La violencia y abusos sexuales contra las mujeres y niñas de los pueblos originarios en el noroeste argentino es una situación que se repite desde hace años. Sin embargo, en el último tiempo se visibilizó y puso en evidencia una situación dramática. Solo en el departamento de Rivadavia, al norte de Salta en el límite con Bolivia, se registraron 27 ataques, tres pudieron hacer la denuncia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, la violencia hacia mujeres y diversidades indígenas se evidencia con un nuevo caso que demuestra el desprecio por el género, sino también el odio racial y étnico.

Semanas atrás, una nena de 12 años de la comunidad wichí de Santa Victoria Este, en Salta, fue atacada a golpes y permanece internada con signos de abuso sexual. El caso evidencia la realidad que viven esas mujeres y niñas. Camuflado bajo la excusa de prácticas históricas o culturales, en esa zona se reitera la violencia y los abusos sexuales por parte de criollos, a los que a veces también se suman los hombres de las mismas comunidades. Una violencia que se profundiza al no tener acceso a la justicia, por desconocimiento, por la distancia que generan el lenguaje, pero sobre todo por la discriminación y maltrato de funcionarios y funcionarias.

El 4 de noviembre, la madre encontró a la nena a menos de 100 metros de la Escuela 4670 de Bajo Grande. Estaba tirada, golpeada, tenía heridas de exposición ósea en la cabeza, marcas en las piernas y sangrado en la zona genital. La trasladaron en un vuelo sanitario al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, a 160 kilómetros de su pueblo. Allí, le aplicaron los protocolos para casos de abuso sexual infantil y continúa internada. Por el ataque se investiga a un menor, que fue detenido y luego liberado, y a otros tres adultos.Tras la agresión, se presentó una proyecto para incluir la modalidad de violencia a mujeres indígenas en Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Si bien desde el hospital no pueden dar información sobre el cuadro de salud de la pequeña por disposición de la justicia, fuentes gubernamentales le confirmaron a este diario que permanece estable en proceso de recuperación. La causa, que está bajo secreto de sumario, está a cargo del juez de la Sala II del Tribunal de Juicio con competencia en Menores de la ciudad de Tartagal, Anastasio Vázquez Sgardelis, que investiga el delito de “lesiones graves y presunto abuso sexual”.

 El caso se enmarca en un ataque sistemático a las mujeres y niñas originarias de Salta. En enero, se conoció el femicidio de Pamela F., de 12 años, también de la nación wichí, que fue encontrada en la Ruta Nacional 81, cerca del acceso a Pluma del Pato. Por el femicidio se detuvo a un adolescente de la comunidad y se investiga a un criollo. Meses después, en marzo, el cuerpo de  Florencia T., de 14 años, fue encontrado en las cercanías de la Ruta Provincial 5 en Pichanal, Orán. La nena, que vivía en condiciones de extrema pobreza, era huérfana de madre y había sido abusada años antes. Por el femicidio se investiga a un criollo. En 2015, se conoció el Caso Juana, otra niña wichí de 12 años con discapacidad mental, que fue violada por un grupo de ocho criollos en Alto La Sierra, Santa Victoria Este. Seis años después, en 2021, se inició una campaña solidaria para cercar la vivienda de la familia ante las amenazas y para denunciar el abandono del Estado provincial.

La enumeración es dolorosa. En Santa Victoria Este, perteneciente al departamento Rivadavia, la luchadora wichí fallecida Octorina Zamora relevó este año 27 casos de ataque sexuales grupales. Solo en tres casos pudieron hacer la denuncia. Octorina fue una militante por los derechos humanos y especialmente por los derechos de las mujeres e infancias wichí que falleció en junio de este año. Fue una de las primeras voces que reclamó públicamente la reparación del daño causado por los abusos de los criollos a niñas y mujeres indígenas llamado por algunos sectores “chineo”. A principios de 2022 después del femicidio de Pamela F., Octorina impulsó un grupo de trabajo con personas de distintos sectores del Estado. Se armó una Mesa interministerial en el que jueces y fiscales se acercaron a la comunidad para escuchar los casos, algo que no continuó. 

El delegado provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Salta, Gustavo Farquharson, recordó ese episodio y explicó que una de las situaciones que agravan el problema es el acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas. “Cuando fue el femicidio de Pamela, se hizo una asamblea de mujeres y  la comunidad hablaba de la desinformación y de no saber a dónde acudir para acceder a los servicios de la justicia. Se necesita que los mecanismos del Estado tengan más presencia territorial”, afirmó en diálogo con este diario. 

