Ya lo dijo el secretario de Guerra de Donald Trump, el ex presentador de la Fox Pete Hegseth: “Negociamos con bombas”. Y este martes el presidente de EE.UU. hizo una demostración ante la Asamblea General de Naciones Unidas, organismo nacido tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar la paz en el planeta.

“Tengo que tomar una decisión importante”, dijo Trump en su intervención de media hora: “¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue?... ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países? ¿Los envío al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza para ellos o para las generaciones futuras? Pero creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones”.

No es la primera vez que Trump amenaza con algo similar. La primera vez, en la primavera boreal, amenazó en un post de Truth Social con “borrar una civilización”. Y aquel día hubo una cascada de condenas ante alguien que se mostraba dispuesto a realizar un genocidio. Este martes, sin embargo, la afirmación de Trump resonó en la sede de Naciones Unidas como una demostración de la diplomacia por la vía de la fuerza a la que se fue acostumbrando el resto del mundo, que en su gran mayoría se sitúa enfrente de la Casa Blanca.

Más tarde, en una reunión con gobernantes del Golfo, afirmó, mientras informaba de una reunión de sus representantes con los iraníes: “Estamos aislando a Irán completamente en el ámbito ecómico. Estamos ejerciendo presión porque esperamos que hagan lo correcto rápidamente, antes de que sea demasiado tarde. Llegará un momento en que será demasiado tarde y no tendremos ninguna posibilidad de permitirles sobrevivir como nación. Quizás haya que volar la Pickaxe Mountain”.

El propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, acababa de enunciar un discurso antagonista a la mirada de Trump: “Las fracturas de nuestro mundo se están agrandando, y las grietas se convirtieron en abismos. En el transcurso de la última década estallaron guerras de consecuencias devastadoras que se prolongaron con una crueldad abyecta. Se tomó como blanco a la población civil. Se pisotearon los derechos humanos. Se utilizó el hambre como arma. Se asesinó a trabajadores humanitarios. Se dejó de lado el derecho internacional. Se ahondaron las divisiones geopolíticas. Se acentuaron las desigualdades. Se resquebrajó la confianza. La crisis climática dejó de ser una amenaza lejana y se volvió una realidad de todos los días. Y la inteligencia artificial avanzó a una velocidad que tomó por sorpresa incluso a quienes la crearon. No se trata de crisis aisladas, sino de capítulos de una misma historia... la historia del poder: quién lo tiene, a quién se le niega, cómo se utiliza y cómo está cambiando”.

Cuando Trump atacó Irán de forma unilateral e ilegal el 28 de febrero pasado, afirmó que los bombardeos durarían cuatro semanas. Siete meses después, EE.UU. se encamina a unas elecciones legislativas de mitad de mandato con los precios de los combustibles disparados y la Reserva Federal subiendo los tipos de interés porque sigue sin resolverse la guerra que desataron Trump y Benjamín Netanyahu.

El propio presidente de EE.UU. está conociendo los límites de su poder en Irán, a pesar de disponer del mayor Ejército del mundo, pero eso no lo hace cambiar de manual: “Realizamos decenas de ataques contra barcos con droga que venían por mar, hace tres meses acabamos con el Tren de Aragua, es inaceptable compartir esa frontera con un territorio [mexicano] controlado por los cárteles. Mi Gobierno busca un cambio en Cuba, donde el régimen está con la mayor presión jamás sufrida. Es un Estado fallido, va a caer”.

La dialéctica de Trump siempre está mediada por el uso de la fuerza, ya sea militar, arancelaria o por cualquier medio que le permita obtener sus objetivos, ya sea en Venezuela, Irán, Cuba, Dinamarca o Colombia.

Así, por la vía de la presión de la primera potencia del mundo sobre un aliado de la OTAN al que amenazaba con anexionarse un territorio propio, como Groenlandia, Trump logró expandir la presencia militar estadounidense en el Ártico, si bien no logró la soberanía de la isla, que es lo que ansiaba.

“Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no”, vino diciendo en el pasado Trump, hablando incluso de “poseer” la isla danesa con la excusa de protegerla de la ocupación china o rusa. “Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”.

Y el acuerdo, firmado en Naciones Unidas con Dinamarca y Groenlandia, ratifica la integridad danesa y el derecho de autodeterminación de Groenlandia. Pero concede mucho poder militar a EE.UU. en la región, con capacidad para abrir nuevas bases y poder vetar que otros países lo hagan.

Según dijo Trump, el acuerdo concede a “Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras numerosas inquietudes, garantizar que EE.UU. tenga para siempre la capacidad total de hacer lo necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de EE.UU.”.

El presidente brasileño, Lula da Silva, que tiene elecciones presidenciales en octubre frente a Flavio Bolsonaro, apoyado por Trump y toda su Administración, dio la voz de alarma en el mismo escenario en el que Trump exhibió su ardor guerrero: “La guerra es el colapso total de la política, liderar es conciliar los intereses de la nación con los de la humanidad”, dijo Lula: “En el contexto de renovadas tentaciones hegemónicas, Brasil no encaja en el 'patio trasero'. Los países de la región han vivido los horrores de regímenes autoritarios y hemos recorrido un largo camino para restaurar la voluntad popular, pero la democracia se encuentra nuevamente bajo amenaza”.

“Somos testigos de una creciente interferencia en los procesos internos”, denunció Lula aludiendo a las injerencias de la Administración Trump: “Dividir el mundo en zonas de influencia y realizar incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos son gestos anacrónicos. El pueblo venezolano merece definir su propio destino. Nicaragua no resolverá su crisis impidiendo que la oposición participe en las elecciones. La crisis en Haití sigue poniendo a prueba los límites de la indiferencia de la comunidad internacional. En cuanto a Cuba, el mundo observa con horror cómo se impone un castigo colectivo a diez millones de personas mediante un embargo económico y energético ilegal. No delegaremos a terceros la responsabilidad de defender nuestras fronteras y garantizar a nuestra población el derecho a vivir sin miedo. No necesitamos portaaviones custodiando nuestras aguas; necesitamos cooperación para bloquear el flujo de armas y dinero que alimenta al crimen organizado. Ese es el espíritu de la propuesta que entregué personalmente al presidente de los Estados Unidos”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, intervino en la Asamblea General de Naciones Unidas. “La guerra es el colapso total de la política, liderar es conciliar los intereses de la nación con los de la humanidad”, dijo Lula: “Es la convicción de un obrero de fábrica elegido presidente en tres ocasiones y que sacó al país del mapa del hambre”.

“Arafat y Rabin fueron estadistas para imaginar un futuro de paz, y el odio acabó derrotándolos, generaciones de palestinos llevan sufriendo el genocidio del Gobierno de Netanyahu en Gaza, no se debe silenciar a Francesca Albanese [relatora de la ONU] por decir la verdad”, sostuvo Lula: “Hay fuerzas en la comunidad internacional para trabajar a través del diálogo. Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.

“El pueblo venezolano merece elegir su destino, en Cuba, el mundo observa con horror cómo se impone un castigo colectivo a 10 millones de personas mediante un embargo económico y energético ilegal”, dijo Lula: “No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas, necesitamos cooperación, es la propuesta que he entregado personalmente al presidente de EE.UU.”.

Previamente, en la CNN con Amanpour, Lula denunció que Trump gobierna como un “emperador: impone la fuerza frente a la colaboración, aplica aranceles basados en mentiras y utiliza a Venezuela como un teatro de soberanía”.

“La ONU está fracasando en una de sus misiones más importantes: librar a la humanidad de la lacra de la guerra”, afirmó Lula: “Su credibilidad nunca fue tan baja. Su capacidad para proteger a los más vulnerables nunca fue tan débil”.

“El 4 de octubre millones de brasileños acudirán a las urnas para decidir su destino, decidirán entre la democracia y el negacionismo, si Brasil avanza a un futuro con oportunidades o retrocede a un pasado de exclusión. Tendremos unas elecciones competitivas y sin exclusión. Algunos abusan de la libertad para alinearse con intereses extranjeros en contra del país, no infravaloramos la capacidad de las redes de desinformación, pero tenemos un sistema electoral moderno y sólido, con una ciudadanía plural, no permitiremos que los enemigos de la democracia nacionales o extranjeros socaven la democracia. Somos un país soberano, nadie nos sacará de este camino”.

Fue el último discurso de António Guterres como secretario general de Naciones Unidas. Y se convirtió en un alegato a los valores de la institución, violados de forma cotidiana en todo el mundo, y de manera aún más sangrante en Oriente Próximo, “con altos el fuego que en realidad son menos fuego” y en Ucrania, “donde mueren civiles”.

“Las fracturas de nuestro mundo se están agrandando, y las grietas se convirtieron en abismos”, dijo Guterres a 100 días de abandonar el cargo como secretario general de la ONU después de diez años al frente del organismo multilateral: “En el transcurso de la última década estallaron guerras de consecuencias devastadoras que se prolongaron con una crueldad abyecta. Se tomó como blanco a la población civil. Se pisotearon los derechos humanos. Se utilizó el hambre como arma. Se asesinó a trabajadores humanitarios. Se dejó de lado el derecho internacional. Se ahondó las divisiones geopolíticas. Se acentuó las desigualdades. Se resquebrajó la confianza. La crisis climática dejó de ser una amenaza lejana y se volvió una realidad de todos los días. Y la inteligencia artificial avanzó a una velocidad que tomó por sorpresa incluso a quienes la crearon. No se trata de crisis aisladas, sino de capítulos de una misma historia... la historia del poder: quién lo tiene, a quién se le niega, cómo se utiliza y cómo está cambiando”.

