En 2022, Luiz estaba encantado al enterarse de que su periódico local en Brasil sería beneficiario de un contrato con una de las empresas más poderosas del mundo. Al igual que en otros países del mundo, muchos pequeños medios brasileños estaban juntando fondos como podían para sobrevivir. La oferta de dinero de una empresa como Google parecía un milagro.

“Me preguntaba por qué me ofrecían esto. Sonaba demasiado bueno para ser verdad”, dijo el director de medios, usando un dicho brasileño: “Regalo demasiado generoso, santo sospechoso”. “Para ser sincero, no sé leer inglés, pero firmé el contrato, no leí todos los detalles”, afirma. “Representa alrededor del 40% de nuestros ingresos… cada mes. Y cada primer día del mes está depositado en nuestra cuenta. Qué maravilla. Se deposita religiosamente”. Otras fuentes de ingreso son la publicidad, las donaciones y los programas financiados por el Estado.

Luiz, cuyo nombre ha sido cambiado debido al riesgo para su financiación que podría significar divulgar los detalles de su contrato, es uno de al menos 450 directores de medios en toda América Latina —y más de 2.000 en todo el mundo— que han firmado un acuerdo de este tipo con el programa de licencias Google News Showcase en los últimos cinco años. A través de Showcase, Google ha gastado miles de millones de dólares en medios de comunicación a nivel global. En el proceso, según dicen algunos críticos, el programa ha generado dependencia financiera, ha hecho que los medios renuncien a reclamaciones de derechos de autor, y posiblemente se ha blindado frente a futuras demandas relacionadas con el uso del periodismo para entrenar modelos de inteligencia artificial. Esto es lo que encontró la investigación transfronteriza La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación, CLIP, en colaboración con otras 17 organizaciones de 15 países.

En 2019, la Unión Europea votó a favor de una directiva de derechos de autor que cambió durante años la forma en que el mundo regularía la tecnología y las noticias digitales. Esta votación desencadenó una reacción en cadena de normativas a las que la empresa ha intentado resistirse desde entonces. Tras esa votación, la sede de Google sacó una lección clara: la industria de los medios usaría “todo su poder de lobby para sacarnos dinero”, dijo Madhav Chinnappa, exejecutivo de Google News, dijo en una entrevista con esta alianza. Google News Showcase fue un intento de la compañía “de protegernos y de ver cómo manejamos esto de la manera más pragmática posible”, explicó.

Así, con la promesa de gastar 1.000 millones de dólares en medios en todo el mundo, el programa se lanzó el 1 de octubre de 2020. “Yo pensaba que Google News Showcase no resolvería los problemas para los que fue creado —pensaba que los empeoraría”, dijo Chinnappa.

 Chinnappa fue uno de los fundadores de la Digital News Initiative (DNI) de esa compañía, un programa que buscaba promover la innovación en la industria periodística europea a través de becas y proyectos. La iniciativa luego fue expandida globalmente y se convirtió en la Google News Initiative, o GNI.

A diferencia de la financiación de la Google News Initiative, que tomaba la forma de subvenciones o capacitaciones, Showcase era un acuerdo de licencia, lo que significaba que la empresa adquiría algunos derechos de uso sobre el contenido producido por los medios aliados. Publicaciones del blog de Google sugieren que el programa se diseñó explícitamente como una forma de que Google compensara a los medios y evitara regulaciones como el Código de Negociación de Medios en Australia o las leyes de derechos de autor digitales en Francia.

Para el momento del lanzamiento, 200 medios ya habían firmado con Google News Showcase en Australia, Argentina y Brasil —donde se debatían códigos de negociación mediática. El programa incluía una pestaña destacada en una página especializada de “Showcase” dentro de la plataforma de Google News. Pero muchos directores le dijeron a esta alianza que sus medios han recibido poco o ningún tráfico de este producto.

Google Showcase fue un punto de inflexión para GNI y sus programas relacionados, que originalmente estaban enfocados en invertir en innovación en periodismo, pero desde entonces se convirtieron en un intento de enfrentar la presión regulatoria, dijo Ludovico Blecher, exdirector de la división de innovación de GNI. “Para proteger su negocio, y sus márgenes de ganancia, en algún punto, me pareció que lo que se convirtió en prioridad fue mitigar los riesgos regulatorios y en hacer que el monto que se le pagara a los medios siguiera siendo ‘asequible’. Así que la discusión se volcó hacia los actores más grandes e influyentes. Yo lo llamo ‘alquilar a tu enemigo’”.

