidad de reposicionar a América Latina en el tablero internacional, después de décadas en las que el continente ha quedado relegado frente a las urgencias de Europa, Asia y Medio Oriente. Que un liderazgo latinoamericano conduzca Naciones Unidas sería un triunfo colectivo y un recordatorio de que el progresismo regional puede proyectar gobernanza global.

Por lo tanto, la estrategia de Boric y su cancillería debe ser capaz de construir un consenso regional, incluso con gobiernos que no comulgan del todo con la izquierda, y articular puentes hacia África y Asia. Solo así se logrará la masa crítica necesaria para enfrentar vetos y resistencias.

Hay, finalmente, una dimensión simbólica interna a considerar. Para Chile, que una expresidenta encabece la ONU es un triunfo diplomático y también un legado político. Sería el corolario de una trayectoria marcada por la apertura democrática, las políticas de género y los derechos humanos. Y, al mismo tiempo, un mensaje claro de que el país, incluso en medio de sus tensiones internas, sigue proyectando liderazgos hacia el mundo.

El desafío, claro, es que ese legado no quede atrapado en las disputas de corto plazo. Si la candidatura de Bachelet logra instalarse como una política de Estado, entonces no importará tanto quién gane en las elecciones presidenciales de fin de año de Chile, pues la bandera ya habrá sido plantada en Nueva York.

La pregunta, entonces, no es si Michelle Bachelet tiene las credenciales para liderar Naciones Unidas. Eso ya está resuelto. La verdadera interrogante es si la correlación política global y regional le permitirá transformar esa posibilidad en realidad.

Esta carrera recién empieza y la Asamblea General de septiembre son apenas los primeros metros de esta carrera. Pero si algo ha demostrado la historia reciente es que, en momentos de incertidumbre global, las figuras capaces de tender puentes y construir consensos adquieren un valor especial. Veamos que futuro le depara a Bachelet.

ERM/MG

El segundo año de mandato del presidente chileno, Gabriel Boric, comienza en una nueva pantalla. El 10 de marzo anunció un rediseño de su gabinete ministerial que reforzó a los partidos de la coalición de la centro-izquierda tradicional Socialismo Democrático, en detrimento de su propio conglomerado, Apruebo Dignidad, conformado por el bloque Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile. “Lo que me motiva para hacer estos cambios no son las presiones políticas ni las compensaciones menores, sino mejorar nuestra capacidad de respuesta y la gestión ante las urgencias de nuestra patria”, dijo.

Se trata del segundo cambio de gabinete que Boric impulsa en un año (el primero fue tras el rechazo de la propuesta de nueva Constitución que el Ejecutivo apoyaba) y consolida su giro hacia el centro y la moderación. “El presidente ha debido adaptar su equipo para ir adecuándose a la realidad política y general del país. El diseño original se modificó”, dice la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile Mireya Dávila.

El profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile Diego Díaz precisa que la nueva coalición de Gobierno “genera mayores niveles de gobernabilidad”. Según él, el presidente “ha sido valiente al tomar esta postura porque tiene el costo de tener que moderar su discurso y programa, lo que puede leerse como una traición”.

El exlíder estudiantil, de 37 años, goza de escasa aprobación en Chile. Según la encuesta Cadem, que lo mide semana a semana, en enero el apoyo presidencial alcanzó el 25%, sin embargo, ahora está en un 35%. En este primer año hubo “errores no forzados”, dice Jeanne Simon, que han “dominado la agenda mediática por sobre de los logros y que han demostrado que el Gobierno no está anticipando las reacciones más probables a sus acciones”, añade. Para Díaz, “ha faltado capacidad de gestión”. En su opinión, la coalición gubernamental “por su juventud y fragilidad institucional, no tenía cuadros con experiencia de Gobierno”.

¿Continuidad o transformación?

Muchos analistas y expertos consideran que el Gobierno de Boric, tal y como estaba pensado inicialmente, terminó cuando llegó el primer ajuste ministerial, en el que relevó a carteras de relevancia como Interior y la Secretaría General de Presidencia, que teje las relaciones con el Parlamento. Con la nueva reestructuración, el presidente mantuvo la paridad de género (12 hombres y 12 mujeres) y salvó también el núcleo duro del gobierno. Sin embargo, modificó algunos ministerios estratégicos como Relaciones Exteriores y amplió el número de ministros y subsecretarios vinculados al bacheletismo. “Hemos equilibrado la alianza política que le da sustento al Gobierno, sobre todo proyectándola para adelante”, explicó Boric tras la renovación.

Sin embargo, existe la percepción de que, en La Moneda, cada vez queda menos del Frente Amplio y más de lo que fue la administración de Michelle Bachelet. “Boric tendrá que definir si se convierte en la continuidad de la expresidenta o si se mantiene enfocado en una transformación estructural como la planteada a su electorado en la primera vuelta”, dice la politóloga de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon. 

De la misma forma que hubo un Boric de primera vuelta —anclado a un discurso de izquierda— y otro de la segunda —mucho más moderado—, ahora hay un Boric del primer período de mandato y otro del segundo, que tuvo que tomar decisiones incómodas para su electorado, como militarizar la zona del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, siguiendo al conservador Sebastián Piñera, su antecesor; o endurecer el discurso contra la migración irregular. “En sus primeros meses, el Gobierno tuvo una postura ambigua frente a temas que preocupan mucho a la mayoría, como el orden público, la crisis de violencia en La Araucanía y la migración sin control en la frontera norte”, expone Díaz. Según este, “le llevó algunos meses entender que debía hacerse cargo de esos problemas en todas sus dimensiones, incluso la represiva, ocupando la fuerza legítima del Estado para crear orden cuando es necesario”. 

Su mayor apuesta hasta ahora fueron los 13 indultos concedidos a 12 presos del estallido social de 2019 y a un exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La decisión, que fue una promesa de campaña, fue para algunos uno de los peores episodios de su mandato porque abrió una crisis en el Ejecutivo que le costó el cargo a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. La repercusión de los indultos se arrastra hasta hoy, porque la última palabra pasó a manos del Tribunal Constitucional, que el martes respaldó la decisión de Boric. Sin embargo, para las bases de su espacio político significa cumplir con su palabra y con quienes se movilizaron en 2019 hasta conseguir abrir un proceso constituyente. 

Las reformas, principales desafíos

La fragmentación política en el Congreso no ayuda al mandatario a aplicar su programa. Por delante tiene desafíos tan relevantes como acompañar el segundo intento de proceso constituyente o concretar las reformas estructurales y básicas para su administración en materia de salud, pensiones y tributos. Precisamente, el proyecto de reforma tributaria fue rechazado por el Parlamento recientemente en un duro golpe para el Ejecutivo, que quiere sostener buena parte de los cambios con una nueva forma de recaudar impuestos. “La negociación de estas reformas implica renunciar al contenido ‘transformador’ que el Gobierno quería darle y sacrificar el programa original”, apunta Díaz. 

