El diputado provincial del Partido Obrero Guillermo Kane presenta este martes un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que los agentes de seguridad bonaerense involucrados en casos de delitos graves como homicidio, tortura, abuso sexual y desaparición forzada no reciban un patrocinio legal gratuito por parte del Ministerio de Seguridad. 

La iniciativa busca revocar la normativa actual que permite la representación legal del ministerio a dichos agentes, así como también el aporte de diferentes especialistas como peritos forenses, criminalísticas o asistencia psicológica. El proyecto, además, crea una comisión integrada por organismos de derechos humanos independientes, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, así como también de recibir denuncias por incumplimientos de la misma.

El proyecto busca que las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad presenten informes trimestrales detallando los casos en los que se otorgue o niegue el patrocinio estatal y, en caso de irregularidades, la comisión podría realizar las denuncias penales correspondientes.

Kane, quien ya había presentado un pedido de informe al titular de la cartera de seguridad, Javier Alonso, a partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en torno de la cantidad de ahorcamientos en comisarías bonaerenses, impulsó el proyecto de ley acompañado por la diputada nacional del mismo partido, Vanina Biasi. 

La razón que motivó esta iniciativa, explicó Kane a este medio, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Fernández, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría número 5 de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Fernández. En los cuatro casos, el médico y funcionario de la cartera de Seguridad defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de las cuatro víctimas sostienen que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Para el caso de las fuerzas federales este tipo de asistencia técnica y legal está expresamente vetada por la Resolución Nacional 477/2023.

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los supuestos suicidios en destacamentos bonaerenses “están plagadas de irregularidades”. Asimismo, las investigaciones judiciales en torno a esas muertes sólo se centran en “comprobar la versión policial”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

Nota: se corrigió el apellido Martínez por Fernández, en referencia a Sofía Fernández, 29 de agosto de 2024 a las 16:55.

FLD/ED/JJD

La pregunta la desarmó por completo. Aquel 9 de abril de 2024 era una mañana agradable en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Olavarría, una ciudad húmeda de la pampa bonaerense. A través de los ventanales, el sol iluminaba la cara de Nahiara Abregú, de 19 años, sentada con las manos sobre su regazo frente a una psicóloga de la institución. Era su último examen para formar parte de una de las escuelas de policías más antiguas y numerosas: la de la provincia de Buenos Aires. No había tenido problemas en las otras pruebas: salud (“apta”), físico (“apta”), teórico (“apta”). Ahora, el escritorio de la psicóloga la separaba de su sueño de convertirse en una oficial bonaerense. Entonces, sucedió lo imprevisto: “¿Qué pensás de los policías involucrados en la muerte de tu hermana?”, indagó la especialista. Lo que siguió para la joven aspirante fueron respuestas que no convencieron, el rechazo para entrar a la fuerza (“no apta”) y un largo camino de regreso a Laprida envuelta en lágrimas. Antes de partir, sin embargo, Nahiara vio a sus compañeros de ingreso celebrar juntos la admisión a la escuela. Esa imagen bastó para convencerla: volvería a intentarlo. Lo haría por su hermana.

El 5 de junio de 2022, Daiana Abregú, de 26 años, apareció ahorcada en la celda de la comisaría de Laprida. Su historia, como contó la Unidad De Investigación (UDI) de elDiarioAR en el especial Custodia Letal, estuvo plagada de irregularidades. Desde su detención, mientras caminaba sola tras salir del boliche El Castillo, hasta su encierro en una comisaría inhabilitada para alojar detenidos, el caso se convirtió en uno de los más paradigmáticos sobre muertes bajo custodia de la Bonaerense. Como señalaron abogados de derechos humanos y peritos forenses a este medio, la misma policía de la provincia sospechada del crimen de Daiana participó en distintas dirigencias en la resolución del caso.

Además, no se respetó el Protocolo de Minnesota en la primera autopsia de Daiana, que establece cómo deben ser las investigaciones en muertes potencialmente ilícitas en manos de las fuerzas de seguridad. Entre sus principales características ordena ciertos estándares para la preservación del cuerpo y el análisis posterior de las autopsias forenses.

Cinco oficiales fueron detenidos y acusados por el presunto homicidio de Daiana. Sin embargo, tras dos años de una investigación a cargo del fiscal Ignacio Calonge ─criticado por la querella por impulsar una pesquisa “superficial” y “tendenciosa” a favor de la hipótesis policial del suicidio─ la Justicia dictaminó que la joven se habría quitado la vida, ahorcándose con su propia campera, apenas unas horas después de su detención por una contravención. 

Los efectivos acusados fueron liberados y cuatro de ellos ya se reincorporan a la fuerza bonaerense. Sólo una de las policías aguarda un juicio por incumplimiento del deber en el cuidado de Daiana, la única detenida en toda la comisaría al momento de su muerte. Su caso, como demuestra esta investigación de la UID, no fue el único en 2022. Ese año, según números de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 13 personas aparecieron ahorcadas en diferentes dependencias de la provincia de Buenos Aires, la cifra más alta en los últimos diez años. 

En lo que va de 2024, este medio registró al menos cuatro casos con esa metodología de muerte en comisarías bonaerenses. Uno de ellos, el de Marcos Portela, también investigado por la UDI, presenta irregularidades similares a las de Daiana: detención arbitraria, destacamento inhabilitado y muerte con la policía como único testigo.

Nahiara Abregú tenía 17 años cuando su hermana fue hallada muerta. Pero desde los 15, al menos, desea ser oficial bonaerense. 

La otra hermana

Desde muy chica, Nahiara le decía a su mamá Laura que quería entrar al Ejército. No sabía bien por qué. La vocación de servicio. La desmesura de su presencia en los desfiles. Las armas. Todo eso junto. “Pero después me fue llamando más la atención la policía. Creo que es algo que te nace”, dijo Nahiara, un jueves de junio desde Laprida. Está parada delante de la comisaría donde hace dos años murió su hermana. Viste un buzo amarillo y el pelo largo, lacio, que cubre sus hombros. 

Nahiara recuerda bien aquel 5 de junio de 2022. Sus padres le avisaron en el living de su casa que Daiana había muerto. “Como que algo se me desconectó y quedó todo en silencio. No pude escuchar más”, recordó la joven. Las Abregú son seis hermanas, pero ellas tenían una conexión especial. “Éramos muy compinches. Nos gustaba salir a bailar y jugar a la pelota. Casi jugamos enfrentadas, si no ocurría lo que pasó”, contó. Una semana después de su muerte, los equipos de fútbol femenino de Laprida de ambas hermanas iban a enfrentarse en un partido. Daiana jugaba en la primera del Club Lilán. Nahiara había sido recién convocada al primer equipo de Platense. “A veces me imagino como hubiera sido ese partido”, afirmó Nahiara, entre risas. 

La muerte de Daiana la afectó. Durante un año se “encerró”. Abandonó su último año de secundario y casi no salía de su casa. Sin embargo, con el avance de la investigación judicial y la mediatización del caso, Nahiara se fue convenciendo de algo: “No me importaba si se había suicidado o la mataron, la cuestión es que estaba bajo el cuidado de la policía y no cumplieron su deber”, aseguró la joven. Fue entonces que lo decidió. Entraría a la fuerza bonaerense. “No me gustaría que a otros detenidos les pase lo de Daiana”, agregó Nahiara. “Quiero ser policía para ayudar a la comunidad. Me gustaría llegar a ser comisaria”, dijo.  

Jóvenes y policías

Ana Passarelli es socióloga y autora del libro La Local: un estudio de jóvenes (y) policías en Quilmes. La especialista entrevistó a veinte jóvenes policías de lo que en su momento fue la Policía Local, un proyecto de seguridad urbana que se lanzó en 2015 en toda la provincia de Buenos Aires, pero que finalmente terminó absorbiendo la Bonaerense al poco tiempo. 

Entre las motivaciones de los jóvenes aspirantes para entrar a la fuerza, Passarelli destacó tres aspectos: la influencia familiar, la vocación de servicio y el acceso a un empleo estable y en blanco. “Muchos ingresantes vienen de trabajos informales y estratos populares. Pasar a formar parte del Estado es una garantía laboral atractiva”, puntualizó la socióloga a elDiarioAR. Otro factor de ingreso que señaló Passarelli es la posibilidad de entrar, luego de haber sido rechazado de otras fuerzas. “Muchos oficiales bonaerenses fueron rechazados inicialmente de la Federal, dado que tienen requisitos y exigencias diferentes”, evaluó la investigadora. Sin embargo, la especialista enfatiza en que actualmente los jóvenes policías priorizan tener un empleo que “les permita también disfrutar su vida privada, sin pensar tanto en la vocación de servicio”. 

Asimismo, el antropólogo y miembro del Grupo de Estudios en Policía y Fuerzas de Seguridad de la Universidad de Quilmes, Tomás Bover, puntualiza que en contextos de crisis económica como los actuales, crecen las inscripciones para entrar a las diferentes fuerzas de seguridad. “Más allá de que muchos puedan identificarse con la cuestión ideológica del monopolio de la violencia, el mercado laboral está más limitado. La promesa de un trabajo estable seduce por sobre otras motivaciones”, aseguró Bover a elDiarioAR. 

Sin embargo, el investigador señaló que actualmente los municipios tienen “enormes problemas” para reclutar nuevos agentes. “Hoy la Bonaerense tiene 90 mil integrantes cuando hace unos años tenía 30 mil policías menos”, apuntó el especialista. “Se agotó la fuente de reclutamiento”, agregó Bover. “Las nuevas formas de trabajo, como las aplicaciones o el cuentapropismo pusieron en tensión la capacidad de captación de aspirantes nuevos por parte del Estado”, sostuvo el antropólogo.

La comisaría de Laprida

El 5 de junio se cumplieron dos años de la muerte de Daiana. Su familia hizo una marcha en las inmediaciones de la comisaría. Pegaron carteles y cortaron calles. Al igual que durante la marcha del primer aniversario, fueron reprimidos. “Le pegaron a mi hermana más chica”, aseguró Nahiara. 

Los hechos de violencia por parte de la dependencia no son nuevos. Como contó la UDI de elDiarioAR, previo a lo sucedido con Daiana, hubo denuncias por vejaciones y golpizas dentro de la comisaría. Además, en 2003, la dirección de Asuntos Internos de la provincia tenía previsto llegar a la ciudad a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible del destacamento. El 21 de julio, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. 

En agosto de ese año, el peritaje de esa investigación determinó que el fuego se originó de forma “intencional”. En la noticia, figura que el excomisario de la estación separado por el caso Daiana estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

Nahiara aclaró que ella no tendría problema en trabajar con los policías que estuvieron involucrados en la muerte de su hermana. “Creo que es a ellos a quienes les molestaría”, afirmó. “La Justicia dijo que mi hermana se suicidó. Pero también que no la cuidaron”, agregó. El año próximo volverá a intentar entrar a la Policía Bonaerense. “Para que no le vuelva a pasar a nadie lo que le sucedió a mi hermana”.

FLD/ED

El 2022 no fue un buen año para los policías de las comisarías del distrito de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo, en el destacamento N°4, un detenido murió por causas que no se precisaron. Cuatro días más tarde, otra persona falleció de igual forma en la estación policial N°7 de esa localidad. Mientras que el 21 de septiembre, los oficiales encontraron a un hombre de 56 años ahorcado en la celda de la comisaría N°8.

Los policías de la localidad de Ezeiza no están muy lejos de esa situación. También en 2022, dos detenidos se ahorcaron en diferentes comisarías de su jurisdicción, al mismo tiempo que otro falleció en una tercera dependencia por causas que no fueron informadas. La policía de Quilmes también sufrió la singular “ola” de supuestos suicidios que dejó un saldo de 13 ahorcados en las comisarías bonaerenses durante 2022, la cifra más alta de los últimos diez años. Dos decesos con esta última modalidad, además de una tercera por “causas desconocidas”, ocurrieron aquel año en la ciudad cervecera.

Sólo entre 2022 y 2023, hubo 20 ahorcamientos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM), como informó elDiarioAR este domingo a través de su Unidad de Investigación (UDI), con el apoyo de CAPIR. Los mismos fueron informados como suicidios por los efectivos bonaerenses que encontraron los cuerpos en esas dependencias. Además, entre esos años, hubo otros ocho supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas al organismo de derechos humanos por parte de las autoridades judiciales y policiales.

Desde 2012, hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. En el transcurso de este año, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.

De las 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, destacamentos que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril, según el último registro de la CPM, había 659 detenidos en 99 estaciones policiales clausuradas en la provincia.

Ahorcados

Muchas de estas muertes, sin embargo, presentan irregularidades que ponen en duda la versión policial del suicidio.

Para Rodrigo Pomares, abogado y director del programa de monitoreo territorial de violencia policial de la CPM, la cantidad de suicidios en lugares con vigilancia y control policial permanente como las comisarías es “preocupante”. “Hay personal policial abocado a esa única tarea y muchas veces no la cumplen”, señaló Pomares. “Incluso, cuando hay un único detenido en toda la dependencia, tampoco se lo supervisa”, agregó el abogado. Además, muchas de esas detenciones que terminaron en supuestos suicidios ─puntualizó Pomares─, ocurrieron en “circunstancias irregulares”.

Este último escenario que describe el integrante de la CPM ocurrió en los casos de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), alojados en comisarías inhabilitadas o clausuradas. Al momento de su “ahorcamiento”, eran los únicos detenidos en las dependencias. La línea de investigación de los fiscales a cargo de sus casos coincidió siempre con la versión policial: los tres se quitaron la vida. 

“Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial”, aseguró Pomares. Cinco oficiales fueron imputados brevemente de homicidio en el caso de Daiana Abregú ─la joven de 26 años que fue encontrada “ahorcada” con su campera en la comisaría de Laprida en 2022─ pero sólo una fue llevada a juicio por “incumplimiento de su deber” durante el cuidado de Daiana. El resto de los policías volvieron a trabajar en la fuerza bonaerense .

“Hay una débil o nula aplicación de protocolos básicos para muertes bajo custodia estatal, como el de Minnesota”, afirmó el abogado de la CPM. El protocolo de Minnesota es un procedimiento internacional para fallecimientos bajo custodia estatal al que Argentina suscribe y que establece cómo deben ser las investigaciones en muertes potencialmente ilícitas en manos de las fuerzas de seguridad. Entre sus principales características ordena ciertos estándares para la preservación del cuerpo y el análisis posterior de las autopsias forenses. En esa línea, el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia impulsó en 2001 la Resolución 1.390, que exige a todas las fiscalías de la provincia “brindar especial importancia a hechos delictivos vinculados con torturados y apremios ilegales”. Además, establece el apartamiento inmediato del caso a la misma fuerza que está siendo investigada.

