Un estudio nacional sobre la situación de las mujeres periodistas en Argentina reveló que la mayoría ha enfrentado distintos tipos de violencias de género en el ejercicio de su profesión, muchas de ellas desde los primeros años de su carrera. El informe, elaborado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), advierte que estas situaciones tienen un impacto significativo en la salud, especialmente en la salud mental, y en el desarrollo profesional de las trabajadoras de prensa.

La investigación, realizada entre julio y diciembre de 2024 con financiamiento de la UNESCO y el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios (GMDF), se basó en una encuesta a 215 periodistas de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue analizar sus trayectorias laborales y las violencias que enfrentan, así como identificar posibles acciones para prevenir y erradicar estas prácticas.

Entre los principales hallazgos, el estudio detectó que las formas de violencia más mencionadas son la psicológica, institucional y económica, además del hostigamiento y la violencia en línea. En particular, 150 de las periodistas encuestadas señalaron haber sufrido violencia psicológica, 115 violencia institucional y económica, 88 violencia digital y 84 violencia sexual. También se registraron casos de violencia laboral y física.

Según el relevamiento, estas agresiones suelen ocurrir especialmente al comienzo de la vida laboral y los principales agresores identificados son varones con cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación, compañeros de trabajo y funcionarios o empleados públicos. En el caso de la violencia en línea, en cambio, los ataques suelen provenir de usuarios particulares, muchas veces mediante cuentas anónimas o perfiles en redes sociales.

El informe también señala que muchas de estas violencias se naturalizan o pasan inadvertidas, especialmente aquellas que no dejan marcas visibles, como el hostigamiento psicológico o ciertas microviolencias en el ámbito laboral. Entre los testimonios recogidos aparecen relatos de persecuciones laborales, asignación de tareas o temas estereotipados para mujeres, obstáculos en la carrera profesional o incluso despidos injustificados.

En relación con el contexto laboral, la investigación indica que las periodistas encuestadas tienen en su mayoría entre 36 y 60 años y cuentan con un alto nivel educativo. Sin embargo, solo el 28,37% ocupa cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación. De hecho, 200 de las 215 participantes consideran que existen barreras para que las mujeres accedan a puestos de liderazgo.

Entre los obstáculos más señalados aparecen factores culturales y la desigual distribución de las tareas de cuidado. Más de la mitad de las encuestadas son jefas de hogar y muchas tienen hijos menores de edad, lo que dificulta la conciliación entre las responsabilidades familiares y las exigencias laborales del periodismo.

El informe también advierte sobre la persistencia de desigualdades salariales. Casi la mitad de las encuestadas percibe que las mujeres ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Algunos testimonios incluidos en el estudio describen casos en los que colegas varones recibían salarios significativamente más altos o eran promovidos con mayor rapidez.

En cuanto a la respuesta frente a estas situaciones, el estudio señala que la reacción más habitual de las periodistas es compartir lo ocurrido con otras mujeres, sin realizar denuncias formales. Aunque muchas conocen organizaciones que ofrecen acompañamiento frente a la violencia de género, pocas recurren a estos espacios.

Las autoras del informe advierten que las violencias contra mujeres periodistas no solo afectan sus trayectorias individuales, sino que también pueden impactar en la libertad de expresión y el derecho a la información. Según el estudio, estas agresiones buscan en muchos casos intimidar o silenciar voces críticas dentro del periodismo.

Ante este panorama, las participantes del relevamiento plantearon distintas acciones necesarias para enfrentar el problema. Entre ellas se destacan la implementación de protocolos institucionales para la prevención y el abordaje de la violencia, capacitaciones en perspectiva de género y seguridad digital, y mecanismos de denuncia más claros y accesibles.

Para FOPEA, avanzar en el estudio de estas violencias resulta fundamental para dimensionar la magnitud del fenómeno y promover políticas que garanticen condiciones de trabajo seguras y equitativas. El informe concluye que escuchar las experiencias de las periodistas y visibilizar estas problemáticas es un paso clave para fortalecer tanto la igualdad de género en los medios como la calidad democrática del sistema informativo.

CRM

El 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se eligió esta fecha en honor a uno de los principales líderes que ha existido de movimientos no violentos: Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y quien definió la no violencia como “la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.

El decreto fue aprobado el 15 de junio de 2007. Desde entonces, cada 2 de octubre, la ONU realiza actividades culturales que promueven la cultura de paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo.

¿Por qué celebrar un Día de la No Violencia?

Vivimos en un mundo que parece ser cada vez más violento. Se estima que cada año 1,6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia, donde los tipos más comunes son violencia contra la mujer o violencia de género, violencia racial, violencia religiosa, violencia homofóbica y en menor grado violencia criminal.

En la mayoría de los casos, las razones por las que las personas recurren a la violencia es por falta de tolerancia y poca comprensión hacia el prójimo.

De entre todos los tipos de violencia, la que ha tenido un repunte en los últimos años es la violencia de género o contra la mujer.

Según las estadísticas de la ONU se estima que el 35% de las mujeres que mueren en todo el mundo, lo hicieron por causa de un acto violento propiciado por su pareja o algún miembro de su familia. Pero lo peor del caso fue que en 2017 esta cifra subió al 50%.

Sin embargo, no toda la violencia termina en muerte. Muchas mujeres son acosadas o violadas alrededor de todo el mundo, son insultadas verbalmente y son vejadas por sus opresores. Todas estas acciones son formas de violencia contra la mujer y entran dentro de las estadísticas que se observan durante este día, junto con la de muchos otros tipos de violencia.

La bondad importa

En 2018 con motivo del Día Internacional de la No Violencia se creó la campaña #KindnessMatters (#LaBondadImporta) por iniciativa del Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible. Se animaba a la gente a que compartiera sus actos de bondad en las redes sociales.

Y es que la bondad es un valor de unidad tan fuerte capaz de vencer cualquier inconveniente o reto.

¿Cómo celebrar el Día Internacional de la No Violencia?

El propósito de este día es educar y concienciar a las personas, de que existen caminos menos violentos a través de los cuales se pueden lograr grandes objetivos. Esto fue lo que enseño Gandhi a lo largo de su vida.

No obstante, cada año las cifras parecen crecer, por lo que se hace hincapié en que cada persona del mundo, por lo menos durante el 2 de octubre, sea un portavoz del cambio, bien sea difundiendo algún mensaje por las redes sociales o realizando actividades educativas con niños y adolescentes.

En la medida que expliquemos la importancia de la no violencia y su poder, mayor será la probabilidad de vivir en un mundo más pacífico, tolerante y comprensivo.

NB

Los días de lluvía para las y los vendedores ambulantes son desoladores: pocas ventas, ropa y zapatillas mojadas y mucho frío. El 3 de marzo de 2025, a las ocho de la noche, Inés Zarantonello miraba televisión; disfrutaba del calor de su casa luego de haber pasado todo el día vendiendo empanadas bajo la tormenta. Su novia, Ana, había bajado al supermercado a comprar algo para la cena. Como todos los lunes a esa hora, a pocos metros del departamento de las chicas tocaba La Bomba del Tiempo en el Centro Cultural Konex, en el barrio porteño de Almagro. Durante el show de tambores, el ruido es tan intenso que en la casa de Inés y Ana retumban las paredes y los vidrios. 

Inés todavía no entiende cómo, entre el alboroto, logró escuchar los gritos de su novia. Apagó la tele, no alcanzó ni a ponerse las zapatillas y salió corriendo al pasillo. En la escalera, dos de sus vecinos —padre e hijo— le estaban pegando palazos a Ana mientras le gritaban: “Lesbiana de mierda, te vamos a matar, qué linda se te ve la cara rojita”, en alusión a la sangre que le corría por el rostro.

Inés se interpuso entre su novia y los golpes. Intentó calmar la situación, pero uno de los agresores sacó una navaja. Ana recibió un puntazo en la oreja —cuatro puntos de sutura—, otro en la cabeza —un punto— y golpes en todo el cuerpo. Inés sufrió un corte en el brazo derecho —cinco puntos—. La navaja les parecía poco, entonces uno de los matones fue al departamento y agarró dos cuchillas, las afilaba una contra otra como si fuese un carnicero, mientras ellas lloraban, desoladas. El ataque duró diez minutos. 

“Las semanas previas nos hostigaron, la violencia fue en aumento. Ahora estamos con una orden de restricción y un botón de pánico; nuestros agresores, Miguel y Julián Yanes, viven en el mismo piso que nosotras. Ellos pudieron pagar un abogado penalista, algo que nosotras, por nuestros bajos recursos no pudimos. Solo estuvieron 48 horas detenidos. Para la Justicia fueron lesiones leves y amenazas pero en realidad nos quisieron matar por ser lesbianas, deberían estar presos. Este gobierno de ultraderecha habilitó el odio e hizo mierda nuestras vidas. Incitaron a que resurjan estos fantasmas que creíamos muertos”, cuenta Inés a Punto de Encuentro.

Vivir con miedo

Después del ataque, la vida les cambió por completo. Gracias a un espacio feminista pudieron recibir atención de psicólogos, psiquiatras y abogados. Mientras ellas toman antidepresivos y pastillas para poder dormir, los agresores viven en libertad. Ines y Ana son vendedoras ambulantes, desde el 3 de marzo tienen miedo de salir: “Los discursos de odio a la comunidad LGBTIQ+ del presidente Javier Milei están directamente relacionados con el ataque que sufrimos por nuestra orientación sexual. En un instante perdimos nuestros derechos y nuestra libertad. La violencia es cada vez mayor”, dice Inés.

Un mes y ocho días antes de la agresión a Inés y a Ana, el 23 de enero de 2025, en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Javier Milei en su intervención asoció la orientación sexual de una persona al abuso hacia las infancias, usando como ejemplo el caso de una pareja homosexual estadounidense condenada por ese delito. Leyó: “Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”. 

Desde que la Libertad Avanza gobierna Argentina, los discursos de odio. las fakes news y los embates al colectivo LGTBIQ+ y a los feminismos son coordinados y sistematizados. Los recortes del Estado Nacional tienen un especial ensañamiento en las políticas de género: desmantelaron programas que resultaban efectivos, la motosierra destruyó políticas públicas orientadas a la salud sexual, modificaron leyes por decreto y un sinfín de retrocesos en conquistas sociales que mejoraron sustancialmente la calidad de vida de millones de personas. La habilitación estatal del odio y la violencia física y psicológica al feminismo y a las diversidades sexuales traspasa las redes sociales y se sienten en las calles y en los cuerpos. 

