Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, aseguró este lunes que hay un Poder Judicial “independiente, firme y unido” y advirtió que se reconoce a un juez cumpliendo su función “cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”. Fue en un acto por el 95º aniversario de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

Los festejos en la sede de la entidad contaron con la presencia del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; el ministro decano, Juan Carlos Maqueda, el ministro Ricardo Lorenzetti; el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle; así como integrantes del Consejo de la Magistratura y más de 200 funcionarios. El gremio Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) adhirió a través de su secretario general Julio Piumato, y estuvieron también los sindicalistas Maia Volcovinsky, Mara Fernández y Hugo Leguizamón.

“Desde la Corte estamos muy contentos de participar de esta celebración. Una celebración que nos encuentra con un Poder Judicial unido, un Poder Judicial que se sabe independiente; un Poder Judicial firme, que es lo que demanda la sociedad, lo que demanda nuestra comunidad en el contexto de la forma republicana de gobierno y de la división de poderes”, inició Rosatti su intervención.

El magistrado aseveró que “la independencia del Poder Judicial es un elemento fundamental para la salud de cualquier república, y es esto lo que queremos ofrecer a la sociedad porque es esto lo que la sociedad nos reclama”. También aseguró que desde el máximo tribunal “vamos siempre a respaldar a los jueces y juezas, a los funcionarios y funcionarias, a los empleados y empleadas del Poder Judicial que cumplen con su tarea. A los buenos y buenas funcionarios y funcionarios, que son la enorme mayoría”.

“¿Cómo reconocer a un juez o jueza que cumple con su función?”, se preguntó Rosatti y se respondió: “Simplemente, cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado. En todo proceso judicial hay alguien al que se le da la razón y otro al que no. Lo importante es, por sobre las razones, los motivos y los argumentos de las partes, situar la lógica, la argumentación, la letra de la ley y, fundamentalmente, de la Constitución. Esos son los jueces y juezas que la república reclama”.

Antes de dar paso a la entrega de medallas, el cortesano remarcó: “Sepan ustedes que tienen en la Corte Suprema no sólo un tribunal al que poder acudir en caso de necesidades funcionales, sino también un tribunal amigo que va a entender las necesidades, como trata de hacerlo, de todos ustedes.”

A su turno, el juez Rosenkrantz pronunció las palabras de cierre en el brindis por los 95 años de la entidad.

LC con información de agencias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional apuntó este miércoles contra el presidente Alberto Fernández por sus dichos contra la Corte Suprema de Justicia y consideró que “se ha vuelto constante el ataque al Poder Judicial”. 

“No hacen más que afectar por su peso a las instituciones de nuestro país”, lanzaron desde el organismo, luego que el mandatario nacional cuestionara al máximo tribunal por suspender las elecciones en Tucumán y San Juan.

Fernández apuntó este miércoles por la mañana contra dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: “Aceptaron ser designado por decreto por Mauricio Macri y siguen respondiendo a sus órdenes”.

“La función de la Corte Suprema es la de asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella”, respondió la Asociación de Magistrados a través de un comunicado. 

Y agregó: “Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar por su peso a las instituciones de nuestro país y emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias. Se ha vuelto un constante el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones”.

De esa manera, sostuvo que la Corte resolvió “sobre una cuestión federal que, según estima, es propia de su función y tiene la responsabilidad de garantizar que los comicios se lleven adelante conforme la normativa pertinente para asegurar que todos los habitantes de Argentina puedan emitir su voto libremente”.

“Es nuestra misión velar por lograr que se fortalezca el sistema republicano de gobierno en todos los ámbitos del Estado Nacional”, concluyeron desde el organismo.

El documento cuenta con la firma del presidente y del vicepresidente de Magistrados, Marcelo Galle Tagle y Mariano Llorens, respectivamente.

Con información de agencias.

IG

La Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales se presentaron este martes ante la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la circular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que intimó a al menos 207 jueces y fiscales a que definan sobre sus jubilaciones en trámite, según confirmó a elDiarioAR Marcelo Gallo Tagle, presidente de la agrupación que representa a los jueces del país.

La demanda se presentó ante el fuero contencioso administrativo federal y quedó a cargo del juez Esteban Furnari, quien deberá decidir si acepta la competencia del caso. Ambas asociaciones realizaron una presentación común a través de la abogada María del Carmen Besteiro para solicitarle a la Justicia que declare inconstitucional la circular de la Anses, que en febrero habilitó al organismo a intimar a jueces y fiscales e hizo escalar la tensión entre la Justicia y el Ejecutivo. 

El planteo es que la circular sería inconstitucional porque “se atribuye potestades que van más allá de lo que plantea incluso la nueva ley jubilatoria” del oficialismo, explicó Gallo Tagle a este medio.

