Una denuncia interpuesta por miembros de la Comunidad Indígena “Sentimiento de mi Tierra”, perteneciente al pueblo originario Sanavirón, de la provincia de Santiago del Estero, que advirtió la contaminación ambiental del agua, suelo y aire, motivada por la aplicación de agrotóxicos en la producción agrícola de una zona próxima a la que habitan, cercana a la localidad de Pinto, derivó en una causa judicial en la que la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, hizo lugar a un recurso para investigar.

Los denunciantes relataron que a partir de la aplicación de glifosato sobre las tierras, los animales habían comenzado a morir y los habitantes de la comunidad presentaban brotes en todo el cuerpo, dolores de cabeza, manchas en la piel y otras dolencias. También indicaron que una vez finalizadas las tareas de fumigación, los agroquímicos permanecían almacenados en los depósitos de agua y aljibes que se utilizan para beber.

Slokar que lideró el acuerdo –a cuyo voto adhirieron los jueces Petrone y Barroetaveña-, al hacer lugar a la petición del acusador evocó el informe confeccionado desde el INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria) y en base a ello sostuvo que: “Los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra y a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas resultan vulnerados a través del empleo de agroquímicos elaborados con atrazina o glifosato”.

En su voto, señaló también que: “Se trata del impacto socioambiental y sociosanitario de un insumo considerado potencialmente cancerígeno en razón de las intensivas fumigaciones aéreas que provocaron muertes o deformaciones en animales y padecimientos en adultos y niños”.

Finalmente, Slokar destacó el imperativo por el cual “los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros”.

MM con información de la agencia NA.

El flechazo fue inmediato: un amigo cocinero cortó al medio un tomate vasco y le ofreció una tajada de esta variedad antigua de piel roja, brillante y sedosa. Primero llegó el aroma, luego la frescura ácida y dulce de la pulpa que lo transportó a la infancia. Ya no hubo retorno. 

Luciano Kunis –que vivía por aquel entonces en España y ya era declarado amante de la buena mesa– supo que una puerta nueva se abría en su vida. Quería saber más, quería probar más variedades de tomates, quería cultivarlos y compartirlos con todos.

En 2010 regresó a la Argentina, sus padres manejaban un vivero de plantines de hortalizas cerca de La Plata y todo cuadró. Su amigo chef le envió las semillas de aquel tomate iniciático y así germinó Don Pacho, su emprendimiento hortícola especializado en tomates Reliquia (también llamados antiguos, criollos o de herencia) que hoy provee a los restaurantes más importantes de Buenos Aires y a todo aquel fanático de los tomates que conozca su dedicación.

En la actualidad tiene unas 120 variedades diferentes en producción en su chacra de Abasto, una localidad cercana al cinturón hortícola de La Plata. Junto a su amigo y socio, Alexis Quiroz –un ingeniero en sistemas que también es fan del tomate– llegaron a probar más de 1300 variedades que lograron traer de diferentes lugares del mundo. Además, producen otras tantas variedades de pimientos y berenjenas y en invierno se dedican a otras especies, como el alcaucil, las crucíferas y más.

Por supuesto, antes de empezar llegaron las preguntas. Luciano registró lo poco que sabemos del tomate. Lo compramos en la verdulería sin importar en qué estación estamos, nos alcanza con que sean todos iguales, lisitos y sin sabor. Da igual si hablamos de peritas, redondos o cherrys, es lo que hay. 

Sin embargo, detrás del tomate hay un mundo por redescubrir. Se sabe que hay al menos 10.000 variedades distintas, cada una con su sabor, forma, color.

En Argentina, el mercado de tomate se divide principalmente en mercado fresco y para industria en distintas regiones productivas (se utilizan en su mayoría híbridos: semillas importadas con patente que solo duran una campaña y que tienen gran rendimiento). Sin embargo, en general no se llega a cubrir la demanda y no tienen sabor.

Tomates reliquia, una aventura para amantes del riesgo

La segunda cosa que descubrió Luciano Kunis fue que para producir variedades antiguas hay que estar bastante del tomate.

Los Reliquia son los frutos de semillas originales, conservan todo el sabor y el aroma de los tomates de siempre, tienen diversas formas y colores y en su ADN no hay ni una gota de tecnología. Sin embargo, estas pequeñas joyas son frágiles, no soportan largos trayectos, sus plantas tienen poco rendimiento comparados con  sus parientes lejanos de la industria, entre otros obstáculos. 

Por si faltaba algo para complicarla, Kunis eligió cultivarlos de manera agroecológica –sin usar ningún químico–, lo que en términos de producción es un esfuerzo tremendo. ¿Cómo luchar contra malezas y plagas sin intoxicar a nadie y sin destruir el suelo con herbicidas y fertilizantes?

Fue encontrando estas respuestas y más preguntas con el paso del tiempo. En el camino, conectó con la naturaleza, conoció a otros productores, perdió bastante plata y logró su objetivo: recuperar el sabor del tomate de toda la vida.

Aquí, hablamos sobre las diferencias con la producción industrial; por qué los tomates que llegan a la verdulería no saben a nada; qué nos pasa como consumidores que necesitamos comer tomates todo el año (cuando son de verano) y por qué perdemos saber, sabor, nutrientes y conocimiento en pos de producir más volumen para tener mayor rentabilidad, entre otras cosas. Cosas muy básicas que son fundamentales para encontrar respuestas. Después de todo, ¿qué culpa tiene el tomate?

–¿Por qué hay tan poca variedad de tomates en la verdulería?

–La alimentación no escapa a otras cosas que nos pasan. Mucha gente ve Gran Hermano y mucha gente compra tomates en el supermercado. Para la gran mayoría de la población (muchos porque no pueden elegir otra cosa) determinados productos comestibles o culturales se rigen por la lógica del consumo y del mercado.

Con la llegada de internet, las cosas cambiaron bastante. Se democratizó y amplió el acceso a la información para un montón de gente que antes no tenía posibilidad de saber que había, por ejemplo, miles de especies de tomate, más allá del redondo, el perita y el cherry. Esto pasa con todos los cultivos, no solo con los tomates. 

–Empecemos por las diferencias de tu propuesta con respecto a la industria…

–Bueno, hago un planteo radicalmente opuesto. El mercado necesita productos fáciles de cultivar, que sean homogéneos, que duren. La industria debe pensar en toda la cadena de distribución. La diferencia con lo que yo ofrezco es que yo solo pienso en el sabor y en el consumidor final. No tengo que ocuparme de que mis tomates los van a cosechar antes de tiempo, se los va a llevar un camionero, van a hacer 400 km para estar en el Mercado Central dos o tres días y después van a terminar en la verdulería. 

En mi caso, los tomates salen de la huerta en su punto justo de maduración, no necesitan madurar en un cajón, y van directo a tu casa o al restaurante, porque también proveemos a la gastronomía. El sabor es mi objetivo último, no pienso en todo lo demás (y esto que te cuento es solo una parte). En el camino puedo llegar a perder hasta el 60% de la cosecha, porque es un trabajo tremendo ser productor agroecológico. Pero logré cobrarlos a un precio que yo considero justo. Cuando podés probar uno de estos tomates, la reflexión llega de inmediato. ¿Qué estamos comiendo?

–Eso te pregunto, ¿qué tomate estamos comiendo?