Los resultados del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ son alarmantes: durante el primer semestre de 2025 se registraron 102 crímenes de odio contra esa comunidad, eso significa un aumento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior. Del total de las víctimas, el 70,6 % de los casos (72) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar, con el 16,7 % (17), se encuentran los varones gay cis; en tercer lugar, con el 6,9 % (7) de los casos, figuran las lesbianas. “Creemos que el aumento en los crímenes de odio en Argentina están directamente relacionados con la profundización y el aumento de los discursos violentos. Las conductas discriminatorias y violentas hacia nuestra comunidad hoy están legitimadas y avaladas desde el gobierno nacional y desde la figura presidencial”, dice a Punto de Encuentro, María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. 

La respuesta colectiva

El Teje es una organización dedicada a brindar talleres de acompañamiento político y de cuidado gratuito a niñeces y adolescencias trans, así como a sus familias y referentes afectivos. Desde la Educación Sexual Integral (ESI), con una mirada transfeminista se generan espacios seguros y comunitarios. La ternura es el punto de partida para entrelazar estrategias de diálogo, debate, contención a un presente marcado por discursos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+.  

Juana Molinari tiene 30 años, es activista travesti, co-fundadora de El Teje “Desde principios de este año aumentó la cantidad de personas que asisten a la organización. Las familias refieren tener mucho miedo de que sus hijes estén solos en los espacios públicos. Hay que desarmar los miedos colectivamente. En los talleres para adolescentes trabajamos mucho con ESI, salud mental y prevención de suicidios. Les adolescentes manifiestan un recrudecimiento del bullying y la violencia en los colegios; esto lo notamos en los talleres: el año pasado, entre adolescentes, familiares y adultos, acompañamos a 60 personas. Este año vienen 150. Por la demanda tuvimos que sumar cinco profesionales de salud mental¨, cuenta Juana. 

El Teje mantiene un acuerdo con el colegio secundario Nicolás Avellaneda, de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a este convenio, la organización dispone de cupos escolares, que pueden ser usados en cualquier momento del año, por adolescentes trans que están sufriendo bullying en sus escuelas. “A partir de un caso de violencia escolar que llegó al espacio resolvimos hacer este acuerdo con el colegio. En el Avellaneda hay un equipo de profesionales de ESI muy bueno, articulamos con ellos para hacer el acompañamiento inicial. Empezamos en septiembre de 2024, desde entonces ya se cambiaron siete adolescentes que sufrían maltrato. Sus vidas cambiaron por completo”, dice Juana. 

Milei y la ley

En febrero de 2025, y basado en fake news, el presidente Javier Milei modificó por decreto la Ley de Identidad de Género. De un plumazo, introdujo cambios en el artículo 11, que garantiza el derecho al libre desarrollo personal. El DNU presidencial prohíbe los tratamientos e intervenciones para personas menores de 18 años. Restringiendo derechos previamente reconocidos por la normativa vigente. Si bien no todas las personas trans, travestis y no binaries deciden comenzar el tratamiento de hormonización, esta decisión del Ejecutivo trajo complicaciones y dificultades al colectivo. 

Según María Rachid, el DNU es absolutamente inconstitucional e ilegal porque un decreto no puede modificar una ley aprobada por el Congreso. “Para modificar la ley se basaron en argumentos falaces y alejados de la realidad. Está generando dolor y preocupación en muchas familias”. 

Mimi Lozano, cursa quinto año de Psicología en la UBA y es referente de El Teje. Dice que el decreto causó tristeza y desilusión en las adolescencias trans y es un tema de discusión y preocupación en los talleres que coordina. Si bien la Ley de Identidad de Género está vigente, profesionales y activistas notan dilaciones y trabas estatales a quienes quieran iniciar los trámites de cambio de género y tratamientos de hormonización: “Les adolescentes viven con angustia las violencias estatales. Antes teníamos una Ley de Identidad de Género que les permitía cambiarse el DNI sin ningún tipo de justificación o de firma parental. Les adolescentes apuntaban a eso como un anhelo y era algo que les daba mucha ilusión y de repente se topan con demoras o negativas y se frustran. Por eso hay que acompañarlos y construir en comunidad”. 

La motosierra también destruyó políticas públicas orientadas a prevenir embarazos no deseados en adolescentes, como así también prevención de enfermedades de transmisión sexual. La desarticulación de programas, el vaciamiento institucional y la reducción de recursos afectan directamente la capacidad de respuesta de las provincias y municipios. 

Patricia Sotile es abogada e integra el área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Desde allí trabajan en cuatro ejes centrales: salud sexual y reproductiva; violencias y acceso a la justicia, género y democracia, y cuidados y desigualdades socioeconómicas.

Desde la asunción de Javier Milei, advierten un grave retroceso en políticas públicas vinculadas a la violencia de género y en la compra de insumos para salud sexual y (no) reproductiva. “Existe una decisión política de desmantelar, desfinanciar o interrumpir programas que garantizan el acceso a la salud sexual y reproductiva, como la falta de compra de insumos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y el envío de medicamentos a centros de salud. Las provincias atraviesan una situación crítica para suplir la ausencia del Estado Nacional en la compra de métodos anticonceptivos o insumos para salud sexual”, dice Sotile.

Uno de los programas más exitosos —y reconocido internacionalmente por sus resultados— es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). Se implementó en 2018 y desde entonces logró reducir en casi un 50% el embarazo no intencional en adolescentes. “El plan está completamente desmantelado. Despidieron a 619 agentes territoriales que trabajaban en las provincias con adolescentes para prevenir embarazos no deseados, detectar casos de abuso y violencias de género, consumo problemático y problemas de salud mental. Además, se recortaron o suspendieron numerosos programas fundamentales que brindaban ayuda, acceso y contención a mujeres y diversidades en situación de violencia. Argentina no solo está siendo observada con preocupación por los países de la región, sino también por organismos internacionales”, cuenta.

Marea Rosa es una ONG de La Plata que lucha por una sociedad libre de discriminación y violencias. En su mayoría está integrada por chicas trans. Galaxia Rod es activista por los derechos humanos y sociales de las personas travestis y trans y militante de la organización e integrante de la coordinadora “Flopy Reinaldi”. “Teniendo en cuenta que es la población con niveles altísimos de suicidios; este desamparo estatal afecta a un desarrollo saludable. Somos el caballito de batalla de la ultraderecha, sus discursos impactan de lleno en nuestros cuerpos. La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para eliminar el cupo laboral trans”, dice Galaxia. 

Romina Montiel es médica generalista, médica de familia y paliativista. En el marco de los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos y de diversidad, trabaja en un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 

En estos centros, desde hace dos años, faltan preservativos y escasean las pastillas anticonceptivas orales. Para las interrupciones voluntarias y legales del embarazo hay faltantes de mifepristona, un medicamento que, combinado con misoprostol, reduce los efectos adversos para las personas que lo utilizan. Si bien no hay registros oficiales que demuestren esta hipótesis, Romina nota día a día un aumento preocupante de embarazos adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual. Además hay un desabastecimiento de hormonas utilizadas en tratamientos para personas trans, travestis y no binarias para adecuar sus cuerpos. Los municipios, en su mayoría con problemas de presupuesto, no pueden dar respuestas a las demandas. Son las y los médicos los que tienen que trazar estrategias para suplir la ausencia planificada del Estado.  

“Asistimos a más de 180 personas trans, travestis y no binaries. Desde principios de 2025 detectamos faltantes de hormonas. En mis 25 años de profesión jamás vi un deterioro tan profundo”, dice Romina. 

Coincide con Galaxia Rod que para las persona trans, suspender un tratamiento de hormonización o no poder iniciarlo provoca mucha angustia, impotencia, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, de la alimentación y en los vínculos. Además, se deteriora la calidad de vida y la preocupación por un derecho antes garantizado se vuelve diaria. 

En el CAPS generan lazos humanitarios y cotidianos con los pacientes del colectivo LGTBIQ+. Romina cuenta que los acompañan a las marchas del orgullo y a diversas actividades. El año pasado sucedió un hecho inédito, muchos decidieron no asistir por miedo a exponerse. Por esa experiencia traumática, para este noviembre organizaron grupos de contención y acompañamiento. Para Montiel la destrucción de políticas públicas afecta a la dignidad de las personas, que no pueden acceder a un derecho vital, no poder identificarse atenta contra la dignidad de estar vivo. 

Para Galaxia, existe una parte importante de la sociedad que siente satisfacción cuando se les quitan derechos a las personas travestis y trans. En este cambio de paradigma, en donde los discursos de odio están amparados y avalados desde el Estado nacional, se habilita y legitima la violencia en las calles. Para ilustrarlo, relata un episodio de un día cualquiera en su vida. Como siempre, fue a la misma verdulería de su barrio. Mientras esperaba ser atendida, un hombre se le acercó y le dijo: “Para salir así vestida, te tenés que sacar esos bigotes”. 

Desde Marea Rosa notan un aumento exacerbado de la violencia al colectivo LGTBIQ+ “Hoy, todas nuestras compañeras, fueron víctimas de algún tipo de agresión física o violencia psicológica. No tenemos dónde denunciar porque los organismos fueron desmantelados”.

Aramis Amaris Lascano es abogada, activista trans y docente en la Escuela Shirley La Bombón, un espacio de educación travesti, trans y no binarie de la ciudad de La Plata. Cree que la forma de enfrentar este momento tan hostil para la comunidad es generando lazos de solidaridad y entrelazarse en un apoyo mutuo. Los insultos y las agresiones en la vía pública se volvieron eventos cotidianos. ¨Hace unas semanas un tipo aceleró el auto y me lo tiró encima, tuve que saltar porque sino me atropellaba. Nos construímos una coraza o una armadura para poder vivir“, cuenta Amaris. Ella se atiende en un hospital público de la Provincia de Buenos Aires. Dice que desde 2024 faltan hormonas o las que hay están vencidas. ”Nos genera incertidumbre, desequilibrios y un impacto negativo en nuestra salud. Hay quienes tomamos hormonas femeninas y bloqueadores de testosterona. Yo nací desarrollando testosterona, no tomar bloqueadores afecta a nuestra identidad de género, a nuestra propia constitución como personas“. 

CS / MA

De las caras de odio se pasó a los insultos, de los insultos y las consignas ultras y racistas a las bengalas y los estallidos de petardos, y ya de las bengalas, a las agresiones y los lanzamientos de piedras, cristales y botellas. El municipio de Torre Pacheco se convirtió en la noche del sábado en un polvorín. Una batalla campal entre nazis y jóvenes de estética ultra llegados de otras ciudades con ganas de pelea, por un lado, y grupos de chicos marroquíes encapuchados y organizados esperándoles a las puertas de sus barrios.

La “caza” al migrante en Torre Pacheco continúo en la noche de este sábado, tal y como habían amenazado en los últimos días los ultra que se organizan a través de algunos grupos en Telegram y otras plataformas para poner en marcha “patrullas”. Su objetivo, migrantes magrebíes, foco de las persecuciones de estos exaltados que ya se tomaron este viernes la justicia por su mano en respuesta a la brutal agresión sufrida el pasado miércoles contra Domingo, un vecino de 68 años de la localidad, por parte de un joven presuntamente de origen magrebí.