En los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo la misma Policía Bonaerense participó con distintas tareas en la investigación de sus casos. En el caso de la joven de Laprida, el primer fiscal del caso, Christian Urlezaga, usó a la policía científica bonaerense para la recolección de pruebas en la comisaría. Luego, el cuerpo de Daiana fue preservado en una morgue de esa misma fuerza antes de realizarle la primera autopsia. La propia Bonaerense confirmó la versión policial del suicidio, pero luego fue impugnada por no respetar los protocolos establecidos. 

En el caso de Castillo, no hubo preservación del cuerpo en la ambulancia que lo trasladaba desde la dependencia de Lomas del Mirador ─donde fue hallado ahorcado a las pocas horas de su ingreso─ hasta la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora. Según los oficiales de la División Morgue, la ambulancia, tras agarrar una cuneta, golpeó la cabeza de Castillo contra los fierros de la camilla, provocándole una herida cortante. El vehículo iba escoltado por un móvil de la comisaría bonaerense. Además, como demostró elDiarioAR este domingo, la testigo del supuesto golpe que sufrió el cuerpo es una efectiva de esa misma fuerza.

elDiarioAR consultó al ministerio de Seguridad, donde rechazaron enfáticamente que las estadísticas por ahorcamiento o causa desconocida fueran “importantes”. “Desde la Provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

“Los fiscales no cumplen ni el Protocolo de Minnesota, ni la Resolución 1.390. O si lo hacen, es parcialmente”, señaló Augusto Infante, abogado y director del programa de litigio estratégico de la CPM. “Muchas dirigencias de esas mismas investigaciones las hace la policía de la provincia. No hay una rápida intervención por parte de los fiscales en el lugar del hecho, sino que muchas de sus acciones son delegadas a la misma fuerza sospechada, lo que dificulta el control de la escena del hecho”, dijo Infante. 

Las dificultades de los fiscales para apartar a la fuerza bonaerense ocultan, muchas veces, fines “prácticos”. “Trabajan con ellos todos los días”, destacó el abogado. “Incluso los usan para la resolución de otros casos que tienen a cargo, dado que es una fuerza de prevención del delito. También les sirve para enviar notificaciones básicas o para averiguar la dirección de los domicilios de los testigos”, agregó Infante.

Protocolos

Para los abogados de la CPM, la preservación de la escena del hecho es “crucial” a la hora de esclarecer lo sucedido con un detenido en una comisaría, donde ─muchas veces─ el único testigo es la propia policía. “Hay errores iniciales que, en este tipo de muertes, condicionan prácticamente toda la investigación”, remarcó Infante. Para Pomares, los fiscales se transformaron en unos “delegadores” de la tarea de investigación en la policía u otras fuerzas. Ese escenario, coincidieron tanto Infante como Pomares, favorece siempre a la versión policial. Al respecto, elDiarioAR se comunicó con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia para conocer su posición pero en el organismo declinaron hacer declaraciones.

La respuesta estatal a esta problemática, señalan los abogados, es nula. En sus informes semestrales, el MPF no registra la tipología de muerte en las comisarías provinciales ni sus circunstancias. De hecho, sus números respecto a las muertes en dependencias bonaerenses no coinciden muchas veces con los del organismo de derechos humanos. “Sus registros de violencia institucional responden a un criterio diferente que no compartimos”, contó Infante. “Un caso de gatillo fácil, por ejemplo, lo inscriben sólo si se inició una denuncia formal y fue tomada por una fiscalía que lo haya registrado de esa manera”, puntualizó el director del programa de litigio estratégico de la CPM. Y agregó: “El 90% de los casos por violencia institucional que computa el MPF se archivan o desestiman”. 

En estos casos, el ministerio de Seguridad bonaerense responde brindando representación legal a los oficiales involucrados en una muerte bajo custodia. El propio organismo financia la defensa de los policías a través de un patrocinio gratuito, como así también los peritos de parte encargados de analizar los exámenes forenses posteriores de las víctimas. elDiarioAR comprobó que el mismo médico, empleado del ministerio de Seguridad provincial, participó como perito de parte en al menos cuatro casos de ahorcamientos en comisarías que presentan irregularidades. El médico sostuvo en diferentes instancias periciales que Alejandro Martínez (2021), Daiana Abregú (2022), Nahuel Tasori (2023) y Sofía Fernández (2023) se quitaron la vida mientras estaban detenidos. En los cuatro casos, sostienen los abogados de cada víctima consultados por este medio, habría pruebas suficientes que demuestran lo contrario. “¿Por qué yo, siendo jubilado, tengo que salir a pagar un abogado y peritos de parte por la muerte de mi hijo y los policías que lo mataron tienen todo servido?”, se preguntó Ricardo Tasori, padre de Nahuel. 

elDiarioAR presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012, como así también las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no obtuvo respuesta. 

El derecho de defensa de los policías implicados, afirmó el abogado Pomares, debe “estar garantizada por la defensa pública” y no en la financiación de letrados del mismo organismo que está siendo denunciado. “La misma órbita pública que luego puede ser condenada por violaciones a los derechos humanos es la que utiliza sus recursos para evitarlo a toda costa”, concluyó el integrante de la CPM.

En los casos relevados durante esta investigación, el organismo de derechos humanos intervino, en algunos casos, como particular damnificado de las víctimas, llevando adelante la querella de las familias. En otros, como en el caso de Marcos Portela ─detenido el 5 de febrero en una comisaría de Moreno y hallado ahorcado dos días después─, colaboró de forma lateral, solicitando algunas medidas de protocolo.

Incumplimientos

Más allá de que la investigación de la fiscalía coincida con la versión policial y concluya finalmente en que la muerte haya sido por un suicidio, para Pomares “hay otros delitos que deben ser investigados y juzgados”. “Desde la detención irregular hasta la falta de cuidado con el detenido, son acciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad que merecen ser esclarecidas”, afirmó el abogado.

La mayoría de las causas en las que se logra presentar pruebas concluyentes contra los policías son cuando intervienen organismos de derechos humanos como la CPM. “Pero no llegamos a estar en todos por una cuestión de magnitud”, dijo el abogado.

Desde 2012 hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. Desde que comenzó 2024, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.

Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial.

Rodrigo Pomares — abogado y director del programa de monitoreo territorial de violencia policial de la CPM.

Patrones y sospechas

Lo primero que le llamó la atención fueron los pelos de la víctima entre los barrotes de la celda. Virginia Creimer, perito forense especializada en delitos contra los derechos humanos y ex directora de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, había sido convocada en 2022 por la CPM como perito de parte en la causa de Daiana Abregú. Cuando analizó las imágenes de la escena del hecho ─un procedimiento habitual en su tarea forense─ algo la conmovió. Los pelos de Daiana estaban prolijamente situados entre los barrotes de la celda en donde había atado la campera de jean que supuestamente usó para ahorcarse. Además, entre las paredes del calabozo, había un mensaje de “despedida” supuestamente escrito por ella misma.

“Hacía mucho que no veía un caso así. Un montaje casi perfecto”, afirmó Creimer a elDiarioAR. La especialista lleva 30 años investigando hechos de violencia institucional. “El lugar del hecho estaba armado de tal manera que cualquier persona distraída pensaría que fue un suicidio”, explicó la perito. “Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?”, se preguntó Creimer. 

Para la especialista, la fuerza bonaerense fue “sofisticando” las “escenas del crimen” con el tiempo. “La mutación que hubo desde el caso de Luciano Arruga es desestabilizante y grave”, señaló la perito. Se refiere al caso de Luciano Arruga, un joven de 16 años desaparecido durante cinco años, tras ser detenido y torturado en 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador. La dependencia fue clausurada y trasladada a otra zona de la misma localidad. Allí, en 2023, fue encontrado ahorcado Mauricio Castillo. “Antes sacaban los cuerpos, ahora los dejan ahí un rato y después lo llevan rápido a las morgues para hacerles una autopsia favorable a la versión policial”, dijo la perito. “Hay casos que son calcados”, destacó. “Las muertes se producen rápidamente. A veces pasan sólo horas (desde el momento de la detención). Y la policía bonaerense actúa de forma irregular junto a fiscales que no investigan”, señaló Creimer. 

Fabián Quintero ─antropólogo, investigador y director del programa forense que se dicta en la Universidad de La Plata (UNLP)─ también fue convocado por la CPM en la causa de Daiana Abregú. Quintero se encargó del análisis de los modos de construcción de la información en la investigación por la muerte de la joven de Laprida. En especial, el antropólogo forense analizó la prueba mecánica que la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal impulsó por pedido de la defensa de los policías imputados. En esa instancia, la UCAC confirmó que la campera resistía más de lo que la joven de Laprida pesaba, avalando la hipótesis del suicidio. Para Quintero, sin embargo, esa prueba “estuvo mal hecha”. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, explicó el especialista. En los informes de la UCAP, dijo Quintero, no se brindó una descripción detallada del método de ahorcamiento. “Solo se describe que el cuerpo fue encontrado sentado con una campera de jeans alrededor de su cuello, con tres nudos sujetos a la parte superior de la reja de la celda”, señaló el perito forense

El método de ahorcamiento, afirmó el antropólogo, debe coincidir con la causa de muerte, que en este caso se dirime entre la “asfixia mecánica por sofocación” (en el caso del asesinato) y la “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca” (en el caso del suicidio). “Ellos hicieron una pantomima. Tomaron la prenda, enroscaron la parte de adelante y la parte de atrás de la manga, y solo hicieron tracción sobre la parte de arriba”, detalló Quintero. 

“La resistencia de una prenda es heterogénea. No en todos los lugares resiste de la misma manera”, profundizó el investigador. “Hay partes que son más sensibles que otras. Y esos lugares son los de la costura, la parte del sobaco. Porque allí no están soportados por la estructura de la trama de la tela, sino que son dos telas unidas”, agregó el investigador. Las pericias sobre la campera, concluyó Quintero, se hicieron sobre la parte más resistente de la misma, sin tener en cuenta la unión más débil de las costuras. “Nadie puede decir con exactitud qué extremos de la prenda usó la víctima para ahorcarse. Por eso era necesario que se midiera la resistencia de la misma desde diferentes tramos de la tela”, enfatizó el investigador.

Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?

Virginia Creimer — perito forense especializada en delitos contra los derechos humanos y ex directora de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

El antropólogo sostuvo, además, que las investigaciones se complejizan a medida que se suman “nuevas pericias” del cuerpo. “Primero porque no las están manejando los fiscales, sino las fuerzas de seguridad. Y lo otro que sucede es que los fiscales no tienen una visión integral de las mismas, sino que van descartando resultados periciales a medida que llegan otros nuevos”, finalizó el perito del caso Abregú. 

En la misma línea, la perito en criminalística del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Silvia Bufalini, aseguró que la preservación de la escena del hecho es “tan importante como la autopsia”. “Si vos tenes un relevamiento del lugar del hecho deficitario o irregular, la autopsia no va a ser concluyente”, afirmó. Bufalini participó en casos icónico de violencia institucional como el de los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía bonaerense en 2002 y el de Rafael Nahuel, un joven de la comunidad mapuche de Bariloche, muerto tras recibir un disparo por parte de un integrante de Gendarmería Nacional en 2017. “Si un fiscal no toma todos los indicios en el lugar del hecho, después confirmar si fue un suicidio o homicidio es algo temerario porque sólo va a ver la mitad de lo que realmente ocurrió”, sostuvo la perito. 

Respecto a las muertes por ahorcamiento, Bufalini ve improbable un montaje de las escenas por parte de la policía. “El 70% de las muertes por asfixia mecánica son efectivamente suicidios”, precisó la especialista. “Es muy difícil montar una escena sin que luego se compruebe lo contrario en las pericias”, señaló. “Si se trabajó bien la escena del hecho y la investigación se hizo respetando los protocolos correctamente, se debería poder demostrar si un ahorcamiento fue en realidad un homicidio”, remarcó Bufalini.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

El domingo 5 de junio de 2022 fue una mañana helada en Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles, tras haber salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Vestía una campera de jean, remera blanca y unas zapatillas negras. A Daiana no le molestaba andar sin compañía por las calles vacías. Hacía muchas otras cosas sola. Iba a bailar, criaba a su hijo de tres años y planeaba irse a vivir con él a la ciudad de La Plata. Volver a empezar. También jugaba al fútbol: en el Club Atlético Lilán de Laprida era conocida por ser una jugadora “aguerrida”. Su actitud y tozudez, además, le eran reconocidos por familiares y amigos. De hecho, esa palabra ─actitud─ la llevaba tatuada en su cuello. A las 7 de la mañana, un móvil de la Policía Bonaerense frenó a su lado. Daiana no lo sabría, pero ese instante cambiaría su vida y haría que Laprida, la ciudad donde nació y se crió, se dividiera en dos.

Esa mañana, Daiana fue detenida por policías de la comisaría comunal de Laprida. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en soledad en una celda de la dependencia. El destacamento tenía una denuncia por clausura: eso significa que no podía tener personas apresadas por más de seis horas. Daiana apenas estuvo unas horas más. Esa noche fue la única detenida. La joven fue encontrada ahorcada por tres oficiales bonaerenses de turno durante el mediodía de aquel domingo.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas después de hallarla sin vida. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron salvarla. Tampoco les dejaron ver el cuerpo: una ambulancia la estaba trasladando hasta la ciudad de Azul, a 160 kilómetros de Laprida, para realizar la primera autopsia.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnaron esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal, así como también la Resolución 1.390 de la Procuración provincial, en la que se exige el apartamiento de las fuerzas de seguridad presuntamente involucradas. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

El segundo fiscal del caso, Ignacio Calonje, titular de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, ordenó una segunda autopsia del cuerpo, tras insistencia de la CPM. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio, de acuerdo con el informe de los peritos.

El fiscal Calonje, luego de esos resultados, imputó a cinco policías por homicidio y encubrimiento, además de ordenar su encarcelamiento de forma inmediata. Aquel giro en la causa, sin embargo, no duraría mucho. El fiscal, por pedido de la defensa de los efectivos, ordenó que un nuevo equipo pericial analice los resultados de las dos autopsias. El órgano encargado, esta vez, fue la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal. El mismo ─criticó la CPM al conocer la decisión—, estaba compuesto en su mayoría por especialistas en criminología y médicos legistas, como psiquiatras, y no por perito forenses, acordes para estudiar los informes de la autopsia.