Para Simon, además de estos proyectos, hay otros retos imprescindibles como el orden público y la seguridad, en un momento en que la percepción de inseguridad registra cifras récord y que se encuentra entre una de las principales preocupaciones de la población. Dávila, por su parte, añade otros temas, como la gestión de la economía en un escenario delicado por el alza de la inflación, la relación entre coaliciones de gobierno o el control de la agenda.

La nueva etapa se proyecta intensa, con acontecimientos de alta connotación política y social como las elecciones de consejeros constitucionales, la conmemoración de los 50 años del golpe Estado, la celebración de los Juegos Panamericanos y el plebiscito constitucional. “No es tiempo de diagnósticos, pero sí de elaboración política y de estrategia”, dijo Boric tras la primera reunión con su nuevo gabinete. A partir de ahora, tiene por delante un año clave para demostrarlas. 

MF

El expresidente Sebastián Piñera anunció el lunes que no asistirá a la ceremonia de clausura de la Convención Constitucional que esta concluyendo la redacción de una nueva Constitución en Chile. Su nombre queda unido así a otros exmandatrios que ya declinaron participar, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006).

“Creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a las y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Al igual que los otros expresidentes, he decidido no asistir”, indicó Piñera, quien gobernó el país en los periodos no consecutivos 2010-2014 y 2018-2022.

La convención entregará la propuesta de Ley Fundamental tras un año de redacción en una ceremonia el 4 de julio en Santiago. En principio, no se había enviado invitaciones a quienes habían desempeñado la presidencia, y seguían en vida, desde el retorno a la democracia en 1990 con el primer triunfo de los partidos de la Concertación de centro-izquierda.

La Convención Constitucional no había invitado ex gobernantes de Chile a la ceremonia de clausura de sus sesiones. Inundada por un aluvión de críticas, la Mesa Directiva reconsideró y extendió aquellas invitaciones cuya ausencia se le había reprochado.

Inundada por el aluvión de críticas que desembocó desde distintos sectores sobre su Mesa Directiva, la Convención Constitucional reconsideró y extendió aquellas invitaciones cuya ausencia se les había señalado como descollante.

El socialista Lagos fue el primero en declinar la incitación, al que siguió el democristiano Frei Ruiz-Tagle.

La única que aún no se ha manifestado es la socialista y actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018). Todo indica, sin embargo, que no podrá asistir por problemas de agenda.

En su carta enviada a la Mesa Directiva de la Convención, Piñera escribió que las constituciones “deben ser el gran marco de unidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legítimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos”. “La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la casa de todos”, son las palabras del antecesor derechista del presidente izquierdista Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

Chile inició el proceso constituyente como la vía política, propuesta por el mismo Piñera, para desarticular lo más explosivo del 'estallido social' encendido en octubre de 2019 y de la conflagración de las masivas protestas contra la desigualdad que dejaron al menos tres decenas de muertes y miles de personas heridas.

La Convención que redacta el nuevo texto constitucional, integrada por 154 constituyentes en su mayoría independientes progresistas, entregará el 4 de julio el texto de la propuesta final. Incluye y enfatiza su carácter social, y enumera derechos a la como salud pública y universal, a la educación gratuita y de calidad, a un sistema de jubilaciones público, al acceso a la vivienda y al agua y los bienes naturales.

El proyecto del texto para la nueva Ley Fundamental chilena será sometida a un referéndum el 4 de septiembre . En caso de aprobarse, sustituiría a la Constitución todavía en vigencia, que la actual Convención Constitucional todavía en sesiones considera, por el corte económicamente neoliberal y políticamente neoconservador del texto pinochetista, como el origen de las grandes desigualdades del país.

AGB con agencias y fuentes

Bajo la Presidencia argentina, a cargo del embajador Federico Villegas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró este jueves en Ginebra una sesión especial para considerar el deterioro de la situación de los derechos humanos en Ucrania a raíz de la agresión rusa. En la misma, la Argentina votó a favor de la resolución adoptada por el Consejo en una sesión que terminó con 33 votos positivos, 2 en contra y 12 abstenciones. De esta manera, el órgano de Naciones Unidas reafirmó la necesidad de que los Estados resuelvan sus disputas por medios pacíficos, expresó su profunda preocupación por las víctimas civiles del conflicto y su condena por las violaciones y abusos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Asimismo, reiteró su exigencia que cesen las hostilidades contra Ucrania y solicitó a la Alta Comisionada que presente una actualización oral sobre la grave situación humanitaria y de derechos humanos en Mariúpol en la 50ª sesión ordinaria del Consejo cuyo inicio está previsto para el día 13 de junio próximo.

En la apertura de la sesión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, detalló la situación de los derechos humanos en Ucrania y aseguró que su Oficina “sigue verificando denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, muchas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra”.

La expresidenta de Chile se refirió en particular a las recientes investigaciones llevadas a cabo en las regiones de Kyiv y Chernihiv, con foco en las denuncias sobre ejecuciones sumarias, violencia sexual, desapariciones forzadas y a la destrucción de la infraestructura civil, subrayando que “La única forma evitar mayores violaciones es poner fin a las hostilidades. Ese debe seguir siendo el objetivo principal”.

Por su parte, Erik Møse, titular de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre Ucrania, se refirió a las actividades del órgano que preside y a la manera en que planea llevar adelante su mandato de investigar todas las violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario y delitos conexos en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa.

La delegación argentina expresó en su intervención la preocupación por “los informes de la ACNUDH sobre alegaciones de torturas, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual y de género, y los desplazamientos masivos de población” e instó “a todas las partes en el conflicto a que respeten el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados, y en particular los principios de distinción de civiles, proporcionalidad y necesidad en el ataque”, subrayando que no habrá una reparación genuina sin la rendición de cuentas por parte de los responsables de esas violaciones.

Las denuncias de Ucrania

Ucrania y sus aliados denunciaron este jueves ante la ONU una “lista interminable” de atrocidades cometidas por Rusia desde la invasión iniciada el 24 de febrero, en una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

La reunión fue la primera sobre la invasión rusa a Ucrania desde que la Asamblea General de la ONU suspendió el mes pasado a Rusia del consejo, que tiene sede en Ginebra y que Argentina preside este año por primera vez.

Rusia dijo que el tono del encuentro reflejaba “la demonización” en su contra lanzada por Occidente y acusó a consejo de politizarse.

En la reunión, convocada a petición de Ucrania, los 47 países miembros del Consejo deben pronunciarse sobre un proyecto de resolución que pide una “investigación” de la comisión internacional de la ONU para Ucrania sobre las graves violaciones contra los derechos humanos atribuidas a las tropas rusas. 