–Es un tema complejo que merece debates profundos. Básicamente, el tomate industrial es un producto, se hace con semillas patentadas (duran una sola campaña, al año siguiente el productor debe volver a comprar semillas), se cultiva en suelos que se fumigan para combatir las malezas y las plagas y el resultado son plantas que dan muchos tomates que son cosechados verdes, que siguen una lógica que escapa a la naturaleza. Es lo que se llama: “producción convencional”.

–Sin embargo, no pareciera tener nada de convencional este tipo de producción.

–Sí, es una cuestión discursiva del marketing: volvimos naturales algunas palabras que son completamente lo opuesto a lo que quieren decir. Esto sucede desde hace unos 50 años, desde la Revolución Verde para acá. Cultivar así es ir contra la naturaleza, no tiene nada de convencional. 

Antes había un ecosistema que funcionaba solo, en el campo había flores, aromáticas, abejorros, otros animales que cumplían cada uno su rol. Ahí crecía el tomate respetando sus tiempos. Hoy, para que una semilla industrial funcione hay que preparar la tierra de determinada manera, hay que matar malezas, hay que crear artificialmente un sistema que existía hasta principios del siglo XX de forma natural.

–Es una locura, ¿no?

–Sí, pero es la realidad. En Don Pacho mantenemos las plantas autóctonas, no hacemos una poda severa de maleza. Lo que está ahí por algo está y ayuda al resto del medioambiente. Hay flores, hinojos, repollos, todo eso florece, eso es parte de un ecosistema que se retroalimenta y a su vez nos cuida de plagas que pueden ser perjudiciales. 

–Sos abogado, tuviste una agencia de publicidad, negocios de ropa… ¿Cómo fue tu aprendizaje sobre agricultura? 

–Llegué a este conocimiento tardíamente, arranqué a los 37 años. He aprendido de la gente del campo. Cuando empecé a profundizar en cultivos particulares, vi mucho Youtube, hay una cantidad enorme de conocimiento ahí. También aprendí de los fracasos, porque esto es prueba y error. Una vez con mi socio trajimos semillas de un tomate que crece en la estepa rusa, a ver si podíamos tener producción en invierno. No salió nada. Pero sabés qué pasa, los consumidores me piden tomates en invierno.

–¿Los consumidores estamos mal educados?

–No quiero generalizar, pero la verdad es que no hay tomates buenos en invierno. Los míos no sé, veremos qué pasará. Esto tiene que ver con otras cuestiones, con la estandarización del sabor, con la idea de que disponemos de todo todo el tiempo, al menos en las grandes ciudades. Y la verdad es que es totalmente antinatural, por eso también tienen los precios que tienen invierno, además de que no tienen gusto a nada. Es curioso que la ciencia todavía no haya podido resolver el tema del sabor.

–El argumento es que si dejamos de producir así no se podría alimentar a todo el mundo…

–En líneas generales, no quiero ser tremendista con esto-, si mirás las propiedades nutracéuticas que tiene un tomate de industria es muy distinta a uno silvestre. No tienen nada. Se privilegia el peso, la forma, el color. Ni hablar de todo lo que se usa para producirlo. Es muy difícil catalogar como alimento algo que no te alimenta.

Lo que puedo decir por mi experiencia es que conozco gente que no come lo que cultiva de manera convencional. Después hay otras cuestiones que requieren ser revisadas de forma  urgente, como si se respetan todas las indicaciones de dosis y periodos de carencia de los agroquímicos que se utilizan en las quintas.

Hay cosas que están prohibidas y se utilizan igual. Muchas veces se hacen análisis de laboratorio en el Mercado Central que dan muy desastre. Esa información sale en los diarios y todo, pero -a mi entender- no hay ni el control ni la capacitación suficiente. Es complicado, hay un montón de intereses en juego, mucha plata, mucha industria en el medio. 

–¿Por qué hay que aplicar agroquímicos?

–Voy a darte algunos ejemplos: las malezas compiten por el agua y los nutrientes de la tierra, por eso se combaten. Lo que está pasando es que como las cucarachas, se acostumbran a los venenos, se hacen cada vez más resistentes. 

–De hecho, en mi zona tenemos un pasto que tiene una raíz pivotante que se entierra y antes no existía, empezó a aparecer hace unos 15 años. Cada vez es más resistente al glifosato. Cuando vos querés competir, la naturaleza te gana por diez cuerpos.

¿Qué hacemos los humanos? Aplicamos mayores dosis de glifosato, para poder matar esa maleza. La tierra queda hecha pelota.

–¿Qué hacés con los tomates que no podés vender?

–Estoy intentando agregarles valor, desarrollar salsas, un gazpacho. Es difícil, la gran industria está en Mendoza, lo que se hace acá es para el mercado fresco, va al Mercado Central. Parece mentira, pero en Buenos Aires no encuentro dónde embotellar. Yo intento utilizar todo lo que produzco, que sea una producción circular, que no haya desperdicio. 

Pero, por ejemplo, me dijeron que si quería envasar en tetrabrik tenía que ir a Chile. Es decir, tendría que hacer una exportación de tomate a chile y una importación de producto con valor agregado. Ridículo. A veces te saca las ganas… pero lo voy a lograr.

–¿Cómo te impactó este aprendizaje como persona?

–Me acercó a la naturaleza, entendí que soy 100% dependiente de la temperatura, del clima, de si llueve o hay heladas. Soy totalmente vulnerable. Me sorprendo todo el tiempo con los cambios, cosas que no sucedían están pasando. El verano pasado –con la sequía– no hubo sapos. No había charcos donde pudieran depositar huevos y crecer renacuajos. La consecuencia es que hay más insectos, estos mosquitos que tenemos ahora son producto de eso también. 

Yo era un bicho de ciudad, no registraba si salía el sol. Ahora vivo en medio del campo, soy un agradecido.

La Unión Europea podrá usar el polémico pesticida glifosato al menos 10 años más. Es la decisión que tomó la Comisión Europea ante la profunda división de los 27 estados, que no se pusieron de acuerdo ni para prohibir el uso de esa sustancia ni para prolongar su vida. Ante la falta de una mayoría cualificada, El gobierno comunitario decidió decidido ampliar la utilización de esa sustancia con algunas restricciones y condiciones basándose en las evaluaciones de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (EFSA), que descartó “áreas críticas de preocupación” en un informe en el que, no obstante, admite haber “identificado algunas lagunas de datos”.

“La Comisión, basándose en las exhaustivas evaluaciones de seguridad llevadas a cabo por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), junto con los Estados miembros de la UE, procederá ahora a renovar la utilización del glifosato por un periodo de 10 años, sujeto a determinadas condiciones y restricciones nuevas”, señala el gobierno comunitario en un comunicado después de que los 27 no hayan conseguido una mayoría suficiente ni para aprobar la propuesta inicial de la Comisión ni para tumbarla en el Comité de Apelaciones.

La actual autorización caduca el 15 de diciembre, por lo que la Comisión Europea estaba obligada a tomar una decisión antes de ese momento. Entre las restricciones que se implementarán en la nueva autorización, están la prohibición del uso como desecante antes de la cosecha y la necesidad de adoptar determinadas medidas para proteger a los organismos que no son objetitvo como tal del herbicida.

