Al asumir la Presidencia, en diciembre de 2015, Mauricio Macri puso en suspenso la obra pública, bajo el argumento de que debía emprender auditorías tras los años de Cristina Fernández de Kirchner en Casa Rosada. Esa decisión reconoció una excepción notable. El 16 de febrero de 2016, el mandatario anunció la reanudación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, proyecto largamente anunciado y apenas concretado durante el Gobierno de Fernández de Kirchner.

Macri encabezó un acto en Haedo, sobre las vías del Sarmiento, junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi, y María Eugenia Vidal. “Esta obra se anunció hace 10 años y todo fueron anuncios… fruto de este proceso que se vivió en los últimos años en la Argentina”, evaluó Dietrich.

El ímpetu del Ejecutivo de Cambiemos duró poco, pero costó centenares de millones de dólares. En diciembre de 2018, cuando una orden del propio Dietrich determinó la paralización de la obra, el Estado llevaba gastados US$ 747 millones, dos tercios de ellos desembolsados en los meses previos a la suspensión. Al año siguiente, el Gobierno de Macri pagó un saldo de US$ 12,5 millones, de acuerdo a la respuesta dada por el Ministerio de Transporte a un pedido de información pública presentado por este medio.

El nombre de las empresas que recibieron los pagos y el foco en el vertiginoso 2018 profundizan los múltiples interrogantes que despierta una de las obras con sospechas de corrupción más fundadas en las últimas décadas.

En junio de 2016, Macri se apresuró a firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que disponía fondos estatales por $ 45.000 millones (US$ 3.000 millones de entonces) por toda la obra y, antes de fin de año, el Estado desembolsó US$ 30,2 millones a favor del consorcio conformado por la constructora brasileña Odebrecht, la argentina IECSA —vendida por los Macri a su primo Angelo Calcaterra en 2007—, la española Comsa y la italiana Ghella.

Al año siguiente, la suma abonada saltó a US$ 211,9 millones, aunque la máxima aceleración llegaría en 2018, con pagos por US$ 504,3 millones. Semejante dispendio se toparía con una decisión abrupta. El 7 de diciembre de ese año, Dietrich firmó la orden de servicio N° 548 que suspendió los trabajos por falta de financiamiento y recortes presupuestarios.

Todas las cifras y fechas citadas corresponden a una auditoría encargada por el Ministerio de Transporte a la Universidad de San Martín (UNSAM), tarea realizada entre febrero y septiembre de 2021. Los montos informados a elDiarioAR por la Dirección Nacional de Articulación Legal de la cartera mencionada fueron mayormente expresados en pesos y convertidos a dólares por este medio, de acuerdo al tipo de cambio promedio de cada año. Por ejemplo, en 2018, el pago fue de $14.169.416.800,67; al cambio promedio de $28,09 por dólar, equivale a US$ 504.357.400,1. Una fuente del Gobierno de Macri consideró que, prima facie, el registro de pagos concentrados en 2018 es correcto.

La tuneladora comenzó a excavar en Haedo, en octubre de 2016, y se detuvo dos años más tarde en el barrio porteño de Villa Luro. El soterramiento del Sarmiento alcanzó 27,5% de la ejecución planeada y hasta allí llegó.

Así y todo, pese a la parálisis ordenada por Dietrich y mantenida por sus sucesores del Frente de Todos, Mario Meoni (fallecido) y Alexis Guerrera, los US$ 759 millones gastados por el Estado constituyen uno de los mayores montos invertidos en obra pública durante los cuatro años de Macri en Casa Rosada.

Sobornos sin autor

El proyecto del Sarmiento es emblemático sobre la presunta corrupción con la obra pública bajo los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Consultoras creadas ad hoc para recibir fondos, testimonios de arrepentidos en Brasil, cuentas offshore en Andorra y Uruguay y licitaciones hechas a medida constituyen un cuerpo de pruebas que brinda varias certezas. En un expediente poblado por extravagancias y dilaciones, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta fueron procesados por un tipo penal leve —incompatibilidad con la función pública— establecido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y luego desprocesados por la sala 2 de la Cámara Federal (Leopoldo Bruglia-Martín Irúrzun). Sin embargo, el ojo de la Justicia no se posó sobre funcionarios del Ejecutivo de Macri que validaron las decisiones de sus predecesores. A ello se suma una perla muy propia de Comodoro Py: habría coimas sin pagadores, porque los empresarios del consorcio nunca fueron siquiera procesados (ver aparte).

