El Tribunal Oral Federal y Criminal N° 4 condenó hoy al empresario Lázaro Báez a cuatro años y seis meses de prisión por lavado de dinero a raíz de la compra de un campo en Uruguay conocido como “El Entrevero”.

En la misma causa, el empresario Leonardo Fariña, quien fuera testaferro de Báez, recibió una condena inicial de dos años y seis meses, que será unificada con otras penas anteriores y resultará en una sentencia final de cuatro años de prisión, informaron fuentes judiciales. La causa forma parte de la investigación conocida como “La ruta del dinero K”.

El campo, ubicado entre los balnearios José Ignacio y La Barra, en Punta del Este, fue adquirido por 14 millones de dólares a través de una compleja red de sociedades y testaferros que buscaban ocultar a los propietarios.

El fallo incluyó una multa adicional para Báez equivalente a tres veces el monto de las operaciones involucradas, junto con accesorios legales y costas, por su responsabilidad en el lavado de activos en dos hechos vinculados a la compra de “El Entrevero” y otro terreno en El Faro, de José Ignacio.

Además de Báez y Fariña, el tribunal también dictó penas para otros implicados como Maximiliano Goff Dávila, que fue condenado a cinco años de prisión, y Daniel Pérez Gadín y Santiago Carradori, que recibirán penas de cuatro años y seis meses y cuatro años, respectivamente.

En tanto, Jorge Chueco fue sentenciado a seis años y seis meses, y Osvaldo Guthux a tres años con cumplimiento en suspenso.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP actuaron como querellantes en la causa.

La condena contra Báez se suma a las ya existentes por otros casos relacionados, lo que incluye una pena de 10 años reducida a 6 años por el caso Vialidad.

MM con información de la agencia NA.

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ordenó hoy la excarcelación del financista Leonardo Fariña en la causa por la cual fue detenido en una “cueva financiera” del barrio de Belgrano, al entender que no hay riesgo procesal, informaron los letrados del imputado.

De todos modos, Fariña no quedará en libertad, porque está detenido también por la causa ruta del dinero, en la que tiene una condena firme.

El abogado del contador, Roberto Herrera, anunció que mañana a primera hora presentará el pedido de excarcelación también en esa causa.

El tribunal resolvió la liberación de Fariña quien cumplía una prisión preventiva dictada por el Tribunal Oral Federal 4 “ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación”.

La resolución fue firmada por los jueces del tribunal de alzada Roberto Hornos y Carolina Robiglio y revoca el fallo del TOF 4 dictado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez, luego de ser detenido por orden del juez en lo penal económico Pablo Yaradola, a quien devolvió las actuaciones.

Los letrados de Fariña, Mariano Di Giuseppe y Roberto Carlos Herrera, detallaron que harán un similar pedido para las otras dos causas en las cuales el financista está imputado en la causa por lavado de activos y en la compra multimillonaria del campo El Entrevero, en Uruguay, que habría gestionado para el dueño de “Austral Construcciones”, por las cuales también se le aplicó la prisión preventiva.

En los considerandos de la medida, Hornos y Robiglio señalaron que “en el contexto descripto se permite advertir que la ausencia de precisiones mayores por parte del tribunal de la instancia anterior sobre la existencia, el alcance y extensión de los riesgos procesales que se verificarían respecto de la situación de Jorge Leonardo Fariña, constituye una circunstancia que debilita las conjeturas en las que el juzgado ”a quo“ sustentó la conclusión sobre el riesgo procesal”.

Más adelante, destacaron que “de las constancias que obran en el expediente principal y en concordancia con lo referido al respecto por el recurrente, se advierte que Jorge Leonardo Fariña cuenta con lazos afectivos y familiares, como así también con un domicilio en el que residía con su pareja hasta el momento de su detención”.

La Cámara concluyó que “el examen en conjunto de las circunstancias reseñadas conducen a concluir que, al menos por el momento y de acuerdo a las constancias que actualmente se encuentran incorporadas a la pesquisa, el riesgo procesal cuya existencia el tribunal de la instancia anterior infirió podría ser evitado, sin necesidad de recurrir a una detención cautelar, mediante la caución que el juzgado ”a quo“ estime apropiada, el que deberá evaluar la adopción de eventual de medidas adicionales de resguardo”.

CRM con información de las agencias Télam y NA

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como la “ruta del dinero”.

Fue porque el Tribunal hizo lugar al pedido de una ONG y ahora el juez federal Sebastián Casanello va a tener que seguir investigándola.