Sobre las 20.30 empezaron a congregarse en la plaza del Ayuntamiento decenas de individuos con camisetas negras, las caras tapadas, gritos de “arriba España” y los brazos en alto. “Moros no, España no es un zoo”, “España, una grande y libre” o “España cristiana y no musulmana” son algunas de las consignas que coreaban con rabia, muchos de ellos totalmente alcoholizados. Los rostros estaban a cada momento más desencajados por la ira.

A las 22.00, las amenazas de “cacerías” al migrante dejaron de ser un simple mensaje en un foro de “patriotas”. Los antidisturbios se tuvieron que desplegar por el casco urbano de Torre Pacheco y la llama prendió en uno de los focos más conflictivos, el barrio de San Antonio, donde el mayor porcentaje de vecinos es de nacionalidad extranjera.

A las puertas de este barrio —la Guardia Civil había cerrado todos los accesos para que los ultras no pudieran llegar al corazón de sus calles— la disputa se originó cerca de un kebab donde se encontraban grupos de jóvenes magrebíes. Las peleas han dejado varios heridos, aunque a estas horas se desconoce cuál ha sido el balance. Han tenido que movilizar varias ambulancias.

El número de policías fue, en todo momento, muy escaso. Alrededor de medio centenar de agentes para más de medio millar de exaltados. Pese a ello, la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, aseguró esta misma noche que “este sábado hemos continuado con nuestros máximos esfuerzos y números de efectivos en Torre Pacheco”, pese a que la cifra de efectivos policiales hizo imposible controlar la guerra campal.

Seguidamente, Guevara añadió que se van a incorporar más agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (USECIC), y refuerzos del Grupo de Reserva y Seguridad. “El Ministerio del Interior puso a disposición más recursos y agentes que vienen de camino”.

Guevara apuntó que, por el momento, los agentes desplegados no han tenido que intervenir, “simplemente contener a dos grupos con pequeños enfrentamientos para evitar situaciones violentas”. Y ha advertido que “en breve” va a haber detenidos por estas situaciones: “Estamos muy pendientes de la investigación de la agresión a Domingo el miércoles, pero también de las personas que están generando este desorden público con estos mensajes de odio e incitaciones a la violencia”.

Al menos un detenido y varios heridos

Este mismo domingo la delegada del Gobierno confirmó a primera hora el arresto de una persona en el municipio, donde hay además al menos tres personas heridas leves. Guevara indicó que “durante todo el día de hoy” se mantuvo un dispositivo que se ha reforzado con incorporación de diferentes unidades y con la puesta a disposición de “todos los recursos y efectivos posibles que vienen de camino” desde la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid y el Ministerio de Interior, según informa Europa Press.

Todas las rotondas de acceso a Torre Pacheco estaban esta noche vigiladas por controles de la Guardia Civil para dar el alto a los vehículos sospechosos que intentaban entrar al pueblo. Y en las avenidas periféricas, donde suele haber al caer la tarde decenas y decenas de personas, se veía mucha menos gente de lo habitual.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió esta noche al Gobierno que refuerce los efectivos en Torre Pacheco para “frenar la espiral de violencia inmediatamente”.

Así lo ha afirmado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, en el que ha añadido que habló con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Cuando la batalla estalló también empezaron a llegar las primeras ambulancias para atender a heridos. Había en varias esquinas hombres jóvenes con las caras chorreando sangre de botellazos y golpes de piedras lanzadas al aire.

Para calentar los ánimos, en los chats de grupos como Deport Them Now Spain han seguido enviando imágenes de los presuntos agresores de Domingo -aunque como él mismo denunció ante la Guardia Civil solo fue un individuo el que le agredió- y vídeos de agentes de la Policía Nacional intentando reducir a jóvenes marroquíes, aunque fuentes locales han confirmado a este periódico que no están grabadas en Torre Pacheco.

“Va a ser un polvorín, estamos hasta los huevos de los moros” o “Torre Pacheco será conocida en toda Europa por ser el lugar donde comienzan las Cruzadas” son algunos de los mensajes que esta noche se han seguido cruzando en estos chats, mientras decenas de exaltados recorrían gritando consignas racistas, con las caras totalmente descompuestas por el odio y encendiendo bengalas en los puntos calientes de los barrios donde vive más población migrante: San Antonio, San Juan o Los Pérez, ubicados en la zona sur del municipio.

En Torre Pacheco conviven 89 nacionalidades, el 30% de la población es extranjera. “Tenemos empadronados 41.000 habitantes de derecho, más los que no están empadronados y el municipio crece entre 800 y mil personas más al año”, cuenta Juan Salvador Sánchez Saura, exconcejal socialista de Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura.

Sánchez Saura reconoce que “tenemos el doble de población que hace 20 años, pero seguimos con el mismo catálogo de puestos de la Guardia Civil, por eso siempre estamos reclamando más medios, la plantilla no está ajustada”. El municipio, además, tiene 181 kilómetros cuadrados, con 11 pedanías y solo un 53% de la población reunida en el casco urbano.

A plena luz del día, este sábado ha sido el líder regional de Vox, José Ángel Antelo, quien convocó a un par de centenares de simpatizantes y aprovechó la ocasión para lanzar las consignas del partido en contra de la inmigración ilegal. Eso sí, ha evitado condenar las persecuciones a migrantes magrebíes este viernes: “Torre Pacheco se ha levantado, están cansados de ver por qué calle van y a qué hora; los responsables de estos sucesos son PSOE y PP que son los que han traído a los inmigrantes y han generado esta inseguridad”, dijo Antelo. El presidente de Vox en la Región afirmó, además, “que los españoles tenemos la capacidad de defender a los nuestros, para eso estamos aquí”.

La titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó a seis integrantes de la Armada Argentina por el ataque físico y las lesiones que sufrió una Marinera Segundo de Tropa Voluntaria, por parte de sus superiores y en el marco de un adiestramiento “Antidisturbios dentro de Jurisdicción Naval” ocurrido el pasado 4 de abril en la Jefatura Militar de Vicente López, y por el que la joven de 21 años tuvo que cursar, por dos semanas, una internación en terapia intensiva en coma inducido.

En línea con lo planteado en un dictamen por el Ministerio Público Fiscal, representado en este caso por el fiscal federal Federico José Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, y por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, la jueza advirtió en el caso elementos de violencia de género.

Por ello, uno de los imputados, que además era expareja de la víctima, fue procesado con prisión preventiva por los delitos de lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja, mediando alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.

En su caso, se verificó que había sido el responsable de los golpes más fuertes hacia la marinera –entre ellos, una patada voladora hacia el cuerpo de la víctima– a lo que subyacía el componente adicional de la relación previa que había mantenido con la víctima.

Los cinco miembros de la Armada restantes implicados por participar del operativo fueron procesados -sin prisión preventiva- por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en uno de los casos, se sumó la calificación por el delito de lesiones culposas respecto de quien ejercía la supervisión directa.

Entre las medidas dispuestas, se ordenó a los procesados la prohibición de tener contacto con la víctima por sí ni por terceros y por cualquier medio físico, telefónico y/o virtual.

MM con información de fiscales.gob

Me entretengo a veces pensando en cuánto de nuestras convicciones es puramente casual. Qué cantidad de cosas llegamos a pensar, o qué debates llegamos a entender como fundamentales, solo en virtud de circunstancias azarosas. Opiniones que pensamos que nos configuran por completo, que nos son centrales e identitarias, y sin embargo se originan en algo que hubiera sido muy distinto si hubiéramos nacido en una casa a dos kilómetros apenas de la que nos tocó, o dos años antes, o dos años después. En general es mucho más fácil ver esos sesgos en los demás que verlos en una misma, pero algunos de los que yo tengo me resultan bastante evidentes. Esta semana pensaba en uno de ellos.

Entré a la carrera de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en 2008, el año del conflicto con el campo y del renovado interés por la política agonal. Por una conjunción de factores políticos y académicos, entonces, el tiempo que pasamos mis compañeros y yo discutiendo si tenía más razón Habermas o Laclau debe haber sido excesivo. Y quizás por haberle dedicado tanta atención a ese debate en esos años tan definitivos para mi formación intelectual es que no puedo evitar ver a casi cualquier evento en esa clave.

Quizás soy anticuada por decir esto, pero lamento mucho que esa conversación haya quedado en el olvido. Para hablar de conceptos y no de nombres, me refiero al debate sobre la importancia de resaltar los conflictos o la de subrayar los acuerdos. Más allá de los textos, recuerdo que en esa época empezó a circular mucho una versión del agonismo que reivindicaba la agudización de las contradicciones entre gente de todos los partidos y extracciones: la idea de que la política era fundamentalmente conflicto, y de que lejos de intentar ir contra esa pulsión de violencia había que reconocerla y abrazarla, reivindicarla incluso, y ocuparse nada más de configurar bien a los amigos y los enemigos.

El debate pasó de moda, sí, pero porque el triunfo cultural de esta visión fue casi total: tanto por izquierda como por derecha, hoy no solo nadie parece pensar que la política pueda construir consensos o que alguien que tenga una perspectiva que reivindique eso pueda ganar una elección; casi que ya nadie le encuentra ni siquiera ventajas a esa visión. Pasamos de pensar que construir posiciones comunes es difícil a considerar que es imposible, y de ahí, sin escalas, a pensar que ni siquiera es deseable.

Esto puede sonar teórico, pero yo veo muy concretamente en la política que nos rodea, tanto en Argentina como en el mundo. Se ve, incluso, en esta versión exaltada que vivimos del narcisismo de las pequeñas diferencias. Ahora no solo los antiperonistas no quieren tener nada que ver con los peronistas (y viceversa), sino que los ex macristas que ahora son mileistas (lo mismo se puede ver al interior del Partido Demócrata norteamericano, por caso, entre demócratas clásicos de centro y demócratas de izquierda) odian furiosamente a los macristas, y los peronistas anti progresistas que hace dos minutos eran progresistas dedican más energía a la lucha contra lo woke que a cualquier otra causa más noble. Nadie quiere seducir a nadie, ni siquiera para ganar: nadie quiere los votos de nadie que se le diferencia por un milímetro. Pareciera que todos dan por hecho que no hace falta acercar posiciones ni convencer: hay que ganar a toda costa, y ganará el que se muestre más fuerte e intransigente, quien se muestre como una versión más pura y exagerada de sí mismo, no quien se muestre dispuesto a conversar.

