Paseo del Bajo: la Cámara Federal porteña confirmó los sobreseimientos de Larreta y Dietrich

Paseo del Bajo fue una de las obras emblemáticas de las gestiones de Macri y Larreta.

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes los sobreseimientos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; del exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; y otros tres funcionarios porteños por el supuesto direccionamiento de la obra del Paseo del Bajo, según el fallo al que accedió elDiarioAR.

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El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

La investigación debía determinar si las autoridades de Ciudad y Nación cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra. El expediente había sido cerrado el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. El fallo de la Cámara se esperaba para fines de mayo, tras más de un año de la apelación, según las fuentes del tribunal de apelaciones, pero se demoró hasta el viernes.

La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal.

A principios de 2020, la fiscal del caso, Alejandra Mangano, y el fiscal general Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) apelaron el cierre de la causa por “prematuro”, debido a que el juez no había realizado la totalidad de las medidas de pruebas en la investigación. Tampoco había indagado a ninguno de los acusados. El fiscal general ante la Cámara también había acompañado la apelación. 

Sin embargo, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, resolvieron este viernes confirmar los sobreseimientos en un fallo de unas 30 páginas en las que sostuvieron que no había evidencia en el expediente que justificara producir nuevas medidas de prueba, según el escrito. 

“La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal”, sostuvieron los camaristas.

“La variación referenciada se debió a un objetivo lícito y razonable, dirigido exclusivamente a obtener un préstamo bancario que beneficiaría el financiamiento y concreción de la obra, circunstancia que se encuentra plenamente corroborada”y “anula toda sospecha relacionada con un posible direccionamiento del proceso licitatorio tendiente a beneficiar a una empresa en particular”, sostienen los jueces en el fallo. 

Los camaristas argumentaron que las supuestas irregularidades en la licitación no pueden encuadrarse en una hipótesis penal. “Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades en las tramitaciones administrativas” de la licitación -sostuvieron los magistrados- “pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas postuladas con una hipótesis de relevancia penal”, dice el fallo. 

Según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: modificaron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa era central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones, que terminó adjudicado a Iecsa.

Llorens, Bruglia y Bertuzzi entendieron que “no era posible que las autoridades o empresas competidoras conocieran las ofertas con anterioridad a la apertura de los sobres” y favorecieran así a Iecsa, según los testimonios tomados por Bonadio y el análisis de la documentación oficial, dijeron los jueces. “Las modificaciones sobre el orden de prelación fueron anteriores a la recepción de las ofertas (con tiempo suficiente)”, agregaron.

“El 26 de octubre del 2016, cuando se dictó la primera circular modificatoria -que disponía alterar la apertura de los sobres-, no podía saberse qué empresas se presentarían, ni cómo serían sus ofertas”, afirmaron los camaristas. “Este es un punto básico, en razón de que el favorecimiento a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) integrada por Iecsa” no encuentra “respaldo”, aseguraron. Los fiscales habían solicitado producir nuevas pruebas (testimonios, por ejemplo) para seguir investigando esa hipótesis.

Los fiscales también habían sostenido en su apelación que la alteración de la apertura de los sobres habría causado un perjuicio patrimonial al Estado, ya que de haberse mantenido el orden de prelación previsto originalmente la obra hubiese costado unos $75 millones menos. 

Los camaristas argumentaron, en cambio, que “ no es atendible construir una hipótesis delictiva en torno a un perjuicio patrimonial cuya apreciación depende de circunstancias posteriores al desarrollo de la licitación y, que no podían ser conocidas ni previstas con antelación por ninguna de las partes involucradas”. Agregaron que, con posterioridad, “se terminó abonando una cifra menor al precio base fijado en los pliegos”, según el fallo.

La causa tenía cinco funcionarios investigados. Los camaristas también confirmaron los sobreseimiento del entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y de dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

La explicación de los funcionarios investigados fue que los sobres se alteraron para cumplir con los plazos de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), actualmente Banco de Desarrollo de Latinoamérica, con el que se financiaría una parte de la obra por US$400 millones. Ese crédito era el aporte del Gobierno de Macri al proyecto, según determinaron los fiscales.

“Este préstamo debía intentar obtenerse antes de que culmine el año 2016, ya que el cupo de dinero que Argentina tenía asignado por parte de la entidad financiera para ese período, conforme prueba testimonial producida, no había sido utilizado al máximo y se perdería al año siguiente”, dice el fallo de la Cámara.

Antecedentes

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mangano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los investigados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

ED

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