En su discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, Guterres señaló: “La redefinición del poder se está dando de tres maneras fundamentales. En primer lugar, entre los Estados, ya que surgieron nuevos polos de influencia económica, política y tecnológica. En segundo lugar, estamos presenciando una extraordinaria transferencia de poder: de los gobiernos a un puñado de empresas privadas y particulares. La influencia de esos actores se extiende ya a la política, la economía, los flujos de información, el desarrollo tecnológico y el espacio cívico del que dependen las sociedades. Y, en tercer lugar, los seres humanos están cediendo cada vez más poder a las máquinas: los agentes de inteligencia artificial se están tornando incontrolables y las armas autónomas letales dejaron de ser ciencia ficción y se están volviendo una realidad militar. Sin embargo, nuestras instituciones y nuestros sistemas de gobernanza global siguen reflejando las realidades de poder y los intereses de una época en gran medida ya superada. Ese es el reto decisivo que tenemos ante nosotros”.

Guterres señaló que “la multipolaridad puede manifestarse de diferentes formas. Una de ellas es un mundo caracterizado por la fragmentación y la transaccionalidad, un mundo de tensiones crecientes y desconfianza cada vez más profunda, de mercados fracturados e instituciones debilitadas, de cooperación menguante y cálculos de suma cero. En muchos aspectos, esa es la trayectoria que seguimos hoy en día. Pero hay otro camino: el camino hacia la multipolaridad interconectada. Se trata de un mundo construido sobre la base de la interdependencia y sostenido por una densa red de conexiones económicas, políticas, sociales y tecnológicas, un mundo en el que coexisten múltiples polos de influencia dentro de un marco común de derecho internacional y normas compartidas. Un mundo así puede ayudarnos a evitar las tendencias hegemónicas y lo que he llamado ”la Gran Fractura“: la división del mundo en dos bloques rivales, con sistemas económicos, tecnológicos y de seguridad distintos”.

“El poderío militar no basta por sí solo para consolidar la paz”, señaló el secretario general de Naciones Unidas: “El poderío económico no basta por sí solo para asegurar la estabilidad. Y el poderío tecnológico no basta por sí solo para garantizar la seguridad. Un mundo multipolar interconectado puede crear las condiciones necesarias para resolver los problemas mundiales de manera más equilibrada y representativa. Pero para eso se necesita un sistema multilateral, centrado en las Naciones Unidas, que sea equilibrado y representativo, instituciones sólidas y eficaces que reflejen las realidades y la evolución progresiva del peso relativo de los países y las economías del mundo actual, y no las estructuras de poder de hace 80 años”.

Para Gueterres, la cuestión fundamental es la siguiente: “¿Haremos algo para que el poder se rija por el derecho en vez de la fuerza? ¿Por la cooperación en vez de la coacción? ¿Por el sentido de responsabilidad hacia la juventud y las generaciones futuras en vez de la indiferencia ante su destino? Porque los retos decisivos de nuestra época no son ajenos a la cuestión del poder: son más bien manifestaciones de ese poder. Y serán esos retos los que determinen si nos dejamos arrastrar cada vez más hacia la división y la inestabilidad o si nos encaminamos hacia la cooperación, la justicia y la seguridad colectiva”.

“En adelante”, dijo, “nuestro futuro quedará configurado según cómo afrontemos cuatro grandes pruebas del poder: el poder de decidir sobre la guerra y la paz; el poder que concentra la riqueza y fomenta la desigualdad; el poder que alimenta el caos climático y la guerra contra la naturaleza; y el poder que desató la inteligencia artificial”.

Guterres señaló que, “en todo Oriente Medio, los conflictos se suceden en cadena. Los mal llamados 'alto el fuego' no fueron más que 'menos fuego', y son los civiles quienes siguen pagando el precio. Ya basta. Los combates deben parar; la ayuda humanitaria tiene que fluir; y hay que restablecer por completo los derechos y las libertades de navegación de conformidad con el derecho internacional. No debemos perder de vista la devastadora situación que impera en el Territorio Palestino Ocupado. Pasaron casi tres años desde los abominables atentados terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre. Lo que siguió fue una acometida contra la población palestina de Gaza cuyo grado de matanza y destrucción no vi nunca en todos mis años como secretario general”.

“La Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales jurídicamente vinculantes en la causa titulada 'Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza”, prosiguió Guterres: “En una opinión consultiva emitida el año pasado, la Corte dejó claro que se debe permitir a las Naciones Unidas cumplir sus mandatos en Gaza, y que debe garantizarse la protección de nuestro personal y del personal humanitario. Todas las partes deben atenerse al derecho internacional y las providencias de la Corte. Mientras tanto, la violencia, los desplazamientos de la población y la expansión de los asentamientos par parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz e invocando el fantasma de la depuración étnica. No podemos permitir que la solución de los dos Estados se esfume ante nuestros propios ojos”

El secretario general de la ONU también señaló a Ucrania, donde “la invasión total perpetrada por Rusia asumió a un país soberano en una guerra brutal, lo que constituye una flagrante violación de la Carta. Se sigue matando a civiles, lejos del frente. Mayormente en Ucrania, pero también hace poco en ciertas partes de Rusia, las viviendas, los sistemas de energía y abastecimiento de agua y la infraestructura de transporte fueron objeto de reiterados ataques, lo que pone en peligro las cadenas de suministro de alimentos y energía a nivel mundial”.

“También debemos reformar el Consejo de Seguridad para que refleje el mundo de hoy con la legitimidad y la eficacia que exigen los retos de hoy”, señaló Guterres: “El Consejo de Seguridad fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial, pero desde entonces el mundo cambió radicalmente. El ejemplo más flagrante es el de África. Cuando se fundaron las Naciones Unidas, la mayor parte de África todavía se encontraba bajo dominio colonial. Hoy en día, África sigue sin tener representación permanente en el Consejo. Que no haya puestos africanos permanentes en el Consejo de Seguridad del siglo XXI es injusto e indefendible. Eso tiene que cambiar”.

Guterres también denunció los que se aprovechan de la crisis climática: “Sabemos que los intereses ligados a los combustibles fósiles no se harán a un lado por voluntad propia. Durante décadas, las grandes empresas petroleras trataron la atmósfera como si fuera una cloaca a cielo abierto… y se enriquecieron a costa de las consecuencias.  Desde que Rusia invadió Ucrania, cinco grandes petroleras occidentales se embolsaron casi medio billón de dólares en beneficios”.

“La inteligencia artificial debe estar configurada por la humanidad, con humanidad y en beneficio de toda la humanidad”, señaló Guterres: “Y, al afrontar los desafíos que tenemos por delante, no renunciemos a dos principios fundamentales. Digamos al unísono: los niños nunca deben convertirse en conejillos de Indias de sistemas no regulados. Y acordemos que nunca hay que dejar que las máquinas tomen decisiones de vida o muerte. Los robots letales no deben tener cabida en nuestro futuro. La paz y la seguridad. La desigualdad. El clima. La inteligencia artificial. Estas son las cuatro grandes pruebas del poder que definirán el futuro. Y están entrelazadas. La guerra profundiza las desigualdades, arrasa el desarrollo y propaga el hambre. La desigualdad decide quién puede afrontar el cambio climático y otras crisis, y quién queda expuesto a sus peligros. La crisis climática alimenta la inestabilidad y los desplazamientos. La inteligencia artificial podría ayudarnos a resolver todos estos desafíos... o agravarlos. En las cuatro pruebas, la cuestión decisiva es el poder. El poder para decidir sobre la fuerza, el dinero, la energía, la tecnología, las normas y el futuro”.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos, en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Partirá a las 23, desde Buenos Aires rumbo a Nueva York, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El arribo será a las 9.30 del martes 22 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy; por la tarde, alrededor de las 16, el Presidente disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde se le entregará el premio 'Ohev Yisrael', que significa “aquel que ama al pueblo de Israel”, y es una distinción de la comunidad judía internacional otorgada a personalidades destacadas en reconocimiento a su firme respaldo al Estado de Israel.

Ese mismo día, a las 19, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal, director de Atlas Network para América Latina, una red global de ONGs que promueve políticas de libre mercado; además, preside el foro económico internacional Alamos Alliance, donde ejerce como director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México.

Posteriormente, a las 20.30 se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia.

El miércoles al mediodía, Milei participará en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que a las 16 disertará en la conferencia 'Western Values, Economic Freedom & Strategic Security', organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Cerca de las 18 se reunirá con empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas. estarán presentes su titular, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 CEOs y referentes de las firmas más importantes del mundo.

La jornada cerrará a las 19.30 en un encuentro con el rabino Simón Jacobson, autor, conferencista y miembro del movimiento Chabad-Lubavitch, reconocido por fundar el Meaningful Life Center (Centro para una Vida Plena).

El jueves 25, a las 13 Milei expondrá en The Economic Club of New York, un organismo estadounidense, sin fines de lucro y apartidista, fundado en el año 1907, considerado el foro público más destacado del país, donde se debaten problemáticas económicas, sociales y políticas.

Al finalizar el día, alrededor de las 21, el Presidente partirá hacia la Ciudad de Buenos Aires, para llegar el viernes a las 8.30 a la Aeroestación Militar Aeroparque.

Actividades de Gabinete

Este lunes, cerca del mediodía, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la ceremonia oficial por la jura de jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Salud, Mario Lugones, expondrán en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental que organiza la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el Palacio Libertad, a las 14.30 y a las 17, respectivamente.

Al día siguiente, por la mañana, Santilli mantendrá un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Casa Rosada y a las 13, después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, participará de una nueva Mesa Política.

El miércoles 23, el ministro de Justicia estará como orador en la apertura del encuentro “Nuevos Desafíos frente al Narcotráfico”, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, a las 14.30, mientras que el jueves, durante la mañana, Santilli se reunirá con el gobernador chaqueño, Leandro Zdero, en Casa Rosada.

En el cierre de la semana, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, asistirá de la apertura del Congreso Nacional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) - Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), junto al director Ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y al subdirector, Ignacio Cabello, en la sede de la cartera nacional, este viernes a las 9.30.

Los ecos de la dimisión del ingeniero de Anthropic Jacob Coxon el pasado miércoles llegan a la ONU. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial pone “en riesgo” todos los derechos humanos, “incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad”.