Los miembros de la UCAC rechazaron rápidamente las conclusiones de homicidio de la segunda autopsia y enfocaron su análisis en los aspectos psicológicos de Daiana. En su informe —que incluyó una recreación del supuesto suicidio en la celda de Laprida—, los expertos describieron a la víctima como una persona con una personalidad “inestable” y con problemas de consumo de drogas. La noche anterior a ser detenida, detalló la unidad especial, la joven había consumido alcohol y cocaína, por lo que un contexto de encierro, explicaron, pudo haber provocado “una crisis nerviosa que llevó a la joven a quitarse la vida”.

Además, en el peritaje de la campera de Daiana estuvo “mal medido”, afirmaron a elDiarioAR peritos de parte del organismo de derechos humanos CPM. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, aseguró el perito forense y antropólogo Fabián Quintero. Virginia Creimer, perito de parte de la CPM, reconstruyó la escena del hecho en la comisaría. “Hubo un montaje casi perfecto por parte de la policía”, señaló Creimer a este medio.

A pesar de que Abregú ya había sido detenida en otras ocasiones en esa comisaría, y que aquel domingo 5 de junio fue apresada por un delito menor como una supuesta contravención, el dictamen final de la Policía Federal no dio lugar a otra posibilidad: Daiana se suicidó. Con dos estudios que avalaban esta última hipótesis —primero el de la autopsia de la Asesoría Pericial de Azul; y ahora esta resolución de la fuerza federal— Calonje ordenó la libertad para los cinco oficiales bonaerenses. Pero la vía judicial aún no estaba terminada.

Tanto el abogado de la familia, Sergio Roldan, como la CPM, le exigieron al fiscal una tercera instancia pericial, dado que no reconocían a la primera autopsia —la de Azul— como válida, al no respetar los protocolos necesarios. Con ese escenario, donde había un informe como el de la Asesoría de La Plata, que decía que la joven fue presuntamente asesinada, y otro, el de la Federal, que concluía que Daiana se había quitado la vida, se requería una tercera opinión que reconfirme alguna de estas dos hipótesis. El órgano elegido por Calonje para la tercera instancia de análisis fue, finalmente, el Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este último órgano judicial, sin embargo, no dio lugar a los resultados de la segunda autopsia y cerró el caso como otro de los 13 supuestos suicidios que hubo en comisarías de la provincia en 2022. Tras dos años del caso, cuatro de los cinco policías imputados volvieron a trabajar como policías. Sólo una efectiva irá a juicio por la falta de cuidado hacia la única detenida de la dependencia que debía custodiar durante su turno, aquella fría mañana de junio.

Una fuente policial que trabajó en Laprida describió a los oficiales de entonces como “violentos” y dijo que las guardias de inspección de calabozos se “adulteraban”, tal como confesó una de las efectivas imputadas ante el fiscal. Dos vecinos que prefirieron no dar sus nombres contaron a elDiarioAR que fueron torturados por personal de esa comisaría utilizando la metodología del “submarino seco”, una modalidad de sumisión que consiste en la asfixia con una bolsa plástica en la cabeza. 

Juan Pablo Guzmán, vecino lapridense, también denunció que en 2020 fue torturado dentro de la dependencia con golpes y tormentos. “Le sacaron la tapa a sus linternas y me quemaron con el foco prendido”, narró Guzmán, cuyo testimonio fue presentado ante la fiscalía de la ciudad. Uno de los oficiales señalados en su denuncia fue imputado dos años después por el caso de Abregú.

El ministro de Seguridad bonaerense por aquel entonces, Sergio Berni, se refirió al caso de la joven en una conferencia de prensa que realizó en noviembre de 2022 en Olavarría, a pocos kilómetros de Laprida. Allí Berni defendió la actuación de sus policías. “Lamentablemente fue un suicidio. La primera autopsia lo demuestra”, concluyó el exministro, sin aludir a que en el primer examen pericial del cuerpo participaron funcionarios de la fuerza bonaerense, una acción vetada por el Protocolo de Minnesota y la Resolución 1.390 de la Procuración. El caso de Abregú fue tomado por Amnistía Internacional como un ejemplo de violencia institucional en el país. En la última marcha del 5 de junio por el segundo aniversario de la muerte de Daiana, la policía de Laprida reprimió a sus familiares.  

De las 200 investigaciones penales que se iniciaron por muertes bajo custodia estatal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señaló Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aún cuando les corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explicó Infante.

Durante el primer semestre de 2023, hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses, según el último informe del MPF provincial. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro sucedieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en el primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

Laura Abregú, mamá de Daiana, dice estar “cansada” de tantos idas y vueltas con el caso de su hija. Cada vez que pasa por la comisaría de Laprida, a pocas cuadras de su casa, cierra los ojos por un momento. “La veo a Dai abrazando a su hijo, que la extraña mucho”, dice Laura. “Y me veo a mí, abrazándolo a los dos”.

Nota: este artículo se actualizó el 21 de julio de 2024 a las 11:28.

ED

Una soga improvisada de tela alrededor de su cuello lo mantenía suspendido. Atado a una pequeña hendija en el techo de su celda, el torso desnudo de Marcos Portela, de 18 años, apenas se balanceaba. Un cuerpo inmóvil, en soledad, a metros del suelo. Así lo encontró el policía bonaerense Daniel Balmaceda de la comisaría N°8 de Moreno en la madrugada del lunes 5 de febrero. Así también lo vieron las tías de Marcos horas más tarde, tras llegar a la dependencia policial junto a la madre del joven, Ana Córdoba. La última vez que Ana había visto a su hijo fue el viernes a la noche, cuando Marcos salió a bailar a un boliche de Moreno con sus amigos. Dos días después, en la madrugada del lunes, el fiscal de turno que llegó al destacamento les permitió ver el cuerpo todavía en el aire.

─Su hijo se ahorcó, señora ─, le dijo el funcionario judicial.

─A mi hijo lo mataron ─, respondió Ana.

Lo dijo aquella madrugada por primera vez en la comisaría de Las Catonas, pero Ana repetirá esa frase muchas veces. En marchas, en pintadas alrededor de las calles de la estación policial, en su humilde casa de la localidad de José C. Paz, la madre de Marcos defenderá hasta las últimas consecuencias que su hijo jamás se hubiese quitado la vida.

La hipótesis policial del supuesto suicidio de Marcos presenta supuestas irregularidades. Florencia Brandan, una mujer que estuvo detenida en una celda contigua a la de Marcos ─liberada antes de la muerte del joven─ denuncia que le vio marcas de golpes en el cuerpo. “Me dijo que lo habían rociado con un matafuegos”, señaló Florencia a elDiarioAR. Además, la joven, quien tampoco debió ser apresada en ese destacamento porque sólo es para masculinos, pone en duda la versión del suicidio. “No sé cómo hizo para llegar hasta el techo y hacer un nudo. Era complicado”, dice Florencia, quien también relató ante este medio agresiones contra ella dentro de la dependencia. La comisaría no estaba habilitada para alojar detenidos.

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías bonaerenses. Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM) ─elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad ─, no estaban habilitadas para alojar detenidos.

Sólo entre 2022 y 2023, señala la CPM, hubo 20 ahorcamientos de detenidos que fueron informados como suicidios por los mismos efectivos bonaerenses de esas dependencias, además de otros 8 supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas por las autoridades judiciales y policiales. Asimismo, de esas 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, comisarías que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril de 2024, según el último registro de la CPM, había 659 personas detenidas en 99 estaciones policiales clausuradas. 

El suicidio por ahorcamiento es la principal causa de muerte en las dependencias policiales, seguido por las descompensaciones médicas de los detenidos. Sin embargo, las investigaciones judiciales en torno a esos fallecimientos bajo custodia estatal demuestran ─en muchos casos─, irregularidades que ponen en duda la hipótesis policial del suicidio. “Muchos fiscales ni siquiera se toman la molestia de respetar procedimientos básicos”, señala una fuente judicial del distrito Moreno-General Rodríguez, departamento con dos detenidos supuestamente ahorcados en 2022 y 2024.

Nicolás Gómez había sido apresado por una denuncia de violencia de género el 20 de junio de 2022. Cuatro días después apareció colgado en una celda de la comisaría N°4 de Moreno. Su familia, desde un primer momento, negó que Nicolás se quitara la vida. La investigación quedó a cargo de la fiscal Luisa Pontecorbo. Silvia Cansino, secretaria de Derechos Humanos de Moreno, le afirmó a este medio que la investigación en el caso de Gómez “no respetó los protocolos básicos” para muertes en contexto de encierro. Pontecorbo dirigió en un primer momento la investigación por la muerte de Marcos Portela. elDiarioAR intentó en reiteradas ocasiones hablar con la fiscal, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo sucedió con Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno.

El caso de Marcos, aseguró una fuente judicial de esa localidad con conocimiento del expediente, se está investigando “como un suicidio”, apartando de toda responsabilidad a la Policía Bonaerense.

A nivel provincial, este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no hubo ninguna respuesta. A su vez, elDiarioAR consultó con una fuente del mismo ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Las muertes bajo custodia estatal que la Justicia bonaerense investiga, afirman distintos peritos forenses y abogados de derechos humanos consultados para este reportaje, no respetan muchas veces los protocolos o procedimientos previstos para esos casos. Ese escenario ─explican los distintos especialistas─, favorece siempre a la versión policial y deja a los familiares de las víctimas a la deriva, cerrando el caso como un suicidio y sin aplicar ninguna responsabilidad por falta de cuidado en los oficiales de turno.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En 2022, hubo 1.610 procesos penales iniciados contra efectivos de esa fuerza. De ese total, 606 casos ocurrieron en comisarías. 

Asimismo, el informe arroja la cantidad de muertes en contexto de encierro. Ese año hubo 200 fallecimientos en cárceles y comisarías. Doce detenidos de ese total, informó el MPF, murieron en comisarías bonaerenses, mientras que otros nueve lo hicieron en hospitales, tras derivarlos desde diferentes comisarías. Según la CPM, en 2022 hubo 13 ahorcamientos dentro de las estaciones policiales ─la cifra más alta en los últimos diez años─, además de otras 8 muertes por descompensaciones médicas o causas desconocidas. El número total de casos, tanto del organismo público como el de derechos humanos, coinciden en 21 muertes. 

Los casos de ahorcamientos en comisarías bonaerenses relevados por este medio coinciden en su escena inicial: los arrestos de los fallecidos fueron irregulares, las dependencias no estaban habilitadas para alojar personas y no había otros detenidos al momento de su muerte. Es decir, los únicos testigos eran los policías de turno que debían velar por la seguridad de un solo apresado. Otra característica que comparten los fallecidos es el poco tiempo que permanecieron encerrados: apenas algunas horas en dos casos y dos días en un tercero. Ninguno de los tres, además, tenía antecedentes como paciente psiquiátrico o intentos de suicidio. En dos casos, los detenidos usaron sus propias prendas para ─según la versión policial─, quitarse la vida: un buzo y una campera. El tercero, señaló el personal policial que lo encontró, usó un trozo recto de tela de una toalla. 

En las tres muertes, la versión policial del suicidio fue la línea de investigación que siguieron los fiscales.

Daiana Abregú

Era una mañana fría aquel domingo 5 de junio de 2022 cuando Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles de Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Había salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Criaba a su hijo de tres años, jugaba al fútbol y planeaba irse a vivir a la ciudad de La Plata. A las 7 de la mañana, fue detenida por policías bonaerenses. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en la Comisaría Comunal de Laprida, dependencia que tenía una denuncia por clausura y no tenía permitido alojar personas. Unas horas más tarde, siendo la única detenida del destacamento, la joven fue encontrada muerta por tres oficiales bonaerenses de turno.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas más tarde. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron reanimarla. No les dejaron ver el cuerpo.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnó esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de la tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, tras insistencia de la CPM, ordenó una segunda autopsia del cuerpo. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, puntualizaron los peritos en su informe, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio. Pero la Bonaerense intervino a través de abogados y el caso volvió a dar un giro, como puede leerse en esta nota.

Las muertes bajo custodia estatal desencadenaron 200 investigaciones penales, de las cuales, el MPF desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señala Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aún cuando les corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explica Infante.

Durante el primer semestre de 2023, el último informe del organismo público arrojó que hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro lo hicieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en ese primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

Mauricio Castillo

El lunes 17 de abril de 2023, a las dos de la mañana, una ambulancia trasladaba el cuerpo desnudo de Mauricio Castillo, de 42 años, a la morgue judicial de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El cuerpo viajaba en custodia de un policía, integrante de la División Morgue Policial de La Matanza que, a su vez, es escoltado por un patrullero bonaerense.

Castillo, según la policía, se ahorcó el día anterior en una celda de la comisaría N°2 de Lomas del Mirador con su propio buzo. La dependencia no estaba habilitada para alojar detenidos. El oficial que lo encontró declaró en la causa que estaba “semicolgado” y “sin pulso”. En su relato, el policía “intenta reanimarlo” con el cuerpo todavía colgado. Dos detenidos habían sido liberados unas horas antes. Castillo estaba solo en la dependencia.

Pero, en la madrugada fresca del conurbano bonaerense, las versiones no importan. La única preocupación del oficial de la División Morgue Policial era entregar el cuerpo a la morgue. Para eso lo llamaron. Buscar y dejar un cuerpo “semicolgado”.

Algo, sin embargo, ocurrió. La cuneta en medio de la calzada mal iluminada, la ambulancia que no frenó a tiempo, un bache que hizo supuestamente golpear la nuca de Castillo contra los fierros fríos de la camilla. El hecho, en el acta policial, será relatado de esa forma por el oficial. Incluso la herida provocada por el supuesto golpe: “Un pequeño fluido rojo en la cabeza”, dijo en su declaración. Todo, además, será tomado hasta ahora tal cual lo contó el oficial: cuneta-golpe en la cabeza-sangre.

El oficial, en su declaración, tiene una testigo. Alguien que no presenció el hecho, pero sí lo escuchó de parte suya. Pero la testigo de “oído” del golpe en la cabeza del fallecido Castillo es una policía bonaerense en actividad, según confirmó a este medio con los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) consultados. También lo ratificaron fuentes oficiales a elDiarioAR.

La primera autopsia se hizo en la morgue de Lomas de Zamora, un día después de la muerte de Castillo. Los resultados de la misma, señala el abogado de la familia, Gabriel González Craham, fueron “muy escuetos” y no describieron con exactitud algunos exámenes realizados.

“El informe exigía inferir muchas cosas y no llega a ninguna conclusión”, explicó el abogado. Además, destacó, “no se tomaron muestras de la herida en la cabeza”, dando por hecho que ocurrió luego de la muerte de Castillo. Con este escenario, el abogado solicitó una nueva autopsia con un perito de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. La misma se hizo el 9 de junio de 2023 en la Asesoría Pericial de La Plata, donde sí se puso el foco en analizar el golpe en la cabeza, a fin de comprobar si la herida fue causada antes o después de la muerte de Castillo.

