El Gobierno nacional designó autoridades de organismos restituidos en sus funciones tras el rechazo legislativo a los decretos delegados que propiciaban el cierre o la reestructuración de las áreas dependientes del Ministerio de Economía. 

El Decreto 684/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, comunicó los nombramientos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La normativa designó con vigencia desde el 3 de septiembre como presidente del INTA al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich y en el cargo de vicepresidente al médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera.

Asimismo, la presidencia del INASE durante los próximos dos años, quedó a cargo del ingeniero agrónomo Martín Famulari. En tanto que al frente del organismo de Vitivinicultura fue oficializado el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer.

Las designaciones se dan luego de que el Congreso le ponga un freno a la intención gubernamental de disolver el INASE y reestructurar el INTA y el INV, junto con otras áreas reguladoras de la cartera que encabeza Luis Caputo.

A principios de septiembre, también se nombraron nuevos responsables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), luego de que el Congreso rechazara los decretos que proponían su reestructuración.

Lo mismo sucedió al volver a poner en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y nombrar nuevos funcionarios para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El pasado 3 de septiembre se publicaron los Decretos 627/2025 y 628/2025, los cuales restituyeron las disposiciones que habían sido derogadas, modificadas o sustituidas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25.

El Gobierno dejó sin efecto una serie de decretos y normas que disponían la fusión, eliminación y modificaciones en varios organismos públicos, como Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otros.

El Ejecutivo dejó sin efecto esas medidas -que habían sido rechazadas por ambas Cámaras del Congreso-, mediante los Decretos 627/2025 y 628/2025 publicados en el Boletín Oficial, por lo que las fusiones y cierres quedaron sin efecto.

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”, indicó el decreto 627.

A partir de la publicación en el BOE quedaron sin efecto la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyenano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Decreto 345/25).

De igual manera quedó cancelada la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 351/25).

De igual modo se dejó sin efecto la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Decreto 461/25).

También se volvió a cero la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) (Decreto 462/25).

Por otra parte, se restituyeron los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/2025), de la estructura organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Decreto 571/25), y de las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25).

Además, se incluyó el restablecimiento de las misiones del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25) y las obligaciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

Los decretos explican que “el restablecimiento dispuesto precedentemente, comprensivo de las estructuras organizativas será, en cada caso, en los términos del texto vigente a la fecha del dictado de los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025”.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Economía serán los encargados de cubrir los servicios administrativos, financieros y jurídicos de forma transitoria, hasta que todos los organismos retornen a sus funciones.

En cuanto al Decreto 628/2025, ordenó la eliminación de los cambios aplicados en el Decreto 340/2025, que aprobaba un nuevo “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”.

En el mismo, también se había declarado a la navegación por agua marítima y/o fluvial como servicio esencial tanto como para el transporte de pasajeros, como para mercaderías.

Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto N° 340 del 20 de mayo de 2025 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de dicho decreto“, establecieron en el primer artículo.

Los reparos del Gobierno

La Casa Rosada argumentó que el rechazo parlamentario tiene efecto derogatorio hacia el futuro pero no reactiva automáticamente los regímenes anteriores, lo que —según el Ejecutivo— generó un “vacío normativo de extrema gravedad” y afectó la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional.

En los considerandos, el Gobierno invocó el artículo 99 incisos 1 y 3 de la Constitución y jurisprudencia de la Corte Suprema sobre circunstancias excepcionales, para justificar un nuevo DNU que “aclare” el marco jurídico y recomponga estructuras, competencias y procedimientos vigentes antes de la reingeniería estatal.

El decreto instruye a las jurisdicciones a dictar los actos complementarios y prevé un andamiaje transitorio: Jefatura de Gabinete, Secretaría General y Economía brindarán soporte presupuestario, contable, financiero, de compras, RR.HH., control interno y jurídico hasta completar las adecuaciones. La norma rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

Desde el oficialismo remarcaron que la medida procura seguridad jurídica y previsibilidad, en tanto el Congreso rechazó los decretos de reorganización “sin definir un régimen sustituto”. En términos políticos, la decisión profundiza la tensión institucional por la aplicación de la Ley 26.122 y el alcance del control parlamentario sobre decretos.

Las reformas habían afecado a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial; CNRT y Junta de Seguridad en el Transporte recuperan el marco anterior a su reorganización como el INASE, ARICCAME, INAFCI; INTA e INV. También deberían regresar al esquema institucional previo el INTI e INPI y el BNDG deja sin efecto su desconcentración.

Con información de NA.

IG

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando la Justicia volvió a expedirse contra los pases a disponibilidad en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por ATE y ordenó al Ejecutivo dejar sin efecto la resolución que afectaba a 300 trabajadores del organismo. La medida incluye una sanción económica de 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento.

La decisión judicial llega después de una serie de medidas contradictorias. El miércoles pasado, el mismo tribunal había dejado sin efecto el decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de empleados estatales, y dispuso que no se aplicara en el INTA. Poco después, el Senado rechazó definitivamente el DNU. Pese a ello, el Gobierno avanzó con la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que volvió a poner en riesgo los puestos de 300 empleados del instituto.

La conducción nacional de ATE celebró el fallo y volvió a exigir al Ejecutivo que cumpla con la decisión judicial. “En serio Presidente @JMilei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”, cuestionó el secretario general Rodolfo Aguiar.

En un mensaje más duro, el dirigente calificó al Gobierno de “cabeza dura” y sostuvo que, pese al sufrimiento que generan los intentos de ajuste, cada fallo a favor del gremio se transforma en una victoria para los trabajadores.

Desde la organización sindical remarcaron que el Ejecutivo insiste en “desconocer a los otros poderes del Estado” y que las decisiones judiciales a su favor se repiten frente a lo que consideran “una política de ajuste sin sustento legal”.

El conflicto con el INTA se inscribe en un escenario de recortes más amplio dentro del sistema científico y tecnológico nacional. En el CONICET, el SENASA y en Agricultura Familiar ya hubo despidos y cierres bajo el mismo argumento oficial de “eficiencia” y “achicamiento del Estado”.

MM con información de agencias.

La última semana dejó al Gobierno acorralado en el Congreso. El miércoles en Diputados se ratificó el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria por apenas tres votos, pero se ratificó la ley de emergencia en discapacidad. El jueves en el Senado se acumularon triunfos opositores con la sanción de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en el hospital Garrahan, junto el rechazo a decretos que disolvía Vialidad Nacional y degradaba el INTA, además de otros organismos autárquicos.

Las calles acompañaron cada votación con movilizaciones de jubilados, organizaciones de personas con discapacidad, trabajadores estatales, estudiantes y médicos. Todos ahora enfrentan el próximo round. Excepto el aumento jubilatorio, el veto a la emergencia en discapacidad aún tienen que pasar por el Senado. Por otro lado, Milei ya amenazó con vetar el presupuesto universitario y la emergencia en pediatría. Y, a su vez, pese a la caída del DNU sobre el INTA, el Ejecutivo pasó a disponibilidad a sus trabajadores.

Entre la bronca y la celebración parcial, convocados por elDiarioAR, distintas voces directas de los trabajadores e involucrados en cada uno de los sectores que están en pie de lucha contra el Gobierno dan su testimonio en primera persona, con una misma conclusión: los derechos conquistados en el Parlamento solo podrán sostenerse con más organización y protestas populares.

Manuel Gutiérrez, secretario de la Mesa Coordinadora de Jubilados

“El miércoles pasado fue importante el acompañamiento, sobre todo de dirigentes gremiales, las dos CTA presentes. Además hubo un acto unitario porque el equipo de sonido se bancó junto con los compañeros de las organizaciones de discapacidad. Tendría que haber sido de otra envergadura la marcha, pero fue importante en términos de representación política y social. Recordemos que en nuestro reclamo empezamos siendo 20 o 50 personas años atrás y el otro día ya fuimos unos 2000. Eso quiere decir que hay un crecimiento de la solidaridad con los jubilados.

La ratificación del veto la vivimos con una gran bronca y mucha decepción. Existía la posibilidad cierta de que se rechazara el veto. Fue solo por tres votos que no se logró. Estuvo cerca. Y también hay bronca por el sinceramiento del escenario hostil hacia los jubilados. Esto ratifica el camino de crueldad del Gobierno, allanado por la compra de votos.

Los jubilados quedamos en 370 mil pesos: es el congelamiento de la miseria de los jubilados. Una cosa es saber que te van a matar, pero cuando te matan se ve la cosa real. La bronca nos plantea a la Mesa cómo seguir, porque este sinceramiento de Milei debe llevarnos a reflexionar cuál será nuestra estrategia.

La pregunta del millón es cómo seguir: no hay que dejar lo hecho pero también hay que agregar nuevas acciones ante la necesidad de Milei de aplastar a los jubilados. El Gobierno no quiere negociar, el Parlamento está cerrado para nosotros, y entonces decimos que hay que reflexionar sobre que no hay una institucionalidad con la cual conversar. El Estado está cerrado para los jubilados.

Tenemos que buscar estrategias que logren arrancarle estas demandas al Gobierno. La acción tiene que radicalizarse sobre el principio de la soberanía popular y la legitimidad de la Constitución. Lo hecho hasta aquí no alcanzó. Hasta aquí nos ganó, ahora tenemos que radicalizar la lucha en el sentido y espíritu de la defensa constitucional de nuestro derecho, de un criterio humano de existencia y en defensa de un futuro mejor.

Dentro del cambio de actitud tiene que existir la unidad porque es un gobierno que viene por todo. Los miércoles se mantienen en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Catamarca, La Rioja, Córdoba, Rosario, Mendoza. En todo el país hay acciones de los jubilados. Sería bueno hacer una gran marcha nacional de los jubilados hacia la ciudad de Buenos Aires.“

Natt Rodríguez, referente de la Red en Discapacidad

“El rechazo al veto lo vivimos con alegría pero con sabor amargo porque acompañamos también a los jubilados. Sabíamos que había un bloque de gobernadores que se estaba separando del Gobierno y veíamos que había una posibilidad, mezclado entre el tratamiento de la ATN y el reparto a las provincias.

Con las movilizaciones en discapacidad a nivel nacional le fue más difícil al Gobierno. La protesta que pudimos hacer jugó el peso necesario para que saliera la ley y vimos cómo negociaron con los jubilados y los gobernadores. Pero vamos a seguir los miércoles con los jubilados para exigir el tratamiento en el Senado de la ley en discapacidad.

Ahora tiene que tratarse el veto en el Senado. Mantenemos la lucha hasta el final, hasta que se caiga por completo. Quisimos que se trate el jueves en el Senado pero no entró. Hay diez días para que los senadores convoquen, traten y derriben el veto. Ahí fue donde la ley más fuerza tuvo y creemos que puede caer el veto.

