Inflación bajo sospecha: al INDEC en discusión se suman las demoras y tensiones en el IPC porteño

La crisis estadística que desencadenó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC no se limita al plano nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, el instituto de estadísticas (IDECBA) difundió recién este viernes el calendario de publicaciones de febrero, con el mes ya avanzado, y sigue sin presentar el cronograma anual que históricamente se publica a comienzos de año. El organismo porteño fue una de las referencias utilizadas durante la intervención del INDEC entre 2007 y 2015, junto con mediciones privadas y provinciales.

La demora del ente porteño tiene como explicación inmediata un conflicto gremial abierto. ATE-Estadística denuncia que la Jefatura de Gabinete porteña no renovó los contratos anuales de todo el personal contratado del organismo, que representa cerca del 30% de su planta. El impacto se siente no solo en la publicación tardía del calendario. También con la activación de un plan de contingencia que incluye capacitar a trabajadores de planta permanente, incluso choferes y ordenanzas, para sostener los relevamientos de precios y costos en un contexto de paro, denuncia ATE. Trabajadores del organismo alertaron a elDiarioAR acerca de la posibilidad de que el dato de inflación se publique con un informe más corto.

Pero, como ocurre con el INDEC, el problema también es político. Desde 2024 el área de estadísticas dejó de depender de Hacienda y pasó a funcionar como instituto bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, entonces a cargo de Néstor Grindetti. José María Donati, que llegó a la conducción de la mano del ex jefe de Gabinete, quedó en una posición frágil desde su renuncia a principios del año pasado. Entre los trabajadores crece la hipótesis de que el gobierno porteño busca colocar a un dirigente propio al frente del instituto. 

El costo de un IPC desactualizado

En el edificio de Diagonal Sur el clima interno tras la salida de Lavagna es de asombro. Así lo describe Raúl Llaneza, secretario general adjunto de ATE-INDEC y encuestador con más de 36 años en el organismo : “Nos sentimos abrumados por esta interferencia política en un organismo que debería ser técnico. Hay mucha incertidumbre”, dice.

Puertas afuera, la discusión técnica sobre la nueva metodología de inflación tiene efectos concretos y medibles sobre ingresos, contratos y activos financieros. 

La consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, calculó que si la inflación se hubiera medido con las ponderaciones y la canasta que resultó de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017, en 2024 –año de fuertes aumentos tarifarios– el IPC habría sido 16,1 puntos más alto. Para el 2025, año electoral y sin tarifazos, la diferencia sería de apenas 0,4 puntos. Con matices, otras estimaciones privadas se mueven en ese mismo rango. Esto implica que la mayoría de los ingresos y activos que se actualizan por inflación serían entre 17% y 18% más altos.

Desde abril de 2024, la fórmula de movilidad jubilatoria incorpora la evolución del IPC. Si el índice subestima la inflación, el recorte es automático. Lo mismo ocurre con la AUH y otras prestaciones de la Anses. La diputada y directora del CEPA Julia Strada calculó una pérdida de nueve puntos adicionales de poder adquisitivo para el trimestre octubre-diciembre de 2025, comparado con el último trimestre de 2023.

Pese a ese daño, no parece haber margen judicial para reclamos masivos. “No hay argumentos jurídicos sólidos para reclamar esa diferencia. Por un lado, porque la actualización de la fórmula es una potestad del INDEC. Pero, sobre todo, no parece haber un clima en la Justicia propicio para este tipo de reclamos”, explica a elDiarioAR el abogado previsional Federico Bobrovsky y recuerda el antecedente de la Corte Suprema que falló a fines del año pasado contra una demanda por la pérdida de ingresos que supuso el empalme de la fórmula durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el mundo del trabajo, el ruido se amplifica. Desde la CGT admiten que un IPC poco confiable desordena la negociación paritaria. “Ya veníamos diciendo que el índice no refleja la situación real de los trabajadores”, explican y adelantan la idea de construir un observatorio propio con apoyo académico. “En los hechos, muchos acuerdos ya se cerraban tomando referencias privadas, siempre un punto por encima del IPC oficial. Los sindicatos estatales, en cambio, siguen más atados al número oficial”, explican a este diario.

La incertidumbre también alcanza a la reforma laboral. Uno de los artículos clave establece que las indemnizaciones deben actualizarse tomando como referencia el IPC más un 3%. Con un índice cuestionado, los jueces ganan margen de discrecionalidad, se traban acuerdos previos y se multiplican los juicios. 

Por el lado de los activos, la actualización por inflación atraviesa bonos, plazos fijos y créditos hipotecarios UVA, y hasta a la propia estrategia de financiamiento del Tesoro. “El Estado se financia ofreciendo instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación o por tipo de cambio. Si el IPC pierde credibilidad, cae el atractivo de los instrumentos ajustados por inflación y eso reduce la liquidez”, explica Guido Zack, director de Economía de Fundar.

Dar un crédito UVA se vuelve un salto al vacío: si el índice queda por debajo de la inflación real, el banco pierde; si se cubre subiendo la tasa, el crédito se vuelve impagable. El resultado probable es menos hipotecas, menos acceso a la vivienda y menos actividad en la construcción. En paralelo, los bonos ajustados por inflación pierden atractivo

“Uno conoce el daño inmediato, pero no sabe dónde termina”, sentencia Zack.

El derrotero del INDEC

El primer indicio de tensión interna fue la renuncia de dos directores clave en agosto del año pasado: Georgina Giglio, directora del Índice de Precios, y Guillermo Manzano, responsable de Condiciones de Vida y de la Encuesta Permanente de Hogares. Unos meses después, en diciembre, la discontinuación de estadísticas de turismo bajo el argumento de que “no daban bien”. 

Más de una década atrás, el INDEC ya había atravesado una crisis profunda. Entre 2007 y 2015, el organismo fue intervenido y el índice de inflación quedó bajo control político, lo que obligó a recurrir a mediciones privadas y provinciales como referencias alternativas. Para Raúl Llaneza, secretario general adjunto de ATE-INDEC, la comparación con aquel período sirve para marcar una diferencia clave: “El objetivo es el mismo, condicionar el índice con intención política, pero el método es distinto. Entonces hubo manipulación directa, con patotas dentro del edificio; hoy la injerencia pasa por la autonomía del organismo”.

Zack coincide en ese matiz. No hay pruebas de manipulación del relevamiento de precios, y esa es una diferencia clave. “Mientras los precios se sigan midiendo, el daño es reversible”, explica. Sin embargo, la violación del secreto estadístico que quedó demostrado con las declaraciones públicas de funcionarios anticipando el nivel de enero es alarmante.

NR/MG