Esos resultados se confirmaron el mes pasado. El peritaje señaló que la herida, efectivamente, ocurrió en la ambulancia. “Tenemos duda de que esté bien realizado y queremos poner un perito de parte para que analice los resultados”, señala Craham. Rodrigo Pomares, abogado de la CPM, explica que, aunque las pericias forenses apunten a un suicidio, las irregularidades en torno al caso son muchas. “No se descarta una hipótesis sólo por confirmar otra. El caso debe investigarse de forma integral. Y allí vemos muchos errores”, puntualiza Pomares.

Entre las medidas que impulsó en su momento la fiscal del caso, Karina Licalzi, se encontraba el pedido del celular de la víctima a fin de construir un “perfil psicológico” de Castillo. “Siempre quieren buscar que la víctima es un suicida en potencia”, retoma el letrado Craham.

Castillo había salido de su casa en Lomas del Mirador a comprar facturas para su familia por la mañana y fue detenido por la policía en un confuso episodio, en el que se lo acusó de un supuesto robo que nunca se comprobó. Por la tarde ese día, sin embargo, ya estaba muerto.

Tensiones en las investigaciones judiciales

“Cuando hay intervención tanto de la Subsecretaría de Derechos Humanos como la de organismos que trabajan la temática, hay una posibilidad mucho más certera de que la causa tome impulso”, explicó Ignacio Álvarez, director de políticas contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. “Hay un déficit institucional muy evidente con respecto a las investigaciones por muertes en contexto de encierro”, destacó Álvarez, quien participó desde la Subsecretaría en los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo.

Entre las falencias judiciales en las investigaciones por ahorcamientos, el funcionario destaca la “poca profundidad” con que se abordan. “Hay casos que se investigan parcialmente, dejando un escenario propenso para la versión policial”, detalló el director. Álvarez prefiere no particularizar los casos, pero señala que hay patrones “muy claros” que conducen, muchas veces, a la impunidad de los policías imputados.

Las autopsias para esas muertes, puntualiza el funcionario, suelen ser “muy deficitarias”. “Faltan profesionales capacitados en el Ministerio Público Fiscal (MPF) para llevar adelante esos exámenes forenses con mayor rigurosidad y que tienen como consecuencia resultados periciales endebles”. El poco uso de la tecnología y la falta de recursos, afirmó el funcionario, también impactan en las investigaciones. “La rápida descomposición de los cuerpos hace también que todo se dificulte a la hora de pedir otras reautopsias o exámenes”, dijo Álvarez. Para el funcionario, el MPF, muchas veces, tiene una inclinación “a no investigar cómo se debe”.

Desde la subsecretaría de Derechos Humanos trabajan en conjunto con el departamento de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad cada vez que investigan una muerte bajo custodia estatal. “Es una articulación positiva, que colabora a la hora de particularizar a los agentes, pero la tensión la tenemos con el Poder Judicial”, aseguró. “También buscamos una reparación para los familiares, que son las otras víctimas de la desidia judicial”.

Las familias

Laura Abregú, mamá de Daiana, no entendía por qué muchas personas le dejaron de hablar en Laprida cuando encontraron muerta a su hija. Hasta que se dio cuenta de que Laprida, tras ese hecho, quedó dividida. “Los que defienden a los policías por un lado y los que creemos que mataron a Daiana, por el otro”, afirmó Laura, desde su casa. “Dos años estuve en vilo esperando cada resultado de las autopsias. Que se mató, que la mataron. Que un fiscal pedía una cosa, un perito la otra. Yo sé que ella no se quitaría la vida”, dijo Laura. “Y nadie me va a convencer de lo contrario. Todos los 5 de junio vamos a salir a marchar por mi hija”, aseguró. En la última convocatoria, la policía de Laprida reprimió a la madre y a su familia.

Ricardo Tasori también perdió a su hijo en circunstancias similares. Nahuel Tasori, de 29 años, fue detenido el 27 de junio de 2023 en la comisaría 4ta de Tandil. Allí, aseguró su padre, lo “torturaron y golpearon hasta matarlo”. La policía, sin embargo, informó que murió en un hospital de esa localidad por una “sobredosis”. El fiscal del caso de su hijo es el mismo que el de Daiana Abregú: Ignacio Calonje. “Presentamos muchas pruebas de la paliza letal que recibió mi hijo y las ignora todas. Me dejó plantado varias veces y pedí hablar con él”, aseguró Ricardo. 

Noelia Donda, pareja de Mauricio Castillo, no puede dejar de pensar en aquella mañana de 2022 en que el padre de su hija salió a comprar facturas y, horas más tarde, apareció ahorcado en la comisaría N°2 de Lomas del Mirador. “Mi hija va a crecer sin su papá”, dice Donda. “Mauri nunca hubiera hecho algo así. No nos hubiera dejado en banda”, relata.

Ana Córdoba todavía espera que Marcos, su hijo de 18 años, entre por la puerta en su pequeña casa de José C. Paz y le haga algún chiste, como solía hacer cada vez que pasaba a visitarla. “Marquitos era un pibe lleno de vida. Era mi compañero. Salió a bailar y me lo devolvieron en una bolsa. Me llamaron de todos los ministerios para darme apoyo, pero nadie me escucha, a él lo asesinaron”, contó Ana.

Mientras se realizaba esta investigación, otras muertes por ahorcamiento ocurrieron en la provincia. El 8 de febrero de 2024, tres días después del caso de Marcos Portela en Moreno, Donato Antonio de Gregorio, de 55 años, fue hallado colgado en la comisaría N°1 de Merlo. El 23 de marzo, Jorge Guana, un albañil de 41 años, fue detenido y alojado por un supuesto robo en una comisaría de Bernal Oeste. A las pocas horas, lo encontraron ahorcado en su celda. Su familia niega esa versión. El 22 de junio, según informaron medios locales, un joven de 36 años apareció con un lazo anudado a su cuello en la celda de una dependencia de la localidad de 9 de Julio.

Son muchos. Al menos 88 ─desde 2012─ en la provincia de Buenos Aires. Podrían ser más. Los encuentran tarde. Cuerpos colgados, agazapados en la soledad de su celda, entre las sombras de un último suspiro.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo se actualizó el 21 de julio de 2024 a las 11:15.

ED

El 11 de abril de 2023 se cometió un travesticidio más dentro de una comisaría argentina. El cuerpo de Sofía Fernández, una compañera trans de la localidad de Pilar, fue hallado sin vida dentro de un calabozo de la comisaría 5° de Presidente Derqui. Hacía tres días que la habían detenido ahí mismo, sin notificación alguna. A su familia, la policía le comunicó distintas versiones sobre la causa de su muerte, mientras que la autopsia demostró que se había tratado de asfixia traumática. Sofi, de 39 años, era profesora de lengua; tenía sueños y aspiraciones de ser enfermera. Estaba tramitando su cambio registral. La semana pasada, primera semana de mayo de 2024, fueron detenidos efectivos de las fuerzas de seguridad bonaerense que estaban implicados en el asesinato de Sofía.

Yo sé muy bien lo que es estar totalmente indefensa, en un espacio cerrado a merced de la policía, sin que tu detención haya sido notificada a tu familia o amigxs (lo que es, en realidad, un secuestro). Puedo recrear perfectamente un enfrentamiento de 10 personas en contra de una sola. Pienso en lo que debe haber pasado por la cabeza de Sofía, recibiendo el maltrato de un grupo de policías únicamente por ser una persona trans. Marco esto porque nadie pudo probar que Sofi estuviera cometiendo un delito cuando la llevaron presa. Lo más probable era que estuviera teniendo la vida que nos dicen que hay que tener: trabajar, estudiar, ir a hacer las compras y volver a casa seguras. 

Una de las tantas veces que fui detenida injusta e ilegalmente, en lugar de dejarme encerrada con el resto de mis compañeras en el calabozo del sótano, como era habitual, me llevaron por un pasillo que había sido oculto por un mueble enorme que corrieron para que pudiera entrar. El pasillo daba a cuatro calabozos chicos, más o menos de un metro por un metro. Después de dejarme adentro, volvieron a correr el mueble. Quedé encerrada en un hueco en la pared de la comisaría N°23 de Palermo. Grité para que mis compañeras supieran que estaba ahí. Si no hubiera sido porque una de ellas había logrado entrar un celular con el que avisó a nuestra abogada, Ángela Vanni, que nos habían detenido, quizá hubiera tenido el mismo destino que Vanesa Ledesma, en la ciudad de Córdoba, o que Mocha Celis, en la comisaría número 50 del barrio de Flores: ambas murieron en manos de efectivos de la policía que “cumplían su función estatal”. 

La familia, las amistades y las distintas agrupaciones que apoyan el pedido de justicia para esclarecer lo que le hicieron a Sofía Fernández hace ya más de un año, están organizando para este viernes 10 de mayo una movilización citada a las 11 de la mañana en Colectora Oeste Ramal Pilar 1475 (Juzgado de Garantías 6 y 7 de Pilar). Estemos presentes en el pedido de justicia por Sofía, por la investigación y cárcel común para todos los responsables. La cita es clara: defendámonos, a nuestras vidas y a nuestra comunidad.

MBC/SN/DTC

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo hoy al primo de la esposa de Jorge Mangeri, ex policía en la Comisaría de General Pacheco, acusado de falso testimonio en la causa que investiga el femicidio de Ángeles Rawson para favorecer al autor del crimen.

Cecilio Antonio Saettone, de 63 años, estaba prófugo de la Justicia y deberá cumplir ahora cuatro años de prisión por haber mentido en su declaración para intentar favorecer al portero.

La Secretaría de Capturas de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Juan Pablo Bello, sospechaba que Saettone podía encontrarse en su domicilio en la calle Paul Grousac, en el Talar. Cuando el personal de la División de Captura de Prófugos de la Policía se dirigía al lugar, lo encontró circulando con una camioneta Volkswagen Amarok que no estaba a su nombre y logró detenerlo a unas pocas cuadras.

La condena de Saettone por el caso Ángeles Rawson

En 2017, Saettone fue sentenciado a cuatro años de cárcel por dos casos de “falso testimonio agravado”. Así lo indicaba el dictamen del juez Luis Salas del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, dado que la condena no había quedado firme, quedó en libertad.

En 2020, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ratificó la sentencia. Luego de que la Justicia rechazara las apelaciones de su abogado defensor, el 16 de septiembre de 2022, el imputado se dio a la fuga.

ACM con información de agencias.

Todos los años, el 1 de septiembre se celebra a nivel internacional el Día Mundial de la Dactiloscopia. En esta fecha se conmemora el trabajo de Juan Vucetich, un antropólogo croata nacionalizado argentino que descubrió la importancia de los signos biológicos de las personas en el ámbito de la criminalística.

Tras informarse en una conferencia de Francis Galton ante la London Royal Society sobre la impresión que dejaban los dedos, Vucetich desarrolló las primeras fichas dactiloscópicas del mundo y clasificó a las huellas dactilares según cuatro características: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos.

Estos rasgos generan combinaciones y patrones únicos para cada huella. Esto hace que, aunque la recolección de una huella dactilar sea una tarea relativamente sencilla, su identificación sea mucho más compleja y exija conocer adecuadamente los métodos de clasificación dactiloscópica.

El caso de Francisca Rojas: una de las primeras aplicaciones de la dactiloscopía

El sistema de fichas creadas por Vucetich permitió que, en 1982, la Policía Bonaerense identificase a una mujer que había asesinado a sus tres hijos e inculpado a su marido por el crimen. Francisca Rojas, oriunda de la ciudad de Necochea, tras cometer el delito, dejó una huella ensangrentada en el buzón de su casa, la cual la delató.

Este caso demostró la utilidad y eficacia de la dactiloscopía para la resolución de investigación forenses para las que, hasta entonces, no existía respuesta.

ACM

El cuerpo de Lautaro Morello, el joven asesinado en diciembre pasado tras haber desaparecido en Florencio Varela junto a su amigo Lucas Escalante, cuyo paradero aún se desconoce, fue exhumado este viernes para tomar muestras y cotejos de ADN. Mientras tanto, las pesquisas buscan más indicios en los celulares del comisario mayor bonaerense detenido.

Fuentes judiciales informaron que la exhumación fue llevada a cabo esta mañana por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) en el cementerio municipal de dicho partido del sur del conurbano. La diligencia fue solicitada por la familia de la víctima, ya que nunca se certificó genéticamente que el cuerpo perteneciera al joven.

Es por eso que los peritos tomaron muestras del cadáver para cotejarlas con el perfil genético de los padres de Morello (18), cuyos resultados se estima que se conocerán en 20 días.

Las fuentes recordaron que la identificación del cuerpo, el cual fue encontrado semicalcinado, se realizó a través de las huellas dactilares, por lo que para los investigadores no hay dudas de que pertenece a Morello.

Al mismo tiempo, los expertos en comunicaciones de la PFA lograron analizar el contenido de algunos de los siete teléfonos celulares secuestrados al comisario mayor Francisco Centurión y su familia. Hallaron “indicios” sobre el posible destino de Escalante, todavía desaparecido. “Los GPS nos brindan datos para poder hacer nuevos rastrillajes”, explicó una fuente de la pesquisa.

El investigador señaló que uno de los aparatos a los que todavía no pudieron acceder es el celular personal de Centurión, por lo que el lunes próximo volverán a intentarlo en los laboratorios de la PFA. A su vez, el comisario mayor tenía otro celular que le fue secuestrado en un bolso, junto a una laptop y una tablet, los cuales también están siendo analizados.

El fiscal de la causa Daniel Ichazo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui, tiene previsto pedir el próximo martes a la Justicia de Garantías que dicte la prisión preventiva de Centurión, ya que se vence el plazo de 30 días desde la detención formal del acusado para hacerlo.

Por su parte, el comisario mayor no dio su versión de los hechos ante el fiscal. Tras haber sido detenido a mediados de julio, se negó a declarar al ser indagado por los delitos de “sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes (en el caso de Escalante) y por ser cometida con violencia”.

En la causa, también están detenidos Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del jefe policial, ambos acusados del homicidio de Morello y de la privación de la libertad de Escalante; y el comisario Sergio Enrique Argañaraz, exjefe de la seccional de Bosques, por el encubrimiento del caso.

El mayor de los Centurión, ya desafectado de la fuerza por decisión de la Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, resultó herido de un disparo en un tobillo, cuando intentó fugarse de los policías federales que fueron a detenerlo a su casaquinta de la localidad de La Capilla.

A raíz del hecho, debió permanecer en observación y con custodia policial durante dos días en el Hospital Maternal “Mi Pueblo”. Luego fue alojado en la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, en la calle Gral. Madariaga 6976, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Escalante (26) fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar 2022 a bordo de un auto BMW. El vehículo apareció incendiado que al día siguiente.

