La derecha sigue de fiesta en Bolivia. A dos días de la toma de posesión del nuevo presidente, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez (2019-2020), de la derecha conservadora, salió este jueves de prisión por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al cabo de casi cinco años recluida por su participación en el golpe que derivó en su llegada al cargo tras la caída del izquierdista Evo Morales.

La absolución de Áñez deriva de una revisión extraordinaria de la sentencia condenatoria, según la cual la exmandataria no debió ser juzgada por la vía ordinaria, sino mediante un juicio parlamentario de responsabilidades. La decisión volvió a dividir las aguas de la política boliviana entre los que celebran la resolución judicial, por considerarla una forma de reparación del castigo infligido a la exmandataria, y quienes creen que su libertad consolida la impunidad de su gobierno transitorio, implicado en al menos 37 muertes extrajudiciales durante sus primeros días de mandato.

El gobierno saliente de Luis Arce, de la formación Movimiento al Socialismo (MAS), detuvo a la también exsenadora por Beni, en el noreste del país, en marzo de 2021. Áñez estaba presa desde entonces, primero de forma preventiva y luego con sentencia. Su condena no se debió a las muertes violentas registradas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, ejecutadas por fuerzas militares bajo su mando, sino por un proceso que observó su actuación “contraria a la ley” al asumir la primera magistratura boliviana el 12 de noviembre de 2019.

La orden de libertad también volvió a poner en debate el supuesto oportunismo político de los actores del sistema judicial boliviano, a los que distintos sectores acusan de dictaminar la excarcelación de la expresidenta para estar a tono con los gobernantes electos y las principales fuerzas políticas emergentes de las elecciones de agosto y octubre de 2025, de derecha y centroderecha.

A través de su cuenta de Facebook, la expresidenta, encerrada en el penal paceño de Miraflores, expresó su gratitud al TSJ: “Por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”, escribió. Horas antes, a través de la misma red social, había escrito: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.

Antes que a Áñez, a finales de agosto, el mismo TSJ resolvió liberar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quienes también habían sido apresados por su supuesta implicación en las protestas que desencadenaron en la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Mientras la exoneración de los dos primeros se produjo unos días después de la primera vuelta electoral, en la que la izquierda fue prácticamente barrida del mapa político boliviano, la de Áñez se ejecutó a dos días de que asuma el cargo el nuevo presidente, Rodrigo Paz, y con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de mayoría derechista ya en funcionamiento. La exmandataria fue invitada al acto.

Después de la estrepitosa derrota de la izquierda boliviana en las elecciones generales, la derecha fue imponiendo su agenda en la vida institucional del país. Además de las señaladas resoluciones judiciales, el presidente electo Paz se acercó al gobierno de Estados Unidos y se reunió con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante los gobiernos del MAS liderados por Morales y Arce, Bolivia y EE.UU. redujeron sus relaciones a la mínima expresión. En cambio, Paz expresó su voluntad de restablecer plenamente la colaboración entre ambas naciones. Al mismo tiempo, el ganador de las elecciones, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, polemizó públicamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, otrora aliado incondicional de las administraciones izquierdistas bolivianas.

Otra muestra de la derechización de la política boliviana fue la reciente reposición de la Biblia y el crucifijo cristiano como símbolos para presidir los actos de juramento en la Cámara de Diputados, una disposición que contradice a la propia Constitución vigente, en la que Bolivia se asume un país laico. Fue Áñez la última gobernante boliviana que asumió el poder blandiendo la Biblia, y en su trayectoria en redes acumula un historial de exacerbadas afirmaciones ultracatólicas.

Justicia politizada

Jeanine Áñez había sido sentenciada a 10 años de prisión en 2022 por asumir “inconstitucionalmente” la presidencia de Bolivia en 2019, un caso conocido como “Golpe 2”. La nueva resolución, tras un recurso extraordinario de revisión de sentencia, señala que no debió ser sometida a un juicio ordinario, sino a un procedimiento parlamentario. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exclamó en X tras anunciar la decisión: “¡Por una justicia independiente!”.

Al margen de los criterios técnicos, persiste la sospecha de que los altos magistrados bolivianos operan movidos por impulsos más políticos que jurídicos. La socióloga Luciana Jáuregui interpreta que las resoluciones para liberar a Camacho y Áñez están directamente influenciadas por los cambios recientes en la política boliviana. “La justicia, lejos de resarcir sus déficits, lo que hace es poner de manifiesto la falta de independencia del Órgano Judicial”, dice la académica, formada en la Universidad Mayor San Simón de Bolivia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.

La investigadora duda de la cualidad reparadora del proceder del TSJ y cree, por el contrario, que “erosiona más la legitimidad del órgano judicial y refuerza la percepción de parcialidad y descomposición estructural del sistema, dado que los tribunales actúan como instrumentos de presión y legitimación política”. Es más, la investigadora apunta que, con sus decisiones políticas, la justicia boliviana está contraviniendo “las recomendaciones internacionales”.

Masacres e impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la violencia que, ya con Áñez en el Gobierno boliviano, se saldó con muertes, heridos y torturas principalmente perpetrados por tropas militares. En su “Primer informe - Seguimiento a las recomendaciones del GIEI”, publicado en 2023, la CIDH precisó que el grupo “identificó que al menos 37 personas habrían perdido la vida en distintos lugares del país y que centenares de personas habrían resultado heridas, tanto física como psicológicamente”.

Más de 20 de las 37 bajas perecieron en las masacres de Sacaba (Cochabamba), del 15 de noviembre de 2019, y de Senkata (El Alto-La Paz), del 19 de noviembre del mismo año, donde afines al expresidente Evo Morales y contrarios al gobierno transitorio fueron reprimidos con armamento letal.

Áñez siempre defendió su derecho a un juicio parlamentario de responsabilidades por tratarse de delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de altas funciones. El gobierno de Arce no disponía de mayoría para activar el procedimiento, por lo que promovió juicios ordinarios como el que acabó sentenciándola a 10 años de cárcel en 2022.

Mientras la expresidenta, la derecha y sus acólitos celebran el dictamen de la justicia boliviana, las víctimas, familias y la izquierda denuncian el agravamiento del clima de impunidad en el país. Rodrigo Pacheco, experto en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, considera que la conducta judicial está lejos de resolver las tensiones políticas reinantes. “La sensación de que la impunidad se ha impuesto sobre la justicia por los hechos de violencia del 2019 va a adherirse a la memoria histórica de los sectores populares que apoyaron los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, y va a generar una reacción de descontento hacia el Estado y sus nuevos operadores”, advierte.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, sentenciado este jueves a 27 años y 3 meses de prisión por atentar contra el orden democrático, se suma a la larga lista de exgobernantes latinoamericanos condenados o procesados penalmente.

Bolsonaro y otros siete procesados fueron condenados por delitos contra la democracia, entre ellos intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado. En el caso del exmandatario, el juez relator aplicó el agravante de liderazgo, al señalar que la Fiscalía lo identificó como “jefe” de la organización criminal que conspiró para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022.

A continuación una relación de los principales exmandatarios latinoamericanos condenados o con causas penales:

BRASIL

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

PANAMÁ

ECUADOR

EL SALVADOR

BOLIVIA

HONDURAS

GUATEMALA

EFE.

La Fiscalía de Bolivia pidió este jueves seis meses de prisión preventiva para el gobernador del departamento de Santa Cruz y líder opositor, Fernando Camacho, detenido ayer por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el exmandatario Evo Morales.

El documento con la imputación formal presentada por el fiscal Omar Mejillones ante el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, publicado por la prensa boliviana, advierte peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones.

Camacho “no tiene un domicilio habitual”, presenta un “considerable flujo migratorio”, con salidas a Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos, Argentina y España, y su eventual liberación constituye “una facilidad para abandonar el país”, dice la imputación.

La defensa de Camacho, por su parte, tachó de “descabellada” la solicitud y destacó el “tiempo récord” en el que se realizó todo el procedimiento.

“Tiempo récord todo lo que ha operado el Ministerio Público desde el día de ayer para privarle de libertad al gobernador, para traerlo de forma violenta a la ciudad de La Paz. (...) Hay muchos aspectos que nos llaman la atención, que nos preocupan porque evidentemente no estamos viviendo un Estado de Derecho”, manifestó el abogado defensor Carlos Ledezma.

Camacho fue detenido este miércoles en Santa Cruz en el marco de la causa “golpe de Estado I” que lo investiga por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente, Evo Morales, y además fue denunciado hace semanas por promover el paro de más de 30 días en su departamento en reclamo de un censo nacional para 2023.

El líder opositor invocó hoy su derecho al silencio ante la Fiscalía y esperará la audiencia cautelar que establecerá si se defiende en libertad o desde la cárcel.

“Al no creer en la justicia boliviana y con la finalidad de que la declaración no sea distorsionada para buscar incriminar a alguien más prefiero defenderme por escrito”, aseguró Camacho, citado en un comunicado de la Gobernación de Santa Cruz.

Según explicó el Ministerio Público horas después del arresto, Camacho fue aprehendido, en el marco de un “debido proceso”, por el caso abierto a denuncia de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El abogado acusador, Jorge Nina, anunció que también pedirá la detención preventiva de Camacho y recordó que la orden de aprehensión ejecutada anoche no es reciente y la defensa estaba al tanto, señaló la agencia boliviana de noticias ABI.

Camacho se encuentra actualmente en instalaciones policiales de la ciudad de La Paz, hasta donde llegó luego de ser detenido en Santa Cruz y trasladado vía aérea a esa localidad donde está radicado el caso.

Fue llevado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto y luego hasta las oficinas policiales de la ciudad de La Paz.

