El presidente electo Javier Milei confirmó que eliminará la Secretaría de Comercio Interior “en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos”.

El libertario ya se expresó en reiteradas ocasiones en contra de las regulaciones de precios, y sostuvo que buscará una liberación de la mayor cantidad posible de precios lo más rápido posible.

“Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios, me parece una aberración”, contestó ante la consulta.

De esta manera se avecina el final del programa Precios Justos, por lo que algunos analistas temen una consecuente aceleración inflacionaria de la mano de múltiples precios de la economía que están reprimidos y quedarían liberados.

“No va a existir en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos. Todos los precios que pueda de la economía, los voy a liberar. Hay algunos que todavía no puedo hacerlo por las características de las bombas que dejó plantadas el Gobierno”, sostuvo en medio de numerosas entrevistas radiales que brindó este miércoles a su regreso del viaje por Estados Unidos.

Desde la Secretaría de Comercio confirmaron que hasta ahora nadie se había presentado ni contactado con la gente de Matías Tombolini para iniciar el traspaso.

De esta forma, el Gobierno entrante se correría del control de precios que hoy encorseta muchos rubros de la economía: desde almacén y bebidas, naftas, medicamentos, indumentaria, carnes, y otros rubros que en la actualidad iban renovando acuerdos de precios.

Resta conocerse detalles de que sector se haría cargo de otras cuestiones operativas que lleva la Secretaría como el control de las SIRAS y el comercio exterior, los fideicomisos de harina de trigo y aceite, el control de abastecimiento, y otras funciones que lleva adelante actualmente la secretaría. Según pudo saber Noticias Argentinas, el área quedaría en manos de Infraestructura.

Con información de agencias.

IG

Una resolución del Ministerio de Economía creó una nueva unidad para evitar que empresas alimenticias y de energía trasladen la suba del dólar mayorista a los precios de productos de consumo masivo y combustibles. Según informaron fuentes oficiales, el titular de la Dirección Nacional de Aduana, Guillermo Michel es quien “liderará el equipo que negociará los nuevos acuerdos de precios”.

Se conoció también que Michel estará secundado por Matías Tombolini, secretario de Comercio; Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía y titular de la Política Económica y Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

La decisión fue tomada por Sergio Massa y pudo saberse que en la lista de productos en los acuerdos de precios “habrá descuentos de impuestos a empresas que entren al acuerdo y una letra del BCRA para garantizar las operaciones de importación en sus cadenas de producción”.

Estos acuerdos buscan mitigar el efecto de la devaluación pautada por el BCRA para disipar las tensiones cambiarias que se generaron en los días previos a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A esta medida, se suma la suba de la tasa de política monetaria ─de 21 puntos básicos─ para capturar más pesos y evitar una corrida a la moneda estadounidense.

Desde el Palacio de Hacienda descartaron la hipótesis de que estas iniciativas constituyan una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI). También confirmaron que el directorio de dicho organismo se reunirá el miércoles 23 de agosto para tratar el “caso argentino”, pero que ya se está negociando un desembolso que podría superar los 7.500 millones de dólares. Las autoridades nacionales esperan que el monto ascienda a 10.500 millones, dinero que sería utilizado para evitar que se continúe ampliando la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros.

LC con información de agencia NA

En los próximos días, la Secretaría de Comercio lanzará una canasta de Precios Justos para comercios de cercanía, la cual consistirá en más de cien productos que mantendrán su valor hasta el 15 de julio próximo. Según fuentes oficiales, Precios Justos Barriales estará disponible en almacenes y autoservicios con 108 productos básicos de los rubros de consumo masivo, como alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza.

La nueva canasta se anunciaría el próximo jueves y pretende que los comercios de barrio puedan ofrecer la canasta para reactivar el consumo en comercios de cercanía. Del acuerdo participan 32 proveedores, con los que se pactaron precios con pauta del 3,8% a renovar el 15 de julio.

El 19 de mayo pasado la Secretaría dispuso la continuidad hasta el 31 de julio de la canasta de 2.101 productos que conforman el programa con una pauta mensual de 3,8%, que se encuentra disponible en las 2.500 bocas de expendio acordadas.

De esta manera, se extendió el acuerdo logrado a principios de abril para conformar una canasta de productos de consumo masivo, mediante la adhesión voluntaria de empresas productoras y supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región.

Precios Justos está disponible en las cadenas de supermercados de grandes superficies y en supermercados regionales. Con la conformación de la canasta de Precios Justos Barriales, también estarán presentes en los comercios de proximidad.

LC con información de agencia Télam

La Secretaría de Comercio suspendió a la cadena de supermercados Día por 30 días del programa Precios Justos debido a incumplimientos reiterados y aumentos injustificados. Por la decisión del Gobierno, la empresa dejará de tener acceso prioritario al uso de divisas para pago de importaciones como estaba estipulado en el acuerdo.

Más allá de la sanción, la cadena deberá seguir comercializando los productos del programa Precios Justos en este período, ya que sus proveedores siguen siendo parte del plan y rige la obligación de comercializar los mismos a los valores acordados con el Gobierno Nacional.

La decisión fue tomada tras la realización de operativos de control en más de 120 sucursales, donde se comprobaron aumentos del orden del 8,33% promedio en los productos que forman parte del programa, 3,33 puntos por encima del 5% acordado.

Luego de encabezar uno de los operativos, el secretario Matías Tombolini señaló que, además de las subas indebidas, “encontramos productos vencidos y diferencia entre el precio que se ve en la góndola y lo que finalmente se cobra a los consumidores”.

“Por eso, procedimos a suspenderlos del acuerdo de precios y les indicamos a los consumidores que el supermercado no cumple y que lo ha hecho de forma reiterada”, resumió el funcionario. Agregó que “no obstante, deberán mantener los precios del programa ya que sus proveedores se mantienen dentro de Precios Justos”.

La cadena de supermercados posee más de 4.500 productos dentro del acuerdo de precios, según un comunicado de Comercio Interior. Dichas inspecciones fueron realizadas en 120 locales de Día ubicados en la Capital Federal y en diez municipios de la provincia de Buenos Aires. Se señalizaron las sucursales con fajas para que los consumidores tengan conocimiento de los incumplimientos.