La Vicepresidenta fue investigada por el juez durante diez años e incluso el fiscal Guillermo Marijuan propició esa decisión al no apelar a la Cámara Federal porteña porque consideró que no había prueba suficiente para someter a Cristina Kirchner a un proceso oral, pero sí recurrió al Tribunal una ONG, la Asociación Civil Bases Repúblicanas. 

Por ello, por decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, excepto la disidencia de Eduardo Farah se decidió que vuelva a primera instancia y siga investigándosela.

En el caso que comenzó en 2013, fueron condenadas 17 personas, entre ellas el empresario Lázaro Báez, a 12 años de prisión; su hijo Martín, a seis años y 6 meses; y el arrepentido Leonardo Fariña, a tres años y medio. Este último es el único de ellos que está preso, pero por ser descubierto recientemente en una financiera con supuestas actividades irregulares en el barrio porteño de Belgrano. 

Lo cierto es que más allá de las condenas, la Vicepresidenta estuvo sometida a proceso penal durante diez años y aún está intentando dilucidarse si el delito previo al lavado de dinero fue la facturación apócrifa o bien fraude con la obra pública. Por ahora, la Cámara Nacional de Casación Penal dijo que fue la primera de las hipótesis.

En el caso no hubo condenados funcionarios públicos y este caso se vincula al de la obra pública, por las obras que CFK le otorgó a Báez y donde la Vicepresidenta sí fue condenada ya a 6 años de prisión. 

La exmandataria incluso llego a ser interrogada por esta causa tras lo cual sus abogados plantearon el sobreseimiento. Tuvo sus idas y vueltas, porque cuando Casanello imponía la “falta de mérito”, intervenía la Cámara y le ordenaba seguir investigando.

Cuando la causa se pensaba había tenido un punto final al no apelar el sobreseimiento Marijuan, es que la Cámara Federal aceptó como querellante a una ONG y así dio pie al reclamo para que se la siga investigando. 

El fallo judicial determina ahora que Cristina Kirchner, quien el 10 de diciembre dejará su cargo como Vicepresidenta, sea investigada en esta otra causa por lavado de dinero. 

Con información de NA.

IG

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó hoy la inmediata detención del condenado financista Leonardo Fariña para que termine de cumplir en prisión la condena por lavado de activos que se le impuso en el llamado “caso Báez”

La decisión fue del juez de ese Tribunal, Néstor Costabel, quien hizo lugar así un planteo hecho ayer por el fiscal del caso, Abel Córdoba, informaron fuentes judiciales.

Fariña está detenido a disposición de otro juzgado, el Penal Económico 2 a cargo de Pablo Yaradola, en una causa por supuesto lavado de activos al ser sorprendido durante un allanamiento a una “cueva” en el barrio porteño de Belgrano, en la que ya le negó la excarcelación en esta investigación.

El “imputado colaborador” en las causas penales vinculadas al empresario Lázaro Báez, también condenado por lavado de activos, estaba beneficiado con libertad condicional y controlado con tobillera electrónica en esa causa donde ya fue sometido a juicio y condenado a tres años y seis meses de prisión.

“El condenado Fariña se encuentra imposibilitado de cumplir acabadamente con las condiciones u obligaciones que se le impusieran primigeniamente al momento de su excarcelación y que se mantuvieran en oportunidad de convertirse aquella en libertad condicional, lo cual impone adoptar lo pertinente para adecuarla a su actual situación”, consideró el juez Costabel.

Fariña debía someterse a “determinadas pautas de conducta” para mantener el beneficio, algo que no podría continuar al estar detenido en otra causa penal.

Ante ello corresponde “ proceder a su inmediata detención a efectos del cumplimiento del resto del tiempo de la condena firme oportunamente impuesta”, concluyó la resolución judicial.

“Corresponde revocar la libertad condicional concedida a quien se encuentra detenido en el marco de otro proceso, pues dicha circunstancia impide al encartado cumplir con las condiciones que prevé el art. 13 del Código Penal a efectos de lograr su reinserción social”, agregó.

El Tribunal dispuso la detención efectiva de Fariña, que se le retire la tobillera electrónica y cumpla en prisión el tiempo que le queda de la condena que recibió en el juicio que se le siguió junto al empresario Báez y otros condenados.

MM con información de Agencia Télam

El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola rechazó el pedido de excarcelación formulado por la defensa del exfinancista Leonardo Fariña, detenido la semana pasada durante un allanamiento en una cueva ilegal en el barrio porteño de Belgrano. La medida fue apelada.

El abogado de Fariña, Roberto Herrera, había pedido la excarcelación tras conocer que el juez había dejado en libertad bajo caución juratoria a las otras cuatro personas que habían sido detenidas con él. Se trata de los hermanos Damián Alejandro Frare, de 26 años, y Romina Mariela Frare, de 25 (a nombre de ésta última está el contrato de alquiler de la financiera ilegal), y una pareja integrada por Antonella Somma, de 32 años, y Carlos Senade, de 28.

Por otro lado, este martes comenzaron a desfilar por el juzgado – situado en la Avenida de los Inmigrantes, detrás de Comodoro Py 2002- testigos que presenciaron el procedimiento en la financiera y otros propuestos por las partes. Además, el juez Yadarola dispuso iniciar el peritaje sobre los teléfonos secuestrados durante el operativo.

Fariña declaró el viernes durante cuatro horas por “haber integrado una agrupación que, de manera habitual, permanente y mancomunada, desde al menos el mes de enero de 2023 y hasta el 15 de noviembre de 2023 habría tenido como objeto cometer delitos de naturaleza patrimonial de manera indeterminada”.

Según la imputación, se trató “principalmente actividades ilícitas en infracción a la ley 19.359, relacionados a la compra y venta de moneda extranjera sin contar con la debida autorización del BCRA, con la consecuente legitimación de activos derivados de las ganancias provenientes de aquellas maniobras”.

Fariña negó ser el dueño de la financiera, explicó que fue a visitar a unos amigos y solicitó que se monitoreen sus ingresos a esa oficina, para lo que pidió que se chequee la lista de entradas al mismo y el GPS de su tobillera electrónica.

MM con información de NA

El financista Leonardo Fariña declaró esta tarde, junto a otros cuatro detenidos, ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en la investigación por los allanamientos a “cuevas” del pasado miércoles. El acusado se encontraba en la financiera de Belgrano cuando comenzó el operativo policial y quedó detenido.

Ante la justicia, Fariña explicó que se encontraba allí porque había ido a visitar a un amigo y aseguró que estuvo en el edificio donde operaba la financiera ─ubicado en Avenida Juramento al 1400─ en cinco oportunidades, pero que no era un lugar que frecuentara. Pidió que se constataran dichas visitas en el registro de entradas al edificio y con el GPS de su tobillera electrónica.

Tras su detención en el marco del allanamiento a la “cueva”, Fariña quedó imputado en la causa por presunto lavado de dinero y violación al Régimen Penal Cambiario. Junto a él, están siendo investigados sus dos hermanos, Damián Alejandro Frare (26) y Romina Mariela Frare (25), y una pareja integrada por Antonella Somma (32) y Carlos Senande (28). Todos ellos, sin embargo, fueron excarcelados este viernes.

El allanamiento a la financiera se dio luego de que se determinara que desde esas oficinas se alentaba una corrida bancaria. Cuando la División Antifraudes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal arribó al lugar, se secuestraron 200 millones de pesos en billetes, sumas menores en dólares y euros. Todo el efectivo estaba distribuido entre cinco valijas y una caja fuerte chica.

Según explicaron investigadores a Télam, cuando llegó la policía, Fariña estaba en actitud de dominio de la situación y se encontraba del lado del mostrador de quienes no son clientes. Además, indicaron que otra persona que se encontraba allí en calidad de cliente no quedó detenida.

ACM con información de agencias.

El Tribunal Oral Federal número 4 validó por mayoría el acuerdo de colaboración de Leonardo Fariña alcanzado con el fiscal de primera instancia Guillermo Marijuan y, de esta manera, fijó una posición sobre el alcance en un juicio oral y público de la figura del arrepentido, un rol sobre el que gira la causa de los cuadernos de corrupción en la obra pública, cuyo juicio está pendiente y tiene entre los acusados a Fernández de Kirchner, exfuncionarios y a algunos de los empresarios más poderosos. No obstante, Fariña fue condenado a cinco años de prisión en el caso de lavado de activos.

Tras el fallo, el empresario Leonardo Fariña habló en radio Rivadavia y reveló que Lázaro Báez, quien fue condenado a 12 años de prisión, “era el testaferro y socio de Cristina y Néstor. Esto es sentido común”, y recordó que “una de las primeras veces que lo vi, llamó en frente mío a Néstor Kirchner”.

Entre otras cosas detalló que “una de mis primeras tareas con Lázaro fue llevarle la posibilidad de adquirir TELECOM en 2010. Yo trabajaba en un consorcio que había ofertado en Italia para la compra de TELECOM. Yo le llevo ese negocio y él adelante mío habla con Néstor y la respuesta fue que habíamos llegado tarde”.

“Lo que se roba del Estado no se pone a disposición de la sociedad, hace unos cuatro días pasó lo de la vacuna. Es para la gente y terminó estando en manos de una cuestión discrecional. En Argentina lamentablemente el último tiempo siempre que hay una cuestión de servicio público o caja del Estado donde hay un negocio en el medio”, analizó.

Con respecto a la condena recibida, Fariña expresó que “no es la que esperaba”, pero “el fallo es ejemplar porque refleja las responsabilidades de todos los que tuvimos algo que ver en este proceso”.

Y agregó que “en el 2019 me quiso comprar gente vinculada al kirchnerismo”, y confesó que “todo lo que se ventiló en esta causa forma parte de una parte oscura de mi vida que quiero dejar atrás. Me relacioné con gente con la que no tendría que haberlo hecho”.

NB

Las condenas en el juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez y otros 26 imputados por el lavado de unos US$60 millones sentó varios precedentes, entre ellos para el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también para los arrepentidos de casos de corrupción y lavado de activos, según explicaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervinieron directamente en el veredicto. 

El Tribunal Oral Federal número 4 validó por mayoría el acuerdo de colaboración de Leonardo Fariña alcanzado con el fiscal de primera instancia Guillermo Marijuan y, de esta manera, fijó una posición sobre el alcance en un juicio oral y público de la figura del arrepentido, un rol sobre el que gira la causa de los cuadernos de corrupción en la obra pública, cuyo juicio está pendiente y tiene entre los acusados a Fernández de Kirchner, exfuncionarios y a algunos de los empresarios más poderosos. No obstante, Fariña fue condenado a cinco años de prisión.

El acuerdo fue validado por los jueces Néstor Guillermo Costabel y Adriana Palliotti. En disidencia, la jueza Gabriela López Iñíguez dejó trascender en un texto que circuló entre sus colegas y allegados y al que accedió este medio que el “polémico arrepentido Leonardo Fariña” había hechos “aportes concretos y verosímiles al esclarecimiento de algunos hechos” pero que esos aportes “deben ser analizados detalladamente y con sumo cuidado”. “Es este, en mi opinión, y en este caso en particular, un aspecto muy delicado”, dijo la jueza.

La reducción de la pena corresponde a su colaboración en algunos de los aspectos que aportó a la investigación.

En el juicio contra Báez, Fariña era uno de los principales imputados y el único que confesó su rol en la maniobra. El resto se declaró inocente. El exesposo de la modelo Karina Jelinek llegó al juicio luego de haber firmado un acuerdo como imputado colaborador durante la instrucción de la causa, en 2016, que fue central durante la investigación, pero el tribunal debía evaluar si realmente aportó todas las pruebas requeridas para que ese acuerdo siga en pie.

Fuentes judiciales, de la acusación y abogados defensores sostenían que Fariña no pudo corroborar al menos uno de los cuatro puntos de su colaboración como imputado con Marijuan: la conexión entre el origen del dinero lavado en la maniobra y la corrupción en la obra pública. Sin embargo, de acuerdo al fallo, el tribunal ratificó este miércoles su acuerdo, tal como aclaró en la lectura de la sentencia el juez Néstor Guillermo Costabel, al reducir de ocho a cinco años la pena que entendió que le correspondía por su participación en la maniobra. Era el mismo planteo que había realizado el fiscal del juicio, Abel Córdoba. 

Sacó unas notas escritas y detalló hechos sobre los que no pudo acreditar haber sido partícipe o testigo directo.

“La reducción de la pena corresponde a su colaboración en algunos de los aspectos que aportó a la investigación. El acuerdo queda validado, en principio”, explicó una fuente del tribunal a elDiarioAR. La Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema podrán revisar eventualmente la decisión de los jueces si los recursos de las partes así lo plantean, explicó la fuente consultada. “Aunque no se haya corroborado el 100% de la información aportada por Fariña, no está acreditado que haya mentido y por eso queda validado su acuerdo de colaboración”, amplió otra fuente del tribunal. 

Los abogados de los principales imputados estaban a la espera del destino de Fariña, quien catapultó a los Báez y sus principales colaboradores hacia el juicio oral y público durante el gobierno de Mauricio Macri. Esperaban que su acuerdo fuera invalidado. “Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña”, había dicho la abogada de Báez, Elizabeth Gasaro, a este medio. José Manuel Ubeira, abogado de Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, dijo a este medio que el caso “puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos” porque ponía la lupa sobre el peso que caería sobre Fariña por no haber probado todos los dichos que le permitieron acordar la colaboración.