El glifosato, inventado por Monsanto y ahora propiedad de Bayer, es el herbicida más utilizado en el mundo, fundamentalmente para acabar con las malas hierbas, y acumula indemnizaciones multimillonarias por sus efectos perjudiciales. No obstante, la Comisión Europea planteó a los estados miembros extender su vida 10 años en base al informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que avaló su uso. España fue uno de los países que se mostró a favor de extender la utilización del glifosato durante el proceso de decisión precisamente por esa posición de la agencia europea mientras que Alemania y Francia se abstuvieron, lo que en la práctica es votar en contra de la medida, que requería del apoyo de un 55% de los estados miembros que representen el 65% de la población comunitaria.

La propuesta que hizo la Comisión Europea, no obstante, contiene limitaciones para el empleo de esa sustancia –por ejemplo, un máximo de 1,44 kilogramos por hectárea al año para el uso agrícola– así como medidas de mitigación de riesgos en las zonas en que se aplique, como el establecimiento de bandas de protección de entre cinco a diez metros y el uso de equipos que eviten la deriva del producto por el viento.

La decisión de la Comisión Europea choca con el criterio de las organizaciones medioambientales. Un total de 196 enviaron una carta la presidenta, Ursula von der Leyen, en la que reclamaban la retirada de la renovación por una década del glifosato al entender que “representa un alto riesgo para la salud humana y los ecosistemas”.  “Conviene no olvidar que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS ha asociado esta sustancia al desarrollo de ciertos tumores. Resulta difícil comprender que ahora se proponga renovar su uso por 10 años cuando la vez anterior, en 2017, solo se renovó por 5 años, y no por 15 como inicialmente se pretendía, precisamente por la creciente evidencia científica acerca de los daños que ocasiona”, señala en un comunicado Carlos de Prada, director de la iniciativa Hogar sin tóxicos.

Ecologistas en Acción también pidió al Gobierno que se opusiera a la renovación y advierte del riesgo medioambiental del uso del glifosato. “Los análisis oficiales de las masas de agua españolas hablan claro: en 2022 el 34,6% de las aguas superficiales españolas estaban contaminadas por glifosato en una concentración que incumple la norma de calidad ambiental. En lo que respecta al AMPA, principal tóxico generado en la degradación del glifosato, el 13,7% de los puntos de muestreo estaban contaminados”, señala en un informe.

Todo apunta a que Bruselas tendrá la última palabra. La Comisión Europea planteó una extensión de diez años para el uso del glifosato –el herbicida más utilizado en el mundo, fundamentalmente para acabar con las malas hierbas, y que acumula indemnizaciones multimillonarias por sus efectos perjudiciales–, pero no logra el respaldo suficiente de los 27 (un 55% de los estados miembros que representen el 65% de la población comunitaria). A mediados de este mes habrá una nueva oportunidad y, si no se alcanza ese quorum, el gobierno que preside Ursula von der Leyen tomará una decisión antes del 14 de diciembre, fecha en la que vence el actual periodo para la comercialización del fitosanitario inventado por Monsanto (ahora propiedad de Bayer).

La Comisión Europea planteó en julio una prolongación de una década del uso del glifosato después de que la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (EFSA) descartara “áreas críticas de preocupación” en un informe en el que, no obstante, admite haber “identificado algunas lagunas de datos”.

La propuesta contiene limitaciones para el empleo de esa sustancia –por ejemplo, un máximo de 1,44 kilogramos por hectárea al año para el uso agrícola– así como medidas de mitigación de riesgos en las zonas en que se aplique, como el establecimiento de bandas de protección de entre cinco a diez metros y el uso de equipos que eviten la deriva del producto por el viento.

España, a través del Ministerio de Agricultura, se ha mostrado a favor de la ampliación, pero la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí abrió la puerta a la prohibición

España, a través del Ministerio de Agricultura, se mostró a favor de esa ampliación bajo la premisa de que no hay contraindicación por parte de la EFSA. No obstante, hay distintas sensibilidades dentro del Gobierno. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí abrió la puerta a la prohibición, y Unidas Podemos se posicionó claramente en contra del uso de esa sustancia, que cuenta con un importante rechazo de las organizaciones medioambientales.

A favor y en contra

La campaña Stop glifosato tuvo un importante impacto en países como Francia o Alemania. Ambos se abstuvieron en la votación de mediados de octubre, lo que en la práctica computa como un voto en contra. Por eso ni el apoyo a la propuesta ni su rechazo contaron con el respaldo suficiente y ahora hay una segunda ronda en el Comité de Apelación.

El argumento del Gobierno de Emmanuel Macron es que su apuesta es restringir el uso del glifosato y utilizar alternativas cuando sea posible. Así, no consideran que la propuesta de Bruselas vaya en esa dirección. En el caso de Alemania, Los Verdes (que están al frente del Ministerio de Agricultura) quieren prohibir el glifosato en contra del criterio de los liberales (también en el Gobierno), por lo que optaron por la abstención. 

La tendencia a nivel mundial camina hacia la eliminación del glifosato, como en México y Colombia. Madrid y Barcelona dejaron de usarlo en sus jardines hace unos años

La división también fue palpable en la Eurocámara, que rechazó por 40 votos (PPE, liberales y extrema derecha) frente a 38 (socialdemócratas, verde e izquierda) y seis abstenciones, una propuesta para prohibir esa sustancia objetando a la propuesta de la Comisión. Una propuesta que, por otra parte, organizaciones agrícolas ven insuficiente porque aspira a una ampliación de una década y no de 15 años, que es el periodo habitual. 

La tendencia a nivel mundial camina hacia la eliminación del glifosato. México, por ejemplo, legisló en esa dirección y Colombia anuló las fumigaciones aéreas con esa sustancia para acabar con las plantaciones ilegales de coca. A otro nivel, varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona, dejaron de usar ese herbicida en sus jardines hace unos años.  

Causas por cáncer o malformaciones

“El uso del glifosato conlleva graves problemas de contaminación, por su toxicidad para el medio ambiente y para la salud humana”, señalan Koldo Hernández y Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, en un artículo en elDiario.es. “En 2015, un informe de la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) concluyó que existían suficientes datos en estudios para establecer una relación entre la exposición al glifosato y el cáncer en animales. Desde entonces, las evidencias científicas de los perjuicios del uso de esta sustancia no han dejado de crecer. Por ejemplo, el pasado mes de marzo Pesticide Action Network Europe publicó un informe que concluye que el glifosato es tóxico para las abejas y otros insectos”, agregan.

Bayer llegó en 2020 a un acuerdo con el despacho de abogados que representaba a miles de personas que se consideraban víctimas de su producto por un valor de 11.000 millones de euros, a pesar de que niega que tenga efectos cancerígenos

“Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos: está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos”, advierten en Greenpeace. 

La Organización Mundial de la Salud declaró en 2015 el glifosato como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos en base a la evidencia científica de la aparición de tumores en animales expuestos. Sin embargo, la UE rebajó la advertencia, a través de la EFSA, que aseguró que “es improbable que suponga un riesgo carcinogénico en humanos”.

A pesar de que no existen informes concluyentes, se acumulan decenas de miles de demandas judiciales por los efectos adversos de esa sustancia, fundamentalmente como causante de cáncer. Bayer llegó en 2020 a un acuerdo con el despacho de abogados que representaba a miles de personas que se consideraban víctimas de su producto Roundup por un valor de 11.000 millones de euros, a pesar de que niega los efectos cancerígenos del producto.