Pero dilatar tanto el proceso hace que la emergencia que pedíamos ya quede chica, porque sigue sin haber aumentos en el nomenclador. Con certificado hay unas 5 millones de personas, el 16% de la población total. Y alrededor de un millón son los que están cobrando pensiones contributivas, pero ya hay 60.000 recortadas. Las bajas son de quienes no se presentaron a chequear la pensión porque nunca les llegó la información.

La pensión está en 270 mil pesos con el bono congelado, como los jubilados. A eso la ley impone una actualización y también la posibilidad de que sea compatible con un trabajo, porque ahora directamente te dan de baja. El nomenclador de los profesionales —como los acompañantes terapéuticos— está en unos 3000 pesos la hora, que también la ley busca actualizar. Por último, se contempla la condonación de deudas, por ejemplo con el monotributo, y obliga a las empresas privadas a que contraten personal con discapacidad.

Ahora le explotó un escándalo de corrupción en la ANDIS y habrá que ver cómo se desarrolla, porque el caso llega hasta Milei. Veníamos denunciando a Spagnuolo desde que asumió: fue el de los insultos a Ian Moche. Ya ahí empezábamos a ver este perfil. Sin perspectiva ni trayectoria en discapacidad, estaba ahí más por una amistad con Milei que por una trayectoria en el sector. Hoy nos damos cuenta de que se están enriqueciendo a costa de las personas con discapacidad: no entregan sillas de ruedas ni bastones y recortan las prestaciones.“

Julieta Boedo, trabajadora delegada de ATE en el INTA

“El jueves tuvimos una victoria contundente en el Senado con el rechazo al DNU 462, pero en poco tiempo nos notificaron los pases a disponibilidad. A las doce de la noche tuvimos en nuestras casillas de mail notificaciones del pase a disponibilidad: 286 trabajadores del INTA, 8 en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Y este viernes a la mañana en el Boletín Oficial salió que en la Agencia de Seguridad Vial hay pase a disponibilidad de 97 trabajadores.

El pase a disponibilidad implica que quedás en una lista, una especie de bolsa, a la espera de que te anoticien si alguien requiere tu capacidad. Te sacan del escritorio y te ubican de acuerdo a tu antigüedad. Si tenés hasta 15 años de antigüedad, tenés seis meses en disponibilidad. Ellos nos convierten en ñoquis. Es un despido encubierto con unos meses de margen. Además nos sacan las funciones específicas, solo nos dejan las básicas y nos bajan el viático. Son improvisados y están fuera de la ley. Y no lo decimos solo nosotros: lo dice la Justicia y lo dice el Congreso.

Porque todo eso ocurrió no solo habiéndose volteado el decreto, sino dos días después de que la Justicia fallara a favor nuestro, porque el tribunal de San Martín exigió al Ejecutivo no innovar y abstenerse de pases a disponibilidad y traslados. Entonces, avasallaron la Justicia y el Congreso a pleno, no solo es contra los trabajadores del INTA. Es totalmente ilegal e irregular lo que hicieron.

Esto lo vamos a dar vuelta: tenemos con qué. Es una embestida contra la gran victoria en el Senado. Esta semana cambió el escenario político. Se viene una resistencia más dura. Están liberando otro escenario, hay denuncias de coimas hacia el Ejecutivo.

Pero en concreto desde el jueves a la tarde, cuando se cayó el DNU, el INTA volvió a ser autárquico: no dependemos de la Secretaría de Agricultura ni del Ministerio de Economía. Lo que hicieron con el pase a disponibilidad es totalmente ilegal. Este viernes pudimos entrar a trabajar; el lunes veremos qué sucede.“

Alejandro Lipco, delegado del Hospital Garrahan

“La sanción de la ley de emergencia en pediatría se vive como un triunfo. Es indudable que es resultado de una lucha que se dio en forma muy amplia pero con los métodos propios de los trabajadores y trabajadoras: paros, movilizaciones y organización tanto dentro del hospital como fuera.

Tuvimos un apoyo social enorme que se canalizó en movilizaciones, con la más significativa el 17 de julio con la Plaza de Mayo llena. No tenemos la opinión de que se trató simplemente de un gesto del Parlamento, que le viene dando la espalda a los reclamos populares, sino que acá la lucha impuso una agenda y que se vio reflejada en este proyecto de ley.

Que se haya aprobado la ley es una primera conquista. Al mismo tiempo no se nos escapa que con la sola aprobación de la ley no basta. Ahora se tiene que implementar y habrá que quebrar la política del Gobierno, que anticipa el veto. Estamos a la espera de que eso ocurra.

Tenemos un plan de acción sin esperar el veto. Primero, porque ya sabemos que está planteado. Segundo, porque no podemos esperar que el Gobierno lo vete y que las mayorías en el Congreso se cambien o se compren de acuerdo a la relación de los gobernadores con el Ejecutivo. Por eso este jueves 28 tenemos lanzado un paro: queremos que se implemente la ley cuanto antes.

Esa ley es un primer paso para poner un freno al vaciamiento, por la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y residentes hay unos 420. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

El costo electoral para el Gobierno es un activo de la lucha que hay que explotar. Y hay que derrotar. Por eso no solo tenemos el llamado al paro la semana que viene, sino que nos mantenemos en asambleas. Si el veto ocurre, y se combina con el veto a las universidades —donde tenemos muchos vasos comunicantes con docentes, no docentes y estudiantes—, se está planteado que reventemos las calles.“

Nahuen Corbeletto, estudiante universitario, dirigente de la agrupación CEPA

“La ley de financiamiento universitario es un triunfo de la lucha por la universidad pública que viene desde el año pasado y ya logró por segunda vez una ley de financiamiento. Ahora nos preparamos para enfrentar de nuevo el veto. Porque el Gobierno, como hizo con todas las cosas que se conquistaron en la calle, anuncia que las va a vetar.

Queremos construir una gran marcha universitaria para mediados de septiembre y desde cada lugar del país volver a decirle al Gobierno que deje de atacar a la universidad pública. La marcha de septiembre está charlada en el gran frente: autoridades, gremios y estudiantes. Entre el 28 y 29 de agosto, la semana que viene, se pondrá fecha a la movilización. Sabemos que está la ley, pero tenemos que lograr que se rechace el veto.

Lo principal va a pasar por la capacidad de movilizar y demostrar fuerza de vuelta en la calle. El conjunto de luchas afectadas por las medidas del Gobierno hizo que en el Congreso se rechazaran varios vetos. El punto está en generar fuerza desde cada curso, facultad y universidad para que el Congreso escuche lo que viene de abajo, y no que haya diputados o senadores que están escuchando más al Gobierno que a los universitarios.

Los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas. Estudiantes somos 2 millones y, en proporción, el presupuesto está en niveles de 2004, cuando había apenas un poco más de un millón de estudiantes.

Se empieza a escuchar que muchos que lo votaron con alguna esperanza están arrepentidos o decepcionados. Otros ya no creen que las elecciones puedan cambiar algo, por eso no van a votar. Pero la llave para resolver esto la tiene el Gobierno. Está en juego terminar o no el año académico, porque ahora los docentes van a paros rotativos, se afectan las mesas de exámenes y los estudiantes no podemos avanzar en las carreras ni recibirnos.“

Laura Jordan, trabajadora de Vialidad Nacional

“Yo tengo un cariño familiar por la repartición: en Vialidad trabajaron mi papá y dos tíos míos. Por eso viajamos desde varias provincias a Capital Federal para estar en la marcha por la votación en el Congreso con el DNU que disolvía Vialidad Nacional. Yo me había perdido la votación en diputados y quería estar en el Senado. Compramos el pasaje hasta Retiro y de ahí nos fuimos en subte hasta la sede, y de ahí salió la marcha al Congreso. A las diez y media de la mañana llegamos y a las diez y media de la noche ya nos volvimos.

El momento de la votación fue parecido a cuando salimos campeones en el Mundial: querer gritar, que se te va la garganta, saltar. Corríamos riesgo como repartición de dejar de existir. En los momentos previos, escuchando si ya se votaba el decreto nuestro o no, se nos cortaba la voz.

Tuvimos que aprender sobre cuestiones parlamentarias cuando salió el decreto del 8 de julio, que se anunciaba como que se quería fusionar Vialidad, pero en realidad la dejaba directamente sin existir. Preguntamos cómo llegar a diputados y senadores para que nos escuchen, buscamos el acta de votación y el orden de los oradores.

Ahora podemos decir que el decreto no tiene vigencia: Vialidad sigue existiendo como repartición. No nos van a desaparecer. Vamos a seguir teniendo el mismo convenio de trabajo. Al volver para atrás seguimos existiendo, aunque no quiere decir que no vayan a despedir gente o cambiar jefes, porque los jefes de distrito son políticos.

Los cambios con este Gobierno se hicieron de a poco: en Córdoba en agosto nos cambiaron el jefe de distrito. Nos pidió el legado de cada uno y pidió reuniones. La verdad es que necesitábamos que nos ordene, pero no echar gente, sino acomodar prioridades.

En Vialidad sí hay ñoquis, pero no nos tienen que meter a todos en la misma bolsa. Además, se minimiza el trabajo administrativo, que es base para los que van a rutas, campamentos u otros distritos. A nivel nacional somos 5.100 trabajadores; en Córdoba éramos 260, aunque unos diez renunciaron y otros se jubilaron. Hay que pensar lo duro que es que uno da 30 o 40 años de trabajo y el día que te jubilás te vas como si nada, habiendo entregado más de la mitad de tu vida. Eso somos para el país: tristísimo.

Después de esas primeras reuniones, en febrero nos cambiaron los horarios de trabajo. Nos avisaron por WhatsApp un jueves para el lunes siguiente. Fue terrible: mucha gente tuvo que pedir licencia para acomodarse con su familia.

Económicamente estamos sin guardia, así que la cubrimos entre compañeros. Hace un año no tenemos aumento. Siempre está la amenaza de que nos cortan luz, gas o internet. Ya nos cortaron en la oficina el agua potable, así que la pagamos entre nosotros.

Y la última bomba fue el 8 de julio, con el decreto de Milei. Por eso la alegría del jueves fue como salir campeones. Ya dijimos que si tenemos que volver a Buenos Aires, vamos a volver. Esta lucha entre compañeros, incluso con o sin los sindicatos, nos une más. Un día estás arriba y otro día abajo. En estos momentos es así, hay que estar juntos.“

MC

La escena puede repetirse: el Congreso avanzando en dirección contraria al Poder Ejecutivo. Y con la misma fuerza. El Senado debate desde las de este jueves un extenso temario que incluye el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica por la situación del Hospital Garrahan, y una serie de decretos delegados con fuerte impacto institucional. Si los rechazos prosperan, la oposición podría lograr lo que se propone: sancionar leyes que Javier Milei no quiere y desarmar decisiones clave de su gobierno.

La sesión fue acordada en una reunión de Labor Parlamentaria liderada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que sigue acumulando tensión interna con la Casa Rosada, que ayer se anotó una de cal y una de arena en Diputados: en el recinto de la Cámara baja la oposición volteó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad (que pasó al Senado) pero no consiguió los dos tercios para rechazar el veto al aumento de las jubilaciones.

