El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó este lunes detener a dos de los investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y además denegó a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el acceso “irrestricto” al expediente, medidas a las que también se opuso la fiscalía.

En relación a la petición de la Comisión que preside el diputado Maximiliano Ferraro, el magistrado entendió que no tiene legitimación para acceder al expediente, en sintonía con lo dictaminado por el fiscal del caso Eduardo Taiano, quien tiene delegada la pesquisa, según la resolución.

En la causa se investiga además al presidente Javier Milei, quien en febrero pasado promocionó en su cuenta de la red social X el lanzamiento del criptoactivo que así aumentó su valor para luego caer de manera abrupta.

El artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación establece que el sumario judicial “será público para las partes y sus defensores” y “siempre secreto para los extraños”.

Tanto el juez como el fiscal entendieron que divulgar de manera irrestricta para los integrantes de la comisión legislativa la información “podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación”.

También remarcaron que hay medidas de prueba aún en trámite que deben permanecer en reserva.

Martínez De Giorgi pidió opinión al fiscal en relación a otro pedido de acceso más acotado, vinculado a documentación y medidas de prueba específicas, algo que debe resolver.

En el mismo pronunciamiento, el juez rechazó la solicitud del querellante Martín Romeo de ordenar la detención de Novelli y Terrones Godoy.

Según el denunciante, ambos presentaban “riesgo de fuga” porque poseen pasaportes extranjeros y, en el caso de Terrones, residencia permanente en México.

También alegó que habían intentado obstaculizar la investigación mediante el vaciado de cajas de seguridad y la eliminación de archivos informáticos.

“No se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga” y ambos están a derecho con medidas cautelares vigentes como congelamiento de sus activos que serían “suficientes para neutralizar los riesgos existentes”.

Tener “doble nacionalidad o pasaporte extranjero no puede, por sí solo, ser interpretado como un indicio suficiente de riesgo de fuga”, concluyó.

Con información de NA.

IG

El líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel, se arrepintió ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi por las expresiones agresivas que tuvo contra la ex titular del INADI Victoria Donda, el periodista Víctor Hugo Morales y dos legisladoras del Frente de Todos.

“Lo único que hacía era manifestarme en contra de la clase política argentina siempre y cuando se me presentaba la oportunidad. Mi intención con estos actos, era hacerle saber mi situación social y económica y buscar refugio o ayuda en los actores políticos”, declaró Morel ante el juez.

Martínez de Giorgi convocó a Morel –procesado por intimidación pública, en un fallo confirmado por Cámara- para una ampliación de indagatoria por nuevos hechos detectados tras su primera comparencia.

“Con respecto a lo de Victoria Donda, jamás fue mi intención amenazarla ni atemorizarla”, dijo Morel, quien le había espetado a la ex titular del INADI: “Donda te persigo. Donda vas a tener el mismo destino que tus viejos hija de puta. Le vas a ir a tocar timbre a San Pedro antes Donda, la concha tuya” (sic).

“Destaco que esa expresión fue realizada en una manifestación en la vía pública donde nos estábamos manifestando por el aniversario de la fiesta de Olivos donde Fabiola Yáñez había festejado su cumpleaños en pandemia”, justificó Morel.

“En ningún momento la amenacé de muerte ni le proferí ningún tipo de amenazas. De todas formas, en esta misma ampliación de indagatoria, manifiesto mi arrepentimiento con esos dichos y si pude haber herido a alguien y demás”, se disculpó.

Respecto de Víctor Hugo Morales, a quien le profirió “viejo pelotudo hijo de puta… pero lo cagaría a trompadas hasta desfigurarle la cara que… qué viejo pelotudo”, Morel explicó que esa expresión “fue un momento de indignación ya que se estaba subestimando a la protesta que habíamos realizado contra el Gobierno Nacional”.

“El Sr. Víctor Hugo Morales, intentó desviar el foco de atención, lo cual, a mí me produce cierto rechazo y por esos son mis dichos. Con respecto a la frase lo cagaría a trompadas quiero dejar en claro que yo jamás me acerqué a C5N ni jamás tuve un acto violento para con nadie, de violencia física me refiero”, declaró Morel.

“Entiendo que, quizá, Víctor Hugo Morales se lo pudo tomar a mal, pero no está en mi forma de ser ir a pegarle a nadie ni ningún tipo de violencia física”, añadió.

Sobre las legisladoras porteñas del Frente de Todos Maia Daer y Claudia Neira, a quienes en el acto de asunción de la ex ministra de Economía Silvina Batakis les dijo “chorras, hijas de puta, garcas, los vamos a prender fuego, uno por uno”, Morel respondió: “yo no las conozco”.

“No recuerdo haberlas visto y me fijé quienes eran, una vez que su denuncia se hizo pública. (…) Yo lo único que escucho y que no puedo negar, es que dije las vamos a prender fuego. Dichos de los cuales, por supuesto me arrepiento”, añadió.

“Viéndolos hoy a la lejanía puedo decir que no estoy de acuerdo con lo manifestado por mí mismo en esa oportunidad”, resumió la declaración.

El juez Martínez de Giorgi dispone de un plazo de diez días hábiles, que ya están corriendo, para resolver si amplía el procesamiento contra Morel.

Con información de agencias.

IG

El contenido de los dispositivos electrónicos y de la actividad virtual de Jonathan Morel fue analizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que días atrás entregó a la Justicia un informe con fotos, videos y otros documentos sobre las acciones realizadas por el procesado y otros integrantes de la agrupación Revolución Federal (RF) en los meses previos al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En 37 fojas, la Unidad Operacional Antiterrorista y de Control de Actividades que Atenten Contra los Poderes Públicos y del Orden Constitucional de la PSA desglosó la actividad almacenada en la nube de Google de la cuenta de Morel, y la presentó dicho material ante el juez criminal federal Marcelo Martínez De Giorgi con el uso del software de análisis Celebrity Pathfinder, según fuentes judiciales.

Además de registros fotográficos y fílmicos sobre diversas protestas frente a la Casa Rosada, la Quinta Presidencial de Olivos y el domicilio particular de la expresidenta, el informe incluye diversas búsquedas que Morel realizó en Google y la plataforma Nosis para conseguir datos de varios funcionarios del Frente de Todos (FdT), entre ellos el presidente Alberto Fernández.

Fue hallado también un contrato de enero de este año “de colaboración y cesión de derechos” para la realización de una serie documental sobre el intento de asesinato de la presidenta del Senado con la firma “Producciones del Barrio S.L”.

Qué se halló en el celular de Morel

El estudio que la policía entregó este lunes al juez tuvo en cuenta el calendario, notas, agenda, imágenes, videofilmaciones, registros de llamadas, mensajes de texto, intercambios realizados a través de redes sociales y comunicaciones establecidas vía Whatsapp. Con el trabajo de análisis, se obtuvieron 50.988 elementos extraídos, constituidos en su mayoría por archivos de texto (en varios formatos) y elementos audiovisuales.

También se encontró el formulario de incorporación a Revolución Federal y los pagos recibidos “mediante transferencias tanto del fideicomiso Espacio Añelo, como de Santa Clara al Sur” por trabajos realizados por Morel y los “montos de facturación por parte de su emprendimiento Dogo Carpintería por un total de $6.906.000”.

En su mayoría, la investigación reveló archivos en imagen o video referidos a folletos o diseños virtuales con el propósito de criticar al Gobierno Nacional y realizar convocatorias para realizar protestas callejeras. Se hallaron registros de pegatinas en barrios del Conurbano bonaerense, con expresiones críticas o insultos hacia “el kirchnerismo o C.F.K” (por Cristina Fernández de Kirchner).

Asimismo, fueron halladas fotos que dan muestra del proceso de construcción de una guillotina y luego una captura de pantalla de la red social Twitter, donde se puede visualizar ese artefacto con una leyenda debajo: “¡Quizás haya llegado el momento de que sea el pueblo el que comience a hacer recortes!”.

Morel, Sabrina Basile y Leonardo Sosa aparecen en varias fotos en protestas frente a la Quinta de Olivos, al domicilio particular de Fernández de Kirchner y con antorchas, a modo de convocatoria, a la manifestación del 25 de mayo del 2022, en el Parque Naciones Unidas del barrio porteño de Recoleta.

Una curiosa propuesta forma parte del contenido de Morel: “cerrar el Ministerio de la Mujer”, objetivo para el cual “estarían recaudando información, como así también una cámara oculta y una llamada telefónica al 144 para evaluar la respuesta del personal” de esa cartera, que, según el procesado, “sería inoperante”.

Recuento de la causa por el intento de magnicidio

En febrero pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Morel y otros tres miembros de RF, pero cambió la calificación penal del delito, la cual dejó de encuadrarse en “intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor” para considerarse “incitación a la violencia colectiva”.

Es una causa que tiene a Fernández de Kirchner entre los querellantes, e investiga la violencia de los actos y las consignas desplegadas por esa agrupación en la vía pública y a través de redes sociales, donde llegaron a proponer “al kirchnerismo cárcel o bala”.

Los procesados por Martínez De Giorgi son: Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, a quienes consideró “coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva”. Al procesarlos, el juez sostuvo que, a través de su accionar violento, los miembros de RF se constituyeron como “uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio” de la exmandataria.

LC con información de agencia Télam

En el camino hacia el juicio oral y público, los jueces del Tribunal Oral Federal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre los cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, en los que registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. Así lo solicitaron algunas de las defensas de los imputados durante la etapa de ofrecimiento de prueba que finalizó en las últimas semanas.

Las expectativas, explicaron tres abogados defensores consultados por elDiarioAR, están puestas en que el tribunal ordene una pericia sobre los seis originales en papel para determinar dos puntos centrales: en qué fechas se escribieron los cuadernos; y quién sería el segundo escribiente que realizó modificaciones, una novedad que reveló una pericia realizada en otro expediente por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA). Hay otra pista que queda pendiente: qué leyendas, nombres o direcciones se corrigieron con liquid paper y por qué.

Algunas de las defensas, como la de los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, vienen solicitando la realización de pericias sobre los seis cuadernos en papel que se incorporaron a la causa en 2019, pero hasta el momento el único estudio oficial sobre la prueba documental es el realizado por la Federal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi instruye un expediente originado por una denuncia del empresario Armando Losón, del Grupo Albanesi, uno de los arrepentidos de los cuadernos, quien sostiene que la mitad de las menciones a su persona en los cuadernos serían falsas. Se basa en alteraciones al texto que detectó un equipo de peritos caligráficos privados contratados por el imputado. Losón presentó una denuncia y Martínez de Giorgi ordenó una pericia oficial a la Federal.

Pero se trata de un estudio parcial: no fue realizada sobre los originales papel sino sobre las fotografías digitales de los mismos; no se hizo sobre todos los cuadernos sino sólo sobre tres; y tampoco forma parte del expediente de los cuadernos que debe ir a juicio, sino de una causa paralela que se encuentra en primera instancia. 

