El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió esta tarde al triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, en calidad de secretario general del gremio Sanidad para conversar sobre la realidad del Hospital Naval Buenos Aires “Cirujano Mayor Doctor Pedro Mallo”.

La reunión, que nucleó además al ministro de Defensa, Luis Petri, y al almirante Carlos María Allievi, tuvo lugar en el despacho de Francos de la Casa Rosada, y fue pedida por el propio Daer para intentar acercar posturas en torno a un conflicto gremial con una empresa tercerizada que se da al interior del hospital y que alcanza a 560 trabajadores.

El intercambio se enmarca en la semana en la que el Gobierno Nacional decidió limitar por decreto “el derecho de huelga” en actividades que desde ahora son consideradas “esenciales”, y puede ser leído como un gesto del Poder Ejecutivo a una de las autoridades de la central. 

Al término, el referente cegetista hizo referencia al tema ante la prensa acreditada en el Patio de Palmeras: “Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el decreto DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de tener una medida de acción directa”.

“Esto fue rechazado primero por amparo, y después en primera y segunda instancia, con fallo firme. Cambiándole un rubro de lo que llaman trascendental a esencial, volvieron a sacar el mismo DNU. Para nosotros sigue vigente la suspensión”, enfatizó.

En la misma línea, anticipó: “Entre el día lunes y martes estamos actuando nuevamente en la justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema”.

Asimismo, Daer calificó el decreto de “inconstitucional” al argumentar que el Congreso se encuentra abierto y en funciones, al tiempo que aclaró que no se abordó el tema en la reunión con Francos.

“Me encuentran acá porque vengo a tratar un tema serio de mi actividad, y me recibió el Jefe de Gabinete. Eso no quiere decir que las otras cuestiones, que tiene que ver con los decretos que salieron antes de ayer y que fueron publicados ayer, tengan algún diálogo o algún tipo de conversación”, se escudó. 

Consultado por la posibilidad de adoptar nuevas medidas de protesta, anticipó que la central avanzará por la vía judicial y prometió conversaciones con las autoridades, aunque descartó la chance de convocar a un paro general. 

Daer cuestionó además la reforma laboral que el presidente Javier Milei intenta impusar al plantear que las modificaciones incorporadas en la Ley Bases “no generó puestos de trabajo ni formalidad”. 

“El único crecimiento es en la informalidad, así que no vemos que exista hoy, ni en el Congreso, ni en el debate público, una cuestión de que lo necesario sería reformular los derechos de los trabajadores”, aseveró, y aclaró: “Lo que sí hay que discutir es cómo se reparte el trabajo, la jornada laboral, en una reducción de horas y demás”.

Por último, identificó al asesor Santiago Caputo como uno de los interlocutores del con los que tiene contacto, sin embargo, desmintió el funcionamiento de una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo. 

Con información de la agencia NA

Héctor Daer, cosecretario de la Confederación General del Trabajo (GCT), aseguró hoy que el paro general fue un “éxito rotundo” y felicitó “a todos los trabajadores que dedicieron acompañar el llamado a la huelga”.

“Queremos felicitar a todos los trabajadores que en el día de hoy pararon sus actividades para demostrar que el movimiento obrero lleva adelante una agenda clara para que se cambien las políticas de ingresos”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Este gobierno está llevando adelante un ajuste profundo que está recayendo sobre las economías regionales, sobre la obra pública y en especial el sector de los jubilados”, agregó.

“Queremos felicitar a todas las organizaciones que concurrieron ayer a la plaza de los dos Congresos armando una marcha multitudinaria en apoyo a un reclamo justo que tiene que ver con la actualización de los haberes de jubilados y jubiladas”, añadió. “Ese reclamo fue parte de esta jornada de 36 horas de lucha”.

A su vez, el sindicalista se despegó de los incidentes registrados en algunos colectivos que funcionaron con normalidad por la conciliación obligatoria que acató la UTA.

“Nada tienen que ver con los trabajadores ni con las organizaciones sindicales”, dijo sobre esos ataques a pedradas que sufrieron algunas formaciones y que algunas lecturas lo asociaron a represalias contra la UTA de parte de otros sectores de la central obrera.

El sindicalista advirtió además que la campaña publicitaria montada por el Gobierno contra el paro de la CGT es un “mecanismo muy complicado que fue utilizado cuando se perdió la democracia”.

“Cuando se perdió la democracia fueron utilizados esos mismos medios maniqueos”, señaló al referirse a los eslóganes contra el paro que el Gobierno emitió por altoparlantes en las estaciones de trenes.

Daer también respondió el comunicado crítico del Gobierno que aludió al paro de “la casta sindical”: “Quiero descartar la palabra casta que no tiene nada que ver con este país, acá somos todos iguales ante la ley. En Argentina no hay división por castas pero sí podríamos dividir entre oligarquía y trabajadores”, sostuvo.

Y sobre el accionar de la Casa Rosada, agregó: “Cuanta presión hicieron sobre tantos sectores, nos vendían que había lugares en que no iban a parar”.

También, reiteró que el motivo de la huelga nacional fue la “caída de los ingresos y el ajuste profundo que esta recayendo sobre las economías regionales y la obra pública”.

Además de Daer, participaron de la conferencia sus pares del triunvirato, Carlos Acuña y Octavio Arguello, y otros referentes como Andrés Rodríguez, Sergio Romero y Cristian Jerónimo.

CRM

En Balcarce 50 nadie lo admite en público, pero el paro general de la CGT de este jueves 10 de abril empezó a hacer ruido antes de que se escucharan los primeros bombos. No por el número de gremios que adhieren, sino por el momento político en que aterriza: un gobierno golpeado por su propio vértigo, sin músculo parlamentario y con señales de fatiga en la calle, justo cuando la economía dejó de ser argumento y empezó a ser problema.

La huelga será la tercera contra Javier Milei en lo que va de su mandato, pero no se parece a las anteriores. Esta vez llegó con prólogo: una movilización al Congreso que tuvo lugar ayer por la tarde, con una marea sindical y social que se encolumnó detrás del reclamo de los jubilados por un aumento de emergencia. La CGT acompañó, pero no encabezó. Se sumó a un clima de protesta que desde hace semanas viene construyéndose desde abajo, con más convicción en las calles que en las cúpulas.

Lo que en otros tiempos podía leerse como una decisión estratégica, hoy aparece más bien como una reacción inevitable. Las consignas que circularon este miércoles frente al Congreso —paritarias libres, rechazo a los despidos, defensa de la educación y la salud pública, oposición al acuerdo con el FMI, que está a punto de formalizarse— anticipan el tono de una jornada que pondrá a prueba no sólo al sindicalismo, sino también a un Gobierno que empieza a sentir que el descontento dejó de ser marginal.

La clave, en el ajedrez oficialista, estuvo en el transporte. Desde hace días, operadores del oficialismo trabajaron en silencio para desactivar la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, cuyo impacto en el AMBA define buena parte del éxito o el fracaso de una huelga general. La jugada fue quirúrgica: la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresarias. Legalmente, el gremio no puede adherir al paro. Políticamente, se desinfla el efecto de la protesta.

El jefe de la UTA, Roberto Fernández, argumentó razones jurídicas. Pero en los pasillos gremiales y en las oficinas del Gobierno todos entienden que hay algo más: subsidios, auditorías sobre su obra social, presiones cruzadas. Su negativa a plegarse dejó expuesta una de las tensiones internas más agudas en la CGT, donde ya se oyen voces que hablan de sanciones. En las seccionales del interior, más combativas, hay intentos de ruptura. “Una cosa es el AMBA, otra el país”, dijeron en el entorno de un gremialista a elDiarioAR.

La central obrera llega al paro con grietas a la vista. No solo por la UTA. Los históricos Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Armando Cavalieri (Comercio) se mantuvieron al margen. Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN) se sumaron con reticencia. El camionero Hugo Moyano delegó la conducción formal en Octavio Argüello, su hombre en el triunvirato cegetista, pero luego moderó su discurso y cerró una paritaria a la baja. El impulso corrió por cuenta de Héctor Daer (Sanidad), flanqueado por Sergio Palazzo (Bancarios) y Juan Carlos Schmid, en lo que podría leerse como el comienzo de una reconfiguración del liderazgo sindical.

Pero la medida de fuerza no tendrá un impacto homogéneo. Los gremios aeronáuticos ya confirmaron su adhesión, al igual que los bancarios, los docentes, los portuarios y los camioneros. Habrá guardias mínimas en salud, administración pública paralizada, recolección de residuos interrumpida y una actividad comercial parcial, sobre todo en los barrios donde el transporte funcione. En el interior, la adhesión será más alta. Y en el AMBA, el funcionamiento de los colectivos terminará siendo el factor que incline la balanza.

Desde el vamos, el Gobierno buscó deslegitimar la protesta. En los últimos días, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de “paro ridículo” y acusó a los gremios de defender privilegios. Pero puertas adentro, la lectura es más compleja. En las últimas semanas, emisarios oficiales buscaron abrir canales de diálogo con algunos sindicatos. No encontraron eco. “Hay diálogo, pero no hay negociación”, dijo Daer. La línea libertaria es clara: no se negocia con quienes se considera parte del problema.

Lo que se juega este jueves, sin embargo, va más allá del paro en sí. No será una paralización total. Tampoco una jornada inocua. Será una postal política, con una CGT que intenta recuperar protagonismo en medio del vacío que dejó el PJ, con una sociedad que empieza a mostrar señales de hartazgo, y con un oficialismo que ya no puede confiar en el efecto novedad para justificar cada conflicto.

Milei llegó a la Casa Rosada con la promesa de dinamitar la “casta”. Pero en esa implosión arrastra también parte del entramado social que sostenía la gobernabilidad. La calle vuelve a aparecer, no como amenaza, sino como termómetro. Y cada vez que se llena, algo se vacía en el poder.

PL

El triunviro de la CGT Héctor Daer anunció hoy que no buscará competir por la reelección como autoridad al frente de la central obrera, aunque aclaró que seguirá trabajando por la “unidad”.

“Hace un tiempo le he dicho a mis compañeros del Consejo Directivo que se había cumplido un ciclo de 9 años al frente de la CGT. Y efectivamente les dije que voy a trabajar para la unidad, pero no voy a reelegir”, sostuvo Daer en declaraciones a TN durante la marcha de los jubilados al Congreso.

En total, Daer formó parte del triunvirato de la CGT durante aproximadamente 8 años y su alejamiento tomó por sorpresa a sus pares, que no esperaban que se abriera un proceso de cambio en la central obrera.

Ahora empezará la danza de nombres para su posible reemplazo que finalizará en noviembre próximo, cuando se llevará a cabo el congreso de renovación de autoridades cegetistas.

El anuncio de Daer respecto de su salida de la CGT se dio en el marco del acompañamiento de la central obrera a una nueva marcha de los jubilados y en la previa del paro general dispuesto para mañana.