La directora de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta, Isabel Soria, también valoró el trabajo de Octorina tras las denuncias. “A través de esta mesa se logró recibir más de 25 denuncias de mujeres en Pluma de Pato y se logró que vayan jueces y fiscales al territorio a escucharlas. Hoy eso ya no existe. Funcionó cuando ellas se sintieron cómodas y protegidas en su hábitat. Esto fue este año, pero no tuvo continuidad en la Justicia en este tema. Es lo que buscamos que sea la Justicia la que se acerca a estas comunidades para tomar las denuncias desde otro espacio”, dijo en diálogo con elDiarioAR. 

Soria se quejó del accionar del poder judicial en general, que también se repitió en el caso de la nena atacada este mes. “Se ha pedido intervención porque hasta el momento en que se había involucrado la Secretaría de Justicia, no había intervenido la justicia ordinaria. Se hicieron los informes y se mandó a las asesorías y fiscales y de ahí se empezó a intervenir. Hablamos de la lentitud: si no hay denuncia no actuamos. Esas son las cuestiones con las que tenemos que lidiar desafortunadamente a falta de la perspectiva de género que existe en la justicia”, indicó.

La carga del racismo

En los primeros días de noviembre, después del ataque a la nena, la senadora nacional del Frente de Todos Nora Giménez presentó el proyecto de ley de Protección Integral de las Mujeres Indígenas “Octorina Kajianteya Zamora Niyat”. La iniciativa, que se venía trabajando con anterioridad, propone la modificación de cuatro artículos de la Ley Nacional 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres para incluir la modalidad específica de violencia que sufren las mujeres, adolescentes, y niñas indígenas en sus diferentes formas. 

Desde el INADI acompañaron la medida para que se sume también la perspectiva de los pueblos originarios. “Se debe incluir no solo desde los mecanismos de justicia, sino también desde las políticas públicas. En lo personal también pienso que se debe modificar en el Código Penal, se tiene que tipificar y debe haber una figura que agrave las penas en caso de abuso sexual y violencia de género de mujeres y niñas indígenas. Cuando hablamos del abuso de un criollo sobre una mujer indígena está la carga de racismo y de dominación de un pueblo sobre otro”, explicó  Farquharson.

El presidente de la Fundación Volviendo a Casa de Tartagal, Marcelo Nieto, dijo que en este caso hay interseccionalidad de violaciones de derechos “porque son distintos, varios y más de uno”. “Primero porque se trata de una niña de género femenino, la segunda es que se trata de una población empobrecida con escasos recursos económicos que vive cerca de la miseria. La tercera es que se trata de una nación originaria que se encuentra en disparidad con respecto a los criollos del pueblo. Acá probablemente uno de los involucrados es menor de edad, entonces también se puede decir que hay una falta de Educación Sexual Integral en las escuelas de la comunidad”, le dijo a elDiarioAR.

Otro de los derechos vulnerados en este caso fue el de preservar la identidad de la víctima y su familia, ya que diversos medios divulgaron su imagen. Desde el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia denunciaron que “las indagaciones a sus familiares procuran transmitir detalles escabrosos del hecho que perjudica a la víctima, a su familia y a su comunidad, así como impacta en la  sensibilidad de las audiencias, que tienen derecho a estar protegidas de la reiteración abusiva de contenidos violentos y perturbadores”. 

Según los indicadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Salta es una de las provincias con peores índices de violencia hacia las mujeres y de femicidios.

Según los indicadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Salta es una de las provincias con peores índices de violencia hacia las mujeres y de femicidios. “Suena feo lo que digo, pero tenemos que agradecer que la niña sigue con vida. Tenemos casos como el de Juana que fue atacada por ocho hombres. El abuso sexual en las infancias en el Norte del país desgraciadamente es moneda corriente”, agregó el abogado de la fundación.  Un informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, indica que entre noviembre de 2021 y el mismo mes de 2022 se registraron 300 femicidios, 7 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones. Salta está en el quinto lugar con 13 femicidios, en los primero puestos están las provincias con mayor densidad poblacional por lo que el número es mayor como Buenos Aires (98), Santa Fe (62), Córdoba (28) y Chaco (15).

Ante este escenario, el Colectivo Ni Una Menos se vuelve a movilizar en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El jueves se sumarán a la marcha en Plaza de Mayo a las 15.30 para recordar a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a días de su fallecimiento. Mientras que el viernes a las 17 horas habrá una concentración en Tribunales en la que también se denunciará la detención de las mujeres mapuches tras la represión en Villa Mascardi en octubre.