“Estamos al borde de un cambio irreversible que afectará no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones de la humanidad. En otras palabras, todos los derechos humanos están en riesgo, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad. La seguridad de la IA debe significar algo más que la fiabilidad técnica del producto en cuestión. Significa proteger activamente a las personas, las comunidades, las instituciones y las generaciones futuras”, escribió Türk en una comunicado.

En concreto, el responsable de los derechos humanos en la ONU señala la “carrera actual hacia una IA cada vez más potente” como un “salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para cada aspecto de nuestras vidas”. “Las fallas en los sistemas de IA agéntica [que opera con autonomía], y más aún en sistemas diseñados deliberadamente con ese fin, podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y atentar contra el corazón mismo de las instituciones democráticas”, agrega. Por todo ello, pidió una “corregulación” de la industria como un “primer paso urgentemente necesario”, así como una “verificación independiente y técnicamente competente”.

La advertencia de las Naciones Unidas se suma a las lanzadas estos días por los cuatro gigantes del sector: Open AI, Google, SpaceX y Anthropic. El CEO y cofundador del último de ellos, Dario Amodei, pidió desacelerar la carrera por mejores modelos que podrían llegar a una “automejora recursiva”. “Me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias”, compartió Amodei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cambio, restó importancia a la alarma general por su rivalidad con China. “Estamos a la cabeza de China en inteligencia artificial. Somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en IA, gana”, aseguró Trump.

Este mismo lunes, China pidió una “barrera de seguridad” ante la negativa de Trump y advirtió de que lA se convirtió en una nueva “rivalidad entre grandes potencias”. No obstante, recordó que EE.UU. está tratando de frenar su desarrollo con medidas como el embargo de chips avanzados.

El detonante llegó el pasado miércoles, cuando el ingeniero Jacob Coxon dimitió de su puesto en Anthropic con un comunicado que encendió las alertas al denunciar que las empresas ocultaban el verdadero riesgo de la inteligencia artificial. “Están corriendo directamente hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma y apostando nuestras vidas en esa carrera”, afirmó en su perfil de X, donde subrayó: “Quienes están construyendo la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que acabe la década”.

Desde Naciones Unidas, Türk subraya que “en el mundo actual, dependemos casi por completo de un pequeño número de empresas poderosas para tomar las decisiones correctas sobre el desarrollo de la IA para toda la humanidad”. “El verdadero desafío hoy en día es cómo equiparar el ritmo de una gobernanza de la IA significativa con el ritmo de su acelerado desarrollo. Necesitamos una acción urgente adaptada a los riesgos sin precedentes que plantea la IA de frontera [los sistemas más avanzados]”, demandó, al tiempo que pidió “reforzar las regulaciones existentes y la rendición de cuentas por los daños relacionados con la IA causados por sistemas que ya están en uso”.

“Las empresas que están a la vanguardia del desarrollo de la IA de frontera, radicadas principalmente en la República Popular China y en los Estados Unidos de América, tienen tanto la responsabilidad como la capacidad de actuar de inmediato para reducir los riesgos. Deben trabajar en toda la industria para comprender y reforzar los controles que ya se aplican a estos sistemas, incluido el monitoreo automatizado del comportamiento del modelo, compartiendo tanto lo que funciona como lo que aprenden de los incidentes de seguridad. Es necesario desarrollar, implementar en todo el sector y mejorar continuamente una diligencia debida rigurosa en materia de derechos humanos que incorpore estándares de seguridad acordados. Y la aplicación de dichos estándares debe estar sujeta a un monitoreo interno e independiente para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas”, agrega el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Carta completa

El Alto Comisionado Volker Türk hizo este llamamiento mediante una carta de tres páginas con el título 'Para proteger los derechos humanos ahora y en el futuro, debemos gobernar la IA de manera urgente'. Puedes leerla a continuación de forma íntegra, en inglés.

La Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de una propuesta para adoptar un nuevo mapamundi que refleje el tamaño de África de forma más fiel a la realidad, frente a la proyección de Mercator —ampliamente empleada hasta la actualidad, pese a que fue diseñada en el siglo XVI y no es precisa—. Los más críticos destacan que ese mapa promovió una concepción del mundo colonialista y eurocéntrica porque representa el continente africano mucho más pequeño de lo que es, restándole así importancia y protagonismo.

Con 164 votos a favor, 6 abstenciones y el voto en contra de Estados Unidos, casi todos los países de Naciones Unidas apoyaron la propuesta para empezar a usar el mapa diseñado en 2018 por Equal Earth, que fue desarrollado por un grupo internacional de cartógrafos.

Según el periódico The Guardian, las resoluciones de la ONU no son vinculantes, por lo que los países e instituciones no estarán obligados a usar exclusivamente la nueva proyección ni se les prohibirá usar la anterior. Sin embargo, se espera que, dado el amplio uso de la proyección de Mercator en la educación, la tecnología y las instituciones, se actualicen los planes de estudio y su uso cotidiano.

La resolución aprobada hoy en Nueva York fue impulsada por Togo hace algunos meses y a ella se adhirieron decenas de países africanos y de otros continentes, como Francia. The Guardian recoge las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, quien dijo antes de la votación: “Esta discusión no es política, sino científica, porque existen pruebas científicas y todos debemos aceptar la realidad”.

También el ministro de Asuntos Exteriores francés mostró su apoyo a la resolución impulsada por Togo, desde París. Jean-Noël Barrot dijo que Francia empezará a usar “representaciones cartográficas adaptadas a usos específicos, más fieles a las superficies reales y en consonancia con las recomendaciones de cartógrafos y científicos”.

Los que vienen pidiendo un cambio afirman que la proyección de Mercator —en la cual Groenlandia tiene un tamaño parecido a África cuando, en realidad, el continente es unas 14 veces más grande— refuerza la percepción colonialista y el protagonismo de Occidente frente a África, a pesar de su enorme tamaño y población, que no queda reflejado sobre el papel. Eso es así porque la proyección creada por el cartógrafo Gerardus Mercator para la navegación distorsiona los tamaños de los continentes, ampliando las zonas cercanas al polo norte, como América del Norte y Groenlandia, mientras que reduce las que están en el ecuador, como África y América del Sur.

A principios de este año, la Unión Africana adoptó una resolución que promueve la proyección Equal Earth y anima a sus más de 50 Estados miembros a abandonar la proyección de ‌Mercator.

Una campaña digital global, bajo el título “Corregí el mapa”, pide que el mapa de Mercator no sea empleado por los organismos de Naciones Unidas ni por los medios de comunicación en sus informaciones y documentos. En su web, la campaña afirma que “la mayor parte del mundo sigue favoreciendo el mapa distorsionado, que no representa adecuadamente el tamaño de África y disminuye su importancia”.

El proyecto de Carolina Losada que endurece las penas de denuncias falsas acumula críticas en organismos de derechos humanos de todo el mundo. El rechazo a la iniciativa, que ya fue cuestionada por organizaciones feministas y por las mismas víctimas del entrenador de fútbol que le dio nombre a la ley (Diego Guacci), llegó ahora a la ONU y a la OEA. En su último informe, el Comité de Expertas de la OEA encargado de prevenir la violencia contra la mujer en todo el continente advirtió que, de avanzar la ley de Losada, la Argentina violaría tratados internacionales.

Hace meses que Losada busca incluir la ley en alguna de las sesiones convocadas por Patricia Bullrich en el Senado. La iniciativa, que endurece las penas para los delitos de denuncias falsas y de falso testimonio en casos de violencia de género, cuenta con el apoyo de Javier Milei, con quien Losada tiene una relación directa, según señalan en el oficialismo. Iba a tratarse en la sesión del jueves pasado, cuando se debatió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió posponerse porque no podían incluir nuevas iniciativas al temario (ya que era la continuación del cuarto intermedio de otra sesión).

La senadora radical busca, ahora, la revancha, pero empieza a chocar con el mismo fenómeno que hizo caer el capítulo de extranjerización de tierras. Es decir: a medida que pasa el tiempo, el debate se dilata, las críticas contra el proyecto se acumulan y los senadores que, hasta hace un mes, estaban dispuestos a votar a favor, empiezan a dudar. “Losada insiste con su proyecto y no se da cuenta de que le está pasando lo de la Ley de Tierras, perdió la batalla cultural”, desliza un senador aliado al Gobierno.

Las primeras en salir a denunciar el proyecto fueron las organizaciones de abogadas que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, que advirtieron que la iniciativa tendría como consecuencia el desincentivo de las denuncias por un tipo de delito ya de por sí muy subregistrado. Según datos oficiales, sólo el 18% de las víctimas de femicidio denunciaron previamente situaciones de violencia (Corte Suprema, 2024). Los delitos contra la integridad sexual, mientras tanto, son el delito violento menos reportado: solo el 12,5% de las víctimas lo denuncia (INDEC, Encuesta Nacional de Victimización, 2018).

Frente a este escenario, Losada y Bullrich negociaron modificaciones en el proyecto con el resto de los bloques aliados. Para alejar el proyecto de su foco original sobre las denuncias por violencia machista, la senadora suprimió las referencias explícitas a la violencia de género o a la violencia contra las infancias. Las matizó pero las incluyó indirectamente, ampliando el endurecimiento de las penas para todos los “delitos dolosos graves” o que tengan como víctimas a “personas vulnerables”.

Incluyó, además, un agravamiento de hasta 6 años de prisión –hoy es de dos meses a un año– para los casos de denuncias falsas que deriven en “restricciones a derechos patrimoniales y familiares”. Una narrativa que sostienen habitualmente los grupos que hacen lobby contra las denuncias falsas. Es decir: la idea que las denuncias son estrategias de las madres para separar a los padres de sus hijos.

“En caso de aprobarse esta reforma se daría la paradoja de que tendríamos penas más severas para las falsas denuncias y falsos testimonios que las contempladas actualmente para el delito de abuso sexual, que está penado con prisión de 6 meses a 4 años”, explican diversas organizaciones de la sociedad civil –como ELA, CELS o INECIP–, que publicaron un documento cuestionando el nuevo dictamen modificado de la ley hace un par de semanas. Las organizaciones denuncian que no solo viola el principio de proporcionalidad de las penas, sino también el de legalidad, ya que no existe el concepto “delito doloso grave” en el Código Penal.

“Habilita márgenes amplios de discrecionalidad judicial”, analizan las organizaciones en el informe, en el que cuestionan que se lleve a cabo una política criminal con consecuencias graves para las mujeres basándose en un “fenómeno marginal” que sólo explica el 0,09% del total de causas penales registradas. Según un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal sobre la base de más de ocho millones de investigaciones penales de los últimos 3 años, la falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal.

El rechazo de los organismos internacionales

A las críticas de las organizaciones locales se les sumó, el martes, la del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI). En un comunicado, el Comité advirtió que la aprobación de la ley “constituiría una violación de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la Convención de Belém do Pará y podría comprometer su responsabilidad internacional”.

El comunicado del MESECVI, sin embargo, no es el único informe que advirtió sobre las consecuencias que la Ley Guacci –llamada así porque la autora intelectual del proyecto original es Andrea Guacci, esposa del entrenador de la Selección femenina de fútbol que fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras ante la FIFA en 2021– podría tener sobre las mujeres que denuncian. Antes que este organismo, que depende de la Organización de Estados Americanos, se pronunció la ONU.

En junio, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de Naciones Unidas manifestó su preocupación por el proyecto de ley. Y advirtió que la reforma podía “reforzar los estereotipos arraigados sobre la supuesta deshonestidad de las mujeres, aumentar la discriminación, equiparar las acusaciones no probadas con denuncias falsas” y, a su vez, podía tener un efecto disuasorio no solo sobre las víctimas de violencia, sino también sobre los familiares, profesionales de la salud y testigos que participan de la denuncia.

A principio de año, incluso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) se pronunció respecto de las regresiones normativas, institucionales y presupuestarias que afectan la vida de mujeres y niñas en la Argentina, como parte de su evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de prevención de la violencia de género. En ese mismo apartado final, la CEDAW hizo una mención especial al proyecto de Losada y solicitó al Estado que retirara la propuesta porque crearía “obstáculos” para hacer denuncias.

MCM/MG

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el Día Internacional de la Esperanza el año pasado para reconocer el papel que este valor desempeña “en la promoción de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos” según difundió el propio organismo.

Asimismo, se puntualizó que cada 12 de julio, la idea es “buscar recordar que la esperanza puede impulsar acciones positivas tanto a nivel individual como colectivo”.

Esta jornada, según se detalló, procura:

Se añadió que la esperanza es un “motor” para enfrentar desafíos como la pobreza, las desigualdades, el cambio climático y los conflictos armados, y por tanto la fecha invita a gobiernos, organizaciones y ciudadanos “a trabajar en conjunto para construir sociedades más inclusivas, justas y sostenibles”.

Más allá de su carácter simbólico, el Día Internacional de la Esperanza busca dejar el mensaje de que incluso en contextos difíciles, la cooperación, la empatía y el compromiso colectivo pueden convertirse en herramientas fundamentales para generar cambios positivos y mejorar la vida de las personas.

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron Venezuela durante la noche del miércoles 24 de junio y provocaron, además de vçitmas fatales y miles de heridos, una situación de emergencia humanitaria en distintas regiones del país.

Los sismos afectaron principalmente al Distrito Capital de Caracas y a los estados de Miranda, Carabobo, Yaracuy y La Guaira, dejando daños en viviendas, hospitales, infraestructura crítica y servicios esenciales.

Tras los terremotos, el Gobierno venezolano declaró el estado de emergencia y continúa concentrando sus esfuerzos en las tareas de búsqueda y rescate, la atención médica y la evaluación de daños.

Entre las afectaciones registradas se encuentran daños en al menos ocho hospitales, interrupciones en servicios públicos y graves impactos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, donde los vuelos fueron suspendidos o cancelados.

La situación genera especial preocupación por el impacto sobre las poblaciones más vulnerables, incluidas personas refugiadas, retornadas y otras personas en situación de riesgo. En La Guaira, las autoridades informaron el colapso de un centro de acogida temporal que albergaba a aproximadamente 140 personas retornadas recientemente al país, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

Ante esta emergencia, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, trabaja en el terreno junto a las autoridades y otras organizaciones humanitarias para evaluar las necesidades en las zonas afectadas y coordinar “una respuesta rápida y eficaz”.

El organismo informó que movilizó personal y suministros de emergencia a contrarreloj, con el objetivo de brindar asistencia vital a las personas afectadas. 

Desde Argentina es posible apoyar la respuesta humanitaria a través de FUNDACIONACNUR.ORG/DONA.

¿Qué hace ACNUR en Argentina y en el mundo?

Protege a las personas forzadas a huir. En ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoya y acompaña a las más de 110 millones personas refugiadas y desplazadas, desde que estalla una crisis hasta los meses – incluso años – que permanecen desplazadas de sus hogares.

ACNUR brinda asistencia vital y protección en situaciones de emergencia; aboga por mejores sistemas y leyes de asilo para que las personas desplazadas puedan acceder a sus derechos; y las ayuda a volver a casa en condiciones seguras, o bien a construir un futuro en otro país.

Asimismo, se esfuerza por garantizar que las personas apátridas obtengan una nacionalidad, lo que les permite tener acceso a derechos fundamentales, como la educación y la atención médica.

Para obtener más información acerca de la misión del ACNUR visite fundacionacnur.org.

La función de ACNUR en Venezuela

Se teme que los terremotos agraven de forma significativa los riesgos de protección ya existentes para la población más vulnerable del país, incluidas personas refugiadas, retornadas y otros grupos en situación de riesgo.

Como responsable del grupo temático de protección, ACNUR trabaja estrechamente con las autoridades y los socios humanitarios para evaluar las necesidades y carencias en las zonas afectadas y coordinar una respuesta rápida, eficaz y complementaria para todos los grupos concernidos.

ACNUR muestra especial preocupación por el impacto en las personas retornadas, que ya afrontaban importantes dificultades de reintegración antes del desastre. Las autoridades de La Guaira han informado del colapso de un centro de acogida temporal que albergaba a unas 140 personas retornadas llegadas recientemente en un vuelo procedente de Estados Unidos. Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona.

En Venezuela, ACNUR trabaja con refugiados, solicitantes de asilo y otras personas bajo su mandato, así como con quienes regresan al país tras un período de estancia en el extranjero. A finales de 2025, Venezuela acogía a más de 210.000 refugiados, solicitantes de asilo y otras personas de interés para la organización. Además, 6,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos se encontraban en América Latina y el Caribe, de los cuales cuatro millones necesitaban asistencia.

Una encuesta realizada esta primavera por ACNUR entre unas 1.300 personas venezolanas residentes en la región fuera de su país reveló que un tercio se plantea la posibilidad de regresar, y un 9% contempla hacerlo en el plazo de un año. La principal motivación citada fue la reunificación familiar.

Antes de los terremotos, las necesidades financieras de ACNUR en Venezuela para 2026 ascendían a 44,7 millones de dólares, de los cuales solo se había cubierto el 11%. Un apoyo oportuno y flexible será esencial para que ACNUR pueda mantener sus actividades de protección y apoyar a las personas afectadas por el desplazamiento a medida que evolucionen las necesidades tras los sismos.

ACNUR mantiene una presencia continua en Venezuela desde 1991 y, en la actualidad, cuenta con oficinas en Caracas, Maracaibo y San Cristóbal. ACNUR lidera el Grupo Temático de Protección en el país y tiene la capacidad para apoyar la respuesta del Gobierno en coordinación con el Equipo de las Naciones Unidas en el país, otros organismos de la ONU y sus socios. ACNUR también colidera el Grupo de Trabajo de Infraestructura y Alojamiento Temporal y está dispuesto a seguir colaborando y apoyando a las autoridades en estas áreas.

Con infotmación de ACNUR.

Los trabajadores argentinos tienen desde esta semana un nuevo punto de apoyo internacional para discutir los límites al derecho de huelga que impuso la reforma laboral de Javier Milei. La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, sostuvo que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicalización. La decisión no salió de un organismo sindical ni de una declaración política: la emitió el tribunal judicial principal de Naciones Unidas.

La Corte respondió una consulta formal de la OIT, que en noviembre de 2023 pidió una opinión consultiva por una disputa interna “seria y persistente” entre sus sectores tripartitos —gobiernos, empleadores y trabajadores— sobre si el Convenio 87 protege o no el derecho a la huelga. La pregunta enviada a La Haya fue directa: si el derecho de huelga de trabajadores y organizaciones está protegido por el Convenio sobre libertad sindical de 1948.

La respuesta también fue directa, aunque no unánime. La Corte decidió por diez votos contra cuatro que el derecho de huelga está protegido bajo ese convenio. Antes, había resuelto por unanimidad que tenía competencia para emitir la opinión y que correspondía responder al pedido de la OIT. El dato jurídico más fuerte es ese: la huelga queda reconocida como parte de la libertad sindical en el marco normativo internacional del trabajo.

La opinión consultiva no funciona como una sentencia obligatoria contra un Estado concreto, pero tiene peso jurídico y político. Este tipo de opiniones no son legalmente vinculantes, aunque pueden influir sobre regulaciones laborales, estándares internacionales y acuerdos comerciales. El tratado de 1948 no menciona expresamente la palabra “huelga”, pero el tribunal entendió que la protección surge de las garantías de libertad sindical.

Ese punto importa para la Argentina porque el país ratificó el Convenio 87 el 18 de enero de 1960 y la OIT lo registra como vigente. La discusión, entonces, no queda afuera del derecho local ni como una referencia remota de organismos internacionales. El derecho a huelga que la Corte acaba de reconocer forma parte de un convenio internacional ratificado por la Argentina hace más de seis décadas.

El fallo llega tres meses después de que el gobierno de Milei lograra la aprobación de su reforma laboral, presentada como Ley de Modernización Laboral. Esa norma modificó el piso sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación. También avanzó sobre el derecho a huelga con una ampliación del listado de servicios esenciales y la creación de una nueva categoría de actividades de importancia trascendental.