Entre los incrementos hallados, Comercio reveló que entre abril y mayo la Coca-Cola de 1,5 litros presentó un desvío del 43,9% (de $264 a $390); la leche chocolatada marca Día de 1 litro, 45,10% (de $321 a $449); y las galletas clásicas Criollitas, 41,67% ($207,12 a $299).

Desde enero del 2023 hasta esta semana, la Secretaría concretó 5643 fiscalizaciones y realizó 1917 actas de imputación a la cadena por incumplimientos. Además, desde agosto de 2022 hasta el día de hoy le aplicó multas por $734.520.000.

En el marco del programa Precios Justos, la Secretaría de Comercio también multó ayer martes a las empresas Unilever y Mastellone por $160 millones y $60 millones respectivamente, por comercializar y exhibir de manera simultánea productos con características similares, pero con etiquetas con variantes casi imperceptibles y a precios sustancialmente diferentes, hecho que incumple la ley de Defensa del Consumidor.

La dependencia oficial emplazó a ambas firmas para que eviten que los productos cuestionados sean ofrecidos para la venta a los consumidores, exhibidos en forma contigua y simultánea. Según explicaron oficialmente, dichas multas fueron producto de diferentes operativos de los equipos de inspectores de la Secretaría ocurridos entre octubre de 2022 y marzo pasado, donde se constató que ambas empresas incumplieron con la ley 24.240.

La semana pasada, el Gobierno Nacional informó la continuidad hasta el 31 de julio del programa Precios Justos. La iniciativa busca ofrecer a los consumidores productos de consumo masivo con sus correspondientes precios de referencia, a partir de un acuerdo voluntario con de empresas productoras y supermercados, distribuidores mayoristas y comercios. Como contrapartida, las empresas que participen reciben beneficios como el acceso prioritario a divisas para la importación de sus insumos.

LC con información de agencia Télam

La Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, multó a las empresas Unilever y Mastellone por $160 millones y $60 millones, respectivamente, por comercializar y exhibir de manera simultánea, productos con características similares pero con etiquetas con variantes casi imperceptibles y a precios sustancialmente diferentes, hecho que incumple la ley de Defensa del Consumidor.

Además, se emplazó a las firmas para que en el plazo de 24 horas arbitren los medios para que los productos cuestionados no sean ofrecidos para la venta a los consumidores y exhibidos en forma contigua y simultánea, a fin de evitar inducir a error, engaño o confusión a los potenciales consumidores.

Estas multas fueron producto de diferentes operativos de los equipos de inspectores de la Secretaría ocurridos entre octubre de 2022 y marzo en donde se constató que ambas empresas incumplieron con la ley 24.240.

En el caso de Unilever, se le aplicaron dos multas de 80 millones de pesos cada una. Una de ellas es por comercializar la mayonesa Light Hellmanns Doy Pack de 237 gramos en dos presentaciones: una versión con el rótulo del producto y otra con la leyenda “Más Liviana, todo el sabor”, que tenía un incremento del 19% respecto al producto original. Además, la firma comercializó el producto CIF ultra brillo de igual composición, pero con etiquetas similares con dos precios sustancialmente diferentes: en ese caso la diferencia era del 64%.

En el caso de Mastellone, fue multada por 60 millones de pesos por comercializar variantes de cuatro tipos de leche de la marca La Serenísima también a precios diferentes. Se trata de las leches Clásica, Clásica Más Liviana, Liviana y Menos Calorías. En este caso, sus variantes incluían en las etiquetas la leyenda “Fuente de vitaminas C y E”, pero el producto era el mismo. La diferencia de precio entre las variantes y las leches originales era del 33%.

Además, en un hecho que no tiene antecedentes, las dos empresas deberán publicar en sus redes sociales y en las redes de las marcas implicadas la infracción que cometieron. Dicha publicación deberá permanecer visible por 72 horas.

Con información de agencias.

IG

En un acto este viernes en el Centro Cultural Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa anunció una canasta escolar para el inicio de clases, así como un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas: será un sendero de 3,5% mensual hasta el 30 de junio.

Massa dijo que “algunas provincias habían autorizado aumentos de hasta 40% para marzo”, pero que ahora “se estableció un criterio único para todo el país, que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, que baja un 40% en promedio el aumento inicial y establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios”.

Martín Zurita, titular de AIEPBA, la asociación que nuclea a las instituciones privadas de la provincia de Buenos Aires, dijo a elDiarioAR que “al día de hoy no hay nada firmado a nivel nacional”. “No conocemos conocemos los detalles de lo anunciado, representamos a la mayor cantidad de escuelas en todo el país y no fuimos convocados a reunión alguna por este tema”, aseguró. 

Desde 1994 la educación está transferida a las provincias por lo que el Ministerio de Educación puede recomendar o sugerir pautas, pero son cada una de las 24 jurisdicciones las que deben definir sobre el tema arancelario. “No sabemos cuál será la interpretación de cada una de las jurisdicciones y cómo redundarán en medidas concretas”, señaló Zurita.

Otras fuentes del sector admitieron un “acuerdo marco” de la educación privada con la secretaría de Comercio y el ministerio de Educación, aunque aclararon que abarca solo a los colegios con aporte estatal, que entrará en vigencia en la medida que sea ratificado por cada jurisdicción. El acuerdo se firmaría la semana próxima, contempla un aumento de la cuota para el mes de marzo de 16,8% y del 3,35% para los meses de abril, mayo y junio.

Por su parte, Matías Tombolini anunció la ampliación de Precios Justos, que incluye quince sectores de consumo con una pauta de incremento de precios de 3,2% mensual hasta el 30 de junio, como parte de acuerdos voluntarios alcanzados con más de 480 empresas productoras y comercializadoras.

“Esta pauta de 3,2% mensual es un objetivo que busca esencialmente moderar las expectativas de inflación para mejorar el poder de compra de quien vive de un sueldo”, afirmó el secretario de Comercio, quien tuvo la palabra minutos antes que el titular de Economía.

Massa afirmó que el programa “pretende, al 86% de los productos que consumen los argentinos, darles dos certezas: que hay casi 50 mil productos que del primero de febrero al 30 de junio van a aumentar sólo 3,2% mensual; y otra certeza es que, tal como se dio en la primera etapa del programa, hay 2 mil productos que van a seguir teniendo precio fijo”. Sentenció que “la inflación es el peor veneno que tiene una economía”.