El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21:30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón. Se encontraba recostado boca abajo, “semicalcinado y en avanzado estado de descomposición” y, de acuerdo con la autopsia, la muerte se produjo por “asfixia mecánica”.

El último destino donde quedó acreditado que estuvieron los dos amigos, en base a la declaración de testigos y por el análisis de antenas de celular y cámaras de seguridad, fue la casaquinta del comisario mayor Centurión.

Si bien el móvil del hecho aún no está esclarecido, una de las hipótesis investigada es que los dos principales imputados detenidos por el caso, Cristian y Maximiliano Centurión, le ofrecieron como anzuelo a las víctimas los vales de nafta gratuitos que tiene la policía bonaerense para abastecer sus móviles de combustible.

LC con información de agencia Télam

El Municipio de La Matanza incorporó una herramienta tecnológica que se encuentra instalada en las patrullas de la Guardia Urbana municipal: un moderno equipo de reconocimiento de patentes inserto dentro de los móviles que, mediante un sistema constituido por inteligencia artificial, permite que los equipos analicen patentes e identifiquen si algún vehículo circulante registra un pedido de captura. 

Las cámaras instaladas en las patrullas inteligentes de la Guardia Urbana reportan al Centro de Monitoreo que visualiza las capturas en tiempo real. A su vez, los agentes dan aviso a la Policía Bonaerense para que proceda a la detención del vehículo y el o los sospechosos.

Este moderno sistema se suma a la ya instalada infraestructura para la protección ciudadana, posibilitada por la instalación de cámaras de reconocimiento facial, tótems de emergencia, torres de seguridad, lectoras de patentes, entre otros dispositivos tecnológicos especializados.

Francisco Centurión, el comisario mayor de la Policía bonaerense detenido el lunes el marco de la causa por la desaparición de Lucas Escalante y el crimen de su amigo Lautaro Morello, se negó este miércoles a declarar al ser indagado por el fiscal y continuará detenido, según informaron fuentes judiciales.

En la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui y luego de entrevistarse con un defensor oficial, Centurión no quiso declarar ante el fiscal Daniel Ichazo, al avisar que lo iba a hacer cuando nombre a un defensor particular.

En el marco de la causa, está imputado por los delitos de “sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia”.

Centurión, ya desafectado de la fuerza por decisión de la Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, resultó herido de un tiro en un tobillo cuando el lunes pasado intentó fugarse de las fuerzas federales que fueron a detenerlo a su casaquinta de la localidad de La Capilla, partido de Florencio Varela.

Es por eso que pudo ser trasladado recién hoy desde ese centro médico a la sede fiscal para su indagatoria, tras permanecer en observación y con custodia policial en el Hospital Maternal “Mi Pueblo”. Ahora, se espera que sea remitido a una alcaidía de la Policía Federal Argentina (PFA).

Además de la detención del padre y tío de Cristian y Maximiliano Centurión -principales detenidos en la causa-, el fiscal ordenó una serie de seis allanamientos donde se secuestraron teléfonos celulares a Centurión y a algunas personas de su entorno, como también pertenencias del expolicía que le hacen creer a los investigadores que tenía “un plan de fuga”.

Aparte del celular que llevaba consigo, los detectives de la División Homicidios de la PFA que lo detuvieron y realizaron los allanamientos secuestraron en un auto marca Citröen de un amigo de su hija que llegó a la casaquinta, unos 8.845 dólares y en un bolso hallado en una de las propiedades de su actual novia, el cual contenía el pasaporte de Centurión, un celular nuevo y otros 6.107 dólares.

También fueron incautados por orden judicial los celulares de la novia, la expareja y de las dos hijas de Centurión, como así los de su hijo y sobrino, detenidos en penales de Magdalena.

“Creemos que tenía todo preparado para poder profugarse. Secuestramos casi 15.000 dólares a su disposición”, dijo un jefe policial que participó de la investigación. “Ninguno quiso desbloquear el celular”, confió otra fuente de la causa, quien confirmó que se mandaron a peritar todos los dispositivos.

La casaquinta donde fue detenido Centurión -durante años jefe de la Delegación Drogas Ilícitas de Quilmes y que al momento de la desaparición de los jóvenes se desempeñaba en el área de enlace con Interpol-, ya había sido allanada en varias oportunidades por los investigadores, ante la sospecha de que allí las víctimas pudieron haber sido privadas de la libertad.

Por la desaparición de Lucas y el homicidio de Lautaro, además de los ya mencionados primos Centurión, también está apresado el exjefe de la seccional de Bosques, el comisario Sergio Enrique Argañaraz, por el encubrimiento del caso.

Lucas fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Lautaro para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar, a bordo de un auto BMW que al día siguiente se encontró incendiado.

El cuerpo de Morello fue hallado cerca de las 21:30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, “semicalcinado y en avanzado estado de descomposición”. Según la autopsia, la muerte se produjo por “asfixia mecánica”.

El último destino donde quedó acreditado que estuvieron los dos amigos, en base a la declaración de testigos y el análisis de antenas de celular y cámaras de seguridad, fue la casaquinta del comisario mayor Centurión.

Si bien el móvil del hecho no está esclarecido todavía, una de las hipótesis es que los dos principales imputados detenidos por el caso le ofrecieron como anzuelo a las víctimas los vales de combustibles gratuitos que dispone la policía bonaerense para abastecer sus móviles.

En una cámara de una estación de servicio de Florencio Varela, se ve a Cristian Centurión cerca de las 0:30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que, según se sospecha, pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

De acuerdo al dictamen donde pidió su detención, el fiscal Ichazo sostuvo que el comisario mayor Centurión “se suma al plan de su hijo y sobrino, manteniendo privado de su libertad a Lucas Escalante por al menos un lapso mayor a un mes” y presume que el joven aún desaparecido sufrió una “muerte violenta”.

LC con información de agencia Télam

Francisco Centurión, comisario mayor de la policía bonaerense, fue detenido hoy en el marco de la causa por la desaparición de Lucas Escalante y el crimen de su amigo Lautaro Morello, en diciembre del año pasado en el partido de Florencio Varela. Tras resistirse a los tiros a la detención, el ex jefe de la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes recibió una herida de bala en un tobillo y debió ser trasladado fuera de peligro, al Hospital Maternal “Mi Pueblo” de la localidad bonaerense.

La detención de Centurión, ordenada por el fiscal del caso Daniel Ichazo, se concretó esta mañana tras un procedimiento realizado por el personal de la División de Homicidios de la Policía Federal. Los efectivos se presentaron en la casaquinta del comisario, en la Calle 1538 al 600 de La Capilla, Florencio Varela. La propiedad ya había sido allanada múltiples veces dado que los investigadores sospechaban que allí pudieron ser privados de la libertad las víctimas.

Al resistirse a la detención a los tiros, resultó accidentalmente herido. “Fue un disparo intimidatorio realizado por personal de la federal que rebotó en el piso e impactó en el tobillo del comisario”, especificaron fuentes judiciales. Tras ser curado, el comisario -quien al momento de la desaparición de Escalante y Morello se desempeñaba en el área de enlace con Interpol- será trasladado a la Alcaldía de la Policía Federal en la calle Cavia al 3300, del barrio porteño de Palermo, a la espera de ser indagado posiblemente este martes por el fiscal Ichazo, en la sede judicial de Berazategui.

El detenido hoy fue desafectado de la fuerza por decisión de la Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y quedó imputado por los delitos de “sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia”. Por la misma causa, ya están detenidos Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del comisario mayor.

El comisario Sergio Enrique Argañaraz, ex jefe de la seccional de Bosques, también está detenido por el encubrimiento del caso en tanto este jefe policial se negó el 10 de diciembre de 2022 a recibirle la denuncia por averiguación del paradero a la madre de Lucas, quien era buscado junto a Lautaro. A su vez, el policía Ramiro Yair Forchinito ya había sido detenido por “falso testimonio”, pero fue liberado el pasado abril bajo “caución juratoria”. El efectivo no puede acercarse a las familias de las víctimas, salir de la ciudad y, en caso de cambiar de domicilio, deberá denunciarlo en el juzgado.

Lucas fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Lautaro para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW. Al día siguiente, el vehículo apareció incendiado. El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, “semicalcinado y en avanzado estado de descomposición” y, según la autopsia, la muerte se produjo por “asfixia mecánica”.

Según la investigación, el último destino en el estuvieron los dos amigos, en base a la declaración de testigos y por el análisis de cámaras de seguridad, fue la casaquinta del comisario mayor hoy detenido, en Bosques. Cristian y Maximiliano Centurión fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular: en una grabación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que, se sospecha, pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

Desde la aparición del cuerpo de Lautaro, los familiares de ambas víctimas realizan marchas en reclamo de Justicia y motivaron la remoción de la primera fiscal que tuvo el caso, Mariana Dongiovani. En marzo último, el Gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas Escalante, de quien aún no hay noticias.

Con información de agencia Télam

Cuatro policías bonaerenses recibieron sus penas este viernes por la “Masacre de San Miguel del Monte”. Dos de ellos fueron sentenciados a prisión perpetua, mientras que los dos restantes a una pena de 15 años de cárcel. En mayo pasado, fueron declarados culpables por un jurado popular por la muerte de cuatro jóvenes quienes fueron perseguidos a los tiros por efectivos de esa fuerza de seguridad.

La sentencia fue dictada este mediodía por la jueza Carolina Crispiani del Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOC) de La Plata, quien condenó a prisión perpetua a Rubén García y Leonardo Ecilapé, mientras que la pena para Mariano Ibáñez y Manuel Monreal fue de 15 años de cárcel.

Los policías que deberán cumplir la pena máxima fueron hallados coautores del delito de “homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego” en perjuicio de Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), “en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego”, debido al ataque a la sobreviviente Rocío Quagliarello.

En tanto, los otros dos policías fueron declarados como coautores de “tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego (cuatro víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego (una víctima)”

El 17 de mayo pasado, los cuatro efectivos ya habían sido declarados culpables por unanimidad de los 12 jurados populares que tuvieron el rol de juzgarlos de estos delitos. En la audiencia de cesura realizada la semana pasada, el fiscal Mariano Sibuet y las querellas representantes de las víctimas habían pedido la pena de reclusión perpetua para García y Ecilapé y 20 años para Ibáñez y Monreal.

La “Masacre de Monte” ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando el auto Fiat 147 en el que circulaban las víctimas impactó en la colectora de la ruta 3 contra un acoplado de un camión, luego de una persecución a los tiros por parte de la policía. Al auto lo comenzó a perseguir un primer móvil policial en el que circulaban García y Ecilapé, y en un operativo cerrojo se sumó otro móvil en el que iban Monreal e Ibáñez.

Según se determinó en el debate, Ibáñez era quien manejaba un móvil policial y le cruzó el paso al automóvil en el que viajaban las víctimas en el cruce de las calles Chubut y Caseros, donde Monreal realizó un disparo con su pistola calibre .9 milímetros que hirió en la pelvis a Domínguez, pero el Fiat 147 continuó con la fuga hacia la colectora de la ruta 3, perseguido por el otro patrullero en el que circulaban García y Ecilapé.

En ese momento, comenzó una segunda secuencia en la que el patrullero al mando de Ecilapé persiguió al auto que terminó impactando contra el acoplado de un camión que se hallaba detenido, donde murieron los cuatro jóvenes.

LC con información de agencia Télam

El cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, fue detenido este martes por la Policía Bonaerense durante un procedimiento que se realizó en torno a una causa por “amenazas” y “privación ilegal de la libertad”.

Según fuentes policiales, se realizó una serie de procedimientos en propiedades que tiene el artista en las localidades de Carlos Keen, el barrio Bicentenario de General Rodríguez y en el country Provincia, de Francisco Álvarez en el partido de Moreno, donde fue encontrado.

Está acusado de haber amenazado con un arma y retenido a un grupo de jóvenes con los que había discutido previamente. Según trascendió, un joven de unos 30 años, vecino del músico e identificado como Gastón Torres, hizo la denuncia en la DDI de Moreno, y declaró que el músico lo amenazó a punta de pistola.

El denunciante dijo ante la fiscal de la causa, Alejandra Rodríguez, que a la salida de un local bailable ubicado en esa localidad hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada cumbia 420 “La Mafilia”, el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante. Según las fuentes, minutos después estas personas fueron a su domicilio y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.

Luego de la detención, la Policía continuaba buscando el arma que L-Gante habría utilizado supuestamente para amenazar a las víctimas.

El artista tiene un antecedente judicial, cuando en febrero de 2022 fue detenido junto a su entonces pareja y madre de su hija, bajo acusaciones de amenazas de muerte y lesiones contra un joven con el que mantenía una disputa en el barrio en el que viven sus familiares, en General Rodríguez. Por esa causa irá a juicio junto a su expareja y su manager.

LC con información de agencias

El exsargento de la policía bonaerense Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el crimen de la adolescente Natalia Melmann, ocurrido el 4 de febrero de 2001 en la localidad balnearia de Miramar, fue sentenciado este miércoles a la pena de prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de la ciudad de Mar del Plata, que ordenó su inmediata detención.

Panadero fue condenado como coautor de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad”, en el marco del segundo juicio que debió enfrentar por el hecho, tras haber sido absuelto en el primero.

Para la fiscal Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar, a lo largo de este segundo juicio quedó acreditado que Panadero fue coautor de los delitos de “secuestro, abuso sexual y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad”, por lo que había pedido una pena de prisión perpetua.

La fiscal también había solicitado a los jueces que, aunque el femicidio no existía como agravante al momento del hecho, la prueba presentada en el debate oral y durante la investigación fuera “valorada a través del prisma de la perspectiva de género”.

Entre los elementos incorporados en el juicio, Caro había destacado el examen de ADN de un vello pubiano hallado en el cuerpo de la víctima, que arrojó una compatibilidad del 97,05 por ciento con el perfil genético de Panadero.

El pedido de los padres para que no liberen a los asesinos

Los padres de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada en 2001 en la localidad balnearia de Miramar, pidieron en enero pasado que no les otorguen la libertad anticipada a dos de los expolicías condenados por el crimen al participar de una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que deberá resolver en los próximos días ese beneficio a los sentenciados.

“No puedo creer que puedan salir en libertad. Sabemos que si salen volverán a cometer delitos en Miramar”, sostuvo Gustavo Melmann, padre de la adolescente, en diálogo con los medios de prensa que lo esperaban en la puerta de los tribunales situados en Tucumán a 2450, de Mar del Plata, donde participó de la audiencia.