Durante la madrugada, en su perfil de Twitter, el líder opositor escribió el mensaje: “Hoy fui secuestrado por la justicia del MAS. Mi única culpa es haber defendido la democracia y junto a todo un pueblo unido haber frenado el fraude”.

El arresto de Camacho desató una ola de violencia con la quema de edificios y vehículos públicos.

Por la causa del paro en Santa Cruz Camacho había sido citado por el Senado para que respondiera preguntas en el recinto, pero no se presentó, por lo que quedó expuesto a una nueva denuncia penal.

El abogado del gobernador explicó que poco antes del “violento operativo”, Camacho había sido citado por una acusación de una supuesta violación de varias décadas atrás.

De 43 años, Camacho pasó por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue número dos del Comité Cívico de Santa Cruz y luego su titular, y candidato a presidente en 2020.

Ante las críticas por el arresto, la Fiscalía General del Estado explicó en un comunicado que “no se trata de un secuestro o persecución política”, sino que responde a una orden emitida en octubre en un proceso del que Camacho tiene “pleno conocimiento”.

La causa fue abierta el 28 de noviembre de 2020, a partir de una denuncia de la ahora exdiputada Lidia Patty, y Camacho eligió el silencio cuando, en julio, fue llamado a declarar.

Esta investigación busca determinar el rol de varios opositores -Camacho, los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Jeanine Áñez, entre otros- en los hechos que terminaron en el golpe de estado contra Evo Morales en 2019.

En cuanto circuló la noticia de la detención, cientos de cruceños tomaron el aeropuerto internacional Viru Viru y el local El Trompillo, que quedó con todos sus vuelos suspendidos.

Las protestas se extendieron a algunos barrios y al centro de Santa Cruz de la Sierra, la capital departamental, con cortes de calles y pequeñas concentraciones, según mostró la red Unitel.

También en el aeropuerto de El Alto, vecino a La Paz, se habían concentrado ciudadanos, en este caso para celebrar la detención del gobernador derechista, aunque fuentes militares descartaron que esa fuera la estación aérea elegida para el aterrizaje.

La Gobernación cruceña denunció el “secuestro” del líder opositor y responsabilizó al Ejecutivo nacional por su suerte.

“El Gobernador de Santa Cruz ha sido secuestrado, en un operativo policial absolutamente irregular y llevado con rumbo desconocido. (...). En estos momentos se desconoce el paradero del Gobernador, por lo que responsabilizamos al Gobierno del presidente Luis Arce por la seguridad física y la vida del gobernador”, señalaba el texto emitido por la Gobernación cruceña antes de que se conociera el lugar de detención de Camacho.

La declaración recibió el apoyo de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez -condenada a 10 años de cárcel por la causa “golpe de Estado II”-, que repudió el hecho.

“Montan megaoperativo policial/militar para secuestrar” a Camacho, dijo Áñez en Twitter.

Con información de agencias.

IG

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada hoy a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado “caso golpe de Estado II” en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019.

La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un “simulacro de juicio”, remarcó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal “el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”.

En este caso, denominado Golpe de Estado II, en el que Áñez y exjefes policiales y militares fueron procesados por decisiones contrarias a la Constitución, se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

Para la defensa de Áñez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.

“En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas. Fui sometida a estas cansadísimas horas de juicio porque el poder político les exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”, señaló hoy Áñez.

El tribunal debió trasladarse al penal de Miraflores para escucharla y luego hizo lo mismo al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta.

Áñez se quejó de que se le negó “absolutamente todo” durante el proceso, lamentó “las exquisiteces” del Tribunal, que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de “tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria”.

Insistió en que en 2019 hubo “vacío de poder” y recalcó que no movió “ni un dedo” para asumir el Ejecutivo.

La exmandataria advirtió que se excluyó, entre la documentación descartada, el comunicado del Tribunal Constitucional que avalaba su Gobierno transitorio, las memorias de la Conferencia Episcopal sobre una reunión mantenida en la sede de la Universidad Católica y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones fallidas de 2019.

“Yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder. Tuve bloqueos en la Asamblea (Legislativa); era un Gobierno simplemente de transición. En un año pudieron haber hecho cualquier denuncia en la Cámara de Senadores, pero no lo hicieron; trabajamos en coordinación”, remarcó.

Y agregó: “Bolivia sabe que esos delitos no los he cometido. Bolivia sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió el 2019. Aquel que cometió incumplimiento a la Constitución, sin respetar hasta un referendo, está feliz y libre haciendo política. Para él hay impunidad. Esa es la justicia que tenemos en Bolivia”.

La referencia fue al exmandatario Evo Morales, a quien no mencionó, que había perdido una consulta popular sobre la chance de un nuevo mandato.

En La Paz, Cochabamba y Sucre se habían instalado vigilias de víctimas de la dictadura y seguidores del oficialismo, a la espera de la sentencia.

Las cuatro partes acusadoras, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez- habían coincidido en un pedido de 15 años de prisión.

Cuando la sentencia todavía era una incógnita, un grupo de cerca de 20 expresidentes de América Latina y España calificó de “arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional” el juicio, y opinó que la ONU, la OEA y la UE lo deberían repudiar.

En una declaración publicada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 23 exjefes de Estado y de Gobierno defendieron a Áñez y juzgaron que “preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado”.

“La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas”, señalan.

Por ello y por “el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional”, los exgobernantes consideran que los “testigos y facilitadores” de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez deberían “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.

El documento está firmado, entre otros, por el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el “caso Golpe de Estado I”, por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.

DA

Carolina Ribera, hija de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, denunció este viernes que fue agredida en la cárcel en la que se encuentra la exmandataria y que el Gobierno de Luis Arce “quiere matar” a su madre ante la negativa de las autoridades de trasladarla a una clínica como lo ordenó un Tribunal.

Ribera, junto a su hermano José Armando y los abogados Norka Cuellar y Alain de Canedo, dio una rueda de prensa en la que responsabilizó al Estado boliviano de la salud y la vida de Áñez, quien mantiene desde hace 10 días una huelga de hambre.

“No están cumpliendo, están yendo en contra de una orden judicial y me dijeron que mi madre no va a salir de ahí”, dijo Ribera sobre la negativa de las autoridades al traslado de Áñez a un hospital como lo ordenó un Tribunal de Justicia en la mañana al declarar procedente una acción de libertad.

El juez Franklin Siñani del Tribunal de Justicia de La Paz determinó que “al evidenciar claramente y tener la certeza de que día a día y con el paso de las horas se agrava y se va a agravar más la situación de la señora accionante, debe actuar en representación del Estado y disponer que la misma sea trasladada a un centro de salud, para que, incluso en contra de voluntad, sea atendida por médicos especialistas”.

Ribera señaló que “Luis Arce Catacora y parte del Gobierno quieren matar a mi madre, lo único que quiero es que mi madre esté bien, que no tenga esas crisis tan fuertes, corre más riesgo su vida por estas crisis que le están generando ahí dentro”.

También denunció “la violencia” cometida contra ella y su madre en el penal, en donde se encuentra en detención preventiva desde hace once meses por los casos “golpe de Estado I y II”.

Y dijo que al tratar de comunicarse con los abogados, le retuvieron su celular y que en la tarde, al ver que no se procedía con el traslado de su madre a un hospital, increpó a las autoridades del penal y fue expulsada a “empujones”, “maltratos” y “arañazos” por los guardias del centro penitenciario, tanto hombres como mujeres.

En un tuit posterior Ribera afirmó que el presidente Arce y los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, son los “directos culpables” de lo que le pase a Áñez y puso en copia también al relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, quien por estos días realiza una visita al país.

“¡Uds @LuchoXBolivia @EDelCastilloDC @ivanlimamagne son directos culpables de lo que suceda a mi madre @JeanineAnez, directos culpables de incumplir la orden judicial de traslado a un hospital y de enviar policías y funcionarios a sacarme por la fuerza de su lado! @UNIndepJudges”, escribió en su cuenta de Twitter.

Súplicas

En una comunicación anterior Carolina Ribera le “suplicó” a la Cruz Roja y al Colegio Médico de La Paz que emitan un concepto “imparcial” sobre el estado de salud de su madre.

“Como es de público conocimiento ella decidió adoptar la extrema medida de huelga de hambre ante la impotencia y desesperanza de no encontrar en los operadores de Justicia, en las autoridades (...) las garantías necesarias para un procesamiento justo y en libertad”, señaló.

Además, según algunos medios locales la hija de Áñez se sumaría a la huelga de hambre de su madre como “medida extrema”.

Durante los once meses que Áñez lleva detenida ha presentado varios problemas de salud como una crisis por hipertensión arterial, depresión y en una ocasión se autolesionó un brazo manifestando que ya no quería vivir.

Áñez fue detenida inicialmente por el proceso “golpe de Estado I” acusada de sedición, terrorismo y conspiración por el que se le aplicaron cuatro meses de detención preventiva que luego se ampliaron a seis.

Después se abrió el caso “golpe de Estado II” por el que se añadieron otros seis meses más de detención preventiva por acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el oficialismo, tras las renuncias de Evo Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.

Con información de EFE.

IG

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa instó este jueves a la exmandataria interina Jeanine Áñez a suspender la huelga de hambre que inició hace nueve días en prisión al considerar que su vida está en riesgo por esta medida extrema de protesta contra el juicio oral que comenzó la semana pasada por su presunta implicación con el golpismo de 2019.

