La última vez que la Asociación de Magistrados, principal entidad de jueces del país, había celebrado su cena de fin de año, fue en diciembre de 2019, en el Hotel Plaza, en Retiro, muy cerca de los tribunales federales de Comodoro Py. Alberto Fernández acababa de ingresar a la Casa Rosada. Marcela Losardo, recién asumida como ministra de Justicia, era la invitada de honor, junto al entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Hubo fotos conjuntas, mensaje de conciliación y mesa compartida junto a otros funcionarios y representantes del Ejecutivo, como el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. 

Tres años más tarde, unos 500 jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios judiciales volvieron a congregarse este jueves por la noche en un salón del Golden Center, en Costanera norte, para el mayor evento social del poder Judicial, aunque en el fondo, siempre es político. Pero esta vez, no hubo funcionarios del Ejecutivo presentes. 

El mensaje fue de unidad hacia adentro, el abroquelamiento frente al kirchnerismo. Aunque el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hizo una salvedad durante su discurso: la unidad tiene límites. “Los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte”. Los “buenos”, dijo.

Fue el cierre de un año en el que la tensión entre ambos poderes alcanzó un punto máximo con la condena a seis años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación a la Administración pública y su renunciamiento posterior a la posibilidad de ser candidata en 2023.

En la cena de este jueves, los invitados de honor fueron los jueces de la Corte, aunque sólo acudieron los miembros de la mayoría tripartita del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti; Rosenkranz; y Juan Carlos Maqueda, quien asistió al encuentro por primera vez en los 20 años que integra el tribunal. Rosatti pidió durante su discurso un especial aplauso para su aliado y colega.

Faltó Ricardo Lorenzetti, quien había confirmado su asistencia pero a último momento les comunicó a sus colegas que le diagnosticaron Covid-19, según informaron tres fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR. Ante la consulta de este medio, los voceros del magistrado aún no han respondido.

Los cuatro jueces habían estado reunidos presencialmente esa tarde para firmar el fallo que confirmó la condena a la dirigente Milagro Sala a trece años de prisión por el delito de asociación ilícita. Es el tercero de los cortesanos que comunica haber contraído recientemente el virus. Los otros dos son Maqueda y Rosenkrantz.

Sin embargo, en el entorno de Rosatti la explicación de Lorenzetti les sonó a excusa, según pudo saber este medio. Es que si bien el mensaje del presidente de la Corte y de sus colegas fue un llamamiento a la unidad, los cortesanos tienen su propia fisura.

“Que no nos hagan perder de vista que nos debemos a la sociedad”, dijo Rosatti a los comensales, y les pidió ser “un poder Judicial fuerte”. “Esta Corte no negocia fallos” y sus “integrantes no se cuecen con el primer hervor”, afirmó.

Hubo otros ausentes que solían acudir a la cena anual de los magistrados. Pocos jueces y fiscales federales de Comodoro Py son activos en la Asociación de Magistrados (ninguno de los jueces de primera instancia acudió y los fiscales tienen su propia entidad, la Asociación De Fiscales Y Funcionarios Del Ministerio Público Fiscal De La Nación). 

El juez federal Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación, y uno de sus hijos y jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, habían sido de los más saludados en la cena de 2019. En pleno rebote del caso Lago Escondido, que los tiene como protagonistas, esta vez, no estuvieron presentes.

El caso fue la comidilla de las conversaciones sottovoce y unos comentaron su pesar por algunos de los involucrados en el viaje a la propiedad del magnate Joe Lewis y el intento por borrar la supuesta dádiva y la denuncia judicial en Bariloche.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, dijo durante su discurso: “Ningún juez o jueza puede pretender que se repete su decisión jurídica si no ajusta su conducta a los estándares de ética que la sociedad espera”.

Hubo otros invitados que este año recibieron saludos y felicitaciones: los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso, dos de los integrantes del tribunal oral que condenó a Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. Los ubicaron en las mesas próximas a los jueces de la Corte.

