UNICEF advierte contra la baja de la edad de imputabilidad y reclama una ley de justicia penal juvenil acorde a estándares internacionales

UNICEF volvió a fijar posición en el debate sobre la justicia penal juvenil en Argentina y advirtió que bajar la edad de imputabilidad no solo contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino que además resulta ineficaz para mejorar la seguridad ciudadana. El organismo reclamó la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil integral, especializada y basada en evidencia, que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y priorice medidas socioeducativas por sobre el castigo punitivo.

En el documento difundido este lunes, UNICEF remarca que niños, niñas y adolescentes atraviesan procesos de maduración incompletos que afectan su capacidad de comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Esa diferencia —respaldada por estudios en neurociencia y desarrollo infantil— es la base del principio de inimputabilidad y del diseño de regímenes penales diferenciados, orientados a la responsabilización progresiva y no a la equiparación con el sistema de adultos.

“Por su proceso de maduración y de formación incompletos, los niños y adolescentes son vulnerables y pueden ser víctimas de grupos armados no estatales o grupos criminales y sufrir 'múltiples formas de violación, como ser reclutados…; llevar a cabo ejecuciones…; ser objeto de secuestro, venta, trata de personas o explotación sexual; ser utilizados para el transporte o la venta de drogas...”, como Menciona el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 243 . Esta diferencia en el desarrollo madurativo y la adquisición de capacidades es la que fundamenta, entre otras, la prohibición para el consumo de alcohol, la edad para manejar o la posibilidad de incorporación a las fuerzas de seguridad“, dice el documento.

Y agrega: “Un sistema penal juvenil deseable debe considerar el creciente nivel de responsabilidad en función de la edad del infractor, la reparación a la víctima y a la sociedad, y la existencia de mecanismos de apoyo que generen oportunidades para la gradual inclusión social de aquellos que han cometidos delitos. También implica fortalecer el Sistema de Protección Integral en los términos que establece la ley 26.061 de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, para que se apliquen las medidas ordinarias y excepcionales allí previstas que prevengan y detecten a tiempo determinantes sociales que faciliten futuras conductas infractoras”.

Este lunes, el oficialismo presentó un proyecto en el que volvía a bajar la edad de imputabilidad –es decir, la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable– a los 13 años. Sin embargo, ante la falta de apoyo de los aliados, decidió retirarlo 24 horas después.

El organismo subraya que la seguridad ciudadana es un derecho de toda la sociedad, pero advierte que no puede abordarse desde respuestas simplistas. Los datos oficiales muestran que la participación de adolescentes en el delito es marginal: solo el 2% de las investigaciones penales iniciadas en 2024 en la provincia de Buenos Aires involucró a personas menores de 18 años, mientras que el 98% correspondió a adultos. Además, la mayoría de los conflictos penales juveniles están vinculados a delitos contra la propiedad. 

UNICEF también cuestiona el uso extendido de la privación de la libertad. Distintos estudios regionales e internacionales indican que el encierro incrementa la reincidencia, deteriora las trayectorias educativas y laborales y expone a los jóvenes a entornos de mayor violencia. En contraste, las sanciones alternativas y los programas comunitarios muestran mejores resultados en términos de reinserción y prevención de nuevos delitos.

En ese marco, el organismo propone un sistema penal juvenil que contemple penas proporcionales a la edad y al contexto, incorpore la justicia restaurativa, repare a las víctimas y fortalezca el Sistema de Protección Integral de Derechos. También recuerda que los organismos internacionales recomiendan elevar —y no reducir— la edad mínima de responsabilidad penal y utilizar la privación de libertad solo como último recurso, por el período más breve posible. 

Lejos de asociar mano dura con mayor seguridad, UNICEF sostiene que una justicia juvenil moderna, con políticas integrales y financiamiento adecuado, reduce la reincidencia, previene nuevas víctimas y contribuye de manera más efectiva a la convivencia social.