“Lo único que le cierra a este modelo económico es la caída de los ingresos”, aseguró el gremialista durante la movilización al Congreso. En las inmediaciones del Congreso, Daer planteó que la convocatoria a la huelga tiene que ver con que “se empezaron a dar las condiciones para la movilización”.

“Comienza a socavarse el sustento social de una sociedad cuando ves que el dinero en sectores vulnerables cada vez alcanza menos y es más costosa la posibilidad de sobrevivir. En esto tenemos que ser claros y solicitar que así no es el camino”, consideró el dirignete,.

Con relación a la disputa en el PJ, Daer dijo que “el peronismo siempre tiene salida” y va a volver a “ser alternativa en el 2027”. En tanto, anticipó que el 1 de mayo la CGT realizará una “gran movilización” por el Día del Trabajador.

Con información de la agencia NA

La calle será el escenario. Este miércoles, desde el mediodía, columnas sindicales, movimientos sociales y la protesta ya habitual de los jubilados volverán a confluir frente al Congreso. Será el primer acto de una huelga que se estiró a 36 horas y que tendrá su punto más alto el jueves, cuando rija el tercer paro general contra Javier Milei. Pero más allá de las fechas, los nombres y los reclamos, lo que empieza a visibilizarse es otra cosa: un malestar que no encontró contención institucional y ahora desborda por los márgenes del sistema político.

No se trata del regreso triunfal de una central obrera poderosa. Al contrario: la CGT se suma a una protesta que no empezó en la sede de Azopardo, sino en las veredas de los jubilados, donde una mínima que no alcanza para lo básico fue el primer motor de la bronca. La huelga, entonces, no es obra de una dirigencia resuelta, sino la reacción inevitable ante una clase política que no supo o no quiso escuchar a tiempo.

Desde hace días, en la sede de la CGT se afina el dispositivo para que la movilización sea masiva. El jueves pasado, referentes de gremios como Sanidad, UPCN, Uocra, Camioneros, Seguros, Vidrio y Smata delinearon la logística y el recorrido: concentración en Yrigoyen y Solís, marcha hacia la Plaza de los Dos Congresos y consignas claras: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados y rechazo al ajuste. La expectativa es que más de 300 mil personas participen de la jornada, que contará también con la adhesión de las dos CTA y de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa y Territorios en Lucha.

En la previa, el Gobierno nacional intentó desactivar la medida del jueves con una maniobra quirúrgica: dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la UTA, apostando a mantener activo el transporte durante la jornada de paro. Pero el tiro puede salir por la culata. La medida no alcanza legalmente al paro general convocado por la CGT, y en el gremio de colectiveros hay tensión interna. Algunas seccionales del interior ya avisaron que podrían sumarse, incluso desoyendo la conciliación.

La discusión más áspera, sin embargo, se dio por el operativo de seguridad de hoy. Un fallo del juez porteño Roberto Gallardo dispuso que la custodia debía recaer en la Policía de la Ciudad, y que el Gobierno nacional debía abstenerse de intervenir. Pero la Casa Rosada desoyó la orden y confirmó que será Patricia Bullrich quien encabece el despliegue, con el mismo protocolo que en las protestas anteriores: vallado perimetral, fuerzas federales y ningún margen para el diálogo.

La ministra de Seguridad fue tajante: “No vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal”, dijo. Y fue por más: denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por su parte, apeló el fallo, respaldó a Bullrich y se sumó al coro oficial que busca impugnar judicialmente cualquier intento de frenar el protocolo antipiquetes.

Pero la marcha va. Así lo confirmó este martes Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo”. Para la central obrera, el escenario está claro: si el Gobierno apuesta a la represión, será su responsabilidad. Porque lo que está en juego no es solo el derecho a manifestarse, sino el modo en que el oficialismo decide relacionarse con el conflicto social.

El Gobierno se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: el triunviro Héctor Daer apuntó el lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.

En público, los libertarios dicen que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico. 

Es que el trasfondo político es cada vez más complejo para Milei. La economía da señales de fatiga, la inflación amenaza con rebotar, el dólar se recalienta, el Congreso avanza con una comisión investigadora por el caso $LIBRA y la imagen presidencial empieza a mostrar signos de desgaste. En Azopardo lo leen con claridad: lo que hasta hace meses era impensado —una huelga general de 36 horas— hoy se vuelve inevitable.

La de este miércoles no será una jornada fundacional ni un punto de quiebre. Pero sí una foto reveladora. La de un gobierno que eligió la confrontación antes que el diálogo, que responde al conflicto social con protocolos y vallados, y que empieza a enfrentarse con algo más complejo que la “casta”: la realidad. Esa que no se puede bloquear ni empujar con gases lacrimógenos, y que cada vez encuentra más voces dispuestas a ocupar la calle.

PL/JJD

En la Casa Rosada las alarmas están encendidas hace rato. Pero esta semana, la sensación se volvió más espesa. Como una humedad interna que empieza a trepar por las paredes del poder, dejando manchas de desgaste y señales de descomposición política. En medio de la turbulencia en los mercados internacionales, el paro general convocado por la CGT para el jueves 10 de abril —precedido por una movilización frente al Congreso el día anterior— encuentra al gobierno de Javier Milei no sólo debilitado en su frente parlamentario, sino también aturdido en el intento de comprender un clima social que, de a poco, empieza a cambiar de temperatura.

El paro no es el primero —ya hubo otros dos durante el 2024— pero sí el más amplio en términos de adhesiones sindicales y sociales. No por la CGT en sí, que hasta hace poco se movía con pie de plomo, sino por el momento político en que se inscribe y por el malestar acumulado que busca canalizar. La imagen presidencial empieza a mostrar signos de fatiga no por la acción de una oposición tradicional, sino por una sucesión de errores propios: una política exterior errática, la estafa cripto de $LIBRA que amenaza con derivar en una comisión investigadora en Diputados, la derrota legislativa por los pliegos para la Corte Suprema. Todo envuelto en un discurso que se radicaliza mientras la economía se vuelve cada vez más incierta.

Este miércoles 9, desde el mediodía, comenzarán a concentrarse las columnas gremiales frente al Congreso. Pero la convocatoria, vale decirlo, no es exclusivamente sindical. Ese día se sumarán a la protesta que cada semana protagonizan los jubilados. Son ellos, más que cualquier otra expresión organizada, quienes mantuvieron la llama encendida de la protesta social contra el ajuste. Aún en soledad, aún bajo represión, fueron persistentes. La CGT llega después. No como protagonista, sino como acompañante de una combatividad que no nació en Azopardo, sino en las veredas donde una jubilación mínima dejó de alcanzar para comprar lo más elemental.

Por eso, más que una decisión estructural, el paro parece haber sido una reacción inevitable. Lo que empezó como una jornada de protesta de 24 horas se estiró a 36, con el agregado del miércoles por la tarde como prólogo. El Gobierno lo sabe. Y por eso movió sus fichas en las últimas semanas para intentar contener el impacto.

La clave es el transporte. En Balcarce 50 consideran que si hay colectivos, la huelga pierde fuerza. Y entonces llegó la jugada: la semana pasada, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que enfrenta a la UTA con las cámaras empresarias. Lo hizo con precisión de relojero: los diez días hábiles de vigencia cubren, por supuesto, el 10 de abril. Así, el oficialismo busca que el gremio de los colectiveros quede legalmente inhibido de sumarse a la medida.

La argumentación es discutible. Porque el paro de la CGT no tiene relación directa con el conflicto que enfrenta la UTA. Son causas diferentes. Lo que se intenta bloquear, en rigor, es la posibilidad de que el transporte público se sume a una huelga general convocada por motivos más amplios: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados, defensa de la industria nacional, rechazo a la represión, y una lista larga de reclamos que, según la central obrera, reflejan el deterioro acelerado de la vida cotidiana.

Este lunes, Héctor Daer buscó despejar ambigüedades. En una declaración breve pero elocuente, el secretario general de la CGT ratificó la medida de fuerza para el 10 de abril y cargó contra la indefinición de la UTA. “Una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT”, remarcó en diálogo con Radio Ravadavia, al tiempo que recordó que la medida fue votada por unanimidad y dejó entrever cierta incomodidad con el rol del gremio de colectiveros.

Es que lo que en los papeles es una estrategia de contención, en la práctica podría generar fisuras. La conducción nacional de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, es renuente a confrontar con el Gobierno. En las seccionales del interior hay clima de ruptura. Algunas ya anticiparon que podrían adherir, incluso con la conciliación vigente. En el AMBA también hay tensiones. Fernández enfrenta críticas internas y, en la CGT, hay malestar creciente. “Ya son más de 80 las regionales que normalizamos en estos meses. Y en el reglamento está prevista la expulsión de un gremio. Nunca se usó. Pero siempre hay una primera vez”, se escuchó decir en los pasillos de Azopardo.

La reacción del oficialismo, mientras tanto, se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: Daer apuntó este lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.

En público, el Gobierno dice que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico. Saben que esta vez no es solo la CGT. Son también las CTA, los movimientos sociales, los jubilados, la izquierda y el sector público y privado, algunos con historia, otros con bronca reciente.

El jueves no se espera una paralización total. Pero tampoco será una jornada más. Aerolíneas Argentinas ya alertó acerca de vuelos que serán afectados. La actividad bancaria será dispar. El sistema educativo funcionará a media máquina. Y en muchas provincias habrá una adhesión significativa, aunque heterogénea. En definitiva, se trata de una postal en movimiento de la disconformidad. Más un aviso que una rebelión.

Sucede que en la CGT no quieren hablar de continuidad. Tampoco de escalada. Pero saben que el clima cambió. Hace apenas unos meses, figuras como Andrés Rodríguez (UPCN) desalentaban cualquier tipo de medida de fuerza. Hoy, esos mismos dirigentes se sientan en reuniones donde se organiza la marcha que tendrá lugar este miércoles y que contará con un operativo de seguridad similar al que se desplegó durante la movilización del 19 de marzo pasado: se instalará un vallado perimetral que evitará el contacto de los manifestantes con las fuerzas de seguridad.

En este contexto, se cuela una discusión más profunda: si los sindicatos deben o no volver a ocupar un rol central en la escena política. Por ahora, lo que hacen es cubrir un vacío. Porque la oposición parlamentaria no logra articular una estrategia común, y el oficialismo parece más concentrado en agitar enemigos imaginarios que en resolver los problemas reales.

El paro no resolverá ninguno de esos dilemas. Pero es una señal. No de fortaleza gremial ni de coordinación opositora, sino de algo más crudo: el desgaste. El Gobierno podrá burlarse de los sindicatos, minimizar la protesta o insistir con que todo es parte de una conspiración. Pero cada vez que la calle se llena, algo se vacía en el poder. Y ese algo, cuando no se atiende, termina costando caro.