Farquharson explica que la problemática de violencia de género se agrava en las comunidades indígenas. “Cuesta más que lleguen los recursos del Estado a esos lugares. Es un Estado que no tiene perspectiva indígena, eso lo hace muy complejo porque la barrera idiomática, la del lenguaje y de las prácticas incide en que los mecanismos lleguen más tarde aún. Tenemos funcionarios y funcionarias con falta de comprensión, hoy tenemos docentes denunciados por prácticas discriminatorias hacia la población indígena. Muchas veces se las considera como 'casi humanos'. Todo lo que se hace desde el Estado son parches, no hay una política a largo plazo desde la cuestión territorial. No solo el Estado provincial, también el nacional. Salta no tiene una delegación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, sostuvo.

En octubre pasado, la Cámara de Senadores provincial sancionó una ley que establece la formación y capacitación integral en materia de igualdad e inclusión en la lucha contra la discriminación en la Administración Pública Provincial. La norma impulsada por el diputado Daniel Leiva y el senador Emiliano Durand  busca capacitar a los integrantes de los tres poderes del Estado para erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes en la administración pública. Algo de lo que los integrantes de pueblos originarios conocen en primera persona.

Sobre el accionar de los funcionarios públicos, Soria criticó a una parte del Poder Judicial: “La justicia necesita salir de las oficinas y particularmente con las mujeres y niñas de comunidades. Me da bronca que todavía no entendemos que si le decís que haga la denuncia vía web, esa mujer no tiene luz, no tiene agua, no sabe lo que es un celular”.

Además, la funcionaria criticó la falta de perspectiva de género. “El poco peso de la ley, las penas que dejan mucho que desear, los fiscales y jueces sin perspectiva de género. No hay un castigo ejemplificador como debería ser y que marque precedente, son tomados incluso como abuso sexual simple, como: 'bueno, la manoseó un poco'.  Eso influye demasiado en nuestras comunidades  y no se toma en cuenta la gravedad de la denuncia y la poca sensibilización por parte de la Justicia. Es absolutamente falso esto de decir que es cultural la violación”, finalizó.

CDB/MG

Después de un lunes frío y gris, la mañana del martes 12 de julio presentó las condiciones climáticas ideales para el sobrevuelo en avioneta. La aeronave despegó de una pequeña pista cercana a la localidad de Las Lomitas, casi en el centro de Formosa, un poco hacia el oeste de la provincia. 

El monte, como se conoce al bosque nativo en la región del Gran Chaco argentino (provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y parte de Salta), parece inacabable desde el cielo formoseño. Alrededor del bañado La Estrella, el segundo humedal más grande de Argentina, el ojo no llega a dimensionar dónde termina el manto verde. Pero termina, cuando se observan las topadoras o los restos de bosque que dejan al pasar, antes de que el suelo se prepare para otros fines.

Estas tierras intentan seguir siendo el territorio del tigre manchado. La panthera onca o jaguar. El felino más grande de América y el tercero en el mundo. El yaguareté, “verdadera fiera”, en guaraní. 

Durante cinco días, elDiarioAR visitó esta región, que integra la segunda zona boscosa más grande de Sudamérica, después de la Amazonía, en un viaje organizado y financiado por la ONG Greenpeace con el objetivo de evidenciar los efectos de la deforestación en el norte argentino para introducir la ganadería extensiva y la plantación de soja. 

Quedan, con suerte, apenas unos 20 yaguaretés en esta región de Argentina. En Formosa es donde los ambientalistas creen que tienen mejores posibilidades de ganarle a la extinción provocada por la caza y la desaparición de su hábitat, ya que la provincia aún tiene una mejor conservación de bosque nativo contiguo con respecto a otras provincias de la región chaqueña.

Pero esas chances se apagan con el avance de la deforestación en Formosa, aseguran los ambientalistas de cuatro organizaciones distintas consultadas por este medio. ¿Qué sucederá si el yaguareté se extingue en el Gran Chaco argentino?

En julio de 2019, la organización demandó en nombre del yaguareté a los gobiernos de la Nación y de las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez, un animal no humano era representado como sujeto jurídico. 

Tras la asunción de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal, la Corte anunció que realizaría durante el primer semestre de 2022 una audiencia pública por el caso para escuchar a la demandante y sus apoyos, y a los gobiernos demandados y sus aliados, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende del tribunal. La convocatoria nunca se concretó. La Corte “perdió interés jurídico” en la causa y tiene “otros casos medioambientales que son prioridad”, dijo una fuente del tribunal ante la consulta de este medio.

