Las trabajadoras sexuales realizaron un paro nacional contra los femicidios y la precarización

Bajo la consigna “La clandestinidad mata”, las trabajadoras sexuales realizaron este martes 3 de noviembre un paro nacional para exigir justicia por los femicidios de sus compañeras y denunciar las condiciones de precariedad, persecución y violencia en las que desarrollan su actividad. La medida, convocada por el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina (AMMAR), incluyó una intervención frente al Congreso de la Nación y distintas acciones en el país, con el objetivo de visibilizar una problemática que, según la organización, permanece relegada de la agenda pública.

La protesta fue impulsada por una sucesión de femicidios que tuvieron como víctimas a trabajadoras sexuales. Durante octubre fueron asesinadas Bárbara Camila Aragón en Rosario, Daniela del Milagro Villalba en Córdoba y Tatiana Micaela Fernández en la Ciudad de Buenos Aires. La organización también incluyó entre los casos que motivaron la convocatoria la muerte de Paola Vallejos, ocurrida en Costa Azul, provincia de Buenos Aires, que continúa bajo investigación judicial. A ellas se suman Débora Bordón, asesinada en agosto en Rosario, y Rachel, asesinada en junio en el barrio porteño de Constitución.

“Paramos para que dejen de matarnos. Paramos para denunciar la violencia institucional, la precariedad laboral, la pobreza estructural y porque la clandestinidad mata”, señala el documento difundido por AMMAR y leído durante la jornada, en un acto del que participaron la periodista Nancy Pazos y la historietista Maitena.

La organización sostiene que la falta de reconocimiento del trabajo sexual, sumada a las restricciones que pesan sobre los espacios donde se ejerce, ha empujado a muchas mujeres a trabajar de manera aislada y en condiciones cada vez más inseguras. En la Argentina, el ejercicio autónomo y voluntario del trabajo sexual por parte de personas adultas no constituye un delito, pero no existe un marco de reconocimiento laboral específico. Las normas contra la trata y la explotación sexual, además de distintas regulaciones sobre los espacios de trabajo, forman parte de una discusión que atraviesa desde hace años al movimiento feminista y a las organizaciones del sector.

Para AMMAR, esas políticas terminaron criminalizando también las formas de organización colectiva que las trabajadoras habían construido para protegerse. “En los departamentos sufrimos allanamientos, robos, persecución y desalojos”, denuncia el documento, que también advierte sobre la emergencia habitacional y los sobreprecios que deben pagar muchas mujeres para acceder a una vivienda.

En el caso de quienes trabajan en la calle, la organización denuncia requisas vejatorias, robos, abusos sexuales y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. También cuestiona los operativos policiales de saturación en distintos barrios y las restricciones a la publicación de avisos y a las formas de organización autogestionada mediante plataformas digitales.

La secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, explicó que la decisión de convocar a una huelga surgió de una asamblea federal y que implicó un desafío particular: organizar una medida de fuerza en una actividad que no cuenta con reconocimiento laboral, convenios colectivos ni empleadores tradicionales. El paro, por eso, adoptó diferentes modalidades, desde el cese de actividades hasta asambleas, intervenciones públicas y campañas en redes sociales.

Uno de los ejes centrales de la protesta fue la denuncia de la violencia institucional y de los discursos que, según la organización, contribuyen a naturalizar las agresiones contra las trabajadoras sexuales. En el documento se menciona especialmente un ataque ocurrido días atrás en Palermo, donde un grupo de adolescentes golpeó y acorraló a mujeres que trabajaban en la zona y difundió videos de las agresiones en redes sociales.

AMMAR también cuestionó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por sus exigencias tributarias sobre los ingresos obtenidos mediante plataformas digitales. La organización denuncia una contradicción entre la falta de reconocimiento laboral y las obligaciones impositivas que se les pretende aplicar. “No nos reconocen como trabajadoras, pero pretenden explotar e incautar nuestros ingresos”, sostiene el documento.

La jornada incluyó una intervención frente al Congreso, con la participación de referentes sindicales, artistas y comunicadoras. Entre ellas estuvo Nancy Pazos, quien participó de la lectura del pronunciamiento colectivo. También se organizaron actividades en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, San Juan, San Luis, Formosa, Santa Cruz y Jujuy, entre otros puntos del país. Las modalidades incluyeron concentraciones, radios abiertas, asambleas y acciones en redes sociales, donde se convocó a utilizar la imagen de un zapato de taco rojo como símbolo de la protesta.

El reclamo se inscribe además en un contexto más amplio de violencia de género. En el documento, AMMAR menciona el asesinato de Nancy Godoy, la docente rural de Corrientes cuyo femicidio provocó movilizaciones y un paro docente, y vincula ambos casos con las consecuencias de la precarización y la ausencia de políticas públicas.

“Nos sumamos al pedido de justicia por Nancy y por todas: nos mata la precariedad, nos mata la ausencia del Estado y nos impacta directamente esta crisis estructural que rompe el tejido social”, expresa el pronunciamiento.

Más allá de la denuncia de los asesinatos, AMMAR busca instalar nuevamente el debate sobre el reconocimiento del trabajo sexual. La organización informó que semanas atrás presentó en el Parlamento del Mercosur una iniciativa para recomendar a los Estados que garanticen derechos, eliminen las distintas formas de violencia y reconozcan la actividad. Ahora reclama que esa discusión llegue al Congreso argentino.

El planteo forma parte de una disputa que atraviesa al feminismo y a las políticas públicas desde hace décadas. Mientras las organizaciones de trabajadoras sexuales reclaman el reconocimiento laboral como una herramienta para combatir la clandestinidad y ampliar derechos, los sectores abolicionistas sostienen que la prostitución constituye una forma de explotación y cuestionan su regulación como trabajo. AMMAR insiste en que las propias trabajadoras deben participar de cualquier debate sobre las condiciones en las que ejercen la actividad.

“Queremos ser nosotras las interlocutoras directas con la sociedad para hacer oír nuestras demandas”, señala el documento, que reivindica las redes comunitarias y de cuidado construidas por las trabajadoras como una forma de resistencia frente a la desprotección estatal.

La jornada concluyó con una exigencia que atravesó todas las intervenciones: terminar con los femicidios, los desalojos y la violencia contra las trabajadoras sexuales. Y con una consigna que resume el sentido político del paro: “No queremos que sigan hablando de nosotras sin nosotras”.

CRM