La cárcel y la prueba

Fariña estuvo unos dos años preso por una causa de evasión impositiva, pero tras declarar como arrepentido en esta causa salió de la cárcel. Esta condena vuelve a acercarlo a la prisión, ya que en el mejor de los escenarios, el colaborador podría pasar otros tres años detenido, explicó una fuente directa del caso. La defensa evaluaba apelar una parte de la sentencia en su contra, en especial lo relacionado a la pena, según una fuente allegada al acusado. La pena no comenzará a ejecutarse hasta que la condena quede firme en la Corte y el máximo tribunal no tiene plazos.

En abril de 2013, el programa Periodismo Para Todos (PPT) emitió el informe que tituló “la ruta del dinero K”. La presentación incluía una cámara oculta a Fariña, quien definió a Báez como “el jefe” y dijo que había armado la estructura societaria para lavar dinero proveniente del Estado y del empresario patagónico. “Yo lo armé”, dijo Fariña, y contó que Báez lo desplazó de su función tras su casamiento con la modelo Karina Jellinek y su exposición mediática, incompatible con el bajo perfil que cultivaba el dueño de Austral Construcciones. Entonces, dijo que Báez lo sustituyó por el contador Daniel Pérez Gadin, señalado luego como el cerebro financiero de la maniobra y condenado este miércoles a ocho años de prisión como co-autor del delito de lavado agravado. 

Tras la emisión del programa, Fariña quedó imputado en la investigación en 2013. En abril de 2016, cinco meses después del cambio de Gobierno, declaró como arrepentido en la instrucción de la causa y firmó un acuerdo como imputado colaborador, el primero en un caso de corrupción, incluso antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de octubre de 2016. Hasta entonces, sólo se admitían colaboradores en casos de narcotráfico, pero la declaración de Fariña tuvo su curso porque el caso Báez quedó asociado a una supuesta usina de facturas apócrifas vinculada a un sospechoso de tráfico de drogas en Bahía Blanca. 

Encuentro con Garavano

La defensa de Báez, entre otras, consideró “guionado” el relato de Fariña en 2016 por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. Al respecto, puntualizó una reunión del arrepentido con el funcionario. Fariña admitió un encuentro en junio de ese año. “La reunión fue sola y exclusivamente porque Garavano es (era) la máxima autoridad del organismo que tiene a su cargo el programa de testigos protegidos. La reunión fue el 28 de junio de 2016, y se la pedí por (medio de) un periodista, porque estaba disconforme con algunas condiciones de mi alojamiento y no tenía contacto con él”, declaró el colaborador tres años más tarde en el marco del juicio oral. A su vez, fuentes de la gestión de Garavano -hoy un hombre de consulta de Macri en sus causas judiciales- dijeron a este medio a principios de febrero que el exministro se había reunido con Fariña en el marco de su incorporación al programa oficial de testigos protegidos.

El fiscal Córdoba reconoció el aporte de Fariña a la investigación, pero muy cerca de la fiscalía explicaron que si bien el exallegado a Báez permitió individualizar bienes y hechos clave de la maniobra, no pudo aportar pruebas sobre la supuesta conexión directa entre la corrupción y el dinero enviados a cuentas suizas. “Cuando se lo interrogó en el juicio sobre esta cuestión, respondió que había hecho su propia investigación y se lo habían explicado otros empresarios, pero no los pudo individualizar para que sean citados a declarar. 

El efectivo quedaba en las financieras y se compensaba con movimientos entre cuentas de otros clientes de las cuevas hacia las cuentas de Báez.

Durante la instrucción del caso, al momento de declarar como arrepentido ante el juez Sebastián Casanello, Fariña pidió leer parte de su versión, según explicó una fuente judicial que presenció la audiencia. “Sacó unas notas escritas y detalló hechos sobre los que no pudo acreditar haber sido partícipe o testigo directo, y se referían a un supuesto plan sistemático de corrupción en la obra pública”, contó uno de los presentes en aquella declaración de 2016.

Sin embargo, su aporte fue central para acreditar el rol de Lázaro Báez en la maniobra y para probar cómo el dinero lavado salió del país, ya que identificó a las financieras de la city porteña que habrían participado de la maniobra, de acuerdo a las mismas fuentes, y que conducían a bancos extranjeros, en especial a bancos suizos. Los dichos de Fariña se basaron en hechos en los que había participado y se corroboraron con la documentación obtenida luego de los allanamientos a esas “cuevas” durante dos semanas, ordenados por Casanello.