Asimismo, indicó que las empresas que participan voluntariamente “van a tener un programa de crédito” a tasa subsidiada para financiar “el aumento de la producción de bienes de capital” que se suma al “régimen acelerado de acceso al mercado libre de cambio”, por lo que la segunda etapa de Precios Justos “tiene más premios y castigos”. Para “evitar picardías” comentó que algunas empresas “limitaban el abastecimiento del producto en góndola y después planteaban que el problema era que no tenían abastecimiento en la cadena de valor”, por lo que anticipó que esas prácticas serán sancionadas.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que “así como ponemos incentivos también tenemos que desnudar a quienes le hacen trampa al Estado”. Puntualizó además que en Turismo el Estado invirtió “en el programa Previaje”, y que la mayor demanda de turistas en destinos nacionales “no puede permitir que en algún lugar u otro aparezca una situación de distorsión de precios”.

El primer orador del mediodía fue uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, quien celebró la ampliación del programa: “Esta iniciativa deja de lado la teoría de que sólo podemos ir en contra de la inflación sin entrar en la teoría de la devaluación y el ajuste que empobrece a la sociedad argentina”. Lo siguió Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, que sostuvo que el sector productivo “quiere estabilidad y previsibilidad”, pero consideró que “hay factores distorsivos, que no son los industriales. Tenemos que discernir los reales problemas, por ejemplo la presión fiscal”. De todos modos, reconoció que “nos une la voluntad de encontrar caminos de solución, bajando expectativas. Este es un esfuerzo entre todos”.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno prepara el lanzamiento de una canasta escolar a precios regulados, compuesta de alrededor de 80 útiles esenciales para el inicio de clases. Si bien todavía no está cerrado el acuerdo, en la Secretaría de Comercio aseguran que la gestión con librerías y supermercados está “avanzada”.

Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla) señaló que “una canasta básica para escolaridad inicial de escuela pública ronda los 3.000 y 4.000 pesos”.

“La canasta escolar son los útiles, que son imprescindibles para fijar conocimiento, pero también el calzado, indumentaria, cuotas de colegios. En ese combo infernal, lo más barato de todo son los útiles escolares”, sumó Iglesias López.

A modo de ejemplo señaló que el precio de un lápiz negro ronda los $30; un juego de geometría, $280; un compás, $235; y un cuaderno de tapa blanda, $195. Agregó que los productos con licencia son más caros y se puede gastar 10 veces más en la compra de los mismos.

En este contexto, el también propietario de Librería Thesis en el barrio porteño de Palermo, aconsejó a la hora de comprar útiles escolares “ir con tiempo, elegir, dejarse asesorar, no esperar al último día y comparar precios”.

De acuerdo con precios relevados por la consultora Focus Market para Naranja X, para acceder al pack de un guardapolvo, una mochila básica y el listado de los 21 útiles, se necesitan alrededor de $17.692, contra los $7.470 que costaba el año pasado, lo que representa un incremento de 135%. El artículo escolar que más aumentó fue el guardapolvo, con una suba interanual del 142%, según el informe.

“En el caso de los productos específicos para el rubro escolar, como guardapolvo y calzado, tuvieron incrementos interanuales de hasta el 142%. El Gobierno puede intentar acordar una canasta de útiles escolares con los diferentes proveedores de artículos escolares pero será un acuerdo hacia adelante ya que el arrastre de variación de precios en las diferentes categorías no se puede retrotraer”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Por otra parte, hacerse de un kit tecnológico para estudio desde cero tiene un valor de alrededor de $119.596 versus los $57.657 que costaba el año pasado, lo que marca un 107% de aumento interanual.

Este contiene una impresora que cuesta desde $27.499; una notebook que arranca en $84.999; unos auriculares con micrófono integrado, que se puede conseguir por un valor de $4.199; y, por último, el servicio de conexión a internet que parte de $2.899.

Si en vez de una notebook se opta por comprar un teléfono inteligente 4G, y se decide no adquirir una impresora, el valor del kit desciende a $74.648, que tomando como referencia los $34.748 de 2022, se traduce en un aumento interanual del 115%, indicó Focus Market.

MT con información de Télam

La Secretaría de Comercio sancionó a la empresa Telecom con una multa de $155 millones por haber incurrido entre los años 2017 y 2021 en “prácticas anticompetitivas” en el mercado de televisión paga. La empresa anunció a la Bolsa de Valores que apelará la sanción, que fue publicada y notificada el 11 de enero pasado.

La sanción se basa en la investigación realizada por la Comisión de Defensa de la Competencia que comenzó en el año 2018 ante la denuncia de la empresa AMX (Claro).

La multa, refiere a que Telecom y Artear (Arte Radiotelevisivo Argentino) “a través del abuso de su facultad exclusiva de fijar discrecionalmente montos de abonados mínimos, en forma discriminatoria y desproporcionada, ha restringido y distorsionado la competencia en el mercado de televisión paga en particular y cuádruple play en general”.

Agrega que esto ocurrió “en los aglomerados urbanos de AMBA, ciudad de Córdoba y ciudad de Rosario, desde diciembre de 2017 y hasta julio de 2021, limitando la cantidad de oferentes del servicio de TV paga, afectando la libre elección del consumidor final, en perjuicio del interés económico general”.

El cuádruple play es el conjunto de servicios de comunicaciones (internet, tv paga, telefonía fija y móvil) y Telecom se convirtió en la primera empresa que podía ofrecer los cuatro servicios desde que la gestión del Gobierno de Mauricio Macri aprobara a Telecom la compra de Cablevisión.

En los considerandos de la resolución se señala que “al limitar el ingreso de un competidor en el mercado de televisión paga, a la vez que se elevan artificialmente los costos de éste, se limita la capacidad del entrante de competir vía precios respecto a los de la empresa que detenta la posición dominante en el mercado aguas abajo y que la teoría indica que, a una menor competencia, mayores serán los precios de los servicios con el consiguiente perjuicio para los consumidores y para el interés económico general”.

Así también que “la práctica anticompetitiva endilgada a las firmas Telecom Argentina S.A. y Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., resulta perjudicial para la libre competencia, para el consumidor y para el interés económico general”.