Rosatti, Maqueda y Rosenkranz compartieron mesa con Gallo Tagle; el procurador general de la Nación y jefe de los fiscales, Eduardo Casal; y los jueces que representan a sus colegas en el Consejo de la Magistratura, uno de los ámbitos de disputa con el kirchnerismo. Entre ellos estaba Javier Barroetaveña, uno de los integrantes de la Sala I de la Casación Federal, que debe decidir si confirma los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos en los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán u ordena que los juicios orales y públicos suspendidos en 2021 se ejecuten en pleno año electoral. 

En otra mesa próxima el fiscal Mario Villar, también de la Casación, acompañó al nuevo presidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Rafael Toranzos (fiscal federal de Salta). Villar es el fiscal que solicitó en noviembre que la vicepresidenta y sus hijos, además del resto de los acusados en Hotesur-Los Sauces por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vayan a juicio oral y público.

Sólo se escucharon quejas de los comensales funcionarios del poder Judicial, como peritos y auxiliares de los jueces y fiscales, quienes al finalizar la cena cuchicheaban que no habían sido reconocidos por su labor en el discurso de Rosatti y el brindis de Rosenkranz. Será para la próxima.

ED

¿Cómo debemos concebir la relación entre peronismo y política cultural? Mucho se ha escrito sobre el tema, a veces con ánimo denigratorio o celebratorio, otras con vocación por entender y aprender. Una extensa literatura nos revela la complejidad del problema: no hay una sino varias maneras de vincular estos términos porque muchas son las culturas (con y sin C mayúscula) y muchos los peronismos. A la luz de algunos episodios recientes, vale la pena repasar tres maneras distintas de encarar la política cultural, todas ellas visibles, en distinto grado, en las administraciones de este signo del siglo XXI.

La primera puede ejemplificarse bien a partir de algunos gestos de Torcuato Di Tella, primer Secretario de Cultura del presidente Néstor Kirchner (2003-04). Entre la alta cultura y la cultura popular, pensaba este reconocido sociólogo, existe una fosa difícil de franquear. En la visión de Di Tella, la alta cultura debe concebirse, y el estado debe tratarla, como un lujo para los muy educados y los muy ricos. 

De allí que Di Tella enfatizara que un gobierno popular, preocupado por mejorar la condición de las mayorías, no debía tratar a la alta cultura como un área prioritaria. Mucho menos en circunstancias tan difíciles como las que signaron el paso del autor de Sociología de los procesos políticos por la Secretaria de Cultura. Di Tella lo dijo con todas las letras, y con su habitual desparpajo, en una entrevista que concedió al diario La Nación en mayo de 2004. En un país en llamas, en un país sumido en la pobreza, “la Cultura, con C mayúscula, no tiene prioridad. No tiene prioridad para el Gobierno y tampoco la tiene para mí”. E insistió, por si quedaban dudas: cuando hay “tantos temas por solucionar el país se convierte en una casa que se quema y la cultura es el gallinero del fondo”. Más importante que el Teatro Colón, sugería Di Tella, era destinar los escasos recursos disponibles a promover las expresiones populares de la cultura.

Su sucesor, José Nun, que estuvo al frente de la Secretaría de Cultura por un quinquenio (2004-09), privilegiaba otro enfoque. Para él, la alta cultura no era “el gallinero del fondo”. O, al menos, no toda la alta cultura lo era. Nun también era crítico del discurso elitista que, al insistir en la necesidad de proteger las grandes creaciones culturales, al celebrar y enaltecer sus expresiones más “nobles” y características, contrabandea los intereses de sus agentes y beneficiarios. Al igual que Di Tella, Nun se hacía eco de una de las enseñanzas de Pierre Bourdieu: hay que descreer de los que hablan en nombre de valores superiores, universales, de la Cultura con C mayúscula. 

Sin embargo, desde el punto de vista de Nun, la política pública debía favorecer los intercambios entre el mundo de la alta y el mundo de la baja cultura, entre la cultura de elite y la cultura popular. Ambas esferas debían dialogar. Y el argumento de fondo para favorecer esta conexión era político. La democracia, insistió Nun muchas veces, no se reduce al ejercicio regular del voto, la competencia partidaria o la existencia de una prensa libre. El estado, pensaba Nun, debe promover un debate plural, donde se hallen representadas todas las voces (algo que, lamentablemente, pasó cada vez menos desde que Jorge Coscia, un hombre de ideas muy primitivas, lo reemplazó en 2009). Ese debate, idealmente, debe convocar e interpelar a todos. El autor de La rebelión del coro pensaba que una sociedad se torna más vivible –esto es, más libre, más igualitaria y más democrática– cuanto más educada y participativa es su ciudadanía. Es decir, una comunidad política progresa cuando es capaz de ofrecerle a sus grupos más desaventajados instrumentos con los que formular y refinar sus opiniones, potenciar su voz e incidir en el debate público. En la visión de Nun, pues, la cultura debe servir, entre muchas otras cosas, también para elevar la sofisticación de los intercambios políticos y la calidad de la vida cívica. 