Uno de los últimos casos se ha hecho público en Francia, que ha reconocido un “posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones de nacimiento de un bebé y el uso profesional de glifosato por su madre antes de saber que estaba embarazada

En Estados Unidos la compañía ha perdido alguna batalla judicial, si bien ha ganado otras. Una de las derrotas más sonadas fue el rechazo de la apelación por la sentencia que le condenaba a pagar 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, que atribuía el cáncer que padecía al uso que hizo del herbicida Roundup durante 26 años sin aviso de que era cancerígeno. También fue multada por publicidad engañosa al anunciar su producto como seguro “sin aportar pruebas suficientes”, según recogió la Fiscalía General de Nueva York. 

Uno de los últimos casos se ha hecho público en Francia, que ha reconocido un “posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones de nacimiento de un bebé y el uso profesional de glifosato por su madre antes de saber que estaba embarazada. El Fondo de Indemnización de Víctimas de los Pesticidas (FIVP), un organismo oficial galo, ha otorgado una indemnización de alrededor de 1.000 euros al mes a Théo Grataloup, que a lo largo de sus 16 años de vida ha tenido que someterse hasta a 54 cirugías por las graves malformaciones de la laringe, el esófago y varios órganos, que obligaron a reconstruir sus sistemas digestivo y respiratorio. 

Con esos precedentes, y sin una conclusión científica clara, la UE tiene que tomar una decisión sobre la prolongación del uso de ese pesticida. La división no es nueva y se remonta al menos al año 2015, cuando ya se puso cuesta arriba aprobar la primera ampliación. Tras dos años de negociaciones y prórrogas, los 27 aprobaron una extensión hasta 2022 gracias, entonces, al viraje desde la abstención al “sí” de Alemania. Ese periodo concluyó el pasado mes de diciembre y se acordó una ampliación que caduca ya. Si no hay mayoría, la decisión corresponde a la Comisión Europea, que tiene bastante presión, aunque sostiene que es una “buena propuesta” con suficientes “restricciones y condiciones”.

La avioneta rodeó las casas con techos de chapa. Horas después, sobre la tierra quedó un tendal de gallinas junto a sus crías muertas. Un gallo resistió algunos segundos más, se tambaleó y dió vueltas hasta caer con un sonido penetrante. Un día después de Navidad, el 26 de diciembre de 2021, la casa de Norma Salvatierra en el Paraje San Roque, al Noroeste de Santiago del Estero, fue fumigada desde el aire. La avioneta que sobrevoló los campos de soja y maíz linderos también esparció los agrotóxicos sobre su vivienda. En los animales se vieron las consecuencias inmediatas. 

El cura Sergio Raffaelli denunció la situación en un video en el que se ve la secuencia.  Imágenes de una situación que se reitera en el Departamento Jiménez, de 5300 kilómetros cuadrados en el límite con Tucumán. Cada noviembre, empiezan a circular las avionetas para fumigar los campos que alrededor de 50 empresas cultivan en la zona. Hay provinciales, pero también de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco. En el medio, las comunidades campesinas padecen las consecuencias de la agricultura extensiva que conlleva fumigaciones periódicas hasta marzo, cuando termina la época de lluvias. 

“Las fumigaciones con veneno son habituales desde noviembre a marzo, diarias. Son muchas las empresas que están en el departamento, cuando no es de un lado, es del otro. Sea vía terrestre con mosquitos o vía aérea con aviones. Las familias campesinas viven estos meses con mucho miedo y preocupación, son conscientes de que ese veneno que mata a sus gallinas es el mismo que respiran”, le dice el sacerdote de Santiago del Estero a elDiarioAR. Además de la muerte de los animales, está el agua. En ese reducto de monte virgen rodeado por campos de soja, el agua se guarda en reservorios abiertos: calicantos, tachos grandes o aljibes. Es el agua que usan para limpiar, cocinar o bañarse. “Hay causas en la justicia federal porque muchos empresarios tucumanos tienen campos en Tucumán y en Santiago del Estero. Las avionetas salen de una provincia y van a la otra. Se han logrado poner multas y amparos para que no fumiguen por un tiempo, pero más que eso todavía no”, agrega Raffaelli que pertenece al Grupo de Curas de Opción por los Pobres. En el caso de la fumigación en la casa de Norma Salvatierra se hizo una denuncia penal contra un empresario francés. 

“La primera consecuencia, muchas veces, es la expulsión de los territorios por parte de los empresarios. Las comunidades que no están organizadas, a veces, son engañadas para que se vayan. Por las buenas o por las malas. Quedan encerrados por las fincas y no pueden criar animales como lo hacían antes, a campo abierto. Muchas veces, la fumigación produce la muerte de sus animalitos, la contaminación del agua, erupciones en la piel, abortos espontáneos. Hay cada vez más niños que nacen con malformaciones, muertes por cáncer, casos de leucemia linfoblástica aguda. Son las consecuencias visibles de este modelo”, enumera el cura.

Ante la situación persistente, en la zona se creó la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero que está integrada por familias campesinas de los departamentos de Jiménez y Río Hondo, entre otros lugares. También hay representantes de la municipalidad de Pozo Hondo, la Comisión Municipal de Abra Grande, el INTA y el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social.  En esa mesa también está Emma Contreras que vive en el Paraje Los Soraires, a 100 kilómetros de San Roque. Desde hace más de una década lucha contra las fumigaciones en sus tierras. La última fue el 15 de diciembre, cuando escucharon una avioneta sobrevolar por el techo y salieron agitando los brazos para que terminaran. En el 2019 denunció a la familia Briz, que tiene campos alrededor de su casa, por infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Ni siquiera en la pandemia dejaron de fumigar. En marzo de 2020, dos días después de decretarse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los aviones pasaron otra vez para esparcir el glifosato sobre los sembradíos de soja, caña y maíz y pasaron muy cerca de su casa. “En el 2021 nos fumigaron tres veces en menos de cinco días”, le cuenta a elDiarioAR. 

“Nadie les dice que no fumiguen, pero que nos respeten a nosotros. Ellos siguen fumigando a pesar de que hay una restricción del fiscal de que lo hagan a 500 metros (que ahora se bajó a 200 metros en línea recta),  que no corra viento, que la humedad sea adecuada, que el veneno tiene que venir con la receta y que la maquinaria tiene que estar aprobada. En la provincia, hay dos o tres mosquitos aprobados nada más. Ellos nunca respetaron y cuando les fuimos a pedir que no lo hagan, nos quisieron pegar”, cuenta. 

En el límite del terreno hay una cortina de plantas de tuna para frenar el viento que lleva gotas de los herbicidas. En la casa de la familia Contreras ya saben que cuando las tunas muestran puntos marrones, se secarán y morirán. Es lo que les pasa a los paraísos y las moras, a las que se les caen las hojas cada vez que pasa la fumigación. “Tenemos cabras que sufren. Cuando están en tiempo de preñez, los animalitos nacen con malformaciones o con una tembladera. Las palomitas también, todas las aves del campo se mueren. Las plantas se mueren”, agrega la mujer. 

“Acá es todo el año así. Empezamos desde octubre que empiezan a fumigar para preparar el campo. Siembran en diciembre y cada quince días viene el mosquito para matar el yuyo. Hacen cinco o seis aplicaciones de veneno en un mes o dos meses, enero y febrero. Cuando levantan la cosecha, vuelven a preparar el campo y siembran trigo. Y así seguimos”, cierra.