“El dinero nunca viajó físicamente, hasta donde se pudo determinar. Se realizaban transferencias de cables a través de estas cuevas. El efectivo quedaba en las financieras y se compensaba con movimientos entre cuentas de otros clientes de las cuevas hacia las cuentas de Báez”, recordó a principios de febrero una fuente que analizó la documentación secuestrada en los operativos en la city.

ED  

El juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez y otros 26 imputados por el presunto lavado de unos US$50 millones y su encubrimiento se aproxima al final. Fuentes de la defensa y la acusación de éste y otros procesos coinciden en que el veredicto impactará más allá del destino del contratista y de nombres de resonancia mediática en los últimos años, para quienes el fiscal pidió penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias. El veredicto también apuntará indicios sobre el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -quien no es juzgada por este expediente- y el esquema de arrepentidos en casos de presunta corrupción y lavado de activos, como Leonardo Fariña.

El veredicto está programada para el próximo miércoles 10 de febrero, pero podría retrasarse, confiaron fuentes del juicio, ya que restan las últimas palabras de algunos de los imputados antes del final del juicio, un derecho de los acusados. Los jueces Néstor Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti ya trabajan en el fallo de un proceso que comenzó en octubre de 2018, confío una fuente del tribunal. 

Elizabeth Gasaro, abogada de Lázaro y Martín Báez, reiteró a elDiarioAR que sus defendidos son inocentes de los cargos. A excepción de Fariña, quien declaró como imputado colaborador y admitió su rol en la maniobra investigada, el resto de los imputados también niega las acusaciones en su contra.

Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña.

Además de una posible condena contra Báez, un exsocio de los Kirchner, la decisión del tribunal será clave para el tratamiento en juicio a los acuerdos de arrepentidos en casos de supuesta corrupción que se pactaron durante la instrucción de las causas a partir de 2016, y dejará un antecedente para el juicio de los cuadernos de la corrupción y para futuros acuerdos con imputados colaboradores en otros expedientes, confiaron las distintas fuentes consultadas. 

La acusación incluyó no sólo a Báez sino también a sus cuatro hijos (Martín, Leandro, Sabrina y Melina), beneficiarios finales de “un entramado societario offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza”, y a través de las cuales se habrían canalizado alrededor de US$50 millones entre finales de 2010 y principios del año 2013, según la acusación en el juicio.

La operación, según el procesamiento, comenzó a gestarse a finales de 2010, cuando Báez empezó a migrar millones de dólares al exterior a través de financieras del microcentro porteño. El origen de esa fortuna, sostuvo el juzgado de Casanello, se erige del “extendido esquema de corrupción institucional investigado” entonces por el juez federal Julián Ercolini en la causa conocida como Vialidad o “corrupción en la obra pública” vial de Santa Cruz, un segundo juicio que atraviesan Baéz; la vicepresidenta Fernández; y el exministro Julio De Vido, entre otros.

“Yo lo armé”

En abril de 2013, el programa Periodismo Para Todos (PPT), de Canal 13, emitió el informe que destapó el caso titulado “la ruta del dinero K”. La emisión incluyó una cámara oculta a Fariña, quien definió a Báez como “el jefe” y dijo que había armado la estructura societaria que explicaba la “red de lavado del Estado” y del dinero del empresario patagónico. “Yo lo armé”, dijo Fariña, y contó que Báez lo desplazó de su función tras su casamiento con la modelo Karina Jellinek y su exposición mediática, incompatible con el bajo perfil que cultivaba el dueño de Austral Construcciones. Báez lo sustituyó por el contador Daniel Pérez Gadin, dijo Fariña, señalado luego como el cerebro financiero de la maniobra. 

Tras la emisión del programa, Fariña quedó imputado. Tres años más tarde, en abril de 2016, declaró como arrepentido ante el fiscal Guillermo Marijuan en la instrucción de la causa y firmó un acuerdo como imputado colaborador, el primero en un caso de corrupción, incluso antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de octubre de 2016. Antes de esa fecha, sólo se admitían colaboradores para casos de narcotráfico, pero la declaración de Fariña fue avalada por el juzgado de Casanello porque el caso Báez quedó asociado a una supuesta usina de facturas apócrifas vinculada a un sospechoso de tráfico de drogas en Bahía Blanca. 

Sin embargo, durante el juicio, según sostuvieron fuentes judiciales y abogados defensores, Fariña no pudo corroborar al menos uno de los cuatro puntos de su colaboración con Marijuan. elDiarioAR se comunicó con Fariña pero el acusado se excusó de hacer declaraciones hasta que se conozca la sentencia.

Se debe juzgar al sospechoso por la responsabilidad en esa administración, a partir del 29 de junio de 2011.