Ya antes de ingresar a la función pública de la mano de Néstor Kirchner, estas convicciones habían llevado a Nun a crear Claves para Todos, la colección de divulgación de textos sociológicos, históricos y políticos más ambiciosa de las últimas décadas en nuestro país. “Es notorio el déficit creciente de formación sociopolítica que padece nuestro pueblo”, se quejaba Nun al presentar un nuevo volumen de Claves para Todos, en 2004. Y seguía: “Las causas son múltiples y van desde el deterioro del sistema educativo en todos sus niveles hasta una dramática escasez de recursos para acceder a consumos culturales, pasando por la abrumadora mediocridad de la mayoría de los medios de comunicación. Este déficit de formación tiene efectos gravísimos sobre la construcción de ciudadanía y se erige así en un factor determinante de las visibles carencias democráticas de nuestra sociedad.”

La fidelidad de Nun a estas premisas se advierte en muchas de las iniciativas que desplegó cuando fue designado secretario de Cultura de la Nación. Hay una, en particular, que me parece muy reveladora de su compromiso con el proyecto de educar al ciudadano, en particular, al ciudadano más desaventajado. Me refiero al programa Libros y Casas. Gracias a esta iniciativa, cada vez que el estado entregaba una vivienda social, los beneficiarios se encontraban con que su nuevo hogar venía equipado con una pequeña biblioteca. Libros y casas le entregaba a cada familia un conjunto de 18 volúmenes de gran calidad. Alta cultura, Cultura con C mayúscula, en las casas de los pobres. Entre esos libros había clásicos de la literatura infantil y de adultos, y también un ejemplar de la Constitución Nacional. El objetivo del programa, en palabras de Nun, era “democratizar el acceso a los libros y fomentar la lectura entre los sectores económicamente más desfavorecidos”. 

Nun pensaba que la lectura de obras de la alta cultura posee un enorme potencial transformador en tanto acrecienta la capacidad de discernimiento de las mayorías. La lectura, creía, empodera a los sujetos subalternos, y los vuelve más conscientes de su propio valor. Contribuye a equipararlos con los poderosos. No es casual que el paquete de Libros y casas que entregaba la Secretaría de Cultura también incluyera un manual de primeros auxilios legales, redactado en colaboración con especialistas del Cippec. Quería que los pobres pudieran alzar la voz y reclamar respeto por sus derechos.

En estos días, el presidente Alberto Fernández nos invita a apreciar las dudosas virtudes de una tercera versión del valor de las instituciones culturales, distinta a las dos que hemos retratado en los párrafos precedentes. El presidente de la república nos recuerda que las instituciones de la alta cultura también sirven para hacerle favores a los amigos. El evento que mejor permite observar este fenómeno es la designación de la abogada Marcela Losardo -que acaba de dejar el cargo de Ministra de Justicia y Derechos Humanos- al frente de la representación del estado argentino ante la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como es sabido, el único motivo que califica a la “agobiada” Losardo para este puesto es su relación de amistad con el primer mandatario. Patrimonialismo en estado puro.  

La designación de esta profesional del derecho en la embajada ante la UNESCO no causó escándalo, pese a que interrumpe una valiosa tradición. Durante décadas, los representantes argentinos ante la UNESCO fueron destacados exponentes de la cultura nacional o diplomáticos de carrera (en ambos casos, casi siempre varones). Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por ejemplo, el cargo fue ejercido por un pianista de reconocimiento internacional, Miguel Angel Estrella. Cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, Estrella fue reemplazado por Rodolfo Terragno, otra valiosa personalidad de nuestra cultura. Más recientemente, el cargo quedó en manos del cineasta Fernando Pino Solanas, otro artista de nota, hasta su fallecimiento hace pocos meses.  