Mediante el DNU del 16 de junio de 2016 firmado por Gabriela Michetti (supuestamente, por el conflicto de intereses que representaba la firma presidencial), el Gobierno de Cambiemos ordenó reanudar la obra y asignó los fondos a ser pagados a la unión transitoria de empresas IECSA-Odebrecht-Ghella-Comsa. Eran tiempos en los que Lázaro Báez y Ricardo Jaime aparecían detenidos con casco y chaleco antibalas frente a las cámaras y los paneles de la televisión celebraban la regeneración ética que implicaba —a su entender— la Presidencia de Macri. A esa altura, Marcelo Odebrecht, accionista del gigante brasileño, ya había pasado por la cárcel en el marco de la macrocausa entablada en los tribunales de su país por presuntas coimas en varios países de América Latina. Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009, sobrellevaba varios procesamientos y dos condenas.

El consorcio encargado de la obra en el Sarmiento tuvo modificaciones desde la licitación del proyecto (2006), pero siempre tuvo a IECSA como protagonista central. Es decir, el interés por la obra nació un año antes de que los Macri transfirieran la constructora a Calcaterra, sobrino de Franco y primo de Mauricio, Gianfranco, Florencia, Sandra y Mariano.

¿No despertó prevenciones la reanudación de una obra tan costosa asignada por funcionarios a los que el macrismo acusaba de corruptos, como Jaime y De Vido, en manos de una empresa como Odebrecht?

No. “Cuando llegamos hicimos una evaluación de costos y pagos realizados, y no notamos ninguna irregularidad. Los montos eran acorde al avance de la obra, que casi no había tenido ejecución”, dijo la fuente del Ministerio de Transporte durante el Gobierno de Macri. “Pedimos informes, sumamos a la PIA (Procuración de Investigaciones Administrativas) y no presentó ninguna objeción”, agregó la voz, al tanto de los pormenores del contrato.

Una fuente con acceso a la causa dijo a este medio que la única intervención de la PIA, organismo a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se dio sólo en dictámenes aportados a la causa a raíz de una denuncia presentada, en 2016, por la legisladora de Cambiemos Graciela Ocaña (juzgado federal de Martínez de Giorgi y fiscalía de Franco Picardi). El contenido de los dictámenes de Rodríguez fue resumido como “lapidario” para las empresas que intervinieron (ver aparte).

Los responsables del Ministerio de Transporte que dirigía Guillermo Dietrich se encontraron con fondos asignados a un fideicomiso específico garantizado por el impuesto al gasoil, que había sido creado por De Vido en 2011, explicó la fuente del Ejecutivo de Macri.

Patrón de negocios

Durante la gestión de Jaime (2003-2009) y Schiavi (2009-2012) en Transporte, y Julio de Vido en Planificación (2003-2015), el Estado renegoció varias veces el contrato y abonó los siguientes montos: US$ 18,6 millones en 2011, US$ 17,7 millones en 2012 y US$ 55,5 millones en 2013, según la auditoría de la Universidad de San Martín. En el expediente que instruye Martínez de Giorgi, los montos considerados “acreditados” por el juez son mayores, y alcanzan US$ 158,3 millones entre 2010 y 2012 (la tuneladora fue armada en 2011), y US$ 28 millones entre 2013 y 2014.

El curso económico y político del Gobierno de Macri aporta algunas respuestas a las dudas planteadas.

En marzo de 2017, Calcaterra vendió IECSA a Marcelo Mindlin, socio mayoritario del generador eléctrico y productor de gas y petróleo Pampa Energía. Mindlin rebautizaría la constructora como Sacde.