La sesión de este jueves del Senado es otra batalla legislativa en plena campaña electoral para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre próximo, y con la mirada puesta ya también en los nacionales del 26 de octubre. Uno de los núcleos más conflictivos del temario de este jueves son los decretos delegados que reconfiguran profundamente áreas del Estado, y que podrían ser rechazados en el recinto por impulso de la oposición.

Entre los más importantes se encuentra el que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia. El decreto justifica la decisión en “altos costos operativos” y “desproporciones” internas, especialmente entre personal administrativo y operativo. El Ejecutivo también remarcó que los tramos concesionados a privados muestran “mayor eficiencia”.

Además de la disolución, el decreto dispone que tareas esenciales de Vialidad como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión pasen a unidades internas del Ministerio de Economía.

En la misma línea, el Ejecutivo busca eliminar la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), trasladando sus competencias a la Secretaría de Transporte, excepto el control de infracciones en rutas nacionales, que quedaría en manos exclusivas de la Gendarmería. La decisión se apoya en el argumento de “reducir el gasto público” y aprovechar la capacidad operativa existente en las fuerzas de seguridad.

Otro decreto controvertido es el que afecta al INTA y al INTI, al quitarles su carácter de entes autárquicos para convertirlos en organismos desconcentrados bajo la órbita de las secretarías de Agricultura e Industria, respectivamente.

El Gobierno justificó los cambios en el INTA citando informes de la Sigen que señalaron un “sobredimensionamiento notorio de su estructura”, con 932 cargos jerárquicos, además de “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento. En el caso del INTI, se cuestionó que el 30% de sus recursos humanos estuviera concentrado en el área administrativa, un nivel considerado “muy por encima de los estándares habituales”.

A esta batería de decretos se suman otros con cambios estructurales: el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de cultura como Monumentos, Conabip y el Instituto Nacional del Teatro, la Marina Mercante y diversas agencias de transporte, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, y la Junta de Seguridad en el Transporte, que sería rebautizada como “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, limitando su ámbito de actuación solo al transporte aéreo.

Emergencias en carpeta

Entre las medias sanciones que esperan tratamiento se destaca la ley de financiamiento universitario, que busca corregir el desfase presupuestario de las casas de altos estudios en medio del ajuste impulsado por el Ejecutivo.

También figura la emergencia en pediatría, con especial foco en el Hospital Garrahan, que arrastra serios problemas de financiamiento y cobertura. Sin embargo, la ley de emergencia en discapacidad, recientemente rechazada en Diputados al veto presidencial, no podrá tratarse todavía en el Senado porque falta la comunicación formal de la Cámara baja.

El contexto político de la sesión del miércoles estará atravesado por una nueva embestida de la oposición, que busca torcerle el brazo al oficialismo con herramientas institucionales. Ya ocurrió con el rechazo al mega-DNU 70/2023 en el Senado, que el Gobierno logró evitar que se repitiera en Diputados gracias a la división del bloque peronista.

Ahora, con un temario que toca educación, salud, infraestructura y organismos científicos, la sesión se perfila como una caja de resonancia para el descontento creciente frente al ajuste libertario, en un contexto en el que Milei mantiene su bandera del equilibrio fiscal aún a costa de profundizar el conflicto con el Congreso.

Si el Senado avanza con las leyes y rechaza los decretos, sería otro revés institucional fuerte para un gobierno que sigue sin articular consensos legislativos, incluso tras casi un año y nueve meses de gestión.

JJD, con información de NA

La oposición en la Cámara of Diputados le propinó en la madrugada de este jueves un durísimo revés político al gobierno de Javier Milei, al unirse para rechazar cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que disponían la disolución y reorganización de diversos organismos del Estado.

La caída de los decretos, que ahora deberán ser tratados por el Senado, se produjo en el marco de la misma sesión maratónica en la que la oposición ya había impuesto su agenda al darle media sanción a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia para el Hospital Garrahan.

Los 5 DNU que volteó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son:

Qué dice el DNU que transformaba el Banco de Datos Genéticos

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por organismos de derechos humanos, que veían en la medida un intento de quitarle independencia y control a una institución fundamental para la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

Qué dice el DNU que disolvía el Instituto del Teatro y la CONABIP

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por amplios sectores de la cultura, que veían en la medida un intento de quitarle independencia, presupuesto y control a instituciones fundamentales para el patrimonio histórico y la promoción artística del país.

Qué dice el DNU que disolvía Vialidad Nacional

Disolución de Vialidad Nacional (DNV)

El punto más controvertido del DNU era la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.

Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

El decreto también disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Reorganización de la CNRT y la Junta de Transporte

Qué dice el DNU que desregulaba la Marina Mercante

Los argumentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo justificaba la necesidad y urgencia de estas medidas argumentando que la Marina Mercante Nacional se encuentra en una “evidente tendencia a su disminución y un peligro latente de su total extinción”.

A pesar de los argumentos del oficialismo, la Cámara de Diputados rechazó el DNU 340/25 por 118 votos afirmativos (en contra del decreto), 77 negativos y 8 abstenciones.

Con información de NA.

IG

La Cámara de Diputados le propinó un duro revés al gobierno de Javier Milei al rechazar el Decreto 462/2025, una norma que disponía la disolución y transformación de una serie de organismos clave del Estado, entre ellos el INTA, el INTI y la Agencia de Cannabis Medicinal.

El decreto, ahora derogado, se enmarcaba en la Ley de Bases y Puntos de Partida y buscaba, según los considerandos del texto oficial, “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal” y “disminuir el déficit”. A continuación, el detalle de los principales cambios que proponía la norma.

Disolución de la Agencia de Cannabis (ARICCAME)

El DNU disponía la disolución total de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Disolución del Instituto de Agricultura Familiar (INAFCI) e INASE

Transformación del INTA, INTI e INPI

El decreto no disolvía, pero sí transformaba a tres de los organismos de ciencia y tecnología más importantes del país, quitándoles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado.

Un ingeniero agrónomo que trabajó durante 23 años en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de San Luis fue despedido y ahora enfrenta un pleito con el organismo por el que debería pagar $55 millones. Su nombre es Santiago Aurand y llegó a esta situación en 2023 luego de sacar licencia psiquiátrica reactiva por un problema con sus superiores.

La licencia psiquiátrica reactiva tiene la particularidad de otorgarse cuando el problema de salud mental que atraviesa el trabajador se considera que surge de situaciones propias del entorno laboral. Y en este caso, el conflicto matriz por el que ahora Aurand debería pagar una multa tiene origen en que fue sumariado por desempeñarse como docente mientras gozaba de licencia.

“Tuve problemas con mis jefes, entonces tuve que ir a parar a una pisquiatra. Paralelamente, aparte de trabajar en el INTA, yo trabajo en una escuela pública. La psiquiatra me preguntó qué hago en la escuela. Soy docente de física. Entonces me dijo 'si en la escuela vos no tenés problemas, vamos a seguir yendo a trabajar a la escuela. La escuela es un lugar que a vos te contiene'”, contó Aurand a elDiarioAR.

“Seguí la recomendación de mi psiquiatra. Fui presentando mis certificados en tiempo y forma al INTA. El año pasado aparece un retiro voluntario para adherirse e irse del INTA con unos pesos. Ahí yo me entero que me habían iniciado un sumario mis superiores de mala fe. Ellos encuentran un decreto del año 1979 que dice que si estás de licencia en un organismo no podés trabajar en otro, lo cual es un error porque por eso existen este tipo de figuras como el de la licencia reactiva”, completó.

Esto divide la historia en dos, según el agrónomo. Por un lado encontró el escollo del sumario por el que no pudo adherir al retiro voluntario, pero por otro fue despedido y además le debe una cifra millonaria al Estado.

“Tengo que apelar a abogados particulares porque los abogados del gremio no me dan bola. Los gremios últimamente parece que en vez de defender al trabajador están defendiendo a la patronal. Lo cierto es me dicen que este sumario no es legal porque los sumarios se deben realizar en el lugar de los hechos y acá no fue el caso”, explicó.

Según Araund, él no tiene pruebas de que esto esté asociado a la motosierra del gobierno de Javier Milei, pero sí considera que en otra época algo así “no hubiese pasado”. “Mi despido quizás no sea parte de un ajuste, pero sí está dentro del contexto en el que estamos. No es ajeno, por supuesto. Nunca hubiera pasado algo así en otra situación. Es claro que se agarran de este momento para hacerse ellos también (sus ex jefes) los motosierras”, analizó.

El agrónomo, que dedicaba sus jornadas mayormente a las tareas de sociología rural y trabajo de campo, reconoció que continuará con el camino judicial para revertir su situación a la vez que confesó que todo esto le generó algunos problemas más en su salud mental aunque se reconoce fuerte. “Sigo con psicólogos, pero quizá a otra persona en mi situación la estarían mandando a que tome una determinación drástica porque te enroscás. También soy papá, tengo cuestiones personales y esto podría haberme afectado más. Lo tomé demasiado bien. Podría estar hecho una piltrafa, pero me siento muy acompañado y apoyado por la gente”, compartió.

MM/MG

El Gobierno Nacional decidió reestructurar siete organismos que calificó de “sobredimensionados e ineficientes”, con el objetivo de optimizar las funciones y recursos del Estado.

Se trata del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

“El Gobierno Nacional continúa trabajando para optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado. En este sentido, a partir de un Decreto que se publicará en las próximas horas, se determina la reestructuración de siete organismos sobredimensionados e ineficientes para cuidar el dinero de los contribuyentes”, señaló el Ministerio de Economía, en un comunicado.

Agregó que “la reestructuración de organismos ineficientes y programas superpuestos con otras agencias públicas permite avanzar en una organización administrativa más racional, que fortalezca el equilibrio fiscal, optimice el uso de los recursos disponibles y promueva una asignación del gasto eficiente y transparente”.

Los organismos que se reestructuran “tienen como característica una gestión de sus programas disociada de los objetivos macroeconómicos y en abierta competencia con el sector privado”.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

De acuerdo con el anuncio, se transformará al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, manteniendo la denominación de Instituto.

El organismo tiene una dotación de 2356 agentes y cuenta con un presupuesto anual de más de $85.600 millones. El INTI tiene más de 250 reparticiones, estructuradas en 6 niveles jerárquicos, equivalentes a un Ministerio, con áreas que supervisan hasta siete unidades funcionales inferiores.

En las gestiones anteriores, el organismo “había incrementado notablemente su planta de personal sin que ello se correspondiera con los servicios prestados”, argumentó Economía.

“A su vez, el INTI, ha ido incorporando tareas que, por su naturaleza, podrían ser prestadas por el sector privado, que se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público como oferente de servicios en condiciones de mercado mucho más ventajosas que un privado”, agregó.