Por otra parte, los medios no pudieron aprovechar la oportunidad, dice Blecher. “Con un enfoque más unido, menos ego y una mejor comprensión de cómo funciona Google, el nuevo ecosistema podría haber hecho un mejor trabajo al defender y proteger el futuro del periodismo, lo que se necesita ahora más que nunca”. Un directivo de una asociación de medios en Brasil comentó: “Los programas de Google para el periodismo siempre fueron una estrategia de relaciones públicas. Pero cuando sintieron mayor presión regulatoria, la estrategia de PR cambió. Showcase es el mejor ejemplo. Es una estrategia que genera dependencia financiera”.

Los valores de los contratos de Showcase que vio el equipo de reportaje varían entre 25.000 dólares anuales y 250.000 dólares por año para los medios más grandes. Los contratos no serán publicados por petición de nuestras fuentes. Un medio pequeño contó que Google News Showcase representa el 15% de sus ingresos y es la mayor fuente única de ingresos de su empresa. “Es un verdadero salvavidas”, asegura.

Showcase se ha vuelto esencial para muchas publicaciones. En toda América Latina, un estudio encontró que los medios con necesidad de fondos dependen cada vez más del programa, aunque muchos líderes de redacciones afirman que la financiación es insuficiente y no cumple la promesa de generar tráfico hacia sus sitios. “[Directores de medios] nos dijeron que la audiencia [proveniente de Showcase] era insignificante”, afirma Juliana Colussi, profesora en la Universidad Rey de España y una de las autoras del estudio. “Los grandes medios todavía pueden sobrevivir con suscripciones. Pero los medios pequeños y locales no logran tantas suscripciones. Como consecuencia, se genera una dependencia [de Google Showcase]”.

Un directivo de un medio australiano señaló que el dinero de los contratos de Google Showcase representa aproximadamente un 5% al año. “Si lo perdiéramos, nos dolería —tendríamos que recaudar ese dinero en otro lado, y quizá perderíamos a algunos empleados— pero no es crítico para nuestra supervivencia”, dijo el directivo.

El secreto como estrategia

Pero los acuerdos incluyen más que financiación —y la amenaza de perderla. Los contratos de Showcase se sostienen en el secreto. Los documentos a los que accedió este equipo periodístico contienen cláusulas que prohíben tanto a Google como al medio firmante realizar “cualquier declaración pública respecto de este Acuerdo sin la aprobación previa y por escrito de la otra parte”. Aunque ambas partes pueden reconocer la existencia del convenio, ninguna puede divulgar su valor ni sus términos, incluso después de que expire.

Carla Egydio, lobista de la Asociación Brasileña de Periodismo Digital (Ajor), afirmó que Showcase es un programa estratégico. “En un sector económico que ya enfrenta serias dificultades de sostenibilidad, resulta muy complicado para una organización que depende de estos ingresos —como ocurre con muchos medios en Brasil— apoyar una legislación sin saber si, de aprobarse, le reportará más o menos recursos que los acuerdos de Showcase”, explica.

Varios directores de medios contactados por esta alianza periodística se mostraron reacios a hablar de sus contratos, por temor a violar las cláusulas de confidencialidad. Para Nelson Yap, presidente de la Public Interest Publishers Alliance (PIPA), una coalición de 24 medios australianos, la exigencia de acuerdos de confidencialidad es una táctica que impide la colaboración entre medios.

“Evita que los medios aprendan unos de otros. Hace muy difícil colaborar cuando estás atado a cláusulas de confidencialidad, de modo que solo puedes hablar en la superficie”, señaló. “Ellos lo saben, y aplican esta estrategia a nivel global”.

Canadá introdujo su Ley de Noticias en Línea el 5 de abril de 2022. Showcase ya había desembarcado en el país seis meses antes, el 27 de octubre de 2021. Testigos que abogaron por el proyecto de ley canadiense durante su proceso legislativo argumentaron que la ley podría ofrecer mayor transparencia durante la etapa de negociación ante la alternativa de que Google pudiera firmar acuerdos independientemente.

La esperanza era que regular los pagos entre plataformas y redacciones permitiría arrojar algo de luz sobre cómo se cerraban esos convenios y ayudar a todos los medios a negociar mejores contratos. Pero tras la aprobación de la ley en junio de 2023, que obligaba a Google y Meta a pagar por las noticias en sus plataformas, Google terminó sus contratos de Showcase en el país. La medida supuso un golpe considerable para los 11 medios que tenían acuerdos en vigor, entre ellos algunos de los principales del país, como The Globe and Mail, Winnipeg Free Press y Torstar.

Investigación en Alemania

En Alemania, Oliver Schmidt, director de estrategia de contenidos de la compañía de venta de derechos de noticias Corint Media, afirmó que a los medios les preocupaba que los firmantes de Showcase fueran favorecidos por los algoritmos de la compañía. Las condiciones de los acuerdos llevaron al organismo federal de competencia, el Bundeskartellamt, a iniciar en 2021 un procedimiento contra Google, ante la preocupación de que los planes de integrar el servicio News Showcase en las búsquedas generales terminaran “expulsando” del mercado a otros servicios similares ofrecidos por competidores.