El monto de la venta no fue hecho público, pero la secuencia reconoce un patrón de otras operaciones de las empresas de Macri y su familia. Tanto la venta de los parques eólicos a Genneia —firma de la familia Brito— como la de la participación de Sideco Americana en Autopistas del Sol se dieron después de decisiones del Gobierno de Cambiemos que beneficiaron directamente a esas empresas o mejoraron sustancialmente las condiciones del negocio, lo que redundó en una extraordinaria revalorización de los activos. En el medio, aparecen nombres recurrentes que entran y salen en el pasamanos, como Isolux, firma española con causas por presuntos fraudes en varios países.

En el vínculo IECSA-Sacde se suma el contrato ganado y pagado para la construcción de uno de los tramos del Paseo del Bajo, en Puerto Madero, adjudicado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, coincidentemente, en 2016. Como en el affaire de los seis parques eólicos que redundaron en una ganancia para los Macri de US$ 69,2 millones, en el Paseo del Bajo también aparece Isolux en el papel de aparente competidor y un armado sospechoso de la licitación para beneficiar a IECSA, lo que mereció una denuncia de una Auditoría General de la Ciudad y un cierre in límine de la causa por parte de Claudio Bonadio, con sobreseimiento exprés para Dietrich y Larreta, ratificado por Cámara en 2019 (otra vez Bruglia, más Pablo Bertuzzi —ambos trasladados a ese tribunal a dedo por Macri— y Mariano Llorens —arquero del Liverpool—).

Baile de cifras y pasamanos

Las novedades en el consorcio del soterramiento de 2017 incluyeron al otro socio principal del soterramiento. Con Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel y Michel Temer en el Planalto, Odebrecht ocupaba el centro de la escena del Lava Jato. Sus ejecutivos confesaron pagos de coimas por al menos US$ 3,3 millones para ganar la obra del tren Sarmiento, una tarea que habría llevado a cabo, según la delación premiada, Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra en IECSA. Los receptores de las coimas habrían sido “Duvidoso” y “Festança”, pseudónimos para identificar a funcionarios de Cristina.

El baile de cifras de los aparentes sobornos por el soterramiento varía hasta los US$ 20 millones. Todo indica que algunos números en danza son fragmentos o cuotas de pagos mayores. Lo más certero asentado en el expediente judicial es una reconstrucción del fiscal Picardi sobre un giro de USD 4,4 millones por parte del consorcio a través de una offshore de Odebrecht en Andorra, cifra coincidente con otra recibida por una sociedad de Jorge “El Corcho” Rodríguez en una cuenta radicada en Uruguay.

Al tiempo que Picardi trataba de validar los testimonios de los arrepentidos brasileños para la causa iniciada en Comodoro Py, el Gobierno de Macri impulsó que Odebrecht vendiera su participación en el consorcio del Sarmiento, bajo apercibimiento de excluir a la firma de listado de contratistas del Estado. El lugar del gigante brasileño fue ocupado por Ghella, compañía italiana que había sido socia de IECSA en obras y servicios adjudicados por el Gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

En 2017, segundo año de Cambiemos en Casa Rosada, las obras públicas cobraron ritmo. Ese año, el Estado pagó US$ 211 millones de dólares a la nueva sociedad del soterramiento entre Ghella (70%) y Sacde (30%).

Vértigo

Tras las elecciones legislativas que ganó el macrismo, sobrevino el objetivo de recortar gastos con la reforma jubilatoria y la reducción de la obra pública. El cierre del financiamiento internacional para Argentina significó un golpe letal para un Gobierno que había basado su gestión en la toma de deuda externa. En junio de 2018 llegó el salvataje del FMI por US$ 45.000 millones, y con éste, la meta del déficit cero.

Tras cartón, en agosto explotó la causa Cuadernos en el juzgado de Bonadio, que tuvo a Calcaterra como uno de los supuestos arrepentidos por pagar coimas y a una oficina del nuevo dueño de IECSA, Mindlin, como una de las presuntamente anotadas por el chofer Oscar Centeno como destino para buscar bolsos con dólares. La mención a la oficina de Mindlin fue difusa y no mereció que Bonadio actuara contra él.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo de los Cuadernos y el colapso financiero, el Estado abonó US$ 504.357.400,1 al consorcio Ghella-Sacde. De inmediato, la máquina dejó de perforar.