Existe un amplio consenso en torno a la idea de que la Argentina debe redoblar su apuesta por la ciencia y la educación. Si no destina mayores recursos a estos campos, si no jerarquiza estas áreas y privilegia a sus gestores y animadores, si no los reconoce más y remunera mejor, el país se condena a un futuro de oscuridad. Y esto me lleva a pensar que, pese a todos sus méritos, eminencias de nuestra cultura como Estrella, Terragno o Solanas ya no representan bien lo que el país demanda de sus embajadores en el campo de la ciencia, la educación y la cultura. Una Argentina decidida a promover la ciencia y la educación ganaría mucho si los escasos recursos institucionales de que dispone son puestos a disposición de profesionales que, por sus competencias específicas, estén en mejores condiciones de emplearlos en beneficio de toda la comunidad. 

El actual gobierno se precia de valorar la ciencia, la educación y la cultura mucho más que el que lo precedió. ¿No debería, entonces, designar a un experto en educación, o una persona que exhiba un compromiso sostenido con la cultura o la ciencia, para ocupar una posición de tanta relevancia simbólica como el de embajador ante la UNESCO? ¿O a un especialista en administración de programas culturales? ¿Por qué, en cambio, Alberto Fernández eligió dar una señal en la dirección equivocada? ¿Por qué designó a una candidata completamente desprovista de antecedentes ya sea en el campo de la ciencia o la gestión educativa o cultural, sin ninguna calificación para el cargo y que, para peor, ha sido elegida gracias y sólo gracias a su amistad con el jefe de estado? 

Para resumir el problema con un par de interrogantes inquietantes: ¿qué nos revela la designación de la abogada Marcela Losardo como embajadora ante la UNESCO? ¿Qué nos sugiere sobre la fortaleza de la convicción con que el gobierno del presidente Fernández define a la ciencia y la educación como campos de enorme relevancia para su administración, y de gran importancia estratégica para el futuro del país? En definitiva, ¿dónde están sus verdaderas prioridades?

Durante su paso por la función pública, Torcuato Di Tella nos recordó que la celebración de la alta cultura suele encubrir una visión elitista de la propia cultura y del orden social. Nos invitó a preguntarnos, por ejemplo, por qué los pobres del conurbano deben pagar el Museo Nacional de Bellas Artes, el Teatro Colón o la Biblioteca Nacional. Unos años más tarde, José Nun nos dejó una enseñanza aún más valiosa, de evidente inspiración iluminista. Con proyectos tan ambiciosos como el de inundar de libros las casas de los pobres, nos instó a trabajar para que alta y baja cultura puedan interactuar en beneficio de una discusión pública más rica, sin la cual difícilmente podamos construir un país mejor. En estos días, Fernández nos ha ilustrado, también con gran nitidez, sobre otro costado (el más lamentable) de las políticas culturales de nuestro tiempo: el que se define por su impronta patrimonialista. Su decisión se inspira en un típico capricho de los poderosos: “yo, que soy presidente, digo: para mi amiga, una embajada en París.”  

Ninguna de estas tres dimensiones suele encontrarse en estado puro ni cubre la totalidad del campo y los significados de la política cultural, en ningún gobierno. En toda administración suelen combinarse, en dosis variables, elitismo e impugnación del elitismo, sincera vocación por elevar la condición popular con hipocresía y resignación ante una realidad que por momentos parece inmodificable, y administración competente y honesta del presupuesto con amateurismo y bajezas y miserias propias del uso partisano y patrimonialista de los recursos públicos. ¿Cuál de estas inspiraciones predominará en la política cultural de los difíciles años por venir? ¿Qué marcas dejará el gobierno de Alberto Fernández sobre las instituciones culturales de este país en ruinas? Quisiera ser optimista pero, viendo cuánta importancia le asigna el presidente al bienestar de sus amigas, me asaltan algunas dudas. Ojalá me equivoque. Todavía está a tiempo de corregir el rumbo y mostrarnos que, en homenaje a esos dos Secretarios de Cultura que ya no están con nosotros –sus compañeros de trabajo durante la presidencia de Néstor Kirchner– es capaz de privilegiar el interés común por sobre sus impulsos más egoístas.