Carlos Mesa, que asumió en 2003 como sexagésimo tercer presidente de Bolivia cuando Gonzalo Sánchez de Lozada abandonó el país, y fue sucedido en 2005 en el Ejecutivo por el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, hizo este pedido ante los medios en las puertas de la cárcel en La Paz donde se encuentra recluida preventivamente Áñez desde hace once meses. Había sido detenida en el departamento oriental del Beni tras la veloz y decidida apertura personalizada de un mega proceso animado por la Fiscalía, que la sindicaba protagonista activa en una red de complicidades guiadas por el móvil de derrocar al gobierno de Evo Morales y desconocer el resultado del las elecciones que el 20 de octubre de 2019 aseguraron un cuarto período presidencial al Movimiento al Socialismo (MAS). Había asistido con la intención de visitarla, a solicitud de los familiares de la exmandataria transitoria, aunque no se le permitió ingresar.

“Le quiero pedir respetuosamente a la expresidenta Jeanine Áñez que levante la huelga de hambre. Está poniendo en riesgo su vida y ella tiene que tener la esperanza de la vida como tal, la esperanza de que se haga justicia y de que quienes estamos aquí afuera pelearemos por que se haga justicia”, manifestó el exmandatario, que fue un periodista de buen rating televisivo, un obsesionado historiador de la alternancia de 'urnas y fusiles' en la historia nacional, y es un consumado orador y polemista de estilo elevado.

Carlos Mesa argumentó sus precisiones. Enfatizó que “nadie está diciendo que no se someta a un juicio”. Pero dicho esto, ese juicio debe seguir las reglas del debido proceso, con garantías para la defensa. La causa debe avanzar “en condiciones de equilibrio” y con un órgano judicial y un ministerio público, con magistrados y fiscales, independientes. Es decir, algo que actualmente “no existe” en Bolivia. En otras palabras, que Áñez se someta a un juicio legítimo, es decir, que no se someta a un juicio en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Se había hecho público el encuentro de Mesa con la hija de Jeanine Áñez. Horas antes de la alocución ante los muros carcelarios del penal de Miraflores (el mismo barrio paceño donde se encuentra el estadio Siles), Carolina Ribera había pedido que los expresidentes bolivianos visitaran a su madre, única mujer expresidente desde la recuperación de la democracia en 1982, para testimoniar sobre la veracidad de su deplorable estado de salud física y mental.

Candidato opositor centrista por la coalición ad-hoc Comunidad Ciudadana (CC) creada ad-hoc en 2018 en torno a la popularidad de su figura, derrotado en primera vuelta en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 y de octubre de 2020, Carlos Mesa acusó al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del abuso de la prisión preventiva y de usar el sistema penitenciario “como un espacio de acción de terrorismo de Estado, de amedrentamiento”. Desde su perspectiva, el oficialismo “lo que quiere es un trofeo de guerra” y “cebarse en la expresidenta para la vendetta”.

Áñez, que inició su huelga de hambre en coincidencia con la etapa oral de uno de los juicios en su contra, sufrió este jueves una descompensación en el curso de una audiencia, suspendida a pedido de la defensa, en la que iba a volver a solicitar su libertad. Durante su detención, Áñez ha padecido dolencias agudas en su salud física y mental, como hipertensión arterial y cuadros depresivos; en una oportunidad, poniendo de manifiesto que ya no quería vivir, se autolesionó el brazo.

La oposición ha criticado la celeridad con la que en la víspera el Régimen Penitenciario proporcionó pronta atención médica al exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, en contraste con la reposada demora para dar respuesta eficaz a las solicitudes de atención médica fuera de la cárcel formuladas por la familia y la defensa de Áñez. Al respecto, Mesa glosó: “aquí hay una justicia para unos y una injusticia para otros, un trato especial para unos y un trato denigrante y de violación de derechos humanos para otros”.

También opinó Mesa que Áñez “está detenida ilegalmente” y aseguró que se le acusa sin sustento y con “cargos inventados” por un “supuesto golpe de Estado”. Para la oposición boliviana, la renuncia del Ejecutivo masista el 9 de noviembre de 2019 fue un hecho libre: Evo Morales y Álvaro García Linera no habría dimitido, si esto fuera así, bajo las violencias de de una coacción irresistible ejercida por las FFAA y por grupos más o menos inorgánicos y armados. Es decir, a los ojos opositores no existió un 'golpe de Estado' en Bolivia, sino que el poder cambió de titularidad a lo largo de la línea sucesoria trazada por la Constitución Política del Estado de 2009; a Áñez la presidencia le habría tocado por el solo hecho fortuito de hallarse en el momento indicado al frente del Senado boliviano, dimitidos Presidente y Vice, y fuera ya del país. Posteriormente, el Ministerio de Gobierno de Áñez abrió una causa contra Morales en la La Haya por crímenes de lesa humanidad; causa que cerró esta semana, por infundada, el Fiscal General de este Tribunal Internacional Penal.

En opinión de Mesa, el que se le impida visitar en la cárcel a la expresidenta interina es “una muestra flagrante” de que el poder Judicial está “secuestrado por el Ejecutivo”, algo que comentará en la reunión que sostendrá con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el ex canciller peruano Diego García-Sayán, de visita en Bolivia.

AGB con información de agencias y fuentes

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que no investigará el bloqueo de carreteras de agosto de 2020 en Bolivia realizado por movimientos sociales simpatizantes del expresidente Evo Morales, los cuales protestaban contra el Ejecutivo de la entonces mandataria interina, Jeanine Áñez. La entonces senadora derechista por el departamento amazónico del Beni había asumido como presidenta después del golpe de Estado de noviembre de 2019 .

El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, dijo en un comunicado que “no existe una base razonable para creer que se han cometido presuntos delitos dentro de la jurisdicción de la CPI”.

El jurista británico añadió que, de probarse en sede judicial los bloqueos, éstos no serían lo suficientemente graves. Es decir, no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad de ataque contra la población civil.

Según el fiscal jefe de la CPI, el jurista británico Karim Khan, aun si se probaran en sede judicial, los bloqueos de 2020 de la protesta social boliviana contra el gobierno golpistano constituyen crimen de lesa humanidad contra la población civil.

La decisión de la Fiscalía es una respuesta a una solicitud del gobierno de la expresidenta Áñez, que aseguró que la población civil no tuvo acceso a “insumos y servicios de salud pública” por culpa de las protestas, en el contexto de la pandemia de covid-19, y remitió la situación al Tribunal internacional.

La Procuraduría de Bolivia había denunciado que los bloqueos fueron provocados por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) y que al menos 40 personas murieron porque no tuvieron acceso a oxígeno medicinal.

Khan dijo que la función de la Fiscalía de la CPI “no es emitir un juicio sobre el contexto político en el que ocurrieron los presuntos incidentes”, sino determinar si los hechos denunciados “constituyen crímenes de acuerdo con el Estatuto de Roma”, la carta fundacional de la CPI.

La conclusión del jurista británico será remitida a una sala de asuntos preliminares de la CPI, que haría una revisión judicial si lo pidiera el actual Ejecutivo de Bolivia.

Khan también advirtió de que su decisión no impide a otros actores o víctimas la posibilidad enviar informes con nuevas evidencias a la Fiscalía, que podría reevaluar su decisión.

Los bloqueos se produjeron en agosto de 2020 después de que el órgano electoral boliviano retrasase por segunda vez la celebración de las elecciones generales ante la emergencia sanitaria del covid-19.

AGB con información de agencias

El proceso contra la ex presidenta boliviana autroproclamada Jeanine Áñez debía ingresar el jueves en su etapa oral, postergada por un recurso de la defensa. Como lo explicó el diputado oficialista Juanito Angulo, el proceso “golpe de Estado II” que enfrenta Añez, corresponde a las irregularidades que cometió en su calidad de exsenadora, poco antes de su autoproclamación como presidenta de facto el 12 de noviembre de 2019, vulnerando la Constitución Política y el reglamento de la Cámara de Senadores.

En la semana que siguió al conocimiento de los resultados de las elecciones subnacionales del domingo 7 de marzo, que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) perdió en ocho de las diez principales ciudades capitales del país, pudo verse por televisión boliviana un operativo que no desaprovechó su potencial para las cámaras: la detención de exautoridades del Gobierno 'de la transición eterna' que había asumido en La Paz tras la poco espontánea renuncia del Ejecutivo de Evo Morales y Álvaro García Linera en noviembre de 2019. Un renunciamiento sugerido por las FFAA, con una responsabilidad hoy reconocida por algunos militares en sede judicial, que les obligó a presidente y vicepresidente a vivir un año en peligro y fuera de su patria, 365 y más días que ahora conocemos, entre bambalinas, en sus vericuetos políticos locales y globales, gracias a la bien argumentada narrativa de Alfredo Serrano Mancilla, Evo Operación Rescate.

Entre las detenciones de marzo se contó la del ex ministro de Justicia de ese Ejecutivo ad-hoc, de un gobierno prolongado por la pandemia y destacado por la incompetencia, Álvaro Coimbra,  cuya mayor relación con la ley fue el haberse ganado, una vez, una banca para diputado (suplente) en el partido del centroderechista Samuel Doria Medina (quien fue el político extranjero que felicitó primero que nadie al argentino Mauricio Macri por su triunfo presidencial en 2015). O como la ex presidenta misma, Jeanine Áñez. Estas exautoridades habían organizado las elecciones nacionales del 18 de octubre del 2020, a todas luces transparentes y libres. Es decir, las elecciones que habían regresado al poder al MAS. El binomio Luis Arce Catacora - David Choquehuanca Céspedes, los candidatos que hoy son presidente y vice del Estado Plurinacional, se impuso en la primera vuelta con el 55.11% de los votos.