“Google ha respondido a nuestras preocupaciones y ha implementado ajustes importantes en beneficio de los medios… seguirá siendo irrelevante para el ranking de los resultados de búsqueda si un medio participa o no en Showcase”, declaró Andreas Mundt, presidente del Bundeskartellamt, tras el cierre del procedimiento en 2022. Mundt añadió que Google también modificó la redacción de sus contratos como respuesta a la investigación, garantizando que “los medios no enfrenten dificultades para hacer valer sus derechos de autor conexos”.

Google se vio obligado a eliminar cláusulas que establecían que el tráfico de la búsqueda de Google “es suficiente remuneración a cambio de la indexación, el despliegue y otros usos similares del contenido de las publicaciones de un medio en conexión con los servicios de referencia automatizados de Google”. Aunque estas cláusulas se eliminaron en Alemania, la investigación comprobó que aún aparecen en contratos con medios en otros países.

Otras cláusulas estipulaban que Google podía rescindir el contrato si se aprobaba una ley que estableciera un mecanismo de pago, o si el medio participa o inicia una demanda o queja contra Google. Schmidt, de Corint Media, cuyo grupo representa a aproximadamente un tercio de los medios en Alemania, dijo que esas cláusulas de rescisión eran “dañinas”.

“Cuando eres Google, con alrededor del 90% del mercado, eres un actor dominante, y los medios dependen de tu plataforma para conseguir clics, para conseguir tráfico… Y luego existen acuerdos como Google News Showcase que no te permiten ejercer tus derechos ni monetizarlos. Pensamos que eso era perjudicial”. “Vimos que Google News Showcase es una herramienta para dividir el mercado”, añade.

Nuevos contratos, además, se siguen negociando constantemente. En Indonesia, los acuerdos se están cerrando como parte del código de negociación para compensar a los medios de ese país. Los grandes actores del sector ya habían firmado este tipo de convenios en 2021, tres años antes de que la legislación sobre derechos de los medios fuera ratificada formalmente. Google había negociado para que estas empresas recibieran solo un pequeño porcentaje del monto total hasta estar conforme con la normativa que se debatía en Indonesia. Un miembro del gobierno confirmó que el programa no arrancó del todo. Tras la aprobación de la ley en 2024, la compañía continuó firmando acuerdos de Showcase, esta vez también con medios más pequeños.

El final en Australia

Directores de medios en Australia no recibieron “ningún indicio” antes de enterarse de que sus contratos de Google no serían renovados. En 2022, para evitar ser “designados” y arriesgarse a un arbitraje bajo el nuevo Código de Negociación de Medios, Google negoció acuerdos con decenas de medios en el país. Veinticuatro de estos medios, vinculados a la asociación PIPA, habían negociado contratos por cinco años renovables anualmente. Sin embargo, los acuerdos quedaron sin efecto apenas tres años después.

Una persona con conocimiento de la terminación de los contratos dijo que fue una “enorme sorpresa” para las compañías de medios. No hubo aviso. No hubo consulta. Quiero decir, si alguien ha tenido una relación contigo durante tres años, pensarías que se acercaría a decirte: ‘oye, estamos pensando en hacer esto’“.

Australia, uno de los primeros países en aprobar una legislación de negociación, también fue pionera en la introducción de Google News Showcase. Ahora, cinco años después, el país prepara una versión actualizada del código de negociación, conocida como el Incentivo de Negociación de Medios, que —entre otras modificaciones— impedirá que las plataformas se evadan de pagar bloqueando contenido noticioso, como hizo Meta en Canadá tras aprobarse su propia ley. Pero la gran incógnita para los medios australianos es cómo manejará el nuevo marco legal el tema de la inteligencia artificial (IA).

¿Podría el entrenamiento de IA estar incorporado en Showcase?

En la carrera por desarrollar las máquinas más inteligentes, las empresas necesitan cantidades enormes de información fidedigna, actualizada y de calidad. Los medios la tienen. Durante las negociaciones del código, Google y Meta argumentaron que las noticias tenían muy poco valor para ellos porque las búsquedas noticiosas generaban escasos ingresos publicitarios. Ahora, con la irrupción de la IA, ese panorama ha cambiado.