También agrega que “este perjuicio se produce principalmente en el mercado de televisión paga y adicionalmente tiene efectos sobre el mercado convergente de cuádruple play en el cual Telecom Argentina S.A. goza de predominancia, siendo AMX Argentina S.A. y Telefónica de Argentina S.A. los nuevos ingresantes y únicos competidores al momento de la conducta analizada”.

DA

Elisa “Lilita” Carrió, titular de la Coalición Cívica, apuntó contra el Gobierno Nacional por la incorporación del sindicato de Camioneros y de la organización social de Barrios de Pie en los controles de precios en supermercados. Reveló que realizará una denuncia penal contra Alberto Fernández, Sergio Massa y Matías Tombolini, secretario de Comercio, quien se mostró a favor de la intervención del gremio camionero.

Para Carrió, la participación de los dirigidos por Pablo Moyano en el seguimiento de los índices de los productos es similar a la función de “grupos parapoliciales” y apuntó contra el Frente de Todos por estar “quebrando el estado de derecho, incitando a la violencia”.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, repudió la medida respaldada por Tombolini: “¿Realmente creen que se combate la inflación metiendo a los patoteros de Moyano en los supermercados? Se combate dejando de imprimir billetes y reduciendo el gasto público”, retrucó. El secretario de Comercio había sostenido que “si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño también se sumó a los cuestionamientos a través de Twitter, junto a un video en el que se ve a un grupo de afiliados que responden a Pablo Moyano recorriendo el predio de una reconocida cadena de hipermercados.

“El gobierno nacional manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie a patotear centros de distribución para controlar precios. Una decisión ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos”, expresó Larreta.

En esa línea, aseguró que se trata de un acto ilegal dado que “el Estado no puede usar a los sindicatos ni a los piqueteros para controlar”. “No tienen nada que hacer ahí, si el Estado quiere controlar algo tiene que ocuparse por sí mismo, no puede delegar esa tarea”, subrayó el jefe de Gobierno porteño.

Larreta agregó: “Pero, además, no sirve para nada. No sé cuántas veces van a intentar apretar para controlar precios antes de convencerse de que no funciona. La inflación se resuelve con medidas planificadas que ataquen el problema”.

En sintonía con las críticas de Carrió, sostuvo que “quienes trabajan y producen necesitan que les saquen la pata de encima y los dejen trabajar, no que les manden patotas a apretarlos poniendo a argentinos contra argentinos.” “Que el gobierno se dedique a gobernar y deje a los argentinos trabajar”, concluyó Larreta.

LC con información de agencia NA

La Secretaría de Comercio realizó este miércoles un operativo para controlar el cumplimiento del programa Precios Justos en más de 300 sucursales de la cadena de supermercados Día, en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta y Santa Fe, de forma simultánea.

Durante el operativo, que incluyó más de 370 fiscalizadores, se llevaron adelante verificaciones de abastecimiento, señalética y precios acordados.

Los verificadores de Comercio estuvieron acompañados por inspectores de municipios, agentes del Ministerio de la Producción bonaerense, de la Defensoría del Pueblo bonaerense y de las áreas de Comercio de las provincias mencionadas.

“El operativo comenzó simultáneamente a las 11, cuando los fiscalizadores visitaron más de 336 sucursales (aproximadamente el 40% del total de la cadena en el país). Los primeros resultados arrojaron más de 75 imputaciones y tres clausuras por diversas infracciones”, informó la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini.

Las clausuras tuvieron lugar en la sucursal Avellaneda (Belgrano 4222), en la sucursal Garín (Avenida Fructuoso Díaz y Gabriela Mistral) y en la sucursal Bernal de Quilmes (Lamadrid 442), todas en la provincia de Buenos Aires.

“En los próximos días se tendrán los resultados definitivos”, detallaron desde Comercio.

Los operativos relámpago y simultáneos son articulados en conjunto entre distintas áreas del Gobierno, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, con el objetivo de mejorar el cumplimiento efectivo del programa Precios Justos y evitar abusos.

Con información de Télam.

IG

El Ministerio de Economía estableció que el programa Precios Justos “estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023” y también precisó los modelos de contrato de las empresas productoras de insumos difundidos que accedan a participar de la iniciativa.

La medida se dispuso mediante la Resolución 1077/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial, en la que se detallan las normas a cumplir por parte de “aquellas empresas productoras de los productos estratégicos para la industria nacional que, resultado de un proceso industrial, forman parte de la cadena de producción de gran parte de los productos de consumo masivo”.

Por otro lado, la norma aclara que el plazo de vigencia del Programa “Precios Justos” es hasta el 31 de diciembre de 2023.

Es que la Resolución 823 del 10 de noviembre pasado, que creó Precios Justos, se ceñía a empresas proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, supermercados minoristas y mayoristas, y no fijaba el plazo de vigencia del programa, más allá de establecer que los convenios con cada empresa se extendería desde noviembre de 2022 hasta fines de febrero de 2023.

Atento a esta situación, en los considerandos de la resolución 1077 se indica que “resulta necesario aclarar cuál es el plazo de vigencia del Programa Precios Justos” y facultar a la Secretaría de Comercio a “dictar las normas aclaratorias que fueran necesarias”.

Asimismo, se incorporan a las empresas productoras de insumos difundidos, consideradas como las “productoras de los productos estratégicos para la industria nacional que, resultado de un proceso industrial, forman parte de la cadena de producción de gran parte de los productos de consumo masivo, entre otros”.

Esas empresas, si suscriben el convenio de adhesión al programa, “deberán vender, de forma constante e ininterrumpida, los productos que ellas comercialicen y que se detallarán al momento de la suscripción del referido convenio” entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

En caso de resultar imposible la provisión de algún producto por causas ajenas a las empresas, “deberán dar aviso fehaciente de ello a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno” en un plazo de no más de 72 horas de tomado conocimiento de dicha imposibilidad.

En ese marco, se considerará que las empresas incurrieron en infracción cuando no respondan en tiempo y forma los requerimientos de información o se verifique el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la resolución y de las cláusulas del convenio que suscriban.

Con información de agencias.