Pienso que todo este regodeo verbal en la violencia suele llegar a su reducción por el absurdo cuando la violencia efectivamente se impone, como sucedió el miércoles pasado. De pronto, ante las imágenes de un policía apuntando con balas de goma a la cabeza de una persona desarmada, que no presentaba ningún peligro ni cometía un delito en flagrancia, las canchereadas resultan insoportables. La idea de que da todo lo mismo, de que da igual si compartimos algunos valores mínimos con los de enfrente, lo importante es ganarles y el mientras tanto a otra cosa, se evidencia tan ridícula como es. La relevancia de construir ciertos consensos mínimos, de que el periodismo se comprometa con un análisis de los hechos y un respeto de los derechos básicos (como hizo el diario La Nación en su cobertura del disparo contra Pablo Grillo), deja de parecer una cuestión estética o una preferencia tibia para convertirse en lo que siempre fue: un asunto de vida o muerte.

TT/MF

El Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra cada 30 de enero desde 1964, cuando el mundo se une para conmemorar la vida del ícono del movimiento independiente de la India, Mahatma Gandhi (1869-1948), en el aniversario de su muerte.

La razón de la efeméride, pensada como una jornada de reflexión para los jóvenes de todo el mundo, es fomentar en las instituciones educativas valores y acciones orientadas a promover el entendimiento entre personas de distintas procedencias y modos de pensar.

Para Gandhi, la paz no era solo una postura conformista para evitar conflictos. Para él, la paz era el único camino que debían recorrer los seres humanos, para evitar la violencia y la injusticia en el mundo.

Por qué se celebra hoy el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

El poeta, pedagogo y pacifista español Llorenç Vidal instauró en 1964 el Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP) y decidió llevar a las aulas el pensamiento de Gandhi a través de una experiencia educativa de renovación pedagógica que en 60 años logró expandirse internacionalmente. Esta jornada de reflexión a favor de la paz, es reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia desde 1974 y por la UNESCO, una de las principales instituciones pertenecientes a la ONU desde 1993.

La no violencia busca resolver los conflictos sin recurrir a la fuerza. En un mundo marcado por la diversidad de pensamientos, culturas y creencias, la tolerancia se convierte en un puente indispensable para construir sociedades más inclusivas y respetuosas. Este día invita a las instituciones a enseñar a los jóvenes a valorar las diferencias, a entender que la diversidad es una fortaleza y no una debilidad.

Por otra parte, la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un estado de armonía donde prevalece la justicia y el respeto mutuo. Inculcar estos valores desde temprana edad es esencial para construir un mundo más justo y equitativo. Los docentes tienen un papel crucial en este proceso, ya que son modelos a seguir a la hora de guiar a sus alumnos hacia una comprensión más profunda de la importancia de la no violencia.

En el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, se llevan a cabo diversas actividades educativas, charlas, talleres y eventos que buscan sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de cultivar la paz desde sus propias vidas. Estas actividades no solo se limitan al ámbito académico, sino que también involucran a la comunidad en su conjunto y promueven la participación activa de padres, autoridades y otros actores sociales.

Además, la tecnología y la globalización acercaron a las personas de diferentes partes del mundo, pero también trajeron a cuestas nuevos desafíos y conflictos. En este contexto, la educación en valores se vuelve aún más crucial para formar ciudadanos conscientes de su responsabilidad en la construcción de un mundo más pacífico y sostenible.

Celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz no es solo recordar a Mahatma Gandhi y su legado, sino también renovar el compromiso colectivo de trabajar hacia un futuro donde la paz comienza en las aulas y se propaga a través del conocimiento y la comprensión mutua. Una educación inspirada en esta cultura, permite al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas.

NB

Menos represión y más escucha. Políticas públicas en lugar de “una mirada excluyente y violenta”. Ese fue el reclamo emitido desde la Iglesia de Mar del Plata hacia el intendente local, Guillermo Montenegro, por los operativos desplegados en la ciudad para desalojar a personas en situación de calle en plena temporada de verano. A este planteo se sumó en las últimas horas un documento de juezas y jueces de todo el país referenciados con el Papa Francisco, en el que cuestionaron a quienes “promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública”.

En medio de la polémica por estos procedimientos y por los posteos del propio Montenegro en redes para amplificar su difusión, el jefe comunal del partido de General Pueyrredón fue denunciado además penalmente este viernes por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la socióloga e historiadora Dora Barrancos, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). 

En un mensaje conjunto, Cáritas, los centros del Hogar de Cristo y la Pastoral de las Adicciones de la diócesis marplatense, conducida desde diciembre por el obispo Ernesto Giobando, expresaron días atrás que “preocupa profundamente que las respuestas” institucionales hacia sectores vulnerables y personas en situación de calle “sean insuficientes” y que “muchas veces adopten un enfoque que prioriza la represión y el desalojo por encima de la escucha, el cuidado y la dignidad”. 

Cuestionaron que se aplique “una mirada excluyente y violenta” y reclamaron “políticas públicas que verdaderamente promuevan la inclusión y reconozcan a cada persona como sujeto de derechos”.

“Desde el Evangelio de Jesús, reafirmamos que las personas en situación de calle no son un ´problema´ que deba resolverse, sino hermanos y hermanas que merecen respeto, reconocimiento en su dignidad y acompañamiento”, señaló el comunicado. Exigió en ese sentido “un pacto social que coloque a los más vulnerables en el centro de las prioridades, desplazando la indiferencia y rechazando la violencia institucional como respuesta a la pobreza”.

“La calle no es un lugar para vivir”

En la misma línea, magistrados y magistradas que integran el capítulo argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) advirtieron sobre las expresiones de funcionarios “particularmente de las ciudades de Mar del Plata y de Buenos Aires” sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional. 

A través de un documento titulado “La calle no es un lugar para vivir”, estos jueces y juezas referenciados con el pensamiento del Papa Francisco señalaron que si bien “la población comparte que la calle no es un lugar para vivir, ni para pernoctar, ni alimentarse, ni criar a los hijos”, existen “diferencias en los ‘métodos’ para solucionar el problema como parecería surgir a raíz de las declaraciones de diversos funcionarios locales con responsabilidad en la materia”.

Aseguraron en ese sentido que “quienes promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública se desentienden de su destino final”, y que “si bien se alega que existe asistencia móvil en las calles y refugios, lo cierto es que muchas veces estos dispositivos son insuficientes o inadecuados al punto que las personas en situación de calle prefieren la degradante condición de permanecer en las calles antes que utilizarlos”. 

Los jueces señalaron que “es necesario pensar mejor cómo asistirlos en la inmediatez y cómo abordar su situación en forma integral para revertirla”. Subrayaron además “la falta de atención a su salud” en los casos de personas con padecimientos mentales o con consumos problemáticos, y exigieron a los funcionarios responsables “que presenten propuestas realistas, conducentes, de calidad y que respeten las normas vigentes, fundamentalmente los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional”.

Nueva denuncia 

Además de apilar estos cuestionamientos en los últimos días, Montenegro fue denunciado este viernes por apología del delito, omisión de denunciar, racismo y discriminación. La presentación judicial fue realizada por la CPM y la regional marplatense de la APDH, que pidieron que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia institucional en los procedimientos desplegados por personal de la Secretaría de Seguridad municipal contra gente en situación de vulnerabilidad, así como personas que realizan actividades informales en la vía pública como limpiar vidrios en los semáforos y cuidar autos estacionados.

De acuerdo a la denuncia de casi 20 páginas presentada ante la Fiscalía General del Departamento Judicial Mar del Plata, en los últimos días “diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas” en esta situación y esos hechos “fueron convalidados y reivindicados por las autoridades” e “incluso el intendente omitió denunciar agresiones físicas ejercidas por sus funcionarios y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias en sus redes sociales”. 

Los organismos señalaron que “funcionarios municipales han golpeado, amenazado y hostigado a personas en situación de calle, en condiciones de vulnerabilidad e indigencia”, y acompañaron su presentación con publicaciones y posteos de distintos procedimientos realizados y difundidos por la comuna y por Montenegro desde el inicio de 2025. 

La denuncia señala que “dichos operativos se desarrollan con violencia física y verbal que resulta injustificada y desproporcionada”. Subraya en ese sentido un video difundido y “festejado” por el intendente en su perfil de “X” en los últimos días, en el que “se puede apreciar cómo un agente municipal golpea” tras una discusión a un hombre que dormía en la vereda: “El intendente omitió realizar la denuncia penal correspondiente al ver que agentes municipales golpeaban a una persona en situación de calle. Por el contrario lo reivindicó y los apoyó haciendo apología de una conducta claramente delictiva”. 

La denuncia destacó además que el ex juez federal utiliza habitualmente en sus posteos en redes sociales “el mismo estilo, con expresiones xenófobas y discriminatorias” y un “tono desafiante” ante distintas presentaciones judiciales realizadas para detener  este tipo de accionar.

La CPM y la APDH denunciaron a su vez que los funcionarios que intervienen en estos procedimientos “se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales”. Subrayaron en ese sentido que “el mismo intendente las difundió en redes sociales y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de la comisión de delitos”.

“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales (efectivos policiales y agentes municipales), que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas”, señaló la presentación.

Los organismos consideraron que “la exaltación” por parte del intendente del PRO “de este tipo de accionar” que implica “la comisión de delitos y faltas respecto a los deberes de funcionarios públicos municipales”, es una “provocación fundada en el odio y desprecio” a las personas en situación de vulnerabilidad. 

La presentación va en línea un pedido de habeas corpus preventivo presentado días atrás ante el Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial Mar del Plata, por parte del abogado Julio Hikkilo –representante de la Casa de Trabajador marplatense–, y otro presentado por el titular de la Defensoría Pública 10 local, Mauro Giacomaso, ante el Juzgado de Garantías 2.

DTC

En 2024, el derecho a la protesta social en la Argentina enfrentó una de las mayores embestidas represivas de la democracia. Con la entrada en vigencia del protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023, se instauraron políticas de control que limitaron severamente las manifestaciones. El informe de Amnistía Internacional titulado "Un año de protestas" es un anuario que detalla un panorama alarmante de violencia institucional, criminalización de manifestantes y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Amnistía relevó 15 protestas reprimidas entre enero y septiembre de 2024. Estos eventos dejaron 1.155 personas heridas, de las cuales 33 sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, algunas perdiendo parcial o totalmente la visión. Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor.

Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor

El informe destaca casos paradigmáticos como el de Claudio Astorga, un manifestante que perdió parcialmente la visión de un ojo tras ser impactado por una bala de goma en la marcha frente al Ministerio de Capital Humano. Similar fue la experiencia de Diego Ricciardi, periodista herido en el mentón mientras transmitía en vivo. Estos ejemplos ponen de manifiesto la falta de protocolos claros para el uso de armas menos letales.

La resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, califica cualquier corte de vía pública como un delito flagrante, habilitando el despliegue policial inmediato. Esto incluye el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar manifestaciones. Además, permite iniciar demandas judiciales contra los manifestantes para que asuman los costos operativos de los despliegues policiales.