PL/JJD

Héctor Daer, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, aseguró este lunes que “no hay chance de que se levante el paro” convocado para el jueves próximo, con una movilización el miércoles, y sostuvo que la medida de fuerza es necesaria porque “este plan económico cierra solo con baja de salarios”.

“La movilización va a ser importante, no tengo dudas, por la capacidad de movilización que se viene demostrando. Es un reclamo tan justo como que se atienda al sector más vulnerable”, dijo el gremialista. Y agregó: “Si el criterio para sostener este plan económico es bajar los sueldos para dejar libres a los precios, hay algo que no cierra”.

Además, mientras que desde la central obrera siguen las conversaciones con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, para que el transporte se sume a la medida de fuerza a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno días atrás, Daer consideró que la convocatoria “es para todas las organizaciones sindicales, incluida la UTA”. Según la CGT, “la UTA es un gremio confederado, hay que conversar en los ámbitos donde se debaten estas cosas. Lo que puedo decir es que la UTA está padeciendo parte de lo que reclamamos, que es el apriete del Gobierno a las cámaras empresariales para no aumentar el salario”, aseguró.

“Una cosa es la toma de una decisión sectorial por el salario y otra es una convocatoria de la CGT para que se cambie la política sobre los ingresos”, afirmó Daer, titular del gremio de la Sanidad, en declaraciones a Radio Rivadavia.

La “caída estrepitosa” de los ingresos de trabajadores y jubilados

El sindicalista aseveró también que en los últimos meses “hubo una caída estrepitosa de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados”, que se suma a “la liberación de los precios” y que en conjunto hacen que “la plata no alcance”.

Agregó que esto se suma a “la no actualización del bono” que cobra el sector de haberes mínimos y el cambio de la fórmula de movilidad, lo que provoca que “una caída importante en los ingresos de los jubilados, y además les han sacado los medicamentos” gratuitos que tenían. “El costo en los sectores vulnerables fue muchísimo más grande que lo que marca el INDEC. A eso se suma que cuando se protesta o moviliza hay agresiones desmedidas”, sentenció Daer.

“Desde la CGT nos planteamos un país con desarrollo y trabajo, y nos encontramos en un espiral descendente”, dijo, y a modo de ejemplo expresó: “Si se consume menos carne y menos leche, hay un indicador claro de hacia dónde se va”.

Además, el líder gremial puntualizó que el paro “fue aprobado por aclamación en el consejo directivo y lo conforman las 50 organizaciones sindicales más importantes que tiene el país”, y advirtió que la movilización del miércoles es “en apoyo a los jubilados”, que tienen un haber mínimo “absolutamente bajo”.

“El paro no es un fin en sí mismo, es abrir un debate en la sociedad sobre lo que sucede”, afirmó Daer, y explicó que la CGT quiere “discutir otra política de ingresos, y por qué se sigue insistiendo con medidas que no son apoyadas ni por la sociedad ni por el Congreso”.

La traba del Gobierno a la UTA: “No pueden adherirse al paro”

El Gobierno advirtió que como sindicato de choferes de colectivos de la UTA deberá acatar la conciliación obligatoria que regirá hasta el 11 de abril, no podría adherir al paro general que la CGT convocó para el día anterior.

“No puede adoptar ninguna medida de fuerza por el término de 15 días, no se puede plegar al paro de la CGT”, le dijo a la Agencia Noticias Argentinas una fuente de la Secretaría de Trabajo.

En ese caso, la huelga nacional de la central obrera perdería fuerza para paralizar las actividades, ya que habría circulación de colectivos, quedando afectados sólo los trenes y, en el caso de la Ciudad, los subtes.

La situación generó todo tipo de suspicacias, ya que algunos no descartan que el Gobierno haya forzado a propósito el conflicto salarial con la UTA para luego dictar la conciliación con una vigencia que llegue a alcanzar la fecha del paro general de la CGT.

La lectura del Gobierno es que esto inhabilita a la UTA a parar con la CGT. No obstante no estaba del todo claro la situación, ya que la conciliación es por el conflicto salarial propio de los colectiveros, mientras que la huelga de la CGT es un paro de otra naturaleza, más política, convocado por la central a la que el gremio está confederado. 

Esto dispararía un debate técnico, ya que la medida de fuerza de la entidad de la calle Azopardo no es por una cuestión puramente salarial, sino que abarca otros pedidos.

Algunos abogados laboralistas consideran que la conciliación no le impide al gremio adherir a una huelga general porque la misma sólo tiene efectos sobre el conflicto puntual. 

Por su parte, la UTA, liderada por Fernández, mantiene una postura de baja conflictividad con la gestión de Javier Milei, al punto de que el año pasado se bajó de un paro de todos los gremios del transporte que habían convocado la CATT y la UGATT.

Los trabajadores no docentes universitarios adhieren al paro

Los trabajadores no docentes nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) se adherirán al paro general de 36 horas que llevará adelante la Confederación General del Trabajo (CGT).

Así lo confirmó Walter Merkis, referente de FATUN, quien mediante un comunicado sostuvo que la adhesión es “en reclamo de salarios dignos, paritarias libres y en defensa del presupuesto universitario”.

Asimismo, el gremio destacó la unidad del movimiento obrero y de los trabajadores no-docentes de las universidades en particular: “Es el camino frente al ajuste. Hay que continuar luchando en unidad, solidaridad y organización”, añadió.

En referencia a los gremios docentes, las secretarias generales Mariana Scayola, de ADEMYS, e Ileana Celotto, de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, informaron que se presentarán junto al delegado de la Unión Ferroviaria, Rubén 'Pollo' Sobrero, y a la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Mónica Schlottahuer, en una conferencia de prensa, que se realizará el próximo martes 8, frente al Congreso de la Nación, donde se darán detalles del plan de lucha con el que también se adherirán al del Paro General de la CGT.

Entre las resoluciones, se definió “movilizar el miércoles 9 a las 14 horas al acto de los jubilados, con una columna del sindicalismo combativo, jubilados y piqueteros, independiente de la conducción de la CGT”, para exigir que le den continuidad al paro del 10, con otro paro activo de 36hs, “para derrotar el plan motosierra de Milei y que se deje de pagar la deuda externa al FMI”.

Con información de agencias.

IG

Según fuentes gremiales consultadas por la agencia NA, el ala más combativa de la central fue la que motorizó un planteo para que los jefes sindicales declaren una nueva medida de fuerza de alcance nacional en la próxima reunión de Consejo Directivo, que tendrá lugar este jueves 20 de marzo.

Si bien la reunión del jueves definirá la modalidad y alcance del paro -si es acompañado por una movilización, y si es al Congreso o a Plaza de Mayo-, fuentes gremiales dejaron trascender este domingo que la medida de fuerza será el martes 8 de abril y que el anuncio se realizará tras la deliberación del Consejo Directivo.

“La fecha está definida, los detalles se resolverán el jueves”, confirmó a Infobae un dirigente que integra la mesa chica de la central obrera, lo cual refuerza la versión del 8 de abril.

Uno de los cosecretarios generales de la central obrera, Héctor Daer (Sanidad) había anunciado al finalizar la semana que la CGT haría un nuevo paro general antes del 10 de abril.

El viernes pasado, Daer recibió en el Salón Felipe Vallese a la conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la que Juan Grabois es fundador, y desde el estrado anunció que la CGT había decidido convocar a un nuevo paro general “antes del 10 de abril”.

Junto a Daer y a la dirigencia de la UTEP se encontraban importantes dirigentes cegetistas como Hugo Moyano (camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), y José Luis Lingeri (obras sanitarias), que aplaudieron el anuncio de Daer.

Los ánimos puertas adentro de la CGT subieron de tono luego de la marcha de protesta del miércoles último frente al Congreso, que estuvo marcada por una fuerte represión.

De concretarse la medida de fuerza, la CGT realizará este 8 de abril su tercera huelga general desde que asumió Javier Milei la presidencia, ya que la primera tuvo lugar el 24 de enero de 2024, y el 9 de mayo se llevó a cabo la segunda, que tuvo una fuerte adhesión al contar con la adhesión del transporte público.

MU con información de NA e Infobae

La CGT (Confederación General del Trabajo) se encaminaba a anunciar un paro general de 24 horas “antes del 10 de abril”, decisión que será oficializada el próximo jueves en la reunión del Consejo Directivo de la central obrera.

El cosecretario general de la organización, Héctor Daer, confirmó la medida, al decir: “El jueves vamos a tener una reunión de consejo directivo, pero lo que sí consensuamos todos, y los vamos a invitar a que nos acompañen a construirlo, es un paro por 24 horas antes del 10 de abril”. Esta declaración fue realizada durante el primer congreso nacional de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), realizado en el salón Felipe Vallese de la CGT.

La central obrera implementará esta protesta en repudio a la represión ocurrida el miércoles durante la marcha de jubilados, donde resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo.

El Consejo Directivo de la CGT se reunirá el próximo jueves en su sede de Azopardo 802, donde se evaluará un nuevo plan de lucha contra la administración de Javier Milei. Según fuentes gremiales, un sector del sindicalismo ya está debatiendo la convocatoria de un nuevo paro, a raíz del ataque sufrido por Grillo por parte de las fuerzas policiales.

La CGT también expresó el miércoles su “más enérgico repudio” por el accionar del Gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la represión violenta y ilegal contra los manifestantes en la Plaza Congreso.

MM con información de la agencia NA.

La Justicia condenó al Sindicato de la Sanidad a pagar más de $7 millones y costas por hechos de abuso sexual en el ámbito laboral cometidos por su superior de rango jerárquico hacia una empleada durante nueve años. La sentencia condena a la agrupación gremial que lidera Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT junto con Carlos Acuña, jefe del sindicato de empleados de estaciones de servicio (el otro triunviro, el camionero Pablo Moyano, renunció la semana pasada a ese puesto en la central obrera) a pagar la indemnización por despido, más daño moral y psicológico por la violencia sufrida por la mujer y por no haber hecho nada para detenerla, es decir, por incumplimiento de sus deberes como empleador.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada

La decisión corresponde al Juzgado Nacional de 1ª instancia del Trabajo Nº 73. El fallo fue dictado el lunes último, 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en contra del Sindicato de la Sanidad filial Buenos Aires, que lidera Daer, con la firma del juez Diego Fernández Madrid.

“Cuando mis abogadas me lo comunicaron tuve una mezcla de emociones muy difíciles de explicar. Alegría, lágrimas, alivio y por sobre todo paz. Sentí paz en mi alma, después de tanto dolor, tanta violencia. El proceso fue durísimo”, contó a elDiarioAR la demandante a la que llamaremos S. Z.

La víctima ingresó a trabajar al sindicato en 2013 a instancias del secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la República Argentina (ATSA), Héctor Ricardo Daer, y en 2022 se consideró despedida.