La Anses emitió una circular mediante la cual intimó a jueces y fiscales a jubilarse en los casos en que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro. El organismo les dio 30 días hábiles para presentar copia de la renuncia al cargo o archivará los trámites iniciados y dejados en suspenso. En la lista de los 207 intimados, a la que accedió elDiarioAR, se encuentran cargos relevantes para el poder político, como la ministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; cuatro magistrados de la Cámara Federal de Casación (Liliana Catucci, Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci); los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia (miembros de la Cámara Federal porteña); y los fiscales federales Javier De Luca, Eduardo Taiano y Carlos Stornelli.  

Se atribuye potestades que van más allá de lo que plantea incluso la nueva ley jubilatoria.

Hasta la reforma jubilatoria de 2020, los magistrados podían iniciar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años, tener lista su carpeta y dejar el proceso en suspenso hasta la presentación de la renuncia. Así, su jubilación se hacía efectiva al momento de dejar el cargo. Era uno de los beneficios diferenciales con el resto de los asalariados. Además, las liquidaciones estaban a cargo del Consejo de la Magistratura y no de la Anses. 

Esta es la segunda vez que ambas asociaciones piden a la Justicia que declare inconstitucional una medida en torno a las jubilaciones de los magistrados. La primera fue en diciembre último, cuando los representantes de jueces y fiscales pidieron la inconstitucionalidad del nuevo régimen de jubilaciones para el Poder Judicial, modificado en marzo pasado en el Congreso a pedido del Ejecutivo. Sin embargo, varios magistrados del fuero Contencioso Administrativo Federal se excusaron de intervenir por posibles conflictos de intereses, ya que están alcanzados de manera personal por el caso.

El proyecto del Gobierno estableció en 2020 una nueva fórmula para calcular el haber inicial de los magistrados jubilados. Entre las modificaciones, incrementó del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces al sistema; estableció el 82 % móvil sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último haber; exigió cesar efectivamente en la función para poder jubilarse; y elimina que magistrados y funcionarios jubilados puedan ser convocados para intervenir en causas y juicios.

ED

Una multitudinaria asamblea vía zoom de jueces y fiscales retrató otra escalada de tensión entre la Justicia y el Ejecutivo, esta vez, ante la decisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de intimar a los magistrados para que definan sobre sus jubilaciones en trámite, según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas de la reunión virtual. “La posición mayoritaria es ir a la Justicia” para frenar la decisión del organismo, ratificó el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle. 

La palabra que resume los ánimos del encuentro es “preocupación”, según los consultados que participaron de la reunión virtual. La medida anunciada en los últimos días apuntó a uno de los puntos sensibles de los integrantes del poder Judicial: la jubilación. Los jueces y fiscales solían tener garantizado un retiro rápido, efectivo y muy bien remunerado. La reforma jubilatoria que el Ejecutivo llevó al Congreso y que se sancionó a principios de 2020 modificó varios ítems de lo que el gobierno de Alberto Fernández consideraba un “régimen de privilegio”. 

“Se sigue hablando de régimen de privilegio, pero era un régimen especial en el que los magistrados seguimos aportando más”, afirmó Gallo Tagle. Sobre la reunión virtual de este jueves, el representante de los jueces dijo que “todos los participantes coinciden en que esta medida genera incertidumbre sobre cuál es la verdadera intencionalidad detrás de la decisión de la Anses”, resumió. “Se observaron posiciones con más o menos pasión, surgieron distintas medidas a tomar, pero una de las más probables es una acción declarativa de inconstitucionalidad”, agregó sobre las medidas que podrían tomar. 

Actualmente, todavía no sabemos cuánto va a cobrar un juez o fiscal jubilado con el nuevo régimen.

Tras escuchar las posiciones en el debate virtual, serán los consejos directivos de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) los que definan el camino a seguir. Tienen previsto reunirse el lunes. “Se actuará en conjunto entre ambas asociaciones”, confirmaron en una de las entidades. 

En los últimos días, la Anses comunicó que intimará a jueces y fiscales a jubilarse en los casos en que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro. El organismo les dará 30 días hábiles para presentar copia de la renuncia al cargo o archivará los trámites iniciados y dejados en suspenso. Habría unos 200 jueces y fiscales en esta situación, según estiman en las asociaciones, y entre ellos se encuentran cargos relevantes para el poder político, como Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia (miembros de la Cámara Federal porteña); la jueza María Servini (con competencia electoral); y los fiscales Carlos Stornelli y Raúl Plée, entre otros.

La reunión llegó a congregar a unos 130 jueces y fiscales de todo el país y se extendió durante casi tres horas. Hubo debate y propuestas y los abogados de las asociaciones explicaron lo que se sabe hasta ahora, los casos concretos y el escenario ante una posible judicialización, sostuvieron magistrados consultados. 