La normativa no solo vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, sino que también contraviene estándares internacionales. En enero de 2024, las Relatorías Especiales de la ONU exhortaron al gobierno de Javier Milei a revisar esta resolución, petición que fue ignorada.

El informe de Amnistía subraya el uso desproporcionado de la fuerza como práctica sistemática. Los gases lacrimógenos, muchas veces utilizados en espacios cerrados, causaron graves afectaciones respiratorias y dermatológicas, especialmente en adultos mayores, niños y embarazadas. Testimonios documentados relatan que los efectos de estos compuestos irritantes podían durar horas, causando dolor intenso y dificultad para respirar.

Por otro lado, las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores. Este patrón quedó registrado en varias manifestaciones, incluyendo la marcha de jubilados del 11 de septiembre, donde una niña de 10 años y su madre fueron rociadas con gas pimienta directamente en el rostro.

Las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores

La represión no solo apuntó a manifestantes. En al menos 15 protestas, periodistas y trabajadores de prensa fueron blanco de agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Diego Ricciardi, Agustina Binotti y Pablo Alonso son solo algunos de los nombres que resuenan en el informe como víctimas del accionar policial. SiPreBA y FOPEA denunciaron esta situación como una amenaza directa a la libertad de prensa.

En la Plaza del Congreso, el 1 de febrero, 35 periodistas resultaron heridos en un operativo que utilizó gases y balas de goma indiscriminadamente. “Proteger la función periodística y su integridad física es una responsabilidad ineludible del Estado”, señalaron las organizaciones de prensa.

Más allá de los números, las historias detrás de las cifras revelan el costo humano de estas políticas. Manifestantes que salieron a pedir por derechos laborales, educación pública o mejoras jubilatorias enfrentaron golpes, gases y balas como respuesta. El caso de Claudio Astorga, quien aún lucha por recuperar su visión, es solo uno entre muchos que reflejan la brutalidad de estas prácticas.

Consulta sobre la publicación de este informe, la ministra Bullrich dijo a la radio El Observador: “Amnistía Internacional no entiende nada. [Vivíamos en] un país que desde hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes”.

Bullrich se mostró indignada por el informe de Amnistía y dijo que en la organiazción “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros y que le pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban una parte de la plata de su salario? ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo? Bueno, nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología: la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos, víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.

La respuesta de Amnistía a Bullrich

Amnistía Internacional salió a responderle a Bullrich, con un posteo en X (Twitter): “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia”, resaltó.

Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos, investigando abusos y promoviendo justicia, libertad y dignidad. Actúa mediante campañas, informes y presión a gobiernos, buscando garantizar los derechos reconocidos internacionalmente para todas las personas.

La respuesta a la ministra de Milei continuó: “Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”.

Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web

Amnistía Internacional — en respuesta a las críticas de Patricia Bullrich

Y finalizó: “Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el protocolo antipiquetes”.

JJD

Frente a la Casa Rosada y al grito de “zurdo”, agredieron este martes a golpes al camarógrafo del canal IP Noticias Jorge Occhiuzzi mientras trabajaba cubriendo la salida del presidente Javier Milei en el primer aniversario de su llegada al sillón de Rivadavia. Según informaron desde ese medio, Occhiuzzi fue golpeado y arañado por un militante libertario.

La fuente añadió que “tuvieron que ser separados por cinco agentes de la Policía Federal Argentina” y que “afortunadamente no sufrió lesiones graves y el incidente no pasó a mayores”.

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (sipreba), señalaron: “La incitación a la violencia contra la prensa desde lo más alto del gobierno fue una marca del primer año de gestión de #Milei. Lo que le pasó al camarógrafo de @_IPNoticias es una muestra de las graves consecuencias que eso puede traer. Nos solidarizamos y volvemos a alertar”.

La Justicia condenó al Sindicato de la Sanidad a pagar más de $7 millones y costas por hechos de abuso sexual en el ámbito laboral cometidos por su superior de rango jerárquico hacia una empleada durante nueve años. La sentencia condena a la agrupación gremial que lidera Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT junto con Carlos Acuña, jefe del sindicato de empleados de estaciones de servicio (el otro triunviro, el camionero Pablo Moyano, renunció la semana pasada a ese puesto en la central obrera) a pagar la indemnización por despido, más daño moral y psicológico por la violencia sufrida por la mujer y por no haber hecho nada para detenerla, es decir, por incumplimiento de sus deberes como empleador.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada

La decisión corresponde al Juzgado Nacional de 1ª instancia del Trabajo Nº 73. El fallo fue dictado el lunes último, 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en contra del Sindicato de la Sanidad filial Buenos Aires, que lidera Daer, con la firma del juez Diego Fernández Madrid.

“Cuando mis abogadas me lo comunicaron tuve una mezcla de emociones muy difíciles de explicar. Alegría, lágrimas, alivio y por sobre todo paz. Sentí paz en mi alma, después de tanto dolor, tanta violencia. El proceso fue durísimo”, contó a elDiarioAR la demandante a la que llamaremos S. Z.

La víctima ingresó a trabajar al sindicato en 2013 a instancias del secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la República Argentina (ATSA), Héctor Ricardo Daer, y en 2022 se consideró despedida.

El fallo da por probado que su jefe inmediato, David Israel Cardozo, delegado de la entidad sindical en el Instituto Privado de Oncología “Alexander Fleming” y que luego ocuparía el cargo de Presidente, tenía un trato “peyorativo, despectivo e insultante”.

“Así se sentaba en su sillón, se apropiaba de su computadora ignorando su presencia, en una clara muestra de superioridad, le decía 'gorda', 'sucia', 'negra', etcétera. En más de una oportunidad tuvo que cerrar los cajones de su escritorio con llave porque sustraía documentación de trabajo tales como recibos y dinero del cobro de las capacitaciones y comprometía su tarea”. Además hubo dos situaciones de manoseos y violencia física, según el expediente.

Entre los hechos que configuraron hostigamiento, acoso y abuso sexual por parte de Cardoso, hubo:

Todos esos años, S. Z pidió ayuda a sus superiores Mónica Consoli (secretaria de Acción Cultural y Capación) y a Norberto Maschio (secretario de Prensa), pero lejos de ayudarla, respondieron en la misma línea de agresión y desprecio contra ella: “Cerrá todo con llave y métetela en el culo”.

En un momento, Maschio volvió a revictimizarla, le dijo que si Cardozo, su jefe inmediato, la tocó fue 1) porque él “lo permitió”, 2) “porque era mi amigo”, 3) porque “me rasqué el orto tres años”, 4) porque “era una simple empleada que hacía inscripciones y pertenecía a ATSA”, 5) porque “podían hacer lo que quisieran conmigo”, 6) “porque por el historial que tenés no podés quejarte, sabés que te trajo Daer”. Todo eso, acompañado de gestos descalificativos que daban a entender una presunta relación sentimental con aquel, que nunca existió.

A raíz de estas situaciones de violencia física y psicológica S.Z sufrió una serie de padecimientos psíquicos y físicos. Entre ellos insomnio, angustia, depresión, ataques de pánico, parálisis del brazo izquierdo; falta de apetito y su consecuente pérdida de peso y caída significativa del cabello.

El juez determinó en su fallo que “llamativamente, los superiores de la accionante (la secretaria Consoli y el secretario Maschio) estaban al tanto de los desagradables episodios vividos por aquella, y no hicieron nada al respecto”. “Como elemento adicional, resulta insoslayable que la actora fuera a denunciar esta cuestión ante secretario general (Daer) y tampoco tuviera respuesta satisfactoria. Dentro de este marco, cabe destacar que los actos de violencia que fue víctima la actora ocurrieron en el seno de una entidad sindical, lo que agrava aún más el cuadro de situación, porque precisamente su actividad es velar por la protección de los trabajadores”, dice el fallo.

El caso fue patrocinado por las abogadas Silvina Lico, Muriel Killian y Lorena Mambrud. En diálogo con elDiarioAR, Lico dijo que “lo importante de la sentencia radica en la perspectiva de género para fallar, especialmente en la apreciación de la prueba y la referencia a la ley 26.485, de Violencia hacia las Mujeres”.

Por otra parte, agregó, “responsabilizar a la parte empleadora por los abusos cometidos por su dependiente en el ámbito laboral refleja fielmente lo dispuesto por el Convenio 190 de OIT (Organización Internacional del Trabajo) encuadrándolo en un incumplimiento grave de su parte”.

“La persona que cometió estos abusos fue denunciado penalmente, pero es el sindicato el su rol de empleador el que debe garantizar que sus empleadas no sean víctimas de violencias de género o, en su caso, enterado de lo sucedido actuar en consecuencia. Es paradójico que en un sindicato la actitud adoptada sea intentar tapar todo y no hacer cargo a los responsables, como se intentó en este caso”, aseveró la abogada.

Finalmente, S. Z explicó que decidió accionar contra su empleador, y no solo contra el abusador, porque al ser mujer es “consciente de que el machismo es transversal a todos los espacios de la sociedad y son [los varones] quienes ocupan espacios de poder [y por lo tanto] los que tienen la responsabilidad de no mirar hacia otro lado”.

“Era la oportunidad de exponer e intentar poner fin con la cadena de violencia que vivimos las mujeres a diario”, sostuvo y agregó: “Como mamá no puedo permitirme el lujo de renunciar a cada trabajo en el que he estado expuesta a situaciones de violencia, y como mamá también es que siento la responsabilidad de dejarles un legado de valentía”.

SS/JJD

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, considera que el presidente argentino, Javier Milei, es un “negacionista serial” de los derechos humanos, sociales y económicos de la mayoría de la población y recomienda “estar muy alerta” para que no arrasen con ellos.

Díaz, que califica a Milei como “una persona profundamente conservadora, retrógrada”, en una entrevista telefónica con la agencia EFE en Madrid, denuncia cómo el presidente Milei “estigmatiza” y “violenta” con “un discurso de violencia política muy fuerte” hacia las mujeres y otros grupos, como el colectivo LGTBI.

Mujeres y colectivo LGTBI, en el punto de mira de Milei

Estela Díaz, feminista y militante de izquierda, critica que el Gobierno de Milei, en el poder desde diciembre de 2023, haya eliminado el Ministerio de Mujeres y “vaciado” de presupuesto políticas relacionadas con la mujer, lo que acarrea la “feminización de la pobreza”, “un fenómeno creciente muy grande en Argentina”.

Respecto al colectivo LGTBI, lamenta que la ola conservadora afecta, por ejemplo, al cupo laboral reservado por ley para personas travestis y trans y que ahora no se cumple, con un “discurso estigmatizante”.