IG

El 1° de noviembre en las calles argentinas debería dejar de verse una postal típica: la del trabajador que, vestido de blanco, carga sobre su hombro una media res y la lleva desde el camión frigorífico a la carnicería. Ese día entra en vigencia la resolución que obliga a cambiar el formato y distribuir la carne en trozos de no más de 32 kilos, como una manera de mejorar las condiciones laborales del sector y también de hacer una asignación más eficiente de cortes entre comercios. 

Si bien la medida no es sorpresiva, sino que dispuso un tiempo de adaptación y una prórroga, en la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) aseguran que es “totalmente inviable”. Su titular, Leonardo Rafael, pidió su “suspensión” hasta tanto se encuentren soluciones “viables y sustentables en el tiempo”. En cambio, oros sectores del rubro, como el consorcio exportador ABC, se manifestaron en total apoyo a la medida. 

Camya participó junto con distintas cámaras del sector en una reunión realizada este lunes en las instalaciones de la Sociedad Rural Argentina, donde unificaron posiciones y elevaron una carta al ministro de Economía, Sergio Massa; a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Como punto central, sugieren mantener el formato de la media res y establecer nuevos “medios mecánicos” para descargarla. ¿Qué tipo de medios mecánicos? “Un aparejo que baje la media res y la ponga en una camilla, un carro, o algo que la traslade”, explicó a elDiarioAR Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (CICCRA).

Tras la consulta de este medio, en la Secretaría de Agricultura señalaron que la medida se mantiene y que “Senasa empezará con los controles a partir del 1° de noviembre”, tal como lo establece la resolución.  “Tuvieron casi tres años para acomodar sus instalaciones y se fueron demorando, pensando que no iba a llevarse adelante la medida”, señalaron.

En abril de 2020 la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció que toda manipulación, transporte y distribución de productos cárnicos, cuyo peso sea superior a los 25 kilos “se deberá realizar con la asistencia de medios mecánicos adecuados”. Una resolución de 2021 elevó ese parámetro a los 32 kilos. 

Si bien el argumento central fue mejorar las condiciones de trabajo de los “hombreadores”, también se consideró que una distribución por trozos de menor peso le permitiría a los abastecedores realizar una asignación más eficiente del producto de acuerdo a las necesidades de cada mercado minorista. Por ejemplo, podrían distribuir más cantidad de cortes baratos en las carnicerías de las zonas más humildes y más cortes de mayor valor en las zonas más acomodadas. Así, la oferta no sería uniforme ni estaría limitada a la integración de cada media res. 

Las medidas ya contemplaban que el nuevo sistema de comercialización requeriría de transformaciones para adecuar la infraestructura de varios de los frigoríficos existentes: agregar espacios de oreo, aumentar las instalaciones, incorporar algunas maquinarias y equipamientos de frío. Por eso disponía implementar programas de asistencia financiera para frigoríficos y faenadores y establecía la entrada en vigencia para el 1° de enero de 2022, fecha que luego fue postergada al 1° de noviembre. 

Schiariti, que participó de la reunión realizada ayer en la Rural, señaló que se trata de una decisión unilateral del Gobierno Nacional y que “no hubo tres años de diálogo sobre este tema”. “No hubo ni un minuto de diálogo”, señaló. 

Según dijo, todos están de acuerdo y hay predisposición para evitar que sea una persona la que cargue más de 100 kilos en su espalda, pero que la resolución del Gobierno o se queda a “mitad de camino”. “Lo que se tiene que hacer es obligar a salir de fábrica con cortes anatómicos, pero para eso hace falta una ley y un estudio muy importante en cuanto a la financiación necesaria para que la industria se adecue y también un estudio sobre la logística de distribución”. ¿Así es como se distribuye la carne en los países más desarrollados?, le preguntó este medio a Schiariti. “No en todos. Vengo de Inglaterra donde he visto bajar cerdo al hombro”. 

Por otro lado, cuestionó las “amenazas” que hay sobre quienes no cumplan, que incluyen clausuras de frigoríficos y la pérdida de matrículas para poder faenar y se preguntó si los gobernadores de las provincias “van a permitir que les cierren 370 fábricas”. Según anticipó, el 1° de noviembre “algunos saldrán [con la res] en tercios, algunos con medios mecánicos y muchos otros con ninguna de las dos cosas”. 

En un comunicado oficial, la Camya señaló que al día de hoy la mayor parte de las plantas faenadoras no cuentan con instalaciones adecuadas para realizar el corte de las medias reses. “Los plazos establecidos para su adecuación no han podido cumplirse debido al alto costo y la complejidad de las obras a realizar y por razones ajenas a la industria, tales como la financiación de las obras comprometida por el Gobierno no se ha hecho efectiva”, detalla.   

En la Secretaría señalan que de ninguna manera se oponen a los medios mecánicos para descargar, pero señalan que las carnicerías de barrio no cuentan con esos recursos, por lo que es de esperar que de suspenderse la medida los trabajadores deban seguir cargando la media res al hombro. Señalaron que buscarán coordinar una reunión, aunque no se las han solicitado formalmente.

La cámara de matarifes y abastecedores consideran que la medida propuesta “no ofrece ventajas sanitarias por tratarse de cuartos sin ningún tipo de protección o envase”. “Tampoco genera economías ni mejoras ambientales por mejor aprovechamiento de subproductos ya que los huesos y grasa seguirán siendo trasladados a las carnicerías y desde allí a las graderías del mismo modo en que se lo hace actualmente con las medias reses”. 

Camya  también buscó rebatir el argumento de la asignación más eficiente de la mercadería. “No responde al concepto de abastecer con cortes según demanda ya que los cuartos que integran cada media res se comercializarán en conjunto por falta de capacidad de la industria para organizar su trazabilidad y logística de acopio y distribución”, aseguró.

En la reunión realizada ayer en la Sociedad Rural Argentina estuvieron presentes, además de la Camya, Ciccra, CAF, representantes de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa), de la Cámara de Consignatarios de Hacienda, del Mercado Agroganadero, del Centro de Consignatarios de Productos del País y decenas de matarifes, dueños de frigoríficos y carniceros de todo el país.

DT

La Aduana aseguró que las operaciones de importación de neumáticos eran indebidas, al poner en duda el peligro de demora que las compañías invocaban y, además, por considerar “desmesurado” el volumen que les había sido otorgado: en el caso de una de las firmas, las cautelares obtenidas duplicaban sus máximos históricos de importación.