Durante 2019 y 2020 por el exministro fuerte del gobierno de Áñez, el 'aprendiz de paramilitar' Arturo Murillo, había sido el protagonista de las detenciones escandalosas, el héroe mediático de la violencia customizada del Estado, el aspirante sin estado físico que sin embargo ganaba el casting digitado para baqueano predador de novela de Cooper y o biografía de Sarmiento, empecinado en cazar (el verbo que prefería) a ex integrantes del funcionariado del gobierno de Morales. La evocación de aquellas detenciones irregulares gobierno de una expresidente ahora procesada y que enfrente un juicio público en tiempos del gobierno de un partido que su gobierno irregular persiguió y que las elecciones que organizó devolvieron al poder, acaso deje en un muy segundo plano, en términos de pura visibilidad, otro asunto. Que si nada hay más antagónico, según las propias declaraciones de cada quien, que el MAS y lo más encendido de su oposición política y territorial, que el personal del gobierno de 2019-20 y el de 2020-21, en cambio, en la Justicia, vemos las mismas caras. Mismas magistraturas, mismos tribunales han servido, sin pausa ni quiebre violentos, sin desgarramientos de conciencia internos ni masivas denuncias públicas, para castigar y perseguir a uno y otro bando.

Otro tanto se puede decir de la Policía. En los días turbulentos que empujaron a Evo Morales a renunciar en noviembre de 2019 se había amotinado contra el MAS, pero después protagonizó shows televisivos, donde efectivos antinarcóticos no consideraron por debajo ni por fuera de su vocación de servicio el allanar casas de ancianas.

En su momento, el Ministro de Justicia, Iván Lima­, defendió a estos procedimientos como resultados lógicos y casi rutinarios del giro de los engranajes de la Justicia. Y es cierto que el voto masivo en favor del Mas en octubre de 2020 era movido por el más razonable de los móviles, el deseo, más aún, la ansiedad, por regresar a una administración pública que gire rutinaria, lógica, previsible. La pandemia había dado, al prolongar los tiempos del gobierno de la ex senadora beniana Áñez en el poder, la oportunidad (o la excusa que redundó en la oportunidad) a las élites cruceñas, el Oriente 'blancoide' y opositor a 'los indios' del Altiplano, de circular por el Gabinete. La opinión pública pudo ver el espectáculo del fin de una frustración, y el más terrible, y por ello no menos visible, de un fracaso minucioso. El ex ministro de Economía, ex socialista devenido masista, era un candidato imbatible para la presidencia. No una concesión tecnocrática para las clases medias urbanas asustadas, como se dijo: para el electorado boliviano, Arce es el MAS, como son el MAS Morales o García Linera o Choquehuanca.

De lo que ocurrirá en el proceso a Áñez, ha podido temerse que la espectacularidad no sea una aliada infalible de la Justicia. En Bolivia en el siglo XXI, pocas veces ocurre lo mejor, casi nunca ocurre lo peor que los análisis contemplan. Puede desearse un triunfo de la Justicia, que sería, en estas circunstancias, el de mayor espectacularidad que pueda anhelar un gobierno del MAS. La expresidente derrotada aprovechó el “Golpe de Estado” -no habría sido presidenta sin la caída inducida del Gobierno anterior. El proceso debería echar luz sobre qué hizo, en concreto, en aquellos días de noviembre, en qué participó, cuáles fueron los actos de corrupción que se asume existieron, para los que ahora hay que ofrecer pruebas. No es que falten razones para enjuiciar al gobierno de Áñez, nunca habría por qué llegar, ni por qué augurar que se llegará, a una sentencia condenatoria en función de un resultado ya decidido de antemano.

El juicio justo evitaría los gozos en las sombras de quienes desde siempre detectan en el MAS síntomas de una crisis. Como si haber ganado las elecciones nacionales de octubre del 2020 hubiera sido, para este partido -así lo ven- una desgracia disfrazada de victoria, simplemente la postergación de una larga crisis interna marcada por la ceguera.  

AFG

La Fiscalía de Bolivia anunció que pedirá una condena de diez años de prisión en el juicio oral contra la exsenadora Jeanine Áñez por haberse “autoproclamado” presidenta en 2019, tras el golpe de Estado contra Evo Morales.

Al hacer el anuncio, la fiscal Lupe Zabala dijo anoche que Áñez está acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución boliviana y las leyes, en el marco del caso 'Golpe de Estado II', que es la ampliación de caso 'Golpe de Estado I'.

La investigación detalla que la expresidenta de facto tomó el mando del Senado en una sesión sin quórum y dentro de una fuerza minoritaria, contrariamente a lo que fija el Reglamento de Debates.

Más tarde se “autoproclamó” presidenta de Bolivia en una sesión donde tampoco hubo acuerdo, agrega el expediente, informó la agencia de noticias DPA.

El secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe, se refirió al hecho de que la presentación de la acusación, que se hizo el lunes, se haya realizado mediante un procedimiento ordinario.

“Una de las consultas y curiosidades que ha hecho eco en la población es el hecho de que (la acusación) no se haya sujetado a un procedimiento de privilegio y sí a un procedimiento ordinario, toda vez que para algunos se trataría de una ex mandataria”, expresó, citado por el diario boliviano Página Siete.

En este sentido, insistió en que “los casos Golpe I y Golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Áñez antes de que se autoproclame Presidenta”.

Según Quispe, la acusación recopila “todos los elementos fácticos” para demostrar la responsabilidad de Áñez, contra quien se presentaron “más de 79 pruebas debidamente codificadas, más casi una veintena de declaraciones testificales”.

Desde su cuenta en Twitter, Áñez cuestionó el lunes la acusación, afirmando que el objetivo es condenarla “a cualquier precio”.

“No les importa la independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el Movimiento al Socialismo (MAS)”, sostuvo.

Áñez asumió la Presidencia de Bolivia tras la expulsión de Evo Morales del poder, en medio de una revuelta popular que tuvo el apoyo de la derecha y los militares.

La renuncia forzada de Morales fue en respuesta a unas elecciones en las que fue dado como el ganador pero que fueron cuestionadas por la oposición y por la OEA, aunque luego se confirmó que no había habido irregularidades.

Con información de agencias.

IG

Alexei Navalny ha logrado el premio Sajarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo “por su valentía al luchar por la libertad, la democracia y los derechos humanos”. Y lo han hecho al imponerse en el voto final a las mujeres afganas (promovidas por los socialistas y los verdes, y apoyadas por La Izquierda) y la boliviana Jeanine Áñez (candidata de Vox y su grupo, ECR), quien llegó a presidir el país tras el golpe contra Evo Morales. El año pasado la ganadora fue la oposición bielorrusa por “defender la democracia en su país”.

Navalny, nominado por los grupos PPE y Renew Europe, ha resultado ganador gracias al apoyo en la votación final de ECR: populares, liberales y ultraconservadores suman más escaños que socialistas, verdes y La Izquierda, que apoyaron a las mujeres afganas.

Fuentes socialistas explican que, para la presidenta Iratxe García, “Navalny sin duda merece este premio, pero este año, este otoño de 2021 era el momentum de reconocer a las mujeres afganas.  El compromiso de este grupo de seguir trabajando a favor de la población de Afganistán, especialmente de sus mujeres, niñas y niños sigue más fuerte que nunca. De hecho, hoy [por ese miércoles] mismo la Conferencia de Presidentes ha decidido organizar la Semana de las Mujeres Afganas”.

Navalny es uno de los críticos más destacados del presidente Putin. Cuenta con millones de seguidores en su blog LiveJournal y sus cuentas de YouTube y Twitter y se dio a conocer tras convocar manifestaciones, presentarse como candidato a la presidencia y abogar por reformas contra la corrupción en Rusia.

Durante un viaje a Siberia en agosto de 2020, Navalny fue envenenado. Pasó varios meses recuperándose en Berlín, pero volvió a Moscú en enero de 2021, cuando fue arrestado. En febrero lo sentenciaron a dos años y medio de prisión. Para protestar contra la falta de cuidado médico en la prisión de alta seguridad donde cumple condena, hizo una huelga de hambre de 24 días. Un tribunal rusó prohibió en junio de 2021 las oficinas regionales de Navalny y su fundación anticorrupción. 

A continuación han quedado las mujeres afganas. Bajo el anterior régimen de los talibanes, las mujeres eran obligadas a contraer matrimonio y a hacerse pruebas de virginidad, no podían viajar solas, la tasa de mortalidad materna era muy alta y el acceso a la educación, bajo. Tras el retorno de los talibanes al poder, las mujeres vuelven a estar excluidas del gobierno y la educación y sus derechos y libertades se ven amenazados.

Las mujeres nominadas al premio eran 11: Shaharzad Akbar, directora de la comisión independiente de derechos humanos (AIHRC); Mary Akrami, directora de la Red de Mujeres Afganas; Zarifa Ghafari, alcaldesa del Maidan Shahr desde 2018; Palwasha Hassan, activista y directora del Centro de Educación de Mujeres Afganas (AWEC, por sus siglas en inglés); Freshta Karim, fundadora de una de las bibliotecas móviles y defensora de la educación y el aprendizaje; Sahraa Karimi, primera mujer en dirigir la agencia estatal de cine Afghan Film; Metra Mehran, defensora del empoderamiento y la educación de las mujeres y cofundadora del Movimiento de Perspectivas Femeninas; Horia Mosadiq, activista de los derechos humanos y de las mujeres; Sima Samar, defensora de los derechos humanos, ex ministra de Asuntos de la Mujer y anterior jefa Comisión Independiente para los Derechos Humanos en Afganistán; Habiba Sarabi, formó parte del equipo de negociación de la República Islámica de Afganistán; Anisa Shaheed, reportera política.

“Voto táctico” a Áñez del S&D

Por el camino se quedaron la activista saharaui Sultana Jaya, bajo arresto domiciliario desde el 19 de noviembre de 2020 sin orden judicial en su contra, y la ONG Global Witness, un movimiento en defensa de los activistas medioambientales.

La otra finalista ha sido Jeanine Áñez, nominada por la extrema derecha de Vox y ECR. Áñez llegó a la presidencia de Bolivia en noviembre 2019, tras un golpe de Estado que expulsó del Gobierno y del país al presidente Evo Morales. En las elecciones de noviembre de 2020, Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, recuperó la presidencia del país. Desde el 13 de marzo de 2021, Áñez está detenida acusada de participar en un golpe de Estado contra Morales.

El nombre de Áñez ha llegado hasta la final del premio Sajarov gracias a que el grupo de los socialistas europeos en la Eurocámara dio la orden de apoyarla por delante de la activista sahariana Sultana Khaya, promovida por La Izquierda. Así, un correo electrónico enviado por el eurodiputado socialista croata Tonino Picula, llamaba a sus colegas de la comisión de Asuntos Exteriores a votar por Áñez en las fases eliminatorias frente a Khaya.

“Por razones tácticas para aumentar nuestras posibilidades en la votación final, le pedimos amablemente que apoye al candidato de ECR en la segunda ronda de votación ahora”, señalaba en el correo electrónico Picula, cuyo contenido fue adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es. Al final, el premio, en cuya final se ha colado Áñez, se lo acabó llevando Navalny.

La ONG Human Rights Watch denunció a principios de este año que “durante la presidencia de Áñez se cometieron violaciones atroces de los derechos humanos”.

“Era una manera de conseguir que nuestras mujeres afganas ganaran”, han explicado fuentes del grupo socialista: “Dividir el voto de la derecha era pura estrategia, y la presidenta del grupo, Iratxe García, no estaba al tanto. No es un tema el que estaba ella, sino el vicepresidente [portugués] Pedro Marques. Es una estrategia para dividir el voto”.

¿Y qué votaron los eurodiputados del PSOE presentes? “Como el voto es secreto, no lo sé”, responden fuentes del grupo.

Marques, en respuesta a EU Observer, afirmó: “El voto estratégico solo significa que si los votos de la izquierda no están divididos en la ronda final, hay una buena posibilidad de que las mujeres afganas ganen el Premio Sajarov, como el S&D cree que se merecen”.

“Hay un intento de instrumentalizar el premio por parte de la extrema derecha, como es el caso de Jeanine Áñez [la candidata de Vox y su grupo, ECR], que dio un golpe de Estado contra Evo Morales. El premio debe ir a los auténticos defensores de los derechos humanos”, ha dicho la copresidenta de La Izquierda, Manon Aubry (France Insoumise).

Según el Parlamento Europeo, “el premio Sajarov es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Es la expresión del reconocimiento a personas, grupos y organizaciones por su contribución extraordinaria a la protección de la libertad de conciencia”.

El Gobierno de Bolivia señaló hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró ilegal la asunción como presidenta de Jeanine Áñez certifica que hubo un golpe de Estado en 2019, con la renuncia forzada del presidente Evo Morales, mientras la oposición denunció que se trata de una “artimaña”.

Áñez, quien era vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia tras la dimisión de Morales, su vicepresidente y los anuncios de resignación de sus cargos de los líderes las dos cámaras del parlamento, pero según la sentencia, publicada el viernes, en estos últimos casos las renuncias debían ser aprobadas por el pleno de las cámaras, lo que no se produjo hasta después de que la primera asumiera el poder. De hecho, la asunción de Áñez se produjo en una sesión sin quórum.

“Ha hablado el TCP, la sentencia constitucional que se ha emitido y se ha notificado tiene un efecto final y vinculante”, declaró el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista en Bolivia TV. Para Lima, esta sentencia y las conclusiones del Ministerio Público que descartan fraude electoral en la reelección de Morales suponen el cierre del debate sobre si hubo o no un golpe de estado.

“La verdad se impone: en Bolivia hubo un golpe”, escribió en tanto Evo Morales en Twittter.

Áñez publicó este sábado en redes sociales una carta al presidente Luis Arce, en la que calificó como un “absurdo inconcebible” que el gobierno niegue la legalidad de su gestión porque esta “fue refrendada por una declaración del TCP en enero de 2020” y por una ley sancionada ese mismo mes por el parlamento.

“Las arbitrariedades de su gobierno han llegado al punto de desconocer mi mandato como presidenta constitucional, un absurdo inconcebible”, sostuvo la exmandataria.

Además, denunció “abuso de autoridad”, sostuvo su inocencia y le pidió a Arce su defensa en libertad. “Proclamo mi inocencia y reclamo mi derecho a la defensa en libertad al debido proceso y a la atención de mi salud como cualquier persona”, señaló en un manuscrito fechado el pasado 13 de octubre, día que cumplió siete meses de reclusión en una cárcel de La Paz, acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Por su parte, el vocero de la coalición opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, afirmó que la sentencia forma parte de una “artimaña” para establecer la hipótesis de que existió un “golpe de estado”. “Obviamente, como todo el aparato fiscal, judicial, tanto del tema constitucional como la justicia penal, está al servicio bajo los pies del Gobierno; van a utilizar y manipular este aparato para generar esta cacería de brujas”, declaró Alarcón a la radio Erbol.

Para Alarcón, abogado constitucionalista, el TCP actuó de manera prevaricadora y dolosa “en connivencia con el expresidente Evo Morales y el actual gobierno del MAS para hacer creer a la opinión pública que la sucesión ipso facto automática, como se conoce, solamente se aplicaría al nivel del cargo presidencial”.

Alarcón aseguró que, según el reglamento del Senado, es atribución de la segunda vicepresidenta reemplazar al presidente y el primer vicepresidente en caso de ausencia.

En tanto, para el jefe de Comunidad Ciudadana y expresidente boliviano, Carlos Mesa, la sentencia de los magistrados es “incongruente” y “de mala fe”. “La incongruencia y mala fe del Tribunal Constitucional no tiene límites; la posesión de Jeanine Áñez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó vacante la Presidencia, por esa razón la posesión fue inmediata y automática”, destacó.

Otras voces de la oposición recordaron que el propio TCP había avalado en anteriores sentencias la sucesión para que Áñez asumiera la Presidencia.

“Ante grotesca manipulación del TCP, recordemos: 3 de enero de 2020, TCP invitó a Jeanine Áñez a inaugurar el Año Constitucional en su sede. 15 de enero 2020 con Declaración 001, el TCP reconoció y extendió mandato constitucional de Áñez”, destacó el expresidente y líder opositor Jorge “Tuto” Quiroga.

CB con información de agencias

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia sentenció este viernes que la asunción de la senadora Jeanine Áñez como presidenta en noviembre de 2019, tras la salida del gobierno del presidente Evo Morales, no fue constitucional porque no existía vacío de poder.

“La sentencia del TCP 0052/2021 establece con claridad y contundencia que nunca hubo vacío de poder ni sucesión constitucional en la autoproclamación de Jeanine Añez el 12 de noviembre de 2019”, informó el propio tribunal en un comunicado divulgado esta tarde.

El TCP informó que su razonamiento se basó en su propia sentencia sobre un recurso que enfrentó a Susana Rivero y Margarita Fernández Claure, quienes en noviembre de 2019 eran respectivamente vicepresidentas primera y segunda de la Cámara de Diputados, cuya presidencia había quedado vacante.

En aquella controversia, el TCP falló a fines de septiembre que el “reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste el cargo de presidente o presidenta”, dice el comunicado reproducido íntegramente por la agencia de noticias ABI y el diario paceño Página Siete.

Áñez asumió la Presidencia de Bolivia tras ser proclamada sin quórum en un acto en el Senado el 12 de noviembre de 2019, horas después de que Morales abandonara Bolivia tras haber renunciado dos días antes denunciando que había sido víctima de un golpe de estado.

Gobernó hasta el 8 de noviembre de 2020, cuando asumió el actual mandatario, Luis Arce, correligionario de Morales y consagrado en las elecciones del 18 de octubre de ese año.

La exmandataria de facto se encuentra en prisión preventiva desde marzo acusada de “sedición, terrorismo, conspiración y genocidio”, entre otros delitos relacionados con la represión de manifestaciones ocurridas en los días de la salida de Morales y su asunción.

El cargo de genocidio surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.

En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabilizó que fueron 22 los muertos en ambos incidentes, que calificó de “masacres”.

También hay otros dos juicios en curso, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y el otro por incumplimiento de deberes públicos.

Con información de agencias.

IG

Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU visitan hoy a la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez en el penal de Miraflores, en La Paz, donde está detenida, un día después de que su abogado denunciara un intento de suicidio y el Gobierno informara que intentó “autolesionarse” con heridas leves, tras lo cual permitió que un familiar la acompañe hasta que se recupere.

“El día de ayer se ha llegado a un acuerdo y la administración penitenciaria, en el marco de las competencias que tiene, ha aceptado en este acuerdo que un familiar se quede a pernoctar acompañando la recuperación de la señora Jeanine Áñez”, anunció el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en una conferencia de prensa, citada por el diario local Los Tiempos.

“Anoche el hijo ha estado pernoctando en este espacio, acompañando a su mamá. Nosotros hemos habilitado nuevamente un espacio con todas las condiciones mínimas para que la familia acompañe esta recuperación”, agregó.

El director sostuvo que la expresidenta cuenta “desde el inicio” con atención médica y otras facilidades para el cuidado de su salud, y que, bajo recomendación de la junta médica, permitirán el acceso de un un psicólogo clínico y un nutricionista, que serán traídos por la familia de Áñez.

Las distintas versiones

El sábado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, había informado que la expresidenta de facto, que asumió el poder tras el golpe de Estado contra el ahora exmandatario Evo Morales, intentó generarse una “autolesión” en uno de sus brazos en la cárcel pero su estado de salud era “estable” y solamente “tiene unos pequeños rasguños”.