Aún así, los resultados de la pericia caligráfica oficial aportaron elementos a las defensas para poder insistir al tribunal oral con la realización de un estudio más profundo sobre los cuadernos. 

Un diario o de corrido

Los peritos de la Federal analizaron 189 archivos de imágenes JPG enviados en un pendrive a través de instrumental óptico e informático. Determinaron que al menos los cuadernos 4, 7 y 8 fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas correcciones atribuidas por los expertos a “otro escribiente”, no identificado hasta el momento.

Alejandro Rúa, abogado de Baratta, es uno de los abogados que solicitó al tribunal que ordene una pericia caligráfica de los cuadernos originales en papel. “Lo más interesante de los resultados de la pericia caligráfica oficial es que determinó que no fueron escritos como un diario”, dijo a elDiarioAR ante la consulta.

Los peritos que analizaron los cuadernos 4, 7 y 8 determinaron que el primero sí fue escrito como un diario, con registros realizados durante distintos días y momentos. Sin embargo, los cuadernos 7 y 8, según los expertos de la federal, habrían sido escritos de corrido, en un mismo momento. 

“La hipótesis de la defensa es que antes de 2017 podrían haber existido algunos de los primeros cuadernos -como el 4- pero el resto, los más recientes, fueron escritos en 2017”, afirmó Rúa. “Esto lo basamos en el hecho de que entre 2016 y 2017, Baratta recibía constantes mensajes de la ex esposa de Centeno reclamando que interviniera a favor de la mujer durante la separación, por ejemplo, sobre la tenencia de los perros de la pareja. En abril de 2017, Horovitz hace referencia a los cuadernos por primera vez en esos mensajes. Creemos que los cuadernos tenían como fin extorsionar a Baratta”, aseguró el abogado del exfuncionario.

¿Pueden los peritos determinar cuándo se escribieron los cuadernos?

Data de escritura

Los peritos caligráficos pueden determinar una fecha aproximada del año en que se escribió cada uno de los cuadernos siempre y cuando cuenten con los originales en papel. 

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia caligráfica a la Federal, los peritos intentaron realizarla sobre los originales de papel, pero el Tribunal Oral Federal número 7 negó el acceso a la prueba documentos, que permanece bajo su custodia. Los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales que se les entregaron en un pendrive. 

En el informe, los expertos aclararon que “en todos los casos”, la norma general es que “el peritaje documentológico caligráfico se efectúa exclusivamente sobre el original” en papel. La exigencia -agregaron los peritos- se basa en tres circunstancias especiales: una de ellas es que la fotografía convencional es la fiel expresión de la verdad; siempre que el fotógrafo actúe de buena fe (es decir, que las capturas de imágenes se hayan realizado con un eficiente equipo y no hayan sido modificadas o alteradas digitalmente). El juez Martínez de Giorgi les comunicó que consideraba “indubitables” las fotos digitales.

Además, los peritos explicaron que “en las fotocopias, duplicados, reproducciones fotográficas, reproducciones fotomecánicas, etc., no se puede efectuar el estudio del papel”, “tipo de elemento escritor y tintas usadas en la confección del documento”; y que “solo es posible efectuar el análisis extrínseco o general de la escritura y los parciales intrínsecos.

Aún así, fue posible desarrollar el estudio, pero el dictamen es “parcial”, aseguraron. Pero no pueden determinar la fecha de escritura sin acceso a los originales en papel. Y resta establecer otra cuestión, más allá de lo técnico: cuál sería el impacto de la data de escritura en un caso en el que decenas de empresarios declararon como arrepentidos y admitieron en sede judicial hechos que fueron mucho más allá de los registros de Centeno. 

Sólo por mencionar algunos casos centrales, Aldo Roggio admitió que su empresa pagó sobornos por valores equivalentes al 5% de los subsidios al transporte que recibió durante parte del kirchnerismo; Carlos Wagner describió los pormenores de la cartelización de las obras públicas viales; Angelo Calcaterra sostuvo -al igual que Losón- que pagó aportes de campaña ilegales para poder seguir contratando con el Estado.

Liquid paper

Los peritos privados que contrató el empresario Losón realizaron una pericia caligráfica y otra lingüística de los ochos cuadernos, en base a las fotografías digitales de los originales. Los resultados no son públicos ni fueron presentados hasta el momento ante la Justicia, y los expertos habrían detectado 116 enmiendas sobre la escritura original de los ocho cuadernos (algunas de las cuales fueron realizadas por el propio Centeno y otras, por “otro escribiente”), según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas del caso. 

El abogado de Losón, Carlos Vela, sólo presentó los resultados de la pericia privada sobre los cuadernos 4 , 7 y 8, que contienen las menciones a su cliente. 

Tras analizar esos resultados del estudio privado, el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia oficial en mayo último. Entre los puntos de pericia, el magistrado solicitó que se estudien las anotaciones borradas con líquido corrector blanco (o liquid paper) a través una prueba química cromatográfica para determinar con extracciones y análisis químicos si fueron agregados en la misma época o a lo largo de distintos momentos, es decir, si Centeno u otra persona realizó los tachados con el corrector blanco a medida que escribía el cuaderno o si fueron realizadas posteriormente con el fin de enmendar datos registrados durante la escritura original.

Este tipo de estudio se utilizó en el caso Hotesur. El fiscal de la causa iniciada por Losón, Gerardo Pollicita realizó esa misma prueba para remover el corrector líquido en actas de asamblea de la empresa hotelera de los Kirchner, lo que le permitió descubrir que se intentó borrar con líquido corrector la participación societaria de la expresidente en la empresa: debajo de donde se leía “Máximo Kirchner”, estaba el nombre de Fernández de Kirchner, de acuerdo con el dictamen de elevación a juicio del caso.

Cuando se tienen los originales, las tachaduras y ocultamiento de partes del texto con corrector líquido blanco se pueden tratar con un infrarrojo, luz transmitida y filtros IR para descubrir el texto original censurado por el escribiente, explicaron los peritos de la Federal.

En el cuaderno 7, por ejemplo, los peritos oficiales identificaron 115 “acciones aditivas” y tres “acciones supresivas” con tachados o ocultamiento con corrector líquido blanco. Los expertos analizaron una de ellas realizada una de las direcciones en las que Centeno anotó que Baratta mantenía reuniones con Losón (“Alem 855”).

La anotación es del 25 de julio de 2013, a las 12:20 horas. La dirección de la avenida Alem está escrita sobre el corrector líquido. Los peritos lograron establecer que se tachó con el liquid paper la leyenda “Grierson”, que se referiría a la calle Cecilia Grierson del barrio Puerto Madero, que no estaría vinculada a Losón. La defensa del empresario sostiene que se tachó para agregar la dirección de Alem para perjudicar a su cliente y que el registro no sería fiel.

La eventual pericia caligráfica de los ocho cuadernos puede ser una caja de Pandora, explicó un segundo abogado defensor del caso. Los empresarios no saben a quién perjudicará o beneficiará descubrir qué hay debajo de las correcciones con liquid paper. De hecho, ningún otro empresario acusado en la causa de los cuadernos se sumó a la causa iniciada por Losón. 

ED/MG

Mientras el juicio oral y público por la causa de los cuadernos avanza a paso lento, sin fecha de inicio, en un expediente paralelo que comenzó a crecer en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi intenta determinar si los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno fueron adulterados y por quién. 

Hasta ahora, los cuadernos nunca habían sido peritados, a pesar de los insistentes pedidos de algunas de las defensas. Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi, quien declaró como arrepentido en la causa original pero sostuvo que sus pagos ilegales al entonces funcionario Roberto Baratta fueron aportes ilegales de campaña y no fueron sobornos. Baratta niega haber recibido dinero de los empresarios.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

Estas modificaciones sobre los originales consisten en tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco (liquid paper). Por ejemplo, a pedido del abogado de Losón, se determinó que el nombre de pila del empresario había sido agregado por posterioridad sobre otro nombre (“Marcelo”), sobre el que se reescribió “Armando”. Sólo se estudiaron las menciones a Losón y a la dirección de su compañía en estos tres cuadernos.

Tras analizar los resultados de la pericia caligráfica, el siguiente paso en el expediente es intentar determinar quién sería este “otro escribiente”, que habría corregido o alterado menciones a Losón en los cuadernos 7 y 8. 

Allegados

El juez busca información sobre dos personas de las personas que admitieron haber estado en contacto con los cuadernos antes de que éstos llegaran a la Justicia: la ex esposa de Centeno, Hilda Horovitz; y su amigo Jorge Bacigalupo, el hombre que entregó una caja con los ocho cuadernos originales a La Nación en 2018. Ninguno de los dos ha reconocido haber alterado los escritos del ex chofer de Baratta y fueron testigos en la causa de Bonadio.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Para comparar las escrituras de Horovitz y Bacigalupo, Martínez de Giorgi rastrea en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) las fichas que el Estado solicitaba décadas atrás a las personas para completar sus datos personales para la confección del Documento Nacional de Identidad (DNI). Estas fichas se completaban a mano por parte del solicitante del documento y se firmaban de puño y letra, lo que puede aportar “rasgos de escritura” de las personas. Con esas muestras, el juez buscará que los peritos de la Federal logren determinar si alguno de ellos es el “segundo escribiente” que dejó su escritura en los cuadernos 7 y 8.

Ni Centeno ni sus dos allegados han sido citados en la causa ni están formalmente imputados en el expediente.

Además, la querella, es decir, el abogado de Losón, presentó ante el juzgado una nueva pericia privada -ya había presentado su propia pericia caligráfica que motorizó la realización de la oficial-, esta vez, realizada por expertos en lingüística. Martínez de Giorgi busca que peritos oficial, posiblemente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realicen el mismo tipo de estudio: una pericia lingüística sobre los cuadernos 4, 7 y 8 para analizar las expresiones escritas en los textos e intentar determinar si los tres cuadernos fueron escritos con la misma lingüística. 

La querella sostiene que los primeros cuadernos -el 4, por ejemplo- fue escrito de una forma más rudimentaria con respecto a los cuadernos posteriores, como el 7 y el 8.

¿Qué pasará si los peritos oficiales determinan que ni Horovitz ni Bacigalupo son el “segundo escribiente”? 

Vuelo corto, viaje largo

En sí misma, la causa iniciada por Losón tiene vuelo corto para los fines penales. Una fuente directa de la investigación dijo a elDiarioAR que si los peritos oficiales no logran identificar al “segundo escribiente”, el expediente terminará archivado, ante la imposibilidad de identificar a los supuestos adulteradores de los cuadernos.

Losón busca que la acusación en su contra por el caso cuadernos sea neutralizada por las pericias oficiales. El expediente contra el empresario por los pagos ilegales a Baratta durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner -otra de las imputadas- aún no ha sido elevado a juicio debido a los planteos de la defensa.