Formosa

La fauna del monte sobrevive en Formosa. Cuatro días por los caminos de tierra, las recorridas por las costas, los humedales, los ríos Bermejito y Bermejo y el bañado La Estrella -que se nutre del río Pilcomayo- permiten avistar osos hormigueros, yacaré, tucanes, cigüeñas, zorros, cardenales y aves de muchos tipos, monos, jabirús -la cigüeña más grande de América- y hasta huellas de una familia de tapires.   

“Actualmente, Formosa desmonta cuatro veces más que antes de la Ley Nacional de Bosques -sancionada en 2007 y promulgada en 2009- porque la ley provincial es muy permisiva”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

Sólo en lo que va de 2022, Formosa perdió 10.056 hectáreas de bosque nativo. La mitad de la ciudad de Buenos Aires en sólo seis meses, de acuerdo con el monitoreo satelital de la ONG. elDiarioAR se comunicó con el director de Recursos Naturales y Gestión de Formosa, quien declinó responder las consultas. 

A través de imágenes satelitales, Greenpeace detectó varios desmontes recientes en la zona y viajó para corroborarlos por aire y por tierra. Uno de estos desmontes se ubica a unos 50 kilómetros de Las Lomitas y representa el 20% de lo deforestado en Formosa en el primer semestre del año. “Estamos en una zona que los científicos marcan como de posible presencia del yaguareté, una zona que obviamente se fue reduciendo a partir del avance de la frontera agropecuaria, de la soja, de la ganadería, mucha de la cual se termina exportando a China y a Europa”, afirmó Giardini.

Por aire, el paso de las topadoras se ve en cuadrados inmensos de color tierra o quemados por el fuego. Por tierra, parece un cementerio de cuerpos desenterrados. Muchos de estos futuros campos para la producción agropecuaria no tienen tranqueras ni alambrados, aún. Apenas se puede caminar entre los árboles derrumbados, las palmeras tumbadas, las plantas que vivían en ellos, ahora en el suelo. 

Se puede ver cómo cortan y preparan el quebracho blanco y el colorado para vender la madera de árboles que tardaron unos 50 años en crecer. Luego, vendrá el proceso de quitar las raíces y erradicar el monte por completo para sembrar pasturas africanas o soja. 

Depredador tope

En Argentina, el yaguareté solía extender su territorio desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte. Actualmente, perdió el 95% de su territorio en el país, según los expertos de Proyecto Yaguareté. 

En territorio argentino, quedan alrededor de 250 individuos distribuidos en tres regiones. En las Yungas (selva de la región andina de Jujuy y Salta) se estima la presencia de más de un centenar. En la provincia de Misiones, habita un número estimado de entre 90 y 110 individuos. 

Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre) aseguró a elDiarioAR que en la selva paranaense se ha logrado casi triplicar la población de yaguaretés. “Es un trabajo enorme que venimos haciendo en Misiones con muchas organizaciones desde hace más de 20 años, monitoreado por científicos del Conicet”, dijo.

En el Gran Chaco argentino, mucho más extenso que los otros dos ecosistemas, es donde el yaguareté se encuentra más amenazado. “La situación en Chaco está complicada desde hace tiempo. Se está mejorando a través de planes de gestión”, aseguró. 

El Litoral es una de las regiones en donde llegó a extinguirse. Desde los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, la Fundación Rewilding busca reintroducir al yaguareté desde hace años. Marisi López, vocera de la institución, explicó a elDiarioAR que las causas por las cuales se llegó a la casi extinción en el Gran Chaco fueron principalmente la caza por posibles conflictos con el ganado y por considerarlo un trofeo. “También el desmonte y el uso de cambio de suelo fueron achicando la frontera o el ambiente del yaguareté, desplazándolos, haciendo que lleguen hacia zonas más urbanas, donde también eran por supuesto perseguidos y cazados”, afirmó. 

“El yaguareté tiene un rol como predador tope súper importante -afirmó López-, ya que es el que equilibra y hace que el ecosistema esté más completo y funcional, es quien regula hacia abajo en la cadena alimenticia”.

“Un ecosistema con la presencia de sus depredadores topes, es un ecosistema más saludable, más funcional, más completo y que ayuda a enfrentar estas tres crisis ambientales la de cambio climático, la de pérdida de biodiversidad y la desaparición de epidemias y pandemias”, concluyó López.