En ese sentido, remarcó: “Tuve que escuchar a (la abogada defensora Patricia) Perello, después de 22 años del crimen, decir que fue un juicio nulo, que son inocentes y que fueron mal juzgados. Es increíble lo que escuché, es una barbaridad porque la causa fue revisada por todos los tribunales del país”.

“El problema es que torturaron, violaron, mataron y la tiraron como basura a una jovencita de 15 años y saldrán en libertad, estoy devastado”, indicó Melmann.

Laura Calampuca, madre de Natalia, por su parte, expresó su indignación: “Acabo de escuchar muchas mentiras. Siento que me acaba de atropellar un tren”. “Lo único que sé es que hace 22 años que no veo a mi hija y yo lo que quiero es bailar, abrazarla, pero su lugar es muy reducido. No soy creyente pero si Dios existe estos tipos no merecen ni el perdón de Dios”, manifestó la mujer entre lágrimas.

Y dijo que los expolicías condenados “no pueden volver a salir”, ya que “son dos asesinos, no pidieron perdón, dicen que no lo hicieron y los ADN que encontraron en el cuerpo eran de ellos”. Y agregó: “Alguien tiene que tener las pelotas suficientes para decretar la perpetuidad en este tipo de casos”.

Perello, defensora de los expolicías Oscar Echenique (61) y Ricardo Anselmini (53), dijo que “ambos reúnen las condiciones para recibir la libertad condicional”. “Los informes del Servicio Penitenciario son favorables, tienen buen concepto, nunca tuvieron infracción, tienen conducta ejemplar y ya cumplieron el tiempo legal que establece la Ley y es lo que deben hacer”, afirmo la letrada.

“Los jueces resolverán en el plazo de los cinco días hábiles”, estimó.

Mientras realizaban la audiencia, que comenzó cerca de las 10, amigos y allegados a la familia Melmann concentraron frente a los tribunales para exigir que no se les conceda la libertad anticipada.

Los expolicías Echenique y Anselmini fueron condenados a prisión perpetua por secuestrar, torturar, abusar y asesinar a la menor de edad y, en base al tiempo transcurrido en prisión, pidieron ser beneficiados con la libertad.

El caso, en el recuerdo del padre de Natalia

“Hasta ahora, ni los más altos jefes de la Policía se animan a arriesgar una hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido”.

La madrugada del 8 de febrero de 2001, cuando el diario Clarín imprimió esa oración como último párrafo de un artículo, Natalia Melmann, de 15 años, estaba desaparecida. Para dar cuenta de esa búsqueda en curso, el texto enfatiza: Natalia vestía un jean y una camisa rosa la última vez que había sido vista, el 4 de febrero a las 7.30 de la mañana.

Ese 8 de febrero en el que los jefes de la Policía bonaerense no arriesgaban hipótesis sobre los hechos -pero investigaban una fuga de domicilio, porque ese encuadre habían impuesto a la familia cuando denunció la desaparición- un nene de 10 años encontró el cuerpo de Natalia en el Vivero Dunícola, un predio de 500 hectáreas que le sirve de gran pulmón verde a Miramar. A esa ciudad se habían mudado los Melmann en 1992 para tener una vida más tranquila que la que les ofrecía el departamento sobre avenida Corrientes a media cuadra del Obelisco en el que vivían.

“Yo estaba en Necochea, porque la estábamos buscando por todos lados, y me enteré por Crónica. Nadie nos avisó oficialmente nada. Ni a mí ni a nadie de la familia. Me enteré y fui directo para el vivero”, dice a elDiarioAR Gustavo Melmann, el papá de Natalia, y dice también que lo más insoportable de estos 22 años es pensar en los gritos que su hija habrá dado para pedir ayuda, que la dejaran, que aparecieran su mamá o él mismo para salvarla, que basta. “Escucho los gritos de todo el tormento que le generaron esos hombres”, cuenta Gustavo. Tiene la voz quebrada.

La noche del 3 de febrero de 2001 Natalia había salido con amigas: primero fue al boliche La Cantina, después a reencontrarse con su ex novio, Maximiliano Marolt, al que la mamá de la víctima, Laura Calampuca, señalaría como un primer entregador. Los testimonios de la investigación después reconstruyeron que Gustavo “El Gallo” Fernández, un ex convicto con vínculos con la Policía de Miramar, se acercó a Natalia y a Marolt y, una vez que ellos se separaron, siguió a Natalia por la calle. La última vez que Natalia fue vista con vida, Fernández la conducía hacia un patrullero. Por su rol como entregador, Fernández fue condenado a 25 años de prisión, que luego se redujeron a 10.

Ese 8 de febrero de hace dos décadas Gustavo Melmann logró entrar al Vivero Dunícola a pesar de la resistencia de la Policía a dejar que la familia estuviera en el lugar: explicar que el cuerpo había sido encontrado por un chico en un lugar que las fuerzas de seguridad ya habían rastrillado requería ingenio. Natalia había sido estrangulada con el cordón de su propia zapatilla, su cuerpo estaba en descomposición, su camisa estaba desabrochada, la habían tapado con hojas y ramas, y tenía dobleces extremadamente prolijos en la botamanga de los pantalones. Gustavo Melmann los recuerda porque así de prolijo fue el cabo primero Ricardo Suárez, un policía de Miramar, cuando se dobló las mangas de su camisa en las audiencias por el juicio tras el secuestro, la violación, la tortura y el homicidio de Natalia.

Por el crimen, antes de la sentencia de este 17 de mayo de 2023 a Ricardo Panadero, ya estaban presos Suárez, el sargento primero Oscar Echenique y el también sargento primero Ricardo Anselmini. Los tres eran policías de Miramar y los tres figuraban en el libro de guardia de la comisaría de esa ciudad la madrugada y mañana del 4 de febrero: según las pericias, esas fueron las horas en las que se cometió el crimen. Los perfiles genéticos de Suárez, Echenique y Anselmini estaban presentes en el cuerpo de Natalia y en la casa del barrio Copacabana a la que, según determinó también la Justicia, había sido llevada tras su secuestro: allí fue la violación y el asesinato.

Restos de semen, de piel, saliva y vello púbico de los tres policías, además de rastros de tierra que quedaron en la zapatilla de Natalia y que eran compatibles con la tierra de la casa de Copacabana, fueron pruebas del crimen: se los condenó a 25 años de reclusión perpetua por privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía, en concurso con dos o más personas para procurar su impunidad.

Esa reclusión fue luego rebajada por la Cámara de Casación a prisión perpetua, lo que permite salidas laborales o transitorias. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia estableció que debía volver a ser reclusión y, ante la apelación de la defensa de los policías, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en la misma dirección. En el medio, la familia de Natalia tuvo que esperar años, hacer marchas, huelgas de hambre y soportar que la placa con el nombre de esa hija asesinada que habían colocado con autorización municipal en la comisaría de Miramar fuera retirada por el repudio de los familiares de los policías condenados.

“Los de Suárez, Echenique y Anselmini son tres de los cinco perfiles genéticos que se encontraron en la escena del crimen o en el cuerpo de Nati. Uno de esos perfiles restantes está identificado, es de Ricardo Panadero -también policía, con rango de sargento, condenado ahora a cadena perpetua-. A Panadero lo habían dejado absuelto en varias oportunidades con el argumento de que las pruebas genéticas no lo inculpaban del todo. Apelamos hasta llevarlo a juicio, en 2018, y volvieron a absolverlo”.

Ahora, tras lograr el nuevo juicio, Panadero fue condenado a cadena perpetua. “Estuvo ahí. Lo que pasó es que los restos genéticos que pudieron obtenerse en las pericias no fueron muchos porque, por los días que habían tenido a Natalia hasta hacerla aparecer en el Vivero, su cuerpo estaba muy descompuesto, y eso complicó las pericias”, describía Gustavo hace dos años en la nota para elDiarioAR.

La última parte es el texto de la nota publicada por Julieta Roffo para elDiarioAR el 3 de febrero de 2021.

IG

La discusión fue por un pedazo de pan. Era el 19 de diciembre de 2019 y en la Comisaría 3ra de La Tablada, en La Matanza, las presas estaban hacinadas. Una “doña”, es decir, una de las detenidas de más edad, pidió que le pasaran el pan y otra, una “refugiada”, o sea, las que están aisladas del resto porque no facilitan la convivencia, se negaba. Sólo las separaba un pasaplatos, pero la refugiada no iba a moverse. Gritos, insultos, amenazas hasta que una llamó al encargado. Pero no fue el encargado quien llegó, sino Lionel Maximiliano Gómez, subcomisario a cargo ese día. Y con él, llegó “La Ginecóloga”.

Es que el ida y vuelta que había empezado por un pedazo de pan terminó en una acusación entre presas: una dijo que otra tenía “un teléfono en la concha”. Entonces entre las celdas que separaban a las refugiadas del pabellón general apareció Silvina Suárez, una mujer que solía vestir de civil pero que usaba una guardapolvos azul. Estaba empleada en el área de administración y se dedicaba pasar lista, a fumigar, a responderle a la presas que no tenía por qué saber cómo se llamaba. Le decían “La Pelirroja”. Esa tarde la llamaron “La Ginecóloga”. Bajo las órdenes del subcomisario Gómez, Silvina Suárez hizo “una requisa genital”: una práctica humillante, pero ante todo ilegal.

Un jurado popular integrado por vecinas y vecinos de La Matanza entendió que haber hurgado en las vaginas -y algunos casos, anos- de las detenidas en busca de un teléfono celular respondía a la figura de abuso sexual con acceso carnal, además agravado por haber sido cometido por funcionarios de la fuerza policial. El jurado escuchó el relato de 28 mujeres que ese día estaban detenidas en la Comisaría 3 de La Tablada, una dependencia que fue cerrada después de que la denunciaran por haberse cometido allí varios delitos. Los vecinos declararon culpables a diez policías, la mitad de ellas agentes mujeres, por haber maltratado, vejado, torturado y violado a varias detenidas.

El miércoles, la defensa de los acusados, la querella y la fiscalía pedirán las penas. Será el el juez Gerardo Gayol -del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza- quien dicte sentencia los días siguientes. “No es excepcional la tortura en los lugares de detención, pero lo particular en este caso es que llegamos a juicio”, dijo a elDiarioAR Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, organización que patrocina a 17 de las 28 víctimas.

Una requisa vaginal para dar con un teléfono

Bajo la excusa de que había que encontrar el teléfono, el subcomisario Gómez dio la orden de meter en una celda a doce presas. Indicó, también, que se pusieran en fila. El jefe de calle abría la puerta del calabozo e iba sacando de a una. A la que sacaba, la metía en la última celda, la del final. En esa celda estaba Silvina Suárez, la mano derecha enfundada en un guante descartable. Con ese mismo guante le haría tacto a las detenidas. No estaban solas. El subcomisario Gómez daría las indicaciones de cómo llevar a cabo la “requisa” mientras otros agentes miraban la escena. No intervendrían salvo para insultar o hacer comentarios despectivos. “Cállese la boca, negra de mierda”, devolvió Gómez cuando una mujer le pidió que no mirara.

Completamente desnudas y esposadas por detrás, la orden era clara: abrir las piernas, flexionarlas, agacharse y toser. A ver si aparecía el celular. Pero como no aparecía, a otras presas las pusieron de cara a la pared para introducirles los dedos en el ano y la vagina. Las víctimas coinciden en la descripción que hicieron de Silvina Suárez: “La señora de remera, que era de tez blanca, pelo color chocolate y no muy alta, rellenita, común... la había visto porque entraba a tomar lista, pero nunca entró con uniforme, solo con remera”, describió una víctimas.

Suárez se defendió durante el juicio: “Con esta falsa denuncia, estas personas que se consideran víctimas nos arruinaron la vida a mi y a mis compañeros (...) Vuelvo a repetir, soy pulcra. Y por el olor que había ahí, la poca higiene que había ahí, por la falta de agua que hasta nosotros sufríamos, yo sería incapaz de tocarles un pelo”. Suárez se había reincorporado luego de una licencia psiquiátrica. En la requisitoria de elevación a juicio, a la que tuvo acceso elDiarioAR, toman nota del trastorno de bipolaridad que le habían diagnosticado. Su defensa argumenta que en su estado de vulnerabilidad no puso discernir si lo que hacía era ilegal o no.

El teléfono apareció, pero no durante la requisa. Lo entregó una de las presas que había sido “revisada”. Era un Samsung modelo “Pocket” color blanco. Blanco también era el guante que Suárez usó para hacer tacto anal y vaginal. Una de las presas preguntó si era el mismo guante esterilizado. “No importa, callate la boca y agachate”, le respondieron.

Las sentadillas de la “requisa masiva”

El 5 de enero de 2020, dieciséis días después de la revisación genital, entraron Los Paleros a la comisaría. Los Paleros son los integrantes del Grupo de Apoyo Departamental, conocido por las siglas GAD. Un fuerza especial dentro de la Bonaerense, entrenada para irrumpir en allanamientos. Esta vez ordenaron a diez presas a meterse en el baño, desnudarse y hacer sentadillas y flexiones. Si paraban: palazo en el cuerpo. Si seguían: palazo. Si se quejaban, hablaban o “lo hacían mal”: palazo. La “entrenadora” era una mujer integrante del GAD. La acompañaban dos varones que se turnaban para hacer comentarios sobre los cuerpos de las mujeres.

Una mujer trans entre las víctimas

Hay, entre las víctimas de los policías de la comisaría 3 de La Tablada, una mujer trans. A ella le ordenaron limpiar con sus propias manos y sin guante a las heces, la orina y el vómito de dos presos hombres. La orden fue dada por una agente mujer. No sólo la expusieron en un área distinta a su identidad y expresión de género, sino que la detenida fue víctima insultos y apodos peyorativos. Algo más: la aislaron del resto de la población encerrándola en una celda de dimensiones ínfimas, sola.

Qué decidieron los vecinos sobre los acusados

Los vecinos declararon culpable al subcomisario Lionel Maximiliano Gómez como coautor del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario de la fuerza policial reiterado”, igual que la agente Silvina Suárez. A Los subinspectores Javier Ramón González y Ángel Ariel Reales los consideraron “partícipes secundarios” de esos delitos. En tanto, por “severidades” fueron declarados culpables Gómez, González, Reales, Silvia Viviana Solari y Lara de las Nieves Taramazzo, mientras que por “vejaciones” Hernán Federico Garzón, Johanna Elizabeth Romero y Yanina Ester Vargas. El jurado también culpó a Javier Norberto Hinojosa por “encubrimiento por favorecimiento personal”.

VDM/MG

-Vos naciste en la localidad de Centenario, en la provincia de Neuquén, a más de 1100 kilómetros de la Capital Federal. Cuando empezaste a tener uso de razón, incluso antes de tu formación política y escuchabas hablar de Buenos Aires, ¿qué pensabas que era Buenos Aires desde allá, desde el Centenario, desde la provincia de Neuquén?