Pero, además, los resultados de estas pericias oficiales podrían impactar de lleno en el caso de los cuadernos y otorgar a las defensas de otros empresarios una nueva carta para disputar el veredicto. La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, ya solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que antes de iniciar el juicio de los cuadernos, ordene pericias caligráficas a los seis cuadernos originales en papel que el tribunal guarda bajo siete llaves. 

Aún así, el escenario es incierto para todos. La fiscal Fabiana León, quien encabeza la acusación contra la vicepresidenta y decenas de empresarios y exfuncionarios, tiene las múltiples cartas de las declaraciones de los arrepentidos, quienes admitieron los pagos ilegales a Baratta. 

Mientras tanto, Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal. El fallo podría salir antes de finales de año, afirmó una fuente directa del tribunal de apelaciones.

ED

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública ingresó en una etapa clave para el futuro del caso que involucra a decenas de los empresarios otrora más poderosos del país y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras una pericia oficial abrió la puerta a un escenario todavía incierto.

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes que vienen más atrasados-. Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. 

Mientras tanto, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi un expediente paralelo a la causa de los cuadernos tiene a varios de los involucrados a la expectativa. En el caso, el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Esta no es la “contracausa” de los cuadernos, afirmaron dos fuentes directas del expediente a cargo de Martínez de Giorgi ante la consulta de elDiarioAR. La pericia oficial fue realizada por expertos caligráficos de la Policía Federal Argentina (PFA) tras una denuncia del empresario Armando Losón, quien fuera el presidente del Grupo Albanesi, uno de los principales proveedores energéticos y constructores de gasoductos, hasta que fue detenido y procesado por el caso cuadernos, en agosto de 2018. Desde entonces, su defensa, a cargo del abogado Carlos Vela, sostiene que la mitad de los diez hechos que se le imputan en la causa que instruyó el juez Claudio Bonadio son “falsos”. Por eso, la pericia oficial sólo se centra en las menciones a Losón. 

Losón aún no ha sido enviado a juicio por los cuadernos, la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó revisar su caso y actualmente su expediente continúa en primera instancia, a diferencia del resto de la megacausa de los cuadernos. En paralelo, además, Losón inició esta segunda causa penal en los tribunales de Comodoro Py, que recayó en el juzgado de Martínez De Giorgi y en la fiscalía de Gerardo Pollicita. 

El empresario sostiene que parte de los cuadernos tendrían datos adulterados sobre su persona a través de alteraciones a los escritos originales de Centeno. En este segundo expediente, Losón es querellante, también representado por el abogado Vela. 

La defensa del empresario contrató un equipo de peritos caligráficos privados para que analicen los ocho cuadernos de Centeno. Luego, presentó al juez Martínez de Giorgi los resultados de los tres cuadernos que implican a su cliente: el número 4, un espiralado de marca “America Nos”; el número 7, un Rivadavia tapa dura y cosido de color azul; y el número 8, un Gloria espiralado de colores naranja y azul. Son aquellos en los que hay menciones a encuentros y pagos del empresario al entonces funcionario Roberto Baratta.

La causa iniciada por Losón moviliza desde hace meses el tablero de Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal.

Los resultados de la pericia privada, que demandó un año, sobre los otros cinco cuadernos no han sido presentados ante la Justicia, confirmó una fuente del caso a elDiarioAR. Los resultados generaron expectativas en otros empresarios y exfuncionarios que deben afrontar el juicio por los cuadernos, y cuyas defensas, en algunos casos, ya solicitaron que se incorpore la pericia caligráfica de la Policía Federal al juicio oral y público.

Los jueces del Tribunal Oral Federal número 7, a cargo del caso cuadernos, ya están en condiciones de comenzar a evaluar los pedidos, informó una fuente judicial. El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos, pero ni siquiera la fiscal Fabiana León habría podido acceder a ellos, explicó una fuente de la causa. Esos nunca fueron peritados. Los jueces deberán decidir si ordenan una pericia caligráfica.

La pericia

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó a la Policía Federal que realizara una pericia caligráfica oficial, envió una serie de puntos de pericia, que marcan las pautas para el análisis que deben realizar los expertos y que sólo se circunscriben a las menciones a Losón y su empresa. 

Al no poder contar con los originales en papel, tras la negativa del tribunal número 7, los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales.

El magistrado solicitó a los peritos que analicen si los textos de los cuadernos corresponden al mismo puño escritural -es decir si fueron escritos o no por Centeno-; si se distinguen adulteraciones o modificaciones sobre el original (y cómo serían); que expliquen los estilos de tinta e instrumentos escritores (lapiceras); si se detectan borrados, agregados y cómo se plasmaron esas correcciones, borrados, agregados; y con qué frecuencia se repiten a lo largo de los textos.

La querella está especialmente interesada en el estudio de las anotaciones de su representado, Losón. En los puntos de pericia solicitó que se determinara el contenido de las anotaciones originales en las que se enmendó la palabra “Armando” -en referencia al empresario- en dos fechas de 2013. También, que se analizaran las anotaciones de “Alem 855”, dirección de los encuentros entre el empresario y Baratta. Y si los agregados sobre el original pertenecen al mismo puño que el de quien escribió los originales y si corresponden a Oscar Centeno.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Los peritos recibieron una copia digital de los cuadernos 4, 7 y 8, que para el juzgado debía tomarse como “prueba indubitable”, es decir, que son imágenes digitalizadas del cuaderno original sin alteraciones. 

Aún así, en la causa resta establecer si hay forma de probar quién habría adulterado los cuadernos. 

Qué dicen los trazos

Los peritos explicaron en el informe final que alterar los originales de un escrito implica “agregarle o quitarle palabras, cifras, etcétera, de modo que el documento exprese o atestigüe cosas distintas de las que expresaba o atestiguaba en su estado primitivo”. “Técnicamente -explicaron en el informe- consiste en modificar intencionalmente la apariencia o sentido de un documento auténtico mediante la adición, supresión o sustitución de signos o elementos”.

Los expertos de la Federal realizaron estudios cromatográficos, ópticos y lumínicos. Alejandro Matías Centofanti, comisario jefe a cargo de la División Scopometría de la Policía, declaró ante el juez Martínez de Giorgi que a través de la escritura puede determinarse la posición del escribiente, es decir el lugar de apoyo; y también el elemento escritor (la lapicera).

“Cuando uno escribe día a día, la escritura sufre ciertas modificaciones inherentes a distintas causales”, ya sea por la posición del espacio gráfico, del elemento que se utiliza para escribir, de la temperatura, el temperamento, el estado de ánimo, declaró Centofanti. En el cuaderno 4, sí se registra esa “diferencia de constancias diarias”, pero no así en los cuadernos 7 y 8, aseguró el experto. Por ejemplo, dijo, “el cuaderno 7, en su análisis, no revela estos cambios”; “surge como un relato estable y continuo”. 

Para establecer cuándo se habrían escrito los cuadernos 7 y 8, el perito declaró que necesita los originales en papel. En el cuaderno 7 -sostuvo el perito- “se evidencia en el trazado y correlato de la escritura que la misma se mantiene estable con las alternancias naturales”. Esto, agregó, “permite inferir una secuencia continua de escritura sin alternancia temporal, discrepante de la modalidad de registro que usualmente se lleva para un llenado de constancias diarias”. Es decir, que podría haberse escrito de corrido a pesar de que registra hechos ocurridos en diferentes fechas.

Aún así, ratificaron que fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas modificaciones sobre los originales: tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco.

El origen

La defensa de Losón, a cargo del abogado Carlos Vela, había solicitado la pericia caligráfica desde el primer momento en que su cliente quedó preso, en agosto de 2018, por orden del juez Claudio Bonadio. Un gerente de la empresa de Losón le dijo al abogado que en uno de los encuentros registrados por Centeno en sus cuadernos, el chofer de Baratta había apuntado un encuentro entre el funcionario y el empresario en una fecha en la que Losón se habría encontrado en Santiago del Estero. Entonces, Vela solicitó al juez de los cuadernos una pericia caligráfica y presentó el plan de vuelo de esa fecha para defender al empresario.

Losón terminó declarando como arrepentido pero admitió sólo pagos ilegales de aportes de campaña para el kirchnerismo por entre 2 y 3 millones de pesos, registrados en los cuadernos en fechas cercanas a distintas elecciones. La defensa del empresario sostiene que las cifras de los pagos no podrían ser sobornos para obtener contratos con el Estado porque serían sustancialmente menores con respecto al monto de los contratos que obtuvo la empresa de Losón durante esos años (alrededor de $5.000 millones).

Reconocer los pagos ilegales registrados en los cuadernos como aportes de campaña tiene consecuencias directamente beneficiosas para los imputados: buscan encuadrar los hechos en una irregular electoral (con escasas consecuencias judiciales) y lejos del delito penal de cohecho activo con penas de prisión (pago de sobornos a funcionarios públicos) con fines de defraudación a la administración pública (si los sobornos son para obtener contratos con el Estado). Este planteo también está pendiente en la Cámara Federal de Apelaciones y los camaristas de la Sala I deberán definirlo. 

Nota: este artículo se corrigió el sábado 19 de noviembre de 2022 por un error. Se corrigió “vicepresidente” por “vicepresidenta”.

ED 

La causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa acumulando testigos y medidas que de acuerdo con los investigadores consultados por elDiarioAR se estanca en la teoría de un reducido grupo de acusados sin aparentes terminales con la política ni la recepción de fondos para su financiamiento. Sin embargo, el kirchnerismo tiene su propia investigación, que incluye aportes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que implica un mapa de vínculos que conectan con referentes de la derecha y los libertarios e indirectamente con dirigentes de la oposición.

Los expedientes en torno del caso son dos: el primero es el que tiene a su cargo la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo sobre el hecho material del atentado y en el que están procesados Fernando Sabag Montiel -el hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de CFK-, Brenda Uliarte -supuesta instigadora- y otros dos allegados a la pareja; el segundo nació por una denuncia de la AFI contra miembros de Revolución Federal, un grupo de libertarios antikirchneristas y radicalizados, y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. 

Esta última causa se originó dos semanas después del intento de homicidio y apunta a supuestos responsables de generar el caldo de cultivo para el atentado. El viernes, el magistrado indagó a cuatro detenidos de este grupo, acusados de amenazas, entre ellos, Jonathan Morel, uno de los principales referentes de estos grupos gestados en otro caldo de cultivo: la pandemia, la crisis económica y las redes sociales.

La denuncia de la AFI incluyó audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 en la red social Twitter por el grupo Revolución Federal que incluyen la mención a la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de Fernández de Kirchner que se congregaron durante varias jornadas en las inmediaciones de su domicilio para hacerla “pasar a la historia”.

En otro de los audios, Morel dialoga con un soldado voluntario del Ejércio, Franco Ezequiel Castelli, con domiclio en Santa Cruz, publicó la agencia oficial Télam:

Morel: ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?

Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

Morel: Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?

Morel y los otros tres detenidos están imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por delitos con penas de hasta ocho años de prisión, como incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones; organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor; alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

En el kirchnerismo aseguran que la participación de la AFI -que tiene vedado por la ley realizar tareas de inteligencia interna- fue promovida por el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, luego de que la pericia del teléfono celular de Sabag Montiel  a encomendada a la Policía Federal -bajo la conducción del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández- terminara con el contenido del dispositivo borrado y la desconfianza creciente de De Pedro, de extrema confianza de la vicepresidenta.  

En el riñón del kirchnerismo sostienen que el mapa de relaciones entre Revolución Federal incluye a Brenda Uliarte -asistió a una marcha de la organización en la que se arrojaron antorchas encendidas a la Casa Rosada previo al atentado- y a un dirigente de Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, que participó del espacio de José Luis Espert, coqueteó con Javier Milei y tiene fotos con Patricia Bullrich, la principal apuntada por el sector fiel a Fernández de Kirchner como principal apoyatura política de estos grupos sospechados.

Uno de los dirigentes del kirchnerismo que sostiene esos vínculos es el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), quien este viernes dedicó una emisión de su canal de Youtube a mostrar esas relaciones e infirió la conexión de los grupos radicalizados y Carrol con Bullrich. Sin embargo, la dirigente de Juntos por el Cambio dijo a elDiarioAR: “No los conozco -a los detenidos por el expediente contra Revolución Federal- y no tienen ninguna relación con nuestra campaña”.

Carrol es la última incorporación al mapa de relaciones que estudia el kirchnerismo: hace cuatro semanas, Sabag Montiel presentó un escrito ante la jueza Capuchetti sosteniendo que quería ser su propio abogado, lo cual fue rechazado por la magistrada. Luego, el hombre que apuntó y gatilló a la vicepresidenta sostuvo ante el juzgado que ponía a Carrol a cargo de elegirle un nuevo abogado. Sin embargo, la defensa de Sabag Montiel sigue a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida.

Entonces, Carrol copó la escena. Fue invitado al programa de Pablo Duggan en C5N el 19 de octubre y sostuvo “no voy a mover un dedo por Uliarte y Sabag Montiel”. “Yo no los conozco”, “los conocí por la pantalla de Crónica”, “la llamé a Brenda Uliarte y le pedí una entrevista por Instagram Live, después se sumó el novio”, la convocatoria que los reunía era “no planes, trabajar”.

“Después de la entrevista, con ella intercambié mensajes. La invitamos a un cumpleaños de Almeida -otro integrante del espacio de Carrol- que era abierto”, dijo. “Vinieron, eran dos personas raras, no hablaron de política en ningún momento, sino de incidencias personales de ellos”. El encuentro fue unos diez días antes del atentado, agregó el dirigente de Nuevo Centro Derecha.

Carrol afirmó que al día siguiente del atentado, “abogados que, calculo que habían visto el IG live, me llamaron para pedirme el número de ella. Me comuniqué con ella para decirle que había abogados que estaban ofreciendo defenderlo a cambio de fama”.

-¿Cómo se entera de ese ofrecimiento Sabag Montiel si estaba incomunicado?- le preguntó el conductor.

-Yo tampoco lo entiendo.

Financiamiento o contratación

Los empresarios Flavio y Hugo Caputo, hermanos mayores del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, y primos del empresario Nicolás “Nicky” Caputo -mejor amigo del expresidente- aún no explicaron cómo llegaron a contratar al grupo libertario de Jonathan Morel, detenido en otro expediente vinculado, para la fabricación de muebles por unos $6,5 millones que ni siquiera fabricó la supuesta carpintería de Revolución Federal, ya que el trabajo fue tercerizado, como informó el propio líder del grupo político -o antipolítico-, detenido desde el jueves por orden del juez Martínez De Giorgi, quien también ordenó allanamientos en la empresa de los Caputo.

Matías Cúneo Libarona, abogado de ambos desarrolladores inmobiliarios -quien también representó a Luis Caputo en la causa por ocultar que fue dueño de una offshore en Islas Caimán- aseguró a este medio que los empresarios admiten la contratación de la carpintería de Morel pero niegan terminantemente tener relación con el atentado a Fernández de Kirchner. También negaron que el exfuncionario de Macri y el mejor amigo del exmandatario tengan relación con la empresa Caputo Hermanos SA que contrató a Morel. “Con Nicolás ni siquiera tienen relación y Luis o Totó nunca tuvo vínculo con la empresa de sus hermanos mayores”, aseguró un allegado a los empresarios.

Los accionistas de Caputo Hermanos SA presentaron de manera espontánea un escrito ante la Justicia a través de su abogado horas antes de que se ordenaran los allanamientos y detenciones del caso, el jueves último. A través del penalista, la desarrolladora inmobiliaria aportó documentación, facturas comerciales y fotografías que acreditan la compra, existencia y entrega de los muebles adquiridos a Morel.

Flavio y Hugo Caputo afirmaron al juzgado que la hipótesis que “fomentaron” Página/12 y C5N de que Caputo Hermanos SA financió a Revolución Federal a través de la compra de muebles sería “errónea, tergiversada y maliciosa”, según el escrito al que accedió este medio.

La explicación de los Caputo excluyó un dato central: cómo llegaron a contratar a la supuesta carpintería de Morel, si fue por recomendación (y de quién) o por otra vía (y cuál). Ante la consulta de elDiarioAR, su abogado respondió que esa información será aportada por la empresa este lunes ante el juzgado de Martínez de Giorgi.

Nicolás Caputo, primo de los empresarios que quedaron involucrados en el caso, también niega cualquier vinculación con sus primos y la compañía, según aseguró un allegado al mejor amigo de Macri.

La contratación salió a la luz primero en los medios de comunicación y luego la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó al juez Martínez De Giorgi “transferencias realizadas por los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur –ambos administrados en calidad de fiduciario por Caputo Hermanos- principalmente entre enero y agosto del corriente año 2022, por montos de dinero elevados —en total aproximadamente más de $6,5 millones—, que tuvieron por destino cuentas de titularidad de Jonathan Morel” y dos mujeres que serían una empleada de la carpintería y su expareja.

PYME

La carpintería de Revolución Federal está ubicada en la localidad de Boulogne y es donde Morel dijo que fabricaron la guillotina y antorchas que llevaron a Plaza de Mayo para una protesta contra el kirchnerismo con la leyenda “todxs presos, muertos o exiliados”. Morel negó durante la indagatoria del viernes haber participado en el atentado a Fernández de Kirchner. Tras el hecho, además, había dicho en una entrevista con elDiarioAR que los audios entregados a la Justicia por la AFI “están fuera de contexto”. “Una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla”, señaló.

Leonardo Sosa es otro de los fundadores de Revolución Federal y también fue detenido el jueves por orden de Martínez De Giorgi. Ambos militaron en 2015 para la campaña de Macri. “A nosotros los funcionarios nos cagaron la vida con los impuestos y los queremos presos o exiliados”, dijo Sosa a Revista Anfibia previo al atentado del 1° de septiembre.

En el dictamen en el que el fiscal Pollicita solicitó las detenciones e indagatorias de Morel, Sosa y otros dos integrantes del grupo, Gastón Guerra y Sabrina Basile, el magistrado sostuvo que los primeros dos acusados en el expediente iniciado por la AFI organizaron Revolución Federal con el objetivo de llevar a cabo “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor” e incitaron “a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

“Sosa y Morel decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital, y la utilización de determinadas frases insignia o lemas tales como 'van a correr', 'todos presos, muertos o exiliados', 'no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias', 'al kirchnerismo cárcel o bala', 'no se quieren ir? Los vamos a sacar', 'que se vayan todos', entre otras, replicadas en distintos medios y redes sociales”. “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TOD☀S van a sufrir las consecuencias de sus actos”, fue otra de las consignas citadas por Pollicita.

ED

La causa principal por presuntas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento nació el 16 de marzo de 2016, por una denuncia de Graciela Ocaña derivada del Lava Jato de Brasil.

Documentos incorporados al expediente que construía entonces el juez federal del estado brasileño de Paraná Sergio Moro señalaron que un gestor de Ricardo Jaime había reclamado, en 2009, el pago de una cuota de US$ 80.000 de una presunta coima al director de operaciones de Odebrecht Mauricio Couri Ribeiro. Con esa información sobre un monto que luego se demostraría irrelevante para las magnitudes manejadas, la legisladora de Cambiemos acudió a Comodoro Py. El fiscal Franco Picardi dio impulso a la investigación y el expediente quedó abierto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.  

Desde entonces, el caso acumula tantas pruebas como movimientos estrambóticos, y hace dos años que no avanza. Hubo de todo. Un arrepentido clave que dejó de arrepentirse después de que Martínez de Giorgi sobreseyera a su esposa e hijos, procesamientos, desprocesamientos, hallazgos de rutas de dinero hacia cuentas offshore en Andorra y Uruguay y una singularidad extrema: aparecen en el banquillo los receptores de dádivas, según la benigna acepción del juez, pero, por ahora, quedan exceptuados de culpa y cargo los empresarios que supuestamente entregaron montos millonarios.

La versión del Lava Jato indicó que Jaime y su asesor español Manuel Vázquez crearon la firma Control y Auditorías Especiales (CAESA), con sedes en Argentina y España, para recibir sobornos por parte de la brasileña Odebrecht, IECSA —la empresa cedida por los Macri a su pariente Angelo Calcaterra en 2007—, la italiana Ghella —socia de IECSA en otros emprendimientos en la Ciudad de Buenos Aires— y la española Comsa.

A medida

El llamado a licitación para el soterramiento fue firmado por Jaime el 21 de febrero de 2006, al que respondieron IECSA —todavía con los Macri a cargo de la empresa—, Roggio y el consorcio Isolux-Esuco, según consta en el expediente judicial. Tras múltiples modificaciones en el trazado de la obra, montos y plazos, Cristina Fernández de Kirchner adjudicó el trabajo al cuarteto IECSA–Odebrecht–Ghella—Comsa, con participación de 30% para los tres primeros y 10% para el último, el 23 de enero de 2008.

Todo el concurso a cargo de los secretarios de Transporte Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012) estuvo signado por la falta de planificación básica, como la elaboración de un presupuesto, fuente de financiamiento o definiciones técnicas para realizar la obra, lo que dejó casi todo librado al contratista, indicó un dictamen de Sergio Rodríguez, procurador de Investigaciones Administrativas, presentado en diciembre de 2017.

Desde un principio, la extrema opacidad de la licitación estuvo orientada a que el soterramiento fuera adjudicado al consorcio ganador, pese a la supuesta competencia con Isolux —una firma española con presencia recurrente en los concursos ganados por IECSA— y Roggio.