Se observaron posiciones con más o menos pasión, surgieron distintas medidas a tomar, pero una de las más probables es una acción declarativa de inconstitucionalidad,

“Tenes jueces que tienen más de 80 años con carpeta jubilatoria abierta hace 12 años. Hay 29 casos mayores de 70 años. Ellos quieren privilegios, pero en Anses se los trata como ciudadanos comunes”, dijo una fuente de la Anses.

“Actualmente, todavía no sabemos cuánto va a cobrar un juez o fiscal jubilado con el nuevo régimen”, explicó Gallo Tagle. “Hace una semana y media tuvimos otra reunión con jueces que ya están jubilados y que a partir de este año la Anses debía comenzar a liquidarles las jubilaciones. Las quejas que recibimos son varias y apuntan a las demoras y errores en los trámites, a que los obligaban a presentarse personalmente ante las oficinas de Anses en plena pandemia”, aseguró el representante de los jueces. “Nosotros desde la asociación buscamos soluciones a esos reclamos”, agregó. 

Ir a la Justicia

En la Asociación de Magistrados los ánimos están divididos. Marcelo Gallo Tagle, presidente de la entidad que representa a los jueces, dijo a este medio antes de la asamblea virtual: “Nuestra intención es no tener que judicializar esta situación, apostamos al diálogo”. Sin embargo, su posición no es unívoca y otros miembros de la asociación tienen posturas más duras, como quedó en evidencia durante la asamblea. 

Las principales preocupaciones de los jueces y fiscales es en qué estado quedarán sus trámites de jubilación pendientes; cómo actualizará la Anses sus haberes; y cuánto tardarán en cobrar sus jubilaciones en medio de una “animosidad” que perciben de parte del Gobierno, explicaron autoridades de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales. Luego del anuncio de la reforma jubilatoria, tras la asunción de Alberto Fernández, alrededor de 50 jueces y fiscales resolvieron jubilarse antes de lo que tenían previsto. 

La Anses tenía planificado comenzar este jueves con las intimaciones formales, dijo una fuente del organismo a este medio. Tras el anuncio oficial, las autoridades de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales recibieron en los últimos días un aluvión de consultas y esperaban una concurrencia multitudinaria durante la asamblea vía zoom, informaron en ambas instituciones.

Ellos quieren privilegios, pero en Anses se los trata como ciudadanos comunes.

Las instituciones que representan a jueces y fiscales ya recurrieron ante la Justicia en diciembre de 2020 para pedir la inconstitucionalidad de la ley que estableció el nuevo régimen de jubilaciones para magistrados. Sin embargo, el caso aún no tiene un juez, ya que varios magistrados del fuero Contencioso Administrativo Federal se excusaron de intervenir por estar alcanzados por la problemática. “Este caso es por un hecho puntual y creemos que evolucionará”, agregó Gallo Tagle. “La nueva ley no preveía intimaciones a renunciar o a archivar los trámites que los magistrados habían iniciado durante el viejo régimen y sí planteaba que no se afectarían los derechos adquiridos por estas personas”, agregó el Gallo Tagle.

Una de las modificaciones que realizó la reforma de 2020 fue que la liquidación de las jubilaciones de los jueces dejaron de depender del Consejo de la Magistratura y pasaron a la Anses, como las del resto de los jubilados. “Para muchos de nosotros, eso significó que nuestra jubilación pasara a depender del Ejecutivo y eso es una intromisión entre poderes”, dijo uno de los jueces afectados por el nuevo escenario. 

La idea del zoom era “comunicarle a nuestros socios qué es lo que sabemos hasta ahora de la decisión de la Anses y cómo vamos a acompañarlos”, explicó Gallo Tagle. “Uno de los principales temores es qué hará la Anses con los trámites ya iniciados en los casos en que los magistrados decidan no acogerse a la jubilación”, agregó. La principal incertidumbre es que vuelvan a foja cero y entonces los jueces y fiscales deban tramitar su jubilación como un trámite ordinario. Eso demoraría unos seis meses la percepción de la primera jubilación tras la renuncia.

Qué cambió 

Hasta la reforma jubilatoria de 2020, los magistrados podían iniciar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años, tener lista su carpeta y dejar el proceso en suspenso hasta la presentación de la renuncia. Así, su jubilación se hacía efectiva al momento de dejar el cargo. Era uno de los beneficios diferenciales con el resto de los asalariados. Además, las liquidaciones estaban a cargo del Consejo de la Magistratura y no de la Anses. 

El proyecto del Gobierno estableció en 2020 una nueva fórmula para calcular el haber inicial de los magistrados jubilados. Entre las modificaciones, incrementó del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces al sistema; estableció el 82 % móvil sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último haber; exigió cesar efectivamente en la función para poder jubilarse; y elimina que magistrados y funcionarios jubilados puedan ser convocados para intervenir en causas y juicios.

ED