Las empresas Guerrini Neumáticos y La Rocca Neumaticos, que habían obtenido autorizaciones judicialmente para importar neumáticos por US$ 24.906.785 millones y US$ 39.271.950 millones respectivamente, finalmente desistieron sus medidas cautelares.

El cupo obtenido entre ambas ascendía a casi US$65 millones, puntualizó la Aduana en un comunicado. Además, indicó que con 30 cautelares presentadas desde 2020, Guerrini había importado neumáticos por US$36 millones, lo cual le había permitido ganar una “exorbitante” porción del mercado.

Según el organismo, más de un tercio del total correspondían a una posición arancelaria en la que la empresa Fate tenía una significativa capacidad productiva. Por otro lado, en la terminal Exolgan de Dock Sud, la Aduana descubrió aún más irregularidades en un cargamento de neumáticos usados proveniente de Europa.

La operación irregular consistía en un trasbordo al Paraguay con 270 ejemplares de diversas marcas, que carecía de los certificados necesarios indicando el uso que se les daría en el país de destino. La Aduana resaltó que con estos operativos se busca “el freno al uso desmedido de cautelares para resguardar las divisas del país”, y a la vez explicó que evitar la utilización de esa medida judicial “implica la extinción y archivo del proceso: en lo sucesivo no podrá promoverse otro por el mismo objeto y causa”.

En tanto, la Secretaría de Comercio estableció modificaciones sobre una resolución que había dictado el gobierno de Mauricio Macri en 2017, acerca de licencias automáticas y no automáticas de importación. En la resolución 26/2022, publicada hoy martes en el Boletín Oficial, Comercio determinó que a partir del análisis de la actual situación económica y productiva, “se estima que existen innumerables licencias para la importación que no representan necesidad ni urgencia para su ingreso al país”.

En ese sentido, la Secretaría consideró pertinente que elementos como hidrolavadoras, palos de golf, skies y patines de hielo, “son algunas de las licencias que ameritan el cambio propiciado” en la nueva resolución. “Esta nueva regulación apunta a fortalecer las operaciones de importación que requieren los sectores productivos para sostener y/o aumentar los niveles de producción y de empleo”, añadió.

LC con información de agencia NA

Tras la alerta que significaron los datos de inflación de agosto, que mostraron que las prendas de vestir y calzado aumentaron 9,9% en el mes y 109% en los últimos doce meses, el Gobierno buscó generar al menos un gesto. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, firmó con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) un acuerdo para mantener hasta el 1º de diciembre los precios de la ropa existentes al 5 de septiembre de 2022, “garantizando un abastecimiento razonable al mercado”. Así, las etiquetas mantendrían las subas que acumularon hasta esa fecha, pero desacelerarán la escalada hacia adelante.

El acuerdo incluye los precios de más de 60 marcas que estarán disponibles en todo el territorio nacional en shoppings, supermercados y locales propios. Además, dispone que a partir del 1º de diciembre y por el plazo de 180 días los precios se adecuarán en relación a la variación del tipo de cambio oficial; no podrán subir por encima.  Se trata de marcas de alta gama, que son solo un segmento de un mercado mucho más amplio, que incluye de locales de marcas surtidas a ferias como La Salada. 

Los nuevos precios regirán para la nueva colección de primavera-verano, que ingresó en los locales en las últimas semanas y buscan apaciguar la remarcación que suele acompañar el cambio de temporada. A diferencia de lo que ocurre con Precios Cuidados, los productos no estarán etiquetados porque todos estarán afectados al compromiso. 

Según se informó oficialmente, este entendimiento prevé mecanismos por parte de la Secretaría de Comercio para auditar y verificar el cumplimiento del mismo. En caso de incumplimiento, la Secretaría procederá de acuerdo a lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor y el Régimen de Lealtad Comercial.

Del encuentro también participó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien agradeció al sector por el esfuerzo e indicó que estas son medidas que responden a estabilizar la situación para poder proyectar la competitividad exportadora de las empresas, el orden en los precios y la estabilidad macroeconómica.

Por su parte, Tombolini resaltó que “este acuerdo nos da previsibilidad para cuidar el bolsillo de las y los argentinos y por eso celebramos el esfuerzo por parte de la industria” y señaló: “Vamos a trabajar juntos para mejorar la oferta y para que el sector pueda exportar más”. En ese marco, indicó también que la Secretaría seguirá trabajando con el sector para “programar el flujo de importaciones” con el objetivo de que “siga siendo un sector que agrega mucho valor”.

En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, apuntó: “Nosotros nos hacemos responsables de que este acuerdo se cumpla y lo hacemos con convicción porque, como cualquier empresario argentino, queremos que el país salga adelante”. “Queremos que esto sea mucho más grande y trabajar con los textiles para que se sumen a esta mesa”, añadió.

Forman parte del acuerdo las marcas 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

También participaron de la firma celebrada en el Palacio de Hacienda la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich; el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y el director ejecutivo de ASU, Juan Vasco Martínez.

DT

El Gobierno detectó aumentos de precios de entre un 20% y un 85% en alimentos, bebidas y artículos de higiene personal, en las ventas que se realizaron en las dos primeras semanas de septiembre, en distintos supermercados.

La Secretaría de Comerció denunció los aumentos y los registró en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), que todos los días recibe información de los precios de las cadenas de supermercados que abarcan más de 57.000 productos de consumo masivo en todo el país.

En el SEPA, la Secretaría de Comercio publicó un listado con los 30 productos que más subieron de precio, en la primera quincena de septiembre.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, a través de su cuenta de Twitter, señaló que se verificaron “un crecimiento desmedido de precios de productos en cadenas de supermercados del AMBA”.

“Por eso, decidimos publicar regularmente un listado de los 30 productos que más aumenten durante la quincena”, agregó el funcionario.

En la primera quincena de septiembre, según ese sistema de registro los productos que más subieron fueron el bronceador con Zanahoria Nivea 200 Cc (85%); Vino Tinto Cabernet Malbec Merlot Especial Blend Bodega del Fin del Mundo (64%); Bebida Isotónica Manzana Powerade (61%); Champagne Nature Nieto Senetiner (52%); Vino Malbec y Cabernet Finca Natalina (47%).