La reforma laboral no deroga el derecho de huelga, pero lo restringe mediante servicios mínimos elevados, una lista ampliada de actividades esenciales y trascendentales, mayores exigencias de preaviso, sanciones por incumplimiento y límites al desarrollo de asambleas sindicales.

El cambio argentino obliga a garantizar al menos el 75% de prestación en los servicios considerados esenciales durante una huelga. El listado incluye salud, agua potable, electricidad, gas, control del tráfico aéreo, telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación, con excepción de las universidades. Las fuerzas de seguridad deben asegurar el 100% del servicio.

La reforma también creó la categoría de servicios de importancia trascendental, con una cobertura mínima del 50%. Allí aparecen actividades que no son estrictamente vitales en el sentido clásico, pero que pesan sobre la economía y la circulación diaria: transporte de pasajeros y cargas, industria farmacéutica, bancos, agro, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería, entre otras.

El efecto concreto es que una huelga puede quedar recortada antes de empezar. Si una actividad debe funcionar al 75%, el margen de interrupción real se vuelve mínimo. Si otra debe sostener el 50%, la medida de fuerza pierde una parte sustancial de su capacidad de presión. Una huelga sin capacidad de afectar la actividad normal de la empresa o del servicio pierde fuerza como herramienta colectiva de negociación.

La reforma de Milei también endureció el marco para asambleas, bloqueos y medidas dentro de los establecimientos. Según la información incorporada al debate legislativo y sindical, las asambleas no pueden afectar la actividad normal de la empresa y quedan bajo condiciones que favorecen el control patronal. Además, los bloqueos, tomas o impedimentos de ingreso y egreso de personas o mercaderías pueden ser considerados una grave injuria laboral, lo que habilita despidos con causa. Ese diseño desplaza el conflicto desde la negociación colectiva hacia la sanción disciplinaria.

El Gobierno defendió esos cambios como parte de una modernización orientada a dar previsibilidad a las empresas, reducir litigiosidad y favorecer el empleo formal. La lógica oficial es parecida a la que atraviesa toda la reforma: bajar costos, limitar incertidumbre empresaria y reducir el poder de los sindicatos sobre la organización del trabajo. Pero la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia introduce una advertencia de fondo: la huelga no es una concesión administrativa ni una molestia tolerada por el Estado, sino un derecho protegido dentro de la libertad sindical.

La discusión argentina, además, sigue abierta en los tribunales. La reforma laboral quedó vigente después de que la Justicia dejara sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de sus 218 artículos, pero la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad no quedó resuelta. En una nota previa de trabajAR, se explicó que la norma volvió a regir sobre contratos, jornadas, indemnizaciones y derechos sindicales, mientras el conflicto judicial continuaba bajo la órbita contencioso administrativa.

El pronunciamiento de La Haya no anula la ley argentina ni reemplaza la tarea de los jueces locales. Pero puede entrar en la discusión como referencia internacional de alto peso cuando la Corte argentina deba revisar hasta dónde puede llegar el Estado al regular una huelga. La pregunta local ya no será sólo si el Congreso puede fijar servicios mínimos, sino si esos mínimos vacían el contenido efectivo de un derecho protegido por la libertad sindical.

La tensión aparece con claridad en los porcentajes. Un servicio mínimo puede ser compatible con una huelga cuando protege derechos de terceros o evita daños graves a la población. Otra cosa es convertir medio mercado laboral en actividad esencial o trascendental y exigir niveles de funcionamiento que reducen la eficacia del paro. El punto que abre la Corte Internacional de Justicia es precisamente ese: reconocer el derecho a huelga obliga a discutir sus límites sin destruir su capacidad real de presión.

La decisión también expone una contradicción política. Mientras el máximo tribunal judicial de la ONU reconoce que la huelga forma parte de la libertad sindical protegida por la OIT, la Argentina avanza con una reforma que amplía restricciones, sube exigencias de operatividad y habilita sanciones más severas frente a medidas de fuerza. El Gobierno llama a eso modernización laboral. Para los sindicatos, es una forma de disciplinar el conflicto.

JJD

Cada 5 de abril se conmemora el Día Internacional de la Conciencia, una fecha impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca promover valores esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de sociedades más justas.

La iniciativa, aprobada en 2019, pone el foco en la importancia de la reflexión individual como motor de cambio colectivo. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas sostiene que la conciencia —entendida como la capacidad de distinguir entre el bien y el mal— es un pilar fundamental para construir una cultura de paz.

En un contexto global atravesado por conflictos, tensiones sociales y desafíos económicos, la jornada adquiere un significado particular. Más allá de los grandes debates políticos o las decisiones institucionales, el llamado apunta a revisar las acciones cotidianas y el impacto que estas tienen en el entorno.

Desde el organismo internacional remarcan que fomentar una conducta ética no es solo responsabilidad de los Estados, sino también de cada individuo. Actitudes como el respeto, la empatía, la solidaridad y la honestidad forman parte de una base necesaria para fortalecer el tejido social.

Además, el Día Internacional de la Conciencia se vincula con otros objetivos promovidos por la ONU, como el desarrollo sostenible, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos. La premisa es clara: no puede haber progreso duradero sin valores que orienten las decisiones humanas.

Especialistas en educación y ciencias sociales coinciden en que la formación de la conciencia comienza desde edades tempranas y se construye a lo largo de toda la vida. En ese proceso, la familia, la escuela y los entornos comunitarios cumplen un rol clave.

En la Argentina, la fecha se suma a un calendario de efemérides que invitan a la reflexión, en un escenario donde los debates públicos suelen estar atravesados por la polarización. En ese marco, la jornada propone una pausa para repensar conductas y recuperar el valor del diálogo.

Si bien no se trata de una celebración masiva, el Día Internacional de la Conciencia gana cada vez más relevancia como una oportunidad para promover cambios profundos desde lo individual hacia lo colectivo.

En definitiva, la conmemoración del 5 de abril busca recordar que cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye a moldear la sociedad. Y que el ejercicio de la conciencia puede ser, en última instancia, una herramienta poderosa para transformar la realidad.

Del 9 al 19 de marzo, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York fue escenario del mayor encuentro anual dedicado a la igualdad de género y los derechos de las mujeres: la 70ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conocida como CSW70. El evento reúne a todas las delegaciones de los Estados miembros y a varios representantes de la sociedad civil para debatir y acordar un eje central de trabajo sobre la situación de las mujeres en el mundo. Este año fue el acceso a la justicia. Por primera vez tuve el privilegio de presenciar este evento en persona, como representante de Incidencia Feminista, una organización de activistas feministas de todo el país.

El tema prioritario de esta edición no es un asunto técnico: hablar de acceso a la justicia es hablar de la posibilidad concreta de que una mujer, entendida en toda su diversidad, donde sea que esté, pueda ejercer sus derechos y apelar a que el Estado la escuchará, la protegerá y le responderá. Los datos que enmarcan el debate son contundentes: el 44% de los países no protege la igualdad salarial, el 54% carece de definiciones de violación basadas en el consentimiento, y 45 países aún tienen leyes discriminatorias en materia de nacionalidad. Las mujeres solo tienen el 64% de los derechos legales que tienen los hombres en áreas tan básicas como el trabajo, la propiedad o la familia. Pero también hay señales de que la incidencia funciona: desde 2016, 40 países impulsaron los derechos de las mujeres en sus constituciones; entre 2019 y 2024, el 90% de los Estados reforzó leyes para combatir la violencia de género; desde 1970, 600 millones de mujeres obtuvieron oportunidades económicas gracias a reformas del derecho de familia. Los cambios normativos son posibles. Y cuando ocurren, transforman vidas.

Sin embargo, las mujeres y las niñas nunca han estado tan cerca de la igualdad, y jamás tan cerca de perderla. Argentina es un ejemplo brutal de esa paradoja. Un país que conquistó el aborto legal, el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género enfrenta hoy un desmantelamiento sistemático de todo lo construido. El gobierno de Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, recortó programas como Acompañar y ENIA, y desfinanció iniciativas de salud sexual y prevención de la violencia. El Presupuesto 2025 destinó cero pesos al programa Acompañar y a la Línea 144. No son recortes técnicos: son decisiones políticas con consecuencias reales en los cuerpos y las vidas de las mujeres más vulnerables.

Las reflexiones que surgen de esta experiencia son en dos niveles. En principio, hacer una crítica a la delegación oficial enviada por Argentina: en sintonía con el gobierno libertario, tornaron cada mesa de debate con posturas retrógradas que nada tenían que ver con las necesidades de ese encuentro global, pensado desde la democratización para el acceso a la justicia sustantiva y el desarrollo pleno de los derechos humanos. Pese a esta vergüenza, las resoluciones y el acuerdo alcanzado dan cuenta de que los estándares construidos en estos 70 años no logran ser descartados tan fácilmente. Estos espacios internacionales —que podemos caracterizar como en una crisis profunda— le hacen frente a la emboscada de los sectores más conservadores, anti-género y anti-derechos, financiados por grandes empresas que solo buscan eliminarlos del mapa.

En otro plano, el más importante y decisivo, está el intercambio entre las organizaciones de la sociedad civil, que se desarrolló durante diez días en distintas conferencias y conversatorios. Los temas giraron en torno a la crisis del multilateralismo, el papel de los feminismos y las estrategias alternativas de incidencia. Esos espacios me dejaron con una pregunta: si más que una crisis del multilateralismo, no estamos siendo testigos de una crisis del occidentalismo como proyecto de “orden global”. La contracara de estas discusiones son realidades profundamente arrasadas por decisiones de un imperio que sabe de su agotamiento y necesita reforzar su poder de la forma más tirana: la precarización e individualización extrema.

Frente a eso, la pregunta es válida: ¿para qué ir a Nueva York? La respuesta está en los propios números. Cada reforma legal, cada ley de paridad, cada protocolo contra la violencia que se adoptó en los últimos treinta años tuvo detrás a organizaciones que incidieron, que llevaron evidencia, que construyeron alianzas en espacios como la CSW. Incidir en foros internacionales no es abandonar la calle: es otra forma de hacer política para cambiar la vida concreta de las personas.

