Hugo Moyano, líder del gremio de los camioneros, selló un acuerdo salarial que representa una victoria política para el gobierno de Javier Milei en su cruzada contra las recomposiciones salariales. La paritaria firmada establece aumentos de apenas 1% mensual entre marzo y mayo, una cifra que no solo está muy por debajo de la inflación, sino que sienta un precedente alarmante para el resto de los trabajadores de una economía argentina que cae y que no muestra signos sostenidos de recuperación.

Camioneros es uno de los gremios más poderosos del país, con una capacidad de presión que le permite paralizar la economía. Sin embargo, en esta negociación, optó por alinearse con La Libertad Avanza, dejando en evidencia la pérdida de poder de los sindicatos y el deterioro acelerado del salario real. También, poniendo de relieve la débil respuesta del peronismo en su rol de oposición, ya que el propio Moyano es un histórico referente del sindicalismo justicialista.

El acuerdo también contempla una suma fija de apenas $13.240 en marzo, que pasará a ser remunerativa en abril, según el diario La Nación. Esta concesión se da en un contexto donde la inflación de febrero, informada por el Indec, fue del 2,4%, con lo cual el pacto de Moyano con Milei supone que los salarios crecerán menos de la mitad que el índice general de precios (IPC) de la economía.

La aceptación de esta pauta salarial, diseñada por el ministro de Economía, Luis Caputo, responde a la estrategia del gobierno de Milei de frenar los aumentos para mostrar una desaceleración de la inflación. Sin embargo, esta política se traduce en una reducción brutal del poder adquisitivo, en un país donde los ingresos ya vienen sido golpeados por la megadevaluación de diciembre de 2023, mes en que asumió el tándem Milei-Caputo.

Un acuerdo que trasciende a Camioneros: un mensaje para el resto de los trabajadores

El gremio de camioneros no es un sindicato más. Su capacidad de presión le permitió históricamente negociar condiciones favorables para sus afiliados y marcar la cancha en las discusiones salariales de otros sectores. Lo que acepta Moyano se convierte en referencia para el resto de los trabajadores. Si un sindicato con poder de extorsión como el suyo acuerda un 1% mensual, menos de la mitad de lo que crecen los precios, ¿qué pueden esperar los trabajadores de otros sectores menos organizados?

Este pacto es una muestra de cómo el gobierno de Milei busca imponer su agenda de ajuste inclusive por fuera del Estado que administra, pese a que el propio Presidente declama que los acuerdos privados son entre privados y que el Estado no debe entrometerse. El salario promedio en la Argentina, según el propio Milei, supera apenas los $400.000, lo que no alcanza para cubrir la canasta básica, y la realidad es que en dólares el ingreso de los argentinos sigue en caída libre.

Moyano, lejos de la CGT y alineado con Milei

El acuerdo también expone las fracturas dentro del sindicalismo. Moyano tomó distancia del paro general convocado por la CGT para el 10 de abril, cuyo eje es precisamente el rechazo a la intervención del Gobierno en las paritarias. Mientras otros sindicatos denuncian el intento de imponer techos salariales, Moyano sorprendió al aceptar sin conflicto la pauta oficialista, consolidando el avance del mileísmo sobre la estructura gremial.

El acuerdo incluye subas escalonadas de 1,2% para marzo, 1% para abril y 1% para mayo. Estos porcentajes no solo están por debajo de la inflación actual, sino que confirman la intención del gobierno de La Libertad Avanza de fijar un techo a los aumentos salariales, aun cuando los precios siguen en ascenso.

La pregunta que queda es: ¿qué ganó Moyano a cambio de esta rendición? En un contexto donde el Gobierno avanza con una política de ajuste feroz, la postura de Camioneros no solo afecta a sus 190.000 afiliados, sino que allana el camino para que otras negociaciones sigan el mismo rumbo. Para el Gobierno, la victoria es clara: el disciplinamiento de los sindicatos y la consolidación de su modelo de ajuste.

JJD

El presidente Alberto Fernández expresó este viernes su confianza en la “responsabilidad” de dirigentes gremiales como Hugo y Pablo Moyano en el marco de la discusión de la negociación paritaria del gremio camioneros, y estimó que van a encontrar “un punto de acuerdo” entre ambas partes.

“Yo estoy seguro de que van a encontrar un punto de acuerdo”, señaló Fernández en declaraciones formuladas a C5N, y sostuvo que “mientras las paritarias funcionan y empresarios y trabajadores dialoguen y encuentran un punto de conciliación, para mí eso es lo más importante”.

“Lo segundo es que los salarios no se retrasen respecto de la inflación. Conozco de la responsabilidad de Hugo y de Pablo Moyano, estoy seguro que van a encontrar un punto de acuerdo y espero que así sea”, agregó.