Esta redefinición funcional permitirá “preservar y fortalecer el rol técnico esencial del INTI en materia de metrología, calidad, innovación e investigación y desarrollo para la mejora competitiva de la industria, para los cuales cuenta con técnicos de excelencia que han sostenido al Instituto a pesar de sus desmanejos administrativos y de personal”.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Se transformará al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, para enfocarse en la innovación y la transferencia tecnológica y “dejar de sostener con recursos presupuestarios un organismo sobredimensionado y orientado al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología”.

La dotación del INTA supera los 6.000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones.

“El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, indicó el comunicado.

“Los altos niveles de ineficiencia detectados y la mala administración de los recursos públicos, hacen necesario repensar sus funciones y su organización para adecuarlas a los nuevos desafíos tanto nacionales como internacionales”, señaló.

El carácter descentralizado del INTA “no se tradujo en una mayor eficacia institucional, sino que ha derivado en dificultades de supervisión estratégica, dispersión operativa y una débil alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional”.

El nuevo rol del INTA será el foco en la investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos para profundizar la base científica dirigida a la producción agropecuaria y contribuir a la formación de nuevos productores agropecuarios altamente capacitados, interconectados a través de redes privadas.

Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)

Se disuelve la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME). Se transformará en una Dirección Nacional de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía para simplificar y redimensionar la estructura del Estado Nacional y eliminar organismos que “no han demostrado una contribución efectiva para los objetivos para los que fueron creados”.

El Gobierno informó que “la experiencia de ARICCAME demuestra que su sobredimensionamiento estructural, la superposición de funciones con otros organismos, la rigidez operativa derivada de su modelo de gobernanza y la dispersión de funciones y responsabilidades han dificultado la implementación de una política clara y efectiva en el sector”.

En la nueva estructura sin ARICCAME, la ANMAT recupera la regulación integral de la flor de cannabis y sus derivados con destino medicinal, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía regulará el cáñamo industrial, excluyendo la flor.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será competente en materia de semillas y propagación vegetal. Este nuevo esquema “permite una especialización por destino y riesgo sanitario, en línea con estándares internacionales, eliminando superposiciones institucionales y reduciendo costos”.

Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI)

Se disuelve el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Quedará en cabeza de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía las funciones previstas por la ley 27118.

Señaló que “el organismo fue creado en el 2022 con el objetivo de funcionar como una caja política que llegó a tener más de 900 contratados, otorgando beneficios a provincias políticamente afines. Con un presupuesto anual aproximado de $ 9.000 millones de los cuales casi el 90% se destinaba a sueldos. El INAFCI cuenta hoy con una dotación de personal de 105 agentes y un presupuesto anual aproximado de $2.749. millones”.

El fortalecimiento del sector agropecuario —incluida la agricultura familiar— “no debe sostenerse en esquemas clientelares ni en dependencias de subsidios o aparatos burocráticos, sino en reglas claras, estabilidad macroeconómica y acceso equitativo a los mercados”.

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Se disuelve el INASE como organismo descentralizado, con la transferencia de la totalidad de sus competencias esenciales a la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

El organismo cuenta con una dotación de personal de 233 agentes, y el presupuesto anual aproximado asignado supera los $20.000 millones.

“La existencia del INASE como un organismo autónomo para la regulación de semillas implica una fragmentación funcional dentro de la política agrícola nacional, considerando que sus competencias sustantivas pueden ser desarrolladas eficazmente por una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, en un esquema más integrado, técnicamente conducido y con mejor coordinación con el resto de las áreas involucradas en la producción y fiscalización de semillas. Esta modificación no afectará el derecho de Propiedad Intelectual de las semillas”.

Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

Se transformará al INV en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la cual mantendrá la denominación del Instituto con el objetivo de garantizar la continuidad de la certificación vitivinícola en el ámbito del comercio exterior.

Actualmente cuenta con una dotación de 459 agentes y con un presupuesto anual superior a $12.120 millones.

El INV “ha desplegado una excesiva actividad fiscalizadora en la cadena productiva, ejerciendo controles redundantes e innecesarios que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones que afectan la competitividad de la industria, en especial de los pequeños productores”, según el comunicado oficial.

Se mantiene el proceso de certificación internacional valorado en los mercados de destino. El mismo será voluntario a pedido del productor.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)

Se transformará al INPI en un ente desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial cuenta con una dotación de 362 agentes, cuyo presupuesto anual aproximado asciende a casi $8.500 millones.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), en su función de registro y protección de la propiedad industrial, “no requiere un grado de independencia que justifique su condición de organismo descentralizado”.

“Sus funciones pueden desarrollarse de manera igualmente eficiente como organismo desconcentrado, manteniendo la autonomía técnica necesaria para su gestión especializada, sin necesidad de contar con personería jurídica ni patrimonio propio”, concluyó el comunicado.

Con información de la agencia NA

En un clima de alta tensión, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) protestaron este jueves frente a la sede central del organismo rechazo al plan del Gobierno para desmantelar al ente y fusionarlo con otras dependencias del Estado, lo que podría ocasionar unos 1.500 despidos.

A la salida de una reunión del Consejo Directivo, un grupo de trabajadores enrolados en el gremio APINTA agredió verbalmente al presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y a la vice, Beatriz “Pilu” Giraudo, quienes habrían dado el aval a la “reestructuración” pedida por el Poder Ejecutivo.

El plan de ajuste del Gobierno comunicado días atrás por ministro de Economía, Luis Caputo, a dirigentes del agro es fusionar el INTA con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en un nuevo organismo denominado Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE).

Al finalizar la reunión del Consejo Directivo, Bronzovich y Giraudo se retiraron a toda prisa escoltados por uniformados policiales, mientras un grupo importante de trabajadores los insultaba y les pedía explicaciones ante la falta de precisiones sobre el futuro laboral.

“Hijo de puta, ladrón, te va a llevar la policía detenido. Te estás robando todo, sos un ladrón , llévenlo preso. No saben todo el daño que está haciendo este hombre”, le recriminó una mujer al titular del organismo.

Giraudo también fue increpada. “Pilu, dejar a las familias sin trabajo es pecado. Da la cara, hay familias. Te van a llevar presa”, le advirtieron, mientras otro hombre le decía “sinverguenza”.

El Consejo Directivo, del cual forman parte su presidente y vice, está integradoen un 50% por representantes de las distintas entidades de la Mesa de Enlace, además de CREA y las facultades de Veterinaria y Agronomía.

El 15 de abril pasado este Consejo aprobó por mayoría el proceso de reestructuración con los votos afirmativos de Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y CREA, pero no de Federación Agraria.

Según datos de 2024 el INTA tiene en su planta de empleo unos 6.400 trabajadores distribuidos en las unidades de todo el país, y desde la asunción de Javier Milei ya fueron cerrados dos programas del organismo: Pro-Huerta y Cambio Rural.

El Pro-Huerta era una iniciativa que buscaba promover la producción agroecológica de alimentos para el autoabastecimiento a través de huertas y granjas familiares, escolares y comunitarias.

Cambio Rural, en tanto, era una herramienta de extensión rural y periurbana financiada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que este año transitaba sus 30 años de ejecución ininterrumpidos.

MM con información de la agencia NA.

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se movilizarán este jueves a la sede central del organismo en esta capital, en rechazo a la fusión con otras áreas del Estado, que según denuncian podría ocasionar unos 1.500 despidos.

La movilización tendrá lugar a las 11 frente a la sede de Rivadavia 1439, y se llevará a cabo para rechazar la posible fusión del INTA con otros organismos estatales como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lo que impactaría negativamente en la dotación de personal.

La asamblea de los trabajadores informó que desde la conducción del organismo se dejó trascender que el Poder Ejecutivo estudia fusionar mediante un decreto varios organismos entre los que está el INTA, un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, creado en 1956.

Según datos de 2024, el INTA tiene en su planta de empleo unos 6.424 trabajadores distribuidos en las unidades de todo el país, y desde la asunción de Javier Milei ya fueron cerrados dos programas del organismo: Pro-Huerta y Cambio Rural.

El Pro-Huerta era una iniciativa que buscaba promover la producción agroecológica de alimentos para el autoabastecimiento a través de huertas y granjas familiares, escolares y comunitarias.

Cambio Rural, en tanto, era una herramienta de extensión rural y periurbana financiada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que este año transitaba sus 30 años de ejecución ininterrumpidos.

El INTA cuenta con un Consejo Directivo interno en el que el 50% de los representantes pertenecen a las entidades de la Mesa de Enlace, además de CREA y facultades de Veterinaria y Agronomía.

Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos del Consejo Directivo Nacional de ATE, aclaró que la movilización se cumplirá, pese que ante la muerte del Papa Francisco el sindicato suspendió las protestas previstas para esta semana.

Con información de la agencia NA

Javier Milei no se anda con vueltas. Como si no bastara con anunciar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, su plan de ajuste sigue en marcha y, esta vez, tiene como principal objetivo la disolución o reestructuración de al menos 60 organismos del Estado. La orden es clara: achicar la estructura estatal sin pasar por el Congreso, a fuerza de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Lo que la administración libertaria denomina “deep motosierra” (en inglés, motosierra profunda) avanza sin anestesia, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el encargado manipularla.

El nuevo DNU 70/2025, que según lo especificado por el vocero Manuel Adorni será publicado el próximo lunes en el Boletín Oficial, busca replicar el espíritu del megadecreto con el que Milei debutó en diciembre de 2023. En esa ocasión, el Gobierno se topó con límites institucionales y resistencia en la Justicia, pero lejos de recular, ahora redobla la apuesta. “Vamos a cerrar, fusionar o transformar 50 organismos”, lanzó el Presidente en LN+, como si se tratara de un trámite menor. Pero el número del recorte sería más grande.

El argumento oficial es conocido: eliminar estructuras burocráticas innecesarias, combatir el gasto público y dinamizar la economía. Pero el trasfondo es otro. El recorte no distingue entre organismos creados para la militancia política y entes con funciones estratégicas. Mientras el Gobierno habla de eliminar “cajas de la política”, en la lista aparecen instituciones como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu). No se trata solo de achicar el gasto sino de una poda que desarma áreas de cultura, ciencia y promoción económica.

El argumento oficial es conocido: eliminar estructuras burocráticas innecesarias, combatir el gasto público y dinamizar la economía. Pero el trasfondo es otro. El recorte no distingue entre organismos creados para la militancia política y entes con funciones estratégicas

El recorte se extiende a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Estos organismos son clave para la fiscalización y seguridad del transporte aéreo, pero ahora están en la mira del ajuste. La ANAC, por ejemplo, publicó recientemente en el Boletín Oficial la Resolución 86/2025, derogando el registro de personal de rampa y un cuadro tarifario para Intercargo, lo que podría impactar en el funcionamiento del sector aeroportuario.

En paralelo, el Gobierno también estudia el futuro de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, empresas estatales que han sido foco de críticas por su déficit financiero. Aunque Milei ha sido categórico en su intención de privatizarlas, la falta de interesados en adquirirlas y la resistencia sindical complican los planes.

