La reforma laboral abre un frente con la libertad de expresión: alarma por la derogación del Estatuto del Periodista

En el marco del debate sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno, el Congreso también discutirá la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y el desfinanciamiento de políticas públicas vinculadas a la cultura, como el cine nacional y los medios públicos. Se trata de aspectos incorporados al proyecto que exceden el plano estrictamente laboral y que generaron una fuerte reacción en el periodismo, los sindicatos y amplios sectores del ámbito cultural.

El artículo 193 de la iniciativa plantea la derogación del Estatuto del Periodista, el marco regulatorio que protege a la actividad y otorga una cobertura especial ante el despido arbitrario, como resguardo de la libertad de expresión. Frente a ese punto, más de tres mil periodistas, de una variedad inusual por su amplitud ideológica y los sectores representados, expresaron en una solicitada su rechazo total a la medida.

Fuentes oficiales señalaron que, en la mesa de negociaciones, existe la posibilidad de prorrogar por 180 días la vigencia del Estatuto, aunque sin garantías de continuidad. Por ese motivo, el reclamo persiste y el gremio de periodistas sostiene que la derogación debe ser rechazada de plano en el debate parlamentario.

Los sindicatos del sector denunciaron además que las cámaras de las grandes empresas de medios enviaron un documento a los senadores que no fue difundido públicamente, en el que “no realizan ni una sola propuesta de modernización sino que sólo buscan eliminar derechos, como la protección especial ante el despido arbitrario”. Desde las organizaciones gremiales afirmaron que están dispuestas a discutir una actualización del Estatuto en el ámbito del Congreso, pero con propuestas concretas y no con el objetivo de desguazar la norma vigente.

En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió “lo grave que sería derogar el Estatuto” y reclamó “un debate para actualizar la norma, no suprimirla”. Senadores de distintos bloques, incluso algunos que acompañan la reforma laboral, ya anticiparon que rechazarán ese artículo si el Gobierno insiste con su inclusión.

El capítulo de derogaciones del proyecto también alcanza a estatutos de otras actividades, como los de viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y el del personal administrativo de empresas periodísticas.

En paralelo, sectores de la cultura expresaron su preocupación por el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de los medios públicos nacionales (RTA), a partir de la supresión del capítulo V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los artículos 210 y 211 de la denominada ley de modernización eliminan los mecanismos de financiamiento de esos organismos, en un apartado que, según señalaron referentes del sector, no guarda relación directa con el debate sobre aspectos laborales.

Artistas como Jorge Marrale, Julieta Díaz y Tomás Fonzi, junto a directores de cine y teatro y sociedades de gestión como SAGAI, se pronunciaron públicamente para advertir sobre el impacto de esas medidas en la producción cultural y en el sistema de medios públicos.