Según el texto, estos atropellos se cometieron en las zonas cercanas a las ciudades de Kiev, Chernigov, Jarkov y Sumy entre finales de febrero y marzo de 2022 y la resolución busca “pedir que los responsables rindan cuentas”, informó la agencia de noticias AFP.

“Miles de personas de mi país perdieron la vida. Los bombardeos y los disparos rusos forman parte de nuestra vida cotidiana”, declaró la primera viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, Emine Dzhaparova, en la apertura de la sesión, en una alocución por videoconferencia. 

La representante denunció actos de tortura, desaparición forzada, violencia sexual y de género. 

“La lista de crímenes rusos es interminable”, denunció antes de mostrar un dibujo hecho por un niño que fue violado delante de su madre en el que se veía unos trazos negros. 

Durante los debates, numerosos diplomáticos aliados de Kiev, pero también funcionarios de la ONU, expresaron su indignación frente al sufrimiento de los ucranianos. 

“La agresión rusa implica el descubrimiento cada día de hechos más macabros”, afirmó el embajador francés Jérome Bonnafont. Su homólogo británico denunció la “brutal campaña” de Moscú. 

La reunión tuvo lugar la misma semana en que una misión humanitaria de la ONU en Ucrania dijo haber documentado violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional en ese país tanto a manos de las tropas rusas como de las ucranianas.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que su despacho sigue verificando las acusaciones. 

“La extensión de las ejecuciones ilegales, incluyendo los indicios de ejecuciones sumarias en las zonas del norte de Kiev es espeluznante”, expresó Bachelet en la sesión del Consejo, precisando que hasta el momento tiene datos de 300 casos. 

Bachelet también denunció que los habitantes de la sureña ciudad ucraniana de Mariupol sufrieron “horrores inimaginables” durante el mes y medio de asedio y bombardeos anterior a su conquista por el Ejército ruso, el mes pasado. 

El proyecto de resolución pide que se informe sobre la situación humanitaria y de los derechos humanos en Mariupol, en la 50º sesión del Consejo, entre el 13 de junio y el 8 de julio. 

Esta reunión fue la primera consagrada a la invasión rusa a Ucrania desde que la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, a principios del mes pasado.

Moscú anticipó la suspensión renunciando a su estatuto de miembro del Consejo de Derechos Humanos, pero como Estado conserva el derecho de participar como país observador.

En la sesión de hoy, Rusia tuvo el derecho de pedir la palabra para responder, pero decidió dejar vacía la silla de su país.

Para no dejar el terreno por completo libre a sus adversarios, el embajador ruso ante la ONU, Guenadi Gatilov, publicó un comunicado en el que denunció “la demonización de Rusia por parte del 'occidente colectivo'”, y habló de una investigación que no es independiente y acusó al Consejo se haberse convertido en un foro “para asestar golpes políticos”.

El 4 de marzo, Kiev logró que el consejo adoptara por una aplastante mayoría una resolución para crear con urgencia una comisión investigadora internacional independiente.   

El designado para dirigir la investigación, el exjuez noruego Erik Mose, que fue magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, indicó que la comisión inició sus trabajos pero que todavía no tiene presupuesto. 

Con información de agencias.

IG

Las fuerzas armadas rusas han usado en al menos 24 ocasiones bombas de racimo, prohibidas por la ley internacional, contra áreas pobladas de Ucrania en las cinco semanas transcurridas desde el inicio de la guerra, denunció este miércoles la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Se han cometido además ataques indiscriminados contra hospitales, escuelas y otras infraestructuras que “están prohibidos por la ley humanitaria nacional y podrían constituir crímenes de guerra”, añadió Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La Convención sobre Municiones en Racimo, en vigor desde 2010, prohíbe el uso, desarrollo, fabricación y adquisición de este armamento debido a su impacto indiscriminado entre los civiles, aunque potencias como Rusia, Estados Unidos o China aún no lo han ratificado.

Bachelet afirmó que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige también está investigando denuncias sobre el uso de este armamento por parte del ejército de Ucrania, país que tampoco se ha adherido a la convención.

“El uso continuo de armamento explosivo con amplio impacto en zonas pobladas de Ucrania causa inmensa preocupación”, destacó la expresidenta chilena, quien señaló que su oficina ha confirmado la muerte de al menos 1.189 civiles en el conflicto (entre ellos 108 niños).

“La cifra real seguramente es mucho mayor, ya que en lugares de intenso enfrentamiento, como Mariúpol y Volnovaja, es muy complicado tener una imagen completa de la situación”, matizó la alta comisionada.

“Toda la población ucraniana está viviendo una pesadilla en la que millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas, esconderse en sótanos y en refugios antibombas, mientras sus ciudades son atacadas y destruidas”, resumió Bachelet.

Su oficina ha verificado al menos 77 ataques a instalaciones médicas, incluyendo 50 hospitales, y ha comprobado un significativo aumento de la tasa de mortalidad entre civiles en ciudades bajo asedio, “atribuible probablemente a la interrupción de servicios médicos unida a las privaciones y el estrés propios de la guerra”.

Bachelet añadió que su oficina está investigando denuncias de movimientos forzosos de población civil desde la ciudad asediada de Mariúpol a Rusia o territorios controlados por fuerzas prorrusas.

En los lugares bajo control ruso “se ha extendido ampliamente la detención de civiles que expresan públicamente su apoyo a Ucrania”, afirmó la alta comisionada, aunque indicó que también se han recibido denuncias de asesinatos en Ucrania de al menos dos personas por expresar puntos de visa prorrusos.

Bachelet se mostró por otro lado “muy preocupada” por el maltrato que prisioneros de guerra parecen sufrir en ambos bandos, como muestran algunos vídeos publicados en internet y otros canales de acceso abierto.

La alta comisionada señaló que su oficina ha recibido denuncias de violencia sexual durante el conflicto, que incluyen violaciones, y lamentó la muerte de al menos siete periodistas que cubrían la guerra, mientras 22 reporteros y activistas de derechos humanos han desaparecido.

Bachelet también denunció en su intervención un aumento de la rusofobia en diversos países, mientras recalcó que en Ucrania “los civiles deben ser protegidos y debe permitirse libre tránsito a aquellos que deseen marcharse”, mientras que los prisioneros de guerra “deben ser tratados con dignidad y respeto”.

“Pido a la Federación Rusa que escuche el firme llamamiento de la Asamblea General de la ONU y de este Consejo de Derechos Humanos, y que inmediatamente retire sus tropas del territorio ucraniano”, reiteró la alta comisionada.

Con información de EFE.