Para definir qué organismos podrían ser eliminados o fusionados, Sturzenegger mantuvo reuniones con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, a lo largo del año pasado. Mogetta, alineado con la Casa Rosada, entregó todo el organigrama del área y propuso cuáles dependencias podrían reducirse. Una de las ideas que se barajó fue la unificación de ANAC y Orsna, pero no prosperó porque ambos cumplen funciones diferenciadas: la primera regula la aviación civil, mientras que la segunda fiscaliza los aeropuertos.

Entre los organismos que el Gobierno quiere cerrar o modificar también figurarían áreas que regulan el comercio y las relaciones internacionales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que establece precios de referencia para los productores yerbateros, fue señalado en un principio como un posible blanco del ajuste, aunque fuente oficiales aclararon a elDiarioAR que no estaría incluído en el DNU que se conocerá en los próximos días. La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) ya advirtió que la eliminación de ciertas regulaciones podría afectar la competitividad de ese sector.

Otro sector bajo la lupa es el de la producción agrícola y biotecnológica. Aunque el INTA logró quedar fuera de la intervención, otros organismos de regulación agropecuaria podrían verse afectados. Si bien el Gobierno asegura que el objetivo es reducir burocracia, la falta de controles podría derivar en problemas comerciales, como barreras sanitarias impuestas por socios internacionales. Ayer la Mesa de Enlace del campo le reclamó a Luis Caputo que la motosierra no toque el INTA.

Excepciones

La ofensiva de Milei replica el espíritu de la “Ley Hojarasca”, una iniciativa que nunca llegó al recinto pero que tenía el mismo objetivo: borrar del mapa regulaciones y estructuras estatales que considera innecesarias. Entre las normas a derogar figuran leyes de la dictadura y de gobiernos democráticos, sin demasiado criterio de selección más allá de la meta de achicar el Estado.

Sin embargo, no todo el Estado será alcanzado por la motosierra. El Gobierno no podrá tocar universidades, organismos del Poder Legislativo ni del Judicial. Además, el Congreso blindó instituciones estratégicas como el Conicet, Anmat, Anlis, INPI, Incaa, Enacom, ARN, Conae, CNEA, Coneau, CNV, Incucai, UIF e INTA. La oposición logró salvar estas estructuras en la Ley Bases, pero Milei dejó en claro que su intención es ir por más. “Si tuviera las manos libres, los eliminaría también”, sugieren fuentes oficiales.

El artículo 52 de la normativa aprobada en junio de 2024 establece además que los empleados públicos de los organismos disueltos permanecerán en disponibilidad por un año con goce de sueldo, a la espera de ser reubicados o capacitados para nuevas tareas. La pregunta es si hay intención real de absorber a estos trabajadores o si el objetivo es dejarlos fuera del sistema una vez que se agote ese plazo. En la práctica, esto significaría miles de despidos encubiertos.

En los últimos días, Milei dejó en claro que no tiene previsto frenar la motosierra. En la misma entrevista televisiva en la que confirmó el nuevo DNU, explicó su método de desregulación con una referencia a Elon Musk, a quien planea visitar en pocas semanas. “Vamos a pedirle a cada dependencia que haga un digesto de lo que usa, y todo lo demás lo eliminamos”, dijo, comparando el Estado argentino con la reestructuración de Twitter/X tras la compra del magnate sudafricano, que acaba de ser nombrado por Donald Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El problema es que la Argentina no es una empresa ni una red social, y cada organismo cumple una función específica dentro del entramado estatal. Sin un plan claro para reemplazar las funciones de los entes disueltos, el país podría enfrentar un vacío regulatorio que impacte en áreas sensibles como transporte, comercio exterior, seguridad alimentaria y cultura.

Si el primer DNU de Milei provocó una oleada de amparos judiciales y conflictos políticos, este nuevo decreto promete generar una reacción aún mayor. Sin embargo, en el horizonte, el Gobierno ya perfila otro paquete de reformas para marzo, con más poda regulatoria y ajuste en el empleo público. Lo que Milei llama “limpiar el Estado” es, para sus críticos, un proceso de desmantelamiento sin criterio. La pregunta es hasta dónde llegará la motosierra y quiénes quedarán en pie cuando el polvo se disipe.

PL/JJD

La Mesa de Enlace había pedido el mes pasado una reunión urgente con el ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar la eliminación inmediata de las retenciones porque los apremiaban la incipiente sequía y los bajos precios internacionales de los granos. El funcionario logró postegar la cumbre para este 6 de febrero, pero en el medio les anunció rápidamente una baja temporaria de los derechos de exportación, en parte presionado por la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que días atrás en Buenos Aires transmitió preocupación por la acumulación de reservas en el Banco Central.

Se supone que si descienden los impuestos y los productores agrarios liquidan la próxima cosecha en el segundo trimestre del año, habrá dólares para recuperar esas reservas y al final del día pagar la deuda con el Fondo. Finalmente este jueves llegó el día del encuentro, luego de que la zona agrícola se beneficiara por las lluvias y se recuperaran las cotizaciones de los cultivos. Entonces hubo amor entre un gobierno que le da prioridad al campo -en lugar de bajar tributos como el IVA-, y un campo que apoya y agradece a una gestión que le recorta gravámenes. Sin embargo, también ha habido reproches.

La voz cantante fueron quienes representan a los medianos y pequeños productores que tienen menos espalda para afrontar un escenario económico donde nadie lo dice pero el tipo de cambio los afecta. La Argentina tiene la segunda moneda más sobrevaluada del mundo y eso encarece la producción de cualquier bien y servicio, incluidos los agropecuarios.

La presidenta de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, encabezó el reclamo de las pymes del sector: “Dejamos sobre la mesa la preocupación del momento que estamos pasando los productores, la situación crítica. Le planteamos la necesidad de que la baja de retenciones siga el camino de la baja y no termine el 30 de junio. Que haya previsibilidad, sobre todo pensando que en junio vamos a estar implantando el trigo, para que el productor triguero pueda cultivar sabiendo cuáles van a ser las retenciones”. Pero no se quedaron sólo hablando de retenciones y el ministro les ratificó que no sólo las irá disminuyendo cuando la situación fiscal lo permita sino que después vendrá la rebaja del tributo a las transferencias financieras.

“Trabajamos también sobre la necesidad del alivio fiscal en general, más allá de las retenciones y que afectan a otras producciones, que no todo es soja, trigo, maíz”, continuó Sarnari. “En la Argentina tenemos muchas producciones y hay que estar atento a cada una de ellas”, agregó.

La falta de inversión del Gobierno en rutas no quedó afuera del temario. “Le dejamos también la preocupación sobre la falta de infraestructura y la necesidad de que trabajemos en mejorar las rutas, los accesos a los puertos. Ahí la respuesta fue que están trabajando con cada uno de los gobiernos de las provincias para avanzar en las obras de infraestructura.”

Otro asunto debatido fue la lista de más de 50 organismos que la motosierra del presidente Javier Milei planea eliminar o fusiones. Sonaba el nombre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que asiste a los productores.

“Hicimos el planteo de la preocupación que tenemos por los rumores que existen”, contó la jefa de Federación Agraria. “La respuesta de parte de ellos fue que están pensando en alguna reestructuración que tenga que ver con la eficiencia del organismo, pero en ningún momento pusieron en discusión ni en cuestionamiento ni el INTA, ni el Senasa (Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria)”, explicó Sarnari.

Además participaron de la reunión los presidentes de las otras entidades de la Mesa de Enlace, Nicolás Pino (Sociedad Rural), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales, CRA) y Lucas Magnano (Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro). Del lado gubernamental estuvieron Caputo, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, que esta semana le recomendó al Consejo Agroindustrial Argentino que liquiden la cosecha y con los pesos hagan “carry trade”, lo que popularmente se conoce como “bicicleta financiera”: apostar a la tasa de interés en moneda nacional para ganar dinero mientras esperan una mayor rebaja de retenciones en algún momento a futuro, a partir del segundo semestre o más adelante.

AR

Unilever junto a Knorr, presentaron el informe “Aprendizajes y desafíos sobre la Agricultura Regenerativa en Argentina”, que detalla los logros alcanzados en el marco de su alianza estratégica con el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), entre los que se destaca el trabajo con estas prácticas en 1.300 hectáreas en San Juan y Mendoza.

La articulación público-privada entre Unilever y el INTA cuenta con un plan de trabajo conjunto que se lleva a cabo desde finales de 2022 y que tiene como objetivo promover el cuidado por el ambiente, impulsar la innovación y fortalecer el desarrollo de las comunidades locales. El proyecto está guiado por un equipo interdisciplinario de 10 expertos que brindan capacitaciones y acompañamiento a la totalidad de los productores que proveen a la compañía, así como asistencia técnica para la implementación de prácticas regenerativas. De los siete horticultores que forman parte del proyecto, tres actúan como faro y ejemplo a seguir para el resto de los horticultores.

“En Unilever tenemos el compromiso a nivel global de ayudar a proteger y regenerar más de 1 millón de hectáreas para el 2030. Es muy alentador ver como Argentina contribuye a esta meta acompañando con el INTA a nuestros agricultores para lograr resultados positivos en sus cultivos que le ofrezcan una mayor eficiencia y resiliencia. La regeneración es posible con un compromiso desde el campo hasta la góndola en el que participemos todos: agricultores, el sector público, las empresas y los consumidores”, asegura Natalia Giraud, directora de Asuntos Corporativos de Unilever Cono Sur.

El informe, a cargo de la Lic. Laura Pérez Casar, detalla que, así como hubo aciertos y mejoras en determinadas prácticas con impacto positivo a campo, también surgieron desafíos y la necesidad de adecuar ciertos manejos al requerimiento particular de cada lote en producción. Lo que destacan los horticultores es que sumarse al proyecto les permitió aprovechar todas las herramientas disponibles de manera correcta y compartir experiencias, lo cual destaca que no hay una sola forma de hacer agricultura.

José Portela, ingeniero agrónomo y referente de agricultura regenerativa del INTA, agrega que “no hay recetas ni indicaciones universales respecto a qué prácticas emplear y cuándo, para que un sistema de producción aproveche la capacidad de auto regeneración natural”.

La agricultura regenerativa se presenta como una oportunidad para generar un impacto positivo en la salud del suelo, la biodiversidad, la calidad del agua, la resiliencia climática y la rentabilidad agrícola, cultivando alimentos en armonía con la naturaleza. Esta práctica surge como respuesta, a su vez, de las nuevas demandas orientadas a la obtención de alimentos seguros, nutritivos, saludables y sustentables.

En esta reconfiguración del escenario de producción y comercialización de alimentos, Hernán Sperber, director de la Unidad de Negocios Nutrición de Unilever, da un paso más y confirma que “hay un consumidor más consciente y artífice del cambio, con una mirada autocrítica y que busca contribuir”. Con esta demanda como faro, “Unilever trabaja junto con Knorr para democratizar la buena comida y desarrollar alimentos más nutritivos y sostenibles, cultivados de manera respetuosa con el ambiente, en sistemas que regeneran y que le devuelven al suelo todo lo que nos aporta cada día”.