Se registraron también subas de 45% en mermeladas; 42% en salsas; 41% en azúcar; 32% en galletitas rellenas de vainilla; 27% en mantecas y 26% en cafés entre otras.

Algunos de los productos señalados con aumentos también fueron el de la Manteca Clarificada sin tacc Ghee Cows que subió un 27%, en los primeros quince días de septiembre.

Figuran también los pañuelos descartables Decorado Achiss 27%, bocaditos de pollo rebozados 27%, medallón de pollo Portobelo 26%, servilletas blancas Felpita 26%, café tostado suave Martínez 26%, galletitas Crackers Salvado Tia Maruca 26% y hamburguesas de carne Flowpack 25%.

Principales aumentos en Grandes Cadenas de Supermercados

Con información de agencias.

IG

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, aseguró este jueves que “no existe intención de eliminar” el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y que se decidió “cambiar el mecanismo compensando la demanda y orientando el subsidio sólo a la harina para producir pan”.

“No existe intención de eliminar el FETA”, sostuvo Tombolini a través de su cuenta en la red social Twitter, al mismo tiempo que consideró que la herramienta tuvo “resultados parciales”.

El mecanismo -conocido como 'fideicomiso del trigo'- entró en vigencia en marzo con el objetivo de desacoplar el precio interno del trigo del precio externo comenzada la guerra entre Rusia y Ucrania con fondos generados a través de 2 puntos de las retenciones que se cobran por las exportaciones de harina y aceite de soja, que son “distribuidos entre los molinos que participan” explicó el funcionario nacional.

“De esta manera se subsidia la bolsa de 25 kilos de harina que compran industrias, distribuidores, panaderías y afines”, puntualizó Tombolini.

No obstante, señaló que “a la luz de los resultados este mecanismo funcionó parcialmente”, ya que “existen casos de molinos que cobran por la harina que se venden a sí mismos para fabricar galletitas. Esto no está necesariamente mal, pero no se observan resultados en precios al consumidor”.

Es por eso que desde Comercio se busca “optimizar” la operatoria del FETA, por lo que se propuso “como alternativa, cambiar el mecanismo compensando la demanda y orientando el subsidio solo a la harina para producir pan, sin dejar de dar curso a nuevas incorporaciones de molinos y agilizando los desembolsos”.

“La intención es seguir dialogando con todos los sectores sin interrumpir los procesos en marcha. La necesidad es llevar alivio a la mesa de los argentinos, y para eso necesitamos trabajar con herramientas que funcionen y que hasta aquí presentan deficiencias que urge corregir”, concluyó.

El malestar de los panaderos

Horas atrás, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora sostuvo que “si la harina, no pegó un 'zarpazo' es porque hay un fondo estabilizador del trigo que la contiene”. “Si liberás eso, la harina va a valer entre 3.000 y 3.500 pesos y, si pasa eso, vas a tener un precio del pan de 450 pesos para arriba”, aseguró.

“Este secretario de Comercio pretende cortar el hilo por lo más delgado, que son los trabajadores y las pequeñas empresas, y una vez más le da la derecha al empresariado que especula con los precios de los alimentos”, había dicho Mora.

Con información de agencias.

IG

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo este miércoles que trabaja en un mecanismo para que el subsidio a la bolsa de harina lo reciban de manera directa las panaderías, tras afirmar que, con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) dirigido a los molinos, “la mayor parte de las panaderías no está recibiendo la bolsa subsidiada”.

“Tenemos líneas de trabajo que estamos llevando adelante en la Secretaría vinculado a algo tan importante en la mesa de los argentinos como el pan”, dijo Tombolini en declaraciones a Radio 10.

Señaló que “el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino es una herramienta que nació por la guerra”, y remarcó que “es una herramienta de carácter transitorio” creada para que “cuando sube mucho el trigo a nivel internacional, que la volatilidad no se traslade a la mesa de los argentinos”.

En ese sentido, explicó que “la mayor parte de las panaderías no está recibiendo la bolsa subsidiada”, y señaló que están analizando “cómo hacemos para que esta plata que tiene el Estado llegue a la demanda, a cada panadero”.

“Estamos tratando de llevar adelante una línea de trabajo, que cada panadería se inscriba, son 19 mil en todo el país, orientar este fideicomiso sólo a las panaderías que venden al público, que escanee la factura y el Estado una vez por mes le reintegra la diferencia entre el precio de la bolsa y lo que determina como precio la Secretaría de Comercio”, detalló.

Dijo que la bolsa de harina “hoy vale 2.400 sin subsidio en el mercado” y que a partir del mecanismo se subsidiará la diferencia: “Vamos a darle a todos los panaderos que se anoten una lista de todos los molinos que formen parte de los proveedores del fideicomiso con un precio testigo que va a ser un precio de mercado razonable”.

Malestar de los panaderos

Por su parte, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, dijo a Radio 10 que, “si la harina, no pegó un 'zarpazo' es porque hay un fondo estabilizador del trigo que la contiene”.

“Si liberás eso, la harina va a valer entre 3.000 y 3.500 pesos y, si pasa eso, vas a tener un precio del pan de 450 pesos para arriba”, aseguró.

Tombolini se reunió este martes con referentes de la Federación de Panaderos (Faipa) para analizar esta línea de trabajo que apunta a un mecanismo alternativo destinado de manera directa a las panaderías, con el objetivo de mantener estable el precio del pan.

“La conclusión que nos llevamos de la reunión, es que este secretario de Comercio pretende cortar el hilo por lo más delgado, que son los trabajadores y las pequeñas empresas, y una vez más le da la derecha al empresariado que especula con los precios de los alimentos”, concluyó Mora.

Con información de agencias.

IG

Instantes antes de renunciar formalmente como presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa continuó dando detalles de su equipo económico a través de Twitter, como viene haciendo desde que el Gobierno lo confirmó como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca.

“El desarrollo con inclusión requiere cambiar la matriz productiva para impulsar la inversión y las exportaciones”, comenzó su hilo de tweets de este martes Massa. “Por eso José Ignacio de Mendiguren liderará Producción con un equipo integrado por Gabriela Lizana, Priscila Makari, Carla Pitiot y Tomás Canosa”, detalló.