El jefe de Estado, tras encabezar la inauguración de la nueva planta de Whirlpool en la localidad bonaerense de Pilar, fue consultado acerca de las paritarias que se están desarrollando en el sector de Camioneros, en las cuales el gremio solicitó un incremento del 131%, más un bono.

La última ronda de negociaciones salariales entre el Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector se realizó este jueves en el Ministerio de Trabajo, aunque no se llegó a un acuerdo, por lo cual se pactó un nuevo encuentro para el miércoles próximo.

El Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector fracasaron nuevamente esta semana en las negociaciones salariales por lo cual el adjunto del gremio y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, advirtió que si el miércoles próximo no hay acuerdo habrá medidas de fuerza en todo el país.

Moyano indicó a la prensa, después de una audiencia de pocos minutos, que la patronal ofreció 84% de aumento para todo el año -lo que consideró una “ridiculez”- y que el sindicato sigue reclamando 131% más un bono, y criticó duramente a diversos grupos empresarios, a los que acusó de “especuladores” que “aumentan los precios”.

En ese marco, el dirigente gremial advirtió que “si el miércoles próximo vienen con una ridiculez empezaremos el mismo” día con las acciones de fuerza y “serán los empresarios los responsables de las medidas que vamos a tomar”.

Con información de agencias.

IG

El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, movilizó a sus afiliados hacia la sede del Ministerio de Salud de la Nación para reclamarle al Gobierno y al titular de la cartera laboral que prorrogue el decreto que considera a los contagios de coronavirus como “enfermedad profesional” presunta.

“Los trabajadores no se agarraron el Covid en un viaje al interior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y sino el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores”, aseguró Moyano durante la protesta que incluyó un bloqueo al tránsito y a la circulación del Metrobus.

El planteo apunta a que las Asociaciones de Riesgos del Trabajo (ART) se hagan cargo de los costos económicos de los tratamientos médicos derivados de los contagios, en sintonía con las resoluciones dictadas en 2020 durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) cuando no era necesario probar que la afección se produjo en el ambiente laboral. La cobertura de los casos de coronavirus como enfermedad profesional no listada del DNU 39/21 continúa a cargo del sistema de riesgos del trabajo para aquellos casos de trabajadores de la salud y miembros de fuerzas de seguridad federales y provinciales que cumplan servicio efectivo, extendiéndose la misma hasta 60 días corridos después de finalizada la emergencia sanitaria, es decir hasta el 01 marzo 2023, indica Infobae. Respecto del resto de los trabajadores, la cobertura extraordinaria finalizó el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de quedar abierta la posibilidad del reconocimiento del Covid-19 como enfermedad profesional no listada a través de un trámite administrativo durante el cual el trabajador debe demostrar la relación causal directa e inmediata de la patología con su actividad laboral. En éstos últimos supuestos, el sistema de riesgos del trabajo continuará brindando la cobertura correspondiente.

Tras su participación en la movilización contra la Corte Suprema de Justicia, Pablo Moyano volvió a ocupar un rol protagónico en otra marcha. “No es posible que cuando un trabajador contrae la grave enfermedad las empresas realicen descuentos de haberes por esos días, como también es inaceptable que no tengan cobertura de salud por parte de las ART”, puntualizó.

La movilización se iba a realizar este jueves pero se postergó un día porque existían negociaciones con la cartera de Trabajo. Pero las conversaciones con el titular de ese ministerio, Claudio Moroni, no arrojaron resultados positivos. “En la reunión de este mediodía con las autoridades de Trabajo, se fracasó en la búsqueda de una solución al legítimo reclamo que lleva adelante Camioneros para insistir en el pedido al Gobierno Nacional que reconozca extendidamente al COVID-19 como enfermedad profesional y de esta manera proteger a los trabajadores y trabajadoras cuando se contagian y se le descuentan los días por enfermedad sin cobertura de la ART”, reza el comunicado que difundió ayer el sindicato que encabeza Hugo Moyano.

Los camioneros ya se habían movilizado el jueves 2 de febrero hacia el Ministerio de Trabajo por la misma demanda, por lo que el titular de esa cartera, Claudio Moroni, aseguró que “la Covid-19 continúa siendo en la Argentina una enfermedad laboral”. Ahora Camioneros decidió que la protesta sea ante Salud donde se movilizaron entre 10 mil y 15 mil trabajadores.