El Gobierno publicó este viernes el decreto 950/2024, mediante el cual autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender inmuebles públicos considerados “ociosos” o sin destino operativo. En la Casa Rosada lo presentan como una medida de eficiencia administrativa. Sin embargo, la ubicación estratégica de algunas propiedades invita a pensar en posibles negocios inmobiliarios y, además, la sola enajenación de estos bienes pone en evidencia el retiro del Estado de espacios donde antes operaba y prestaba servicios a los ciudadanos, que para eso pagan sus impuestos.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, permite a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) llevar a cabo la venta de estas propiedades y tiene como objetivo reducir gastos de mantenimiento y generar ingresos a través de activos subutilizados.

Según el decreto, la venta de inmuebles ociosos permitirá un “mejor funcionamiento de la administración pública” y ayudará a enfrentar la crisis económica. No obstante, esta justificación omite un aspecto fundamental: muchos de estos inmuebles fueron y en algunos casos siguen siendo centros de actividades y servicios del Estado. La medida se presenta como una acción para optimizar recursos pero la venta de estos inmuebles podría señalar una renuncia a la función del Estado en determinadas áreas y la transición hacia una mayor dependencia del sector privado, pero sin que hasta ahora el gobierno de Milei haya cumplido la promesa de bajar impuestos. 

El texto del decreto cita antecedentes desde 2016, con sucesivos intentos de venta y desafectación de inmuebles que no llegaron a concretarse, y excluye del proceso de venta a los establecimientos militares y a inmuebles ubicados fuera del país.

El decreto incluye un anexo con el detalle de todas las propiedades del Estado que el gobierno de Milei quiere vender: son 309 y están ubicadas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires; Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán. Se trata de 17 de los 24 distritos del país.

Los cinco inmuebles de mayor superficie que figuran en el listado oficial son los siguientes:

1. Mendoza, Malargüe: Campo Potreros de Cordillera, con una superficie aproximada de 130,927,163.43 m².

2. Mendoza, San Carlos: Estancia de Llaucha, con una superficie de 51,068,095.40 m².

3. Corrientes, Capital: Sección Rural 1 - Campo de Instrucción Santa Catalina, con aproximadamente 813,855.74 m².

4. Corrientes, Curuzú Cuatiá: Ex Batallón Logístico N° 3, con una superficie de 970,992.00 m².

5. Santa Cruz, Punta Loyola: Ruta de acceso a Complejo Ferroportuario, con 150,000.00 m².

Si bien la resolución incluye un anexo detallado, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, indicó que el total de inmuebles a enajenar alcanza la cifra de 1.200, es decir cuatro veces más que el listado publicado este viernes. “Se van a subastar más de 400 inmuebles y se van a poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado. Se estima que estos inmuebles tienen un valor total de US$800 millones”, señaló el vocero de Milei.

Los inmuebles de los que el Estado se desprenderá incluyen propiedades en diversos puntos de todo el país, entre las que hay casas, edificios y terrenos sin construcciones.

Entre los inmuebles a la venta está la sede central en Buenos Aires del Ministerio de las Mujeres, que disolvió Milei, valorada en US$12,5 millones, y la del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina (INTA), que será relocalizado. Se trata, en este último caso, de un terreno de 919 metros cuadrados ubicado en avenida Cerviño 3101, en el barrio porteño de Palermo, una de las zonas más ricas del país. Allí funciona también la empresa capitales mixtos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A (INTeA).

Las primeras subastas de edificios públicos se harán antes de finales de este año.

La medida se inscribe en las políticas de severo ajuste que el Gobierno lleva adelante para achicar el Estado y lograr el equilibrio en las cuentas públicas. En el decreto se alega que, en función de las medidas para dar mayor eficiencia, “se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión”.

Según el Gobierno, “mantener ociosos” los inmuebles considerados “innecesarios para la gestión” del Estado “genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación”.

Como parte de su política para achicar el peso del Estado, Milei también impulsa la privatización de varias empresas estatales o controladas por el Estado nacional.

Con información de la agencia EFE

El Gobierno formalizó este lunes las designaciones de los nuevos presidentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismos descentralizados actuantes en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

A través del decreto 61/2024, publicado en el Boletín Oficial, se nombró como presidente y vicepresidente del INTA a Juan Cruz Molina Hafford y María Beatriz Giraudo Gaviglio, respectivamente.

Molina Hafford es ingeniero agrónomo especializado en agronegocios y en dirección de empresas; productor agropecuario en el norte cordobés, también fue asesor y miembro del Movimiento CREA en el centro-norte de esa provincia.

Desde febrero de 2018 se desempeña como director del Centro Regional Córdoba del INTA. Previamente, entre diciembre de 2011 y enero de 2018 fue secretario de Agricultura y Ganadería de Córdoba, donde impulsó y coordinó el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).

Por su parte, Giraudo es ingeniera agrónoma de profesión, productora y asesora, y desde junio de 2016 hasta marzo de 2018 fue coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable en el entonces Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Cuenta con un posgrado en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA y es presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), además de ser cofundadora de la Red Mujeres Rurales.

En tanto, mediante el decreto 65/2024 se designó como presidente del Inase (Instituto nacional de Semillas), por un período de dos años, al ingeniero agrónomo Claudio Marcelo Dunan, quien fuera propuesto por el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, según consta en el texto oficial.

Dunan es uno de los 23 socios fundadores de Bioceres, empresa de biotecnología agropecuaria fundada en 2001, en Rosario, Santa Fe, y desde abril de 2011 hasta diciembre último fue director de Estrategia de esa firma.

Previamente, trabajó como gerente general de Síntesis Química entre 2009 y 2011, al tiempo que ocupó altos cargos gerenciales, entre ellos la gerencia de país para Zeneca Syngenta, Makhteshim Agan y el Grupo Punjab.

Finalmente, en el decreto 66/2024, el Gobierno designó como presidente del INV al ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer, quien ya presidió este mismo organismo entre 2016 y 2020.

Con información de agencias.

IG

Tres días antes de finalizar el gobierno de Alberto Fernández, el entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia, ratificó el 7 de diciembre pasado una decisión de su consejo directivo, compuesto por cinco representantes del sector público y cinco del privado, de dar de baja a la Argentina de un programa llamado Sprint (siglas de Transición Sostenible de Protección Vegetal) que se llevaba adelante aquí junto a diez países europeos financiado por la Unión Europea para medir la presencia de residuos agroquímicos en el medio ambiente y las personas. Pero tres días antes de esa decisión, el 4 de diciembre, se publicó en la revista científica neerlandesa ScienceDirect, de la editorial Elsevier, un primer resultado de esta investigación iniciada en 2021 en el INTA sede Balcarce en manos de Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias e investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet), y un bioquímico, doctor y también del Conicet que tras la publicación de esta nota de elDiarioAR pidió que se retirara su nombre de la misma. No son buenas noticias para los que beben agua potable en la pampa húmeda, al menos en las localidades analizadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

“La aplicación de plaguicidas en Argentina ha ido en aumento desde 2000. Sin embargo, el seguimiento de los plaguicidas en el agua potable carece de actualizaciones periódicas”, arranca el resumen de la investigación publicada. “Este estudio de investigación analizó 53 pesticidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. Los pesticidas detectados con mayor frecuencia en el agua potable fueron atrazina, metolaclor, imidacloprid, hidroxiatrazina, imazetapir y 2.4D. Durante el periodo de recogida de muestras, el 25% del suelo se sembró con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% se destinó a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. La correlación entre los pesticidas utilizados en estos cultivos y los que se encuentran en el agua potable fue significativa/notable. De hecho, la concentración individual de pesticidas (de un solo plaguicida) en el agua potable superó el límite europeo en el 8,7% y el 17,6% de las muestras recogidas en los suministros públicos y privados, respectivamente”, advierte Aparicio y su colega bioquímico, que analizaron el agua entregada por las compañías públicas y la extraída de pozos en propiedades privadas.

“Mientras, la concentración acumulada de pesticidas (la suma de varios) en el agua potable excedió el límite en el 4,3% y el 13,9% de las muestras procedentes de suministros públicos y privados, respectivamente. Con base en estos hallazgos, recomendamos/proponemos la inclusión de plaguicidas dentro del marco regulatorio que rige el control de calidad del agua potable para garantizar la protección de la salud pública y reducir progresivamente el uso de pesticidas en el sistema agrícola argentino. La adopción de estas medidas contribuirá a garantizar la seguridad y sostenibilidad de las fuentes de agua potable para la población”, concluyen la ingeniera agrónoma y el bioquímico del INTA.

El paper comienza citando estudios que advierten que “el riesgo de contaminación del agua potable está relacionado con la vulnerabilidad del suelo, la frecuencia, la dosis y el momento de aplicación de pesticidas”. Después cuenta que en la Argentina la preocupación aumenta: “Los conflictos vinculados a la contaminación del agua debido al uso de pesticidas emerge. Las comunidades de la región pampeana expresaron su preocupación por la calidad del agua que beben a diario. El Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agrícola del INTA Balcarce comenzó a recibir y analizar muestras de agua para consumo humano a principios de la década de 2010, y esta demanda ha aumentado constantemente con el tiempo.”

“El estudio de investigación reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana. Un alto porcentaje de pesticidas y productos de degradación, 69% en suministro público y el 89% en suministro privado fueron encontrados en al menos una muestra”, cuentan los resultados. “Aunque las empresas locales de suministro de agua controlan la calidad del agua potable para detectar pesticidas y productos de degradación en cumplimiento de la normativa argentina, la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados por la obsolescencia de las normas vigentes.”

“El número de pesticidas detectados por muestra osciló entre 1 y 22 en el suministro público y de 0 a 31 en el privada de un total de 53 sustancias analizadas”, continúan los científicos del INTA y del Conicet. “Actualmente, Argentina tiene una lista de sólo 18 pesticidas prohibidos, un número comparable al de Uruguay (22), Chile (27) y Paraguay (11), pero menos que Brasil (133)”, advierten.

“La investigación sobre agua potable en la región pampeana revela una amplia prevalencia de los pesticidas utilizados actualmente”, concluyen. “Con base en estos hallazgos, recomendamos encarecidamente incorporar pesticidas en las normas que rigen el control de calidad del agua potable y trabajar hacia una reducción progresiva del uso de pesticidas en el sistema agrícola argentino. Estas medidas contribuirán a garantizar la seguridad y sostenibilidad de las fuentes de agua potable para la población. Considerando la evidencia presentada en Argentina, es imperativo integrar todos los conocimientos disponibles para establecer reglas claras para el uso y control de pesticidas, poniendo especial énfasis en la atención pública de la salud.”