Una situación “muy preocupante” que “habilita violencias”, concluye la ministra de la provincia de Buenos Aires, la mayor del país, con más de 18 millones de habitantes y gobernada por la izquierda, contrapeso político de Milei.

La sociedad, motor de defensa de los derechos

Díaz, en el cargo desde 2019, se muestra optimista con la respuesta social ante estos recortes y considera fundamental “la fuerza organizada” y “la resistencia” de sindicatos y organizaciones feministas ante “este ataque de la extrema derecha”.

En este sentido, enmarca el libro 'Por qué odian. Diálogos feministas en tiempos de ultraderecha', que presentará este jueves en Madrid y que considera “una herramienta militante” para contribuir al debate.

Díaz se reunirá en Madrid con la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, antes de viajar a Bilbao, donde tiene una agenda de encuentros institucionales y políticos.

La ministra bonaerense quiere diferenciar su agenda de la que mantuvo Milei en las dos ocasiones que visitó España, donde no desarrolló actividades oficiales y lanzó mensajes “muy agresivos hacia el Gobierno y la Presidencia”, agregó.

“Y ese no es el pensar del pueblo argentino y, por supuesto, tampoco de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

EFE.

IG

Al menos 62 personas han sido detenidas y cinco han resultado heridas esta madrugada en Ámsterdam tras enfrentamientos entre manifestantes contra la guerra en Gaza y un grupo de hinchas de fútbol israelíes que acudieron a la capital holandesa para un partido del Maccabi Tel Aviv FC contra el Ajax. Un portavoz de la Policía ha informado a EFE de que se está recopilando “la información verificada que pueda ser compartida” sobre lo ocurrido antes, durante y después del partido.

De momento, la Policía de Ámsterdam ha confirmado que más de una decena de personas han sido arrestadas por diferentes delitos, principalmente alteración del orden público, antes de que comenzara el partido de fútbol, cuando varios cientos de seguidores del Maccabi Tel Aviv FC se reunieron en la plaza Dam de la ciudad.

Por otro lado, se registró una manifestación autorizada por el Ayuntamiento contra la ofensiva israelí contra Gaza –que ha dejado más de 43.500 muertos en 13 meses– en una plaza de Ámsterdam ubicada a un kilómetro del estadio Johan Cruijff Arena. Algunos de los manifestantes trataron de dirigirse hacia el estadio, pero fueron retenidos por los agentes antidisturbios, que fueron atacados con fuegos artificiales, según una breve nota de la Policía, que ha señalado que un uniformado sufrió “daños auditivos”.

Finalmente, una treintena de personas fueron arrestadas por alterar el orden público y por portar o usar fuegos artificiales en esa manifestación. El portavoz de la Policía de Ámsterdam consultado por EFE no ha podido confirmar la identidad, nacionalidad o afiliación de los arrestados.

Este viernes, el llamado “triángulo” de Ámsterdam (conformado por la alcaldía, la Policía y la Fiscalía) ha señalado que la noche del jueves fue “muy agitada, con varios incidentes de violencia dirigidos contra los hinchas de Maccabi” en varios lugares de la ciudad, y ha informado de que los policías antidisturbios tuvieron que “intervenir varias veces, proteger a los hinchas israelíes y escoltarlos a hoteles”. “La magnitud de los incidentes, las víctimas y las detenciones está ahora bajo investigación”, ha agregado en la nota.

“Esta explosión de violencia contra los hinchas israelíes es inaceptable y no tiene ninguna justificación. No hay ninguna excusa para el comportamiento antisemita mostrado anoche por alborotadores que buscaron activamente a seguidores israelíes para atacarlos y agredirlos”, ha insistido el “triángulo” en su comunicado, pidiendo a todas las victimas acudir a denunciar.

Por su parte, la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, ha anunciado en una rueda de prensa que la ciudad queda designada como “área de riesgo de seguridad” y que las protestas quedan prohibidas este fin de semana. Halsema, que pertenece a la izquierda verde GroenLinks, ha calificado la violencia registrada anoche en la capital de “un crimen” que es “intolerable e incomprensible”, agregando que los ataques a los hinchas israelíes “traen el recuerdo de los pogromos”, un linchamiento organizado contra los judíos. “La ciudad está profundamente apenada, la cultura judía está gravemente amenazada” por esta “explosión de antisemitismo”, ha declarado, afirmando que se está investigando si la violencia fue “premeditada”.

Imágenes y videos no verificados que han circulado en redes sociales durante toda la noche muestran cómo seguidores del Maccabi Tel Aviv FC son perseguidos y agredidos por hombres enmascarados, así como a supuestos hinchas israelíes arrancando banderas palestinas y coreando consignas en contra de los gazatíes, y a favor de su exterminio en Gaza.

El Gobierno israelí ha denunciado el incidente y lo ha calificado de “muy violento”, asegurando que los hinchas israelíes fueron “emboscados y atacados” en Ámsterdam después del partido de la Liga Europa contra el Ajax, que terminó 5-0 a favor del equipo neerlandés.

El primer ministro holandés, Dick Schoof, ha expresado su rechazo a lo ocurrido anoche en Ámsterdam y ha dicho estar “horrorizado por los ataques antisemitas contra ciudadanos israelíes”, algo “completamente inaceptable” en su opinión. Schoof, que lidera un Gobierno donde la derecha radical tiene mayoría, también ha prometido a su homólogo israelí, Benjamín Nentayahu, que “los responsables serán identificados y llevados ante la justicia”.

Por su parte, la UEFA ha condenado este viernes firmemente los actos violentos ocurridos la pasada madrugada y ha anunciado que evaluará posibles actuaciones dentro de su normativa, una vez examine todos los informes oficiales. “Confiamos en que las autoridades competentes identificarán y acusarán a todos los responsables de tales acciones según sea posible”, ha señalado el organismo deportivo en un comunicado.

Con información de agencia EFE.

La atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, que participó en el maratón de los pasados Juegos Olímpicos de París, murió en el hospital de Kenia en el que ingresó después de haber sido rociada con gasolina y prendida fuego presuntamente por su novio, según informó este jueves el centro médico.

“Desafortunadamente la perdimos después de que todos sus órganos fallaran la pasada noche”, afirmó Owen Menach, director interino del Hospital Universitario y de Referencia Moi de Eldoret, en el oeste de Kenia.

El brutal episodio de violencia machista ocurrió el pasado domingo en el condado keniano de Trans Nzoia (oeste), desde donde la atleta, de 33 años, fue trasladada de urgencia al citado hospital con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

La Federación de Atletismo de Uganda (UAF, en sus siglas en inglés) también confirmó el deceso de la deportista, de 33 años. “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra atleta, Rebecca Cheptegei, esta mañana temprano, quien trágicamente fue víctima de violencia doméstica. Como federación, condenamos tales actos y pedimos justicia. Que su alma descanse en paz”, ha señalado la UAF en su cuenta de la red social X.

El agresor la roció con cinco litros de gasolina

Este domingo, el presunto agresor, Dickson Ndiema Marangach, se coló en la casa de Cheptegei con un bidón de cinco litros lleno de gasolina, según la Policía. La atleta había ido a la iglesia con sus hijos y, cuando regresó, el hombre le arrojó el combustible y le prendió fuego.

Los padres de la corredora, Joseph Cheptegei y Agnes Ndiema, indicaron que su hija, residente en Uganda, había comprado un terreno en el condado keniano y había construido una casa donde se alojaba durante sus entrenamientos.

Cheptegei falleció después de que el Gobierno de Kenia anunciara este miércoles planes para poder trasladar a la atleta a Nairobi con el fin de que recibiera tratamiento médico especializado dado su estado crítico.

“Se están haciendo esfuerzos para garantizar que la atleta ingresada en Eldoret sea trasladada en avión a Nairobi para recibir tratamiento especializado tras el desafortunado incidente”, aseguró el secretario de Estado de Deporte de Kenia, Peter Tum.

Cheptegei, que disputaba carreras desde 2010, participó en la prueba femenina de maratón en los pasados Juegos Olímpicos de París, donde acabó en la cuadragésimo cuarta posición. 

Su agresor, Dickson Ndiema Marangach, también sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y se encuentra ingresado en el mismo hospital de Eldoret.

Cheptegei vivió varios años en España

Rebecca Cheptegei llevaba más de una década formando parte de la selección ugandesa de fondo. Desde su debut en el campeonato mundial de cross de 2010 en categoría sub-20 la corredora pasó de correr distancias de mediofondo a especializarse en la ruta.

Cheptegei, afincada en España durante varios años, participó numerosas veces en competiciones nacionales, por ejemplo cuando fue segunda en el medio maratón de Madrid de 2011 o cuando ganó la Jean Bouin de Barcelona en 2013. Su mejora en la prueba de maratón llevó a Cheptegei a volver a la selección ugandesa en 2023 con un 14º puesto en el campeonato mundial de ese año y un puesto 44º en los Juegos de este año en París, su debut en una competición olímpica.

La violencia doméstica o en los hogares ha sido definida como la “epidemia silenciosa”. La escuela juega un rol clave para detectarla y abordar las problemáticas de niños y niñas que son víctimas de ella. Según el informe “Situaciones de violencia en los hogares: detección y prevención desde las escuelas”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, “la mitad de los alumnos del último año de primaria (53,3%) afirma que habla de temas de violencia y abuso con alguien de la escuela” a la vez que “el 15% de los estudiantes dice no hablar con nadie sobre estos temas”. El estudio también reveló que “las provincias con mayor porcentaje de alumnos que reportan hablar de violencia en la escuela son Misiones (60,1%), Formosa (58,9%), Chaco (57,7%) y Entre Ríos (57,3%)”.

“El informe plantea que la escuela juega un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares, con severas consecuencias en la salud mental y física de niños y adolescentes”, señalaron desde Argentinos por la Educación. “En las escuelas de gestión estatal, las provincias donde más directores declaran que tuvieron que intervenir en situaciones de violencia familiar son Tierra del Fuego (61%), CABA (55%), Jujuy (47%), Buenos Aires (46%) y Río Negro (43%)”, informaron.

A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal afirmó que en el último año tuvo que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes. Uno de cada cuatro (26%) directores de escuelas privadas informó que tuvo que intervenir en este tipo de situaciones.

“En las escuelas de gestión privada, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%). De todos modos, el informe aclara que estas cifras no necesariamente indican mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión de las escuelas a reportar y actuar ante las situaciones detectadas”, agregaron desde la organización.

A nivel nacional, el 44,2% de los alumnos dice que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, mientras que un 28,2% declara que le gustaría tener más información sobre esto. A su vez, el 45,4% afirma que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza.