Ad honorem

En el procesamiento decretado el 15 de abril de 2019, Martínez de Giorgi dio por probado que IECSA pagó $ 600.000 a CAESA, la consultora creada por Vázquez, el asesor “ad honorem” de Jaime, y Comsa hizo lo propio por $ 263.097,56, entre 2005 y 2009. Vázquez se desligó formalmente de CAESA en 2005, aunque siguió a cargo de la gestión. Por si quedaran dudas, el consultor español dejó a su esposa, Marta Margarita Domínguez, como apoderada de la firma, y a sus hijos Julián y Mariano como vicepresidente y director, respectivamente.

La consultora de Vázquez cumplió su ciclo. Tras el desplazamiento de Jaime, en 2009, y, sobre todo, tras el accidente de Once de febrero de 2012 que derivó en la renuncia de Schiavi, el soterramiento pasó a la órbita de Julio de Vido, ministro de Planificación entre 2003 y 2015. Allí cobró protagonismo la firma Sabrimol, una offshore radicada en Uruguay a cargo de Jorge “Corcho” Rodríguez, como presunta receptora de las coimas pagadas por Odebrecht.

A su vez, fue incorporada al expediente el “acta de culpabilidad” firmada por Odebrecht en Estados Unidos, mediante la que el gigante brasileño admitió sobornos por US$ 35 millones a intermediarios con el Estado argentino, sin detalles.

Los mails del ejecutivo de Odebrecht Couri Ribeiro registrados en la causa de Moro en Brasil —también mencionados por Martínez de Giorgi؅— dieron cuenta de que Javier Sánchez Caballero, segundo de Angelo Calcaterra en IECSA, solicitó US$ 20 millones para abonar las coimas por la adjudicación del soterramiento.

Hipótesis corroborada

Martínez de Giorgi escribió que “se encuentra corroborada la hipótesis” de que los funcionarios que intervinieron en la adjudicación de la obra tuvieron “un interés particular para beneficiar a IECSA-Comsa-Constructora Norberto Odebrecht-Ghella”. Entre las “readecuaciones” más groseras, el juez señaló que el proyecto original preveía el soterramiento del Sarmiento desde Liniers a Caballito (desde donde ya continúa en trinchera hasta Once), dentro de CABA, y mejoras, puentes, túneles y pasos a nivel en el tramo entre Liniers a Moreno, del lado de Provincia. Esa idea fue reemplazada por el proyecto de soterramiento de toda la extensión, pero no se llamó a una nueva licitación como hubiera correspondido, señaló Martínez de Giorgi.

Con todo, el juez dispuso procesar a los funcionarios por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por cohecho. La figura le cupo a Jaime, su asesor Vázquez, Schiavi, De Vido, José López y una veintena de funcionarios de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación.

A Sánchez Caballero, de IECSA, y a Ramón Castro, de Comsa, Martínez de Giorgi les asignó el presunto delito de “ofrecimiento de dádivas”. El juez entendió que como los pagos a CAESA, la consultora de Vázquez, sumaron $ 1 millón, o 0,01% del monto estimado de la obra, no podían considerarse sobornos. A Vázquez y Julián Soba Rojo, presidente de la consultora, les atribuyó el delito de recibir esas “dádivas”. El monto citado era, en efecto, mucho menor en comparación con otros que copaban el expediente, pero el juez no los consideró suficientemente probados.

Al resto de los empresarios, incluidos Calcaterra, el Corcho Rodríguez y los representantes de Ghella y Odebrecht, Martínez de Giorgi los benefició con la “falta de mérito” (es decir, no quedaron procesados, pero sí sujetos a seguir siendo investigados). La esposa y los hijos del gestor Vázquez fueron directamente sobreseídos por el titular del juzgado 11 de Comodoro Py. Se verá: no fue magia.

De Vázquez al Corcho

El fiscal Picardi apeló los procesamientos y sobreseimientos en todos sus términos con 547 páginas presentadas el 26 de abril de 2019. Entendió que no se trató de meras dádivas sino de una trama de sobornos orquestada desde distintas dependencias oficiales y privadas, en Argentina y el exterior, sostenida a lo largo del tiempo. Picardi solicitó que el delito imputado fuera cohecho activo para los pagadores y cohecho pasivo para los receptores, figuras que suponen penas más graves que las estipuladas por el juez.

La “adecuación espuria” del proceso de licitación tuvo por fin directo beneficiar al cuarteto Odebrecht-Iesca-Ghella-Comsa, escribió el fiscal. En un primer tramo, el esquema de sobornos se canalizó a través de la falsa consultoría del testaferro Vázquez, y luego, tras la salida de Jaime del Poder Ejecutivo, mediante una trama más intrincada de sociedades offshore, argumentó. Ello coincidió con la decisión política de que el soterramiento fuera solventado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, organismo bajo la órbita de Julio de Vido.

El consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A, por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”

Más allá de las confesiones y supuestas pruebas acumuladas en el expediente Lava Jato de Brasil, Picardi reconstruyó la ruta de aparentes sobornos que involucran a paraísos fiscales con la actuación estelar de Jorge “Corcho” Rodríguez, ex de Susana Giménez.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, el consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A (DSC), por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, citó Picardi en su apelación.

El flujo de esas transferencias a cuentas radicadas en la Banca Privada de Andorra (BPA) fue reportado desde un juzgado de ese paraíso fiscal en los Pirineos españoles. Una investigación judicial en Andorra halló que la BPA fue el vehículo para la canalización de coimas por parte de Odebrecht para sus negocios en América Latina. No fue una excepción. La entidad andorrana había sido intervenida en 2015 a raíz de un reporte de Financial Crimes Enforcement Network de Estados que la había sindicado como un banco dedicado, básicamente, a lavar dinero.

Conozca a su cliente

La otra punta del ovillo se encuentra en un exhorto respondido por autoridades uruguayas. Sabrimol, la empresa que tanto el juez como el fiscal atribuyen al “Corcho” Rodríguez, recibió USD 4.946.148,84 y € 224.046 euros de parte de la firma Klienfeld en su cuenta del Banco Itaú en Uruguay, hasta 2014. Klienfeld era un armado offshore de Odebrecht para canalizar coimas. La cifra que partió a DSC en Andorra y de allí se difuminó hacia otras offshore y la que llegó a Sabrimol en Uruguay exhiben una coincidencia llamativa.

En la descripción “Conozca a su ciente”, la sucursal en Uruguay del Banco Itaú detalló sobre Sabrimol:

“Entre sus principales clientes se encuentran la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual. También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez a quienes les administran propiedad e inversiones en Uruguay”.

Los registros de comunicaciones de José López y emails incautados en la investigación del Lava Jato de Brasil dieron cuenta que el mencionado secretario de Obras Públicas y el subsecretario de Coordinación de Planificación Roberto Baratta delegaban en Rodríguez la gestión ante Odebrecht, indicó Picardi. Ambos funcionarios eran, a su vez, interlocutores habituales de Calcaterra, cabeza argentina del consorcio encargado del soterramiento.

El Corcho negó ser titular de Sabrimol, pero tanto el juez como el fiscal lo consideraron probado por múltiples documentos.

El desarrepentido

El expediente brinda otro episodio singular. Hacia febrero de 2019 seguían los coletazos del festival de arrepentidos disparado en la causa Cuadernos. El 26 de ese mes, el gestor Vázquez se presentó ante la fiscalía de Picardi para declararse imputado colaborador. Su testimonio, sin la opacidad de la intervención del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, habría significado un activo para la acusación, por entonces todavía a la espera de que se validaran los arrepentimientos y las pruebas construidos en el Lava Jato de Brasil (ocurriría en junio siguiente).

Vázquez le dijo a Picardi que Calcaterra había abonado US$ 20 millones a Jaime para obtener la adjudicación del soterramiento. Tras su arrepentimiento, el intermediario español debió afrontar una operación, lo que dilató el trámite para ser aceptado como imputado colaborador.

En abril, el juez Martínez de Giorgi se precipitó a procesar a unos 25 exfuncionarios —entre ellos, Vázquez— con la figura penal más débil posible, decretó la falta de mérito para la pata empresarial y dictó tres sobreseimientos: Marta Giménez (esposa) y Mariano y Julián Vázquez (hijos). Al mes siguiente, el testaferro de Jaime reapareció en Comodoro Py con nuevo abogado. Declaró ante Martínez de Giorgi que su arrepentimiento de febrero había sido inducido por su anterior letrada, pero que había recapacitado y ya no tenía nada que confesar. En tres meses, el cargo de conciencia se evaporó.

La sala 2 de la Cámara Federal se expidió sobre la apelación de Picardi contra el débil procesamiento dictado por el juez de primera instancia en agosto de 2019. En un texto breve, con consideraciones genéricas, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia fallaron que los procesamientos y las faltas de mérito dictaminadas por Martínez de Giorgi estaban infundados y eran autocontradictorios, y declararon la nulidad de lo resuelto.

Desde entonces, uno de los expedientes en el que gritan indicios claros sobre un sistema de corrupción que abarca a altos funcionarios de los Gobiernos de los Kirchner y a la empresa de los Macri ocupa un lugar en un despacho de Comodoro Py.

El paso cansino y errático del expediente en el juzgado en lo criminal federal 8 de Capital Federal sintonizó a la perfección con la decisión del Ejecutivo de Cambiemos de reactivar la obra y pagar US$ 759 millones en un lapso de tres años al mismo consorcio que eligió Ricardo Jaime en 2006. 

SL

Al asumir la Presidencia, en diciembre de 2015, Mauricio Macri puso en suspenso la obra pública, bajo el argumento de que debía emprender auditorías tras los años de Cristina Fernández de Kirchner en Casa Rosada. Esa decisión reconoció una excepción notable. El 16 de febrero de 2016, el mandatario anunció la reanudación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, proyecto largamente anunciado y apenas concretado durante el Gobierno de Fernández de Kirchner.

Macri encabezó un acto en Haedo, sobre las vías del Sarmiento, junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi, y María Eugenia Vidal. “Esta obra se anunció hace 10 años y todo fueron anuncios… fruto de este proceso que se vivió en los últimos años en la Argentina”, evaluó Dietrich.

El ímpetu del Ejecutivo de Cambiemos duró poco, pero costó centenares de millones de dólares. En diciembre de 2018, cuando una orden del propio Dietrich determinó la paralización de la obra, el Estado llevaba gastados US$ 747 millones, dos tercios de ellos desembolsados en los meses previos a la suspensión. Al año siguiente, el Gobierno de Macri pagó un saldo de US$ 12,5 millones, de acuerdo a la respuesta dada por el Ministerio de Transporte a un pedido de información pública presentado por este medio.

El nombre de las empresas que recibieron los pagos y el foco en el vertiginoso 2018 profundizan los múltiples interrogantes que despierta una de las obras con sospechas de corrupción más fundadas en las últimas décadas.