Para Fariña, el fiscal del juicio pidió una pena de ocho años pero debido a su colaboración en la investigación accedió a reducirla a cinco años. Si el tribunal evalúa que no puede dar como válida la colaboración de Fariña en el caso, su acuerdo podría caer, explicó una fuente judicial. Si la sentencia en su contra se acerca a la pena solicitada por el fiscal, el veredicto, además, podría costarle su libertad. Fariña estuvo unos dos años preso por una causa de evasión impositiva, pero tras declarar como arrepentido, salió de la cárcel.

El fiscal Córdoba reconoce su aporte a la investigación, aunque en el entorno del magistrado explican que, si bien Fariña permitió individualizar bienes y hechos clave de la maniobra, no pudo aportar pruebas sobre la supuesta conexión directa entre la corrupción y el dinero enviado a cuentas suizas. “Cuando se lo interrogó en el juicio sobre esta cuestión, respondió que había hecho su propia investigación y se lo habían explicado otros empresarios, pero no los pudo individualizar para que fueran citados a declarar”, resumió una fuente. 

Los abogados de los principales imputados están a la espera del destino de Fariña, quien catapultó a los Báez y sus principales colaboradores hacia el juicio oral y público durante el gobierno de Mauricio Macri. “Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña”, dijo Gasaro a este medio. José Manuel Ubeira, abogado de Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, afirmó ante este medio que el caso “puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos”.

La Justicia no pudo dar con pruebas que documentaran la fuga del dinero hasta que Fariña declaró como arrepentido e identificó a las financieras de la city porteña que habrían participado de la maniobra. Sus dichos se corroboraron con la documentación obtenida de los allanamientos a las “cuevas”. “El dinero nunca viajó físicamente al exterior, hasta donde se pudo determinar. Se realizaban transferencias de cables a través de estas cuevas. El efectivo quedaba en las financieras y se compensaba con movimientos entre cuentas de otros clientes hacia las cuentas de Báez”, recordó una fuente que analizó la documentación secuestrada en los operativos en la city.  

El delito precedente

Otro punto central del juicio es si los jueces harán un análisis sobre el origen del dinero presuntamente banqueado y contemplarán la presunta corrupción en la obra pública como uno de los delitos que originó la fortuna de los Báez en Suiza, además de la repercusión que la sentencia tendrá en el juicio contra la vicepresidenta por el caso conocido como Vialidad y en futuros procesos como el de Hotesur y Los Sauces. 

Actualmente, Fernández de Kirchner es juzgada junto a Báez y otros imputados por presuntas irregularidades, sobreprecios y direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz. La vicepresidenta tiene pendiente otro juicio por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), también junto a Báez. Fernández de Kirchner niega todos los cargos en su contra y denuncia el armado de causas en el marco de lo que denomina lawfare, o guerra jurídica. En el caso Báez, la Cámara Federal porteña ordenó al juez Casanello que indagara a Fernández de Kirchner a pesar de que el juez sostenía que no había pruebas de su participación en la maniobra de lavado. El juez obedeció y luego le concedió la falta de mérito en el expediente.

Fuentes directas de las defensas de los imputados y de los acusadores sostienen que durante el juicio quedó en evidencia una supuesta divergencia de criterios entre los jueces del tribunal sobre el delito precedente del lavado que se imputa a Báez. Aún así, los acusadores confían en una sentencia condenatoria de Báez. Además de la fiscalía, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción (OA), los tres organismos del Ejecutivo, integraron el grupo de querellantes en el juicio y pidieron penas para los acusados.

Esta red controlada por Helvetic Service Group se ideó para evitar la trazabilidad del dinero,

El fiscal Abel Córdoba solicitó 12 años de prisión para Báez; nueve años para su hijo mayor, Martín; y ocho años para los principales colaboradores de la supuesta maniobra, el contador Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco. Solicitó además multas para la mayoría de los acusados de $2.121 millones (para cada uno) y el decomiso de todos los bienes de los Báez.

La fiscalía también pidió condenar a Federico Elaskar, uno de los imputados clave en el caso, por la maniobra principal de lavado pero solicitó absolverlo por algunos hechos menores. Elaskar dio en 2013 una entrevista al periodista Jorge Lanata corroborando parte de la versión de Fariña. Entonces denunció haber sido despojado de su financiera SGI por parte de los colaboradores de Báez. Luego quedó imputado pero niega haber sido partícipe del lavado.

Báez, quien se encuentra con detención domiciliaria desde septiembre de 2020, lleva casi cinco años con prisión preventiva. Una condena cercana a los siete años le permitiría acercarse a los dos tercios de la pena y solicitar la libertad condicional. Gasaro sostuvo en diálogo con este medio que las empresas de Báez eran proveedoras del Estado y por tanto tenían bancarizados todos sus movimientos de dinero, por lo que afirma que no podría haberse llevado adelante una maniobra de lavado de activos. 

Gasaro criticó que se haya homologado el acuerdo con Fariña, que las defensas consideran “guionado” por el Ministerio de Justicia de Germán Garavano; sostuvo que se le negó la incorporación de prueba a favor de sus defendidos; y dijo que la acusación se basa en algo que no están probado: que el dinero que aparece en las cuentas suizas de sus clientes sean producto de la corrupción en la obra pública o de la evasión de impuestos. Fuentes de la gestión de Garavano sostienen que el exministro sólo se reunió con Fariña previo a su incorporación al programa oficial de testigos protegidos y que su declaración no fue guionada.

Puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos.

Otro aspecto de discusión entre las defensas y los acusadores es si los imputados pueden ser juzgados por la nueva ley de lavado de activos sancionada en 2011, algo que los jueces del tribunal también deberán poner sobre la mesa. Tanto Casanello como el fiscal Córdoba han sostenido que en el caso de Báez se debe aplicar la nueva ley, que permite juzgar el lavado como delito autónomo. Eso implica que no es necesario probar el delito precedente al lavado: sólo bastan presunciones o indicios de un origen ilícito del dinero para avanzar en una condena por lavado de activo, explicaron fuentes judiciales que intervinieron en el caso. Es el mismo criterio que sostiene el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales en casos similares, según distintos fallos publicados. 

Las jurisdicciones elegidas para crear sociedades y cuentas incluyeron no sólo a Suiza sino también a Panamá, Belice, Uruguay, España y Estados Unidos, según el procesamiento firmado por Casanello en agosto de 2017. “Esta red controlada por Helvetic Service Group se ideó para evitar la trazabilidad del dinero”, afirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La defensa de Báez resalta que algunos de los hechos que se les imputan a los acusados datan de finales de 2010 y otras fechas del primer semestre de 2011, anteriores a la entrada de vigencia de la norma modificada, que entró en vigencia el 29 de junio de 2011.

En sus escritos, Casanello sostuvo que la presunta conducta delictiva se extendió durante el tiempo hasta al menos 2013. Si bien Báez habría adquirido SGI a Elaskar en enero de 2011 a través de Fariña, el juez afirmó que fue con posterioridad que desde esa financiera se dirigieron las operaciones de lavado, la formación de las sociedad offshore y de apertura de las cuentas bancarias en el extranjero para albergar el dinero.

Luego, en 2015, incluso, siguieron habiendo movimiento en el banco suizo, que complicaron la situación judicial de algunos de los hijos de Báez, en particular de sus hijas, cuya participación quedó en evidencia por los trámites bancarios que realizaron ese año, según el expediente. 

El Ministerio Público Fiscal sostiene en distintos expedientes y juicios que aunque un bien (sea una financiera, un campo o un vehículo) se haya adquirido antes de la entrada en vigencia de la nueva ley (29 de junio de 2011), la conducta que debe juzgarse abarca mucho más que la compra-venta e implica también su administración en el tiempo. Así lo plantean distintos fallos, según las consultas a distintos fiscales especializados en casos de lavado. “Se debe juzgar al sospechoso por la responsabilidad en esa administración, a partir del 29 de junio de 2011”, explicó uno de los magistrados consultados.

Suiza

El expediente de instrucción demuestra que, a medida que avanzó la investigación judicial, la hipótesis que convenció a Suiza para entregar la documentación bancaria fue que el origen del dinero era un presunto fraude fiscal, montado a través de la supuesta elaboración de usinas de facturas apócrifas para justificar gastos en las obras públicas. 

La información comenzó a solicitarse en 2013, pero llegó a la Justicia argentina a partir de 2016 y a cuentagotas, cuando Fernández de Kirchner ya no estaba en el poder, según explicó uno de los investigadores. 

Uno de los los dos exejecutivos del banco suizo Lombard Odier que manejaron una de las cuentas investigadas en la que se movieron unos US$21 millones sostuvo en su declaración indagatoria que “no había indicios” de que el dinero pudiera tener un origen delictivo.

De aquella suma multimillonaria, hoy los Baéz tienen alrededor de US$800 mil congelados en Suiza a la espera del veredicto, dijo una fuente de la causa.

*Esta nota fue modificada el 24 de febrero para corregir la información sobre cantidad de imputados, la acusación contra Elaskar y el pedido de pena del fiscal.

ED