La guardaparque y cordobesa Lucero Corrales sigue las huellas, excrementos, pelos, marcos y presas del yaguareté por el Gran Chaco. Integra el equipo de Proyecto Yaguareté, un programa del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) junto con institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y apoyado por decenas de universidades, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Gracias a una red de colaboradores que viven y trabajan en el monte, intenta rastrear la presencia de estos felinos en la región y concientizar a los lugareños para que no los maten.

“Ni siquiera podemos dimensionar lo que puede significar en estos espacios que el yaguareté no esté presente. Lo que sí sabemos es que está en peligro crítico de extinción y que con 20 animales no está cumpliendo su rol ecológico, de depredador tope. Las amenazas y la velocidad con las que estas actúan es enorme. No damos abasto”, asegura Corrales. En los últimos años, sólo han podido identificar a dos individuos en la región. 

Palacio o monte

En 2001, el yaguareté fue declarado por ley Monumento Natural de la Nación. En 2014, se creó el Parque Nacional El Impenetrable (provincia de Chaco) para proteger una porción de su hábitat. 

El amparo presentado por Greenpeace ante la Corte busca que el máximo tribunal ponga fin al avance sobre el hábitat de este felino e incluye una medida cautelar para que el tribunal frene los desmontes mientras analiza la situación, lo que aún no sucedió.

Desde que la ONG presentó el amparo y medida cautelar (julio 2019) hasta junio de este año, en estas cuatro provincias las topadoras se llevaron unas 300.000 hectáreas de bosques nativos, según surge de las sumas relevadas cada año por la ONG y el ministerio de Ambiente. Esa superficie equivale a 15 ciudades de Buenos Aires. 

En la Corte afirmaron que el tribunal estuvo consultando informalmente qué organizaciones ambientalistas podrían presentarse para apoyar la demanda y que ninguna de las consultadas mostró interés. No descartan que la audiencia sea convocada durante el segundo semestre del año o incluso que el tribunal tome una decisión directamente sobre el amparo. 

Ante la consulta de elDiarioAR, Greenpeace informó que ya tiene confirmadas para la eventual audiencia pública los apoyos y exposiciones de Alberto Acosta, ex presidente de la Convención Constituyente de Ecuador; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza; a Maristella Svampa y las escritoras de Mirá; a Guillermo Folguera, biólogo y filósofo; a la organización EARTH LAW; a universidades del exterior especializadas en derecho ambiental; y a organizaciones indígenas y ambientalistas locales.

Sociedades del monte

“Donde vive el yaguareté, viven también personas”, afirma Pablo Chianetta, veterinario, formoseño por adopción y co-fundador de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una ONG local que trabaja con los cuatro pueblos originarios que habitan en el oeste de Formosa: Wichí, Qom, Pilagá y Nivaclé. 

En estas tierras, la mayor parte de la población es originaria, afirmó. “Son entre 30.000 y 40.000 personas, la mayoría habitantes del oeste de la provincia” y sus problemáticas -explicó- están directamente ligadas a las causas de la cuasi desaparición del felino. 

“En Formosa, hay un proceso inmobiliario de los últimos 15 años basado en el manejo del agua, por dónde pasa y quién tiene acceso o control de la esclusa del bañado La Estrella por ejemplo,”, aseguró Chianetta. “Aquí la tierra es más barata que en la región pampeana y los productores agropecuarios vienen de afuera de la región atraídos por eso”, agregó.

Hay una falsa dicotomía entre la intención de preservar este ecosistema llamado Gran Chaco y el progreso económico de cuatro de las provincias más pobres del país, aseguran Giardini y Chianetta. “Puede ser que esté significando el progreso para unos pocos y para el Estado que puede cobrar retenciones a las exportaciones de esos granos o de esas vacas que se van a China. Pero en los últimos 30 años de deforestación, la población de estas cuatro provincias sigue estando entre las más pobres del país”, afirmó el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

A unos 35 kilómetros de la localidad de Las Lomitas, Alejandro Ramírez, uno de los dirigentes de la comunidad wichí de Tres Pozos, sostiene que uno de sus principales reclamos es la titularidad efectiva de sus tierras. 

“Acá todo alrededor de nosotros es privado, no podemos ir a pescar al río o a buscar miel al monte”, dijo Ramírez con la voz suave y pausada del wichí. “A nosotros, los criollos nos decían: ‘¿Para qué quieren tener tierras los indios si no tienen animales?’. Nosotros les decimos: ‘¿Para qué quieren los criollos tener vacas si no tienen tierra’?´”.