Qué pasa con los episodios cuando no son urgentes

“Es alentador ver cómo la interacción entre docentes y alumnos genera un círculo virtuoso, donde el diálogo sobre temas sensibles con los educadores conduce a un mayor interés y demanda de información por parte de los estudiantes. Sin embargo, es preocupante que aún haya un porcentaje significativo de alumnos que no discuten estos temas con nadie. Además, se evidencia la necesidad de un mayor apoyo del Estado y de la sociedad civil para fortalecer el rol de las escuelas, no solo en la identificación y reporte de casos de violencia, sino también en la conexión de las familias con los servicios necesarios para prevenir y abordar esta problemática de manera integral”, señaló Mercedes Sidders, coautora del informe.

Además, explicó que las escuelas sólo suelen denunciar los casos de violencia más graves y urgentes. En cambio, los episodios de “mediana” gravedad no se reportan por temor a las consecuencias, especialmente en comunidades pequeñas donde realizar una denuncia puede tener un alto costo social o emocional para los docentes y directivos involucrados, o puede generar represalias por parte del adulto responsable del niño/a.

María Cecilia López, psicóloga especializada en el tratamiento del abuso sexual en la infancia, dijo al respecto: “La gran mayoría de niñas y niños víctimas de violencias temen pedir ayuda porque tienen terror a sufrir represalias peores de las ya vividas por parte de sus agresores: por lo general, sus propios padres, de quienes dependen económica, psicológica y emocionalmente para vivir. En este aspecto, resulta imprescindible la figura del docente a la hora de transmitir a las nuevas generaciones valores relacionados con la libertad de expresión y la desnaturalización de la violencia”.

“La naturalización de la violencia en los hogares y el miedo hacen que no sea sencilla la comunicación entre los estudiantes y su escuela. Es urgente que las instituciones educativas se vuelvan más competentes para prevenir y detectar conflictos y violencia, y a su vez puedan gestionar la ayuda pertinente”, planteó por su parte Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo.

Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying, aseguró: “Hemos notado una falta significativa en la implementación de protocolos de actuación, y cuando existen, a menudo carecen de capacitación y socialización adecuadas. Esto muchas veces conduce a que dichos protocolos queden relegados en el escritorio de algún directivo. Es crucial destacar que muchas escuelas están colaborando con otras instituciones como servicios sociales, centros de salud y ONGs para abordar integralmente la violencia en el hogar, y creemos que esta colaboración debe ser la norma para garantizar la protección y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes”.

La autoría del trabajo corresponde a Mercedes Sidders, de la Fundación Abrazar y Centro de Estudios para el Desarrollo Humano - UdeSA, y a Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén, del Observatorio de Argentinos por la Educación, que a través del documento confeccionado abordaron el rol de las escuelas en la prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, a partir de las respuestas de directores y estudiantes del último año de primaria a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021.

MM

Un niño de 13 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas después de que un hombre atacase con una espada este martes a varias personas cerca de una estación de metro en la zona de Hainault, en el este de Londres, según informó la Policía británica.

De los cuatro heridos, dos son agentes de Policía, que están hospitalizados y debieron ser operados, si bien sus vidas no están en peligro, mientras que las otras dos personas también están ingresadas en un centro sanitario, aunque no revisten gravedad.

Un hombre de 36 años fue detenido arrestado por el suceso, que se produjo a primera hora de este martes, en torno a las 8 de la mañana (hora de la Península). Las fuerzas del orden británicas puntualizaron que no buscan a ninguna otra persona en relación con el ataque y que este no es de naturaleza terrorista.

“La policía y otros servicios de emergencia están en Hainault, al este de Londres, en un incidente grave en el que un hombre con una espada fue detenido”, apunta el cuerpo. “En este momento, entendemos que el sospechoso atacó a otros ciudadanos y dos agentes de policía”, señaló esta mañana la Policía.

Un video ciudadano difundido por los medios británicos muestra al supuesto autor del ataque, un hombre con barba y ataviado con un buzo ocre de capucha, mientras camina con una espada de gran tamaño (del estilo de una katana japonesa) en la mano.

“Esta violencia no cabe en nuestras calles”

El primer ministro británico, Rishi Sunak, tildó el ataque de “incidente impactante” y subrayó que “esta violencia no cabe en nuestras calles”. En un mensaje colgado en su cuenta de X, el líder conservador aludió al suceso: “Este es un incidente impactante. Mis pensamientos están con aquellos afectados y con sus familias”, escribió Sunak.

Todas las víctimas fueron tratadas en el lugar de los hechos por los Servicios de Ambulancia de la ciudad, que los trasladaron posteriormente a un hospital, donde reciben tratamiento.

El jefe del Ejecutivo dio las gracias “a los servicios de emergencia por su continuada respuesta” ante lo ocurrido y rindió “tributo a la extraordinaria valentía demostrada por la policía en el lugar”. “Esa violencia no cabe en nuestras calles”, concluye el dirigente.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) indicó que no cree que el incidente guarde ninguna relación con terrorismo y descarta que exista ahora “una amenaza” en la zona de los hechos a raíz del suceso. “Esto debe haber sido un incidente aterrador para aquellos involucrados. Sé que la comunidad se estará sintiendo impactada y alarmada”, apunta el subcomisario Ade Adelekan en la nota.

La Met también descarta que exista “alguna amenaza” para la ciudadanía a raíz de este incidente, al tiempo que aseguró que no busca a más sospechosos y que lo ocurrido “no parece estar relacionado con terrorismo”. “Por favor, sigan las instrucciones de los agentes de la policía en la zona. Se ha detenido a un hombre”, señala el cuerpo.

El ministro británico del Interior, James Cleverly, aseguró a través de la red social X que está siendo informado del suceso y pidió que no se especule ni se compartan vídeos a través de internet, sino que se facilite la información relevante a la policía. “Mis pensamientos están con aquellos afectados, y agradezco a los servicios de emergencia”, posteó Cleverly.

Con información de la agencia EFE

Un alumno de 6 años llevó un arma cargada con siete balas a una escuela de Flores y la Policía de la Ciudad debió acercarse hasta el establecimiento para resguardar la situación.

Fue en la Escuela Primaria Común N°10 Ingeniero Octavio S. Pico, ubicada sobre la calle Lafuente al 500, cuando el menor le exhibió a un compañero una pistola calibre 22, que estaba cargada con siete balas.

Este último corrió hasta la maestra, le advirtió que el alumno tenía un arma y de forma inmediata la llevó hasta la dirección. En principio se creyó que era de juguete, pero, al ser revisada, se confirmó que era de verdad.

Con este escenario se activó el protocolo correspondiente y efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta el edificio para secuestrar el arma y poner a resguardo a los alumnos.

Desde la institución confirmaron que el menor nunca maniobró el arma sino que se la mostró a su compañero que, rápidamente, avisó a las autoridades.

“El equipo directivo puso en marcha inmediatamente los protocolos correspondientes, llamando a los supervisores, a la policía, a la guardia de abogados, y también se puso en contacto con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que intervenga en el caso. Personal del Consejo se hizo presente en la escuela y llevó al menor a la sede de Martín García 464. El chico fue acompañado por la directora de la escuela. El caso ya se encuentra judicializado”, informó el Ministerio de Educación.

El caso quedó a cargo de la jueza en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Laura De Marinis, que trata de saber por qué el alumno tenía en su mochila la pistola.

Una mujer atacó a un Policía de la Ciudad en Floresta

Una mujer atacó a un efectivo de la Policía de la Ciudad e intentó sacarle el arma reglamentaria en el barrio porteño de Floresta en claro estado de alteración.

El hecho ocurrió días atrás, pero recién en las últimas horas trascendió en redes sociales y, en las imágenes, captadas por un vecino, se observa a la agresora, una mujer de 29 años, en pleno ataque contra el agente en el cruce de las calles Portela y Ramón Falcón.

Todo se inició cuando la mujer tiró piedras contra las viviendas de la zona, los vecinos llamaron al 911 y un agente de la Ciudad se acercó para tranquilizarla.

Pero, la situación se salió de control y la mujer comenzó a gritarle, lo empujó y hasta se inclinó varias veces para sacarle el arma.

Al no poder detenerla, tuvieron que llegar otros siete efectivos de la Comisaría Vecinal 7C que lograron detenerla después de también ser agredidos.

Al ser identificada, se comprobó que tenía antecedentes por los delitos de amenazas coactivas, estafas, robo agravado por uso de arma, oferta y demanda de sexo. Además, un historial de consumo problemático de sustancias psicoactivas.

La Policía de la Ciudad confirmó que, a pesar de que no resultó herida, fue trasladada al Hospital Piñero.

Con información de NA.

IG

Rosario empezó esta semana totalmente paralizada por voluntad del crimen organizado, como nunca antes. El domingo a la noche, tras los violentos crímenes de los últimos días, con sello narco, se había convocado a una protesta en el Monumento a la Bandera, a la que fue muy poca gente porque la mayoría no se anima a salir a la calle. No hay transporte público, no hay taxis, no se puede cargar nafta. Y al menos este lunes no hubo clases porque los docentes decidieron que no se debe mandar a los chicos al colegio por la situación permanente de riesgo de vida. No hay atención en los centros de salud. “Es como estar en pandemia”.

La descripción es de Germán de los Santos, periodista especializado en delito y mafias, autor del libro Los Monos y corresponsal en Rosario del diario La Nación. En una conversación con los periodistas Juan José Domínguez, Hernán Cappiello y Ariel Cohen en Gambito de Datos (Radio Con Vos), analizó la dura situación de una de las principales ciudades del país frente a la violencia asociada al tráfico de drogas, sostuvo que la causa de la ola de violencia de los últimos día fueron ciertas acciones de endurecimiento del gobierno del radical Maximiliano Pullaro y subrayó que esa ola es producto de un trabajo mancomunado de las organizaciones.

—Últimamente, ¿hubo mayor presencia de fuerzas federales en las calles?

—No, todavía no llegó nada, y van a tardar los gendarmes en llegar a Rosario. La ministra de Seguridad [Patricia Bullrich] y el ministro de Defensa [Luis Petri] hasta ahora han hecho actos para mostrar gendarmes pero no para que realicen tareas operativas. De hecho, hay menos gendarmes que el año pasado. Y, sobre todo, hay un problema estructural en la Gendarmería: no tienen móviles. Hasta la semana pasada había acá 11 patrulleros de gendarmería. Incluso la Provincia de Santa Fe le prestó autos a la Gendarmería. Esto, además, admitido por la propia ministra, que no tienen autos. Por eso, esta participación de las Fuerzas Federales es en la cesión y el apoyo de vehículos, porque estamos hablando de que la principal fuerza federal de la Argentina no tiene patrulleros.

—Germán, recordemos que hasta ahora se han contabilizado en esta última oleada de ataques contra la población civil, la muerte de dos choferes de taxis, la muerte de un chofer de colectivos y el asesinato a mansalva de un playero de una estación de servicio.