IG

El presidente Alberto Fernández mantuvo este domingo desde la Residencia de Olivos una reunión virtual con la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el canciller Santiago Cafiero, ambos en Ginebra, donde participarán este lunes del inicio de la 49º sesión del Consejo de Derechos Humanos del organismo que este año preside por primera vez la Argentina.

Fernández, Bachelet y Cafiero intercambiaron puntos de vista sobre la situación de los derechos humanos a nivel global y también sobre la escalada bélica en Ucrania.

En ese punto, el Presidente remarcó el “firme rechazo de Argentina al uso de la fuerza armada por parte de la Federación de Rusia y el reclamo al cese de las hostilidades, esencial para retomar una camino de diálogo y negociación”, según informó la Cancillería en un comunicado.

El mandatario planteó que las “acciones de Argentina siempre se basan en la defensa y el pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos”.

Junto con Bachelet coincidieron en “reivindicar y reafirmar los principios en que debe basarse una solución diplomática y pacífica, llamando a todas las partes a la mesa del diálogo siguiendo los principios de la carta de la Naciones Unidas”.

Durante el encuentro, Bachelet saludó la presidencia de Alberto Fernández en la CELAC, donde Argentina ocupa la Presidencia Pro Témpore durante el año 2022, y el jefe de Estado se comprometió a trabajar para “fortalecer los Derechos Humanos en la región”.

Cafiero mantuvo este encuentro con Bachelet como parte de su participación en el Segmento de Alto Nivel de la 49º Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que comenzará este lunes.

También participó del encuentro el representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Federico Villegas, quien desempeña en nombre de la Argentina la presidencia del Consejo de Derechos Humanos para el año 2022.

CRM con información de la agencia Télam

La exlíder birmana depuesta y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha sido condenada este lunes a cuatro años de prisión en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado del pasado 1° de febrero en Birmania (Myanmar). El general Min Aung Hlaing, jefe de la Junta Militar golpista, en el gobierno desde el 1° de febrero, ,le “perdonó” después dos años. 

Fuentes cercanas al juicio, que no pueden identificarse por miedo a represalias por parte de la Junta, han precisado que Suu Kyi, de 76 años, había sido sentenciada a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y otros dos años por vulnerar las normas del covid-19.

El delito de incitación, según el artículo 505(b) del Código Penal, se refiere a varios comunicados enviados por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), para oponerse al reconocimiento de la Junta Militar poco después del golpe. La violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de las elecciones de noviembre de 2020.

La exmandataria fue sentenciada en una audiencia en la capital por un Tribunal que impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, por vulneración del artículo 505(b). Este tribunal no precisó a qué prisión serán enviados los detenidos, que durante el proceso han estado aislados por los militares y han tenido acceso limitado a sus abogados. La sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.

“Cargos falsos”

“Las duras sentencias contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación del Ejército de eliminar cualquier oposición y suprimir las libertades en Birmania”, ha indicado el subdirector de campañas de Amnistía Internacional en Asia, Ming Yu Hah. “La decisión absurda y corrupta del tribunal es parte del patrón devastador de castigos arbitrarios que han provocado más de 1.300 personas muertas y miles de detenidos desde el golpe de Estado en febrero”, ha agregado Ming.

La activista ha recordado que hay miles de detenidos sin el alto perfil de Suu Kyi que se enfrentan a la “terrible posibilidad” de años en la cárcel por ejercer pacíficamente sus derechos a la protesta y disentir con la junta militar. Contra la Premio Nobel de la Paz penden una decena de casos presentados tras la toma de poder por los uniformados, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la Ley de Secretos Oficiales, todas castigadas con penas de cárcel. Los abogados de Suu Kyi, a los que la Junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, señalan que su representada niega todas las acusaciones presentadas en su contra.

Fuera del país, la reputación de la controvertida Nobel de la Paz nunca se recuperó de la persecución a los rohingyas, aunque dentro seguía siendo un icono querido.

Aislamiento de la Junta birmana

El Consejo de Seguridad de la ONU, numerosos gobiernos como los de EEUU, Gran Bretaña, Japón y la UE han pedido la liberación de Suu Kyi y otros detenidos por la junta militar liderada por el general Min Aung Hlaing.

La alta comisionada de la ONU para los DDHH, la chilena Michelle Bachelet, denunció el lunes la sentencia de cuatro años de prisión que el régimen militar birmano impuso a la dirigente Aung San Suu Kyi. Según Bachelet, que exigió la inmediata liberación de la política de 76 años, se trató de “un juicio amañado con un procedimiento secreto ante un tribunal controlado por militares” y motivado políticamente. 

Para la alta comisionada de la ONU para los DDHH, la chilena Michelle Bachelet, este juicio amañado contra la primera mujer en ganar elecciones en Birmania "solo profundizará el rechazo al Golpe”.

El líder militar ha sido excluido de las últimas cumbres y reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por no cumplir con unos acuerdos del pasado abril para sobre el cese de la violencia y abrir un proceso de diálogo. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, cuyo país preside en la ASEAN en 2022, afirmó su intención de viajar a Birmania para entrevistarse con los militares, que se encuentran cada vez más aislados del exterior, excepto por los contactos diplomáticos con Rusia y China.

El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas. El Ejército justifica el Golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.

Al menos 1.303 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el Golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.

AGB

Es inexacto el título de la nota publicada el 22 de septiembre por elDiarioAR y elDiario.es. El título, además, reproduce la confusión entre regulación y prohibición, conceptos que no son sinónimos y que, en cuestiones novedosas como la Inteligencia Artificial y su “caja negra”, es importante distinguir. El tema del artículo en cuestión, sensible como pocos, lo demuestra. Con el título “Michelle Bachelet alerta en la ONU sobre la expansión de sistemas peligrosos de inteligencia artificial y pide paralizar su uso”, la nota comunica las conclusiones del informe sobre los usos de IA publicado esta semana por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

La IA, la automatización, la extracción y el procesamiento algorítmico de datos en volúmenes inéditos y crecientes, que suelen incluir datos personales recolectados y almacenados sin consentimiento explícito de sus titulares, han capturado la imaginación contemporánea, como afirma el informe. Más aún, su ubicua y veloz aplicación en todos los procesos productivos es un indicador de su impacto en la estructuración de las sociedades y en las prácticas de individuos, grupos y organizaciones. La IA moldea nuestra vida, mercantiliza y utiliza datos para obtener beneficios económicos y/o políticos por parte de empresas y gobiernos y, en tal sentido, prescribe comportamientos. Desde luego, hay efectos virtuosos de la IA en el marco del progreso de las comunicaciones, y también experiencias catastróficas por sesgo en la programación de inferencias acerca del comportamiento de grupos vulnerables y por la exposición de información confidencial de millones de personas e instituciones.