Florencio González es uno de los más jóvenes de la dirigencia wichí en Tres Pozos. “Estamos defendiendo lo poco que tenemos: el monte”. El bosque es fuente de la harina de algarroba para el pan, de la miel, del alimento de sus cabras y vacas. Pero también es proveedor de medicinas naturales y el lugar donde los originarios van a pensar, descansar, respirar hondo, dice González.

Chaco

En Resistencia, Chaco, Karina Alonso, comunicadora del pueblo Qom y maestra bilingüe, se unió a Somos Monte, un colectivo de chaqueños que ya juntaron 40.000 firmas para exigir “desmonte cero” en su provincia. “Las comunidades originarias están organizadas pero no nos escuchan y para poder llegar al Estado necesitamos que los hermanos se acoplen a nuestra lucha”, asegura Alonso, sentada bajo unos árboles junto al físico italiano Riccardo “Dardo” Tiddi, chaqueño por adopción.   

Chaco rearmó su mapa de zonas protegidas y zonas donde autorizará desmonte para cambio de uso de suelo, que debe ser aprobado por el ministerio de Ambiente de la Nación. “Creemos que ese nuevo mapa es regresivo. Venimos reclamando que en el nuevo mapa ya no haya áreas de bosque donde se permitan los desmontes y que todo lo que no es zona protegida pase a la categoría de conservación intermedia, con actividad sostenible, sin topadoras ni cadenas”, aseguró Tiddi. La ganadería bajo monte, sin deforestar el bosque, es posible, explica.

Ante la consulta de elDiarioAR, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco respondió que el nuevo mapa respeta la Ley Nacional de Bosques, contempla 65,48% de los bosques como categoría de conservación intermedia y 9,48% en categoría de alta conservación.

Topadoras

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentra dialogando con el Gobierno Nacional para presentar propuestas muy diferentes a las de quienes buscan la conservación del bosque nativo. Andrés Costamagna, director de Sustentabilidad de la entidad agropecuaria, dijo a elDiarioAR: “No hay posibilidad de conservar los bosques si no hay rentabilidad”. 

“En el estado actual de los bosques nativos sólo son un reservorio de carbono de alto riesgo de incendios que se expanden. Por lo tanto dejarlos como tal de manera intangible es una opción muy delicada y riesgosa, no generar los incentivos necesarios hace que ocurran desarraigos y las personas migren en busca de oportunidades, quedando muy poca población para hacer frente a los siniestros”, aseguró Costamagna. 

“El incendio de Corrientes fue muy claro: donde había personas habitando el lugar se pudo contener el incendio y cuando era una responsabilidad de los guardaparques y del estado esto no sucedió”, agregó. 

Costamagna aseguró que ya presentaron un proyecto al Gobierno para “remover árboles viejos y árboles enfermos y reemplazarlos por ejemplares jóvenes y ramas sanas''. ”Esto es manejo sostenible del bosque nativo“, dijo: utilizarían los árboles talados para producir electricidad. ”No hay cambio de uso del suelo y el nuevo crecimiento remueve carbono del aire“, agregó. Reconoció resistencia del ministerio de Ambiente.

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

La directora general de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero,  Noelia Zanichelli, dijo a elDiarioAR que el organismo oficial detectó 16.281 hectáreas deforestadas entre enero y junio de 2022, y que la mayor parte fue autorizada por la provincia (10.772 hectáreas). Las otras 5.509 fueron desmontadas sin los permisos oficiales.

En Salta, el desmonte se redujo en el último semestre (4.947 hectáreas) debido a que la provincia ha suspendido la deforestación mientras concluye un nuevo mapa de zonas protegidas y deforestables.

En Chaco, se registraron 10.223 hectáreas en el primer semestre del año. La mayoría (más de 8.800 hectáreas) fue desmontada de manera ilegal, según el monitoreo de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia, ya que la Justicia suspendió la deforestación a finales de 2020. Luciano Olivares, titular del organismo, explicó a este medio que ante los incumplimientos “se aplica el procedimiento administrativo vigente para la aplicación de sanciones a los responsables”.

Tanto Olivares como Zanichelli aseguraron que las provincias no han sido notificadas aún de la demanda de Greenpeace ante la Corte y que ambas gobernaciones están a disposición de la Justicia.

“Es imposible ser indiferente al yaguareté”, dijo la guardaparque Corrales. Pero quien aún es temido o adorado en la profundidad del monte, ha quedado atrapado en el olvido de la gran ciudad.