En junio de 2016, Macri se apresuró a firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que disponía fondos estatales por $ 45.000 millones (US$ 3.000 millones de entonces) por toda la obra y, antes de fin de año, el Estado desembolsó US$ 30,2 millones a favor del consorcio conformado por la constructora brasileña Odebrecht, la argentina IECSA —vendida por los Macri a su primo Angelo Calcaterra en 2007—, la española Comsa y la italiana Ghella.

Al año siguiente, la suma abonada saltó a US$ 211,9 millones, aunque la máxima aceleración llegaría en 2018, con pagos por US$ 504,3 millones. Semejante dispendio se toparía con una decisión abrupta. El 7 de diciembre de ese año, Dietrich firmó la orden de servicio N° 548 que suspendió los trabajos por falta de financiamiento y recortes presupuestarios.

Todas las cifras y fechas citadas corresponden a una auditoría encargada por el Ministerio de Transporte a la Universidad de San Martín (UNSAM), tarea realizada entre febrero y septiembre de 2021. Los montos informados a elDiarioAR por la Dirección Nacional de Articulación Legal de la cartera mencionada fueron mayormente expresados en pesos y convertidos a dólares por este medio, de acuerdo al tipo de cambio promedio de cada año. Por ejemplo, en 2018, el pago fue de $14.169.416.800,67; al cambio promedio de $28,09 por dólar, equivale a US$ 504.357.400,1. Una fuente del Gobierno de Macri consideró que, prima facie, el registro de pagos concentrados en 2018 es correcto.

La tuneladora comenzó a excavar en Haedo, en octubre de 2016, y se detuvo dos años más tarde en el barrio porteño de Villa Luro. El soterramiento del Sarmiento alcanzó 27,5% de la ejecución planeada y hasta allí llegó.

Así y todo, pese a la parálisis ordenada por Dietrich y mantenida por sus sucesores del Frente de Todos, Mario Meoni (fallecido) y Alexis Guerrera, los US$ 759 millones gastados por el Estado constituyen uno de los mayores montos invertidos en obra pública durante los cuatro años de Macri en Casa Rosada.

Sobornos sin autor

El proyecto del Sarmiento es emblemático sobre la presunta corrupción con la obra pública bajo los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Consultoras creadas ad hoc para recibir fondos, testimonios de arrepentidos en Brasil, cuentas offshore en Andorra y Uruguay y licitaciones hechas a medida constituyen un cuerpo de pruebas que brinda varias certezas. En un expediente poblado por extravagancias y dilaciones, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta fueron procesados por un tipo penal leve —incompatibilidad con la función pública— establecido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y luego desprocesados por la sala 2 de la Cámara Federal (Leopoldo Bruglia-Martín Irúrzun). Sin embargo, el ojo de la Justicia no se posó sobre funcionarios del Ejecutivo de Macri que validaron las decisiones de sus predecesores. A ello se suma una perla muy propia de Comodoro Py: habría coimas sin pagadores, porque los empresarios del consorcio nunca fueron siquiera procesados (ver aparte).

Mediante el DNU del 16 de junio de 2016 firmado por Gabriela Michetti (supuestamente, por el conflicto de intereses que representaba la firma presidencial), el Gobierno de Cambiemos ordenó reanudar la obra y asignó los fondos a ser pagados a la unión transitoria de empresas IECSA-Odebrecht-Ghella-Comsa. Eran tiempos en los que Lázaro Báez y Ricardo Jaime aparecían detenidos con casco y chaleco antibalas frente a las cámaras y los paneles de la televisión celebraban la regeneración ética que implicaba —a su entender— la Presidencia de Macri. A esa altura, Marcelo Odebrecht, accionista del gigante brasileño, ya había pasado por la cárcel en el marco de la macrocausa entablada en los tribunales de su país por presuntas coimas en varios países de América Latina. Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009, sobrellevaba varios procesamientos y dos condenas.

El consorcio encargado de la obra en el Sarmiento tuvo modificaciones desde la licitación del proyecto (2006), pero siempre tuvo a IECSA como protagonista central. Es decir, el interés por la obra nació un año antes de que los Macri transfirieran la constructora a Calcaterra, sobrino de Franco y primo de Mauricio, Gianfranco, Florencia, Sandra y Mariano.

¿No despertó prevenciones la reanudación de una obra tan costosa asignada por funcionarios a los que el macrismo acusaba de corruptos, como Jaime y De Vido, en manos de una empresa como Odebrecht?

No. “Cuando llegamos hicimos una evaluación de costos y pagos realizados, y no notamos ninguna irregularidad. Los montos eran acorde al avance de la obra, que casi no había tenido ejecución”, dijo la fuente del Ministerio de Transporte durante el Gobierno de Macri. “Pedimos informes, sumamos a la PIA (Procuración de Investigaciones Administrativas) y no presentó ninguna objeción”, agregó la voz, al tanto de los pormenores del contrato.

Una fuente con acceso a la causa dijo a este medio que la única intervención de la PIA, organismo a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se dio sólo en dictámenes aportados a la causa a raíz de una denuncia presentada, en 2016, por la legisladora de Cambiemos Graciela Ocaña (juzgado federal de Martínez de Giorgi y fiscalía de Franco Picardi). El contenido de los dictámenes de Rodríguez fue resumido como “lapidario” para las empresas que intervinieron (ver aparte).

Los responsables del Ministerio de Transporte que dirigía Guillermo Dietrich se encontraron con fondos asignados a un fideicomiso específico garantizado por el impuesto al gasoil, que había sido creado por De Vido en 2011, explicó la fuente del Ejecutivo de Macri.

Patrón de negocios

Durante la gestión de Jaime (2003-2009) y Schiavi (2009-2012) en Transporte, y Julio de Vido en Planificación (2003-2015), el Estado renegoció varias veces el contrato y abonó los siguientes montos: US$ 18,6 millones en 2011, US$ 17,7 millones en 2012 y US$ 55,5 millones en 2013, según la auditoría de la Universidad de San Martín. En el expediente que instruye Martínez de Giorgi, los montos considerados “acreditados” por el juez son mayores, y alcanzan US$ 158,3 millones entre 2010 y 2012 (la tuneladora fue armada en 2011), y US$ 28 millones entre 2013 y 2014.

El curso económico y político del Gobierno de Macri aporta algunas respuestas a las dudas planteadas.

En marzo de 2017, Calcaterra vendió IECSA a Marcelo Mindlin, socio mayoritario del generador eléctrico y productor de gas y petróleo Pampa Energía. Mindlin rebautizaría la constructora como Sacde.

El monto de la venta no fue hecho público, pero la secuencia reconoce un patrón de otras operaciones de las empresas de Macri y su familia. Tanto la venta de los parques eólicos a Genneia —firma de la familia Brito— como la de la participación de Sideco Americana en Autopistas del Sol se dieron después de decisiones del Gobierno de Cambiemos que beneficiaron directamente a esas empresas o mejoraron sustancialmente las condiciones del negocio, lo que redundó en una extraordinaria revalorización de los activos. En el medio, aparecen nombres recurrentes que entran y salen en el pasamanos, como Isolux, firma española con causas por presuntos fraudes en varios países.

En el vínculo IECSA-Sacde se suma el contrato ganado y pagado para la construcción de uno de los tramos del Paseo del Bajo, en Puerto Madero, adjudicado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, coincidentemente, en 2016. Como en el affaire de los seis parques eólicos que redundaron en una ganancia para los Macri de US$ 69,2 millones, en el Paseo del Bajo también aparece Isolux en el papel de aparente competidor y un armado sospechoso de la licitación para beneficiar a IECSA, lo que mereció una denuncia de una Auditoría General de la Ciudad y un cierre in límine de la causa por parte de Claudio Bonadio, con sobreseimiento exprés para Dietrich y Larreta, ratificado por Cámara en 2019 (otra vez Bruglia, más Pablo Bertuzzi —ambos trasladados a ese tribunal a dedo por Macri— y Mariano Llorens —arquero del Liverpool—).

Baile de cifras y pasamanos

Las novedades en el consorcio del soterramiento de 2017 incluyeron al otro socio principal del soterramiento. Con Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel y Michel Temer en el Planalto, Odebrecht ocupaba el centro de la escena del Lava Jato. Sus ejecutivos confesaron pagos de coimas por al menos US$ 3,3 millones para ganar la obra del tren Sarmiento, una tarea que habría llevado a cabo, según la delación premiada, Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra en IECSA. Los receptores de las coimas habrían sido “Duvidoso” y “Festança”, pseudónimos para identificar a funcionarios de Cristina.

El baile de cifras de los aparentes sobornos por el soterramiento varía hasta los US$ 20 millones. Todo indica que algunos números en danza son fragmentos o cuotas de pagos mayores. Lo más certero asentado en el expediente judicial es una reconstrucción del fiscal Picardi sobre un giro de USD 4,4 millones por parte del consorcio a través de una offshore de Odebrecht en Andorra, cifra coincidente con otra recibida por una sociedad de Jorge “El Corcho” Rodríguez en una cuenta radicada en Uruguay.

Al tiempo que Picardi trataba de validar los testimonios de los arrepentidos brasileños para la causa iniciada en Comodoro Py, el Gobierno de Macri impulsó que Odebrecht vendiera su participación en el consorcio del Sarmiento, bajo apercibimiento de excluir a la firma de listado de contratistas del Estado. El lugar del gigante brasileño fue ocupado por Ghella, compañía italiana que había sido socia de IECSA en obras y servicios adjudicados por el Gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

En 2017, segundo año de Cambiemos en Casa Rosada, las obras públicas cobraron ritmo. Ese año, el Estado pagó US$ 211 millones de dólares a la nueva sociedad del soterramiento entre Ghella (70%) y Sacde (30%).

Vértigo

Tras las elecciones legislativas que ganó el macrismo, sobrevino el objetivo de recortar gastos con la reforma jubilatoria y la reducción de la obra pública. El cierre del financiamiento internacional para Argentina significó un golpe letal para un Gobierno que había basado su gestión en la toma de deuda externa. En junio de 2018 llegó el salvataje del FMI por US$ 45.000 millones, y con éste, la meta del déficit cero.

Tras cartón, en agosto explotó la causa Cuadernos en el juzgado de Bonadio, que tuvo a Calcaterra como uno de los supuestos arrepentidos por pagar coimas y a una oficina del nuevo dueño de IECSA, Mindlin, como una de las presuntamente anotadas por el chofer Oscar Centeno como destino para buscar bolsos con dólares. La mención a la oficina de Mindlin fue difusa y no mereció que Bonadio actuara contra él.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo de los Cuadernos y el colapso financiero, el Estado abonó US$ 504.357.400,1 al consorcio Ghella-Sacde. De inmediato, la máquina dejó de perforar.