Como dice Sofía Scasserra en un artículo publicado en Nueva Sociedad (https://nuso.org/articulo/la-desigualdad-automatizada/), “se han detectado algoritmos que estigmatizan a las personas de color, que otorgan menos crédito a mujeres por el solo hecho de ser mujeres o que directamente imposibilitan el acceso a empleos por diversos motivos (…) Si los algoritmos deciden sobre las personas, sobre su libertad, sobre su empleo, sobre su capacidad de acceder a seguros, servicios médicos y otras cuestiones fundamentales de la vida, es menester tener la posibilidad de regularlos”.

Pero quien lea el reporte oficial de la ONU corroborará que no existe un pedido para “paralizar el uso” de la IA sino que, a partir de la descripción de los aspectos de la IA que facilitan la interferencia en la privacidad y los derechos asociados, formula recomendaciones para los Estados y las empresas relativas al diseño y la implementación de salvaguardas para prevenir y minimizar los resultados nocivos y para acceder a los beneficios que la tecnología puede brindar.

El contenido de la nota en cuestión, en cambio, sí refleja el reporte encargado por el Consejo de DDHH de la ONU. Este documento es un aporte al debate, imprescindible en el estado actual de desarrollo de las TIC, porque define el respeto (o no) por los derechos humanos como son la protección de datos personales, el acceso a la cultura, la libertad de expresión, la privacidad y la no discriminación, sin cuyas garantías algunas tecnologías pueden carcomen las cualidades democráticas de las sociedades.

Este documento es un aporte al debate, imprescindible porque define el respeto (o no) por los derechos humanos como son la protección de datos personales, el acceso a la cultura, la libertad de expresión, la privacidad y la no discriminación

La interferencia con la privacidad es uno de los ejes tratados en el informe, que recuerda que “los Estados pueden interferir con el derecho a la privacidad sólo sobre la base de la ley y de conformidad con esa ley” en la medida que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, es decir, que las eventuales injerencias a la privacidad deben tener un propósito legítimo, ser necesaria para lograr ese propósito legítimo y ser proporcionadas. “Cualquier restricción también debe ser la opción menos intrusiva disponible y no debe menoscabar la esencia del derecho a la privacidad”, subraya.

Otra dimensión de la IA que preocupa a la comisionada de DDHH de la ONU es que los procesos de toma de decisiones de muchos sistemas de IA son opacos. La veda actual, para que la “caja negra” de la IA pueda ser auditada y para que sus procedimientos sean conocidos por parte de los sujetos cuyos datos nutren su actividad impiden que las personas y organizaciones puedan recurrir ante efectos lesivos de sus derechos. El refuerzo de los sistemas de propiedad intelectual colisiona, pues, con otros derechos. De allí la necesidad de instituir autoridades regulatorias independientes, abiertas al escrutinio de la sociedad civil, y que trabajen con autoridades administrativas, judiciales y órganos dedicados a la protección de datos personales, agencias de protección de consumidores, reguladores sectoriales, organismos contra la discriminación e instituciones de defensa de los derechos humanos para armonizar una controversia compleja en la que coexisten intereses diversos.

Otra dimensión de la IA que preocupa a la comisionada de DDHH de la ONU es que los procesos de toma de decisiones de muchos sistemas de IA son opacos.

Los sistemas automatizados de predicción de comportamientos son, además de opacos, fuertemente disciplinadores. Son tan performativos como prescriptivos, en el sentido que predisponen conductas basadas en las inferencias que los sujetos a quienes les son aplicados esos sistemas realizan respecto del modelo esperado y respecto de las prácticas sancionables. Esta estandarización del control social produce errores frecuentes que documentan el sesgo algorítmico y las consecuencias desastrosas del mal empleo de la inteligencia artificial, por ejemplo en predicción de conductas delictivas en barrios de bajos recursos, en sistemas de crédito social (scoring) en China o en políticas de evaluación docente en EEUU y estudiantil en el Reino Unido. Tras citar algunas de estas evidencias, Strasserra concluye que “la vigilancia para captar datos y su consecuente procesamiento para emitir juicios de valor sobre la ciudadanía puede tener un efecto muy nocivo en la sociedad: el miedo a equivocarse”.

La oficina de la ONU presidida por Bachelet reclama una moratoria en la aplicación de sistemas de reconocimiento de emociones o identificación biométrica, entre otros, y reclama tanto a Estados como a compañías privadas que evalúen su impacto en los derechos humanos. “La escalabilidad de las soluciones de IA puede aumentar drásticamente los efectos negativos de tasas de error aparentemente pequeñas”, sobre todo si, como constatan muchos casos del pasado reciente en materia de seguridad pública, los sistemas de IA se basan en datos defectuosos o incompletos pero sus resultados se usan como si fueran representativos. 

Además, en la escala actual la IA afecta la libertad de expresión, dado que “los vastos conjuntos de datos en los que se basan los sistemas de curación, amplificación y moderación se crean y amplían continuamente a través de un extenso monitoreo en línea y perfiles de los usuarios de la plataforma y sus redes personales”, lo que, “combinado con una concentración extrema del mercado, ha llevado a la situación en la que un puñado de empresas a nivel mundial mantienen y controlan perfiles sobre miles de millones de personas y la esfera pública en red en general”. No es casual que la edición de la conversación pública por parte de las plataformas digitales mediante sistemas automatizados, cuyos parámetros de programación son también una “caja negra” pero cuyo sesgo exhibe discriminación por motivos raciales, culturales o de género, sea crecientemente criticada por representantes políticos y sociales de distintas perspectivas ideológicas.

Regular no es prohibir: el informe aboga por regulaciones democráticas e inteligentes que sean a la vez específicas para abordar los problemas que presenta la IA. “Cuanto mayor sea el riesgo para los derechos humanos, más estrictos deberían ser los requisitos legales para el uso de la tecnología de IA. En consecuencia, los sectores en los que hay mucho en juego para las personas, como la aplicación de la ley, la seguridad nacional, la justicia penal, la protección social, el empleo, la atención de la salud, la educación y el sector financiero, deberían tener prioridad”. Ciertamente, para la oficina de la ONU no deberían permitirse sistemas de IA estén directamente en conflicto con la prohibición de la discriminación, pero ello también vale para las prácticas y regulación de conductas en el mundo físico o analógico, que no pueden violar los derechos humanos, incluso si se trata de empresas u organizaciones privadas.