En cuanto a las implicaciones ambientales, “este estudio de investigación analizó los pesticidas, incluidos algunos de sus productos de degradación, presentes en el agua potable dentro de una región geográfica caracterizada por la producción agrícola primaria” y señalan que “Estos plaguicidas deberían incorporarse rápidamente a la normativa vigente para facilitar su seguimiento periódico en aguas destinadas al consumo humano. Aunque la presencia de pesticidas difiere entre las fuentes de agua para consumo humano, la contaminación difusa es una realidad que afecta tanto a la población rural como a la urbana, acentuando la fragilidad de las políticas públicas nacionales encargadas de garantizar el derecho humano a acceder al agua de manera suficiente, segura, aceptable y asequible”, rematan Aparicio y su colega bioquímico.

AR

El extitular del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mariano Garmendia, que dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei, firmó antes de dejar su cargo la resolución 1081/2023 a través de la cual se decide discontinuar la presencia del organismo en SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas.

De acuerdo a la información que recoge el portal Bichos de campo, el 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del líder libertario como mandatario, Garmendia firmó esa resolución del Consejo Directivo del INTA en la que establece comunicar a la coordinadora del proyecto SPRINT, la doctora Violette Geissen, “la decisión de la Argentina de abandonar ese colectivo de universidades y científicos europeos, que es financiado desde 2020 por la Unión Europea (UE)”, lo cual se hizo efectivo el pasado 12 de diciembre.

Ya en julio, el organismo había prohibido la difusión de los resultados de los estudios que llevó adelante una de las investigadoras del INTA Balcarce y del CONICET, Virginia Aparicio, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa SPRINT, en una tarea que comenzó en 2021.

En los argumentos para la no difusión de las conclusiones que Aparicio consiguió tras sus estudios y mediciones en territorio argentino, el organismo consideró que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”.

De acuerdo a “Bichos de campo”, “Aparicio, una investigadora acostumbrada a estas lides, de seguro aprovechó el resquicio o un descuido de sus superiores para intentar cubrir una faltante clara de la política nacional, donde no existen estadísticas claras sobre el uso de agroquímicos y mucho menos se realizan estudios sistémicos sobre el posible impacto que tienen sobre el ambiente y la salud de las personas”.

También a comienzos de octubre, en el marco del “Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y Economía Social”, realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Garmendia impidió la difusión de los datos que surgieron de la investigación y sostuvo que había “un error inicial del INTA de cómo se abordó el proyecto, que estamos tratando de subsanar, porque tenemos que involucrar sí o sí a los Ministerios de Salud de la Nación, de la Provincia de Buenos aires, y tenemos que corregir y trabajarlo, en eso estamos en este momento”.

Sin embargo, de acuerdo a lo que informó La izquierda diario el pasado 5 de octubre, “los resultados del SPRINT están desde febrero y en junio de este año se iba a realizar una presentación con los resultados argentinos generales, en la que participaría Virginia Aparicio, trabajadora del INTA Balcarce e investigadora integrante del estudio. Esa reunión fue cancelada y mediante una resolución firmada por el presidente del INTA se prohibió a Aparicio hablar con la prensa”.

Los resultados que finalmente se conocieron del estudio que publicó Bichos de campo, determinaban que “se colocaron pulseras especiales para detectar agroquímicos sobre 73 habitantes de la provincia de Buenos Aires, varios de ellos reconocidos militantes agroecologistas, y de allí surgió que el 100% de ellos ”presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal“.

“Estos resultados colocaban a la Argentina en el tope de los niveles de contaminación con agroquímicos, pues esos niveles detectados habían sido superiores a las de los países europeos comparados en el Proyecto SPRINT, solo superados por los Países Bajos”, asegura la publicación.

El informe

Los resultados en Laguna Brava: “siete agroquímicos en sangre”

Iván Villarreal, vecino de la Laguna Brava en la Provincia de Buenos Aires y uno de los participantes de Sprint -un trabajo internacional que relevó plaguicidas en muestras biológicas humanas y en el aire- indicó que le informaron que tiene siete agrotóxicos en la sangre, 12 en orina, seis en materia fecal y 17 en el aire, “pero nadie sabe qué efectos puede provocar esa mezcla”, de acuerdo a la información recogida por la periodista Natalia Concina, de la agencia Télam.

Iván tiene 52 años, y si bien visitaba la zona desde pequeño, hace más de una década decidió instalarse en los alrededores de la Laguna Brava, un espejo de agua en el Partido de Balcarce, zona agrícola por excelencia.

Su activismo ambiental lo hizo entrar en contacto con investigadora del INTA Virginia Aparicio -quien lideró el estudio Sprint en Argentina- y se ofreció como una las 73 personas voluntarias a quienes en la primavera de 2021 se les tomó muestras de sangre, orina y materia fecal, además de que utilizaron una pulsera para medir contaminación en el aire.

“Los vecinos del barrio Villa Laguna Brava empezamos a trabajar en 2004 para que este lugar se proteja de alguna manera. Tuvimos un montón de reuniones con (el Ministerio de) Ambiente de la Provincia, el INTA, el municipio y los emprendimientos, y la idea no era sólo cuidar el paisaje, sino también la salud humana”, recordó.

Después de varios años, en 2018, la ya entonces conformada Asociación Civil para el Fomento y Protección del Paisaje Laguna Brava, logró que se declare la zona Paisaje Protegido a través de una ley provincial, lo que implicaba, entre otras cosas, crear un plan de manejo ambiental.

“Empezamos a trabajar con el agua de la laguna para pedir que se estudiara -de hecho, logramos comprobar que tenía cianobacterias tóxicas- y en esos acercamientos con investigadores conocimos a Virginia (Aparicio), que en ese momento estaba estudiando los suelos”, recordó.

De esa manera, tres personas de la Laguna Brava participaron del proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global (Sprint por sus siglas en inglés), y al igual que el resto de los voluntarios, ya recibieron sus resultados individuales, aunque todavía no está disponible el resultado de la región.

Las muestras de orina y materia fecal de todos los participantes a nivel global fueron analizadas en el Centro de Investigación y Universidad de Wageningen y las de sangre y pulseras se procesaron en la Universidad Radboud, ambas en Países Bajos.

Según consta en el documento con los resultados de Iván, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre”, en tanto que en su muestra particular se detectaron siete plaguicidas (bromoxinil, clorpirifos/methyl:TCPy, fenoxicarb, fipronil, pluazifop P, imidacloprid y pirimicarb).

En referencia a la orina, el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas; en tanto que su muestra arrojó la presencia de 12 (glifosato, AMPA, 2,4-D, pirimifos-metil DEAMPY, imidacloprid, Imidacloprid olefin, DCCA-trans, DCCA-cis, DBCA, 3-PBA , TCPy y CIF3CA).

Qué es el proyecto SPRINT

El SPRINT (por las siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025) es un proyecto financiado por la Unión Europea que busca mapear y cuantificar la presencia de agroquímicos en el ambiente y en seres humanos, y estudiar por primera vez la sinergia de distintos plaguicidas, es decir, su acción conjunta. Cada veneno no solamente es dañino individualmente sino que en conjunto se puede potenciar su accionar nocivo para la salud socioambiental.

La finalidad del estudio es aportar información científica para políticas que buscan reducir el uso e impacto de los agroquímicos más peligrosos, con la meta de reducirlos en un 50 % hacia 2030. El Día Mundial de la Salud Socioambiental, 27 de septiembre, se realizó una conferencia virtual en la Cumbre Científica de la Asamblea de las Naciones Unidas, con los resultados más relevantes del equipo de investigadores europeos.

Expusieron Violette Geissen, Abdallah Alaoui, Daniel M. Figueiredo, Hans Mol, Maaike Gerritse, Fredya Debler, Dirk Goossens, Peter Fantke, Kayode Jeyede y Nelson Abrantes. El ingeniero Brian Longstaff Howard tradujo para el portal Ploff.net los puntos principales de esta charla.

Los investigadores explicaron la metodología y los principales resultados obtenidos en el marco de cada una de sus investigaciones, en las que cuantificaron y analizaron la presencia de residuos de agroquímicos en distintos ecosistemas y en personas en Europa y Argentina.

Entre los principales resultados y conclusiones de la Conferencia se destaca la presencia “omnipresente” de mezclas o mixturas de pesticidas (agroquímicos). Es decir, se encuentran en todos lados, en los ecosistemas y en humanos, y especialmente acumulados en el “polvo puertas adentro”.

Las muestras de polvo en la investigación de Figueiredo revelan una acumulación de hasta 120 pesticidas diferentes en el polvo a “puertas adentro” de casas cercanas a labores culturales convencionales, como así también casas cercanas a labores culturales orgánicas.

Se deduce que el ingreso de agroquímicos en nuestros cuerpos podría ser tanto vía dieta por los alimentos con rastros, como también a través del ambiente, principalmente por el polvo en suspensión.

Sin embargo, el riesgo real para los ecosistemas y humanos expuestos a estas mezclas en altos números de residuos de agroquímicos peligrosos no se toma en cuenta en las regulaciones actuales. Por eso, Geissen insistió en la necesidad de regulaciones para el Uso de Pesticidas que valúen, valoren, determinen el riesgo real, incluyendo indicadores sensibles que muestren lo que está pasando y detecten cambios pequeños ante variables que se quieran medir.

En el estudio de Figueiredo, se encontró que la exposición a agroquímicos como el glifosato y el AMPA (derivado del glifosato), fue considerablemente mayor cuando se la comparó con otros pesticidas medidos.

Por otro lado, en la exposición de Hans Mol sobre detección de agroquímicos en orina, sangre y heces, se mostró que las frecuencias son mucho mayores en Argentina y superan ampliamente a todos los países europeos estudiados.

Se ve la misma tendencia en la detección en materia fecal.

Respecto a los niveles de glifosato, en Argentina son significativamente superiores en comparación a los demás países.

Esto es especialmente preocupante porque la presencia de rastros de agroquímicos en el intestino provoca desbalances en el microbioma de este órgano, es decir, en la comunidad de microorganismos que lo protegen. Es un estudio que modela el impacto de agroquímicos específicos se observa un aumento en el “stress” celular, afectando el funcionamiento normal del intestino.

Los análisis de Debler y Groossens se concentraron tanto en las diferentes vías de transporte de los agroquímicos como en sistemas de modelado para estudiar la dispersión desde los puntos en que se aplican los pesticidas. Groossens señaló que el transporte a través del aire resultó mucho más alto de lo que esperaba, llegando hasta 40 km de distancia para períodos de suspensión a largo plazo.

Por último, otras investigaciones estudiaron el impacto en ecosistemas acuáticos, donde todas las especies analizadas mostraron un deterioro o deficiencia por estar expuestas a las mezclas de agroquímicos.