ED

Un grupo de investigación del CONICET elaboró el primer diccionario bilingüe y pluridialectal llamado DIWICA. La creación fue colectiva: participaron, también, el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio (INILSYT, Universidad Nacional de Formosa) y cuarenta y siete hablantes nativos de las tres provincias argentinas en las que se habla actualmente el wichí: Formosa, Salta y Chaco.

El acceso al diccionario es libre. Esta primera edición (2021) contiene 3500 palabras, y como el lenguaje está vivo, el diccionario se caracteriza por su idea de construcción permanente y continua. Incluso los usuarios pueden contribuir a través del sitio web enviando en un formulario aquellas palabras que no encontraron traducción en sus búsquedas.

La lengua wichí, por su parte, es pluricentral, por lo tanto, respetando las variedades existentes en la lengua que el pueblo wichí siempre ha defendido, el diccionario contiene variantes de los complejos dialectales más grandes y con mayor tiempo de divergencia,  el pilcomayeño (Pyo) y el bermejeño (Bjo).

La ortografía de la lengua wichí se encuentra en proceso de estandarización. Por ese motivo, coexisten variantes ortográficas para una misma palabra. No obstante, en principio, este diccionario contiene solo las variantes ortográficas empleadas en Argentina, con el objetivo de resolver el tratamiento de las variantes ortográficas bolivianas.

Las entradas del diccionario contienen distinto tipo de información:

a. la traducción a la otra lengua,

b. el grupo dialectal al que pertenece y la variante,

c. información gramatical: la clase de palabra e indicaciones cuando son formas irregulares,

d. indicación del ámbito académico cuando son términos específicos de un campo semántico particular,

e. nombre científico en algunos animales o insectos,

f. información etimológica de los préstamos léxicos¸

g. ejemplos de uso, principalmente de adverbios y partículas interrogativas,

h. ilustraciones, en algunas entradas de aves y términos del ámbito de la apicultura.

MGF

“Sí, varias autocríticas. Son todas constructivas y todas apuntan a lo mismo: tengo muchas ganas de mover algunas estructuras que generan injusticia. En la mitad me falta marco teórico y aprender a escuchar. Ser menos pasional, a veces, y más inteligente”, dice en un audio Santiago Maratea a elDiarioAR. 

La versión digital de muchos influencers es fácil y gratuita porque basta con chequear su perfil en alguna red social, sobre todo Instagram. Pero dar con ellos es difícil. Santiago se excusará: “Soy el peor con el teléfono” e indicará contactar a una miembro de su team “si la cuelga”. Pero resulta que es viernes y acepta responder unas preguntas vía WhatsApp. 

Esa es otra rareza. Del rostro hegemónico, de diseño, que luce cuando mira a la cámara frontal del teléfono, que afirma cuando se tira el zoom encima, que confirma cuando chivea una espuma de limpieza, a su voz, tan nítida salvo por el trino de los pájaros que se oyen de fondo. No son las mejores condiciones para una entrevista, pero acordamos.

Santi Maratea fue el chico que protagonizó una de las polémicas de la semana. La versión resumida de la controversia podría ser así: se le ocurrió donar una ambulancia a Misión Chaqueña, una pequeña localidad del norte salteño habitada por la comunidad wichí; posteó una storie invitando a sus seguidores a donar 10 pesos; en tres días recaudó 3 millones de pesos, una marca le dio, además, otra camioneta, y juntó ropa y alimentos que llenaron un camión de mudanzas; viajó a Salta; integrantes de otras comunidades wichís de la zona desconfiaron; hubo una asamblea en la que un cacique y otros referentes plantearon otras necesidades y también cuestionaron que esas donaciones fueran destinadas solo a un pueblo... Maratea debió salir escoltado por la policía. Querido lector, querida lectora: ahora puede respirar.

En un video posterior al viaje Maratea dirá que “fue el viaje más intenso de su vida”. Lo suyo fue un récord y un gesto muy noble. Pero no contó con organización en territorio ni con conocimiento sobre la cosmovisión de quienes habitan ese territorio. La Fundación Pata Pila, que era la mediadora “administrativa” de la donación, se bajó luego de la pueblada. El intermediario entre el influencer y Misión Chaqueña fue Omar Gutierrez, un joven wichí que con mucho esfuerzo se instaló en Buenos Aires, en 2017, para estudiar Abogacía. El año pasado, la pandemia lo dejó sin trabajo y le escribió a Maratea pidiéndole ayuda. El influencer, conmovido, posteó la cuenta bancaria del estudiante: juntó medio millón en dos días. Las camionetas y el resto de las donaciones quedaron en Misión Chaqueña, a cargo de Omar.