—Claro, con cosas muy llamativas en el medio: en los casos de los dos taxistas que asesinan el martes y el miércoles se usó la misma pistola. Las balas fueron compradas por la Policía de Santa Fe, tenían una inscripción de la Policía de Santa Fe, con lo cual, eso es muy llamativo. La investigación no llegó a una hipótesis muy depurada. Hay unos 20 detenidos en las en las últimas horas pero llama mucho la atención.

—¿Esas detenciones son para ser número o está ahí alguien responsable verdaderamente?

—Bueno, esa es lo que ahora la Justicia tiene que depurar: de todas esas personas detenidas, quiénes habrían tenido una participación real en esto. La Justicia, cuando actúa con estos espasmos, muchas veces hacen detenciones así, sin mucho, sin mucha precisión. Pero llama mucho la atención esto y también cómo lo matan al colectivero: un joven para el colectivo, se sube y automáticamente le dispara a la cabeza.

—De locos...

—O sea, sube a matar al colectivero. Como el sábado en en la estación de servicio: un sicario que entra a una pequeña oficina de la estación de servicio y lo ejecuta a un joven de 25 años de forma bestial. Son asesinatos que no tenían otro móvil que el de generar pánico y terror.

—Los narcos, en mensajes que han dejado después de estos crímenes, dicen que esto es contra el gobernador, el ministro de seguridad, pero en reclamo de qué, de mejores condiciones de detención...

—Ni bien asumió, Maximiliano Pullaro hizo toda una reestructuración entre los presos de alto perfil en la cárcel de Piñero, que es la principal penitenciaría de Rosario, y ahí se restringieron las visitas, del uso de teléfonos celulares, se hacen requisas muy exhaustivas, y esto generó respuestas en la calle que empezaron con amenazas al gobernador, algunos ataques a un hospital, a un banco, a una escuela, pero después esto fue subiendo de tono. Y el detonante fue una requisa que se hizo el sábado pasado en la cárcel de Piñero, muy fuerte, que incluso se filmó; fueron esas imágenes que publicaron muchos medios de comunicación con esa estética de lo de Bukele en las cárceles. Y automáticamente empezaron estos crímenes. En esos carteles que se dejaron hablan de humillación y ahí hay un dato ahí muy importante: se habla de una unión de bandas de narcos.

—¿Es para creerle a esos mensajes, que hay esta alianza entre las organizaciones de narcos? Porque hasta ahora se mataban entre ellos. Competían.

—En el gobierno estaban manejando desde antes esta hipótesis porque estaban sospechando, incluso, sobre participaciones de distintas bandas en hechos que tienen, todos, la misma relación. Entonces se analizó que están actuando de forma mancomunada. Posiblemente se sigan matando, pero en esto están todos juntos.

—¿Qué solución le ves vos a esto? ¿Pasa por generar una mayor intervención sobre las organizaciones? ¿Despenalizar el consumo de estupefacientes? ¿Por dónde va la cosa, si tuvieses vos que ensayar velozmente alguna solución?

—Yo soy periodista, cuento. Si no, me propondría para otra cosa. Pero lo que veo es que el fracaso es recurrente y que pasan los distintos gobiernos y las estrategias son las mismas, que es enviar gendarmes a Rosario, que mayormente lo que hacen son controles vehiculares, patrullajes en algunos barrios. En algún momento baja un poco la violencia y después vuelve a activarse todo, porque la raíz nunca termina de afectarse. Y hoy el problema está en las cárceles, que eso es un fenómeno también nuevo en la Argentina, que hasta ahora el Estado, cuando investigaba, condenaba a una persona porque había cometido un delito y se desligaba porque iba a la cárcel. Ahora empieza otro problema en los penales, que es que los presos se organizaron y esto pasa en otros países también.

JJD

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó al Comité de Crisis por los aumentos de casos de delitos terminados en homicidio y la violencia que sufre la ciudad santafesina de Rosario, como consecuencia de la penetración del narcotráfico.

En una resolución publicada este viernes se indica que la funcionaria y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su carácter de copresidentes del Comité de Crisis, le solicitarán al ministro deDefensa, Luis Petri, “el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en la ciudad de Rosario”.

El Comité de Crisis, de acuerdo con la Resolución 127/2024, “será presidido por la Ministra de Seguridad y copresidido” por Pullaro, “y estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Bullrich y Pullaro, dice la disposición oficial, “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. “El Comité de Crisis funcionará hasta el 9 de julio de 2024 y podrá prorrogarse por decisión de los copresidentes”, se agrega.

En los consideración de la resolución se subraya que “en los últimos días se han producido en la ciudad de Rosario hechos delictivos de extrema gravedad, que generaron una situación de conmoción social, lo que hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado nacional y de la Provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior”.

El jueves, en efecto, un chofer de la línea K de trolebuses de Rosario fue baleado en la cabeza por un sujeto que se hizo pasar por un pasajero. El conductor se fue internado y se encontraba en grave estado. Frente a este caso de inseguridad, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de transporte urbano e interurbano por tiempo indeterminado.

Este hecho se produjo horas después de que mataran a dos taxistas en Rosario. La primera víctima fue Héctor Figueroa (43 años), quien el martes fue asesinado a balazos a las 23 tras dejar a un pasajero, que se bajó en Flammarión y Lamadrid, donde se escapó con el asesino.

Al día siguiente al mismo horario, a Alejandro Celentano (32) lo encontraron sin vida con un disparo en la cabeza tras llevar a dos clientes a Marcelo T. de Alvear y Garmendia. Luego, los autores del crimen escaparon.

El corresponsal del diario La Nación en Rosario, Germán de los Santos, especializado en temas de narcotráfico, marcó un dato relevante: ambos ataques se cometieron con sello mafioso y usando balas de la policía.

JJD

Tener que acudir a la justicia para exigir el aumento de la cuota alimentaria cada vez que se deprecie su valor no sólo es un sinsentido sino que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de celeridad y economía procesal. Principios rectores en los procesos que implican la protección de los derechos de las infancias y que se vuelven aún más relevantes en contextos de crisis. Hay una línea que conecta la violencia económica de género y la postura de los operadores judiciales frente a incumplimientos de la cuota alimentaria.

En el complejo entramado de la sociedad argentina, la violencia económica de género al manifestarse presenta grandes desafíos para la unidad económica familiar. La falta de cumplimiento de la cuota alimentaria emerge como un indicador claro de las tensiones financieras familiares, y la actuación de la justicia desempeña un papel crucial. La respuesta judicial no solo define el acceso a recursos básicos para mujeres e infancias, sino que también revela la capacidad del sistema para abordar de manera justa los desafíos socioeconómicos en este momento crítico para el país. 

Los “lentes violetas” pueden ayudar a ver las cadenas invisibles. Las formas más invisibilizadas de violencia basada en género. Esas cadenas no son simples de soltar. Están forjadas a partir de estructuras de desigualdad muy sólidas, de larga data, que demandan un trabajo arqueológico, pesado pero sobre todo una voluntad política determinada a erradicarlas.

La violencia económica de género da cuenta de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, perpetuadas por roles y estereotipos de género. Estos menosprecian la contribución de las mujeres en el hogar y sociedad, infravaloran sus capacidades económicas y, en el contexto judicial, puede tener un impacto negativo y desproporcionado en los hogares, especialmente en casos de reclamo de alimentos. 

En el 2023 el 59% de los hogares monomarentales destinaba la mayoría de sus ingresos a pagar deudas o atrasos, según datos oficiales (CEPAL y DNEIyG, 2023). Además, en el 2022 la tasa de pobreza en estos hogares alcanzaba el 53%. En un contexto donde el sostén de la familia se complejiza cada vez más y las canastas básicas de alimentos e insumos para el inicio de ciclo lectivo escalan a precios que no tienen relación proporcional con los salarios, el abordaje efectivo de las realidades de las mujeres y las infancias se vuelve el piso mínimo exigible al reclamar justicia. 

Recientemente, los organismos regionales de derechos humanos han enfatizado la importancia de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos que considere las realidades que enfrentan las mujeres, así como las decisiones judiciales en el contexto actual.

A propósito de la importancia de este enfoque, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una decisión que reducía la cuota alimentaria y eliminaba la actualización semestral, argumentando que el ajuste automático basado en el aumento del costo de vida viola la prohibición legal de indexar deudas establecida por la Ley de Convertibilidad n° 23.928.

La Corte consideró que la actualización de la cuota alimentaria tenía como objetivo preservar su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Explicó que la obligación alimentaria deriva del ejercicio de la responsabilidad parental, buscando la protección integral de la infancia y vinculándose directamente con el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. Esta interpretación tuvo en cuenta las normas civiles, su propósito y el posible impacto en los derechos fundamentales de una niña.

Además de ofrecer una interpretación relevante, la Corte estableció un criterio útil para casos futuros. Criticó que la madre debiera iniciar procesos judiciales periódicos para demostrar la insuficiencia del monto. Desde esta perspectiva, la Justicia no debió anular la actualización semestral sin proponer un mecanismo alternativo que tenga en cuenta que, debido a la inflación, el valor de la prestación alimentaria disminuye significativamente con el tiempo.

La decisión destaca la posibilidad de que el proceso judicial se convierta en un escenario dónde persiste la violencia, instando a los operadores judiciales a abordar con precisión tales circunstancias. La Corte resalta la dificultad probatoria y la necesidad de establecer parámetros realistas en el actual contexto económico. Vale la pena entonces retomar algunas herramientas que existen hoy día y que están a disposición de la justicia.

Tal es el caso de la canasta de crianza, un insumo para considerar para la organización y planificación familiar, que ofrece un valor de referencia sobre los gastos dedicados por las familias a alimentos, vestimenta, vivienda, traslados y cuidado de las infancias.

Las decisiones judiciales que emplean este índice priorizan la celeridad en los casos de alimentos, dada la impactante repercusión que tienen en los hogares. Se consideran edades y contextos familiares, reconociendo el valor económico de las tareas de cuidado, especialmente para las madres. Además, se destaca la importancia de ajustar las cuotas alimentarias según los informes periódicos del INDEC.

El Índice de crianza resulta una herramienta que suministra datos objetivos sobre los gastos esenciales en el día a día familiar. Su utilidad es crucial cuando no se disponen de pruebas precisas para evaluar las necesidades a satisfacer y la capacidad económica del alimentante al determinar el valor de la cuota.

Pagar tarde o no pagar la cuota alimentaria constituye violencia económica, y esto agrava las situaciones de violencia que pueden vivir las mujeres e infancias en sus hogares. El impacto de la crisis y los aumentos de precios no dejarán de afectar a todas estas familias. Lo mínimo que podemos demandar es un abordaje realista a la hora de garantizar el derecho de acceso a la justicia. Lo máximo es lo que la realidad exige y tenemos con qué. 

La autora es abogada del área jurídica de ELA.

AC/DTC