Reforma laboral: Villarruel oficializó la convocatoria a la sesión y Bullrich confía tener el número para aprobar el proyecto

Está todo listo para que el Gobierno apruebe la reforma laboral. Mientras que Diego Santilli y Patricia Bullrich terminan de negociar –con Luis Caputo, por un lado, y los senadores aliados, por el otro– los cambios que faltan, el Senado oficializó la convocatoria para sesionar el próximo miércoles 11 para tratar el proyecto de modernización laboral. No se incluirá la modificación de la Ley de Glaciares, ya que el Gobierno no termina de asegurarse el número.

Patricia Bullrich calcula que, si logra terminar de aceitar algunas modificaciones con los senadores del radicalismo y las fuerzas provinciales, tendrá más de 40 votos para aprobar la ley. “Tenemos el 95% de los temas cerrados”, aseguró la ex ministra, devenida en jefa política del oficialismo en el Senado, a la salida de la última reunión con los senadores aliados. Bullrich estima que, con el apoyo de los radicales, el PRO, los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, la chubutense Edith Terenzi y una parte del peronismo mileísta, sobrarán los votos para la media sanción.

Falta definir, sin embargo, la letra chica del proyecto, que todavía se está redactando y Bullrich mantiene “bajo cuatro llaves”. El oficialismo no quiere que se conozca la versión final de la reforma laboral hasta que llegue el día de la sesión, de modo de evitar ampliar en demasía el número de reclamos de cambios. “Te van a pedir más y más cambios y te van a extorsionar”, argumentan desde la oficina de la jefa de bloque libertario. 

Es decir que el proyecto final de la reforma laboral es, de momento, secreto. Hay algunos temas, como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que Bullrich ya le anticipó a su aliado radical, Eduardo Vischi, que el Gobierno está dispuesto a modificar. El FAL es un fondo que, financiado con el 3% de los aportes patronales destinados a la seguridad social, servirá para pagar las indemnizaciones en caso de despido. Los radicales reclaman que se establezca una diferenciación entre Pymes y grandes empresas, y el oficialismo planea introducir el cambio.

El gran conflicto, sin embargo, es con el capítulo fiscal, ya que la reforma laboral incluye una baja de las alícuotas del impuesto a las Ganancias que representan una pérdida de casi 2 billones de pesos para las provincias (ya que el impuesto es coparticipable). Los gobernadores aliados reclaman modificar el artículo –así se lo hicieron saber a Santilli en cada una de sus reuniones bilaterales–, pero Luis Caputo se resiste. El ministro de Economía insiste en avanzar sin concesiones, y Bullrich teme que, si los aliados insisten en voltearlo en la votación en particular, esto pueda derivar en que rechacen más artículos.

El temor de Bullrich es la esperanza del peronismo, que buscará dar la pelea en la votación en particular. El objetivo principal es dilatar la sesión y es por ello que la CGT analiza endurecer las medidas, de modo de presionar a los senadores para que no den quórum. El viernes habrá una reunión del consejo directivo de la CGT y hay expectativa de si se convoca a un paro general, además de a una movilización. Pero, más allá de la estrategia de presión –que muchos sindicalistas, como Pablo Moyano, admiten que fracasó–, el peronismo y la CGT saben que la pelea será en la votación en particular.

La CGT quiere voltear los artículos más antisindicales, como la limitación de la ultraactividad o la restricción del derecho a huelga, y espera el apoyo de un sector del empresariado (que comparte algunas críticas con los sindicatos). La gran apuesta, sin embargo, era conseguir el apoyo de los gobernadores de Provincias Unidas, con quienes venían manteniendo un diálogo fluido. Pero en las últimas horas, las reuniones que iban a tener con los mandatarios se suspendieron y, ahora, la CGT sospecha de cómo terminarán votando. 

El Gobierno profetiza un triunfo el miércoles 11, y es por eso que quiere terminar de despejar el camino de dolores de cabeza. Uno, incluso, era la propia Victoria Villarruel, que viene reclamando mayores fondos para el Senado. La vicepresidenta advirtió, durante el mes de diciembre, que el presupuesto no alcanzaba para cubrir los gastos de funcionamiento y definió disponer un receso administrativo durante el mes de enero. El peronismo esperaba poder aprovechar la furia de Villarruel con Karina Milei por negarse a aumentarle los fondos. El jefe del peronismo, José Mayans, especuló con convertirla en su aliada, pero, finalmente, el Ejecutivo terminó liberando los fondos. 

El decreto con la reasignación de partidas para el Senado se publicó el miércoles. Unas horas después, Villarruel oficializó la convocatoria a la sesión.

MCM/CRM