RH  

Alberto Fernández apareció solo en Casa Rosada para hablar sobre lo que todos esperaban. “El presidente me ha encomendado que transmita a ustedes los cambios que se van a producir en el gabinete que incluyen los casos de funcionarios que han sido electos diputados y senadores y algún otro caso más”. Noviembre de 2005 llegaba a su fin y el entonces jefe de Gabinete anunciaba las modificaciones que Néstor Kirchner había decidido ejecutar, después de las elecciones legislativas y como parte de un movimiento estudiado con bastante antelación. Salían Rafael Bielsa, José Pampuro y Alicia Kirchner; entraban Jorge Taiana, Nilda Garré y Juan Carlos Nadalich. Pero Fernández sorprendió con un cambio que no estaba previsto. “Finalmente, el Presidente ha dispuesto la designación, en reemplazo de Roberto Lavagna, ministro de Economía, de Felisa Miceli, actual presidenta del Banco de la Nación Argentina”. El funcionario más importante de los primeros dos años y medio del gobierno, el que había conducido la transición económica desde el tiempo de Eduardo Duhalde, había sido la garantía inicial de la candidatura de Kirchner y había reestructurado la deuda, era despedido como parte de un trámite y ya tenía reemplazante. Con los años, cubrir el vacío que dejó Lavagna se revelaría bastante más difícil de lo que había pretendido el primer kirchnerismo en conferencia de prensa. Sin embargo, la forma de anunciar su salida daba cuenta de un gobierno que avanzaba a gran velocidad y no se detenía ni por un instante, aunque estuviera ante trastornos de gestión que podían dañar su funcionamiento. Más de quince años después, Fernández está otra vez en escena, al frente de un ensayo de poder que se viene desgajando ante la falta de planificación. La manera de admitir la renuncia de Marcela Losardo, durante una entrevista servida en la que describe el agobio de su ministra y la da de baja sin tener una figura de recambio, está en las antípodas del kirchnerismo según Kirchner. 

Seis días más tarde, el vacío en el ministerio de Justicia todavía se siente y delata la impotencia sintomática en el ejercicio de gobierno. Ya Ginés González García se había ido de manera precipitada y por la puerta de atrás, después del escándalo que decidió al Presidente a echarlo de manera fulminante para, más tarde, relativizar sus propios criterios. Según piensan en el oficialismo, el manual del peronismo indicaba otra resolución: una reunión a solas con el ministro saliente para que fuera él quien asumiera que debía dar un paso al costado y presentar su renuncia.  

Extenuado después de un año de pandemia y condicionado por la omnipresencia de su gran electora, Fernández posterga el nombre del sucesor o sucesora de Losardo. Cristina Fernández de Kirchner postuló a Martín Soria y ahora también espera una definición que en Olivos siguen prometiendo para las próximas horas. El Presidente cuenta con ministros, funcionarios de confianza y asesores, pero -todo indica- no tiene con quién discutir su política. 

El agobio que Fernández asigna a Losardo se nota en su propio cuerpo y beneficia a los sectores de la familia judicial que habían temido una clara ofensiva del pancristinismo tras los discursos de los Fernández, la semana pasada. Alberto quiso a Leon Arslanian cuando su gobierno todavía ilusionaba y no lo pudo tener: ahora busca un relevo que le permita preservar el ministerio para su escudería pero sintonice con la prédica de CFK, que dice compartir. Prioridad absoluta para Cristina y gran signo de debilidad en 2020, la relación con el Poder Judicial precisa una política que no se ve. El cristinismo demanda una persona para el cargo que deje de lado los buenos modales y despliegue un estilo más agresivo. Un cambio que el albertismo nonato reduce a la cosmética y que deberá probar su eficacia real para provocar alteraciones que trasciendan el hashtag y se acoplen a la nueva ola que parece haberse iniciado en la región en la última semana.