Lo mejor que podemos hacer frente a este contexto es seguir construyendo comunidad complementando las diversas estrategias que llevamos adelante. El poder de lo colectivo es más fuerte que todo. Los lazos sociales son los que nos salvan y sostienen en esta crisis, y nos demuestran que quienes construimos con memoria y respeto este presente y el futuro, somos la esperanza.

Martina Ferretto es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, activista de Incidencia Feminista.

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de fuerte contenido simbólico al declarar a la trata transatlántica de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”. Sin embargo, la votación dejó al descubierto tensiones políticas y posicionamientos divergentes, entre ellos el de Argentina, que decidió rechazar el texto.

El país votó en contra de la iniciativa y se alineó con Estados Unidos e Israel, las únicas otras naciones que adoptaron la misma postura. La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 123 votos a favor, mientras que 52 países optaron por la abstención, entre ellos varios miembros de la Unión Europea y el Reino Unido.

La decisión argentina se inscribe en un bloque minoritario que cuestionó algunos de los ejes centrales del documento, en particular aquellos vinculados a la posibilidad de avanzar en mecanismos de reparación histórica. Si bien la resolución no es jurídicamente vinculante, su aprobación marca una señal política relevante dentro del sistema internacional.

El texto no solo reconoce la gravedad histórica de la esclavitud, sino que también plantea la necesidad de promover medidas concretas de justicia reparadora, como disculpas formales, compensaciones económicas y reformas estructurales. Este punto generó resistencias entre algunos países, que consideran que no existe base legal para exigir reparaciones por hechos ocurridos en contextos históricos distintos.

En esa línea, la postura de Argentina coincidió con la de Estados Unidos, cuya representación ante la ONU calificó al documento como “altamente problemático”. Desde Washington advirtieron sobre el riesgo de abrir debates que puedan derivar en reclamos generalizados y en una eventual “competencia” entre tragedias históricas.

Mientras tanto, desde Ghana —país impulsor de la iniciativa— defendieron la resolución como un paso necesario para evitar el olvido y avanzar hacia la reparación de una de las mayores injusticias de la historia. Su presidente, John Dramani Mahama, remarcó que el reconocimiento internacional constituye una herramienta clave para la memoria y la reconciliación.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también respaldó el espíritu del texto al señalar que la esclavitud “atacó el núcleo mismo de la condición humana” y dejó consecuencias que aún persisten en la actualidad, como el racismo estructural y las desigualdades económicas.

En este escenario, la votación volvió a evidenciar las diferencias dentro de la comunidad internacional sobre cómo abordar el legado de la esclavitud. La posición adoptada por Argentina la ubica dentro de un grupo reducido de países que optaron por rechazar una iniciativa ampliamente respaldada, en medio de un debate global que continúa abierto sobre memoria, justicia y reparación histórica.

Con información de agencias

JIB

Naciones Unidas alertó de una “espiral fuera de control”. Mientras, siguen los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, así como la respuesta de Teherán contra aliados de Washington y Tel Aviv en la región. Al mismo tiempo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, cierra la puerta a una salida diplomática al exigir una “rendición incondicional” a Irán y el establecimiento de un Gobierno amigo en el país. Además, se está preparando para desplegar un tercer portaaviones cerca de Irán: según la cadena Fox, el USS George H. W. Bush y su grupo de ataque de portaaviones se espera que zarpen de la base naval de Norfolk, en Virginia, antes de que finalice el mes de marzo. Sin embargo, se desconoce si relevará al USS Gerald R. Ford, que entró en el mar Rojo el jueves y lleva desplegado casi 11 meses, o si llegará para reforzar aún más a la Armada de los Estados Unidos en Oriente Próximo.

“Todos los ataques ilegales en Oriente Próximo y más allá están causando un enorme sufrimiento y daño a la población civil de toda la región, y suponen un grave riesgo para la economía mundial, en particular para las personas más vulnerables”, afirmó el secretario general de la ONU en un comunicado: “La situación podría derivar en una espiral fuera de control. Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias. Lo que está en juego no podría ser más importante”.

El presidente de EE.UU., a su vez, afirmó: “No habrá ningún acuerdo con Irán excepto la rendición incondicional. Después de eso, y tras la selección de uno o varios líderes grandes y aceptables, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, añadió más tarde que la “rendición incondicional” podría producirse incluso si Irán no está en condiciones de decirlo por sí mismo.

En paralelo, aviones de combate israelíes han seguido bombardeando Beirut y Teherán, mientras Irán lanzaba otra oleada de ataques en respuesta contra Israel y los países del Golfo que acogen a las fuerzas estadounidenses.

Además, los medios estadounidenses publicaron que Rusia está proporcionando a Irán información que podría ayudar a Teherán a atacar buques de guerra, aviones y otros activos estadounidenses en la región, lo cual supone un primer paso en la implicación de Moscú en la guerra.

Trump, por su parte, bromeó sobre la noticia el viernes por la tarde en la Casa Blanca durante una mesa redonda sobre deportes universitarios: “Ese es un problema fácil en comparación con lo que estamos haciendo aquí. Qué pregunta más estúpida para este momento”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo, asimismo, en una entrevista en la CBS, que Estados Unidos está “siguiendo todo” y teniéndolo en cuenta en sus planes de batalla: “El pueblo estadounidense puede estar seguro de que su comandante en jefe sabe perfectamente quién habla con quién. Y cualquier cosa que no debería estar sucediendo, ya sea en público o en canales extraoficiales, se está abordando y confrontando con firmeza”.

Leavitt se negó a decir si Trump había hablado con el presidente ruso Vladímir Putin sobre el supuesto intercambio de información de inteligencia o si creía que Rusia debería enfrentarse a repercusiones, afirmando que dejaría que el presidente hablara de ello él mismo.

De lo que sí informó Trump es de la reunión que mantuvo con los principales fabricantes de armas en la Casa Blanca. Y anunció un acuerdo para cuadruplicar la producción de “armamento de clase exquisita”.

“Acabamos de concluir una reunión muy positiva con las mayores empresas fabricantes de material de defensa de EE.UU., en la que hemos hablado sobre la producción y los calendarios de producción”, afirmó Trump en Truth Social.

Según Trump, “han acordado cuadruplicar la producción de armamento de 'clase exquisita', ya que queremos alcanzar, lo antes posible, los niveles más altos de cantidad. La expansión comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio-alto, que estamos utilizando, por ejemplo, en Irán y que recientemente se ha utilizado en Venezuela”.

“Las empresas representadas [en la reunión] fueron los directores generales de BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon”. Según Trump, habrá otra reunión similar dentro de dos meses.

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra (…) a reafirmar la fe en (...) la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Estas fueron, y no otras, las palabras elegidas en San Francisco en 1945 para el preámbulo del tratado fundacional de la ONU. Pero no se incluyeron porque sí: fueron fruto del empeño de un puñado de mujeres delegadas del hemisferio sur como la brasileña Bertha Lutz que se aseguraron de que aquel texto no olvidara la igualdad de género.

Aquella declaración de intenciones de una comunidad internacional traumatizada por la Segunda Guerra Mundial, que también consagró en un artículo de la Carta que las mujeres y los hombres serían igualmente elegibles para participar en todos los órganos de Naciones Unidas, choca con la práctica 80 años después. Desde que la ONU es ONU, su puesto de liderazgo más importante, la Secretaría General, solo estuvo ocupado por hombres. En concreto, lo ostentaron nueve hombres, del noruego Trygve Lie al portugués António Guterres.

Para GWL Voices, una organización de mujeres líderes que lucha por un sistema multilateral más igualitario, esta histórica ausencia es un “evidente anacronismo” con el que ya es hora de acabar. Sobre esta idea orbita su último informe presentado este jueves en Madrid, en el inicio de un año atravesado por la carrera por la sucesión de Guterres. Para encabezar la organización a partir de 2027, se “busca a una persona diplomática ”excepcional’ con ‘liderazgo probado’ y ‘sólidas capacidades de gestión“, según explica el portal de noticias de la ONU. 

“Necesitamos una secretaria general, pero no porque sea ‘el momento’ para que una mujer ocupe el cargo, por una deuda histórica y ni siquiera por un asunto de justicia. Se trata de lo que la ONU necesita: una nueva perspectiva para afrontar los desafíos globales a los que nos enfrentamos”, dice a elDiario.es María Fernanda Espinosa, exministra de Ecuador que hizo historia al convertirse en la primera mujer de América Latina que presidió la Asamblea General de Naciones Unidas. “La Secretaría General no es solo un cargo administrativo o diplomático, es la encarnación política y moral del multilateralismo”, añade la también directora ejecutiva de GWL Voices. 

Siete de ocho candidatas compitieron en 2016

La organización, que también está detrás de la campaña Madam Secretary-General, analizó cada candidatura para el cargo desde 1945. El resultado es una panorámica de ocho décadas “de infrarrepresentación”: de las 48 candidaturas para este puesto, solo ocho fueron de mujeres.

Su inclusión fue lenta, “a pesar de haber estado cualificadas para liderar la organización”. El informe expone detalladamente cómo, durante las primeras siete elecciones, ningún gobierno nombró a una mujer aspirante y los 28 contendientes fueron hombres. No fue hasta 2006 cuando, en una carrera dominada por ellos, irrumpió la primera mujer candidata, Vaira Vīķe-Freiberga –pero el elegido acabó siendo Ban Ki-moon–. El documento explica que diez años después, en 2016, la ONU “instauró un proceso de selección más transparente” y, por primera vez en la historia hubo más mujeres (siete) que hombres (seis) en las candidaturas, entre las que figuraban varias aspirantes que vivieron este desequilibrio en primera persona y acabaron fundando GWL, como Helen Clark, Susana Malcorra e Irina Bokova –en aquellas elecciones se impuso Guterres–.