El fallo da por probado que su jefe inmediato, David Israel Cardozo, delegado de la entidad sindical en el Instituto Privado de Oncología “Alexander Fleming” y que luego ocuparía el cargo de Presidente, tenía un trato “peyorativo, despectivo e insultante”.

“Así se sentaba en su sillón, se apropiaba de su computadora ignorando su presencia, en una clara muestra de superioridad, le decía 'gorda', 'sucia', 'negra', etcétera. En más de una oportunidad tuvo que cerrar los cajones de su escritorio con llave porque sustraía documentación de trabajo tales como recibos y dinero del cobro de las capacitaciones y comprometía su tarea”. Además hubo dos situaciones de manoseos y violencia física, según el expediente.

Entre los hechos que configuraron hostigamiento, acoso y abuso sexual por parte de Cardoso, hubo:

Todos esos años, S. Z pidió ayuda a sus superiores Mónica Consoli (secretaria de Acción Cultural y Capación) y a Norberto Maschio (secretario de Prensa), pero lejos de ayudarla, respondieron en la misma línea de agresión y desprecio contra ella: “Cerrá todo con llave y métetela en el culo”.

En un momento, Maschio volvió a revictimizarla, le dijo que si Cardozo, su jefe inmediato, la tocó fue 1) porque él “lo permitió”, 2) “porque era mi amigo”, 3) porque “me rasqué el orto tres años”, 4) porque “era una simple empleada que hacía inscripciones y pertenecía a ATSA”, 5) porque “podían hacer lo que quisieran conmigo”, 6) “porque por el historial que tenés no podés quejarte, sabés que te trajo Daer”. Todo eso, acompañado de gestos descalificativos que daban a entender una presunta relación sentimental con aquel, que nunca existió.

A raíz de estas situaciones de violencia física y psicológica S.Z sufrió una serie de padecimientos psíquicos y físicos. Entre ellos insomnio, angustia, depresión, ataques de pánico, parálisis del brazo izquierdo; falta de apetito y su consecuente pérdida de peso y caída significativa del cabello.

El juez determinó en su fallo que “llamativamente, los superiores de la accionante (la secretaria Consoli y el secretario Maschio) estaban al tanto de los desagradables episodios vividos por aquella, y no hicieron nada al respecto”. “Como elemento adicional, resulta insoslayable que la actora fuera a denunciar esta cuestión ante secretario general (Daer) y tampoco tuviera respuesta satisfactoria. Dentro de este marco, cabe destacar que los actos de violencia que fue víctima la actora ocurrieron en el seno de una entidad sindical, lo que agrava aún más el cuadro de situación, porque precisamente su actividad es velar por la protección de los trabajadores”, dice el fallo.

El caso fue patrocinado por las abogadas Silvina Lico, Muriel Killian y Lorena Mambrud. En diálogo con elDiarioAR, Lico dijo que “lo importante de la sentencia radica en la perspectiva de género para fallar, especialmente en la apreciación de la prueba y la referencia a la ley 26.485, de Violencia hacia las Mujeres”.

Por otra parte, agregó, “responsabilizar a la parte empleadora por los abusos cometidos por su dependiente en el ámbito laboral refleja fielmente lo dispuesto por el Convenio 190 de OIT (Organización Internacional del Trabajo) encuadrándolo en un incumplimiento grave de su parte”.

“La persona que cometió estos abusos fue denunciado penalmente, pero es el sindicato el su rol de empleador el que debe garantizar que sus empleadas no sean víctimas de violencias de género o, en su caso, enterado de lo sucedido actuar en consecuencia. Es paradójico que en un sindicato la actitud adoptada sea intentar tapar todo y no hacer cargo a los responsables, como se intentó en este caso”, aseveró la abogada.

Finalmente, S. Z explicó que decidió accionar contra su empleador, y no solo contra el abusador, porque al ser mujer es “consciente de que el machismo es transversal a todos los espacios de la sociedad y son [los varones] quienes ocupan espacios de poder [y por lo tanto] los que tienen la responsabilidad de no mirar hacia otro lado”.

“Era la oportunidad de exponer e intentar poner fin con la cadena de violencia que vivimos las mujeres a diario”, sostuvo y agregó: “Como mamá no puedo permitirme el lujo de renunciar a cada trabajo en el que he estado expuesta a situaciones de violencia, y como mamá también es que siento la responsabilidad de dejarles un legado de valentía”.

SS/JJD

Con el objetivo de recomponer el diálogo perdido con el sindicalismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibirán esta tarde en la Casa Rosada a los integrantes de la cúpula de la CGT,  en el marco del conflicto en Aerolíneas Argentinas y la posibilidad de un paro de transporte. La reunión, prevista para las 17, será de “agenda abierta”, pero no contará con la presencia de Pablo Moyano, el líder del sindicato de camioneros y uno de los principales representantes del ala más combativa de la central obrera.

“No tenemos una expectativa particular”, señalaron a elDiarioAR desde el Gobierno, en la previa al encuentro del que se espera que formen parte los dos cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, asistan a la reunión, junto a otros importantes referentes sindicales como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), y representantes de diversos gremios, incluyendo seguros, docentes privados, judiciales y gastronómicos.

La CGT celebró recientemente sus 94 años de existencia con un fuerte llamado a la unidad, subrayando que “solo unidos podremos resistir los ataques a nuestras conquistas”. Daer destacó la importancia de preservar los derechos laborales en Argentina, en un contexto cada vez más desafiante para los trabajadores. Las palabras de uno de los triunviros reflejan el clima de resistencia que se vive dentro del movimiento sindical frente a las políticas oficiales.

Uno de los temas más controvertidos en la relación entre Balcarce 50 y la central obrera es la reforma laboral impulsada por Milei pero confeccionada finalmente por el bloque de la UCR. Incluida en la Ley de Bases, el proyecto propone flexibilizar los contratos laborales, reducir costos para las empresas y facilitar el despido de trabajadores, lo que es considerado por los dirigentes sindicales como un ataque a los derechos adquiridos de los trabajadores.

En medio de este clima de conflicto, el Gobierno dio algunas señales de buena vecindad. La semana pasada, el oficialismo evitó avanzar con un proyecto de ley en el Congreso sobre la “democratización sindical”, que incluía medidas como la eliminación de la reelección indefinida, la prohibición de la cuota solidaria y la representación de las minorías en los cuerpos sindicales. Este retroceso fue visto como un intento de evitar una confrontación abierta con la CGT, aunque el ala moyanista lo interpretó como una maniobra del gobierno para ganar tiempo y dividir a la central obrera.

Quien se erigió en el último tiempo como principal interlocutor del Gobierno con la CGT fue el asesor presidencial Santiago Caputo. Gracias a un ida y vuelta entre el consultor y operadores de la central obrera, el artículo “anti-bloqueos” en la reglamentación de la reforma laboral quedó finalmente en el camino, una cuestión que significó una intensa disputa entre Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El desacuerdo entre la CGT y el Gobierno derivó en los últimos meses en dos paros generales. El último de ellos y más significativo tuvo lugar el pasado 9 de mayo, cuando el que, a diferencia del ocurrido el 24 de enero, la decisión fue no movilizar, pero sí detener las principales actividades económicas. Pararon los estatales, los bancarios y los empleados de comercio, además de que no funcionó el transporte de colectivos, ni el aerocomercial ni el de cargas, ni los subtes.

La ausencia este lunes de Pablo Moyano refleja la división interna dentro de la CGT, donde coexisten distintas visiones sobre cómo enfrentar las políticas de Milei. Mientras el sector dialoguista de la central obrera opta por una estrategia de acercamiento, el dirigente camionero y su sector mantiene una postura firme contra cualquier contacto con el oficialismo, afirmando que no negociarán bajo las actuales condiciones laborales propuestas. A diferencia de Moyano, Daer busca mantener abierto un canal de conversación con el Ejecutivo, una postura que generó tensiones con quienes consideran que el diálogo con Milei equivale a una claudicación ante las políticas neoliberales del Gobierno.

PL/MG

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá hoy en su despacho de la Casa Rosada a los integrantes de la cúpula de la CGT, a fin de aplacar la tensión entre el gobierno de Javier Milei y el sindicalismo.

La reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley de Bases y el conflicto por Aerolíneas Argentinas profundizó en los últimos días el vínculo de la gestión libertaria con la CGT, luego de que meses atrás la central se retirara del diálogo social que promueve el oficialismo.

La reunión tendrá lugar a partir de las 17 con referentes de la central obrera en un encuentro a “agenda abierta”, aunque era poco probable que asista el cotitular Pablo Moyano, del sector cegetista más opositor, quien viene sosteniendo que no va a dialogar con este gobierno.

Se espera que concurran los otros dos cotitulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Sergio Romero (UDA), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales) y Argentino Geneiro (gastronómicos).

Un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral que conformen tanto a los trabajadores como a las empresas forman parte de la reglamentación de la reforma laboral que dio conocer el Gobierno el pasado miércoles por la noche.

A pesar de lo complicado que está la relación, en los últimos días hubo un gesto del Gobierno a los gremios, cuando en el Congreso evitó sorpresivamente avanzar con un proyecto sobre democracia sindical. El mismo propone eliminar la reelección indefinida de los sindicalistas, prohíbe la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”.

El martes pasado, lo que parecía un avance hacia la democratización sindical fue frenando a último minuto cuando el radical Martín Tetaz, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, se vio obligado a suspender una reunión que tenía como objetivo dejar lista para ser votada en el recinto una reforma que prometía más transparencia y límites a las reelecciones sindicales.

Celebración y llamado a la unidad sindical

El viernes pasado, la CGT celebró sus 94 años de actividad y advirtió que “solo unidos podremos resistir los ataques a nuestras conquistas”, en la antesala de hoy con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.  

“Hace 94 años se estableció la CGT, y hoy más que nunca es momento de mantener firme la misión y compromiso de las organizaciones para preservar nuestra central, protegiendo los derechos laborales en Argentina”, expresó el cotitular de la organización Héctor Daer desde sus redes sociales.  

 Para Daer, “esta fecha también nos brinda la oportunidad de destacar nuestro emblemático edificio en calle Azopardo, un lugar icónico que fue incluido en un listado de la Unesco, con expectativa de transformarse oficialmente en Patrimonio Mundial de los Trabajadores”, dijo en referencia a la sede de Azopardo 802.  

 “Solo unidos podremos resistir los ataques a nuestras conquistas”, señaló la CGT en momentos de tensión interna tras la reglamentación por parte del Gobierno de Javier Milei de la reforma laboral.   

En su publicación, Daer envió además un “gran saludo” a sus compañeros en la conducción tripartita, Pablo Moyano y Carlos Acuña, además de “todos los miembros del Consejo Directivo Nacional”.  