La bitácora atribuida a Centeno encendió la efímera versión de que a las empresas que hubieran pagado sobornos les sería retirado el permiso como contratistas del Estado.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo provocado por los Cuadernos, el colapso financiero del Gobierno de Macri y la implementación de ajustes draconianos, el Estado argentino abonó US$ 504,3 millones al consorcio Ghella-Sacde sólo en 2018. Desde diciembre de ese año, la gigantesca máquina dejó de perforar.

Los costos actuales de mantenimiento básico de la obra son inferiores a US$ 500.000 anuales, informó el Ministerio de Transporte a elDiarioAR. Cuando se encamina a cumplir tres años de mandato, el Gobierno de Alberto Fernández continúa a su ritmo habitual la auditoría de lo realizado y advierte que no cuenta con financiamiento para continuar la obra. Los responsables del soterramiento durante la gestión Macri, que podrían regresar a sus sillas en Transporte en 2023, analizan que el tramo Villa Luro-Caballito podría ser en altura, como el proyecto concretado en el ramal San Martín que cruza Palermo, Chacarita, La Paternal y Villa Devoto.

La tuneladora no es comercializable de por sí. Es tan grande y compleja, que se arma especialmente para cada proyecto y sólo se podrían vender algunas de sus partes. Varado en Villa Luro, el monstruo excavador mira a sus espaldas un agujero de 11,5 metros de diámetro a 22 metros bajo tierra que nadie transita.

SL

En un clima de tensión, trabajadores de empresas tercerizadas, que prestan servicios en las Líneas San Martín y Mitre de Trenes Argentinos, protestaban este jueves con un corte total de vías a la altura de la estación Palermo, a la espera de “ser recibidos por las autoridades” del área. “Somos unos 300 compañeros, que estamos pidiendo una mesa de diálogo con las autoridades. Queremos ser tenidos en cuenta como trabajadores ferroviarios, porque las empresa privadas no respetan nuestros derechos”, señalaron los voceros de la protesta en diálogo con la prensa.

Pasado el mediodía, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso la detención de las personas que cortaban las vías por lo que la Policía, junto con los bomberos, intervinieron para dispersar a los manifestantes y liberar el paso de los trenes.

El magistrado le imputa al centenar de manifestantes implicados el artículo 194 del Código Penal, que forma parte del capítulo referido a los “delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación”.

Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

El reclamo

Los manifestantes, que cortan las vías del tren San Martín, a metros de la estación Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, son empleados de empresas tercerizadas, dentro del ámbito de “cuidados y seguridad”, que reclamaban de esta forma el “pase a planta permanente” en Trenes Argentinos.

Debido a la protesta, el Ferrocarril San Martín cumplía servicios solo desde la estación Villa Del Parque a Doctor Cabred y desde Retiro a hasta la estación Villa del Parque solamente.

Con información de agencias.

IG

Tras las revelaciones de Pandora Papers, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó vía exhorto a las autoridades de Suiza y de Islas Vírgenes Británicas información y movimientos bancarios de una sociedad offshore de Manuel Vázquez, ex asesor del secretario de Transporte Ricardo Jaime, que surgió de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y reveló elDiarioAR junto con La Nación e Infobae el 23 de octubre último.

Vázquez, sus hijos y su esposa son investigados junto a Jaime y otros exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presuntos sobornos del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra obtenida en 2008 por las constructoras Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas niegan haber pagado coimas para ganar la licitación. Hasta el momento, Vázquez tiene un procesamiento por presuntas dádivas y el juez aún no ha decidido sobre la situación de su familia, indagada por última vez en 2019.

Vázquez, acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos de Jaime, fue beneficiario final de la offshore Walsh Partners Corp., con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers. 

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la compañía, radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

En uno de los exhortos ordenados por el juez este lunes, Martínez De Giorgi solicitó a las autoridades de la Confederación Suiza que solicite información sobre la firma offshore al banco Merrill Lynch Bank Suisse para que indique si Walsh Partners Corp. “posee cuentas registradas en esa entidad, ya sea en el carácter de titular o beneficiario, durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009, y en su caso se remita información relativa a sus titulares, beneficiarios y apoderados, números de cuenta y movimientos durante el mencionado lapso temporal”, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

En el exhorto a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas, el magistrado requirió que se arbitren los medios para solicitar a la firma Trident Trust Company “ información relativa a la conformación de la firma Walsh Partners Corp. durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009”. Trident es el proveedor offshore que actuó como agente de la offshore en el archipiélago de bandera británica y ante el que Julián Vázquez solicitó los trámites de la compañía. El equipo argentino de ICIJ publicó el 23 de octubre los correos electrónicos y documentos oficiales obtenidos en Pandora Papers.

“En su caso deberá aportarse toda información con la que cuente relacionada a sus titulares, beneficiarios, apoderados, papeles de trabajo, intercambio de correos con sus responsables, e indicación acerca de si en ese período se llevó a cabo la apertura de cuentas bancarias a nombre de esa firma y, en su caso, en qué entidades y con qué números de identificación”, ordenó el juez del caso Soterramiento.  

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte, pero Pandora Papers reveló documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos mientras Jaime aún era funcionario. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco, aunque esta sociedad no es mencionada en los exhortos del juez hasta el momento.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

ED

Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, declaró este martes ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri en la compra-venta de seis parques eólicos, confirmó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo a la causa. 

El empresario estaba citado a pedido del diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a raíz de las declaraciones que realizó en el libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell. En una breve audiencia vía zoom, que promedió los 15 minutos, Mariano Macri sostuvo que los dichos reflejados en la publicación fueron “comentarios, cosas que escuchaba, pero que de ninguna manera son pruebas”, según reconstruyó una fuente del caso.

“Como Presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”, había dicho Mariano Macri en diálogo con el autor del libro. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, agregó en las entrevistas con O’Donnell.

Durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para entrar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. Sideco adquirió seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires, en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel. Los compró a la empresa española Isolux por US$25,8 millones y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación publicada por Perfil en 2018. 

El juzgado buscaba interrogar a Mariano Macri en torno a sus dichos en el libro y solicitarle cualquier otra información y documentación relacionada con el caso, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El empresario sostuvo ante el juzgado que no podía declarar contra Mauricio y Gianfranco Macri porque “no sabe nada, ya que desde antes de 2013 no recibe información” sobre el funcionamiento del grupo de empresas familiares por lo que “no está en condiciones de aportar ninguna prueba”, agregó la fuente con acceso al expediente.

La causa

El expresidente no está imputado en esta causa. Hasta el momento, la investigación se centra en los funcionarios del área de Energía de su gobierno, quienes podrían haber incurrido en presuntas negociaciones incompatibles para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, según el expediente. Ninguno ha sido indagado aún. 

Uno de los puntos centrales del caso gira en torno a los últimos dos parques adquiridos por Sideco. Isolux había sido denunciada por el gobierno de Cambiemos por maniobras de corrupción en una usina de Río Turbio, Santa Cruz, y estaba sumida en una profunda crisis financiera a nivel mundial. La empresa española anunció que se retiraba de la Argentina en octubre de 2016 y que vendía sus cuatro parques eólicos a dos compañías: Sidsel y Sideli. Poco después, el 25 de noviembre de 2016, Isolux volvió a ganar dos licitaciones más de parques eólicos (Miramar y Loma Blanca VI) con el gobierno de Cambiemos, a pesar de que el Ejecutivo sabía que la empresa no podía construirlos ni invertir en el país. Esos contratos, luego, fueron adquiridos por Sideco. La compra-venta de proyectos entre privados está habilitado por el sistema.

Sospechas sobre la maniobra

Según los registros oficiales, Mariano Payaslián, el contador de Sideco, había creado la firma Parque Eólico Miramar SA en marzo de 2016, ocho meses antes de que la licitación quedara en manos de la crítica Isolux y decidiera vender ese parque a Sideco. Gianfranco y sus socios incluso dotaron a la sociedad de una torre de medición de viento y contratos de usufructo sobre terrenos. 

La firma Parque Eólico Lomas Blanca VI SA fue inscripta por Isolux el 16 de junio de 2016, según los registros públicos. El contrato le fue adjudicado a la española cinco meses después.

Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados.

En la causa ya declaró otro testigo vinculado al caso, Esteban Nofal, también a raíz de los dichos de Mariano Macri en el libro. “En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigo que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí”, afirmó el empresario en declaraciones a O’Donnell. Según Mariano Macri, Nofal “hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa”.

Ante el juzgado de Martínez De Giorgi, Nofal declaró como testigo que efectivamente intervino como intermediario entre el Grupo Macri y la empresa china Goldwind, que adquirió la mayor parte de los proyectos de parques eólicos a la familia del expresidente, confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. 

Sin embargo, Nofal negó ante la Justicia haberle dicho a Mariano Macri que la Casa Rosada había interferido en las negociaciones entre Isolux y Sideco para “apretar” a la empresa española a vender sus inversiones por mucho menos dinero del que costaban, afirmó la misma fuente. 

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

Las declaraciones de Mariano Macri en el libro publicado a fines de 2020 forman parte de unas 17 horas de grabación de los encuentros entre el periodista y el empresario durante seis meses, según contó O’Donnell, y se dieron en el marco de una disputa legal entre los hermanos Macri. El empresario inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, de la que es propietario en un 20%, ante sospechas por el manejo de la compañía por parte de su hermano Gianfranco.

Ante la publicación del libro, Mariano Macri también entró en litigio con el periodista e incluso logró que la jueza nacional en lo civil Marta Gastaldi le exigiera al autor las grabaciones de las entrevistas como paso previo a un juicio por daños y perjuicios.

Sobre las declaraciones de Mariano en el libro Hermano, una fuente cercana a la familia Macri desmintió al empresario: “No es cierto lo que dice”, sostuvo. “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregó.

El expresidente dijo en una entrevista con Jonatan Viale que su hermano había decidido “canalizar sus broncas de manera equivocada” y aseguró que Mariano había sostenido “todas cosas falsas”.

ED

Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, debe declarar como testigo este martes al mediodía frente al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa en la que se investigan si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri en la compra-venta de seis parques eólicos. 

El menor de los hermanos varones del exmandatario fue citado a pedido del diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a raíz de las declaraciones que realizó en el libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell. Mariano Macri tiene cita vía Zoom a las 12 del mediodía y hasta el cierre de este artículo no había solicitado postergación de la audiencia, ratificó una fuente de la causa a elDiarioAR. 

“Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”, dijo Mariano Macri en el libro. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, agregó en las entrevistas con O’Donnell.

Durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para entrar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. Sideco adquirió seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires, en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel. Los compró a la empresa española Isolux por US$25,8 millones y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación publicada por Perfil en 2018. 

El juzgado interrogará a Mariano Macri en torno a sus dichos en el libro y solicitará que aporte cualquier otra información y documentación relacionada con el caso, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El empresario “podrá ratificar o negar sus dichos, pero ante la Justicia, al declarar como testigo, está obligado a decir la verdad”, dijo una fuente judicial del caso. El falso testimonio está penado con un máximo de diez años de prisión.