El contenido periodístico suele usarse para entrenar modelos de IA y chatbots, que luego incorporan esa información en las respuestas que les dan a los usuarios. Estas herramientas no siempre proveen la fuente de la información en sus respuestas. “No hay absolutamente ninguna duda de que el contenido noticioso es valioso para las empresas de IA”, afirmó Klaudia Jaźwińska, investigadora y periodista que lidera el proyecto Platforms and Publishers del Tow Center en la Universidad de Columbia. Cita un estudio de MuckRack, publicado en julio, que halló que el contenido periodístico aparecía en casi la mitad de todos los resúmenes generados por IA en Google, siempre que las consultas fueran sobre eventos coyunturales. Los resúmenes de IA de Google, que se muestran en varios países en los que el uso de la IA aún no está regulada, siempre enlazan a sus fuentes.

Otro estudio reciente concluyó que los resúmenes de IA, como los que aparecen en los resultados de búsqueda de Google, pueden reducir en casi un 80% el tráfico de sitios que antes aparecían de primeros en un resultado de búsqueda. En 2023, The New York Times demandó a OpenAI por infracción de derechos de autor al usar sus artículos para entrenar los modelos de lenguaje de la compañía. En marzo de 2025, un juez autorizó que el caso siguiera adelante.

Otras compañías de IA y grandes medios periodísticos (sobre todo en el norte global) han comenzado a cerrar acuerdos, recibiendo pagos a cambio de contenidos archivados o bajo muro de pago para entrenamiento de modelos de lenguaje. Según datos recopilados por el proyecto de Jaźwińska, casi 150 medios, desde The Wall Street Journal hasta The Guardian, han cerrado convenios de licencias o están inmersos en batallas legales por el uso de sus contenidos.

OpenAI, ProRata y Perplexity encabezan la lista con 45, 27 y 26 acuerdos o litigios, respectivamente. Google, en comparación, ha firmado públicamente solo cinco. En julio Bloomberg informó que estaba en conversaciones con una veintena de medios para licenciar contenido para sus herramientas de IA.

Pero eso no significa necesariamente que Google se esté quedando atrás. Todos los contratos de Showcase obtenidos por esta investigación incluyen una cláusula de propiedad intelectual que otorga a Google el derecho de “reproducir, distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente y usar de otro modo el contenido de la publicación en relación con los productos y servicios de Google”.

Schmidt, de Corint Media, señaló que sus representados han pedido a Google que retire esa cláusula o confirme que no se emplea para entrenamiento de IA. Google se negó. Aunque esa no sea la finalidad principal de los acuerdos, expertos legales consultados sostienen que la cláusula podría ceder los derechos de los medios para emprender acciones legales contra Google por usar sus contenidos en el desarrollo de IA.

“Si llega un juicio, podrían decir: ‘no, ya pagamos a los medios por su entrenamiento de IA. Tenemos este acuerdo de Google News Showcase’”, advirtió Schmidt. “Si hay cinco artículos al día de cada medio, y participan 100 medios en Alemania, eso suma 500 artículos diarios”, dijo Schmidt. “Multiplícalo por 365 días y da más de 180.000 artículos al año. Con eso, Google ya obtiene suficiente material para entrenar un modelo de lenguaje”.

Preguntada por esta investigación si utiliza los contenidos licenciados en Showcase para entrenar sus modelos de IA, Google envió una respuesta por escrito: “Como muchas compañías, interactuamos regularmente con constructores de políticas públicas en un amplio rango de asuntos, incluyendo la forma en las que las políticas públicas pueden afectar a quienes usan nuestros productos. Reportamos de manera transparente nuestras interacciones con funcionarios, de acuerdo con las regulaciones locales”. Un exejecutivo de Google reconoció a esta investigación que es posible que los contratos de Showcase sirvan como escudo legal, aunque consideró que es “improbable”, ya que, según él, las tecnológicas se han negado en principio a pagar por contenidos que ya son de libre acceso en internet. Además, señaló, las licencias de copyright para entrenamiento de IA suelen tener un lenguaje más específico.

Google continúa firmando y renovando contratos, cementando aún más el rol de Google en la industria periodística en los siguientes años. A comienzos de este año, varios medios brasileños iniciaron la renegociación de sus acuerdos de Showcase. Luiz, director de uno de ellos, celebró al enterarse de que su contrato se extenderá a mediados de 2025 por tres años más. Google también anunció que renovará más de 50 contratos de Showcase con medios australianos.

Según Julie Posetti, vicepresidenta de investigación global del International Center for Journalists (ICFJ), la carrera por la inteligencia artificial amenaza con dar lugar a lo que ella llama una “cooptación de plataformas 2.0”. Observa con preocupación la proliferación de acuerdos individuales para el entrenamiento de IA y el creciente interés de compañías como Microsoft y OpenAI en financiar eventos y programas de capacitación para periodistas. “Con la proliferación de la IA generativa estamos viendo que se reproducen las mismas dinámicas de la cooptación de plataformas 1.0, como si no se hubieran aprendido las lecciones”, afirma, recordando que las alianzas de la industria periodística con las redes sociales desembocaron en “cooptación, influencia y autocensura”.