Salvo la identificación plena con su socio de estudio jurídico, Losardo no cumplía en el terreno de la política una función específica. Si bien no dinamitaba los puentes con los jueces, tampoco llevaba adelante una interlocución eficaz. En la Corte Suprema, algunos se quejan de que fue una sola vez, prometió diálogo y no volvió más. Otros afirman que Fernández “no tiene esencia”, lo que lleva al conjunto irregular de los supremos a mirar lo que dice Cristina y despreocuparse de la danza de nombres que circula. 

Cuentan en el gobierno que Fernández consultó a Ricardo Lorenzetti para conocer su opinión sobre el menú acotado de reemplazantes del que dispone. Caída en desgracia Elena Highton, la única asistente al fallido anuncio de reforma albertista en la Rosada, el rafaelino que fue jefe del partido judicial durante once años es el cortesano de mejor diálogo con el oficialismo: tiene contacto con Fernández, respeta al viceministro Juan Martín Mena y llega a las costas de Eduardo De Pedro a través de Gerónimo Ustarroz y el ex massista Diego Molea, hoy presidente del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, Lorenzetti no compra al tuitero Soria ni a Marisa Herrera, la candidata atribuida a Vilma Ibarra a la que tanto él como Highton le facturan un viejo pleito desde el tiempo de la presentación del Código Civil. Digamos todo: ni Mena ni el resto de los operadores del cristinismo, reforzados ahora por el inoxidable Javier Fernández, lograron sacar a CFK de la defensiva. Son todos peritos en derrotas, según dicen las almas venenosas de Comodoro Py. 

En Olivos descartan a Alberto Iribarne y dicen que para el Presidente representaría un alto costo perder a su sombra, Julio Vitobello, para enviarlo a un ministerio sin poder. Se habla también del jefe de asesores, Juan Manuel Olmos, el operador peronista que fue capaz de sellar una hermandad con el radical Daniel Angelici. Pero en el Frente de Todos anuncian que más que un pacto se busca una contienda.

La baja del dólar blue indica que la guerra judicial no afecta demasiado la marcha de la economía. Sería incluso un problema menor entre la pandemia y la crisis, si no fuera porque CFK se ve condicionada al máximo por los tribunales federales y busca revertir su situación antes de las elecciones. La vice repite ante su entorno que no quiere ningún indulto: sí, por supuesto, que le dicten el sobreseimiento en todas las causas que acumula.  

Más allá de Losardo, en la tropa del Presidente dentro del gabinete, a nadie le gusta cómo empezó el año ni cómo van cayendo los funcionarios que no funcionan. Estrella del primer año de gobierno por la reestructuración de la deuda en agosto y el freno a la disparada del dólar en octubre, Martín Guzmán también se ve afectado por la inestabilidad general. Elogiado ahora por el mismo establishment que pedía a gritos su renuncia mientras pulseaba con los fondos de inversión, el ministro de Economía parece firme para negociar con el Fondo pero su prédica de reducir el déficit fiscal -que “no es de derecha”- choca con Cristina y su asesor Axel Kicillof. Guzmán tiene la estima más alta por la vice y suele llenarla de elogios dentro del gobierno. No está claro que piense lo mismo del gobernador bonaerense y de su capacidad para administrar la economía. Con un Fernández dubitativo y una CFK que acelera en el año electoral para impedir que el ajuste sobre los ingresos siga lastimando a los votantes del oficialismo, Guzmán pierde poder. La reunión de Cristina con el ministro que reveló Carlos Pagni el 1 de marzo en televisión fue durante el viaje que la vice hizo para su cumpleaños, hace ya cuatro fines de semana. Después de eso, nadie supo si volvieron a hablar. No ayuda tampoco que el dato se haya difundido en un canal que bate récords de audiencia con el desembarco de una milicia antikirchnerista que se está tragando rápido al viejo diario. 

Guzmán disfruta un veranito en la economía pero tiene un déficit tan importante como el fiscal, el cuasifiscal, que según los datos del economista Horacio Rovelli, no para de crecer y se perfila para bola de nieve. Desde que asumió el gobierno hasta el 4 de marzo pasado, Las Leliq del Banco Central que Fernández había prometido eliminar en campaña pasaron de $ 758.453 millones a $1.887.890 millones: aumentaron un 148,9%, cuando la base monetaria lo hizo en un 44%. Mientras escasea el crédito y el dinero en los bolsillos, dice Rovelli, el sector financiero se beneficia colocando excedentes en Leliq y pases -que los bancos le prestan al Central-, que suman en total 2,8 billones de pesos. 

Las diferencias entre Cristina y Guzmán, dos que actuaron de común acuerdo en 2020, coinciden con una inflación que acaba de quebrar un nuevo récord en el bimestre (7,8%) y una economía en descongelamiento. Si bien la soja vuelve a endulzar al kirchnerismo como en los viejos buenos tiempos y el Central compra dólares, las reservas crecen menos de lo esperado entre otros motivos por los pagos de deuda que afronta el gobierno con el Fondo. Guzmán tiene en mayo el vencimiento de 3200 millones de dólares que Kicillof se comprometió a pagar con el Club de Paris, una deuda contraída en su mayor parte durante la última dictadura, y otros US$ 3700 millones con el Fondo a fin de año. Según la consultora ACM, el acuerdo con el organismo que dirige Kristalina Georgieva será firmado entre noviembre y diciembre, después de las elecciones y antes de que caiga el segundo de los dos vencimientos de 1850 millones de dólares que el gobierno debe saldar. 

Si la inflación y el ajuste juegan en contra, el viento de cola juega a favor. Titulado “Maldición va a ser un año hermoso”, el último informe de Emmanuel Álvarez Agis, marca el vaso medio lleno para la campaña: “2021 es el primer año desde 2008 que combina precios de materias primas y tipo de cambio real por encima del valor promedio de los últimos 20 años, con un salario registrado medido a dólar oficial por debajo de la media de ese mismo período”. Auspicioso para la rentabilidad de las empresas, el último dato es el que padece la gran mayoría que vive de su ingreso en pesos y funciona como techo para la recuperación. Desde la CTA Autónoma, Luis Campos, señaló hace unos día cómo le va a la consigna oficial de que el salario le va a ganar a la inflación: “Empezamos muy mal. En enero el ingreso de los asalariados registrados del sector privado creció un 1,8% (RIPTE), muy por debajo del 4% del IPC. La variación interanual arroja un horrible -7,4%”, dijo. Para Álvarez Agis, con commodities subiendo, aumento sostenido de las naftas, puja por recomposición salarial tras 3 años de pérdida de poder adquisitivo y tarifas que presionan al alza, el gobierno se quedó sin herramientas para anclar los precios.

Kicillof viene perdiendo discípulos en Economía. Tanto su ex viceministro como el ex vicepresidente de Administración y Finanzas en YPF durante el segundo mandato de Cristina, Nicolás Arceo, parecen hoy más cerca del Guzmán que quiere achicar el déficit que del gobernador bonaerense. Juntos difundieron esta semana un trabajo sobre el trilema energético, con eje en la relación tarifas, subsidios, salarios y acuerdo con el Fondo. Según los datos de Arceo, el congelamiento de gas y luz de 2020 llevó la masa de subsidios para el sector energético a 6.200 millones de dólares, una suba del 31% respecto a 2019 y en medio de un derrumbe de los precios internacionales que se revirtió en los últimos meses. Para este año, aún con un aumento del 30% en las tarifas, los subsidios llegarían a U$S 7000 millones, un 1,7% del PBI, a tono con lo que marca el Presupuesto, gracias a la recuperación, el atraso cambiario y, sobre todo, la soja récord. Es una cifra que está muy lejos todavía de los entre U$S 14000 y U$S 16000 millones que se pagaron por año entre 2013 y 2016, pero obliga a una definición y a una estrategia común por parte del gobierno.

DG

Lo anticipó elDiarioAR el último viernes: eran los últimos días en su cargo de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Este lunes por la noche, el presidente Alberto Fernández lo confirmó en una entrevista con C5N.

“Marcela Losardo me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, reseñó Fernández, quien ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo “siga trabajando” en el equipo de gobierno.

“Marcela es una persona que no viene de la política y la verdad es que está agobiada; de repente verse envuelta en semejantes cosas, para alguien que no viene de la política, es desgastante”, indicó el Presidente.

“Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya, pero ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y ver cómo la reemplazo, ya que para mi es muy importante”.

Losardo es una de las personas de mayor confianza del Presidente. Fue su socia en el estudio jurídico y compañera de estudios universitarios. Su posición más dialoguista con el Poder Judicial había sido fuente de críticas del Instituto Patria y de los sectores del Gobierno que reclaman mayor dureza con lo que genéricamente se habla de Justicia.

Cuando se lo consultó acerca de que el diputado neuquino Martín Soria fuera su reemplazante, Fernández sólo indicó: “Yo a Martin lo conozco hace muchos años. Hablamos mucho en todo este tiempo”.

En su discurso del 1 de marzo, durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, Alberto Fernández endureció su posición más moderada frente al Poder Judicial: dijo que parecía estar al margen del sistema republicano, anunció la creación de un tribunal constitucional para acotar el poder de la Corte Suprema y comentó sus privilegios. Ese giro y la agenda de reformas hacia adelante parecen ser incompatibles con la posición más dialoguista de Losardo. 

Martín Soria, diputado nacional por Río Negro, es el principal candidato a reemplazarla, según fuentes oficiales y parlamentarios que han estado en contacto con el Presidente y su círculo de toma de decisiones. También sonaron Wado de Pedro, el actual ministro del Interior y el segundo de Losardo, Juan Martín Mena. Soria es el que cuenta con las mayores chances.    

DA

La salida de Marcela Losardo del gobierno nacional suena inminente, anticiparon a elDiarioAR fuentes de gobierno y del Frente de Todos. 

 En su discurso del lunes pasado durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de La Nación, Alberto Fernández endureció su posición más moderada frente al Poder Judicial: dijo que parecía estar al margen del sistema republicano, anunció la creación de un tribunal constitucional para acotar el poder de la Corte Suprema y comentó sus privilegios. Ese giro y la agenda de reformas hacia adelante parecen ser incompatibles con la posición más dialoguista de Losardo. 

Martín Soria, diputado nacional por Río Negro es el principal candidato a reemplazarla, según fuentes oficiales y parlamentarios que han estado en contacto con el Presidente y su círculo de toma de decisiones. También sonaron Wado de Pedro, el actual ministro del Interior y el segundo de Losardo, Juan Martín Mena. Soria es el cuenta con las mayores chances.          

Además de diputado, Soria es también presidente del Congreso del Partido Justicialista de la provincia patagónica. Entre 2011 y 2019 ocupó el cargo de intendente de General Roca hasta que lo sucedió su hermana, María Emilia. Soria es el heredero político de su padre, Carlos, que fue también diputado nacional, jefe de Side durante la presidencia de Eduardo Duhalde y gobernador de Río Negro. “El Gringo” no pudo cumplir su mandato: murió de un balazo a 21 días de asumir. Fue en la madrugada del 1° de enero de 2012 en medio de una discusión con su esposa, Susana Freydoz. La madre del posible ministro de Justicia fue condenada a 18 años de prisión, pero goza del régimen de prisión domiciliaria en Neuquén. 

Soria, considerado como un “peronista tradicional”, tuvo un rol fundamental en los últimos tiempos en la Justicia de Comodoro Py. Fue quien encabezó la denuncia contra la mesa judicial de Mauricio Macri y quien hizo público los ingresos y egresos de los jueces en la Casa Rosada durante la presidencia de Cambiemos.

 El 1° de marzo pasado, después del discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones desde su cuenta de Twitter @SoriaEnAccion escribió: “La reforma del Poder Judicial en su más amplia dimensión es una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto. Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún otro miembro de la comunidad” y sumó el video del presidente criticando al poder judicial. 

  El dato de la salida de Losardo se filtró y estuvo en las comidillas de palacio y de la prensa durante todo el viernes. Losardo es una de las personas de mayor confianza del Presidente. Fue su socia en el estudio de abogado y compañera de estudios universitarios. Su posición más dialoguista con el Poder Judicial había sido fuente de críticas del Instituto Patria y de los sectores del Gobierno que reclaman mayor dureza con lo que genéricamente se habla de Justicia.  Según contó elDiarioAR, la propia ministra le había pedido al Presidente dejar ese cargo, pero el propio Alberto Fernández le pidió que se quedara. Aunque la salida de Losardo es un hecho, aún no se sabe el día que se anunciará. 

Con información de Pablo Ibañez