Escracharon a senadores libertarios pero el Gobierno asegura que aprobará la reforma laboral
El debate por la reforma laboral entró en la recta final de cara a la votación del miércoles en el Senado. Con Patricia Bullrich como principal articuladora, el oficialismo mantiene este lunes reuniones con senadores aliados y sectores dialoguistas para definir el texto final del proyecto, mientras gremios duros comenzaron a exponer protestas contra el Gobierno.
La estrategia del Ejecutivo apunta a introducir modificaciones puntuales para destrabar apoyos, sin alterar los ejes centrales de la iniciativa. Bullrich aspira a mantener las modificaciones bajo cuatro llaves hasta el momento de la votación en particular, dentro del recinto.
El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el oficialismo “va a tener los votos” necesarios para aprobar la reforma y adelantó que este miércoles se dará “un primer paso” en el Senado. Aunque admitió que habrá cambios respecto del proyecto original, sostuvo que “el objetivo central de la ley no se ha modificado”.
Santilli defendió la iniciativa con los argumentos habituales del Ejecutivo: la necesidad de “modernizar” una legislación laboral “antigua”, reducir la informalidad —que ubicó por encima del 50%— y poner fin a lo que denominó la “industria del juicio”, a la que responsabilizó por la destrucción de empleo, especialmente en las pymes.
La misma confianza expresó el senador libertario Bartolomé Abdala, quien afirmó que no tienen “ninguna duda” de que la reforma será aprobada. En el oficialismo descuentan que el apoyo de bloques provinciales y de senadores alineados con los gobernadores será determinante para inclinar la votación.
Sin embargo, el clima político está lejos de ser lineal. En las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció públicamente haber recibido amenazas y presiones para que los senadores del PJ no voten en contra del proyecto, un dato que agrega tensión a una discusión atravesada por negociaciones reservadas y disputas internas.
En ese tablero, Córdoba aparece como una provincia clave. El gobernador Martín Llaryora evitó una definición tajante sobre la postura de sus senadores y pidió “responsabilidad” en el debate.
Justamente este fin de semana en la capital cordobesa aparecieron pasacalles contra la reforma laboral. Las pancartas señalaron a los senadores nacionales por Córdoba con distintos mensajes contra los libertarios Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, y la peronista Alejandra Vigo. Una de las consignas apeló a la “ley de choreo laboral”.
“Hay mucha calentura abajo”, apuntaron desde los movimientos sociales de la UTEP, que está detrás de las acciones directas. Y advirtieron: “Los senadores y senadores que responden a gobernadores peronistas y acompañen la ley de esclavitud del gobierno no van a volver a caminar nunca más la calle por traición a los trabajadores”.
Por su lado, el gremio de Aceiteros llevó la campaña contra la reforma a Mar del Plata y el Partido de la Costa. Sobrevoló consignas en un avión por frente de las playas.
Este martes la tensión se concentrará en Rosario: la UOM, ATE y otros gremios duros movilizarán en la ciudad santafesina para presionar a Maximiliano Pullaro.
Las expresiones públicas de los dirigentes gremiales también están en alza. El triunviro de la CGT Carlos Jerónimo apeló a que los gobernadores “no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores” y advirtió que la reforma implica una pérdida de derechos laborales.
La movilización de la central obrera está agendada a partir de las 15 del miércoles, aunque habrá columnas que comenzarán a concentrarse desde el mediodía en el microcentro porteño para marchar hacia la zona del Congreso.
MC
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