La causa

El expresidente no está imputado en esta causa. Si Mariano Macri ratifica ante la Justicia sus dichos a O’Donnell, la causa daría un giro, confío una fuente directa del expediente. Hasta el momento, la investigación se centra en los funcionarios del área de Energía de su gobierno, quienes podrían haber incurrido en presuntas negociaciones incompatibles para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, según el expediente. Ninguno ha sido indagado aún. 

Uno de los puntos centrales del caso gira en torno a los últimos dos parques adquiridos por Sideco. Isolux había sido denunciada por el gobierno de Cambiemos por maniobras de corrupción en una usina de Río Turbio, Santa Cruz, y estaba sumida en una profunda crisis financiera a nivel mundial. La empresa española anunció que se retiraba de la Argentina en octubre de 2016 y que vendía sus cuatro parques eólicos a dos compañías: Sidsel y Sideli. Poco después, el 25 de noviembre de 2016, Isolux volvió a ganar dos licitaciones más de parques eólicos (Miramar y Loma Blanca VI) con el gobierno de Cambiemos, a pesar de que el Ejecutivo sabía que la empresa no podía construirlos ni invertir en el país. Esos contratos, luego, fueron adquiridos por Sideco. La compra-venta de proyectos entre privados está habilitado por el sistema.

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

Según los registros oficiales, Mariano Payaslián, el contador de Sideco, había creado la firma Parque Eólico Miramar SA en marzo de 2016, ocho meses antes de que la licitación quedara en manos de la crítica Isolux y decidiera vender ese parque a Sideco. Gianfranco y sus socios incluso dotaron a la sociedad de una torre de medición de viento y contratos de usufructo sobre terrenos. 

La firma Parque Eólico Lomas Blanca VI SA fue inscripta por Isolux el 16 de junio de 2016, según los registros públicos. El contrato le fue adjudicado a la española cinco meses después.

El testigo Nofal

En la causa ya declaró otro testigo vinculado al caso, Esteban Nofal, también a raíz de los dichos de Mariano Macri en el libro. “En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigo que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí”, afirmó el empresario en declaraciones a O’Donnell. Según Mariano Macri, Nofal “hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa”.

Ante el juzgado de Martínez De Giorgi, Nofal declaró como testigo que efectivamente intervino como intermediario entre el Grupo Macri y la empresa china Goldwind, que adquirió la mayor parte de los proyectos de parques eólicos a la familia del expresidente, confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. 

Sin embargo, Nofal negó ante la Justicia haberle dicho a Mariano Macri que la Casa Rosada había interferido en las negociaciones entre Isolux y Sideco para “apretar” a la empresa española a vender sus inversiones por mucho menos dinero del que costaban, afirmó la misma fuente. 

En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio.

Las declaraciones de Mariano Macri en el libro publicado a fines de 2020 forman parte de unas 17 horas de grabación de los encuentros entre el periodista y el empresario durante seis meses, según contó O’Donnell, y se dieron en el marco de una disputa legal entre los hermanos Macri. El empresario inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, de la que es propietario en un 20%, ante sospechas por el manejo de la compañía por parte de su hermano Gianfranco.

Ante la publicación del libro, Mariano Macri también entró en litigio con el periodista e incluso logró que la jueza nacional en lo civil Marta Gastaldi le exigiera al autor las grabaciones de las entrevistas como paso previo a un juicio por daños y perjuicios.

Sobre las declaraciones de Mariano en el libro, una fuente cercana a la familia Macri desmintió al empresario: “No es cierto lo que dice”, sostuvo. “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregó.

El expresidente dijo en una entrevista con Jonatan Viale que su hermano había decidido “canalizar sus broncas de manera equivocada” y aseguró que Mariano había sostenido “todas cosas falsas.”

ED

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó este miércoles que se investigue si Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, cometió el presunto delito de evasión tributaria por la operación de los parques eólicos de Sideco, según el documento al que accedió elDiarioAR. 

El magistrado investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri entre 2016 y 2017 por la compra-venta de seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires. Sideco adquirió los proyectos de energía renovable en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel) por US$ 25,8 millones. Los compró a la empresa española Isolux y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación de Perfil. 

El diputado Rodolfo Tailhade realizó esta semana una nueva presentación solicitando al magistrado que investigue el rol de una compañía en Luxemburgo, Lares Corporation SPF, que Gianfranco Macri, a cargo de los negocios de la familia, no había informado a la Justicia como parte de la cadena de sociedades que intervinieron en el negocio eólico, según explicó una fuente judicial del expediente. 

La existencia de esta sociedad offshore de Luxemburgo y la sospecha de una posible evasión surgió luego de que el consorcio de periodistas OCCRP reveló que detrás del entramado de sociedades creadas para comprar y vender los parques eólicos se encuentra Lares Corporation SPF y que su beneficiario final es Gianfranco Macri, según publicó La Nación, que accedió a los registros comerciales del país europeo.

Esta firma se usó para controlar la estructura de empresas armada por Sideco para actuar en la industria de las energías renovables. Lares invirtió en los parques eólicos a través de Rainbow Finance, un fondo de inversión que también tiene sede en Luxemburgo y en el que otros inversionistas habrían aportado fondos, según explicaron desde Socma.

Socma también dijo a La Nación que la tributación en Argentina por la operación de los parques eólicos “corrió por parte de las sociedades locales Sidsel SA, Sideli SA y Usir Argentina”. Sin embargo, Lares canalizó el dinero de la compra-venta, según las últimas revelaciones.

Por eso, el juez Martínez De Giorgi ordenó que se remita la denuncia de Tailhade al fuero Penal Económico, “advirtiendo que en la presentación bajo estudio se hace mención a la comisión de una serie de conductas que podrían constituir delitos tributarios”.

De acuerdo a las declaraciones juradas de Gianfranco, el empresario no había identificado a Lares Corporation hasta después de la investigación periodística de Perfil que sacó a la luz el caso en 2018 y la posterior denuncia penal, explicó una fuente directa de la investigación judicial.

Este viernes, la defensa del contador Mariano Payaslián, quien figuraba como titular de las compañías de Sideco y sus socios, presentó un descargo por escrito ante el juzgado en el que sostuvo que Gianfranco no habría estado obligado a declarar la offshore de Luxemburgo antes de 2019. Ese año, por una nueva disposición de la AFIP, el empresario declaró su participación en la sociedad extranjera Lares Corporation, sostuvo su contador, según informó una fuente judicial del caso.

Otras medidas

El juez Martínez De Giorgi también citó a Mariano Macri, hermano menor del expresidente, a prestar declaración testimonial en la causa. Además, dispuso la citación en los mismos términos a Mariana Nannis para que aporte documentación vinculada con la supuesta participación de su exmarido, Claudio Paul Caniggia, en el negocio de la familia Macri.

Tailhade había solicitado ambas testimoniales, luego de la publicación del libro “Hermano” del periodista Santiago O’Donnell, en el que Mariano Macri afirmó que, “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.

El caso salió a la luz en enero de 2018, cuando Perfil reveló que durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos de su gobierno, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para ingresar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) denunció el caso ante la Justicia.

Sideco creó cuatro empresas a nombre de un contador, Mariano Payaslián: Usir Argentina, Sideli, Sidsel y Parques Eólicos Miramar SA, junto a un grupo de socios. A través de estas compañías, adquirieron seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires: compraron contratos con el Estado a la española Isolux, que estaba en retirada de la Argentina, sumida en una futura quiebra y denuncias por corrupción. 

Para septiembre de 2017, las empresas creadas por Sideco y sus socios terminaron revendiendo los seis parques que habían comprado a US$ 25,8 millones por US$ 95 millones. La ganancia neta ascendería a US$ 69,2 millones.

ED

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó este viernes a Mariano Macri a prestar declaración testimonial en la causa en la que se investiga un supuesto negociado con la compraventa de la concesión de parques eólicos ocurridos durante el Gobierno de su hermano, Mauricio Macri.

El magistrado también dispuso la citación en los mismos términos de Mariana Nannis para que el próximo 1 de marzo a las 9.30 concurra a los tribunales de Comodoro Py a aportar documentación sobre la supuesta vinculación de su exmarido, Claudio Paul Caniggia, con los hechos investigados.

En esta causa se analiza si el Gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de cinco parques eólicos que habrían dejado una ganancia de US$70 millones para el holding en el que el expresidente es socio.

Se trata de concesiones que habían sido ganadas por licitación por la empresa española Isolux, entonces a las puertas de una bancarrota y denunciada por corrupción en diferentes países, y que terminaron en manos de terceros tras pasar por firmas con terminales en Luxemburgo que manejaba Gianfranco Macri, el segundo hijo varón de Franco Macri.

El testimonio de Mariano Macri, que será por vía electrónica y aún no tiene fecha, fue requerido luego de que el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade ampliara su denuncia original e incorporara los pasajes del libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell, en el que se hace referencia al supuesto negociado.

El circuito supuso que Isolux ganó las concesiones, algunas de ellas organizadas bajo el mandato de Macri. La familia del expresidente compró de inmediato los proyectos Loma Blanca I, II, III y IV y Miramar a cambio de US$25 millones mediante las firmas Usir Argentina, Sidsel SA y Sideli SA, conformadas por el contador Mariano Payaslián Grupo Socma, histórica nave insignia creada por Franco Macri. Una compleja estructura legal culminaba en Lares SA, empresa offshore radicada en Luxemburgo manejada por Gianfranco Macri.

En 2017, los Macri vendieron ese negocio por casi U$S95 millones a las compañías Goldwing, de origen chino, y Genneia, controlada por la familia Brito. En Hermanos, Mariano Macri afirmó que, “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.

Los Macri contaron con el futbolista Carlos Tévez como socio como socio de los parques eólicos

El diputado Tailhade amplió su denuncia ante el juzgado de Martínez de Giorgi con la pista de Luxemburgo informada por La Nación en virtud de una asociación con la entidad Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Los Macri contaron con el futbolista futbolista Carlos Tévez como socio del negocio de los parques eólicos, informó Perfil.

Si se comprueba que Isolux fue una pantalla para que un negocio orquestado por el Gobierno de Macri terminara en manos de las empresas de su familia, para venderlo al poco tiempo a otros empresarios vinculados a la energía, el caso tendría puntos en común con lo ocurrido con el Paseo del Bajo, también bajo investigación en el fuero federal. Isolux ganó una parte de la licitación para la construcción de los carriles que comunican Retiro con la autopista 25 de Mayo. Como estaba en bancarrota, mediante supuestas alteraciones en la licitación dirigidas por el Gobierno de Horacio Rodríguez0 Larreta, el proyecto terminó en Iecsa, de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri que compró la empresa familiar de obras civiles en 2007. Calcaterra terminó vendiendo Iecsa a Marcelo Mindlin, principal accionista de Pampa Energía, en 2017.

SL con Télam