La supuesta defensa que las grandes tecnológicas hicieron de los medios de interés público, concluye, fue pura puesta en escena. “En el fondo, se trataba de neutralizar cualquier intento de exigirles rendición de cuentas y de presentarse como compañías benévolas, aliadas de los periodistas”, afirma. “Parece como si ninguna de aquellas lecciones hubiera servido de nada”.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Una certeza recorre los medios y el periodismo: la crisis del modelo que reinó durante el último siglo sólo puede conjurarse con la inyección de recursos desde otros espacios. El yacimiento de un negocio que monopolizaba la atención masiva con productos generalistas realizado en grandes organizaciones que, a su vez, controlaban todo el proceso productivo de los flujos cotidianos de información y opinión, está casi seco y no es renovable. Los futuros recursos para que la maquinaria funcione –si es que eso es posible- saldrán de otro lado. Pero hoy, como en el tango “¿Dónde hay un mango?” de Pelay y Canaro inmortalizado por Tita Merello, por más que se arremanguen, ni “los financistas, ni los periodistas, ni perros ni gatos, noticias ni datos” pueden salir del apuro.

¿Quién paga la cuenta de los medios en la economía digital? es la pregunta que hoy formulan desde los empresarios hasta los sindicalistas del sector, desde los canillitas de los desolados kioscos de diarios y revistas hasta la constelación de columnistas y opinadores que anida en la cumbre del sistema cuesta abajo. Como es lógico, dada la centralidad que tiene la comunicación en la estructuración de la agenda pública, la preocupación trascendió las fronteras corporativas y hoy involucra a presidentes y congresistas y también a las plataformas tecnológicas y a las compañías de telecomunicaciones, en estos casos por tratarse de actividades colindantes y convergentes con los medios. Pero, aunque es una pregunta medular, es incompleta.

¿Quién paga la cuenta de los medios en la economía digital? es la pregunta que hoy formulan desde los empresarios hasta los sindicalistas del sector, desde los canillitas de los desolados kioscos de diarios y revistas hasta la constelación de columnistas

En efecto, ya asoman algunas ideas que compiten por dar respuesta al interrogante sobre el financiamiento de los medios: Francia y Australia tomaron la delantera al obligar a Google y Facebook a negociar con las empresas periodísticas para que la renta publicitaria digital que estas plataformas capturan gracias –en parte- al interés que despiertan los contenidos de los medios y las conversaciones motivadas por ellos, sea compartida con la industria de la información. Los resultados de estas iniciativas son recientes y controvertidos. Facebook, por ejemplo, decretó un apagón noticioso en Australia como represalia por la nueva imposición regulatoria, un extremo que le permitió moderar su impacto y que a la vez despertó la alarma mundial por la exhibición del poder del conglomerado de Mark Zuckerberg. En paralelo, la Comisión Europea está forzando a las big tech a amoldarse a su nueva regulación sobre derechos de autor, no sin controversia.

Por otro lado, con buen olfato y billetera abultada, Google lanzó el programa News Showcase como estrategia de control de daños y escudo ante el severo escrutinio con que Silicon Valley es observado en un mundo que hasta hace poco tiempo festejaba la autorregulación de las plataformas digitales y se hacía el distraído con sus efectos de monopolización de mercados, abuso en el tratamiento de datos personales y opacidad algorítmica.

Mecenazgo 2.0, la insignia de Google News Showcase ya ondea en varios países, entre ellos Brasil y la Argentina como primeras experiencias latinoamericanas de un programa corporativo que es celebrado públicamente por los medios que reciben financiamiento y pueden editar parte de sus contenidos sin que estos sean fagocitados en la sala de máquinas de la plataforma. Sin embargo, también hay críticas por lo bajo de los beneficiados y de la constelación de organizaciones periodísticas que quedan afuera del radar de Google.

Por ahora, Google News Showcase es lo que hay y más vale pájaro en mano en tiempos de hambruna, aunque la alianza huela, desde la perspectiva de los medios, a pacto fáustico. Colombia será la próxima sede de este ensayo. Curiosamente, el Congreso colombiano tramita un proyecto de ley promovido por las empresas periodísticas y apoyado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (MinTIC) para dotar de financiamiento público a los medios privados. La regulación propuesta busca lograr “la estabilidad económica y la operación de los medios de información” en ese país.

Por ahora, Google News Showcase es lo que hay y más vale pájaro en mano en tiempos de hambruna, aunque la alianza huela, desde la perspectiva de los medios, a pacto fáustico. Colombia será la próxima sede de este ensayo.

