Gerardo Martínez dijo que la reforma laboral “no sirve” y que avanza con una lógica antisindical

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y sostuvo que “no sirve” porque no genera empleo, no aborda la informalidad y responde a una lógica ideológica antisindical. El dirigente advirtió que el debate público se concentró en aspectos tributarios mientras quedaron relegadas las consecuencias concretas para quienes trabajan.

Martínez planteó que, en términos generales, una reforma laboral debería permitir que los trabajadores ganen derechos en un contexto de cambios tecnológicos y productivos. Sin embargo, remarcó que eso no ocurre con el proyecto oficial. “Yo creo que tendríamos que ganar, pero no es lo que observo en mi análisis y en las realidades concretas de lo que representa esta ley”, afirmó en una entrevista con Infobae. Para el dirigente, la iniciativa no propone un esquema de transición de la informalidad a la formalidad ni políticas concretas de creación de empleo.

En ese sentido, subrayó que la informalidad laboral no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero cuestionó que el proyecto no incluyera herramientas para revertirla. “Esta ley en ningún momento habla de generación de puestos de trabajo como para ir en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad”, sostuvo. Desde su mirada, el texto respondió más a un mensaje político hacia el exterior que a una discusión sobre trabajo. “Este proyecto responde más a un mensaje del ‘rock star Milei’ en su vínculo con Estados Unidos”, afirmó.

El dirigente de la construcción enmarcó el debate en un escenario global atravesado por transformaciones profundas, como la automatización, la inteligencia artificial y la robotización. Señaló que, a nivel internacional, se discute cómo redistribuir el trabajo y redefinir el vínculo entre capital y trabajo, pero advirtió que la reforma local no se inscribió en esa discusión, sino que avanzó sobre derechos ya existentes.

Martínez también se refirió a la situación específica del sector que representa. Confirmó que la construcción perdió alrededor de 60.000 puestos de trabajo en la primera etapa del actual Gobierno, tras la paralización de la obra pública nacional. “De una manera inédita y sin explicación, se frenó la obra pública”, señaló. Explicó que parte de ese impacto se amortiguó por la reactivación de la actividad privada y por la absorción de trabajadores por parte de gobiernos provinciales, pero remarcó que el daño inicial fue significativo.

Consultado sobre la posibilidad de diálogo con un Gobierno que paralizó la obra pública, Martínez sostuvo que el diálogo es una obligación mutua. “Tenemos la obligación de hablar y ellos tienen la obligación de dialogar”, afirmó, aunque aclaró que esa herramienta pierde sentido cuando las decisiones ya están tomadas. En ese marco, relató su paso por el llamado Consejo de Mayo, del que decidió retirarse al advertir que no se discutía un proyecto concreto, sino consignas generales sin capacidad real de modificación.

“Nunca se discutió la composición de un ordenamiento, como se discute un proyecto de ley”, afirmó. Y agregó: “Cuando observé que había una determinación política y una metodología de hecho consumado, decidí retirarme, porque no iba a convalidar eso”. Según explicó, el diálogo formal coexistió con una dinámica en la que el contenido central de la reforma ya estaba cerrado.

Martínez advirtió que el proyecto avanzó sobre derechos colectivos e individuales y que varios artículos rozaron valores constitucionales. Señaló como ejes problemáticos la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de convenios por empresa, la posibilidad de crear sindicatos de empresa y las limitaciones a la acción gremial. “Buscan romper el modelo sindical argentino”, sostuvo, y remarcó que ese modelo no niega la inversión ni la rentabilidad, sino que establece reglas de negociación colectiva.

En ese punto, fue explícito al definir el sentido del proyecto. “Hay una intencionalidad ideológica antisindical”, afirmó. Para el dirigente, la iniciativa no apuntó a modernizar relaciones laborales, sino a debilitar la representación colectiva de los trabajadores, en un contexto donde el salario perdió poder adquisitivo y el empleo formal retrocedió.

El titular de la UOCRA también abordó las críticas recurrentes contra el sindicalismo, vinculadas a la falta de representatividad y a la distancia con los trabajadores. Reconoció que existe una interpelación social real, en especial entre los sectores más jóvenes, y sostuvo que los sindicatos deben modernizarse y reconstruir el vínculo con quienes trabajan. Sin embargo, rechazó la demonización generalizada. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, afirmó, y defendió el rol del sindicalismo como herramienta de defensa colectiva frente a intereses económicos concentrados.

En relación con el fondo de cese laboral que rige en la construcción, Martínez explicó que no puede extrapolarse de manera obligatoria a todas las actividades, ya que responde a características específicas del sector. Señaló que cualquier adaptación debe surgir del acuerdo entre las partes y no de una imposición legal generalizada.

Sobre el futuro del proyecto, el dirigente consideró que la reforma probablemente se apruebe, al entender que el Gobierno cuenta con los votos necesarios. Aun así, aseguró que el sindicalismo dará pelea con argumentos en el Congreso. “Tenemos capacidad para discutir y defender los intereses que representamos”, sostuvo.

JJD