“Se han hecho las consultas correspondientes a la señora Jeanine Áñez. Ella manifiesta desconocer cuáles fueron los móviles por los cuales habría intentado generarse algún tipo de lesión, sin embargo, son lesiones superficiales que no han generado ningún tipo de herida considerable”, añadió Del Castillo.

En tanto, el abogado de Áñez contó otra versión de los hechos. “El día de hoy la expresidenta constitucional Jeanine Áñez ha intentado quitarse la vida, ha intentado un autoatentado en el que gracias a Dios ha fracasado”, aseguró el jurista Jorge Valda en un video enviado a la prensa y reproducido por la agencia de noticias AFP. Según su abogado, lo hizo para enviar “un mensaje de ayuda, de auxilio y de socorro”.

Los principales líderes del arco opositor y la embajada de Estados Unidos en La Paz reaccionaron con preocupación, pidieron garantías al Gobierno de Luis Arce y, algunos dirigentes, como el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, responsabilizó al Ejecutivo de lo sucedido.

Hoy, el director general de Régimen Penitenciario, Limpias, criticó estas denuncias y aseguró que todo lo que hizo su institución fue “en respeto de los derechos” de la detenida.

Cargos de “sedición y terrorismo”

La exmandataria de facto está bajo prisión preventiva en el penal de Miraflores desde su detención, el 13 de marzo de este año, acusada en un principio de “sedición y terrorismo”.

Esta semana la Fiscalía General de Bolivia había presentado una acusación formal contra Áñez “por hechos calificados provisoriamente como genocidio, lesiones graves y lesión seguida de muerte”, por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó las “masacres” de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre lo ocurrido en Senkata y Sacaba, donde 37 manifestantes murieron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Estos hechos ocurrieron luego de la renuncia del expresidente Morales ante una “sugerencia” de jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y en medio de denuncias de irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado ganador al mandatario, en el poder desde 2006.

Áñez, entonces vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quórum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

CB con información de Télam

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, intentó generarse una “autolesión” en uno de sus brazos en la cárcel donde está alojada, pero su estado de salud es “estable” y solamente “tiene unos pequeños rasguños”, indicó este sábado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mientras su abogado denunció que intentó “quitarse la vida”.

“Lamento informar que la señora Añez habría pretendido generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy, sin embargo manifestamos que su salud es completamente estable. Tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos, sin embargo no hay nada de qué preocuparse”, expresó el funcionario en una conferencia de prensa citada por medios locales.

“Se han hecho las consultas correspondientes a la señora Jeanine Áñez. Ella manifiesta desconocer cuáles fueron los móviles por los cuales habría intentado generarse algún tipo de lesión, sin embargo, son lesiones superficiales que no han generado ningún tipo de herida considerable”, añadió Del Castillo, citado por la Agencia Bolivia de Información.

Asimismo, manifestó que personal médico de Régimen Penitenciario determinará si Áñez requerirá una evaluación psicológica.

El abogado de la exmandataria de facto, que está bajo prisión preventiva en el penal de Miraflores desde su detención, el 13 de marzo de este año, acusada en un principio de “sedición y terrorismo”, contó otra versión de los hechos.

“El día de hoy la expresidenta constitucional Jeanine Áñez ha intentado quitarse la vida, ha intentado un autoatentado en el que gracias a Dios ha fracasado”, aseguró el jurista Jorge Valda en un video enviado a la prensa y reproducido por la agencia de noticias AFP.

Según su abogado, lo hizo para enviar “un mensaje de ayuda, de auxilio y de socorro”.

La noticia de la “autolesión” rápidamente generó una reacción de algunos de los principales líderes de la oposición.

Por un lado, tres expresidentes hicieron un llamado urgente a las autoridades judiciales y de la Fiscalía General del Estado para que se adopten las medidas necesarias para “preservar la vida e integridad física y psicológica de la expresidenta Jeanine Añez”, según firmaron Jaime Paz Zamora, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, y reprodujo el diario Los Tiempos.

Por otro lado, el excandidato presidencial, gobernador de Santa Cruz y uno de los más ávidos defensores de la toma de poder de Áñez en 2019, Luis Fernando Camacho, responsabilizó al Gobierno por lo sucedido. “El Gobierno de Luis Arce y su política revanchista está superando todos los límites. Una y otra vez han manoseado la salud de Jeanine Áñez, en un comportamiento inhumano que es crueldad”, publicó Camacho en sus redes sociales.

También reaccionó desde Twitter la embajada estadounidense en La Paz, uno de los principales aliados que tuvo Áñez cuando estaba en el poder: “Nos preocupan los informes sobre el bienestar psicológico de Jeanine Añez. Alentamos al Gobierno de Bolivia a garantizar que reciba la atención adecuada”.

La Fiscalía General de Bolivia presentó el viernes una acusación formal contra Áñez “por hechos calificados provisoriamente como genocidio, lesiones graves y lesión seguida de muerte”, por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

El martes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó las “masacres” de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre lo ocurrido en Senkata y Sacaba, donde 37 manifestantes murieron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Estos hechos ocurrieron luego de la renuncia del expresidente Morales ante una “sugerencia” de jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y en medio de denuncias de irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado ganador al mandatario, en el poder desde 2006.

Áñez, entonces vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quórum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

En diciembre de 2019, la OEA emitió un informe final sobre los comicios del 20 de octubre en el que denunció tácticas “deliberadas” y “maliciosas” para inclinar las elecciones hacia Morales pero dos análisis independientes separados rechazaron las afirmaciones y desestimaron el análisis estadístico sobre el que se basaban.

Actualizado a las 19:00 con reacciones de su abogado y la embajada de EEUU

CB/CRM con información de Télam

La Fiscalía General de Bolivia presentó este viernes una acusación formal contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez (2019-2020) “por hechos calificados provisoriamente como genocidio, lesiones graves” y “lesión seguida de muerte”, en el contexto del golpe de Estado contra Evo Morales, y pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que requiera con urgencia la autorización del parlamento para continuar el proceso.

“La Fiscalía General del Estado comunica a la población boliviana que presentó el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por hechos calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, informó el fiscal Juan Lanchipa, citado por la agencia boliviana de noticias ABI.

El jefe del Ministerio Público anunció su decisión en conferencia de prensa en la ciudad sureña de Sucre, donde tiene su oficina, mientras un grupo de expertos internacionales estableció que el Gobierno de Áñez cometió masacres.

La autoridad fiscal aseguró que el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público en relación a los hechos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos, se funda en los principios de “objetividad y transparencia”, en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes prevista en la Ley 044, del país.

“El Ministerio Público, reafirma su compromiso con el país de lucha contra la impunidad y búsqueda de justicia”, sostuvo el Fiscal General del Estado.

El ex presidente Evo Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 ante una “sugerencia” de jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y en medio de denuncias de irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado ganador al mandatario, en el poder desde 2006.

Áñez, entonces vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quórum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

En diciembre de 2019, la OEA emitió un informe final sobre los comicios del 20 de octubre en el que denunció tácticas “deliberadas” y “maliciosas” para inclinar las elecciones hacia Morales pero dos análisis independientes separados rechazaron las afirmaciones y desestimaron el análisis estadístico sobre el que se basaban.

Un total de 37 manifestantes murieron en noviembre en la represión de protestas contra el golpe de Estado en las ciudades de Sacaba y Senkata por parte de fuerzas de seguridad que habían recibido garantías de inmunidad por parte de Áñez.

Añez está bajo prisión preventiva desde su detención, el 13 de marzo de este año, en Beni. Entonces, la exmandataria era sindicada por sedición y terrorismo, por los hechos que desencadenaron en la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.

El martes, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigaron los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, presentaron oficialmente un documento en el que recomendó al Ministerio Público que haga una revisión escrupulosa “de todos los casos en curso o cerrados, con los principios de debida diligencia y debido proceso a los acusados”.

En su informe, el GIEI recomendó, entre varios puntos, que el Ministerio Público conforme, a corto plazo, con el apoyo de la cooperación internacional, grupos de trabajo especializados a nivel departamental para que investiguen, de manera coordinada a nivel nacional, los hechos ocurridos durante la crisis de 2019.

En la actualidad, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentran en trámites tres proposiciones de juicio de responsabilidades en contra de Añez.

Se trata de las denuncias por la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de 300 millones de dólares sin aval de la ALP, por la ampliación del contrato de concesión del servicio de Fundempresa y por la supuesta vulneración de los derechos de la libertad de expresión con la puesta en vigencia del Decreto Supremo 4200, según el sitio Brújula Digital.

Con información de agencias.

IG

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó hoy las “masacres” de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre las muertes en Senkata y Sacaba, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas”, indicó la investigación presentada en el Banco Central de Bolivia.

“En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas”, afirmó la representante del GIEI Patricia Tappatá.

La experta en Derechos Humanos aclaró que el informe no intenta dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral previo constituyeron fraude o golpe de Estado, ni se tuvo en cuenta la denuncia contra los funcionarios del Gobierno argentino que encabezó Mauricio Macri por el envío de armas para reprimir el conflicto, dado que no es parte del mandato que recibieron.

“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado, por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH”, precisó sobre lo ocurrido en Senkata y Sacaba.

Esos hechos de violencia a los que hizo referencia ocurrieron luego de la asunción de la hoy detenida exmandataria de facto Jeanine Áñez, quien, tras la salida obligada de Evo Morales en noviembre de 2019, asumió el poder en circunstancias irregulares ante una Asamblea sin quorum ni oposición.

Tras esa situación “particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados”, indicó la CIDH que, sin embargo, “no duda en calificar a los hechos de Sakaba y Senkata como masacres”.