CDB/MG

Ángeles, sentada a la mesa de un café en una esquina de Mar del Plata, dice que ya no tiene miedo. A los 47 años, lleva el pelo oscuro, suelto y largo, tiene la piel curtida y trigueña, los ojos negros, la cara ancha, y cuenta que le duelen los pies, los brazos y las manos. Por momentos el dolor es en forma de pinchazos, como si caminara descalza por una calle de tierra. Otras veces es como el ardor del agua caliente sobre una quemadura. 

Hace veintiocho años, dejó a su madre y a sus siete hermanos menores en la provincia de Tucumán y se mudó a Mar del Plata con Hugo, su pareja, y la promesa de un porvenir. Al poco tiempo nacieron sus dos hijos y se afincó con su familia en una casa de Parque Hermoso, un barrio  rodeado de campos y quintas productoras de frutas y verduras, un cordón que emplea a unas veinte mil personas y es de los más importantes del país. 

A Hugo nunca le faltó trabajo en el cultivo de la papa, un oficio que conocía. En 2012, llegó una oferta que creyeron una oportunidad: el empleo con un gigante del sector.

Hernández, el de la papa

–Hernández, el de la papa. ¿No lo conoces?– dice Ángeles en un susurro y parece que le guarda tanto temor que solo puede referirse a él en voz baja.

Walter Hernández ganó cierta fama por haber sido el campeón más joven del Turismo Carretera y desde 2002 es dueño de El Parque Papas SRL, una empresa que produce y almacena papa-semilla, provee papa fresca y lavada al mercado y también a la multinacional PepsiCo. 

Hugo, Ángeles y los chicos se mudaron al campo de cuatrocientas treinta y seis hectáreas de Hernández, situado a unas veinte cuadras de su casa para trabajar como caseros pero la empresa lo arrendó a la firma ADBblick granos que comenzó con el cultivo de soja, trigo o cebada.

Angeles sumaba un ingreso extra con un trabajo de empleada doméstica por horas hasta que Jorge, cuñado de Hernández y una suerte de capataz, le dijo que no podía dejar la casa sola y empezó a hacer tareas en el campo. Sembraba casuarinas y pinos en todo el perímetro. Cargaba el tractor con bidones de agua, manejaba durante un trecho, bajaba, regaba con una manguera, volvía al volante, adelantaba unos metros y repetía el movimiento hasta que completaba todo el contorno.

–Yo anotaba las horas en un cuaderno y se lo rendía todos los sábados a Jorge. Me pagaban dos pesos con cincuenta– dice Ángeles y no hace falta que aclare que no estaba registrada.   

Mientras ella regaba los árboles, los empleados de ADBlick cargaban los mosquitos, como se les llama a los tractores que fumigan, a unos treinta metros de la casa. Volcaban el tarro de agroquímicos en el tanque y de una pileta extraían el agua para mezclarlos. La fumigación duraba un día y medio o dos y, como todas, producía una “deriva”. Una parte de los agroquímicos viajaban por el suelo y por el aire. Podían llegar a varios kilómetros del sitio fumigado. La casa quedaba en medio de una nube de veneno.

Apenas comenzó la siembra de la soja, Ángeles tuvo mareos, náuseas y vómitos. La descompostura se ensañó durante algunos días y después, cada vez que fumigaban, sentía hormigueo en los labios, adormecimiento de la boca y perdía la voz. En esa época también comenzaron los dolores en los brazos, las manos y los pies. 

Ni fuerzas para levantar un taza

El campo producía sin descanso y a ella, que siempre se creyó fuerte, cada vez le costaba más reponerse de la disfonía. Pasaba días enteros en la cama. El dolor no la dejaba levantar los brazos para colgar la ropa. Tenía tan poca fuerza que no podía sostener ni una taza.

Una noche de mediados de 2018, en un programa de televisión, escuchó a una bioquímica que relataba cómo eran los síntomas de la intoxicación por agroquímicos y se sintió reflejada. A escondidas le sacó dinero a Hugo y una mañana fue a hacerse los análisis. Ángeles tenía glifosato y AMPA, el producto que se forma por su degradación en la orina.

Consultó en el Centro de Salud del barrio. Allí no conocían del tema y la derivaron a la médica generalista Silvina Fabregas, que trabaja en zonas fumigadas y forma parte del Grupo de Agroquímicos de la secretaría de Salud de la municipalidad. Fabregas le recomendó que, además, se hiciera un electro miograma.

El estudio de los nervios fue contundente. Ángeles padece una poli neuropatía periférica tóxica. Las tres primeras palabras significan que tiene daño en los nervios periféricos que son los que están fuera del cerebro y la médula espinal. Y la cuarta que es el 24D el que lo causa, un herbicida que suele utilizarse junto al glifosato, en cultivos como soja, trigo o cebada. “Hay una asociación directa. Eso no ocurre habitualmente. Vemos muchos síntomas pero en patologías crónicas nos cuesta linkear cuál es el tóxico. Ángeles si tiene el dato”, dijo Fabregas.

Los hijos de Ángeles vivían preocupados y sufrían por ella aunque no tenían cómo ayudarla mientras Hugo le pedía que no denunciara. 

–Eso duele. Me tendría que acompañar, es mi salud– dice Ángeles y toma un trago de agua en el café que está lleno. Después cuenta que ella también tenía miedo de que los patrones se enojaran y le cortaran las posibilidades de trabajo a su marido y, sobre todo, a sus hijos.

Sin control

Científicos de la Universidad Nacional de La Plata declararon en 2018 que en Argentina se usa un promedio anual de quince litros de glifosato por hectárea. Una cifra que ubica al país en uno de los primeros puestos a nivel mundial.

Tal vez Mar del Plata sea el mejor ejemplo de la falta de control. Entre 2008 y 2012, rigió la ordenanza 18740 que establecía una franja de mil metros alrededor de centros urbanos en los que estaba prohibido fumigar. En 2013, tras un debate que duró varios meses y las protestas del sector agrícola, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 21296 que eliminó la franja y limitó la prohibición a solo cien metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud o a veinticinco de cursos de agua, clubes, campings, villas deportivas y complejos turísticos.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense, en septiembre de 2014, suspendió cuatro artículos de la ordenanza 21296 y restableció la franja. Sin embargo, los organismos municipales y provinciales que deben controlar no dan respuesta y vecinos de diferentes barrios denuncian fumigaciones a metros de sus viviendas.

En Sierra de los Padres, una zona ubicada en el oeste, el Grupo Aguas de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata detectó glifosato en el agua de cuatro escuelas. Si bien, OSSE, la empresa de agua local, determinó en estudios que hizo más de un año después que ya no había glifosato, para los científicos que el agroquímico haya llegado al agua subterránea es muestra suficiente de la gravedad de la situación. 

En el agua de Playa Serena, un barrio del sur, también hay análisis que demuestran la presencia de glifosato en el agua aunque todavía no se dieron a conocer estudios oficiales al respecto ni tampoco de cuál es el impacto sobre la salud de la población. 

Pasó un año. Ángeles consultó a un neurólogo y tanto él como Fabregas fueron tajantes: si se quedaba en el campo, los dolores recrudecerían y el daño podía extenderse a los nervios motores. En agosto de 2019, Ángeles se mudó a un barrio del macrocentro con uno de sus hijos.

–Entré al campo bien y salí discapacitada. ¿Sabes lo que cuesta? La angustia. Acumulas mucha angustia– dice Ángeles que ya no puede trabajar. Si tuviera que barrer o baldear un piso como hacía antes, no sabe si el dolor le permitirá mantenerse en pie y tampoco cuánto tiempo deberá estar en la cama hasta recuperarse. 