Como principales conclusiones, los investigadores repusieron los efectos en la salud humana, la necesidad de establecer nuevos umbrales o límites de utilización de agroquímicos para muchas matrices ambientales, la consideración del transporte atmosférico en las regulaciones y la insostenibilidad del uso de pesticidas debido a los costos externos en la salud humana y ambiental. Se estimó que 150 billones de euros fueron las pérdidas económicas en 10 países europeos. Y se repitió que el efecto de las mezclas de pesticidas es mucho más fuerte estando combinados, que si solo se toma toma al pesticida de forma individual.

Resaltaron que: “Lo que podemos concluir con todos los resultados de SPRINT es que estamos todos expuestos, tanto nosotros como los ecosistemas. Estamos expuestos a mezclas de pesticidas que están categorizadas como ’peligrosas’. Esto causa efectos en la salud humana, al igual que costos monetarios.”

Y agregaron: “Por supuesto, la pregunta es, ¿por qué nos atenemos aún a una agricultura que nació luego de la Segunda Guerra Mundial para producir tanto alimento como sea posible por hectárea? Lo que llevó a esta forma de producir es la idea de no pasar hambre nunca más, lo cual fue muy válido luego de la guerra donde mucha gente pasaba hambre y moría de hambre. Pero hoy en día sabemos que producimos suficiente comida para todos. Lo que hay es un problema de distribución. Desperdiciamos el 30% de nuestros alimentos.

Entonces, podemos ir hacia una nueva agricultura moderna… y esta transición agricultural debe ser hecha de forma urgente. Una agricultura verdaderamente moderna, deberá incluir conceptos agroecológicos, al igual que conceptos de robótica y tecnología moderna esperando a ser implementados.“

La difusión de esta información y su correspondiente interpretación es oportuna ya que el próximo 13 de octubre se deberá votar en la Unión Europea reautorizar o no del uso del glifosato, uno de los agroquímicos, que con sus derivados como el AMPA, es de los que más aparece en el muestreo realizado.

El 13 de octubre la Unión Europea vota si renueva la autorización del uso del herbicida glifosato

Por su parte, en Argentina, el estudio buscó 208 plaguicidas.

Anabel Pomar, del portal Lavaca, pudo acceder a los resultados de participantes en territorio bonaerense. Para el total de muestras se encontró presencia de agroquímicos en un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, 2 a 10 plaguicidas en sangre y 0 a 18 plaguicidas en materia fecal.

Además, también se encontraron rastros en las matrices ambientales, un rango de:

Los muestreos en la provincia de Buenas Aires se realizaron durante el año 2021. En principio, el estudio contemplaba un mapeo en 10 países europeos, pero decidió incluir 73 muestras de nuestro país, por ser Argentina el principal exportador de soja para alimentación animal para el mercado de Europa.

Una de las posibilidades planteadas por los científicos europeos para reducir el uso de agroquímicos es la de reducir las importaciones de productos que utilizan los agroquímicos más peligrosos para obligar a que los países exportadores cambien las prácticas productivas. En este sentido, lo que se discuta en los próximos días en la Unión Europea puede tener impacto en nuestro país.

Mientras tanto, cada vez más voces se levantan para denunciar las fumigaciones desmedidas y la exposición cada vez mayor a estos venenos. La evidencia de las consecuencias perjudiciales para la salud socioambiental no para de crecer, pero solo la organización y pelea desde abajo puede lograr romper con el consenso políticos de las principales fuerzas políticas para profundizar el agronegocio.

Con información de Bichos de Campo y La Izquierda Diario.

IG

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, confirmó este miércoles la detección de influenza aviar en aves silvestres en la provincia de Jujuy, por lo que anunció la decisión de declarar la situación de emergencia sanitaria para evitar su propagación.

En una conferencia de prensa, Bahillo aclaró que el virus no se transmite al ser humano a través del consumo de carne aviar o huevos. “A última hora de ayer, el Senasa confirmó la detección del virus de influenza aviar en aves silvestres de la especie de ganso andino en la provincia de Jujuy”, dijo.

Acompañado por representantes del organismo sanitario y el INTA, el titular de la cartera agropecuaria anunció la declaración de la emergencia sanitaria por influenza aviar en el territorio argentino. “A ello se suma que Uruguay anunció hoy la presencia en la zona de Maldonado de la enfermedad en cisnes”, así como el hecho de que varios países sudamericanos han reconocido la presencia del virus, añadió.

Tras explicar que el virus se transmite “a través de las aves migratorias”, recordó que “ante la detección de semanas atrás en Bolivia, ya habíamos reforzado la vigilancia”. Asimismo, aclaró que “este virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne aviar o huevo”, por lo que “el contagio en humano es de carácter excepcional”.

Por último, destacó que se fortalecerán los controles en frontera y pidió que “ante la presencia de aves silvestres con sintomatología rara, se evite la manipulación y se dé aviso al Senasa”.

LC con información de agencia Télam

En el amplio y poderoso universo de la comunicación, la preocupación por la diversidad corporal se impuso, apenas, en pequeños sectores de nuestro país abiertos a la mirada amplia del activismo gorde. Fue cuando aparecieron las demandas genuinas por la aceptación e inclusión de todas las corporalidades, más allá de sus tamaños, sus límites y sus posibilidades. La marea de la última ola del feminismo, durante la prepandemia, empujó a un mayor (aunque aún insuficiente) despliegue social de la pluralidad de las anatomías humanas.

“No creo que los medios, y en particular las revistas, webs y redes sociales dedicadas a la moda, se hayan deconstruido para mostrar con naturalidad tendencias y diseños en cuerpos diversos; ni por parecer cool lo hacen. Si se refieren a personas con cuerpos fuera de la norma, lo hacen como si se tratara de un fenómeno”, opina Delia Alicia Piña, periodista de larga trayectoria en moda, belleza, joyería de autor y afines.

“El mundillo de esta especialidad del periodismo es cada vez más reducido y puede que algunos asuman una postura un poco más abierta para quedar bien. Otros pocos, más jóvenes, tal vez lo hagan por convicción, pero no es la constante. Son las productoras quienes deciden qué tipo de cuerpos mostrar en notas y campañas de marcas y ellas manejan la imagen de programas de televisión y revistas especializadas. La mayoría elige figuras delgadas porque las consideran más armónicas, nos falta mucho para tomar consciencia y dejar de vivir de las apariencias”.

“Las imposiciones del sistema de la moda, el consumo excesivo de un sector con poder adquisitivo y cuestiones económicas presionan por esconder la situación de exclusión de una gran mayoría de la población que no responde a los estándares”, señala Piña con una percepción sensible acerca de la problemática. Y agrega que, pese a todas las dificultades, “existe una tendencia que está poniendo de manifiesto la desigualdad en el trato” con las personas con cuerpos no modélicos y “la necesidad de democratizar la indumentaria”.

“En la práctica, la ley de talles no está vigente”, dice Piña, quien advierte que es difícil generalizar la situación del colectivo de los creadores de ropa respecto de la confección de indumentaria para cuerpos que no siguen los patrones. “Hay muchas marcas con diseño a las que no les interesa tener una curva de talles real, otros autores pelean por sobrevivir e intentan definir una propuesta creativa con identidad, pero les cuesta reproducirla en una línea amplia de talles y solo disponen de dos o tres porque carecen de los medios económicos. Algunos confeccionan a pedido para suplir esta falencia y otros deciden privilegiar el diseño antes que el volumen”. En otro caso, se intenta responder a la variedad de tamaños “resolviendo la demanda con un supuesto talle único, de líneas holgadas. Pero el concepto de talle único es inviable porque es imposible que una única medida sirva para personas tan distintas. Sigue siendo solo para algunos”, argumenta Piña. 

Sin embargo, la comunicadora reconoce que algunos diseñadores son un poco más innovadores “y deciden crear modelos de corte recto con talles hasta el XXL que los hace aptos para casi todo tipo de cuerpo. Una moda más inclusiva, sin género, que busca superar la opción que se cierra a lo binario”.

“La ley de talles es necesaria y hasta imprescindible para democratizar el consumo de ropa o para poder sostener que estamos en camino de la igualdad de oportunidades para vestirse”, opina sobre el proyecto que, por ahora “es letra muerta, todavía no funciona”. 

En este momento, el INTI lleva adelante un estudio antropométrico nacional que está finalizado en un poco más del 60 por ciento, el cual debe actualizarse cada 10 años. “Resta su instrumentación que, probablemente, será paulatina, y ya muchos empresarios textiles adelantaron que podría llegar a implementarse en 2023. Es un camino largo y tedioso, siempre se escudan en los costos y ahora se excusan en la crisis económica pospandemia, en la relativa apertura de las importaciones y, como si fuera poco, en las consecuencias de la guerra en Ucrania”, comenta la comunicadora. “Pocas marcas incluyen talles más allá del 46 y, vuelvo a decirlo, se excusan en el remanido argumento de que implica más insumos y, en consecuencia, más costos. Algunos diseñadores prefieren perchas para mostrar su ropa, pero muchos otros demuestran que intentan respetar la curva que incluye a todos”.

Sin duda se requerirá de una decisión política para hacer cumplir la ley “en un sector que no da puntada sin hilo, al acumular un aumento de precios de más del 70% en la primera mitad del año. Los empresarios quieren que se cumpla su derecho a aumentar los costos y el valor final de la indumentaria, pero se resisten a ofrecer la variedad de talles a los que obliga la norma. En muchos locales de ropa, sobre todo en los shoppings y grandes comercios, sólo disponen de etiquetas con las letras en otro idioma y muy pocos exhiben los talles que van del 38 al 48”. 

Piña cree que se diseña sobre todo para cuerpos hegemónicos “porque es más rentable por quienes manejan el negocio y están mejor posicionados para responder al estándar impuesto que domina nuestra cultura occidental y privilegia el cuerpo estilizado y joven. No en vano, la Argentina es el segundo país con más casos de trastornos de la conducta alimentaria con un crecimiento alarmante de anorexia nerviosa, personas obsesionadas con su figura, con una distorsión de la imagen real de sus cuerpos, con miedo a subir de peso, sobre quienes pesa las representaciones que muestran las marcas”.

“Por suerte, va creciendo la idea de que no se debe opinar sobre cuerpos ajenos, que hay que respetar e incluir a todos y que es imprescindible ampliar la oferta, si se pretende una sociedad más igualitaria y justa. Aún estamos en una etapa de discurso y concientización, pero es un buen puntapié que se debe sostener y ampliar”, agrega Piña, quien trabajó durante años en el diario La Nación y ahora escribe en https://lajoyeriadeautor.com/ 

Le consulto cuál debería ser el rol de los comunicadores en el tema de la diversidad corporal y es categórica: “en primer lugar hablar de diversidad corporal y no ignorar, no limitarse ni ceñirse a un solo modelo. Destacar la falta de distintos talles y velar por el cumplimiento de la ley, relevando la  existencia de todas las medidas en el mercado, visibilizando las voces que  reclaman y dando a conocer experiencias sobre la falta de indumentaria que afecta a las persona independientemente de su género, identidad y edad”. 

LH