La bitácora atribuida a Centeno encendió la efímera versión de que a las empresas que hubieran pagado sobornos les sería retirado el permiso como contratistas del Estado.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo provocado por los Cuadernos, el colapso financiero del Gobierno de Macri y la implementación de ajustes draconianos, el Estado argentino abonó US$ 504,3 millones al consorcio Ghella-Sacde sólo en 2018. Desde diciembre de ese año, la gigantesca máquina dejó de perforar.

Los costos actuales de mantenimiento básico de la obra son inferiores a US$ 500.000 anuales, informó el Ministerio de Transporte a elDiarioAR. Cuando se encamina a cumplir tres años de mandato, el Gobierno de Alberto Fernández continúa a su ritmo habitual la auditoría de lo realizado y advierte que no cuenta con financiamiento para continuar la obra. Los responsables del soterramiento durante la gestión Macri, que podrían regresar a sus sillas en Transporte en 2023, analizan que el tramo Villa Luro-Caballito podría ser en altura, como el proyecto concretado en el ramal San Martín que cruza Palermo, Chacarita, La Paternal y Villa Devoto.

La tuneladora no es comercializable de por sí. Es tan grande y compleja, que se arma especialmente para cada proyecto y sólo se podrían vender algunas de sus partes. Varado en Villa Luro, el monstruo excavador mira a sus espaldas un agujero de 11,5 metros de diámetro a 22 metros bajo tierra que nadie transita.

SL

El fallo de la Cámara Federal porteña, que confirmó este viernes que la causa por el Paseo del Bajo no se reabrirá y que todos los investigados están sobreseídos, expuso que jueces y fiscales tienen una postura completamente adversa sobre un caso que atraviesa a hombres clave del macrismo: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. 

El Paseo del Bajo, una de las obras públicas más promocionadas por los gobiernos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, era el eje de uno de los principales frentes judiciales de Cambiemos en los tribunales de Comodoro Py, pero en marzo ya se avecinaba un nuevo revés para la investigación, como adelantó entonces elDiarioAR. 

La investigación debía determinar si las autoridades de Ciudad y Nación cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, según estableció la fiscal Alejandra Manfano. Los funcionarios están sospechados de haber supuestamente direccionado un tramo de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra. El proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por Nación que provenían de un préstamo internacional y con un 43% que aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

Cuatro jueces y tres fiscales

La batalla de argumentos entre jueces y fiscales por este caso gira en torno al cierre de la causa y quedó plasmada en los últimos dictámenes fiscales y en el fallo de la Sala I de este viernes. 

En el caso han intervenido, hasta el momento, cuatro jueces: Claudio Bonadio, quien instruyó el expediente entre finales de 2018 y diciembre de 2019; Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, quienes este viernes confirmaron los sobreseimientos dictados por el magistrado, ya fallecido. Los cuatro jueces coincidieron en que Dietrich, Larreta y otros tres investigados debían ser sobreseídos.

Tres fiscales también tuvieron roles clave: la fiscal Mangano, el fiscal general Sergio Rodríguez (que dirige la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) y el fiscal general interino José Agüero Iturbe, quien interviene ante la Cámara Federal porteña de manera interina (el cargo está vacante) y por decisión del procurador general Eduardo Casal. Los tres presentaron la misma postura: la investigación fue insuficiente y el cierre de la causa, prematuro, según los dictámenes analizados por elDiarioAR.

Los jueces, en cambio, consideran que las pruebas producidas son suficientes, que no se requiere profundizar. “Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades en las tramitaciones administrativas” de la licitación -sostuvieron los camaristas de la Sala I- “pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas postuladas con una hipótesis de relevancia penal”, dice el fallo de este viernes.

Los tiempos del caso

La causa del Paseo del Bajo tiene dos años y medio de vida, pero más de la mitad de ese tiempo estuvo cerrada. Por esa razón, los tiempos del expediente también hicieron elevar la tensión entre los camaristas y el Ministerio Público Fiscal. La Cámara Federal se tomó casi un año y medio para decidir sobre el destino del caso contra Rodríguez Larreta y Dietrich. 

Al año de la apelación, en febrero último, el fiscal Agüero Iturbe llegó incluso a solicitar “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio. 

La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que Iecsa SA, firma investigada en el marco de la causa por posibles pagos de sobornos.