En WhastApp la pregunta para el influencer es si siente cierto “poder” de convocatoria y, por supuesto, de recaudación: “Más o menos. Porque el poder no es tan mío, sino de la campaña. ¿Hubiera juntado la misma cantidad de plata si era para comprarle un pasaje a Cancún a Charlotte Caniggia?”.

Plata y redes

Santiago Maratea fue, primero, tuitero. Con el posteo de chistes desde su habitación de adolescente en San Isidro logró 50 mil seguidores. Después se mudó a Instagram. Su hit fue filmarse mientras se tiraba una tostada untada con dulce de leche en la cara. Con los días, reemplazó el dulce por líquido: un enchastre de jugo o leche o agua. En medio pasó a Youtube. Su canal sumaba 5 mil suscriptores por mes. Para 2015, Maratea tenía claro que la exposición fuera de los medios tradicionales podía ser un trabajo. 

El 2020, el año de la pandemia, fue su explosión mediática. Invitado al programa El precio justo, fumó marihuana en el baño de Telefé, experiencia que compartió vía Instagram. Condujo el programa Generación Perdida, por Vorterix, hasta octubre. Hubo versiones sobre su salida: que el dueño de la emisora, Mario Pergolini, lo desplazó; que él decidió irse porque “soy pendejo, quiero seguir tocando puertas y creciendo”. Cuestionó el uso despectivo de la palabra “mogólico”, también vía Instagram, y #MogólicoNoEsInsulto se convirtió en tendencia en Twitter. 

También invitó a reflexionar sobre la masculinidad tóxica. Y llegó a vender unos ejemplares de “Concha Potter”: tomó los libros de la saga de J.K Rowling, tachó el nombre Harry y lo reemplazó por “concha”. Un ejemplar fue vendido en 20 mil pesos. Se asoció con Yanina Latorre y otros influencers e hizo un “show” vía streaming al que llamaron Hashtag en vivo. La idea era monetizar las charlas que ofrecían gratis y para todo público en Instagram. Las entradas, a 400 pesos, volaron. Maratea se divierte y hace plata. A los 26 años, es uno de los influencers mejor “cotizados” de la Argentina, al punto de vivir exclusivamente de las redes sociales.

¿Sos un provocador?

Más que un provocador, me defino como un jugador. La provocación es una herramienta para el juego. Me gusta jugar con la contradicción. Me gusta ser, por momentos, lo más parecido a un chico facherito y medio pelotudo. Y por otros, poder defender una idea con argumentos y llevar un proyecto a cabo que genere un impacto positivo. Y después de eso ser un arrogante al que parece que le importan los likes. Y después de eso intentar meterme en algo donde el foco de la agenda mediática no está puesta y yo por ahí lo puedo lograr. Me gusta jugar. A veces provocar es parte de la receta.

¿Tiene un costo exponerte tanto?

No lo registro. No sé, no me imagino de otra forma. Lo llevo bien. No me imagino “no público”. También tiene que ver con mi edad, siento a la red social como parte de mi dinámica, como parte de mi vida. Pero tengo una intimidad. Mi intimidad es todo un mundo. No expongo todo. Pero exponer no me da miedo ni me parece un esfuerzo. Ya me acostumbre a que todos van a opinar. Son ajenas a mí. Es gente opinando de algo que… bueno: justo soy yo.

¿Por qué te sigue tanta gente?

Ya sé que es re aburrida mi respuesta, pero… Yo no sabría decirte por qué. Si te puedo decir que en este último caso (N. de la R.: se refiere a la campaña de recaudación para la comunidad wichí de Misión Chaqueña) este país está muy dispuesto a ayudar. En este último caso fui más una especie de instrumento. La gente me siguió en ésta porque era una movida que representaba la predisposición de la Argentina para ayudar a los más necesitados y salir adelante.

“Mi proyección a futuro siempre es en una casa en el sur con toboganes. Por ahí me lleva cinco años, por ahí me lleva diez. No proyecto más que eso”, sigue Maratea. Sí está seguro de su próxima plan: retomar Mil pesos de propina, una programa que ya hizo y transmitía por Twitch. La idea es ver (mejor dicho: que veamos) cómo pide una pizza y juntar dinero entre los que siguen el vivo hasta que llegue el chico del delivery. Una vez la propina fue de 35 mil pesos. Dice que ese plan lo tiene entusiasmado. La vida en redes.

VDM