DM con información de agencia NA y elDiarioAR

La CGT mantiene activas las negociaciones con el Gobierno para morigerar los artículos laborales de la ley Bases que considera regresivos en los derechos de los trabajadores, mientras prepara el documento de alerta sobre la situación social que le presentará al papa Francisco el 16 de septiembre, en lo que será la primera audiencia formal que el Sumo Pontífice le concederá a la central obrera.

Por esos dos carriles transita el presente de la organización obrera. A la espera de la reglamentación del capítulo laboral la ley Bases, y en medio del torbellino por la publicación en el Boletín Oficial del veto total a la ley de aumento de la jubilaciones, los sindicalistas sostienen conversaciones en los más altos círculos del poder con la expectativa de que sus planteos se traduzcan en cambios concretos.

Las reuniones, con extremo perfil bajo, se hicieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con el asesor todoterreno Santiago Caputo. A diferencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, a esos dos actores los gremialistas sí le reconocen poder y margen para negociar: son los funcionarios que hablan directamente con Javier Milei.

“Nosotros queremos que nos escuchen, tenemos una visión y esperamos ser tenidos en cuenta porque creemos en una mesa de diálogo”, advierten ante elDiarioAr desde el consejo directivo de la central, donde abrevan representantes tanto del ala moderada como del sector más combativo.

En eso, los sindicalistas fueron inteligentes e incorporaron a esos encuentros con el Gobierno a dirigentes que no están en la “mesa chica”; cuanto más amplia sea la representación, mejor. Uno de esos gremialistas, jefe de uno de los gremios más atacados por el Gobierno, le dijo a este medio que la CGT no busca imponer nada sino llegar a un “acuerdo” con la administración libertaria, aún siendo conscientes de la posibilidad de “resignar” banderas en el camino.

“Sólo apostamos a una agenda de la que podamos ser parte. Los resultados serán el fruto de esas reuniones y ahí podremos evaluar”, apostó el gremialista.

¿Qué discute la CGT con Caputo y Francos? Sancionada la ley Bases, de la que los sindicalistas lograron que se retiraran la mayoría de los artículos del capítulo laboral -entre ellos el que buscaba limitar los aportes de la caja sindical–, los gremios quieren morigerar la ahora la penalización a quienes hagan asambleas y bloqueos durante una protesta, que a partir de la nueva ley sería causal de despido.

También tienen puesta la lupa sobre el punto que habilita que haya un trabajador independiente con hasta tres trabajadores autónomos a su cargo para un emprendimiento productivo, sin la debida relación de empleador-empleado. Otro artículo que discuten es la normativa que amplía el período de prueba en cualquier relación laboral, y que con la nueva ley pasaría de 3 a 6 meses, 8 meses y hasta un año, dependiendo de la cantidad de empleados.

El Gobierno, mientras tanto, escucha a los sindicalistas y al sector empresario, que también llevó su tanda de propuestas para la reglamentación de la reforma laboral. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por ejemplo, le propuso a Cordero sustituir el fondo de cese laboral que rige en la UOCRA, y que el Gobierno quiere aplicar en todas las actividades, por un “seguro privado para solventar la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo”.

También propone la CAME que la figura del “trabajador independiente” con hasta tres empleados a cargo sólo pueda utilizarse “cuando la actividad esté comprendida dentro de un convenio colectivo de trabajo” y bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo.

Del Congreso al Vaticano

Más allá de la negociación por la reforma laboral, la CGT está preocupada por lo que considera un avance “antisindical” del gobierno de Milei y sus aliados parlamentarios como el PRO y la UCR. “Hay muchos proyectos en el Congreso contra las asociaciones sindicales, y por eso estamos tendiendo puentes con el poder político en el Congreso”, advierten.

Fue en ese ámbito que, la semana pasada, los jefes sindicales Héctor Daer (CGT) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) se manifestaron en contra de la larga serie de proyectos de reforma sindical presentados por el PRO, la UCR y La Libertad Avanza (LLA), entre otros bloques, y que incluyen modificaciones como el fin de la reelección indefinida de los secretarios generales; ficha limpia para los gremialistas; eliminación de cuotas solidarias compulsivas; cupo de género e incompatibilidad con cargos en clubes de fútbol.

Daer, Godoy y otros sindicalistas hablaron ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde el jefe cegetista dijo que los proyectos del oficialismo y sus aliados buscan “debilitar al movimiento sindical argentino” que es un “orgullo porque es uno de los más representativos de la región y del mundo”.

De este y otros temas la CGT dialogará con el Papa el 16 de septiembre en Roma, en un encuentro que fue motorizado por el propio Daer. Por una afinidad en la “visión de mundo”, los sindicalistas saben que se volverán con el apoyo de Jorge Bergoglio.

La central obrera le entregará al Sumo Pontífice un duro documento sobre la situación social y económica del país y el presente de los trabajadores, con una devaluación del 120 por ciento, quita de subsidios al transporte y los servicios públicos, caída de los puestos de trabajo y una reforma laboral regresiva, entre otros puntos. Según los datos del Observatorio Social de la UCA, la pobreza está en Argentina en torno al 55%, una cifra que arroja el máximo en los últimos 20 años.

Además de Daer, a la reunión irán el cosecretario Pablo Moyano, disconforme con el modo dialoguista; Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Rodolfo Daer (Alimentación): Maia Volcovinsky (Judiciales) y Marina Jaureguiberry (docentes privados). Al cierre de esta nota la mesa chica de la central no podía confirmar la presencia de Carlos Acuña, el tercer cosecretario del triunvirato.

El Papa ya había recibido en junio a un contingente sindical en el que sobresalió Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, que logró la foto con el Sumo Pontífice con la bandera de Aerolíneas Argentinas en medio del debate legislativo de la ley Bases. Creer o reventar, la posibilidad de privatización de esa empresa estratégica fue retirada del proyecto oficial.

De todos modos, el sector combativo de la CGT, que encabezan Pablo Moyano y kirchneristas como Sergio Palazzo (La Bancario) y “Paco” Manrique (SMATA), cree que la comitiva que viajará a Roma es “un rejunte”. “La conducción sigue sin hacer nada: los cagaron a palos a los viejos y mandaron un comunicado, es vergonzoso”, reprochan por lo bajo.

De esta manera el ala dura de la central obrera cuestiona la reacción del ala moderada tras la represión que sufrieron los jubilados durante la protesta del miércoles último. En efecto, ese mismo día por la noche la conducción de la central emitió un documento en repudio. En el ala dura hablan ante elDiarioAr sin medias tintas: “¿Ahora somos todos cristianos? ¡Pintate la cara de guerra! ¿Qué le van a preguntar al Papa? ¿Si podemos hacer un paro?”, se quejan.

Esa reacción destemplada ante las iniciativas de la CGT está motivada por lo que el sector más combativo identifica como falta de acción de la mesa chica, proclive a acompañar a todos los gobiernos. A tal punto que, según reconocen en esa fracción, “muchos se sienten más identificados con la protesta civil que con la gremial”.

Es ese punto el que lleva a que las reuniones de consejo directivo de la CGT sean más de “catarsis” que de otra cosa, según confía ente este medio un sindicalista que se sienta a esa mesa. Muchos secretarios generales exponen sobre la realidad de sus gremios y quedan a la espera.

La política puertas adentro

La conducción de la central define sus pasos lejos del kirchnerismo, desde donde se emiten señales propias: Cristina Kirchner se reunió el 16 de agosto en La Bancaria con un puñado de sindicalistas afines, entre quienes estuvieron Palazzo, Manrique y Abel Furlán (UOM), y la semana última recibió en el Instituto Patria a la UTEP, la organización de trabajadores de la economía informal, que le expusieron sobre la situación en los barrios. Un mensaje claro contra “los Gordos”.

Por el momento, la CGT tiene prevista una reunión de consejo directivo –o con las regionales de cada gremio, según lo que se defina–, para contar sobre la actualidad de las negociaciones con el Gobierno y ratificar que “no es momento de llevar adelante otra medida de fuerza” después de los paros del 24 de enero y el 9 de mayo. Esa es la postura que se impone pese a los reclamos de Pablo Moyano y compañía. Tal vez la reunión con el Papa destrabe un nuevo posicionamiento.

DM/NP

El cotitular de la CGT Héctor Daer convocó hoy formalmente a la marcha del próximo miércoles por San Cayetano bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, junto a los movimientos sociales y las dos CTA, que incluirá un acto en Plaza de Mayo. 

“Nuestro compromiso es con todos los trabajadores, con los que tienen la suerte de estar en la formalidad y los que desgraciadamente están en la informalidad y todos los días se la tienen que rebuscar para llevar el pan a la mesa”, sostuvo Daer en la conferencia de prensa conjunta que brindó este lunes en la sede de la central en la calle Azopardo.

Al respecto, el referente del sindicato de la Sanidad agregó que “esta marcha emblemática de todos los 7 de agosto marca un hito en lo que dignifica a todo ser humano, que es el trabajo”.

Antes del mediodía los sindicatos y agrupaciones sociales Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa (CCC) (conocidas como “cayetanos”) concentrarán en el microcentro y la marcha finalizará en Plaza de Mayo donde se realizará desde las 13 un acto, donde se denunciará “la emergencia alimentaria, social y laboral”.

La peregrinación se enmarca en el Día de San Cayetano, por lo que habrá distintas actividades desde las 8 en la iglesia del Patrono del Trabajo, que se ubica en el barrio porteño de Liniers, durante la mañana, y luego culminará en Plaza de Mayo.

“Este 7 de agosto, las organizaciones nacionales de trabajadoras y trabajadores argentinos vuelven a movilizarse en unidad por pan, paz, tierra, techo y trabajo. Argentina Humana acompaña concentrando a las 12 en Plaza de Mayo”, sostuvo el dirigente social y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois en su cuenta de X.

También uso las redes para convocar la integrante de Madres de Plaza de Mayo “Taty” Almeida: “El hambres no espera, el hambre es un crimen. Además, en rechazo a este Gobierno negacionista, -que solo nos propone miseria planificada-, vamos a la Plaza de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia, Tierra, Techo y Trabajo”, sostuvo en un video.

Este año la marca por San Cayetano se produce en medio de denuncias judiciales impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre irregularidades de las organizaciones sociales en el manejo y reparto de planes y fondos.

“En una Argentina donde 7 de cada 10 pibes y pibas están en la pobreza, volvemos a llevar adelante la marcha de San Cayetano, en este contexto de hambre que sufre nuestro pueblo, sobre todo en los barrios populares donde los alimentos no llegan a los comedores comunitarios”, expresó la UTEP, sindicato de trabajadores informales que representa a los movimientos sociales, a través de un comunicado.

Asimismo, denunciaron que “enfrentan la persecución” por parte del Gobierno y “el ataque a las y los trabajadores en su conjunto”.

“Tanto desde la economía popular que se la rebusca día a día sin políticas públicas que acompañen al sector, como desde el trabajo asalariado que no para de perder poder adquisitivo y convive con la incertidumbre cotidianamente, lucharemos”. concluyeron.

CRM con información de la agencia NA

En una muestra más del aggiornamento al que se ve obligada, la CGT decidió este jueves romper relaciones con el Gobierno, retirarse del “diálogo social” con los empresarios por el Consejo de Mayo y acompañar a los movimientos sociales a la marcha a San Cayetano que se hará el 7 de agosto.

Así lo decidieron los jefes gremiales en una reunión del Consejo Directivo que se hizo por la tarde en la sede de Azopardo 810 y que se extendió por unas tres horas, durante las cuales los sindicalistas hicieron un descargo por la situación que los inquieta y que también los divide: cómo sentar una posición que sea efectiva ante el gobierno de Javier Milei.

Participaron todos: los triunviros Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, y representantes de distintos sectores como los “dialoguistas” Andrés Rodríoguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (Seguro), el moyanista Omar Plaini (Canillitas) y el “independiente” Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), entre otros.

Si bien hasta el momento habían primado las intenciones de mantener el diálogo, esta vez se impuso el ala dura que representa Pablo Moyano y, por eso, la central definió que cortará línea con el Gobierno y no asistirá a la reunión tripartita a la que los había convocado para el miércoles próximo el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Tras la sanción de la ley Bases, que había dejado disconforme a la CGT, el Gobierno de Milei lanzó el Consejo de Mayo, una suerte de órgano destinado a plasmar en leyes los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado con los gobernadores y al que habían invitado a la CGT. Disciplinados, los dirigentes asistieron la semana pasada a una reunión con Cordero en la sede del ex Ministerio de Trabajo, y este miércoles había sido el turno de los empresarios, con el influyente “Grupo de los 6” a la cabeza.

Pero ahora algo se cortó y la CGT no asistirá al encuentro organizado para las tres partes.  “El Gobierno no ha dado una respuesta positiva dos temas que para nosotros eran fundamentales: el Impuesto a las Ganancias y que se retirara la apelación al fallo del capítulo laboral del DNU 70/23”, explicó Daer, tras la reunión, en conferencia de prensa, donde estuvo flanqueado por los triunviros Moyano y Acuña.

En efecto, la central había llevado a la reunión con Cordero esos dos reclamos: que se modificara la aplicación de Ganancias para la cuarta categoría, que el Gobierno restituyó con la ley Bases para que volviera a alcanzar a los salarios de 1,8 millones de pesos, por un lado, y que se retirara la apelación en tribunales al fallo que en el verano había tumbado el capítulo laboral del mega DNU de Milei.

“No estamos dispuestos a sentarnos en un mesa tripartita cuando habíamos quedado en discutir la reglamentación, y el Gobierno este miércoles reglamentó la figura de que un independiente puede tener tres colaboradores, a los que llama independientes, y que tienen que ir al monotributo”, agregó Daer, en referencia a otro de los puntos discutidos de la ley Bases.

La CGT rechaza ese cambio en el sistema laboral que implica, por ejemplo, que “un empleado con tres colaboradores puede ser un importador de aviones, y esos tres colaboradores no estarán nunca en relación de dependencia, sino que los mandan por fuera de la ley de contrato de trabajo al monotributo, sin precisar en ningún momento cuáles son los límites de utilización”, explicó Daer.

La decepción de la central obrera también tiene que ver con el escaso poder de Cordero en el esquema de toma de decisiones del Gobierno. Dirigentes de la cúpula cegetista señalaron ante elDiarioAr que el funcionario no tiene voz ni voto en las filas libertarias y que por eso no lo reconocen como interlocutor. Ese escenario tal vez explique el fracaso de las negociaciones.

La letra chica

Daer también señaló este jueves que la CGT espera detalles sobre la reglamentación del artículo 242 de la reforma laboral, que es el que establece el despido por “injuria grave”, una categoría donde se incluyen “acciones sindicales” como bloqueos o movilizaciones. “Es un artículo que está muy mal escrito aparte de lo nocivo que es”, acusó Daer. Una discusión que, además de técnica, es literaria.

“Lo que sí queremos discutir es cómo generamos empleo y subimos el salario”, subrayó el dirigente, que anticipó que habrá un plenario de secretarios generales de la CGT y de las regionales de la central obrera para oficializar y comunicar las medidas decididas por el Consejo Directivo.

La pulseada por Ganancias y el caso de Neuquén

En materia de la puja por Ganancias, Daer aclaró que la central todavía se reserva la posibilidad de accionar de manera “colectiva”, “pluri-individual” o “individual” ante la Justicia con el argumento de que la restitución de ese tributo no contó con el aval de las dos cámaras del Congreso, tras el rechazo del Senado, donde hay mayoría peronista.

Los trabajadores ya tuvieron al respecto un caso a favor: en Neuquén, la Justicia falló este jueves a favor de una cautelar de los estatales de ATE y dispuso suspender la aplicación de Ganancias para la cuarta categoría. Así, la jueza local María Victoria Bacci ordenó a la provincia respetar las normas sobre convenios colectivos de trabajo hasta resolver la cuestión de fondo y convocó al Estado nacional a llegar a un acuerdo.

Confluencia en la calle

En clave política, la CGT cristalizó este jueves su alianza con los movimientos sociales al sumarse a la manifestación que se hará por San Cayetano en Plaza de Mayo, una fecha en la que durante los años del macrismo se escenificaron fuertes postales de resistencia popular. “No sé si ‘acompañar’ es el término”, dudó Daer, al admitir que un gigante como la central obrera no puede plegarse a la manifestación inorgánica de los movimientos sociales, aunque en los hechos así sea.

El año pasado, las nuevas autoridades del Movimiento Evita habían asumido sus cargos en el tradicional salón Felipe Vallese de la CGT, lo que daba cuenta de la buena sintonía entre ambos sectores. En efecto, muchos sindicalistas pujan por sumar a las organizaciones sociales al esquema oficial de la central. Esa es la postura del ala combativa que representan Pablo Moyano y gremios como La Bancaria, SMATA y la UOM, entre otros. Un sector que en la reunión de este jueves empezó a conducir a “Los Gordos” hacia un nuevo puerto.

DM/NP

Los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, serán recibidos este martes por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, como parte del diálogo promovido por el Gobierno para la conformación del Consejo de Mayo.   

Los triunviros de la central obrera fueron citados a las 13 en la sede de la Secretaría de Trabajo ubicada en la avenida Leandro Alem 650 de la ciudad de Buenos Aires.   

Allí mantendrán una audiencia con Cordero, quien los convocó como parte del “diálogo social” que busca el Gobierno para la conformación del Consejo de Mayo, el ámbito destinado a traducir en leyes los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado por el presidente Javier Milei con 18 gobernadores de distintos sectores.  

Fuentes de la CGT indicaron que no sólo asistirán los jefes de la central sino que el grupo será un poco “más amplio”, por lo que se descuenta la participación de representantes de los gremios conocidos como “Gordos”, por ser los de mayor cantidad de afiliados del país, y los “independientes”, entre quienes fungen UPCN y la UOCRA, entre otros.   

De todos modos estaba en duda la participación de Pablo Moyano, uno de los jefes cegetistas que puja por la puesta en marcha de nuevas medidas de fuerza contra el Gobierno. “Dudo”, respondió una alta fuente de la central obrera al ser consultado por Noticias Argentinas respeto de la asistencia del secretario adjunto de Camioneros al encuentro.  

La invitación había sido cursada oficialmente el viernes último bajo la consigna “Primer encuentro del Diálogo Social”, y en los hechos también responde al pedido de audiencia que en los días previos había formulado la CGT como forma de aplacar la adopción de nuevas medidas de fuerza. 

Desde la Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano, revelaron que el encuentro será a “agenda abierta” y apuntará a “robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental”.   

Según detallaron las fuentes, la agenda del “Diálogo Social” incluirá también otro encuentro con representantes empresariales, aunque aún no hay fecha definida.   

Milei había anunciado la creación del Consejo de Mayo durante el acto transmitido por cadena nacional desde Tucumán el 9 de Julio último.   

Si bien rechazan la ley Bases y el Pacto de Mayo, los dirigentes de la CGT habían resuelto solicitar la entrevista con Cordero dado que, actualmente, “no hay relación” con el Gobierno, según indicaron en esa oportunidad fuentes gremiales a Noticias Argentinas.   

Sin definición sobre nuevas medidas de fuerza después de los paros generales del 24 de enero y el 9 de mayo últimos, la central obrera tiene pendiente para el 25 de este mes una reunión de su Consejo Directivo para analizar los pasos a seguir y el posicionamiento gremial ante el diálogo ofrecido por el Gobierno.

MM con información de la agencia NA.

Descolocada y sin una estrategia definida después de la sanción de la ley Bases y la firma del Pacto de Mayo, la CGT busca ahora ganar tiempo y “sobreactuar” un pedido de diálogo al Gobierno que, en los hechos, ya existe por vía subterránea.

Sin margen ni decisión de maniobrar protestas o acciones directas, la central obrera apuesta a las presentaciones judiciales y a la formalidad de la solicitud de una audiencia con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien viene siendo el intermediario entre el Gobierno libertario y los jefes de los gremios.

Eso fue lo que se desprendió este miércoles tras una reunión de “mesa chica” cegetista para la cual había acumuladas sobradas expectativas: no sólo porque habían naufragado las negociaciones con el Gobierno por la promulgación de los artículos laborales de la ley Bases, sino porque el ala más dura del sindicalismo esperaba –y aún espera– un perfil más refractario ante las medidas de ajuste.

Como había informando elDiarioAr, el sector dialoguista de la CGT venía expresando su “visión” sobre algunos de los artículos más controvertidos de la ley, como el que creaba la figura de un trabajador independiente con hasta 5 trabajadores autónomos, o el que extendía el período de prueba incluso hasta un año antes de la efectivización. Nada de eso prosperó y el Poder Ejecutivo promulgó la ley tal como había sido aprobada por el Congreso.

Como toda respuesta de este miércoles, los jefes sindicales, entre quienes estuvieron los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, optaron por dar vía libre a los gremios para que accionen en la Justicia contra la restitución del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría (lo salarios que están por arriba de 1,8 millón de pesos), al comprender que no debe hacerse una acción colectiva desde la CGT porque esa medida no afecta a toda la rama de empleados en relación de dependencia.

Los popes sindicales se mostraron de acuerdo sobre ese punto después de haber escuchado las exposiciones de los abogados Hugo Moyano (hijo) y Marta Pujadas, quienes desestimaron hacer una presentación conjunta como la del verano pasado contra el DNU 70/23 de desregulación económica.