En paralelo al proyecto de ley, el MinTIC colombiano anunció la disposición de US$ 23 millones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para financiar “la transformación digital de los medios de comunicación”. Los fondos tienen un propósito definido, no hay que confundirlos con los subsidios encubiertos que en toda América Latina se canalizan a través de la publicidad oficial a niveles nacionales, provinciales y municipales. Este subsidio encubierto de la pauta estatal suele ser una forma de mecenazgo político-partidario.

Pero los subsidios encubiertos ya no alcanzan y los anunciantes privados migran hacia las plataformas. Por eso los reclamos de asistencia pública a los medios privados se multiplican. En la Argentina, por ejemplo, las cámaras empresariales de medios pidieron “financiamiento productivo, empleo, regímenes impositivos y previsionales, planes de pago, adecuación a futuro de regímenes laborales” en un comunicado conjunto de hace dos años de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA); la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER); la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Durante la pandemia, las empresas integrantes de estas asociaciones recibieron socorro público sin reparar en la contradicción de que muchos de sus cuadros directivos y profesionales (editores, columnistas y conductores estrella en tv y radio) predican el ajuste del Estado y vilipendian a otros sectores sociales acusándolos de querer vivir del apoyo público. 

Las opciones existentes de abrir negociaciones por la renta publicitaria digital, confiar en el criterio de las plataformas con sus donativos corporativos a algunos medios, ejecutar subsidios encubiertos para las empresas periodísticas y definir un esquema de ayudas directas del Estado a los medios no son perfectas ni completas. Además de estos paliativos coyunturales e inestables, el catálogo de ideas superadoras podría enriquecerse si, por ejemplo, la OCDE avanzara en alguna de las líneas de tributación de las plataformas en las que trabaja desde hace dos años.

Aun si hubiese un fondeo específico que no restara capacidad de sostenimiento de otras funciones estatales (salud, educación, jubilaciones y pensiones, vivienda, seguridad pública, etcétera), surgen preguntas que el investigador Germán Rey plantea en relación a Colombia: “¿Es la información un bien de carácter esencial? ¿Se ha hecho una evaluación rigurosa del funcionamiento y manejo económico de los medios de comunicación y cuáles son sus resultados concretos? ¿En puntos específicos está amenazada su sostenibilidad? ¿Se ha verificado cuáles han sido las inversiones realizadas por los medios en este periodo, el valor y rentabilidad de las ventas de los medios y a quiénes han favorecido, la ruta de la distribución de sus dividendos, el proceso de compra de otros medios, la participación y utilización de los medios en negocios diferentes a la información, el presupuesto destinado a las redacciones y la evolución de los montos de salario de los periodistas por años? ¿Se conocen con certeza las diferencias entre los salarios de los directivos de los medios y los salarios de sus periodistas, o la realidad de la situación laboral de las mujeres periodistas en los diferentes medios de comunicación del país? ¿Se han aumentado los mecanismos de evaluación social y rendición de cuentas de su labor?”. Por lo infrecuente de este tipo de preguntas que hace Rey es que es lícito proyectarlas al resto de América Latina. 

Si los medios privados precisan asistencia estatal y beneficios extraordinarios con el argumento de que los contenidos informativos son de interés relevante, entonces ¿no es lógico que se discuta su responsabilidad?

Si los medios privados precisan asistencia estatal y beneficios extraordinarios con el argumento de que los contenidos informativos que producen son de interés relevante, entonces ¿no es lógico que se discuta su responsabilidad, o sea que haya criterios de distribución democráticos del financiamiento y, correspondientemente, de evaluación del interés relevante de sus contenidos por parte de la sociedad? Entre las condiciones que se debaten en otros países para asistir con dinero público a los medios como contraprestaciones de bien público, se destacan la producción de contenidos locales con periodistas locales, sobre todo en regiones, ciudades y pueblos donde ya no hay medios funcionando; la cesión de espacios para campañas de interés relevante (salud, educación); la habilitación de espacios de respeto a audiencias y públicos tales como el derecho de réplica en los numerosos casos en que difaman sin siquiera consultar al/a difamado/a; la garantía de tratamiento responsable de contenidos sensibles evitando operaciones de desinformación sobre vacunas, cuidando especialmente la identidad, privacidad y derechos de niñas, niños y adolescentes y otros sectores vulnerables; la observación de reglas de no discriminación; o el empleo registrado de periodistas. En todo caso, los medios tienen libre albedrío para eludir estas contraprestaciones de bien público, tal y como viene ocurriendo, pero entonces la pretensión de financiamiento público decae.

La decadencia de los grandes medios de comunicación es ya un género de la literatura especializada en el auge y ocaso de distintas generaciones de tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, hay vacancia de opciones superadoras al mecenazgo corporativo o partidario. Los billetes ya no están en la industria de medios, que no venden ni tienen anunciantes. Como dice el tango, todos, “del seco hasta el bacán, llevan la cartera con cartel de defunción”. Para que eludir ese destino hace falta creatividad en la búsqueda de nuevas fuentes de sostenimiento y una transparencia inédita sobre los métodos y funciones de las organizaciones periodísticas.