Regular no es prohibir: el informe aboga por regulaciones democráticas e inteligentes que sean a la vez específicas para abordar los problemas que presenta la IA

La regulación recomendada por el informe desemboca en el reconocimiento de derechos de la ciudadanía digital, que es un ejercicio pendiente de concreción. En su trabajo Terms of Disservice, Dipayan Ghosh pregunta, en la lectura que hace Ángel Melguizo en El Mundo (https://www.elmundo.es/economia/2021/09/21/6148c9d021efa082228b45b3.html), “qué tan representativos son en verdad los datos que usan los algoritmos; de qué manera se entrena a los modelos para que funcionen mejor, y en particular la necesidad de identificar causalidad y correlación” que opera en la programación de la inteligencia artificial. Ghosh aboga por “el consentimiento (aceptación explícita), la elección (que incluya una forma fácil de salir), y el control sobre el acceso, uso y retención de datos (que incluye el derecho a la información sobre el uso de nuestros datos, su corrección, o remoción)”. Este inventario puede colaborar en que la democracia sobreviva y logre ingresar a la sala de máquinas donde funciona la caja negra de la IA.

MB

“La capacidad de la inteligencia artificial para servir a la población es innegable, pero también lo es su capacidad de contribuir a violaciones de derechos humanos en gran escala, de manera casi indetectable”, avisa la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Su Oficina ha publicado esta semana un informe que alerta de que los estados no están prestando la suficiente atención a la expansión de esta tecnología, a pesar de los graves riesgos que entraña. Por ello, pide que se imponga una moratoria en la venta y aplicación de algunos de estos sistemas, como los de reconocimiento de emociones, identificación biométrica o aquellos que necesitan una recolección masiva de datos personales.

La ONU recoge múltiples investigaciones que han mostrado que la IA refleja los sesgos de sus programadores y puede tomar decisiones clasistas, machistas o racistas. Sin embargo, avisa que los gobiernos están incorporando la inteligencia artificial a sus sistemas de seguridad, judiciales o de concesión de ayudas sociales sin las debidas garantías.

Además de la paralización de los sistemas más peligrosos para los derechos humanos, el informe incluye una serie de recomendaciones a los estados. Entre ellas destaca el deber de “aumentar drásticamente la transparencia de su uso de la IA, incluso informando adecuadamente al público y a las personas afectadas y permitiendo una auditoría independiente y externa de los sistemas automatizados”.

La investigación recoge ejemplos de todo el mundo y sus recomendaciones son globales. No obstante, España no es una excepción en la tendencia que contrasta Naciones Unidas. El uso más extendido es la detección biométrica. Los servicios de seguridad de estaciones y aeropuertos emplean reconocimiento facial y algoritmos de la forma del cuerpo para identificar individuos sospechosos. Este año Renfe llegó a sacar a concurso la contratación de un sistema capaz de detectar la etnia, el tipo de vestimenta o estado de ánimo de los viajeros, aunque se vio obligada a cancelarlo por la polémica generada.

Las tecnologías biométricas, que se están convirtiendo en un comodín para los Estados y las empresas, necesitan urgentemente más directrices de derechos humanos

La tendencia va más allá de las fuerzas públicas de seguridad. Un número creciente de empresas privadas analizan las posibilidades de esta tecnología. Mercadona puso en marcha en pruebas un sistema de reconocimiento facial que analizaba a todos los clientes de sus establecimientos solo para detectar a aquellos a los que la justicia había impuesto órdenes de alejamiento (un total de 37 personas en toda España). La Agencia de Protección de Datos multó a la empresa de Juan Roig con 2,5 millones de euros al fallar el pasado julio que el sistema era “desproporcionado”. Ante las dudas legales sobre el mecanismo, la compañía decidió abandonar el proyecto.

El de los reconocimientos biométricos es uno de los ámbitos que más preocupa a Naciones Unidas y por el que que ha pedido que se paralice la implantación de la inteligencia artificial, “al menos hasta que las autoridades responsables puedan demostrar el cumplimiento de las normas de privacidad y protección de datos y la ausencia de problemas significativos de precisión e impactos discriminatorios”. “Las tecnologías biométricas, que se están convirtiendo en un comodín para los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas de tecnología, necesitan urgentemente más directrices de derechos humanos”, añade.

La UE también está negociando una moratoria como la que pide Naciones Unidas para los sistemas de reconocimiento biométrico. No obstante, en el borrador que ha presentado Bruselas se añade una excepción para situaciones que afecten a la seguridad, lo que da vía libre a su uso por parte de policías y cuerpos de seguridad. 60 organizaciones de la sociedad civil de toda Europa han organizado una campaña para pedir a la Comisión Europea que endurezca las normas europeas contra “los usos de la biometría que puedan dar lugar a una vigilancia masiva ilegal”. Hasta el momento la han suscrito 60.600 ciudadanos.

Tecnologías sin base científica

El reconocimiento emocional es un derivado del reconocimiento facial. Parte de la industria de la inteligencia artificial defiende que sus sistemas pueden detectar y predecir los sentimientos de una persona a partir de su cara y sus gestos. Su objetivo es venderlos como programas útiles para, por ejemplo, la protección de fronteras, donde puede elevar alertas sobre personas en las que detecte ansiedad o culpa.

El problema es que ese tipo de reconocimiento carece de base científica, según cada vez más estudios e investigadores. Naciones Unidas ha recogido esa alerta y encuadra la tecnología de reconocimiento emocional en el grupo de inteligencias artificiales que pide paralizar: “Los sistemas de emociones operan bajo la premisa de que es posible inferir automática y sistemáticamente el estado emocional de los seres humanos a partir de sus expresiones faciales, lo cual carece de una base científica sólida”.

En este sentido, la ONU pide que deje de utilizarse el reconocimiento emocional para calificar a los empleados en su puesto de trabajo o para evaluar su valía para un determinado puesto, otros dos de los usos más extendidos. Recalca además que, junto al reconocimiento facial, el emocional es el que supone una mayor amenaza de recolección masiva e indiscriminada de datos e imágenes de personas que no son sospechosas de ningún delito.

Ayudas sociales decididas por máquinas

Otro de los usos de la inteligencia artificial sobre el que el informe de Naciones Unidas llama la atención a los estados son los procesos de concesión de ayudas sociales. “Se utilizan cada vez más para ayudar a la prestación de servicios públicos, a menudo con el objetivo declarado de desarrollar sistemas más eficientes”, explica. Sin embargo, la opacidad del método de decisión hace que puedan convertirse en injustos “y una distopía de cibervigilancia”.

Una de las principales preocupaciones en relación con el uso de la inteligencia artificial para los servicios públicos es que puede ser discriminatoria, en particular con respecto a los grupos marginados

La ONU recuerda el caso de los Países Bajos, que ha servido de ejemplo internacional por una sentencia judicial que prohibió un sistema algorítmico cuya misión era detectar el fraude con las ayudas sociales. Los jueces neerlandenses consideraron que infringía el derecho a la intimidad de los solicitantes, puesto que recopilaba un gran número de datos sobre ellos. El peligro que acarrean estos sistemas es el de imponer una doble pena a aquellos que se ven obligados a solicitar prestaciones, puesto que ven su privacidad violada y se “socavan la autonomía y la capacidad de elección individuales”, dice el informe.