Quizás es por eso que perdió el miedo y hace cinco meses radicó la denuncia por trabajo no registrado y enfermedad profesional en el Tribunal de Trabajo N1. El proceso judicial apenas comienza. 

Hugo sigue trabajando para Hernández, volvió a la casa de Parque Hermoso junto al otro hijo. Ángeles los visitaba una vez a la semana, pero el neurólogo le pidió que no vaya más. En los campos aledaños que producen fruta y verdura se fumiga tanto como antes y, cada vez que iba, volvía a sentir el hormigueo y perdía la voz. 

Ángeles dice que ya no regresará y que teniendo su casa deberá seguir alquilando lejos de su barrio, de sus cosas y sus perros pero a ella que tanto peleó por mantener a su familia unida, lo que más le duele es que tengan que vivir cada uno por su lado.

EC/MG

Sergio Feingold es ingeniero agrónomo, coordina del Programa Nacional de Biotecnología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desde 2014 y es una de las personas que mejor conoce el proyecto binacional de participación público-privada que Argentina y México llevan adelante con el objetivo de reducir el uso del glifosato. Se trata de un proyecto ambicioso, tal como lo reveló hace 10 días elDiarioAR, y puede cambiar la ecuación del agronegocio a nivel global: un desarrollo biotecnológico capaz de disminuir tanto las cantidades utilizadas como el margen de ganancia del herbicida creado por Monsanto. De acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina es el país que más glifosato usa en el mundo per cápita. Son 10 litros por habitante. Cuando comenzó a utilizarse hace más de dos décadas, se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año y hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año.

La iniciativa que tiene unos cinco años de trabajo dio un salto en los últimos meses, cuando despertó el interés conjunto de dos empresas de las más importantes, la rosarina Bioceres y su socia Nature Source Improved Plants (NSIP), una firma que es propiedad del magnate Alfonso Romo, uno de los colaboradores principales de André Manuel López Obrador. En ese entendimiento, fue fundamental el trabajo de la Cancillería argentina, en especial del secretario Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme. 

Feingold busca ser cauteloso por método y no puede hablar por demás debido a que hay un convenio de confidencialidad firmado entre las partes. Sin embargo, sus palabras confirman que se trata de un emprendimiento de lo más trascendente. “Este nuevo desarrollo viene a resolver un conflicto urbano-rural, viene a aportar a la sostenibilidad productiva y ambiental y a disminuir el uso de agroquímicos en la producción agropecuaria argentina”, dice. Con su trabajo, el coordinador del programa del INTA busca desmentir lo que considera parte de una vieja confusión y niega que la biotecnología deba estar asociada siempre a los agrotóxicos, al glifosato y a Monsanto.  

¿Qué nos puede contar del trabajo que se viene llevando adelante desde el INTA con la compañía mexicana StelaGenomics para reducir el uso del glifosato?

Es una tecnología superpromisoria, con una aproximación biotecnológica muy creativa y muy original. Stelagenomics es un spin-off del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) de México y tiene el apoyo del Estado mexicano. Juntos estamos en un desarrollo que todavía es incipiente, estamos comenzando, pero estamos poniendo toda la capacidad del INTA.

Stelagenomics está dirigida por el bioquímico Luis Herrera Estrella, que es muy reconocido en México.

Luis es uno de los primeros que hizo una planta transgénica, pero el mayor valor que tiene es que nunca cedió a los intentos de Monsanto por contratarlo. Tiene una visión de la biotecnología que no está centrada en el negocio. Así es como surge la posibilidad de este nuevo desarrollo que viene a resolver un montón de problemas. Por un lado está el problema para los agricultores con el tema de malezas resistentes y, por otro lado, está el problema para la sociedad con el uso y abuso del glifosato, que genera una zona de conflicto urbano-rural que hoy en día no está resuelta. También tiene un componente de huella de carbono, pero posiblemente requiera una serie de estudios mas profundos que se van a ir haciendo a lo largo de los años.

¿Cuál es la importancia del trabajo del INTA en este caso?

Que un organismo nacional de investigación se ponga al frente para optimizar una tecnología que hoy hay que ponerla a punto y confirmar su validez es supermeritorio y es básicamente lo que nosotros creemos que tenemos que hacer: trabajar para la sociedad en su conjunto. Lo que hicimos fue juntar a todos los especialistas del INTA, eso lo hice yo en más de una oportunidad, para mirar todos los aspectos alrededor de la tecnología, no solamente los que tienen que ver con una aplicación en el corto plazo sino también en el mediano y largo plazo. Se trata de ver cómo la biotecnología maneja un sistema global en el cual miramos todos los aspectos, el productivo, el del control de malezas y de la disminución del uso del glifosato, pero también todo el microbioma asociado a esto. 

¿Cómo sería?

Hay que ver qué pasa en el suelo con esta nueva tecnología, qué pasa en la planta. Esto tiene impacto en la sustentabilidad, mitigando la erosión hídrica y asegurando el mantenimiento de la biodiversidad. Es una tecnología que no mata la maleza sino que la hace no competitiva en términos económicos: se logra que la maleza no disminuya significativamente el rinde del cultivo. Esta tecnología en maceta funciona bárbaro, el desafío del INTA, el interés del ministerio de Agricultura y del Estado en sí, es que esto se pueda llevar al campo, que sea sostenible en el tiempo y que podamos ir disminuyendo el uso del glifosato. Hay que ser cauteloso y andar prometiendo antes de que lo hayamos verificado en ensayos de campo. Pero hoy el productor agropecuario está muy acostumbrado al uso del glifosato y vale la pregunta: ¿Qué pasa si dejamos de usar la mitad del glifosato que usamos hoy?  

¿Por qué sugiere que hay un malentendido con el uso de la biotecnología?

La sociedad en general ve a la biotecnología como un socio del glifosato, como si fueran dos partes indisolubles. Los que trabajamos en biotecnología hace muchos años que estamos tratando de revertir esa visión porque no sólo se la asocia con glifosato, sino también con Monsanto y con agrotóxicos. Con este desarrollo, lo que estamos tratando de demostrar es que no es así y que la biotecnología es una herramienta para la sostenibilidad productiva y ambiental, que la agrotecnología y la biotecnología no son alternativas sino que son sinérgicas. La biotecnología puede abordar los temas de la agroecología o ecología productiva pensando en el largo plazo, con herramientas propias de la biotecnología. 

¿A qué se debe ese malentendido?

La biotecnología en la semilla está muy concentrada en muy pocas manos y el país, que es un agroproductor primario, depende de la producción de semillas de las multinacionales. Entonces que haya una empresa nacional interesada en estos desarrollos y que tengamos desde INTA las capacidades técnicas para testear esta nueva tecnología mirando el impacto a nivel cuenca es muy importante. Estamos muy contentos de haber atraído la atención empresas privadas argentinas y mexicanas.

¿Cómo es advertido el problema de la dependencia de ese grupo de multinacionales en el campo? ¿Preocupa, el productor sojero puede ver al Estado como aliado o hay rechazo y resignación?