Gustavo Fabián “el Turco” Elías es uno de los empresarios más poderosos de la provincia de Buenos Aires. Desde Bahía Blanca, catapulta central de su crecimiento económico en los años 2000, tejió una alianza con el sindicalista Hugo Moyano que le valió el mote del “cerebro detrás del líder de los camioneros” y que le permitió acaparar dos negocios medulares en los puertos bonaerenses y porteños. Años más tarde, incursionó en medios de comunicación: es el dueño de La Nueva Provincia, principal de su ciudad, y de La Brújula. También es, junto a su hijo Juan Ignacio, miembros de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

Cada uno de esos negocios portuarios se ideó desde una empresa particular: Ivetra y Transporte y Logística SA. Ambas tuvieron ramificaciones offshore en Panamá, según surgen de los documentos de Pandora Papers a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizó el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto con La Nación e Infobae. En el entramado offshore de las empresas de Elías, aparece, además, el empresario Diego Zuckerberg, quien tomó notoriedad en las últimas semanas cuando el jefe de Gabinete, Juan Manzur, intentó ubicarlo como vicejefe de Gabinete tras su desembarco en la Casa Rosada, como publicó La Nación.

En Argentina, Transporte y Logística SA e Ivetra también contaron con el exjuez Daniel Llermanos -abogado de cabecera de los Moyano- como apoderado. La primera de estas empresas fue la que selló la alianza entre Elías y Moyano, según contó el propio Elías en una entrevista en el programa Sustentable TV. “Somos amigos, es un hombre que se dedica al gremialismo y lo ejerce con pasión y para mí es un buen tipo”, dijo entonces Elías sobre el líder sindical. El empresario también era el dueño de la empresa de logística Chenyi SA, donde una hijastra de Moyano trabajó desde 2003. 

En 2007, el empresario montó en el puerto de Bahía Blanca una playa de estacionamiento de camiones con instalaciones para que los camioneros no pasaran horas esperando el ingreso al puerto, pudieran descansar, comer, usar los servicios y hasta tomarse la presión. Fue la puerta de entrada a Moyano, a quien Elías le ofreció replicar el modelo en otros puntos del país. La prestación era abonada por las empresas de logística, acopiadoras y exportadoras. Entonces, el líder de la CGT ostentaba otra alianza central para él y los suyos con Néstor Kirchner y el gobierno de turno.

Con Ivetra, Elías fue más allá. En 2011, Elías se quedó, sin licitación, con el monopolio de un seguro: “Transporte Argentina Protegido” (TAP). Las empresas que operan en el puerto de Buenos Aires y Dock Sud debían pagarle US$67 por contenedor que se moviera por fuera de la terminal portuaria, más la emisión de un “certificado de estacionamiento y verificación” por otros US$14 por contenedor. El negocio implicó millones de dólares al año para la compañía. El negocio de Ivetra se cortó en 2016, con la llegada del macrismo, y terminó denunciado por Elisa Carrió y Graciela Ocaña.

Mientras ambas compañías recaudaban millones en Argentina, tanto Ivetra como Transporte y Logística SA tuvieron sus empresas mellizas en Panamá. Dos espejos, con nombres muy similares y controladas por su hijo y colaborador, Juan Ignacio Elías. 

En Centro América, los clones de ambas empresas se bautizaron Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas, según los documentos de Pandora Papers.

No hubo nada ilícito en esas operaciones y esas sociedades panameñas nunca tuvieron actividad comercial, ni bancaria.

Ambas sociedades fueron creadas por el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), referente en América Latina para montar y operar estructuras offshore, y contaron también con cuentas bancarias vinculadas, según consta en los registros de la nueva filtración global.

Ivetra Panamá

La primera de esas sociedades fue Ivetra Panamá, que Alcogal creó en 2013, en pleno apogeo del negocio portuario de la compañía local. La firma nació con acciones por US$10.000 que quedaron a nombre de Juan Ignacio Elías y Carlos Daniel González, aunque ese mismo año emitieron un poder a nombre de Marcelo Javier Leite para que la representara con facultades amplias.

La presencia de Carlos Daniel González como accionista de Ivetra Panamá también resultó un movimiento en espejo. Porque ya había ocurrido en la Argentina. Entre 2012 y 2013, Elías y sus socios en Argentina renunciaron al directorio de la empresa y Carlos Daniel González asumió como su nuevo presidente. Según trascendió entonces en la prensa, los nuevos dueños querían “limpiar” la imagen de la empresa. La alianza entre Moyano y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había roto y ser amigo del líder camionero ya no era bueno para los negocios que requieren el visto bueno del gobierno.

Los documentos que ahora salen a la luz muestran, sin embargo, que los vínculos entre los Elías e Ivetra continuaron, al menos vía Panamá, donde unieron fuerzas con González en busca de nuevos negocios hemisféricos. Así, en 2014, la firma panameña emitió un segundo poder, esta vez a favor de un abogado de ese país, Miguel Ángel Clare, para que firmara un acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) panameño.