-Quedaba muy lejos Buenos Aires, uno desde allá tiene la percepción de que acá se hace, se deshace, acá se concentra todo y se define todo. ¿Parece que es la gran aspiradora, no? Incluso está el dicho común: “Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”; allá es muy típico en el interior que se lo perciba así.

-Ahora que estás acá, que has estado algunos meses, que vas y venís, que hiciste parte de tu vida en Neuquén, pero conocés a Buenos Aires, ¿cambió tu percepción sobre lo que es? ¿Es lo que era en ese momento?

-No, sigue igual. Se potenció de alguna manera. Esto es una concentración enorme y es un lugar, con todo lo bueno y lo malo, estratégico para pensar la construcción de una organización revolucionaria militante. Tenés concentraciones obreras muy grandes. No es el único lugar, pero sí es un lugar clave donde se discute mucho la política y el futuro también.

Sos candidato a vicegobernador en Neuquén por el Frente de Izquierda. ¿Cómo es hablarle a toda una provincia surgiendo, como vos dijiste, desde una experiencia como es la de Zanon sin Patrones? ¿Se puede hablarle desde ese lugar a toda la provincia, a toda la población, a todos los habitantes de Neuquén? ¿Y cómo se les habla?

-Sí, yo creo que sí. A veces nosotros hacemos el chiste que nuestra propia cara es un programa en Neuquén. En el programa, es decir, ser obrero de Zanón, haber estado en ese proceso de ocupación y puesta en marcha, te pone un estigma, para bien y para mal. Entonces hay un respeto ganado en la vanguardia neuquina que tiene mucha tradición de lucha desde los piquetes surgidos hace tantos años. Pero la lucha docente también. En estos momentos también quiero rendirle un homenaje a Carlos Fuentealba. Hoy se cumplen 16 años del asesinato, del fusilamiento público. Neuquén es un lugar donde también trabajadores de la salud, por ejemplo “los elefantes”, hace un par de años, hicieron una lucha muy dura. Luchas de nuestro pueblo originario, el pueblo Mapuche y la Confederación Mapuche, que ha tenido luchas intensísimas.

Entonces, de alguna manera es hablar de esa gente y es sentirlo como del palo. La gente creo que ha visto la emergencia de la izquierda, no como una cuestión de afuera, marginal como siempre te quieren poner, sino como un componente orgánico de lo que es la vanguardia en Neuquén. De hecho, el hecho de que las primeras bancas que conquistamos el Frente de Izquierda Unidad, la primera banca se conquistó en Neuquén, con diputados ceramistas que hicimos la campaña que llevamos nosotros, propusimos un compañero independiente y fue mi primer mandato y volvimos a trabajar a la fábrica. Pero sí, es hablar desde un lugar de clase. Para nosotros es fundamental también porque una provincia como Neuquén, tan llena de recursos y tanta desigualdad, entonces, ¿cómo pensar socialmente una provincia no en base a las ganancias de las empresas, sino pensarla socialmente? Esa mirada creo que cala por lo menos en un sector importante, desde que emergimos como frente de Izquierda Unidad, tenemos dos bancas a nivel provincial, dos bancas en el Concejo Deliberante de Neuquén y un desarrollo militante en toda la provincia.

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-Vimos en La Matanza, después del asesinato de un chofer, producto de la violencia urbana, producto de lo que en los medios se denomina “la inseguridad”. Vimos un episodio impactante de una concentración de trabajadores de choferes reclamando por el esclarecimiento de este crimen, de este asesinato. Y lo vimos a Berni, un funcionario al que le gusta mucho aparecer. No hace falta ninguna presentación para decir quién es Berni. Pero cayó, lo golpearon; en un momento, cuando cayó, se vivieron momentos de bastante preocupación, de inquietud: ¿Qué iba a pasar con Berni? ¿Hasta dónde iba a llegar esa golpiza que le estaban dando? ¿Y qué es lo primero que pensás cuando ves todo este escenario? Son trabajadores, son choferes de colectivo, no están reclamando en este caso por un aumento de sueldo, aunque muchos decían “la plata no nos alcanza”; estaban reclamando por un crimen de un compañero. ¿Qué pensás cuando ves ese enojo, esa furia, también en este caso contra Berni? No sé si es contra él o es más general ese enojo.

-Yo creo que es un poco más general el hartazgo, el cansancio de la frustración de mucha gente que incluso ha confiado. Se hizo tanta campaña para que aguante la gente porque había 2019; los sindicatos se mandaron a guardar, no hicieron absolutamente nada durante el macrismo. El 2019 llegó y no cambió sustancialmente las cosas. Pandemia mediante, todo lo que se quiera, hubo decisiones políticas que terminaron perjudicando a la mayoría de la población. Hay mucha bronca acumulada y creo que Berni, tanto hablar de la mano dura, tanto cancherea con su figura de “Rambo”, ayer muchos trabajadores, compañeros y compañeras y gente amiga que decía “bueno, tanto pedir mano dura, le llegó la mano dura a él” y probó la mano dura. Berni personalmente fiscalizaba los desalojos a todas las familias en Guernica, les pasó la topadora por encima, les prendieron fuego la casilla. Hay mucha bronca acumulada: en el caso de los trabajadores de Lear, trabajadores que en la Panamericana se manifestaban. Nosotros incluso desde el PTS, tenemos muchos compañeros que han quedado con secuelas, con heridas de las represiones de la Gendarmería comandada por Berni, que la canchereaba desde arriba del helicóptero. Imaginate que verlo ayer habla de una crisis enorme que tiene el peronismo, pero que tienen también todos los funcionarios. El poder estatal por sobre la gente tiene un límite, y más en un momento que era muy crítico: a vos se te muere un compañero, te lo acaban de matar, no da para ir a hacerse el canchero ni llegar solo, bajarse del helicóptero en el medio de la General Paz; no está el horno para bollos y creo que trasciende lo de Berni. Hay bronca acumulada. Esto no es, como muchas veces lo pintan los funcionarios, que los números macro dan bien; ahora, la economía de la gente no le está dando bien para nada. Hay mucha desigualdad. Los últimos índices de pobreza para el país, que incluso en la provincia de Neuquén son similares aún con todos los recursos que hay, son para que la gente esté mal.

-Berni estaba acostumbrado, como vos decís, a entrar en escena y decir “acá llegué yo, se resuelven los problemas”; esta vez llegó y se dio cuenta de que ya no tiene el mismo poder que tenía antes.

-Claro, con tres mil tipos de infantería, como hizo en Guernica, y pasearse en el helicóptero y bajar, subirse a una moto y ponerse una camarita en el casco, o lo mismo que hacían en la Panamericana frente a obreros que estaban reclamando por puestos de trabajo, eso tiene un límite, y creo que el límite lo encontró ayer.

-Frente a esa reacción, a esas imágenes que todos vimos, que se repiten en forma permanente desde ayer en los medios, hay algunos que salen a decir “cuidado”, hay una preocupación de a dónde va este enojo. Lo vemos también en los medios, la patria zocalera, algunos medios de comunicación con mucha influencia que plantean otra vez el tema de la inseguridad, el tema de, justamente, la mano dura. Y aparece Milei como un emergente. ¿A vos te preocupa que ese enojo lo capitalice Milei? ¿Te preocupa que Milei sea hoy el que canalice, se beneficie de ese enojo contra la casta, como él dice?

-Mirá, puede ser en términos de votos, de espacio político momentáneo, de bronca, puede crecer. Ahora, creo que este mensaje es para Milei, la clase obrera plantada en medidas de fuerza defendiendo lo propio, creo que es un mensaje justamente al gobierno que viene, que viene con la carpeta de ajuste abajo del brazo. Es un mensaje de que la clase obrera no va a bancarse cualquier cosa, de que los trabajadores no están muertos o apagados, o que muchas veces los propios sectores “progresistas” te dan por muerto porque la clase obrera no existe. Bueno, ayer hubo una fracción de la clase obrera peleando arriba con su método, que fue la huelga y fue plantarse, y creo que es un mensaje más bien para eso. Esto es de rebote para ellos, que pueden agitar el tema de la irascibilidad en sectores de clase media y demás, pero la clase obrera es otra cosa. Y el programa de Milei, el programa de Bullrich e incluso del que venga del Frente de Todos, viene con la carpeta de ajuste bajo el brazo, porque lo que no se ha roto acá es la continuidad de hacerse cargo del endeudamiento, de haber dejado como dejó Macri el país, endeudado hasta las manos, y que el próximo gobierno tenga que seguir pagando esta deuda.

Lo que estos días escuchaba a Bercovich en esta misma radio hablar de las carpetas que preparan para adelante: seguir ajustando a los jubilados, seguir ajustando en salud, seguir ajustando en educación, va a tener respuesta. Creo que lo de ayer hay que mirarlo de los dos lados, es decir, ellos querrán utilizarlo hoy contra el gobierno, pero de fondo lo que hay es una clase obrera atrás que va a estar dispuesta a pelearla, y, desde ese punto de vista, nosotros desde la izquierda creo que tenemos la responsabilidad de ponernos también al frente y decir “la salida es por izquierda”, pero de verdad, no de eslogan. Acompañando estas demandas y también, primero solidarizándonos, pero después también diciendo “la salida no es con más policías, más gendarmería”, que va a ser la que te va a reprimir cuando quieran ajustar como ha sido siempre. Hay una disputa ahí. 

-Cuando escuchas esto del enojo con los políticos, la antipolítica, que algunos, sobre todo de sectores del progresismo del Frente de Todos, dicen “ojo con la antipolítica, el camino es la política”, ahora, al mismo tiempo, hay un enojo con la política, con los políticos, pienso que con la dirigencia en general. Pero vos, ¿cómo lo tomas a ese enojo con la política? ¿Te preocupa? ¿Te parece que es lógico porque es un enojo contra el gobierno, contra los que gobernaron? ¿Cómo lo ves? Porque algunos dicen “ojo con esto”, ¿vos cómo lo ves eso?

-La bronca es absolutamente legítima. La gente está llena de frustraciones, de broncas acumuladas, de haber escuchado mentiras y engaños, desde “la heladera llena” hasta la “pobreza cero”. Y la gente lo está pasando mal. Hay una disputa ahí. Entendemos nosotros, por lo menos, que los planes que tienen estos sectores más concentrados de poder, incluso los que agitan el miedo, es militar el “malmenorismo”; en última instancia, es “cuidado con…”, a la izquierda nos han acusado muchas veces de hacerle el juego de la derecha. Hace poco leí el libro de Lucas Rubinich: “Contra el homo resignatus”, y los pinta muy de cuerpo entero. Aunque no comparto 100%, la mirada me interesó mucho y es un libro muy interesante porque justamente describe cómo se piensa el resignarte, la militancia de gestión, la militancia de administrar la pobreza. Eso es inconducente, eso va a generar bronca, porque encima creo que lo que sí es peligroso es cuando uno escucha estos discursos del progresismo que hablan por izquierda y después gobiernan con políticas de derecha. Y eso es jodido, porque que la gente entienda que el kirchnerismo es de izquierda, estamos jodidos, entonces, por eso hay que salir claramente con independencia y decir que hoy lo que está gobernando es la política de Massa y están todos comprometidos con esa política. Digo, todo el Frente de Todos, desde Cristina hasta todo el mundo, está con esa política. Y por otro lado, lo que preparan en carpeta es mantener ese ajuste. Entonces, en lo que no hay que entrar para mí es en el temor a salir a enfrentar estas políticas, porque justamente mientras más retrocedés es peor, más generás desmoralización. Creo que la política de amagues de Alberto Fernández y el Frente de Todos -dijeron Vicentín, después retrocedieron- no tiene que ser el punto de vista de la izquierda, que tiene que ser más audaz. Tenemos que mantener esta política de independencia y después ir al hueso con las propuestas concretas. Es, por un lado, acompañar la lucha de los trabajadores, pero instalando también una propuesta concreta de salida. Por eso nosotros, frente a los que agitan que hay que quemar el Banco central, o sea, el único control que tendrían para que no se sigan fugando los capitales, nosotros decimos: nacionalización de la banca y comercio, que tenemos propuesta concreta. Cuando se discutió lo de Chevron y lo de Vaca Muerta, como todo este proyecto, nosotros presentamos un proyecto alternativo con Nicolás del Caño, con Myriam Bregman, en el Congreso, diciendo: “nacionalización de toda la industria de los hidrocarburos”. Pueden decir: “mirá, eso es muy utópico”. Bueno, nosotros tenemos alternativa, y después peleamos por cada uno de los derechos contra la contaminación, en defensa del pueblo mapuche, que pelea todo el tiempo palmo a palmo con las empresas y el saqueo que hacen con Vaca Muerta.

-Ante esta crisis prolongada, tenés dos caras en esta situación económica. Por un lado, la inflación, la caída del salario real, la caída de los ingresos, la licuación permanente de los ingresos. Por otro lado, es la falta de dólares, la escasez de dólares que hace que el propio gobierno diga que no pueda aumentar los salarios. Y aparece Vaca Muerta, la salvación, la meca del jail, o sea, todo el tiempo es por lo menos en Buenos Aires -obviamente hay petroleras, intereses muy importantes de las petroleras más grandes de la Argentina y también capitales transnacionales que están instalados en Vaca Muerta- y ¿que es Vaca Muerta para ustedes, para vos, para la gente de Neuquén, para vos que sos un dirigente de Neuquén, que sos un trabajador de, en este caso de Zanón Sin Patrones? ¿Qué es Vaca Muerta para ustedes?

-Mirá, en primer lugar, fue un descubrimiento enorme: la segunda reserva de gas a nivel internacional, lo cual es un hecho muy importante. El tema es que: ¿en qué manos está? Es decir, vos en Neuquén, por ejemplo, desde Vaca Muerta a esta parte se hicieron muy buenos negocios; todo el tiempo figuran récords de exportación, récord de recaudación y todo, pero la desigualdad en Neuquén es superior a la media nacional prácticamente. Es decir, arriba del 40% de la población está debajo del límite de la pobreza. Entonces se ha profundizado mucho la desigualdad. A cinco minutos del centro de Neuquén tenés una toma. Se llama Casimiro Gómez, es un barrio de miles de familias en un asentamiento como el de Guernica. No reprimieron como en Guernica, como hizo Berni acá, sino lo que hicieron fue tratar de ir sacándolos de a poco, ofreciéndoles el hotel, y terminaron llevando a las familias a un basural. Pero son terribles las condiciones. En Neuquén hay unas cifras terribles del gobierno del MPN, que hace 60 años gobierna, donde la gente vive en casillas y se tiene que calentar y cocinar con leña o carbón. Todos los años se queman casillas con familias adentro, es decir, todo. Hoy hay cifras durísimas que ya son como normales.