De eso solo puedo hablar a nivel personal, no a nivel institucional. Hay que preguntarle a los productores si esta modalidad de toma de valor que tiene Bayer-Monsanto de la Intacta 2 es algo que los incomoda o no. Yo creo que hay muchos productores que no están muy contentos con esto, especialmente cuando detectan la presencia de Intacta 2 en mezcla. Pero no soy yo el que tiene que hablar de esto. Sí me parece sano que un país que depende tanto de su producción agrícola para el ingreso de divisas tenga sus propios desarrollos, con sus propias lógicas, mirando también un poquito la sostenibilidad productiva. El tema de la aparición de malezas resistentes al glifosato y a otros herbicidas es claramente un impedimento y un problema que trajo aparejado el uso de transgénicos sin pensar en un horizonte más a largo plazo.

Las conversaciones avanzaron durante la visita de Alberto Fernández a Andrés Manuel López Obrador en México, a fines de febrero. Unos días después de que el Presidente y su comitiva emprendieran el regreso a Buenos Aires, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, visitó a Alfonso Romo hijo, el heredero y encargado de negocios del más poderoso de los colaboradores del presidente mexicano. El encuentro fue en la casa de Monterrey donde el magnate, que hasta diciembre pasado fue Jefe de la Oficina de la Presidencia, suele organizar cumbres de las que participa el propio AMLO. Mano derecha del canciller Felipe Solá y exfuncionario del gobernador Jorge Manzur, el tucumano Neme se reunió con Romo hijo con un propósito ambicioso, que puede cambiar la ecuación del agronegocio a nivel global: avanzar en un proyecto de desarrollo biotecnológico capaz de reducir tanto el uso como el margen de ganancia del glifosato. El agroquímico que lleva un cuarto de siglo como dueño absoluto del mercado es propiedad de la transnacional Bayer desde 2018, cuando el gigante farmacéutico de origen alemán compró las acciones de Monsanto. 

A través de una de las compañías de su emporio, Nature Source Improved Plants (NSIP), Romo viene de asociarse en febrero pasado con la empresa argentina biotecnológica Bioceres en un acuerdo de investigación y servicios para diseñar un programa de mejoramiento acelerado de soja HB4® en los Estados Unidos. Ahora, las dos firmas se sumarían al trabajo que vienen haciendo en conjunto desde hace cinco años el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la empresa Stelagenomics, una startup que dirige el bioquímico Luis Herrera Estrella y fue promovida desde el Estado mexicano a través del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), dedicado al impulso de la ciencia. Según dijeron fuentes al tanto de los estudios a elDiarioAR, el desarrollo biotecnológico apunta a reducir el uso del herbicida de Bayer, se viene avanzando con pruebas de campo que vienen mostrando resultados “muy satisfactorios” y se advierte un avance importante en el combate de las malezas, con una disminución muy importante en la aplicación de glifosato. En México, el maíz transgénico y el glifosato están prohibidos por decisión de López Obrador.

De 70 años, formación católica y ligado en sus orígenes al Opus Dei por los medios mexicanos, Romo padre asesoró a varios presidentes y se convirtió en 2012 en una figura clave para AMLO, después de haber sido uno de sus antiguos detractores. Sin embargo, la mayor parte de su poder proviene de su carrera en el sector privado, donde registra tres décadas de antecedentes en el agronegocio. En 1991 fundó Pulsar Internacional, una firma multirubro que tenía una rama asignada a la biotecnología y la producción de semillas. En 1993, organizó el Primer Seminario Internacional de Agronegocios y en 2003 le vendió su compañía de producción de semillas, Seminis, a un fondo de inversión que poco después se la transfirió a Monsanto en 1.500 millones de dólares. Según la revista Milenio, llegó a operar en 150 países y concentrar el 25% del negocio mundial de semillas. En su laboratorio Agromod, ubicado en Tapachula, Chiapas, tiene un equipo que se dedica a la embriogénesis y donde uno de sus principales clientes internacionales es ni más ni menos que Bayer.

Bioceres es una empresa rosarina que pertenece a la familia Trucco, exhibe entre sus logros a nivel mundial el desarrollo de la soja transgénica tolerante a la sequía y acaba de ser noticia en la Bolsa de Nueva York. Sus acciones subieron un 66% después de que se conociera que había comprado el 6% de Moolec, una empresa de Ag-Foodtech del Reino Unido que usa tecnologías vegetales y celulares para hacer comida sin animales.

El acuerdo firmado en febrero entre las empresas del magnate mexicano y Bioceres fue gestado hace un año, cuando Romo hijo -que dirige todos los negocios de su familia- vino a Buenos Aires. Fue poco antes del inicio de la pandemia, cuando cenó en el Club Hípico Argentino con Trucco y funcionarios de la Cancillería. 

“Se está trabajando seriamente en una alternativa biotecnológica que puede mejorar la productividad, mejorar la competitividad y mejorar las condiciones ambientales en las que se desenvuelve la agricultura”.

Número dos de Solá en Cancillería, Neme le confirmó la información a elDiarioAR. “Se está trabajando seriamente en una alternativa biotecnológica que puede mejorar la productividad, mejorar la competitividad y mejorar las condiciones ambientales en las que se desenvuelve la agricultura”, dijo. Neme vivió tres años y medio en México: se desempeñó como agregado cultural en el DF entre 1989 y 1993, durante la gestiones de Jorge Abelardo Ramos y Hector Subiza. “El encuentro con Romo en México fue importante porque se interesó en ese desarrollo tecnológico y se sumaría al proyecto. Desde el punto de vista de su proyección a nivel de mercado, eso le da una dimensión enorme”, agregó. Con Romo, la iniciativa pasaría del plano de la investigación y el desarrollo de tecnología a la escala del negocio.

Esta semana en Buenos Aires, Bioceres tuvo un encuentro con funcionarios del INTA y la iniciativa parece haber dado un salto en los últimos días. La Cancillería prepara para abril un nuevo viaje a México junto al INTA y la empresa de Trucco para reunirse con Romo hijo y avanzar en el plan de negocios.

Cuestionado desde hace años por su impacto sobre el ambiente y la población, con fallos de tribunales que lo condenaron en Estados Unidos por considerar que el herbicida es “un factor sustancial” en la aparición de cáncer, el glifosato casi no tiene competencia a nivel mundial y su pérdida de eficacia en el combate de malezas hace que cada vez se utilicen más litros por hectárea. Los expertos consultados por elDiarioAR afirman que hoy en el campo se aplican grandes cantidades del agroquímico de Bayer pero en una especie de mix junto a otras moléculas que tienen incluso más potencial y más toxicidad. En la Cancillería, apuestan a que el proyecto que reúne al INTA, Stelagenomics, Bioceres y Romo permita dar un salto de competitividad en el agronegocio, mientras promocionan los acuerdos del gobierno nacional con el Consejo Agroindustrial Argentino.

WC

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer registró pérdidas de 10.495 millones de euros (unos 12.800 millones de dólares) en 2020, en contraste con el beneficio neto de 4.091 millones contabilizado un año antes, como consecuencia del impacto adverso excepcional de la amortización de activos en su negocio agrícola, así como del acuerdo extrajudicial alcanzado para zanjar gran parte de los litigios relacionados con el glifosato del herbicida RoundUp.

En total, en el último ejercicio Bayer asumió un impacto negativo extraordinario de 23.264 millones de euros, frente a los 2.813 millones de 2019, incluyendo provisiones relacionadas con litigios, así como por amortizaciones de activos en su división agrícola Crop Science.

El consejero delegado de la compañía, Werner Baumann, explicó que “el coste total de las liquidaciones previstas de todas las reclamaciones pendientes se estima en 9.600 millones de dólares”. Además de esta cantidad, añadió que “en cuanto a los posibles casos futuros de Roundup, las partes han negociado una propuesta de acuerdo revisada y la han presentado al tribunal. El acuerdo incluye un compromiso de que Bayer aportará hasta 2.000 millones de dólares para futuras reclamaciones y otros elementos del acuerdo”.