MB

El anuncio del programa Google News Showcase (GNS) causó revuelo en el ambiente periodístico y reacciones dispares en la Argentina. La inyección de financiamiento en algunas empresas de medios es, a la vez, una vía de gestión de reclamos por derechos de autor de los contenidos periodísticos indexados por Google. De hecho, GNS surge en paralelo a la adopción de normas que –en otros países- obligan a las plataformas digitales a negociar pagos a los medios de comunicación. Con GNS, Google busca adelantarse a nuevas regulaciones estatales firmando acuerdos con ciertas organizaciones mientras evita a muchas otras.

GNS es un mecenazgo o patrocinio 2.0. Como en la época de los Médici, el mecenas -en este caso, Google-, solventa la economía de un creador de contenidos que no consigue satisfactoria realización mercantil, al tiempo que le brinda protección. La cobertura del mecenas no tiene por qué ser democrática ni universal. Puede contradecirse e insinuar que va a dirigir ayudas a los diarios impresos para sacar de la morgue a sus empresas editoras y luego, por razones políticas, sumar a influyentes medios digitales o señales televisivas que, de quedar afuera del programa, podrían ser espacios propicios para el cuestionamiento. Al fin de cuentas, Google es un conglomerado que no está sujeto a principios de justicia o igualdad con sus donativos. Por eso GNS es, entre otras cosas, un atajo corporativo que –al acotar el universo de medios beneficiarios- reduce el impacto y el costo que tendría una regulación integral que comprendiera a todos los productores de noticias.

Cuando hay hambre no hay pan duro. Quizá ello explique la escasez de voces que se atrevieron a discutir en público un contrato por el que Google ofrece un pago máximo mensual durante un año, con posibilidad de renovación por otros dos años, según el protocolo enviado a uno de los medios argentinos del programa GNS. La constante merma de ingresos publicitarios, contemporánea a la pérdida del control de contenidos antes exclusivos (como los clasificados o el pronóstico meteorológico), la globalización de un mercado antes eminentemente nacional o incluso local, la caída de su credibilidad y significación social, y la migración digital de los públicos a nuevas plataformas y soportes, causan estragos en el ecosistema de comunicación. Como sostiene Benedict Evans, los medios tenían el oligopolio de la atención y el oligopolio de la publicidad masiva de flujo, e Internet eliminó ambos. No es sólo un problema económico, ni sus razones son meramente tecnológicas, pero la malaria golpea las vísceras sensibles y suaviza cuestionamientos.

Este programa de aspiraciones globales, concebido por la conducción de Google frente a una cada vez mayor injerencia estatal en países como Francia, Canadá o Alemania, tiene a la Argentina como una de sus pruebas piloto en América Latina. Ya funciona en Brasil y la siguiente escala sería Colombia. El GNS es “un programa de licenciamiento de contenidos en el cual se les paga a los medios para que seleccionen los artículos periodísticos que aparecerán en los paneles de historias de Google News y Discover por ahora, y en el futuro en otros servicios también”. Los medios participantes editarán los fragmentos destacados, en una suerte de curaduría compartida.

Como contrapartida, la transferencia de dinero a las empresas seleccionadas supone cesión de derechos, con la consecuente renuncia al reclamo por el uso de contenidos periodísticos en los distintos servicios de Google, como por ejemplo en su motor de búsqueda. Y, por supuesto, mayor absorción de datos de usuarios de los medios por parte de Google.

Las más de 40 compañías argentinas que acceden al programa (auto)celebraron la novedad con mucho copy paste de la gacetilla corporativa de la compañía de Silicon Valley. Este googlesplaining inicial reproducido por las empresas periodísticas es un bautismo paradójico para el programa que, se supone, buscaría elevar la calidad editorial y las capacidades de las organizaciones participantes. O tal vez se trata de una manifestación de las falencias de producción de las redacciones actuales que justifican, copiando y pegando, la necesidad de dar el salto cualitativo que patrocina Google.

¿Pacto fáustico?

GNS llega, para algunos editores, como un alivio que puede financiar la exploración de nuevos negocios asociados a la producción y circulación masiva de contenidos, mientras que otros lo ven como una propina que, a modo de placebo, pretende disimular la agonía económica irremontable de la institucionalidad mediática. También están quienes objetan este nuevo avance de las plataformas digitales sobre las fuentes de información y opiniones como un pacto fáustico donde las empresas periodísticas ceden lo poco que les queda como distintivo a cambio de dilatar su extinción.