-O sea, de la riqueza que genera Vaca Muerta en la provincia no queda nada o queda muy poco.

-Queda para muy poca gente, queda para muy poca gente.

-Unos trabajadores del petróleo, para algunos sectores, algunos ejecutivos, me imagino.

-Sí, y los trabajadores de petróleo dejando la vida, literal; ustedes vieron que hace un tiempo, cuando fue lo del boom de Vaca Muerta, se firmaron convenios de trabajo flexibilizados por parte del secretario general, Pereira, que los firmó con Macri, pero eso se mantiene hasta hoy. O sea, putearán mucho, dirán del gobierno anterior, pero todo lo que avanzaron no se cambió nada.

-Fue un convenio que era presentado como un modelo por el macrismo, ¿no?

-Tal cual, porque justamente flexibiliza muchísimo. Entonces eso es “súper explotación”. Donde antes laburaban ocho trabajadores petroleros, ahora trabajan cuatro o cinco y entonces están más sometidos a riesgo. Hace pocos días se cumplió un año de la explosión de una planta ahí en Cultral Co, que se llevó la vida de tres laburantes, es decir, ya van como 15 muertos en un año y medio en la explotación petrolera. Tenés eso, tenés lo de la contaminación, los temblores, los sismos en Sauzal Bonito, una localidad en la que estuve: todas las casas partidas a la mitad por los sismos. ¿Entonces, cuál es la solución del Gobierno? Le dice: te voy a hacer otra casa y le ofrece otra casa, la montan y se va a volver a partir, y otra casa… O sea, con plata es todo. Entonces tienen una provincia así, absolutamente desigual, con dirigentes sindicales también, todos más o menos acomodados; los que están en blanco y pueden acceder a convenios, a paritarias más o menos, van llevando la inflación, porque hay un ajuste que cada tres meses se va haciendo, pero la mayoría de los trabajadores que están precarizados, trabajadores de comercio, sobre todo la juventud, va muy por detrás, entonces se da la norma que se da en todo el país de trabajadores con laburo pobres.

-¿Cuál es el mensaje? Digamos, ¿cuál sería la discusión que daría si tuviera la oportunidad? En su momento, el Frente de Todos pensó en un Ministerio de Energía. Estaba Darío Martínez, un neuquino en la Secretaría de Energía. Ayer lo veía en televisión y no se discute esto que estás planteando con la petrolera, me parece, ¿no? El Plan Gas, que sirvió para aumentar la producción de gas en muchos casos, es una especie de subsidio a las petroleras, sirve para reducir la importación de combustible, pero es un subsidio. La pregunta es: ¿qué dejan a cambio para la provincia y a nivel nacional? ¿Vos ves que esa discusión está vedada prácticamente?

-Mirá, el convenio con Chevron fue un decreto de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, “el ala progresista”, o que por lo menos se presenta así. Tenían la cláusula secreta de Chevron que se tuvo que judicializar y estuvo años sin mostrar qué cláusulas tenía. Y parte de las cláusulas justamente son las cuentas offshore. Así que la guita directamente sale y está depositada en otros bancos, que si vos tenés reclamos ambientales o de cualquier otro tipo para hacer, tenés que ir a bancos en Chicago o en Francia. Los tribunales argentinos están dibujados, no existen para cualquier crimen ambiental que surja producto de esa explotación que todo el mundo sabe que es contaminante, por ejemplo el fracking. Y eso ya está en las cláusulas. Imaginate, el macrismo lo afinó un poquito más, y ahora lo siguen afinando más. Entonces, lo que se te está diciendo y lo que se está haciendo es para exportar, para que entren más dólares, para seguir pagando deuda. O sea, en última instancia, todo el extractivismo, que es la matriz productiva que tiene nuestro país, es para ser esclavo toda la vida. Entonces eso es lo que hay que romper, y eso es lo que por lo menos la izquierda está dispuesta a ir al hueso, ir hasta el final. Si no, no hay otra forma.

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Resumen de la entrevista realizada por Diego Genoud para su programa Fuera de Tiempo (Radio Con Vos)

DG

El Gobierno nacional dispuso la creación del “Comando Unificado Conurbano” (CUC) para brindar de una manera más “eficiente” las tareas de seguridad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan en ese territorio de la provincia de Buenos Aires.

Así lo estableció mediante la resolución 186, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El CUC estará integrado por por 5 comandos conformados de la siguiente manera: “Comando N° 1 - Norte, con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz; Comando N° 2 - Noroeste, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas; y Comando N° 3 - Suroeste, con funciones en La Matanza”.

En tanto, los comandos 4 y 5 corresponderán al “Sur” (Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza) y “La Plata” (La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas), respectivamente.

“Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad, y en razón de cuestiones estratégico-operacionales, puedan incorporarse nuevos distritos en la zona de incumbencia de cada uno de los comandos”, se aclaró en el texto oficial.

El artículo 2 de la resolución estableció que la coordinación institucional del CUC estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, mientras la coordinación operacional quedará a cargo del directo nacional de la Gendarmería “y/o del Comandante que esa dirección designe a tal efecto”, se dispuso en el artículo 3.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Política Criminal “determinará qué fuerza policial y de seguridad federal tomará a cargo cada uno de los comandos en particular, de conformidad con los relevamientos estratégicos y operativos a los que arribe conjuntamente con los directores generales de operaciones de cada una de esas instituciones y del coordinador operacional”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo indicó que “las fuerzas policiales y de seguridad federales actúan en el conurbano bonaerense ejecutando distintas operaciones y medidas en cumplimiento de los requerimientos jurisdiccionales que ordenan su labor como auxiliares del servicio de administración de justicia”.

“Actualmente -se expresó el texto- las fuerzas policiales y de seguridad federales, conjuntamente con las fuerzas provinciales y locales intercambian información y, a partir de tales intercambios, se confecciona el llamado 'mapa de calor' en el que se consignan las zonas con mayor conflictividad en las que se encuentra más amenazada la seguridad ciudadana”.

Así, “cada uno de los comandos, en tanto integrante de una coordinación estratégica, permitirá ejercitar más eficientemente las tareas que actualmente despliegan las fuerzas policiales y de seguridad federales en el territorio de diversos municipios del conurbano bonaerense y redundará en un servicio de más y mejor seguridad para las ciudadanas y ciudadanos”.

Con información de Télam.

IG

A 26 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, su hermana, Gladys, le escribió una carta en la que le cuenta cómo se enteró de su muerte y criticó al Poder Judicial y al sistema legislativo que ha permitido que ninguno de los culpables por el crimen del fotógrafo de Revista Noticias se encuentre actualmente detenido.

Gladys Cabezas también recordó a su hermano como “un buen fotógrafo, un buen hermano y una muy buena persona”. La carta fue leída este miércoles 25 de enero por la mañana, durante un homenaje al fotoperiodista, que se realiza todos los años en el monolito frente a la terminal de micros de Pinamar, sobre la avenida Bunge, en el ingreso a esa ciudad balnearia.

“Decidí que este año quería hablarle” a él, a Cabezas, dijo Gladys a la agencia estatal Télam. “Hoy quiero hablar con vos y contarte que estamos recordándote, acá en Pinamar como todos los años”, escribió.

“Hoy 26 años, qué locura. Siento que fue ayer cuando con los viejos, nos enterábamos por la radio que habían encontrado calcinado y esposado a un reportero de la Revista Noticias. 'Por Dios, es mi hijo', decía mami. 'No puede ser', decía papi”, dijo Gladys Cabezas al leer la carta a su hermano.

Cabezas (35) fue secuestrado en Pinamar la madrugada del 25 de enero de 1997, mientras se encontraba realizando la cobertura de verano para la Revista Noticias y trabajaba junto al periodista Gabriel Michi en una investigación sobre el empresario postal Alfredo Yabrán. Un año antes, en ese mismo balneario del jet set local, había obtenido la primera fotografía del poderoso y enigmático hombre. 

El reportero gráfico fue golpeado, esposado y asesinado de dos disparos en la cabeza en una cava de General Madariaga esa misma noche. Su cuerpo fue incinerado en el interior de un automóvil. 

“Tu sobrino Sebastián, mi hijo, con solo 9 años salió gritando a la calle: 'Mataron a mi tío'. Cuánto dolor, cuánta impotencia, cuántas mentiras, cuánta hipocresía. Pero lo peor, cuántos corruptos. Cuánta corrupción en manos de personajes siniestros. Llegó el juicio y nos mintieron diciendo cadena perpetua. Pero no fue así: era portarse bien en la cárcel y salir”, leyó este jueves por la mañana su hermana durante el homenaje.

“Luego, los ciudadanos de bien se acercaron a nosotros, nos dieron fuerzas y siguen estando cada 25 de enero acá en Pinamar, en la cava y en cada lugar del mundo en donde se acuerdan de vos. Sí, del mundo, aunque no lo creas”, le contó a su hermano. Entonces, “no se olviden de Cabezas”, se convirtió en un pedido contra la impunidad en todo el país.

“Bueno, no te agrandes -bromeó Gladys Cabezas-. Fuiste un buen fotógrafo, un buen hijo, hermano, marido, padre. Pero, sobre todo, una muy buena persona. Siento que no te mataron, no lo lograron, porque estás siempre en mí. Es una lástima que no hayas podido conocer a Riu, tu nieto, que tiene un añito y está hermoso. Él va a hablar de vos cuando sea grande y dirá 'José Luis Cabezas presente'.”

Crimen, perpetua y libertades

El 20 de mayo de 1998, Yabrán se suicidó en una de sus estancias de Entre Ríos, cuando la policía de esa provincia lo rodeaba para capturarlo por orden del juez José Luis Macchi, a cargo de la investigación. El empresario debía responder ante la Justicia como el presunto autor intelectual del crimen de Cabezas.

En febrero de 2000, ocho hombres fueron condenados a reclusión perpetua por el homicidio. Tres de ellos, Gustavo Daniel Prellezo, Sergio Rubén Camaratta y Aníbal Luna eran oficiales de la Policía Bonaerense al momento del crimen. Gregorio Ríos era el jefe de la custodia de Yabrán. 

Los otros cuatro condenados eran “los horneros”, miembros de una banda de delincuentes de Los Hornos, La Plata, contratados por Prellezo para la tarea. 

Prellezo se había declarado inocente y pidió ser absuelto, pero fue condenado como el autor de los dos disparos que terminaron con la vida de Cabezas. Su hermana, Gladys, inició una batalla para impedir que el expolicía ejerza como abogado.

La defensa de Ríos había sostenido que no había elementos en su contra, pero fue condenado como el instigador del crimen. 

Los policías Cammaratta y Luna fueron condenados como partícipes necesarios en el secuestro y asesinato. Los Horneros, Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, también fueron condenados a perpetua como partícipes necesarios. Sus abogados habían solicitado que sólo se los condenara por el secuestro.

En un segundo juicio, el comisario Alberto “La Liebre” Gómez fue condenado por haber liberado la zona en Pinamar para posibilitar el hecho.

A pesar de haber recibido la condena a prisión perpetua, ninguno de los responsables del crimen cumplió la pena. Al revisar la sentencia en 2003, dos jueces de la Cámara de Casación provincial bajaron las penas de Ríos, Cammarata -quien murió en 2015-, Luna, González, Auge y Braga. Retana había muerto en la cárcel en 2001. 

Más tarde, los condenados comenzaron a acceder a libertades condicionales y beneficios. Prellezo recibió el arresto domiciliario. La reducción de las penas, la ley del 2x1, la “buena conducta” y los beneficios por supuestos problemas de salud beneficiaron a los condenados. 

La Corte Suprema de la provincia y luego, la Corte Suprema de la Nación, revocaron esa decisión de Casación bonaerense años más tarde y restauraron la pena perpetua por el crimen de Cabezas, pero actualmente los seis que quedan vivos del primer juicio están libres por este caso. 

Cuando comenzó el primer juicio, en diciembre de 1999, María Claudia Castro -quien hoy es una de las tres jueces del juicio por el crimen del joven Fernando Báez Sosa- fue convocada para el equipo de fiscales de Felipe De Felito y Eduardo Campos Campos que llevarían adelante la acusación en el juicio por el crimen de Cabezas. “Nosotros estábamos convencidos de que todos los que estaban en el juicio habían sido. Faltó gente, en un crimen de esa naturaleza y con tanta organización, seguramente quedó alguien afuera, quedaron personas afuera” de la investigación, aseguró Castro a elDiarioAR en 2022, durante su primera entrevista sobre el caso Cabezas a 25 años del asesinato.

ED con información de Télam.

Siete expolicías bonaerenses fueron condenados este lunes a 25 años de prisión. Fueron hallados culpables de la llamada “Masacre de Wilde”, el emblemático caso de “gatillo fácil” cometido en 1994 al sur del Conurbano bonaerense, donde fueron asesinados cuatro hombres, según informaron fuentes judiciales.

A 28 años del hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora condenó a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez.

El fallo los considera coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”. Los magistrados dispusieron que cuando el fallo quede firme los siete condenados sean detenidos.

Raquel Gazzanego, viuda de Edgadro Citutín, una de las víctimas, dijo a Télam tras el veredicto: “Cuando escuché 25 años, me lamenté porque no fue perpetua. Pero cuando terminaron de leer, razoné que es lo máximo que les pueden dar por homicidio. Por la edad que tienen, sabemos que van a morir presos. Esperemos que no les den prisión domiciliaria”.

El fallo fue dado a conocer hoy cerca de las 12.30 por el tribunal, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, en una sala de audiencias de la sede judicial ubicada en Presidente Perón 2.463 -ex Camino Negro-, de Lomas de Zamora.

El fallo, 28 años después

La Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994, en esa localidad del sur del Conurbano bonaerense. Allí, fueron asesinados de varios disparos al ser confundidos con delincuentes Edgado Citutín, Norberto Corbo, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza, cuyos familiares se presentaron este mediodía en la puerta de los tribunales con carteles que decían: “Justa justicia es perpetua para todos”.

Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón había pedido en sus alegatos la máxima al considerar que entre los imputados existió un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”.

Los acusados llegaron al juicio en libertad y escucharon desde el banquillo las condenas en su contra. Todas sus defensas pidieron la absolución.

La masacre tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500 conducido por Claudio Díaz, el único sobreviviente del ataque. Los cinco tiroteados por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que los habrían confundido con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.

Según los peritajes, los vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi. En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Además de los juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, todos ellos ya fallecidos, y los integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Tras varias apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida. No obstante, la causa continuó su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.

LC con información de agencia Télam