En España se conoce el uso de varios de estos algoritmos en los servicios públicos, pero se ha cuestionado la transparencia de todos ellos. La Policía usa el conocido VioGen, que evalúa el riesgo que corren las denunciantes de violencia de género. El Ministerio del Interior se ha negado a abrir el algoritmo para que sea auditado por organizaciones independientes. Otro caso es el del programa BOSCO, que otorga o deniega el derecho a recibir la ayuda del bono social de la luz. El Gobierno se ha negado a revelar su código fuente ante una petición de transparencia de Civio y actualmente el caso se encuentra en los tribunales.

AGB

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció este lunes los “mayores y más graves retrocesos” que ha visto nunca, al inaugurar las sesiones anuales del máximo órgano de Naciones Unidas en la materia.

“Para recuperarnos de los mayores y más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto nunca, debemos tener una visión que cambie la vida y una acción concertada” para ejecutarla, dijo Bachelet al Consejo de Derechos Humanos.

“Necesitamos (...) sociedades que, aunque diversas, compartan compromisos fundamentales para reducir la desigualdad y avanzar en todos los derechos humanos”, dijo la expresidenta chilena en su discurso en Ginebra, Suiza.

Bachelet habló en la apertura de la 47º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y dedicó uno de los pasajes de su discurso al análisis de la situación argentina con respecto a la lucha contra el coronavirus. Allí destacó que un equipo de esa institución “fue movilizado rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en Formosa”.

“El coordinador residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de Unicef, Unfpa, OMS/OPS y Acnudh. Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluye abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”, indicó la expresidenta chilena.

Ante estas declaraciones, el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que comanda Felipe Solá, aclaró que durante su discurso la comisionada dijo que “ya se ve en varios países un mejor análisis de los impactos de leyes nacionales y políticas sobre su gente que sufre discriminación, mujeres y programas de Naciones Unidas más enfocados. Da ejemplos de tres experiencias positiva en Camboya, Serbia y Argentina”.

Asimismo, la cartera de exterior remarcó que Bachelet “destacó que el llamado a la acción da una oportunidad sin precedentes para la asociación a través de Naciones Unidas” y “que el llamado a la acción se sostiene en la necesidad de marcar una sinergia entre lo civil, lo político, lo económico, lo social y lo cultural”.

A comienzos de este año, Formosa fue el centro de la polémica, debido al endurecimiento de las restricciones contra el Covid-19, hecho que derivó en diversas manifestaciones, que incluyeron incidentes y represión, y múltiples denuncias por violaciones a los DDHH en los centros de aislamiento.

Casos en el mundo

La jefa de DDHH de la ONU se refirió a la situación en Colombia, México, China, Rusia y Etiopía, pero no habló de Nicaragua y Venezuela, dos cuestiones candentes en América Latina, puesto que se analizarán con más detalle posteriormente en la sesión.

En relación a Colombia, donde el pasado 28 de abril estalló una ola de protestas antigubernamentales que fueron ferozmente reprimidas por la policía y que aún mantiene al país en una crisis política, Bachelet dijo que su oficina “ha expresado su grave preocupación ante las acusaciones de serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”.

Según los datos de la ONU desde el 28 de abril al 16 de junio se registraron 56 muertes (54 civiles y dos agentes de policía), especialmente en Cali, además de 49 víctimas de violencia sexual, pero autoridades civiles y la Defensoría del Pueblo colombiana elevan este balance a al menos 61 personas fallecidas, entre ellas dos uniformados.

Sobre México, dijo estar alarmada ante el “alto nivel de violencia política” en la campaña de las elecciones legislativas celebradas a comienzos de mes.

Los comicios celebrados el pasado 6 de junio en el país centroamericano estuvieron empañados por los asesinatos de al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre ellos 36 candidatos.

Otros de los focos de preocupación es China, pocos días antes de cumplirse un año de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Nacional, el 30 de junio de 2020, norma sobre la cual Bachelet expresó “serias preocupaciones”, informó la agencia de noticias AFP.

En el territorio semiautónomo de Hong Kong, las fuerzas opositoras critican la norma que consideran la punta de lanza de la represión generalizada contra los críticos de China en este territorio desde las enormes manifestaciones prodemocráticas de 2019.

Esta semana cinco directivos del diario prodemocrático hongkonés Apple Daily fueron arrestados en virtud de la polémica ley, en medio de enorme operativo del que participaron centenares de policías.

También en relación a China, la Alta Comisionada deseó obtener este año un “acceso significativo” a la región occidental de Xinjiang, donde “siguen apareciendo informes de graves violaciones de los derechos humanos”.

Varias organizaciones de derechos humanos acusan a China de internar al menos a 1 millón de musulmanes en Xinjiang en “campos de reeducación”.

Beijing niega esta cifra y habla de “centros de formación profesional” para apoyar el empleo y combatir el extremismo religioso.

Bachelet pidió repetidamente a las autoridades chinas que den “pleno acceso” a Xinjiang. Y a finales de febrero, reiteró su petición de una “evaluación completa e independiente” de la situación en la región china.

Pero los activistas de derechos humanos piden a la ONU que adopte una línea más dura.

En la lista de retrocesos en materia de derechos humanos denunciados por Bachelet también se encuentra Rusia.

La ex mandataria centró sus críticas en la situación del líder opositor Alexey Navalny, quien desde marzo cumple una condena de dos años y medio en la colonia penitenciara de Pokrov, 180 kilómetros al este de Moscú, por cometer fraude y blanqueo en 2014

Antes de su detención en enero pasado, el opositor se encontraba en Alemania, donde recibía tratamiento tras un supuesto envenenamiento con una sustancia de acción neuroparalizante del que Navalny hace responsable al Gobierno ruso, que lo ha negado.

Bachelet pidió que el país “respete los derechos civiles y políticos” en el período previo a las elecciones parlamentarias de septiembre y se declaró -aludiendo ala situación de Navalny- “consternada por las recientes medidas que socavan aún más el derecho de las personas a expresar opiniones críticas y su capacidad de participar en las elecciones”.

También instó a Moscú a poner fin a la práctica arbitraria de etiquetar a personas, periodistas y oenegés como “extremistas”, “agentes extranjeros” u “organizaciones indeseables”.

Coincidiendo con las elecciones nacionales que se celebran hoy en Etiopía, Bachelet denunció los abusos contra la población civil en la norteña región de Tigré, de los que responsabilizó a “todas las partes del conflicto”.

“Hay informes creíbles de que los soldados eritreos siguen operando en Tigré y continúan cometiendo violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario”, indicó.

“El actual despliegue de fuerzas militares no es una solución sostenible, y animo a entablar un diálogo global y multidimensional en todo el país”, dijo.