Asimismo, Massa comunicó que Matías Tombolini “será el nuevo secretario de Comercio. Unificando el manejo del comercio interior y exterior, con el objetivo de darle orden a la mesa de los argentinos y recuperar un sistema de precios adecuado que permita volver a saber cuánto valen las cosas”.

Además, designó en la Secretaría de Planeamiento del Desarrollo y Competitividad Federal a Jorge Neme, “acompañado por Carola Ramón Berjano y Pablo Sívori promoviendo las economías regionales y las inversiones en las cadenas productivas de la Argentina”. Neme se desempeñana hasta ahora como vicejefe de Gabinete, a las órdenes de Juan Manzur.

Por su parte, Massa confirmó en su cargo a Marco Lavagna, “quien seguirá liderando los equipos técnicos del INDEC. Las estadísticas son un pilar fundamental para la toma de decisiones, hay que promoverlas y seguir asegurando su rigurosidad”, concluyó.

Antes, el designado en Economía nombró a Juan José Bahillo como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. “Estará acompañado por Gabriel Delgado en la Unidad de Apertura de Nuevos Mercados de Proteínas, con el objetivo de potenciar y acompañar el desarrollo de uno de los motores económicos de nuestro país”.

“También se incorpora, Jorge Solmi en la Unidad de Coordinación Federal Operativa, Sandra Mayol en la Subsecretaría de Asuntos Institucionales; además de Sabrina Vettel y Katia Blanc en áreas estratégicas de la Secretaría”, concluyó.

Los primeros nombres

Ayer Massa había anunciado el regreso a la gestión de Raúl Rigo, que será su secretario de Hacienda. Estará secundado por Jorge Domper como subsecretario de Presupuesto y Claudia Balestrini a cargo de la subsecretaría de Ingresos Públicos. También incorporó a Daniel Marx como parte de un comité asesor en materia de deuda. 

Massa escogió a Eduardo Setti como su secretario de Finanzas, cargo al que ya lo había designado Silvina Batakis en su gestión de apenas 24 días. A él lo acompañarán Leandro Toriano, Natalia Capurso y Celeste Izquierdo. “Ellos y ellas tienen como objetivo fortalecer las reservas, asegurar el financiamiento del Tesoro y promover el desarrollo de un mercado de capitales nacional”, argumentó el futuro superministro de Economía. 

El ministro entrante nominó a Leonardo Madcur, de extrema confianza de Roberto Lavagna, como jefe de Asesores del Ministerio y designó a Lisandro Cleri como vicepresidente en el Banco Central.  Se suma a otro massista que ingresó hace algunas semanas al directorio del BCRA en representación del Ministerio de Economía, Pablo Carreras Mayer. De esta manera, aun sin detentar la presidencia (Miguel Angel Pesce mantiene su posición), el nuevo ministro logrará tener peso en las decisiones de la entidad.

Con información de agencias.

IG

El economista Martín Pollera presentó hoy su renuncia al frente de la Secretaría de Comercio Interior, luego de haber asumido el 6 de julio como parte del equipo que acompañará la gestión de la exministra de Economía Silvina Batakis.

Pollera es economista y reemplazó a Guillermo Hang, quien estuvo solo 44 días tras ocupar el lugar de Roberto Feletti, y resolver en lo inmediato la extensión del programa de Precios Cuidados.

Pollera es un economista formado en la Universidad Nacional de La Plata que colaboraba con Silvina Batakis antes de que esta fuera nombrada titular de la cartera de Economía.

El cargo que ejercía con anterioridad era el de subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional en el Ministerio del Interior, conducido por Eduardo “Wado” de Pedro.

DA

El Gobierno detectó un 30% de desabastecimiento de los productos que integran el programa Precios Cuidados, de acuerdo con los resultados de un operativo realizado en supermercados de la Área Metropolitana de Buenos Aires y municipios de la provincia de Buenos Aires. 

Durante el procedimiento se relevaron 229 comercios, incluyendo las cadenas Carrefour, Changomas, Jumbo, Vea, Disco, Día y Coto. Según se comunicó oficialmenet este jueves, fue realizado de manera conjunta por la secretaría de Comercio Interior, a cargo de Martín Pollera; la subsecretaría de Desarrollo Comercial del Ministerio de Producción bonaerense, que responde a Augusto Costa, y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Se observó que todas las cadenas de supermercados de los distintos municipios de la provincia respetan los precios del acuerdo en más de un 90%, no así con la señalética y el abastecimiento de los productos, que registraron un cumplimiento del 67,5% y 71% respectivamente.

El operativo cubrió las grandes cadenas de súper e hipermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires y municipios de la provincia de Buenos Aires. “Estas acciones buscan prevenir maniobras especulativas que vulneren el acceso de las y los argentinos a productos esenciales”, informó la Secretaría de Comercio. 

El programa Precios Cuidados fue renovado a principios de este mes, con una pauta de aumento promedio trimestral de 9,3%: 3,3% en julio, 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre. En la nueva etapa se retiraron 372 productos que estaban incluidos en la previa: pasaron de 1.321 artículos a 949. 

Parte de esos productos eliminados eran lácteos, que debieron ser negociados aparte por la recién llegada gestión de Pollera, bajo el ala de Silvina Batakis. Una semana atrás el Gobierno anunció la firma de un acuerdo con empresas láctras mediante el que se incorporaron 120 productos a la canasta de Precios Cuidados. Además, se incluyó un compromiso de triplicar el volumen de leche fresca ofrecida y garantizar el abastecimiento. 

Precios Cuidados es una de las herramientas con las que cuenta el Gobierno para intentar moderar la suba de precios en alimentos y productos básicos en medio de una escalada inflacionaria. “Apunta a proteger los ingresos de todos los hogares argentinos y llevar previsibilidad en las compras que realizan todos los días”, señala el comunicado oficial. 

Ayer la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, anticipó en declaraciones radiales que la inflación de julio “va a dar mal”. “Tuvimos expectativas de devaluación muy fuerte y se anticiparon aumentos de precios”, argumentó la funcionaria. Los pronósticos privados ubican la inflación del mes en torno al 7%, por encima del pico de 6,7% registrado en marzo.

MT