En ese sentido, Tappatá señaló que es “esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas”.

El informe de la GIEI también da cuenta que las manifestaciones y protestas no estallaron inesperadamente sino que hubo “agitadores”.

“Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento”, subrayó Tappatá.

La experta también hizo foco en la discriminación que sufren algunos bolivianos y que se profundizó en aquellos días.

“La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época deben ser reconocidas y los responsables sancionados”, sostuvo al recordar que se usó la identidad étnica como criterio de pertenencia o no a la sociedad boliviana y como factor de exclusión de los espacios institucionales más importantes.

Al finalizar su discurso, Tappatá entregó el informe al presidente Luis Arce, quien estuvo junto a otras autoridades en el Banco Central de Bolivia, mientras se escucharon de fondo los aplausos y los pedidos de justicia de los asistentes.

Tras recibir el trabajo, el mandatario exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar, en el menor plazo posible, un juicio para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.

“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo durante el acto que tuvo un emotivo minuto de silencio en homenaje a los fallecidos.

El mandatario sustentó la demanda en el criterio de que los hechos y argumentos legales expuestos por el informe final del GIEI demostraron con claridad de que en Bolivia se dio un golpe de Estado, informó la Agencia Boliviana de Información.

Además, manifestó que el documento dejó constancia de que en la ruptura del orden constitucional hubo “graves violaciones a los derechos humanos”, que se “perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales” por parte del Gobierno de facto.

“Este informe debe servir para que lo sucedido en nuestra amada paria no se repita nunca más en nuestro país ni en ningún otro país de la región, ni en ninguna parte del mundo”, concluyó.

Por otro lado, anunció el compromiso de la implementación de las recomendaciones del informe final del GIEI: “Estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral”.

“Asimismo, siguiendo la sugerencia, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión paralela al Estado”, aseveró.

DA

En Bolivia continúan las repercusiones del golpe de Estado de noviembre del 2019. Mientras la hija de la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Añez denunció este sábado que quieren matar a su madre, reclamó ver los resultados de los exámenes médicos que se le practican y que se le informe “cómo está”, la alianza opositora Comunidad Ciudadana denunció a seis diputados del MAS por su actitud en la sesión del pasado 6 de agosto.

“Están arriesgando la vida de mi madre. Lo que quieren es matarla y esa es la desesperación que tengo como hija. Solo quiero saber que ella está bien, porque físicamente se la ve muy mal. Quiero ver los resultados de todas las evaluaciones médicas que le hacen, que me informen qué es lo que le están haciendo, que me digan cómo está”, afirmó Carolina Ribera.

En un video que hizo público en diferentes medios bolivianos, la hija de la expresidenta advirtió que no la dejan conocer los resultados de los exámenes clínicos.

Puso como ejemplo de los desmanejos para con su madre, detenida desde marzo, que este viernes debían trasladarla a la Clínica Alemana para ser sometida a exámenes, pero se decidió llevarla a otro lugar sin avisar a sus familiares. “Me parte el alma verla sufrir tanto a mi madre. Se la llevaron a otro lado, sin decirme a mí que soy su hija, sin darnos ningún tipo de información”, dijo Ribera.

Áñez asumió la jefatura del Estado después del golpe institucional contra Evo Morales en noviembre de 2019.

Fue detenida el 13 de marzo en Trinidad, capital del departamento de Beni, y luego trasladada a la ciudad de La Paz, donde dos días después fue encarcelada en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes. El 20 de marzo, fue llevada al penal de Miraflores por sus problemas de salud, donde ahora permanece encerrada.

En un principio se dispuso cuatro meses de detención preventiva en su contra por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, pero luego la medida fue ampliada a seis meses, y se sumaron los cargos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

El miércoles, la exsenadora fue llevada al Hospital del Tórax, donde se le hizo una revisión que concluyó que sufre de hipertensión y síndrome ansioso depresivo. A su ingreso a ese centro hospitalario se la vio delgada y demacrada.

En tanto, la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) de Bolivia presentó una denuncia ante la presidencia de la Cámara de Diputados contra seis legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por “faltas de decoro” durante la sesión del 6 de agosto, en respuesta a una denuncia idéntica contra asambleístas opositores promovida por el oficialismo.

El diputado Alberto Astorga denunció a sus pares del MAS que, en la sesión por la Independencia del país, gritaron “golpe de Estado”, la “derecha no pasará” y otros estribillos en medio del discurso del presidente Luis Arce.

Astorga sostuvo que los denunciados son Deisy Choque, Tania Paniagua, Alina Canaviri, Dany Rojas, Ángelo Céspedes y Juan Huanca, para quienes pidió proceso en la Comisión de Ética para que sean sancionados por un año sin derecho a percibir dieta mensual.

Se trata de una suerte de “contrademanda”, porque él mismo y otros diputados opositores habían sido denunciados ante la misma Comisión por Choque, por ponerse de espaldas a Arce en esa polémica sesión.

“Dejamos esto en manos de la Comisión de Ética; son dos denuncias por un hecho similar y si va a sancionar a uno, también tiene que sancionar a otros”, declaró el asambleísta suplente, según el sitio de la red Erbol. Para Astorga, es “evidente que el MAS ha tomado” el Órgano Judicial y el Ministerio Público, donde jueces y fiscales “son serviles al gobierno y ahora quiere convertir a la Comisión de Ética en guillotina”.

El denunciante aportó como pruebas videos de la sesión y otras manifestaciones similares que algunos de los diputados masistas habrían publicado en plataformas de redes sociales.

Choque hizo el martes su presentación por faltas “graves y gravísimas” establecidas en el Reglamento de Ética de parte de Astorga, Alba Moyra Osinaga, Edwin Bazán, María René Álvarez, Marioly Morón y Walthy Egüez, de Comunidad Ciudadana y Creemos.

La sesión del 6 de agosto fue tensa porque el discurso de Arce fue interrumpido varias veces por intervenciones de las bancadas oficialistas y opositoras, unos al grito de “golpistas, golpistas”, y otros al grito de “fraude, fraude”, en relación a los hechos del 2019.

Con información de la agencia Télam

CRM

Un juez de La Paz ordenó este martes una segunda prisión preventiva de seis meses para la detenida expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, al aceptar otra demanda penal ordinaria por su actuación en el golpe de estado de noviembre de 2019 que derrocó a Evo Morales, informó la prensa local.

La orden emergió cuando Áñez estaba a punto de completar cinco de los seis meses de cárcel desde la apertura del proceso contra los responsables de la interrupción democrática de 2019.

Los fiscales que impulsan el proceso habían decidido el pasado fin de semana dividir el caso original en dos juicios ordinarios: uno por sedición, terrorismo y conspiración, y otro, motivo de la segunda detención preventiva, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

La segunda orden de detención, que según medios locales entrará en vigencia de inmediato, implica que Áñez estará recluida al menos hasta principios de febrero de 2022.

Esto, sin descartarse más sanciones que pudieran surgir de otros procesos ordinarios y de varios juicios de responsabilidades que el parlamento se apresta a votar, recogió la agencia de noticias Sputnik.

El primer proceso fue abierto en base a la denuncia de la exdiputada Lidia Patty, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

A esa demanda se habían sumado el presidente masista del Senado, Andrónico Rodríguez, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, con denuncias de incumplimiento de deberes y violación de normas constitucionales, que a partir de ahora serán tratadas como un caso separado.

“Lo que ocurre es absolutamente irregular; ninguna persona puede ser procesada dos veces por un mismo hecho y evidentemente la indivisibilidad de un juzgamiento está prohibida por la Constitución”, se quejó en rueda de prensa el abogado Luis Guillén, defensor de Áñez, tras la audiencia virtual de esta tarde.

Rehusó confirmar si su clienta quien cumple detención en una cárcel femenina del centro de La Paz y si apelaría la división del proceso inicial y la nueva orden judicial.

“Dividen un proceso para prolongar la detención de Jeanine Áñez; imponen en audiencia cautelar otros seis meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías”, denunciaron los colaboradores de Áñez en la cuenta de Twitter que figura a nombre de la exgobernante.

Añez, quien dice ser “presa política”, está acusada, en ambos casos, de haber tomado el poder de forma ilegal, al haberse autoproclamado presidenta del Senado, cargo que no le correspondía porque ella era de la minoría parlamentaria, para asumir luego por decisión propia y sin voto legislativo la presidencia.

DA

Queríamos instalar una bisagra en la historia de la

 violación de los derechos humanos en nuestro país.

Crear conciencia acerca de su importancia.

Y ahora, al cabo de los años, creo que lo hemos cumplido con creces.

Hoy ningún argentino está dispuesto a mirar hacia el costado

si alguien se atreve a violar los derechos humanos.

Raúl Alfonsín - Memoria Política

La orden de aprehensión contra Jeanine Añez generó un debate: si debería ser juzgada por los delitos de “sedición”, “conspiración” y “terrorismo”. De un lado, la derecha objeta que el proceso iniciado es una persecución a una expresidenta que llegó al poder de modo constitucional tras un fraude electoral y una masiva movilización. Esta visión es compartida por la izquierda boliviana antimasista que considera que Evo Morales traicionó al “Proceso de Cambio”, no respetó el referéndum del 21F y apoyó la candidatura presidencial de Carlos Mesa.

Del otro lado, existe una discusión muy interesante entre las izquierdas. Desde algunos sectores se sostiene que Añez sí debería ser juzgada, pero no por el golpe de Estado, sino por delitos más claros para juzgar, como las Masacres de Senkata y Sacaba. De este modo, se evitaría la complejidad que implica condenar un golpe de Estado desde las tipificaciones del Código Penal y las dificultades de establecer los alcances sobre quiénes organizaron el golpe. 