AB

El Gobierno de Chile rechazó este martes las aseveraciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que aseguró que tras el 'Estallido social' de octubre de 2019 se registraron violaciones de los Derechos Humanos “graves” en el país.

Según se conoció el lunes, Bachelet, expresidenta chilena, respondió a una consulta realizada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que investiga una veintena de querellas contra distintas autoridades por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Así, la exmandataria aludió a una visita de una delegación de su oficina y señaló que el informe que se realizó a posteriori concluyó que “había rezones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre (de 2019) se había producido un elevado número de violaciones graves a los Derechos Humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza”.

En este contexto, el portavoz del Gobierno chileno, Jaime Bellolio, señaló este martes que, en un país democrático, “quienes determinan” la existencia de violaciones a los Derechos Humanos no son “los expresidentes”, sino los tribunales.

“En nuestro país hay un orden democrático”, ha sostenido, recalcando que, por tanto, “esto está en mano de los fiscales y de los tribunales y todos aquellos ámbitos que tengan que ver con Derechos Humanos para este Gobierno son fundamentales”, según informó Radio Cooperativa.

“Hay un compromiso clarísimo: nunca, jamás, se pueden justificar las violaciones de los Derechos Humanos”, insistió Bellolio, que hizo hincapié en que “este compromiso implica que siempre hay que colaborar para que se haga justicia y esa justicia, en un país democrático, la hacen los tribunales y no la hacen otras personas”.

El 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente de Chile. Comenzaron como una movilización contra la subida del precio del transporte público, pero desembocaron en denuncias más amplias en contra de la desigualdad social y a favor de una nueva Constitución.

El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de los Carabineros, fue objeto de análisis y críticas en este último año, especialmente por los posibles excesos cometidos en sus intervenciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Con información de Europa Press.

IG

Un duro pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay realizó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La ex Presidenta de Chile reclamó al gobierno de Mario Abdo Benítez que intensifique la búsqueda de la adolescente de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba desaparecida a principios de diciembre de 2020, en el contexto de la persecución a integrantes de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Además, Bachellet reclamó a ese Estado una investigación “rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean” a los asesinatos de Lilian Villalba y María Carmen Villalba, ocurridos durante un operativo de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) contra el EPP en la zona de Yby Yaú, en el norte paraguayo.

El posicionamiento de Bachelet -que era esperado desde hace varios meses por un conjunto de dirigentes de fuerzas progresistas de todo el continente- también se convierte en un elemento de presión sobre la Cancillería argentina, que en las últimas semanas mantuvo cautela. elDiarioAR publicó las tensiones diplomáticas entre ambos países. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Felipe Solá, admitieron que el pronunciamiento de la Alta Comisionada de Derechos Humanos “pone un paraguas” a los reclamos argentinos.

Paralelamente, está pendiente la respuesta del Gobierno nacional a la nota que los organismos de derechos humanos presentaron al Presidente Alberto Fernández el pasado 13 d enero, en la que reclamaron que Argentina “no comercie” con el país vecino, hasta tanto cesen las violaciones a los derechos humanos.

“Hasta el momento no hubo respuesta”, contó a elDiarioAR Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas. Precisamente Taffetani había calificado al Estado paraguayo como “terrorista”, en el contexto de la conferencia de prensa de los organismos de la que participaron Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, APDH La Matanza, el CELS, entre otros.

Para esas organizaciones, la nota de Bachelet implica también un espaldarazo a sus reclamos.

La Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU dijo estar “profundamente preocupada por las recientes informaciones sobre la desaparición de la niña de 14 años, y la ausencia de progresos en la investigación del asesinato de dos niñas de 11 años de edad en Paraguay”.

“De acuerdo con la información disponible -repasó-, Carmen Elizabeth, ciudadana paraguaya, fue testigo de una operación llevada a cabo hace cinco meses, el 2 de septiembre de 2020, por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra miembros del grupo EPP, en el área de Yby Yaú, aproximadamente 370 kilómetros al norte de Asunción. Las dos niñas de once años que fueron asesinadas en la misma operación, eran ciudadanas argentinas”.

En tanto recordó que “Carmen Elizabeth estaría desaparecida desde inicios de diciembre de 2020, pero su desaparición solo fue conocida recientemente cuando su tía, Laura Villalba Ayala, la denunció. Esta fue detenida el 23 de diciembre de 2020 e imputada por varios delitos. Actualmente se encuentra detenida en una instalación militar”.

Bachelet planteó que “se han conocido nuevos testimonios fiables, de acuerdo con los cuales Carmen Elizabeth fue herida en la operación del 2 de septiembre, pero huyó, mientras Lilian y María Carmen fueron capturadas con vida. Esta evidencia contradice la versión oficial del gobierno paraguayo que indica que las niñas de 11 años fueron asesinadas en un choque con la Fuerza de Tarea Conjunta”; y cuestionó que, tal como publicó este medio, “evidencias importantes del caso se han perdido. Los cuerpos de Lilian y María Carmen fueron enterrados inmediatamente y las ropas que habrían vestido al ser asesinadas fueron destruidas. Cuando los cuerpos fueron posteriormente exhumados, las autoridades paraguayas confirmaron que ambas niñas fueron asesinadas por varios disparos de arma de fuego. Sin embargo, los cuerpos fueron rápida y nuevamente enterrados, y los llamados para la realización de un examen forense independiente no han sido atendidos”.

Hasta el momento la respuesta del gobierno de Abdo Benítez fue impulsar denuncias contra los familiares de las niñas asesinadas, bajo la figuro de “asociación terrorista”, aunque no esté demostrada la participación de las madres de las menores en acciones del EPP, más allá del vínculo familiar que mantienen con algunos de los miembros de esa organización.

La Alta Comisionada “urgió a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de la niña desaparecida, Carmen Elizabeth. A la luz de las nuevas versiones de testigos sobre la captura y asesinato de las otras dos niñas, también llama a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial. Tal investigación debería examinar también por qué evidencia importante fue destruida. Un examen forense independiente debería aún ser llevado a cabo”, dijo la expresidenta chilena.

Bachelet sumó además un enfoque feminista al análisis de la situación: “Tomó nota sobre la dimensión de género en un caso que involucra a mujeres y niñas familiares de integrantes del EPP”, se indicó desde el área de Naciones Unidas.

“Ha habido preocupaciones previas sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta”, dijo.

Finalmente, reconoció que “el EPP representa una real preocupación de seguridad y ha cometido delitos graves, como secuestros -el más reciente del exvicepresidente Oscar Denis, en septiembre de 2020-”, hecho que “condenó”. Sin embargo, reiteró que “al abordar los problemas de seguridad y actividades criminales, las autoridades deben respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

SR