José Agüero Iturbe — Fiscal general interino.

“No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar Justicia queda trunca. Queda así un halo de que la corrupción es connatural a la obra pública y transversal a los gobiernos”, agregó Agüero Iturbe. “No importa quién, no podemos quedarnos a medias en una investigación de esta naturaleza”, pidió el fiscal general a los camaristas.

Ese escrito alteró los ánimos en la Cámara, según sostuvieron dos fuentes del tribunal. Los jueces lo leyeron como un reto, en medio de una pelea política de alto voltaje entre miembros del tribunal de apelaciones y el gobierno de Alberto Fernández. 

El juez Llorens se había pronunciado a favor de los sobreseimientos durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición, según fuentes de la Cámara, se demoró debido a los traslados de dos de sus integrantes, Bruglia y Bertuzzi, repuestos en sus cargos en noviembre. 

Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades (...) pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas.

Fallo de la Cámara Federal porteña.

“La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que Iecsa SA, firma investigada en el marco de la causa por posibles pagos de sobornos por parte del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”, les recordó Agüero Iturbe a los camaristas. 

El fiscal también resaltó ante la Cámara que el tribunal confirmó el procesamiento de Calcaterra en la “vulgarmente llamada causa de los cuadernos, fotocopias o cartelización de la obra pública según el gusto de quien la invoca”. Calcaterra declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos y admitió pagos ilegales a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública. Pero tanto el primo de Macri como Iecsa niegan las acusaciones del caso Odebrecht. El empresario no está imputado en el expediente del Paseo del Bajo.

Tras la decisión de los miembros de la Sala I de mantener cerrado el expediente, el Ministerio Público Fiscal analizará la posibilidad de una nueva apelación y entonces, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal federal penal del país, tendrá en sus manos el futuro de la causa, según explicaron dos fuentes directas del expediente. Sería la segunda vez que los fiscales del caso deben apelar para oponerse a la decisión de los jueces de cerrar el caso.

No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar Justicia queda trunca.

José Agüero Iturbe — Fiscal general interino.

Antecedentes

La investigación se inició en diciembre de 2018, luego de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que analizó la denuncia de la entonces presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos). Ambos organismos sostuvieron que la licitación se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro del Paseo del Bajo.

El juez Bonadio cerró el expediente el 27 de diciembre de 2019, justo antes de tomarse licencia por enfermedad. Los funcionarios y exfuncionarios investigados nunca fueron citados a declarar. Tras un año de testimoniales y recopilación y análisis de documentos públicos, el juez cerró el caso. Bonadio murió 39 días más tarde. 

La fecha del fallo no le dio tiempo a los fiscales Mangano y Rodríguez para apelar durante 2019. Debieron aguardar hasta después de la feria de verano para presentarse ante la Cámara Federal porteña y solicitar la reapertura de la causa, dos meses más tarde, en febrero de 2020. 

Los fiscales insistieron en que el juez Bonadio no había realizado todas las medidas solicitadas por ellos y nunca se concentró en el rol del Ministerio de Transporte, entonces a cargo de Dietrich, según plantearon en su escrito de apelación.

Sobres y sospechas

El caso tiene varias complejidades. Un punto central de la investigación es si durante la licitación, las autoridades alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas para terminar favoreciendo a Iecsa. 

Si una empresa ganaba uno de los tramos, no podía competir por otro. El tramo más costoso (el C) debía adjudicarse en primer lugar para que los costos de la obra fueran siempre los más baratos, pero una serie de circulares alteró el orden predeterminado de la apertura de sobres: se comenzó por el tramo A, el más económico. Como consecuencia de ese cambio, Iecsa terminó ganando el tramo C con una oferta de $3.183 millones.

El presidente de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa pública a cargo de la licitación, explicó al juez Bonadio en un descargo que la alteración de los sobres se debió a que debían cerrar el contrato de al menos uno de los tramos de la obra antes de que terminara 2016 para cumplir con las exigencias del financiamiento internacional que aportaba el gobierno de Macri; y que como el tramo A era el más simple, se decidió alterar el orden de apertura y firma del contrato del tramo A primero.  

Los fiscales Mangano y Rodríguez plantearon en su apelación que mientras el contrato del tramo A se firmó el 16 de diciembre de 2016, los de los otros dos tramos también se firmaron antes de que finalizara el año: el 30 de diciembre de 2016. Además, el contrato con el banco internacional que financiaba parte de la obra fue suscrito recién el 30 de enero de 2017, meses después de la alteración del orden de los sobres, sostuvieron ante la Cámara.

Sin embargo, los jueces de la Sala I dieron por válido el argumento de Bonadio: “La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal”, sostuvieron los camaristas este viernes.

Jueces y fiscales también se enfrentaron por el presunto perjuicio al Estado. Los fiscales lo calcularon en unos $75 millones. Bonadio y los camaristas dijeron que no sólo no existió perjuicio, sino que, a pesar del posible perjuicio inicial, en los hechos la obra terminó costando menos tras modificaciones posteriores en el proyecto. 

Sobreseídos y apuntados

El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR en marzo que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”. 

Cerca de Dietrich afirmaron que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.

Allegados a Calcaterra ya han manifestado que resultaba “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.

ED

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes los sobreseimientos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; del exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; y otros tres funcionarios porteños por el supuesto direccionamiento de la obra del Paseo del Bajo, según el fallo al que accedió elDiarioAR.

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

La investigación debía determinar si las autoridades de Ciudad y Nación cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra. El expediente había sido cerrado el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. El fallo de la Cámara se esperaba para fines de mayo, tras más de un año de la apelación, según las fuentes del tribunal de apelaciones, pero se demoró hasta el viernes.

La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal.

A principios de 2020, la fiscal del caso, Alejandra Mangano, y el fiscal general Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) apelaron el cierre de la causa por “prematuro”, debido a que el juez no había realizado la totalidad de las medidas de pruebas en la investigación. Tampoco había indagado a ninguno de los acusados. El fiscal general ante la Cámara también había acompañado la apelación. 

Sin embargo, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, resolvieron este viernes confirmar los sobreseimientos en un fallo de unas 30 páginas en las que sostuvieron que no había evidencia en el expediente que justificara producir nuevas medidas de prueba, según el escrito. 

“La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal”, sostuvieron los camaristas.

“La variación referenciada se debió a un objetivo lícito y razonable, dirigido exclusivamente a obtener un préstamo bancario que beneficiaría el financiamiento y concreción de la obra, circunstancia que se encuentra plenamente corroborada”y “anula toda sospecha relacionada con un posible direccionamiento del proceso licitatorio tendiente a beneficiar a una empresa en particular”, sostienen los jueces en el fallo. 

Los camaristas argumentaron que las supuestas irregularidades en la licitación no pueden encuadrarse en una hipótesis penal. “Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades en las tramitaciones administrativas” de la licitación -sostuvieron los magistrados- “pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas postuladas con una hipótesis de relevancia penal”, dice el fallo. 

Según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: modificaron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa era central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones, que terminó adjudicado a Iecsa.

Llorens, Bruglia y Bertuzzi entendieron que “no era posible que las autoridades o empresas competidoras conocieran las ofertas con anterioridad a la apertura de los sobres” y favorecieran así a Iecsa, según los testimonios tomados por Bonadio y el análisis de la documentación oficial, dijeron los jueces. “Las modificaciones sobre el orden de prelación fueron anteriores a la recepción de las ofertas (con tiempo suficiente)”, agregaron.

“El 26 de octubre del 2016, cuando se dictó la primera circular modificatoria -que disponía alterar la apertura de los sobres-, no podía saberse qué empresas se presentarían, ni cómo serían sus ofertas”, afirmaron los camaristas. “Este es un punto básico, en razón de que el favorecimiento a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) integrada por Iecsa” no encuentra “respaldo”, aseguraron. Los fiscales habían solicitado producir nuevas pruebas (testimonios, por ejemplo) para seguir investigando esa hipótesis.

Los fiscales también habían sostenido en su apelación que la alteración de la apertura de los sobres habría causado un perjuicio patrimonial al Estado, ya que de haberse mantenido el orden de prelación previsto originalmente la obra hubiese costado unos $75 millones menos. 

Los camaristas argumentaron, en cambio, que “ no es atendible construir una hipótesis delictiva en torno a un perjuicio patrimonial cuya apreciación depende de circunstancias posteriores al desarrollo de la licitación y, que no podían ser conocidas ni previstas con antelación por ninguna de las partes involucradas”. Agregaron que, con posterioridad, “se terminó abonando una cifra menor al precio base fijado en los pliegos”, según el fallo.

La causa tenía cinco funcionarios investigados. Los camaristas también confirmaron los sobreseimiento del entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y de dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

La explicación de los funcionarios investigados fue que los sobres se alteraron para cumplir con los plazos de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), actualmente Banco de Desarrollo de Latinoamérica, con el que se financiaría una parte de la obra por US$400 millones. Ese crédito era el aporte del Gobierno de Macri al proyecto, según determinaron los fiscales.

“Este préstamo debía intentar obtenerse antes de que culmine el año 2016, ya que el cupo de dinero que Argentina tenía asignado por parte de la entidad financiera para ese período, conforme prueba testimonial producida, no había sido utilizado al máximo y se perdería al año siguiente”, dice el fallo de la Cámara.

Antecedentes

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mangano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los investigados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

ED

La Cámara Federal porteña definirá en los próximos días si reabre la investigación por supuesta corrupción en la licitación del Paseo del Bajo, una obra emblemática del gobierno de Mauricio Macri, que tiene como imputados al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso al expediente. 

La causa en la que se debía determinar si las autoridades cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra, fue cerrada el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. 

Los tres jueces del tribunal de apelaciones se debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito que permitiría reabrir la investigación. Uno de los votos ya emitidos confirma los sobreseimientos de Bonadio, es decir que es favorable para los funcionarios y exfuncionarios, aseguraron las mismas fuentes a este medio.

Fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mángano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los imputados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

En la causa también estaban imputados el entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

Bonadio sostuvo en su fallo que la alteración de la apertura de sobres no implicó un perjuicio para el Estado Nacional o porteño. Los fiscales calcularon el presunto perjuicio en unos $75 millones.

Los fiscales apelaron la decisión de Bonadio en febrero de 2020 y desde entonces el expediente está pendiente en la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal de apelaciones que revisa las decisiones de los jueces que investigan causas de presunta corrupción en Comodoro Py 2002. Es la única causa de alto impacto político ingresada en la sala durante 2020 sobre la que los camaristas aún no han resuelto, informaron en el tribunal ante la consulta. De reabrirse, el caso quedaría a cargo de los mismos fiscales, Mángano y Rodríguez, y del juez Julián Ercolini, quien se encuentra subrogando el juzgado de Bonadio, vacante desde su muerte en febrero del año pasado.

El juez Mariano Llorens escribió y presentó su posición sobre el caso durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición del resto de los camaristas se demoró al punto de que el 24 de febrero último, el fiscal general adjunto ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, solicitó “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio. En 2020, Agüero Iturbe había apoyado los argumentos de los fiscales Mángano y Rodríguez para que se reabra la causa.

A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos.

En la Cámara, afirmaron que la dilación se debe en parte a que la Sala I estuvo atravesada por la disputa política y judicial sobre los traslados de dos de sus integrantes, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes regresaron en noviembre a sus cargos tras un fallo de la Corte Suprema y luego del intento del gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo de desplazar a ambos del tribunal. 

Además de Llorens, el juez Bertuzzi ya emitió también su voto, confirmó una fuente del tribunal. Resta la opinión del juez Bruglia, quien en los próximos días terminará de analizar el caso, confirmó la misma fuente judicial de la Sala I. Luego las tres posiciones podrán debatirse durante la reunión de acuerdo de la Cámara.

Las cartas no están echadas para Larreta, Dietrich y el resto de los imputados. Los jueces debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito. Esta última opción revocaría los sobreseimientos dictados por Bonadio y permitiría reabrir la investigación, como vienen solicitando los fiscales. 

El caso

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

Para hacerlo, según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa es central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones. 

El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”. 

Cerca de Dietrich sostienen que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.

Allegados a Calcaterra no respondieron aún su posición pero cerca del empresario ya han manifestado que resulta “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.

ED