El directivo de uno de los mayores grupos de medios ironizaba –en estricto off- sobre el pacto fáustico aludiendo al nombre del programa: él lo llama Google News Showroom, porque “nuestras noticias serán fagocitadas y mostradas por Google en el espacio de exhibición comercial de productos corporativos”. Pero ser trofeo en la vitrina digital que monopoliza las búsquedas no es poca cosa: Google tramita entre el 95% y el 98% del mercado en la Argentina.

En Letra P, Carlos Marino publicó una dura columna en la que sostiene que GNS incrementará la desigualdad inherente al mercado informacional local: “hay ciudades y medios que para Google no existen: en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca, dos de las tres ciudades más importantes, no están representadas en el programa (GNS), al igual que provincias como Misiones, Catamarca o Formosa”.

En la misma línea, el director general de la poderosa Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT), Cristiano Flores, promueve una reforma de la regulación legal sobre la responsabilidad de las plataformas.

El análisis de Agustín Espada sobre el lanzamiento acierta en la interpretación de GNS como una estrategia de captura de aliados en un momento en que las críticas de medios y periodistas en todo el mundo por la explotación publicitaria de sus contenidos, realizada por las grandes plataformas digitales, madura en forma de regulaciones legales en Europa, América del Norte y Asia. En Francia, por ejemplo, el pasado 25 de febrero la Autorité de la Concurrence agregó presión a Google acusándola de no haber actuado de buena fe en sus negociaciones con los medios franceses, a lo que la compañía dirigida por Sundar Pichai respondió que las conversaciones están en curso, que no han concluido, dejando la puerta abierta a recalcular el monto involucrado.

Aquí hay una moraleja sobre el poder de las regulaciones democráticas, incluso cuando no hayan sido aún aprobadas (como en el caso australiano, pues Facebook dispuso allí un apagón informativo días antes de que el Parlamento transformara en ley la orden de negociar la renta publicitaria con los medios) o merezcan críticas porque sus disposiciones concretas no son coherentes con los postulados que declaran. Desde el cierre draconiano de Google News España en 2014 como reacción a una norma que obligaba a pagar a los editores por los fragmentos de sus contenidos exhibidos –o sea, básicamente lo mismo que ahora, a regañadientes, Google dice que acepta-, pasó mucha agua bajo el puente. Mucha agua, muchos escándalos y mucha evidencia sobre el poder dominante de las plataformas en el mercado publicitario y en la economía de datos.

La caja negra algorítmica

Junto a las críticas, surgen preguntas sobre los nuevos patrocinios de Google. Por ejemplo, ¿qué sucederá con las notas analíticas sobre las distorsiones de la economía digital que publicaban grandes medios ahora asociados con Google? Así, los medios de News Corp, que cerraron un trato especial con Google, ¿moderarán sus críticas a la concentración de las plataformas, que venían siendo tan frecuentes como profundas?

¿Qué pasará con la indexación de los contenidos de los medios que quedan afuera de GNS en el motor de búsqueda? Las empresas periodísticas (y las demás organizaciones) saben que la programación del algoritmo define su suerte o desgracia. La jerarquía del catálogo cuando se realizan búsquedas orgánicas (las que no son anuncios publicitarios) puede determinar la interrupción del tráfico de visitas en los sitios de noticias y opiniones. Si, hipotéticamente, Google priorizara a sus socios del GNS como variable de relevancia en el algoritmo de búsqueda, además de distorsionar aún más el mercado condenaría al cierre a quienes no son beneficiarios de GNS.

En este contexto, GNS desafía a los medios emergentes que, sin la ayuda del conglomerado que es juez, arquitecto del entorno digital y flamante mecenas de su competencia, tendrán dificultades para construir audiencias en el ecosistema. También hay que considerar las repercusiones sociales y productivas de este tipo de programas selectivos, ya que el aumento de los desequilibrios puede afectar a públicos y organizaciones que no son atendidos por el statu quo. Obviamente, Google podría habilitar un mecanismo de auditoría externo a la compañía que constate que no hay discriminación positiva en el motor de búsqueda y otros servicios en favor de su nuevo club de patrocinados (o su contracara, discriminación negativa al resto). Como es sabido, el algoritmo es una caja negra hasta ahora sólo accesible para la conducción de las big tech, ¿no es hora de introducir transparencia en la sala de máquinas de la programación del entorno digital?

La iniciativa de Google no sólo es un reflejo de control de daños frente a políticas públicas más activas, sino que es también una invitación a pensar opciones superadoras que compensen las asimetrías que está creando la economía digital. Opciones que atenúen las desigualdades y eviten la multiplicación de lugares y sectores sociales desiertos de información, para quienes no existe producción de noticias porque el mercado hiperconcentrado tutelado por los mecenas 2.0 no los juzga públicos (o localidades) rentables.

MB