La presidenta de la Asamblea General y el presidente del Consejo de Seguridad dieron el tiro de salida al proceso de elección de un nuevo líder a finales del pasado noviembre. Y en una carta, pidieron a los países que “consideren seriamente la posibilidad de proponer candidaturas de mujeres” tras observar “con pesar que ninguna mujer ha ocupado el cargo de Secretaria General, y en el convencimiento de que es necesario garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para acceder a cargos superiores con funciones decisorias”.

¿Cómo funciona el proceso? Las candidaturas deben ser presentadas por uno o varios Estados miembros. Se espera que el principal centro de poder dentro de la ONU, el Consejo de Seguridad, inicie su proceso de selección a finales de julio de este año y, cuando sus miembros lleguen a un acuerdo, recomendarán una persona a la Asamblea General, que la nombrará formalmente. Los cinco miembros permanentes del Consejo (EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido) pueden vetar las candidaturas, lo que GWL Voices considera “un gran obstáculo” para quienes se postulan, puesto que “da igual el apoyo que tengan a nivel global”.

Ya suenan algunos nombres posibles para el relevo de Guterres, que termina su mandato este año. Hasta ahora, solo un Estado ha postulado a su candidato: el Gobierno argentino ha presentado oficialmente a Rafael Grossi, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que presentará a la exmandataria Michelle Bachelet, quien ha estado presente este jueves en la presentación del informe en Madrid, aunque está por ver qué apoyo recibirá del ultraderechista José Antonio Kast, quien aterrizará en La Moneda el próximo marzo. Costa Rica también ha dicho que propondrá a Rebeca Grynspan, la actual jefa de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Otros nombres que circulan son el de la argentina Virginia Gamba y el boliviano David Choquehuanca.

La elección de una mujer como secretaria general no es un gesto simbólico ni una distracción, es una señal política potente de renovación, credibilidad y coherencia

María Fernanda Espinosa — Directora ejecutiva de GWL Voices

Existe una regla no escrita según la cual el cargo de secretario general debe ser rotatorio entre los grupos regionales. Ahora, sería el turno de América. “La rotación regional ha operado históricamente como una práctica política, no como una norma formal, y muchas veces se ha aplicado de manera selectiva. Lo que está claro es que América Latina y el Caribe ha demostrado una larga tradición de liderazgo multilateral, compromiso con el derecho internacional y capacidad de mediación”, dice Espinosa, que prefiere no dar ningún nombre –el suyo sonó como una opción–. “Más allá de los nombres, que siempre deben surgir de procesos abiertos y transparentes, la región cuenta con mujeres con trayectoria, legitimidad y visión global más que suficientes para asumir esa responsabilidad. Lo fundamental no es personalizar el debate, sino garantizar que cuando llegue ese momento, las mujeres estén realmente en la mesa de decisiones y no solo en el discurso. El talento está ahí. El momento es ahora”.

Remar a favor de romper el techo de cristal de las organizaciones internacionales no parece una tarea fácil en un momento en el que la apuesta por el multilateralismo se hace trizas, con graves crisis de derechos humanos, críticas a la parálisis de la ONU y dirigentes como Donald Trump que embisten los cimientos del orden internacional construido sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

“Cuando se dice que hay ‘problemas más urgentes’, lo que se está sugiriendo es que la igualdad puede esperar. Pero la crisis del multilateralismo no es ajena a la forma en que se ejerce el poder dentro de las instituciones. La elección de una mujer no es un gesto simbólico ni una distracción, es una señal política potente de renovación, credibilidad y coherencia”, dice la expresidenta de la Asamblea General. “En un momento de desafección ciudadana y de cuestionamiento del orden internacional, demostrar que la ONU es capaz de romper sus propios techos de cristal enviaría un mensaje claro: que la organización es capaz de reformarse desde dentro y de reflejar la diversidad del mundo al que sirve”.

El mensaje de Espinosa es claro: en un mundo “atravesado por crisis simultáneas, conflictos armados, emergencia climática, desigualdades crecientes, desconfianza institucional, es insostenible que la máxima autoridad de la ONU continúe respondiendo a un modelo de liderazgo del siglo pasado, sobre todo porque lo que está en juego es su credibilidad”. “Una mujer al frente de las Naciones Unidas demostraría que el sistema está listo para hacer lo que tanto le demanda la ciudadanía: renovarse. Inyectar una forma distinta de liderazgo en el núcleo del sistema multilateral, en la Secretaría General de la ONU, es crucial”, agrega.

El techo de cristal en las instituciones

Aunque es paradigmática, la ausencia de mujeres en la cúspide de la ONU no es una anomalía. Como cada año, el informe pone la lupa en la composición de género de los puestos directivos y de liderazgo de organismos especializados, fondos, programas, departamentos y oficinas de Naciones Unidas, así como los bancos regionales de desarrollo y organizaciones como la UE, la OCDE o la OEA. En la versión de 2025, han analizado un total de 62 instituciones multilaterales.

Y aunque notan un progreso, recalcan que es frágil: la cantidad de organizaciones lideradas por una mujer a día de hoy es de un 46%, rozando la paridad, pero 21 instituciones nunca han tenido a una mujer al frente –entre ellas el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Organismo Internacional de Energía Atómica o la FAO, la agencia de Naciones Unidas que tiene como misión poner fin al hambre– y en 20 solo lo han estado una vez. 

Si se observan los representantes permanentes de los Estados ante la ONU, continúa siendo un mundo masculinizado: ellas representan apenas el 23% de los embajadores acreditados en la actualidad y decenas de países –un total de 72, España entre ellos– nunca han enviado a una mujer para representarlos en Nueva York. De más de 2.800 representantes, solo 219 han sido mujeres y 20 Asambleas Generales, el gran foro de la ONU, se han celebrado sin diplomáticas.

GWL Voices también escudriña los equipos directivos –los cuatro niveles superiores de personal sin contar con la dirección– en 48 organizaciones. Actualmente, las mujeres ocupan una media de un 46% de estos puestos, aunque sigue habiendo brechas, según el análisis. Un total de 15 entidades tienen más de un 50% de mujeres en sus equipos directivos, 31 tienen entre un 25% y un 50% y tan solo una tiene menos de un 25%, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

Mucho peor parados salen los órganos de gobierno de las organizaciones, es decir, aquellos donde los gobiernos de los países las supervisan y definen sus prioridades – por lo que refleja decisiones de los Estados miembros, no de las organizaciones–. Según GWL Voices, estos siguen siendo “los más resistentes al cambio”. De 32 órganos analizados, las mujeres representan de media un 29% de las personas que los integran.

Más de una tercera parte de las instituciones (12 en total) tienen menos de un 25% de mujeres en estos puestos, entre ellos varios bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Solo dos han sobrepasado la paridad: ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria. “Este patrón enfatiza cómo, aunque muchas instituciones multilaterales avanzan internamente en cuestión de género, los Estados miembros siguen nombrando a hombres de manera abrumadora para representarlos en los foros de toma de decisión”, señala el texto.

“El informe confirma algo que quienes hemos trabajado dentro del sistema conocemos bien pero que rara vez se expone con datos tan claros y sostenidos en el tiempo: la exclusión de las mujeres del máximo nivel de liderazgo de las instituciones multilaterales no es una anomalía puntual, es un patrón estructural”, dice Espinosa.

“Ocho décadas sin una mujer al frente de la Secretaría General no pueden explicarse por falta de talento, experiencia o legitimidad política. Tampoco que la Asamblea General haya tenido apenas cinco mujeres presidentas frente a más de 70 presidentes. El informe demuestra que hay mujeres que han liderado Estados, organismos multilaterales, procesos de paz y negociaciones complejas, y aun así el techo de cristal persiste precisamente en el espacio donde se concentra mayor poder simbólico y real. Esa brecha habla menos de las mujeres y más de un sistema que sigue reproduciendo los mismos patrones de poder”, concluye.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este miércoles a través de uno de sus portavoces que la junta de paz de Donald Trump en Gaza es, por ahora, “amorfa”, y subrayó que la respalda “estrictamente” para su labor en la Franja.

“En cuanto a lo que hará, la junta de paz sigue siendo amorfa. Tendremos que ver qué hace. Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. La ONU tiene su Carta, cuenta con una larga historia de logros y un amplio conjunto de tareas que debemos realizar constantemente, y eso es lo que estamos haciendo”, expresó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria.

Trump presidió este jueves, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el acto de firma para constituir formalmente la junta, un organismo que asegura haber creado ante la falta de apoyo de Naciones Unidas para resolver guerras.

La controversia por la junta de paz de Trump

Aunque esto fue concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende ampliar sus atribuciones y convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, Haq apuntó hoy que el Consejo de Seguridad ha respaldado la junta de paz “estrictamente para la labor en Gaza” y subrayó que el organismo “sigue acatando esa resolución”.

El portavoz también aseguró que a la ONU “no le preocupan otras organizaciones” y recalcó que durante sus 80 años de existencia ha habido numerosas entidades que han coexistido con la ONU.

Hasta ahora, al menos 35 de una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta de paz, según informó ayer la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Países rechazaron la iniciativa

Entre los países que han aceptado ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina y Egipto, mientras que otras naciones como Francia, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa.

Otros países invitados, como Rusia, Brasil o España, continúan analizándola.

En su rueda de prensa de hoy, Haq también respondió a las recientes críticas vertidas por Trump contra la institución, e indicó que el organismo está haciendo “todo lo posible” para mejorar su funcionamiento.

“La ONU seguirá trabajando sin descanso por la paz, respetando plenamente el derecho internacional y realizando un esfuerzo integral para abordar las causas profundas de los conflictos y garantizar soluciones sostenibles para la paz”, aseveró.

HRW dice que el mundo necesita “una ONU más fuerte, no el Consejo de Paz de Trump”

Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que “el mundo necesita una ONU más fuerte” en lugar del Consejo de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump y que, pese a los “problemas” del organismo, “sigue siendo preferible a uno controlado por un solo líder”.

“En lugar de destinar miles de millones a un consejo presidido por Trump, los gobiernos deberían centrarse en fortalecer la capacidad de la ONU para proteger los derechos humanos y garantizar la paz internacional”, afirmó en un comunicado Louis Charbonneau, director para la ONU en HRW.