De todos modos, Pablo Moyano ya anticipó que el gremio Camioneros acompañará su presentación en la Justicia con una movilización al Palacio de Tribunales, como forma de mantener viva la conflictividad en la calle en medio de la pulseada con Milei.

Así piensan también otros gremios de transporte, industriales y servicios, que la semana pasada ya habían advertido de esta movida después de una reunión en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

La falta de una medida de acción directa es el principal foco de conflicto entre el ala dialoguista y el sector que encabeza Moyano. Daer intentó dar una respuesta al salir de la reunión: “Esto es como el ajedrez y además hay que medir los tiempos.Hoy se habló de todo, las marchas son cuestiones tácticas, lo que hay que tener es una estrategia clara ante todo lo que estamos viviendo y para eso hay mirar todo el tablero”, esbozó el jefe sindical, enrolado en los dialoguistas.

De la reunión participaron también Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Mario Manrique (SMATA), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (vidrio), Alejandro Amor (municipales), Julio Piumato (Judiciales) y Omar Plaini (Canillitas). Un convite que desde un principio había sido concebido como “ampliado”.

En lo formal, la CGT cursará también un pedido de audiencia con Cordero, el funcionario proveniente del Grupo Techint que está a cargo de la Secretaría de Trabajo, ubicada en el organigrama gubernamental debajo del paraguas del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

Curiosa solicitud de diálogo a un funcionario con el que los sindicalistas no sólo vienen hablando sino que es el mismo al que, por lo bajo, no le atribuyen ninguna autoridad para tomar decisiones. Una forma tal vez de “ganar tiempo” mientras los gremios más combativos piden endurecer el perfil.

Pedidos a la carta

La CGT también resolvió convocar de manera formal a una reunión de su Consejo Directivo para el 25 de julio, cuando se analizarán los pasos a seguir después de los paros generales del 24 de enero y el 9 de mayo, tal como está pidiendo el eje Camioneros-La Bancaria-SMATA, que compone el ala combativa dentro de la sede de Azopardo 802.

¿Qué va a pasar ese día? “Vamos a analizar el desastre económico y rechazar el pacto que se firmó en Tucumán, que es una entrega total de los recursos naturales y del país”, dijo Pablo Moyano este martes al salir de la reunión.

Los “jugadores” del ajedrez

En el Consejo Directivo están todos los gremios que componen la “gobernanza” de la CGT y es donde conviven todas las personalidades: los “Gordos”, como se conoce a los gremios de servicios, los “independientes” –entre los que están UPCN y la UOCRA–, de buena relación con todos los gobiernos, y los sectores más duros, con Pablo Moyano a la cabeza, que nunca se sintieron del todo cómodos en el triunvirato pero ponen por encima la unidad sindical.

El ala dialoguista que conforman “Los Gordos” y los independientes es la que negoció la reducción de los artículos de la reforma laboral de la ley Bases, donde había 42 normas de flexibilización laboral y terminaron quedando 17, y que ahora busca encauzar algún tipo de relación con el Gobierno. Los artífices de ese diálogo fueron Daer y Andrés Rodríguez, de UPCN, que este miércoles ofició de anfitrión.

La CGT había sido invitada al acto en Tucumán pero, acaso en una concesión al sector duro, la organización resolvió de manera orgánica no asistir. Ahora busca abrir un nuevo compás de espera en búsqueda de que cambien los ánimos.

NP/MG

Pasado el trance de la sanción de la ley Bases, la CGT está negociando con el Gobierno, aunque no de manera oficial, la promulgación de los artículos que corresponden al capítulo laboral de esa norma, después de una discusión interna que enfrentó al sector sindical dialoguista con los gremios más duros y que tiene a las masas de trabajadores como motivo principal de preocupación de los dirigentes.

Los jefes de los gremios no quieren pagar el costo político de respaldar la aplicación de normas que resulten regresivas para el sistema laboral, y por eso las conversaciones con funcionarios de La Libertad Avanza se mantienen hoy entre pinzas y con un cuidado hermetismo.

Es un diálogo que algunos de los referentes de la “mesa chica” cegetista tienen abierto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y del que tampoco informan, por el momento, al resto de los gremios que conforman el Consejo Directivo de la central, según pudo saber elDiarioAR de fuentes al tanto de esos intercambios.

Es que el Gobierno de Javier Milei mostró predisposición para consensuar con los sindicatos los alcances de algunos de los puntos más controvertidos de la ley, de forma tal de no tensar la cuerda con un sector con capacidad de daño en momentos de incertidumbre en los mercados y zozobra económica. De hecho, fue una presentación judicial de la CGT la que el verano pasado tumbó la aplicación de las reformas laborales del DNU 70/2023.

“Cordero tiene buena relación con los gremios desde siempre, pero él no decide, sólo nos escucha; el esquema de toma de decisiones es impredecible en el Gobierno”, confió ante este medio una alta fuente de la central obrera. Proveniente del Grupo Techint, el actual secretario de Trabajo tiene una relación de vieja data con el mundo sindical.

Por el momento, los gremios de la CGT ya resolvieron que se presentarán nuevamente a la Justicia para impugnar la restitución del Impuesto a las Ganancias incluida en el paquete económico de la ley Bases, después de que los trabajadores de la cuarta categoría hubieran quedado exentos de ese gravamen por una modificación que había sido aplicada durante la campaña presidencial del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

“La CGT tiene claro que la reforma laboral es inconstitucional porque está vigente la Convención Interamericana de Derechos Humanos que plantea la no regresividad de los derechos económicos, sociales y laborales”, le dijo a elDiarioAR un sindicalista que participa de las reuniones de mesa chica, y que alertó además que “cualquier reforma de este tipo viola flagrantemente la Constitución, que es el marco que no deben olvidar ningún gobierno ni los legisladores”.

El mismo dirigente aclaró que el hecho de que algún sindicalista en particular “tenga” conversaciones con el Poder Ejecutivo a ese respecto “no compromete” a la central obrera, al asegurar que “oficialmente la CGT no está discutiendo nada”.

Se refiere a representantes de la línea dialoguista como Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, que ya habían hablado con Cordero sobre algunos puntos de la norma durante el viaje que todos hicieron el mes pasado a Ginebra, Suiza, para participar de la cumbre anual de la Organización internacional del Trabajo (OIT).

Eso sí: en lo formal, Gerardo Martínez, hombre fuerte del sindicalismo y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, denunció en esa cumbre global que la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario es “precarizadora y antisindical”.

“Nosotros no vamos a participar de ninguna reglamentación. No es que hay una ‘mesa técnica’. Sí vamos a establecer nuestras visiones en algunos puntos. Nuestra postura es el rechazo”, ratificaron desde la sede de Azopardo 802. Según pudo saber elDiarioAr, algunas de esas conclusiones serán presentadas el miércoles próximo en la reunión de “mesa chica” ampliada a la que convocó la central con la excusa de unificar posturas sobre Ganancias.

Lo que se discute

Si bien en la central obrera se quedaron con un sabor agridulce tras la sanción de la ley, de la que lograron quitar la mayoría de los artículos del capítulo laboral –el más importante para ellos, el que buscaba limitar los aportes de la caja sindical–, hay algunos puntos que preocupan y sobre los cuales el Gobierno se mostró dispuesto a escuchar. 

Uno de ellos es la penalización a quienes hagas asambleas y concreten bloqueos durante una protesta; otro es el que habilita la figura de trabajador independiente con hasta cinco trabajadores autónomos a su cargo sin considerarse “empleador”, lo que para los sindicalistas profundiza la precarización y contribuye con la deslaborización. También rechazan la ampliación del período de prueba, que pasó de 3 a 6, 8 meses y hasta un año, dependiendo de la cantidad de empleados, y que afecta directamente a las indemnizaciones.

Aunque por fuera de la ley Bases, la CGT también está en contra del programa de “Seguridad Productiva” presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que consiste en el despliegue de fuerzas federales para asegurar el funcionamiento de alguna compañía que sufra bloqueos. “Eso tiene nombre y apellido: Pablo Moyano”, advierten desde la CGT.

El temor por las “bases”

Excluidos por decisión propia de esas conversaciones, los gremios de la línea más dura, entre los que se ubican Camioneros, La Bancaria, SMATA y La Fraternidad, entre otros, advierten sobre las dificultades que tendrán con sus bases los jefes sindicales que se presten a colaborar con la reglamentación de la ley.

Desde ese sector niegan incluso que haya negociaciones en curso, lo que demuestra a su vez la “grieta” que divide a la CGT. “¿Cómo volvés a tu gremio si a tu trabajador le sacan el aguinaldo, las horas extras, la indemnización? La gente no come vidrio”, resumen ante elDiarioAR desde uno de los sindicatos del ala combativa.

Esos gremios, entre los que figuran organizaciones de ramas variadas como las de transporte, industriales y servicios, se reunieron el jueves último en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) para analizar nuevas medidas de rechazo a la ley Bases, con eje en la oposición a Ganancias.

Además de Pablo Moyano, estuvieron en ese mitín Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Raúl Durdos (Marítimos) y Sergio Palazzo (La Bancaria), entre otros. Lo más probable es que estos sindicatos terminen plegándose a la estrategia general de la CGT de avanzar con múltiples presentaciones judiciales contra la restitución de Ganancias, con el argumento de que la reposición de ese gravamen obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero no fue acompañada por el Senado.

“Esta reimplantación viola la Constitución en tanto y en cuanto esa ley no fue votada por ambas cámaras”, indicaron desde la “mesa chica” de la central.

Mientras tanto, el ala combativa del sindicalismo infla el pecho: “Era una ley ómnibus y ahora es un taxi. ¿No le podemos hacer un piquete a una empresa que no cumpla con los trabajadores? Entonces cortaremos la cuadra”, advierten sin más. Quizás algo de esa idiosincrasia sea la que ahora esté midiendo el secretario de Trabajo.

NP/MG

El perfil de principal “polo opositor” que venía mostrando la CGT para cohesionar a un peronismo desalojado del poder empezó a desdibujarse en los últimos días. La estrategia de diálogo seguida por un sector mayoritario del sindicalismo durante el tratamiento de la ley Bases, que incluye reformas laborales consideradas medulares por el Gobierno, derivó en amenazas de nuevas fracturas en una organización que, hasta el momento, funcionaba como una de las pocas terminales políticas para vehiculizar el descontento por la situación social.

Atrás quedaron los tiempos en que, sin conducción, el peronismo y las organizaciones sociales afines se encolumnaban detrás de la central obrera para marchar contra la nueva administración y plegarse a los paros generales del 24 de enero y el 9 de mayo. Parece una foto vieja, como si hubiera pasado una eternidad, pero fue hace apenas pocos meses. Hoy el escenario cambió y el sector dialoguista de la CGT prioriza la negociación con el gobierno de Javier Milei y con el Poder Legislativo para el cuidado del status quo en materia de derechos laborales. Claro, hasta donde se pueda.