Consultado por el equipo argentino de ICIJ, Juan Ignacio Elías indicó a través de un vocero que no respondería preguntas ni aportaría documentación respaldatoria. “No hubo nada ilícito en esas operaciones y esas sociedades panameñas nunca tuvieron actividad comercial, ni bancaria”, abundó el vocero, que explicó que los Elías declinaron dar mayores precisiones para no quedar “envueltos en algo que podría politizarse con fines electoralistas”.

Más espejos y reflejos

La otra sociedad panameña vinculada a los Elías, Transporte y Logística Overseas, también se constituyó en 2013, con la asistencia de Alcogal, con un capital inicial de US$10.000 y con Juan Ignacio Elías como uno de sus accionistas, aunque con otro socio. En esta compañía apareció Antonio Domingo Diez. 

En los documentos que integran Pandora Papers, sin embargo, poco más sale sobre Transporte y Logística Overseas. Sólo que, cinco años después de su creación, en 2018, se anularon los certificados de acciones originales a favor de Elías y Diez y se reemplazaron por otros dos de US$5.000 cada uno. 

En la Argentina, mientras tanto, la sociedad original llamada Transporte y Logística SA es propiedad de Elías y Gustavo Damiani –también su socio en Ivetra SA-. Llermanos también fue apoderado de esta compañía.

Consultado por el equipo local de ICIJ, Llermanos marcó un límite temporal: “Fui accionista de Ivetra SA con una participación menor hasta fines de 2011, aunque luego continué unos meses como abogado. A mediados de 2012, nos contactó Samuel Liberman, un empresario argentino que quería que Ivetra hiciera en Panamá lo mismo que hacía en Buenos Aires tras leer artículos elogiosos sobre nuestra labor en el suplemento de ‘Comercio Exterior’ de La Nación, que exponían la eficiencia de Ivetra para controlar la calidad de los contenedores y reducir así los riesgos en los traslados”.

“En el caso de Transporte y Logística, la empresa había desarrollado en la Argentina un sistema de capacitación para choferes de camiones con simuladores que permitían reducir los accidentes de trabajo y viales. Querían desarrollar lo mismo en Panamá y países aledaños –abundó Llermanos- Por ese motivo, se desarrollaron ambas sociedades, pero nunca llegaron a operar, ni a abrir cuentas bancarias. No llegaron a cerrarse los acuerdos en Panamá, pero desconozco por qué. Para entonces ya me había retirado como abogado”.

Un casi vice de Manzur

En el entramado offshore de los Elías aparece otro empresario contratista del Estado, Diego Zuckerberg, quien tomó notoriedad en las últimas semanas cuando el jefe de Gabinete, Juan Manzur, intentó ubicarlo como vicejefe de Gabinete tras su desembarco en la Casa Rosada, como publicó La Nación.

Durante 2013, el mismo año en que se constituyeron los clones de Ivetra y Transporte y Logística en Panamá, también se constituyó otra firma en el mismo país llamada Ballfields Overseas SA. Juan Ignacio Elías figuró como el destinatario de las facturas que emitió Alcogal para cobrar sus servicios de mantenimiento de la Ballfields Overseas SA. 

En los registros de Pandora Papers figura que las autoridades de Ballfields Overseas SA otorgaron un poder general a favor de Diego Sebastián Zuckerberg, el empresario que Juan Manzur quería como su vicejefe de Gabinete. 

“Fue hace mucho tiempo, no se hizo nada”, contestó Zuckerberg a principios de octubre cuando La Nación le preguntó por sus sociedades offshore. No contestó si las había declarado.

El vínculo entre los Elías y Zuckerberg se repite en Argentina. Zuckerbergy Juan Ignacio Elías integraron el directorio de LimaVictor SA, una empresa que administra vuelos privados, junto al empresario Cristiano Rattazzi. Zuckerberg también compartió el directorio de otra compañía  con el abuelo de Juan Ignacio –y padre de Gustavo-, Alfredo Anselmo Elías. Se trata de la firma Tech Track SA.

El empresario allegado al jefe de Gabinete de Alberto Fernández presidió Dienst Consulting, una empresa de tecnología en salud. Lleva años al frente de su propia operatoria offshore. Figura como beneficiario de Enlighted Beach Investments, creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008.  

Lo mismo sucede con los Elías. Gustavo Elías apareció en Panama Papers, la investigación global que ICIJ difundió en 2016. Figuró con la sociedad Laytrak SA, constituida en 2010, en las Islas Vírgenes Británicas. Y allí también apareció como director de Tranway Finance Ltd, creada en 2001. Su hijo Juan Ignacio Elías también apareció como uno de los apoderados de la firma panameña Orkin Management Corporation, establecida en julio de 2008, con un capital de US$10.000 y mandato hasta 2011.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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