Charbonneau denunció “ataques sin precedentes” de Trump contra la ONU, enfatizando que EE.UU. ha “recortado fondos y debilitado programas y agencias del organismo”, además de “presionar para eliminar términos como ‘género’, ‘clima’ y ‘diversidad’ de resoluciones y declaraciones internacionales”.

Aunque el Consejo se concibió inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende ampliar sus atribuciones y convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

“Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en la creación de la ONU. Ahora, Trump está socavando y dejando de financiar gran parte de ella. En un aparente intento de marginar al Consejo de Seguridad, Trump ha propuesto esa supuesta Junta de Paz que él mismo presidiría”, agrega.

HRW dice que el mundo necesita “una ONU más fuerte, no el Consejo de Paz de Trump”

 La ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que “el mundo necesita una ONU más fuerte” en lugar del Consejo de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump y que, pese a los “problemas” del organismo, “sigue siendo preferible a uno controlado por un solo líder”.

“En lugar de destinar miles de millones a un consejo presidido por Trump, los gobiernos deberían centrarse en fortalecer la capacidad de la ONU para proteger los derechos humanos y garantizar la paz internacional”, afirmó en un comunicado Louis Charbonneau, director para la ONU en HRW.

Charbonneau denunció “ataques sin precedentes” de Trump contra la ONU, enfatizando que EE.UU. ha “recortado fondos y debilitado programas y agencias del organismo”, además de “presionar para eliminar términos como 'género', 'clima' y 'diversidad' de resoluciones y declaraciones internacionales”.

Aunque el Consejo fue concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende ampliar sus atribuciones y convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

“Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en la creación de la ONU. Ahora, Trump está socavando y dejando de financiar gran parte de ella. En un aparente intento de marginar al Consejo de Seguridad, Trump ha propuesto esa supuesta Junta de Paz que él mismo presidiría”, agrega.

Según Charbonneau, el Consejo de Trump, que estaría supervisado por “líderes de Gobiernos a los que se acusa de abusos”, omite referencias a los derechos humanos, lo que otorgaría al mandatario “una autoridad suprema para adoptar resoluciones o directrices según su criterio”.

Para el experto, “en lugar de pagar miles de millones para unirse a la junta de Trump, los gobiernos deberían centrarse en fortalecer la capacidad de la ONU para defender los derechos humanos”.

“El sistema de la ONU tiene sus problemas, pero es mejor que un Politburó global”, concluyó.

EFE

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró este lunes una reunión de emergencia para analizar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado fuera del país. El encuentro dejó al descubierto una fuerte división entre los Estados miembros, con duras condenas a la acción militar por violar la Carta de la ONU y, en paralelo, llamados a impulsar una transición política en Caracas.

Desde América Latina, México advirtió que la agresión estadounidense pone en “grave riesgo” la estabilidad regional. Su embajador, Héctor Vasconcelos, sostuvo que el ataque del 3 de enero constituyó una “clara violación del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas” y alertó que se quebró un “frágil equilibrio” que sostiene a América Latina y el Caribe como zona de paz.

En la misma línea, Brasil calificó la intervención como un “precedente extremadamente peligroso”. El representante permanente, Sérgio Danese, rechazó cualquier intento de “construcción de protectorados” y remarcó que la salida a la crisis venezolana debe respetar “la autodeterminación del pueblo”.

Cuba, por su parte, fue aún más contundente. Su embajador Ernesto Soberón describió la operación de Estados Unidos como un acto “inaceptable y bárbaro”, denunció un “irrespeto absoluto” al derecho internacional y acusó a Washington de buscar imponer un “Gobierno títere” para garantizar el acceso a los recursos naturales venezolanos.

Desde Europa, España alertó que la intervención estadounidense sienta un “precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional”. El embajador Héctor Gómez Hernández subrayó además que los recursos naturales de Venezuela forman parte de su soberanía y no pueden ser objeto de intervención externa.

Francia combinó la crítica a la operación militar con un cuestionamiento al gobierno de Maduro. Su representante adjunto, Jay Dharmadhikari, afirmó que la captura del mandatario venezolano fue “contraria al no recurso de la fuerza” y “afecta negativamente a la paz y seguridad internacional”. A la vez, señaló que Venezuela atraviesa desde hace años una crisis política profunda, con procesos electorales “sin transparencia”, y reclamó una transición “pacífica y democrática” que devuelva la soberanía al pueblo venezolano.

Una de las posiciones más alineadas con Washington fue la de Panamá, que pidió una “interinidad limitada en el tiempo” para que asuma el poder el opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconoció como presidente electo. El embajador Eloy Alfaro afirmó que cualquier gobierno encabezado por figuras del actual oficialismo, como Delcy Rodríguez, implicaría una continuidad del sistema. También exigió la liberación de los presos políticos y denunció la detención arbitraria de un ciudadano panameño en Venezuela.

La respuesta más dura llegó desde la propia Venezuela. El embajador Samuel Moncada denunció una “violación flagrante” de la Carta de la ONU, reclamó la liberación inmediata y el retorno de Maduro y acusó a Estados Unidos de llevar adelante un “ataque armado ilegítimo”, con bombardeos, víctimas civiles y destrucción de infraestructura. Advirtió que tolerar estos hechos equivale a “normalizar la sustitución del derecho por la fuerza” y sostuvo que el trasfondo de la agresión son los recursos estratégicos del país.

Antes de los países miembros dio su mensaje el secretario general de la ONU, António Guterres, a través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo. Transmitió su “profunda preocupación” por la acción militar de EE.UU. en Venezuela y llamó ante el Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional, que “prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados”.

Además, manifestó su preocupación por la posible “intensificación de la inestabilidad interna” en Venezuela y por el impacto que la situación podría tener en la región, e instó a todos los actores venezolanos a participar en un “diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo”.

Con información de EFE

Venezuela pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

“Solicitamos se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión estadounidense en curso contra la República Bolivariana de Venezuela y, (...) adoptar las medidas necesarias para restituir la legalidad internacional”, dijo en un comunicado el despacho de Exteriores, después denunciar el mensaje que publicó Trump en la red Truth Social sobre el bloqueo.

El martes, Trump anunció el “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

El republicano afirmó que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

La Cancillería venezolana calificó esta declaración de “delirio” y señaló que “en la historia de Venezuela, nunca a un Jefe de Estado y/o de Gobierno de una potencia extranjera se le había ocurrido la trastornada idea de que el territorio nacional venezolano, incluidos sus yacimientos petroleros y otros activos, le pertenecen”.

“El Presidente de los Estados Unidos de América está violando impunemente y ante el mundo entero nuestra soberanía nacional, la integridad territorial e independencia política”, añadió el texto.

Venezuela también se quejó de la incautación del buque Skipper, la semana pasada, y de la declaración del subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera y calificó la nacionalización de la industria del país suramericano, en 1976, como el “mayor robo” de la historia estadounidense.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también criticó más temprano las declaraciones de Trump al tacharlas de “guerreristas”.

EFE

Cada 12 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), una fecha impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar que el acceso a servicios de salud de calidad no debe ser un privilegio, sino un derecho fundamental.

La efeméride nació en 2017, luego de que la ONU señalara la necesidad urgente de que los países desarrollen sistemas sanitarios capaces de cubrir a toda la población sin generar dificultades económicas. La premisa es clara: que cada persona pueda recibir atención médica —desde la prevención hasta el tratamiento y la rehabilitación— sin empobrecerse por pagarla.

En un contexto global marcado por brechas económicas, tensiones geopolíticas y el impacto post-pandemia, la CSU se volvió un eje central para la planificación sanitaria. Organismos internacionales advierten que más de la mitad de la población mundial carece de acceso completo a servicios esenciales de salud y que millones de personas caen en la pobreza extrema cada año por gastos médicos de bolsillo.

La fecha busca visibilizar esta realidad y presionar para que los gobiernos tomen decisiones que sostengan sistemas más sólidos, equitativos y resilientes.

La celebración de este 12 de diciembre suele estar acompañada por campañas de concientización, informes sobre avances y retrocesos, y reuniones multilaterales que apuntan a fortalecer la cooperación internacional. La ONU insiste en que garantizar cobertura sanitaria universal no solo mejora la calidad de vida, sino que también genera sociedades más estables, productivas y preparadas frente a futuras crisis.

El mensaje central de la jornada vuelve a ser el mismo: acercar la salud a todas las personas, sin distinción. Porque detrás de cada estadística hay un objetivo irrenunciable: que nadie quede afuera del derecho a vivir más y mejor.

El canciller Pablo Quirno presentó este miércoles la candidatura del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi, al cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores y Culto en su cuenta de la red social X. 

El exsecretario de Finanzas destacó que Grossi “es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”. 

“Estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de Secretario General en el actual escenario internacional, que está marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, a 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”, finalizó Quirno.

A su vez, en un comunicado emitido por Cancillería, el Gobierno de Javier Milei expresó que “la Argentina, miembro fundador de las Naciones Unidas, cuenta con una trayectoria extensa y reconocida en el ámbito multilateral y mantiene un firme compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular con la preservación de la paz y la seguridad internacionales y la promoción de la cooperación entre los Estados”.

Y agrega: “El embajador Grossi cuenta con una destacada trayectoria de más de cuatro décadas como funcionario del cuerpo diplomático argentino y, más recientemente, al frente de la conducción del OIEA, cuyo liderazgo fue reconocido al ser electo para un segundo mandato en 2023. Sus principales logros estuvieron orientados a contribuir a la paz y seguridad internacionales mediante una gestión abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes”.

El comunicado cierra: “Su profundo conocimiento del sistema multilateral, su capacidad para promover el diálogo diplomático, su desempeño probado en situaciones de conflicto y graves crisis internacionales como interlocutor imparcial y eficaz, su solvencia técnica y lingüística y su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, lo convierten en un candidato de excelencia para desempeñar las responsabilidades del cargo de Secretario General que el mundo hoy demanda”.