Lo que se observa es que la prisión a Añez volvió a llevarnos a la misma pregunta de noviembre de 2019: ¿en el Estado Plurinacional de Bolivia hubo un golpe que debería ser juzgado? 

La estrategia jurídica del golpe

El 12 de noviembre de 2019, desde Santa Cruz de la Sierra afirmé en televisión que, tras la cadena de renuncias, la nueva presidenta de Bolivia sería Añez: la Vicepresidente Segunda del Senado y quien seguía en la sucesión presidencial. La noticia ya estaba circulando en la prensa internacional. Tras la urgencia, busqué el artículo 169, inciso I de la Constitución Política:

En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.

La Constitución nunca menciona a la Vicepresidenta Segunda del Senado en la línea de sucesión. Sin embargo, los medios y los periodistas estábamos informando eso. ¿Por qué?

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El 29 de enero de 2020, María Galindo publicó “Sedición en la Universidad Católica”. La periodista afirma que “Jeanine no cayó del cielo para salvar la democracia boliviana” y narra una reunión en la Universidad Católica en donde se decide, entre cuatro paredes, proponerle la presidencia a Añez. Hasta ese momento, la senadora del Beni era una política completamente desconocida, por lo que se construyó la imagen de “una mujer beniana y valiente”.

A la campaña de prensa, que fue muy eficiente, le faltaba su pata legal. En las horas siguientes al golpe, cobró relevancia la figura del constitucionalista Luis Vásquez Villamor, quien afirmaba que la solución de la crisis debía ser en el marco del Estado de derecho y de la Constitución. Lo que los medios no explicaban era que Vásquez Villamor también era el vocero de Libre 21: el partido de “Tuto” Quiroga, candidato a presidente en 2019 y 2020.

La estrategia jurídica fue la siguiente: frente al “vacío de poder”, la sucesión presidencial debía ser “ipso facto”, es decir, operar bajo el principio de “inmediatez”. Pendientes de lo que opinara la comunidad internacional, la oposición fue muy inteligente y convirtió al artículo 41 del Reglamento del Senado que trata sobre las “Atribuciones de la Segunda Vicepresidencia” en una línea de sucesión. Así, la simulación de constitucionalidad resultó muy efectiva.

Otra mirada sobre lo que debería haber sucedido

Las inconsistencias de la argumentación jurídica se chocan con lo ocurrido en el pasado. En su condición de Vicepresidente, Carlos Mesa asumió la Presidencia de Bolivia en 2003 tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Cuando en 2005 Mesa renunció a su cargo y, a su vez, también renunciaron los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, el Congreso les aceptó las renuncias y nombró por unanimidad al nuevo Presidente de Bolivia: el entonces presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien era el último eslabón de la sucesión presidencial en la antigua Constitución.

La experiencia también desmiente que Añez debía ocupar “ipso facto” la Presidencia de Bolivia tras las renuncias de los presidentes del Senado y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda. Esto lo explicó con claridad el periodista Julio Peñaloza Bretel. El 14 de agosto de 2018, José Gonzáles renunció a la presidencia de la Cámara Alta y no asumió el cargo la Vicepresidenta, Lineth Guzmán. En cambio, las y los senadores eligieron a Milton Barón para presidir el Senado.

Finalmente, se señala el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de un comunicado del 12 de noviembre de 2019. Sin embargo, en febrero de 2020, el magistrado del TCP Petronilo Flores explicó que el comunicado no tiene valor legal: “El Código Procesal Constitucional solo reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales”. Incluso Vasquez Villamor respaldó a Flores. Hasta que el TCP indique lo contrario, la sucesión no es constitucional.

Existe una mirada alternativa sobre lo que debería haber sucedido. Tal como ocurrió en 2005 y 2018, ante las renuncias de sus autoridades, las Cámaras de Senadores y Diputados debían haber reunido el quórum para elegir una nueva directiva. Siguiendo el artículo 169, inciso I, tras las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, el nuevo Presidente del Senado se habría convertido en el nuevo Presidente del Estado Plurinacional.

Un horizonte de democracia en América Latina

Ante los desacuerdos, existe un consenso: se debe respetar el debido proceso. Las diferencias comienzan con la tipificación del golpe bajo los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Para salvaguardar la legitimidad del proceso, tal vez sea conveniente abandonar la acusación de terrorismo, un tipo penal utilizado para perseguir a la oposición. En cambio, es difícil refutar que Añez se alzó públicamente “para deponer a algún funcionario” o “impedir su posesión” (Art. 123), o que hubo una conspiración para romper el orden constitucional (Art. 126).

Mientras Lenín Moreno y Sebastián Piñera reprimían las movilizaciones en Ecuador y Chile, en Bolivia la Policía se amotinaba contra Evo Morales. Dos días más tarde, el Alto Mando Militar desobedecía su prohibición de deliberar y le sugería al Presidente la renuncia. La prensa nunca explicó que los artículos 244 y 251 de la Constitución expresan que las Fuerzas Armadas deben “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”, mientras que la Policía no puede participar en una acción política partidaria. En cambio, sí se informó el inciso B del artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas sobre la atribución del Alto Mando de analizar las situaciones conflictivas “para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas”. De más está decir que ninguna atribución militar puede violar la Constitución.

Por último, a diferencia de la Argentina, en Bolivia los políticos suelen fugarse. En 2003, Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín huyeron hacia Estados Unidos. Lo mismo volvió a suceder 17 años más tarde: los ex ministros Arturo Murillo y Fernando López abandonaron el país horas antes de que Luis Arce Catacora ganara en las urnas. Además, Áñez vive en Beni: tal vez el departamento con las fronteras más porosas. En Bolivia, el riesgo de fuga existe.

En el prólogo a Memoria Política. Transición a la democracia y derechos humanos, el intelectual Juan Carlos Portantiero destacaba un pasaje de Raúl Alfonsín: “Han pasado muchos años y aún hoy me formulo la misma pregunta que daba vueltas en mi cabeza en aquel entonces: más allá de las consignas bien intencionadas, ¿alguien creía y aún cree seriamente que en ese tiempo, con una democracia que recién emergía luego de años de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas?”.

El Estado Plurinacional de Bolivia y América Latina necesitan democracias fuertes. Si no se juzga a Jeanine Añez respetando el debido proceso, el día de mañana habrá otro golpe. Más allá de la complejidad, Bolivia se encuentra frente a la oportunidad de tener su propio “Nunca Más”.

La justicia de Bolivia elevó este sábado de cuatro a seis meses la prisión preventiva que deberá cumplir la expresidenta de facto Jeanine Áñez mientras se investiga su responsabilidad en el golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019, una media que también regirá para dos de sus ministros, igualmente detenidos.

Willy Arias, vocal a cargo de la audiencia de la Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz, explicó que la determinación de que Áñez, Rodrigo Guzmán y Arturo Coimbra permanezcan en la cárcel está justificada en que se considera que existe probabilidad de autoría y porque existen riesgos procesales que “ameritan la extrema medida de la detención preventiva”, señaló el sitio Unitel.

La expresidenta, que fue detenida la madrugada del pasado sábado, había sido enviada a la cárcel luego de una audiencia cautelar que determinó que debía permanecer durante cuatro meses en un centro penitenciario, mientras se llevaba adelante la investigación por el golpe contra Morales, tras las elecciones del 2019 cuestionadas por la oposición que denunciaba fraude.

La defensa de Añez había apelado la decisión y desde la mañana de este sábado se llevó a cabo una audiencia en la que la defensa presentó un pedido de detención domiciliaria para la expresidenta, que, sin embargo, sufrió la ampliación de su prisión preventiva.

La decisión judicial sigue a la polémica que se abrió la noche del viernes, cuando se anunció que Áñez sería llevada a una clínica para ser revisada por su presión arterial y, en cambio, fue trasladada de la cárcel de Obrajes a la de Miraflores, donde, según el Gobierno, existe “toda la infraestructura médica” para monitorear su estado de salud.

La exmandataria había iniciado, además, una huelga de hambre contra su prisión preventiva, aunque ese dato nunca se confirmó oficialmente.

“Me sacaron diciéndome que iba a la clínica del Sur”, dijo Áñez según reprodujeron los diarios El Deber y La Razón, que también publicaron imágenes de su ingreso en la cárcel de Miraflores.

El juez Armando Zeballos dispuso que personal del Instituto de Investigación Forense o profesionales en salud acudan al penal para evaluar allí su estado, indicó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

“Desde que el juez dio la orden, ya destinamos a dos médicos mujeres y a un médico especialista para que la atiendan”, sostuvo el ministro de Justicia, Iván Lima.

En cuanto a la decisión del traslado, el funcionario precisó que “las condiciones que otorga (el penal de) Miraflores se prestan para dar una mejor atención”.

“Lamentablemente, tenemos una situación de pandemia y una situación de hacinamiento muy grave en Obrajes; es uno de los penales con mayor hacinamiento que hay; no así Miraflores, y los ambientes donde se va a encontrar ella (Áñez) están aislados del resto de la población, por lo tanto, ya está garantizado que puedan visitarla todos los organismos de derechos humanos y también la familia”, añadió Lima en entrevista con El Deber Radio.

En ese sentido, indicó que junto al ministro de Salud, Jeyson Auza, “se ha garantizado toda la infraestructura médica” en la cárcel donde quedó alojada Áñez que incluye tecnología, tres médicos y una ambulancia que quedará en el lugar de forma permanente. Áñez es investigada por la presunta comisión de delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.

Su nombre figura en una denuncia que hizo en diciembre pasado la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en recientes elecciones locales.

En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles.

Con información de la agencia Télam

CRM