Las ventas de Bayer en el conjunto del ejercicio disminuyeron un 4,9% anual, hasta 41.400 millones de euros, incluyendo un retroceso del 5% en el negocio agrícola, con 18.840 millones de euros, así como del 4% en el área farmacéutica, con 17.243 millones, mientras que el negocio de medicamentos sin receta ingresó un 7,5% menos, hasta 5.054 millones.

No obstante, en el cuarto trimestre, Bayer registró un beneficio neto de 308 millones de euros, un 78,2% menos que en el mismo periodo de 2019. Asimismo, la cifra de negocio de la compañía germana alcanzó durante entre octubre y diciembre del año pasado los 9.995 millones de euros, un 7% menos.

“Nuestros negocios son resistentes, incluso durante la pandemia”, dijo Baumann, señalando que la compañía aprovechó el año pasado para sentar las bases de su crecimiento futuro. “Continuamos impulsando la transformación de nuestra empresa, avanzamos en nuestra cartera de productos e invertimos en nuevas tecnologías en todas nuestras unidades de negocio”, subrayó.

De cara al ejercicio 2021, la compañía alemana anticipó que espera alcanzar una cifra de negocio de entre 42.000 y 43.000 millones de euros, un avance de alrededor del 3%.

Por otro lado, los consejos de administración y supervisión de Bayer propondrán a la junta general de accionistas de la multinacional, que se celebrará el próximo 27 de abril, el pago de un dividendo de 2 euros por acción correspondiente al ejercicio 2020, frente a los 2,80 euros abonados en 2019, lo que supondrá la distribución de un total de 1.965 millones de euros entre los partícipes de la sociedad, frente a los 2.751 millones del año anterior.

No sé nada de campañas electorales. Entiendo que hay maestrías en “comunicación política” y empresas que cobran por enseñar a mentir mejor. También que hay coaches que entrenan a los candidatos, les dicen cómo vestirse, como mirar a la cámara. Hay consultoras que cobran por armar una agenda de prensa y entregar sobres a periodistas. Otras que preparan campañas positivas o negativas en las redes sociales con sus fake news y humillaciones públicas. Hay, desde luego, grandes grupos económicos que obtienen muchos favores por blindar a tal político o difamar a otro en los medios radiales, televisivos, gráficos y digitales. También hay encuestas y focus grups que indican que se puede decir y que no. 

Está claro que alguna influencia tienen, sobre todo en el corto plazo, pero me gusta creer que es cierta la frase de Lincoln “Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo”. Pero, como les decía, no sé nada de campañas electorales. Toco de oído. Tengo fe en el Pueblo que camina superando obstáculos para encontrar su verdad, su dignidad, y que la voluntad general que describía Voltaire se expresa con mayor perfección en la lucha social, la organización comunitaria y el desarrollo cultural que en esas urnas manipuladas por la maquinaria sofística de la posverdad. 

Sin embargo, también estoy convencido que la lucha político-electoral es una de las formas fundamentales para obtener profundos cambios sociales. Que en el Gobierno haya personas que prioricen los derechos de las mayorías por sobre los privilegios de ciertas minorías no es poca cosa. Que gobiernen personas que responden a un proyecto humano que rompa con las distintas formas de idolatría del dinero es fundamental. Se trata, desde luego, de una condición necesaria aunque, evidentemente, insuficiente. Cristina me dijo una vez que cuando se gana una elección apenas se obtiene el gobierno. 

Es evidente que un proyecto político que se enfrente a los sectores de elite tiene mayores dificultades en lo que a “comunicación política” respecta. Además, una vez en el gobierno, existen estructuras estatales y para estatales que tienen más poder que los propios gobernantes. Esto permite que autopercibidos pragmáticos y profesionales de la política se excusen en la correlación de fuerzas para posponer algunas luchas inevitables para obtener las transformaciones necesarias. A veces se habla de cuidar la gobernabilidad, otras del costo electoral que supone pelearse con determinadas corporaciones o poderes globales. Más allá de las derivaciones éticas e ideológicas de tal postura, si miramos la historia argentina y latinoamericana reciente, vemos que en innumerables ocasiones enfrentar ciertos factores de poder tiene consecuencias dramáticas. Pero también hay muchos casos contrarios en los que el pueblo apoya masiva y apasionadamente a quienes se enfrentan con los más feroces poderes nacionales e internacionales.

Hace algunas semanas estuve por Gualeguaychu y encontré un caso que, a pesar de mi ignorancia sobre política electoral, me atrevo a señalarlo como un ejemplo clarísimo de que se puede enfrentar el poder real y ganar las elecciones. El intendente Martín Piaggio ganó en 2015 por apenas 209 votos de diferencia contra el candidato cambiemita Javier Melchiori, presidente de la Sociedad Rural local. Luego, tomó decisiones difíciles. Entre ellas, una medida de gobierno que tocaba uno de las fibras más sensibles de la elite sojera. Impulsó una ordenanza prohíbe fumigar y aplicar glifosato, incluyendo el uso, acopio y venta en todo el ejido de Gualeguaychú. 

En 2019 le volvió a ganar con el 65% de los votos. 

No sé nada de campañas electorales, pero el pueblo gualeguaychuense apoyó en las urnas a un joven médico que se enfrentó al poder real para cuidar la naturaleza y los derechos de las mayorías. Creo que en esas locuras está el germen para el desarrollo humano integral. En fin, me parece un ejemplo significativo, pero ya les dije, no sé nada de campañas electorales. 

Y aún en mi ignorancia, me gusta ver que hay intendentes jóvenes como Piaggio que se le animan al poder real, a pensar fuera de la caja, a tomar medidas creativas que generan resistencia de elites prepotentes. Podría mencionar varios, de distintos sectores políticos dentro del Frente de Todos: Mayra Mendoza de Quilmes, Juanchi Ustarroz de Mercedes, Luciano Copete de Santa Rosa, Mariel Fernández de Moreno, Adrián Maderna de Trelew, Walter Vuoto de Ushuaia, Francisco Echarren de Castelli, Mauro Santiago García de General Rodríguez, casi todos menores de 40 años. Nombro solo a los que conozco y me vienen a la cabeza. Seguramente haya muchos otros y ojalá cada vez sean más. También hay intendentes más veteranos que entran en la misma línea pero no puedo evitar mi corporativismo generacional. Lo mismo podría decir de diputados y senadores, funcionarios de todos los niveles de gobierno, jueces y fiscales. Hasta tengo en la cabeza algunos nombres de jóvenes de la actual oposición.  Pero no los voy a deschavar. 

Espero que esta camada de jóvenes con coraje y valores no se deje disciplinar por las palizas virtuales, judiciales y mediáticas, por las reglas complacientes de la correlación de fuerzas, por el pragmatismo de la mera administración de la miseria existente. Que no caigan en la tentación de la ancha avenida del medio dónde transita el conformismo al ritmo que impone una la dinámica destructiva de este sistema y avancen sin miedo por el carril estrecho de la justicia social hasta que la multitud de hombres y mujeres de buena voluntad lo ensanchen todo lo que haga falta para alcanzar el destino que nuestro pueblo se merece y dejen una Argentina vivible a las futuras generaciones.