La ley Bases obligó al sindicalismo a replantear su posición ante la avanzada libertaria contra el sistema de trabajo formal. “Intentamos que queden en el proyecto la menor cantidad de artículos posibles, esto sucedió y ahora estamos tratando de que se mantenga así. No podemos torcer el brazo”, se sinceró ante elDiarioAr un integrante de la mesa chica cegetista, comandada por Héctor Daer (Sanidad), referente de los “dialoguistas”, y Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), de los “independientes”, entre otros. Con la reforma laboral como un hecho, la central decidió hacer política y negociar para contener.

No fue una conversación amable y no se dio sólo con funcionarios del Gobierno como Guillermo Francos sino que también tuvo lugar puertas adentro del Congreso, donde los sindicalistas dicen haber encontrado interlocutores de identidades políticas variopintas como Miguel Pichetto, peronista expatriado; los radicales Martín Lousteau y Facundo Manes y el bloque kirchnerista de Unión por la Patria, entre otros. Incluso la Coalición Cívica.

“La palabra ‘negociación’ es muy grande”, aclaran de todos modos desde la conducción de la CGT, donde se limitan a decir, con pesar, que sólo tuvieron la “suerte” de “ser escuchados por algunos”. 

El ala dialoguista del sindicalismo recuerda que el primer proyecto de reforma laboral, que había presentado el diputado radical Rodrigo De Loredo, tenía cerca de 60 artículos, y que en la ley Bases que se aprobó en el Senado sólo quedaron 17. Ese fue un trabajo arduo que, deslizan ahora en confianza, “no salió tanto a la luz”.

En la ley que fue sancionada por el Senado, y que ahora debe volver a Diputados, se quitó el artículo que limitaba la cuota sindical así como también el que establecía como causa de despido la participación en bloqueos o tomas; y se mantuvo en pie la “ultraactividad”, que permite sostener la relación laboral cuando el convenio colectivo de trabajo pierde su vigencia. Pero también se avanzó en flexibilizaciones como el aumento del período de prueba, el cambio en el sistema de indemnizaciones (adoptando el modelo de cese laboral de la UOCRA) y la eliminación de multas y penas para el trabajo tercerizado o no registrado. Un saldo agridulce.

La resistencia interna

En la otra punta de la mesa cegetista, el sector más duro, representado por Pablo Moyano, manifiesta un rechazo frontal y sin medias tintas contra la ley. El dirigente camionero lo hace a su modo: la semana pasada convocó a la histórica sede de Azopardo a gremios afines y ligados al kirchnerismo como La Bancaria, UOM y SMATA y se movilizó al Congreso para repudiar la sanción de la norma.

Esa actitud no fue bien vista en la CGT. “La decisión era movilizar por gremio, así se había definido en la mesa chica. Pero a Pablo le gusta la barricada, y en eso no estuvo bien”, cuestionan desde el sector dialoguista de “Los Gordos”, donde abrevan los gremios del rubro de servicios. Pero destacan que al tratarse de una decisión que se había dejado librada a cada sindicato, el día de la represión en la Plaza Congreso hubo muchas organizaciones de distintos alineamientos. 

Lo que molestó fue que Pablo Moyano se arrogara la representación de la central obrera cuando cada gremio debía hacerlo en sus propios términos. Más allá de esa cuestión de formas -un resquemor propio de cualquier convivencia-, en la cúpula cegetista buscan ahora aplacar cualquier posibilidad de fractura o incluso de una posible ruptura.

“Lo que va a primar siempre es la lógica y la sensatez de que cualquier cosa que quiebre a la CGT terminará llevándose puestos todos los derechos”, responden desde la sede de Azopardo ante la consulta de este medio, e inflan el pecho con una sentencia: “Somos los únicos que podemos parar, en cierto punto, algunas decisiones del Gobierno”.

En el moyanismo, si bien están disconformes con la estrategia de diálogo y negociación del sector moderado, coinciden en poner paños fríos al estado de interna. “Hoy nos une el espanto”, apuntan a elDiarioAr desde el Sindicato de Camioneros. Y hablan con una sinceridad rabiosa: “Los sindicalistas están tan asustados con el cambio de sistema, o sea, con todo lo que conocimos hasta ahora –dicen–, que mientras esté Milei vamos a estar todos unidos”.

Ese punto, el de la amenaza contra la vida de los gremios que representa para ellos el Gobierno de La Libertad Avanza, es el que hoy une a dialoguistas y moyanistas pese a la desconfianza mutua. “¿Qué pasaría si se cae la cuota sindical solidaria?”, se preguntan, sin disimular el temor, desde Camioneros. La misma línea discursiva de los moderados, que advierten que, con la excusa de modernizar el mercado de trabajo, el Gobierno quiere “debilitar el movimiento sindical”.

Por eso desde uno y otro lado afirman que en la marcha del 12 de junio en el Congreso hubo gremios de los más “combativos” y también de los que están con “Los Gordos”, como el Sindicato del Seguro, Panaderos y algunos del área de transporte. Es más: la CGT quiere pasar la página y para eso convocó la semana próxima a una reunión de su “mesa chica”, esto es, de su Consejo Directivo, con fecha y lugar a definir.

Lo que viene

Después de dos paros generales concretados en los primeros 6 meses del nuevo gobierno, la CGT debe trazar ahora una nueva hoja de ruta. En la central no vislumbran la maduración de otra medida de fuerza de alcance nacional pero sí sostienen que seguirá habiendo reclamos puntuales de distintos sectores afectados por la pérdida del poder adquisitivo y la caída del empleo. “Sindicatos como la UOCRA y la UOM van a salir, porque cualquier rebote que haya no va a llevar menos de 5 o 6 meses en plasmarse”, evalúan. 

El sindicalismo advierte en el corto plazo un escenario de conflictos ramificados. La Fraternidad, el gremio de maquinistas de trenes de perfil radicalizado y alejado de la CGT, dio el primer paso y convocó para mañana a una medida de fuerza de reducción de velocidad de las formaciones en todo el país, ante el fracaso de las negociaciones salariales y en la continuidad de un plan de lucha que viene desde el mes pasado. Podría ser el primer chispazo de muchos. “La situación social no depende de nadie que pueda movilizar por sí mismo, va a ser más una cuestión autoproducida”, analizan en la mesa chica de Azopardo. Esa es la apuesta de la CGT mientras redefine su rol.

NP/MG

La CGT y la CTA descargaron fuertes críticas a la ley Bases y el paquete fiscal de Javier Milei que el Senado discute en comisiones como paso previo a su votación en el recinto. Los líderes de las principales centrales obreras Héctor Daer y Hugo Yasky fueron los primeros invitados en la jornada de este lunes que abrió el tratamiento legislativo a voces por fuera del Congreso. Los jefes sindicales apuntaron principalmente sobre la reforma laboral oficialista, pero también otros ítems polémicos en los proyectos, como la restitución del impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales, ya muy cuestionados por senadores hasta del PRO y la UCR.

“Aparece una figura inédita que convierte a trabajadores en colaboradores”, comenzó su intervención Daer, quien desmembró el artículo 93 de la reforma laboral que ya tuvo media sanción de Diputados. “Los estamos deslaboralizando. Los llevamos de la formalidad a una informalidad legal, esto es lo más grave que tiene este proyecto de ley”, cuestionó Daer sobre la posibilidad de que una persona pueda tener hasta 5 colaboradores. “Legaliza el fraude laboral”, lo completó Yasky.

Según las centrales obreras, actualmente existen unas 409 mil empresas PyMEs que tienen menos de cinco trabajadores que podrían quedar abarcadas con la reforma laboral. Serían unos 600 mil trabajadores que podrían entrar en el régimen que estipula la ley.

Daer y Yasky también criticaron sobre la reforma laboral la posibilidad del despido por descriminación, así como el fondo de cese siguiendo el modelo de la UOCRA y el destino incierto de los empleados públicos a partir de la habilitación de disolución de un sinfín de organismos públicos como prerrogativa de los superpoderes que tendría el Presidente. Yasky apuntó que el proyecto oficialista busca “va en contra del artículo 14 bis” de la Constitución Nacional, que versa sobre los derechos laborales.

“La reforma viola el principio de estabilidad laboral. La actividad sindical puede ser considerada discriminatoria”, planteó el jefe de la CTA. “La disponibilidad del empleo público rompe con los preceptos constitucionales cuando habla de la disolución de entes”, recogió el titular de la CGT, quien pidió que “no se suprima bajo ningún punto de vista” el Banco de Datos Genéticos. En ese punto también criticó la privatización de algunas empresas estatales que tendría a disposición Milei, desde Aerolíneas Argentinas a Canal 7 y Radio Nacional: “Nada se habla de qué va a pasar con los servicios y con los trabajadores”.

Además de la cuestión laboral, los jefes sindicales fueron muy críticos del blanqueo de capitales y del RIGI, puntos del paquete fiscal que la semana pasada fueron impugnados en sus discursos por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR). El RIGI estipula importantes concesiones impositivas para las inversiones desde US$ 200 millones para sectores como el petróleo, minería, litio y agricultura. “Que los inversores no tengan que hacerse cargo de la cadena de valor de suministros y que sólo favorezca una cuestión extractiva no es el mejor camino. Argentina tiene los metales estratégicos que necesita el mundo, y van a venir con ley o sin ley a explotarlos”, advirtió Daer. 

“Nos convertiremos en un enclave extractivo”, alertó Yasky. En los mismos términos expuso sobre el blanqueo de capitales que no exige grandes condicionantes: “Convertimos a la Argentina en un enclave que le tiende la alfombra roja a los narcotraficantes”, dijo el líder de la CTA.

La jornada de oradores externos que comenzó este lunes significó para el oficialismo tener que posponer la firma de dictamen de sus dos proyectos. La intención de La Libertad Avanza era remitir las iniciativas de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación General al recinto el jueves pasado para que se vote esta semana. Pero con el llamado a invitados para este lunes  y martes, y ante la visita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para el miércoles, el oficialismo buscará tener dictamen el jueves y sancionar la semana próxima. La lista de expositores está dividida en 14 llamados y tiene como invitados a distintos sindicalistas, periodistas y diputados provinciales, entre otros.

La exposición de Daer y Yasky terminó casi en escándalo cuando el senador libertario Ezequiel Atauche (Jujuy) los espetó directamente por los dos paros convocados en lo que va de la gestión de Milei. “¿Entre 2019 y 2023, dónde estaban escondidos? Nos hicieron un paro a los 45 dias y a los 5 meses”, les reprochó el legislador a los sindicalistas. Daer amenzó con levantarse y discutió con Atauche: “No voy a aceptar que me falte el respeto. La huelga es un ejercicio de la democracia cuando hay una agresión”.

MC/JJD