El oficialismo negocia cambios clave y arriesga una rebaja impositiva a empresas para destrabar la reforma laboral

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA